El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado este jueves el último recurso interpuesto por la familia de José Couso, el cámara español asesinado por las tropas estadounidenses en Irak en 2005, contra el carpetazo que la justicia española dio a la investigación tras la reforma de la jurisdicción universal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, informa Europa Press.

El tribunal ha fallado de forma unánime que el archivo del caso en España tras la reforma legal no supone una violación del derecho a un juicio justo ni el respeto de los Derechos Humanos, tras el carpetazo a los procedimientos en 2015.

Así, ha sostenido que los motivos presentados para justificar la reforma fueron "legítimos" y ha recalcado que "no hubo nada arbitrario o manifiestamente poco razonable" en la limitación de los litigios a los casos en los que hubiera un lazo "suficiente" a España.

Los magistrados consideran que "limitar los litigios basados ​​en la jurisdicción universal sólo a aquellos casos en los que existía un vínculo suficiente con España" entraba dentro de la discreción de España "para decidir sobre tales cuestiones".

"En cualquier caso, no habría sido posible proceder al juicio porque las autoridades estadounidenses no entregaron a los militares acusados ​​y la ley española no permitía juicios en rebeldía", ha considerado Estrasburgo.

Por ello, ha recalcado en un comunicado que "no ha habido violación del derecho al acceso a los tribunales, dentro del significado del Artículo 6 de la Convención", un fallo que ha sido descrito como "decepcionante" por el despacho de abogados Red Jurídica, que lleva la defensa de la familia del cámara asesinado.

"A nadie se le escapa que vivimos tiempos de absoluto desprestigio del Derecho Internacional Humanitario, y la sentencia dictada hoy por el TEDH es hija de estos tiempos", ha dicho el despacho en su cuenta en la red social X, antes de agregar que "ningún gobierno del mundo quiere que se aplique de manera eficaz la IV Convención de Ginebra".

La familia de Couso presentó en diciembre de 2019 un recurso ante el TEDH para tratar de reactivar el caso y con el objetivo de "buscar el respaldo ante la violación de los Derechos Humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española".

Con esta reforma de la ley se refieren a la restricción de la justicia universal y lo que denuncia la familia ante el tribunal con sede en Estrasburgo es que esta circunstancia les ha "privado de la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita la investigación y enjuiciamiento del crimen". "No existe actualmente ninguna posibilidad de que el mismo sea enjuiciado, por lo que quedará impune", argumentó en su recurso.

Couso murió por el disparo de un carro de combate estadounidense contra el Hotel Palestina de Bagdad –en el que se alojaban numerosos periodistas– durante la invasión del país en 2003, suceso que se saldó además con el fallecimiento del periodista ucraniano Taras Prostiuk.

La tan esperada ampliación de la justicia universal está un paso más cerca de convertirse en realidad. Una década después del golpe que el Gobierno de Mariano Rajoy asestó a dicha jurisdicción, el Congreso de los Diputados acaba de dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Sumar con la que se busca, precisamente, corregir los aspectos más nocivos que trajo consigo la reforma conservadora. Todos los partidos del bloque de investidura se han mostrado a favor de regresar al modelo previo a 2014, mucho menos restrictivo. Una vuelta al pasado que, en caso de culminarse en los términos previstos, permitiría reabrir investigaciones judiciales sobre crímenes que quedaron impunes. Causas que acabaron en un cajón como consecuencia del recorte del Ejecutivo del PP.

España ha sido un país pionero en el desarrollo y aplicación del principio de justicia universal. El mismo ya se incluyó en 1985 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero la amplitud que se recogía en aquella versión inicial se ha ido limitando con el paso de los años. La reforma de 2009 de la norma introdujo en dicha jurisdicción la necesidad de acreditar determinados “puntos de conexión” o un “vínculo” relevante con España para que nuestros tribunales pudieran hacerse cargo de determinados delitos. Y luego llegó la modificación conservadora de 2014, que terminó dando la puntilla final a la jurisdicción universal con la introducción de nuevos condicionantes que limitaron todavía más la competencia para perseguir hechos de gran gravedad fuera de nuestras fronteras.

Aquella reforma se tramitó de manera exprés tras la decisión del juez Ismael Moreno de dictar una orden de detención internacional contra el expresidente de China Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población del Tíbet en los ochenta y noventa. De ahí que tanto en la judicatura como a nivel político se diera por hecho que el cambio solo buscaba destensar relaciones con el gigante asiático. A partir de la reforma, nuestros tribunales sólo pueden conocer casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando el autor es español o extranjero residente en España. Y en los de tortura, es necesario que el procedimiento se dirija contra un nacional o que la víctima tenga nacionalidad española y el autor esté en nuestro país.

Ahora, una década después, el bloque de la investidura parece dispuesto a regresar al modelo anterior, el que permitía a nuestros tribunales asumir cualquier caso relacionado con hechos de este tipo cometidos fuera del territorio nacional por personas físicas españolas o extranjeras, sin necesidad de que estas últimas residan en nuestro país o se encuentren en nuestro territorio. Una vuelta al pasado que, coinciden los expertos consultados por infoLibre, permitiría reabrir aquellas causas que el cambio normativo del PP obligó a archivar —porque la reforma conservadora vino acompañada de una disposición transitoria que obligaba a sobreseer los procedimientos en tramitación que no se ajustasen a los nuevos requisitos—.

“En principio, y siempre que se apruebe en los términos previstos, no debería haber ningún obstáculo para reiniciar las investigaciones que estaban abiertas en aquel momento si sobre las mismas no se decretó el sobreseimiento libre, que tiene fuerza de cosa juzgada”, apunta al otro lado del teléfono el exmagistrado de la Audiencia Nacional y director del despacho de abogados Ilocad, Baltasar Garzón. Coincide Manuel Ollé, abogado, profesor y uno de los expertos en derecho internacional que formó parte del consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal durante la etapa de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia: “Podría dar lugar a la reapertura de los casos siempre que concurran los requisitos que finalmente queden fijados en la nueva ley”.

La reforma planteada ahora por Sumar, cuya tramitación acaba de arrancar en la Cámara Baja y aún debe superar todo el proceso de enmiendas, trata de dejar esto bien atado. De ahí que la proposición incluya una disposición transitoria que obliga a los juzgados o tribunales a reabrir “de oficio” todos aquellos procesos que fueron sobreseídos o archivados tras el recorte impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con independencia de “su estado, de los recursos presentados y del tribunal que conociera su resolución”. Uno de ellos es el caso Couso, centrado en el asesinato del cámara español José Couso en un ataque del Ejército de Estados Unidos contra el Hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

No fue, sin embargo, el único procedimiento que acabó metido en un cajón una vez entró en vigor la reforma impulsada por el Gobierno conservador. La misma suerte corrió la investigación por el genocidio chino en Tíbet, que generó una crisis diplomática con el gigante asiático y precipitó el recorte de la jurisdicción universal del PP. O el caso Falun Gong, que tuvo su origen en una querella presentada por varias víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo religioso por parte de las autoridades chinas desde finales de los noventa. Cambios normativos que también afectaron al caso Ruanda, que se siguió por genocidio, torturas, terrorismo y crímenes contra la humanidad en ese país y el Congo en los noventa.

El sobreseimiento de todos estos procedimientos se acordó con base en lo establecido en la disposición transitoria que incluía la reforma del PP. Una modalidad que, se encargó de señalar el Supremo, tiene “unos efectos similares” al “sobreseimiento provisional”, lo que implica que tales carpetazos no deben entenderse como definitivos. Eso fue lo que pasó también con la causa abierta en su día por el ataque que el Ejército israelí perpetró en 2010 contra activistas de la Flotilla de la Libertad, en el que murieron nueve personas, tres de ellas españolas. Tras el recorte de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional tuvo que decretar el sobreseimiento provisional del caso. Y lo mismo ocurrió con la investigación centrada en las torturas producidas en la cárcel de Guantánamo.

Ollé pone también el ojo en los crímenes cometidos por el Ejército de El Salvador a finales de los ochenta. A pesar de la reforma de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional continuó con la investigación del asesinato de cinco jesuitas españoles —Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo— agarrándose al delito de atentado terrorista. Y la justicia española llegó a condenar a 133 años de cárcel al coronel salvadoreño Inocente Montano por estos hechos. Sin embargo, impunes quedaron el resto de responsables y los asesinatos de tres ciudadanos salvadoreños que había sido ejecutados aquel mismo día. La Audiencia Nacional solo pudo hacerse cargo de sus nacionales.

La familia Couso tuvo desde el principio la sensación de que algo raro se movía alrededor de la causa abierta por el asesinato del cámara. No había victoria, por mínima que fuese, que no fuera seguida de una zancadilla al proceso. Y eso, repetido una y otra vez, hizo que entre los familiares del reportero gráfico anidase una duda permanente sobre las altas esferas políticas y judiciales españolas. El problema es que entonces eran solo eso, meras sospechas. Y lo fueron hasta que WikiLeaks soltó los papeles del Departamento de Estado. La revelación de todos aquellos documentos lo cambió todo. La familia pudo comprobar que no estaba loca, que Estados Unidos maniobraba para frenar casos como el de José Couso. Por eso, están "enormemente agradecidos" a la organización y a Julian Assange. Un activista que ahora se encuentra a solo un paso de ser extraditado a suelo norteamericano.

Cuando se produjo la filtración masiva, los Couso llevaban ya siete años dando la batalla en los tribunales para que se depurasen responsabilidades sobre el asesinato del cámara. Un camino repleto de éxitos y fracasos. Por aquel entonces, el caso ya se había cerrado y reabierto, en este caso por orden del Supremo, en dos ocasiones. Y el Ministerio Público no estaba por la labor de que el asunto continuase vivo. De ahí, el rechazo mostrado por el fiscal a las órdenes de detención internacional dictadas por el magistrado Santiago Pedraz y las peticiones de archivo de la causa. Una postura contra la que cargaron con dureza desde la familia del cámara: "Exigimos al fiscal general del Estado que se ponga a trabajar ya, a investigar lo que pasó, y que no se dedique más, ni él ni el Gobierno español, a tratar de torpedear una investigación judicial".

Aquellas palabras fueron pronunciadas por el hermano del reportero solo tres meses antes de que Pedraz se viese obligado a pedir explicaciones a Interpol por su negativa a poner en situación de búsqueda y captura a los tres militares procesados por la muerte del cámara –sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y teniente coronel Philip de Camp–. Y resonaron con más fuerza si cabe a finales de aquel año 2010, cuando WikiLeaks filtró más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados desde la Administración central estadounidense hacia sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. En total, más de 10.000 comunicaciones hacían referencia a España y 3.600 eran de la embajada estadounidense en Madrid.

Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fue el intento de EEUU para frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de Couso. Los documentos recogían, por ejemplo, una reunión en enero de 2007 del embajador Eduardo Aguirre con el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EEUU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa". Un encuentro en el que, según el informe, Conde-Pumpido aseguró que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención que acababan de ser dictadas por Pedraz. De hecho, solo unos meses después el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, avisaba a la legación que se había opuesto al procesamiento de los militares.

Las comunicaciones, del mismo modo, también hacían referencia al Ejecutivo español, entonces liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Así, un cable dirigido por el embajador norteamericano a su entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aseguraba que el Gobierno español había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara" las decisiones del juez. No era, sin embargo, la única vez que se mencionaba algo similar. "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente", se recogía en otro telegrama confidencial que llevaba el siguiente título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

David Couso, hermano del cámara, recuerda a la perfección todas esas informaciones. Una cascada de comunicaciones que les dejaron con una sensación "agridulce". "Por un lado, pudimos ver que no estábamos locos, que existían papeles que confirmaban esa traición y torpedeo sistemático a la causa. Pero, al mismo tiempo, mostraba cómo altos cargos habían actuado como lacayos, reconociendo órdenes de una potencia extranjera", afirma en conversación telefónica con infoLibre. De hecho, al conocerse todos estos documentos la familia del reportero gráfico decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía. Consideraban que el contenido de los papeles podía indicar "la existencia de una conspiración o concierto delictivo". Pero no llegó a ningún lado. "Se quedó en nada. ¿Cómo iban a investigar los que maniobraron?", dice el hermano del reportero gráfico.

Tras la filtración, el Ministerio Público trató de defenderse. Así, una semana después de que viesen la luz los papeles del Departamento de Estado el fiscal general hizo llegar una nota a todos los fiscales jefes en la que resaltaba que la actuación por parte de los miembros del Ministerio Público había sido "irreprochable" y "absolutamente ajustada a derecho", al tiempo que mostraba su confianza en que "el rigor técnico" y la "acreditada profesionalidad" evitarían "cualquier menoscabo del interés general o de los derechos y garantías de los ciudadanos". No obstante, mostraba su preocupación por el "perjuicio" que causaba a la institución la difusión "fragmentaria y tratada de modo preordenado a su explotación mediática" de todos estos cables "relacionados con determinados procedimientos judiciales".

Porque aquellos documentos secretos no solo ponían en evidencia los movimientos de Estados Unidos en relación con el caso Couso. También destapaban movimientos y contactos en relación con otras dos causas judiciales más. Una de ellas era la relativa a los famosos vuelos secretos de la CIA, en la que se investigaba el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca como punto de tránsito clandestino de sospechosos capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos. En junio de 2006, el Consejo de Europa difundió un demoledor informe en el que acusaba a una docena de gobiernos europeos –entre ellos el español– de permitir el uso de sus aeródromos para estas prácticas. Pocas horas después, la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con el embajador Aguirre y, según los cables, le trasladó que España no tenía "reparos a los vuelos de inteligencia".

Y luego estaba el caso Guantánamo, que se inició a partir de una querella de la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España contra varios asesores de la Administración Bush por la detención ilegal y tortura de personas internadas en el centro ubicado en Cuba. En este asunto, los funcionarios estadounidenses se centraron en el fiscal Zaragoza. Según el relato que hizo la propia embajada, el representante del Ministerio Público les trasladó que la querella estaba "bien documentada" y que no tendría "otra opción más que abrir el caso".

No obstante, puso sobre la mesa una alternativa. Según recogen los documentos, deslizó que si el Gobierno de EEUU abriese una investigación España no podría reclamar la jurisdicción universal. "Exploraremos con más detalle esta opción con Zaragoza (formato, timing, cuánta información necesitamos) aunque dejando claro que aún no se ha tomado una decisión", apuntaba la embajada en un cable confidencial.

El asunto, por aquel entonces, estaba en manos del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, siempre según la versión que los americanos dejaron en sus comunicaciones, tenía intención de que fuera otro juez, el que estaba llevando los vuelos secretos de la CIA, quien se hiciera cargo del caso. Zaragoza esperaba que Garzón acabase abandonando el asunto. Pero si no lo hacía, según la embajada, tenía "una estrategia para retorcer el brazo" al magistrado, que consistía en airear que el juez no había investigado nada al respecto cuando había tenido datos para hacerlo. "Garzón no hizo nada cuando los presos volvieron a España y le contaron los malos tratos que habían sufrido", recogía aquel cable.

Ahora, doce años después, el fundador de aquella organización que arrojó luz sobre todos estos documentos secretos está a un paso de ser enviado a territorio estadounidense., y Baltasar Garzón es uno de sus principales abogados. El Gobierno de Reino Unido dio luz verde la pasada semana a la extradición de Assange, a quien las autoridades norteamericanas le acusan de más de una docena de delitos diferentes, una decisión que aún puede recurrir. "Estamos en deuda con esta persona y así se lo estamos pagando. Es grave que no defendamos a los informadores. De esta manera, lo que estamos haciendo es legitimar que el mundo pueda ser controlado por los poderosos", sostiene David Couso, quien echa en falta un mayor movimiento político, una "defensa" como antes se hacía del activista australiano. "No está de moda", se lamenta. (Garzón, por su parte, publica hoy en estas mismas páginas un artículo titulado El silencio condena a Julian Assange).

Las filtraciones de WikiLeaks tuvieron una gran repercusión a nivel mundial. Principalmente, porque de ellas bebieron los grandes medios internacionales, entre los que destacaban The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde o El País. Algunos de ellos, sin embargo, ni siquiera se han pronunciado ahora sobre la extradición. En el caso del rotativo estadounidense, el último artículo de opinión del equipo editorial en el que se hace referencia a Assange es del pasado mes de diciembre. En él deja claro que no es equiparable el caso del activista con el de todos aquellos periodistas que son encarcelados por líderes autoritarios que solo buscan mantener un "incuestionable poder". Pero también que, a pesar de los métodos a veces "turbios" de WikiLeaks, su caso podría sentar "peligrosos precedentes" que podría interferir con la "prensa libre".

El País tampoco ha lanzado ningún editorial tras el acuerdo de extradición de Assange, igual que no lo hizo cuando el Supremo británico dio vía libre al envío del activista a suelo estadounidense. Sí que lo hizo, sin embargo, tras su detención. "Merece un procedimiento justo, donde tenga la oportunidad de defender sus tesis y bajo ningún concepto puede ser sometido a un proceso secreto, relacionado con la seguridad nacional de EE UU. Si Suecia reabre la causa por abusos, el acusado tiene el derecho a comparecer primero ante el tribunal que originó esta situación. Otra decisión daría crédito a la tesis de Assange de que todo se trata de una argucia legal de EE UU para lograr castigar sus revelaciones".

Quien sí se apresuró a pronunciarse tras la última decisión del Ejecutivo de Boris Johnson fue The Guardian. En un duro editorial, el periódico británico resaltó que la decisión tomada "debería preocupar a cualquiera que se preocupe por el periodismo y la democracia": "Esta acción potencialmente abre la puerta para que periodistas de cualquier parte del mundo sean extraditados a los EEUU por exponer información considerada clasificada por Washington". El diario también señaló que Assange ya había "sufrido lo suficiente" y criticó que lleve tres años en una prisión de alta seguridad sin ser condenado. "La señora Patel –ministra del Interior– ha asestado un golpe a la libertad de prensa y contra el público, que tiene derecho a saber qué hacen sus gobiernos en su nombre", culminaba The Guardian, al tiempo que exigía a la Administración Biden que retirase contra Assange unos cargos que "nunca deberían haberse presentado".

La periodista lucense Érika Reija, corresponsal hasta hace unas semanas de TVE en Rusia, ha recibido en el mediodía de este sábado el premio que la acredita como ganadora de la XVIII edición del Premio José Couso de Libertad de Prensa, convocado cada año por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol, según informa Europa Press.

En un acto desarrollado en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, presidido por el alcalde de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE), Reija ha asegurado que es su intención "regresar a una Rusia más libre" y ha dedicado el galardón a los periodistas independientes de este país y a los informadores muertos, "especialmente en la guerra de Ucrania".

La periodista de Televisón Española ha recibido este premio gracias a los votos emitidos por los colegiados de colegio autonómico y a los socios del club ferrolano, tras tener que abandonar la correspondencia de Moscú de la televisión pública tras la aprobación de una ley que criminaliza el trabajo periodístico.

Érika Reija ha sido también la protagonista de una recepción que se ha desarrollado en este espacio municipal desde las 11,00 horas, donde se ha reunido con el regidor ferrolano y con ediles del Ayuntamiento, además de con representantes de las dos entidades organizadoras de este premio, lugar en el que la periodista ha firmado en el libro de oro de la ciudad.

Posteriormente, ha participado en un coloquio conducido por la periodista ferrolana Patricia Hermida, en el que se han tratado temas como la situación del periodismo en Rusia, la cobertura informativa de la guerra de Ucrania y los techos de cristal de la profesión.

Reija ha reivindicado la necesidad de la igualdad en la profesión y de que los medios "apuesten por un tipo de cobertura que dé el tiempo y los recursos para informar bien". La periodista quiso recordar también el asesinato de José Couso, que le "confirmó que quería hacer ese tipo de información", y tuvo unas palabras para Pablo González, detenido en Polonia, pidiendo que se aclare su situación y que se pueda poner en contacto con su familia.

 Por último, ha asegurado: "A pesar de los desencantos, sigo pensando, que esta es la profesión más hermosa del mundo".

A continuación, el decano del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Francisco X. González Sarria, y la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz, han entregado el XVIII Premio José Couso a Érika Reija, que manifestó "sentirse privilegiada". Así, ha querido dedicárselo a la prensa rusa independiente y a todos los informadores muertos, "especialmente en la guerra de Ucrania", así como a su familia.

Ha cerrado el acto el alcalde, Ángel Mato, quien ha agradecido a la organización el compromiso con Ferrol y destacó la importancia de tener unos medios de información independientes.

La celebración ha finalizado con la tradicional ofrenda floral en la estatua As Ceibes de Manuel Patinha, situada en el Cantón de Molíns, en donde Reija ha leído el texto En la guerra de la desinformación, hagamos que gane la verdad, redactado por ella misma con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa. En el texto, hace un llamamiento a volver a los orígenes del periodismo, primando "la calidad sobre la cantidad, las crónicas bien documentadas sobre los textos rápidos o las conexiones ininterrumpidas que añaden más ruido o ideología que una información rigurosa, veraz y de valor".

La indemnización de más de 180.000 euros por parte del Estado para la viuda y los dos hijos del cámara José Couso, muerto en Irak en 2003, por omisión de protección diplomática está ya pendiente de su ejecución por parte del Tesoro.

Así lo ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso Europa Press.

Tras recibir Exteriores "la certificación de la sentencia del Tribunal Supremo", que el pasado 15 de julio confirmó el fallo previo de la Audiencia Nacional que declaraba la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la familia del cámara, "se iniciaron los trámites necesarios para su cumplimiento", explica en su respuesta.

"Dichos trámites ya han concluido, por lo que el pago de la indemnización, que se realiza a través del Tribunal, únicamente está pendiente de su ejecución por parte del Tesoro", ha aclarado el departamento que encabeza José Manuel Albares.

No obstante, la respuesta no aclara si, como pregunta Iñarritu, el Gobierno se ha puesto en contacto con la familia de Couso o si "contempla disculparse públicamente por las actuaciones realizadas en relación con el caso por diferentes instituciones del Estado".

Sentencia del Supremo

En su fallo de julio, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia recurrida, y que reconoció el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia de Couso. Del total, 99.430 euros serán para la viuda y 41.430 para cada uno de los dos hijos.

Según la sentencia, el Estado "estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado".

En este sentido, afeó que el Estado optase por "dar la callada por respuesta" o que se limitase "a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó", en referencia a Estados Unidos, cuyos efectivos dispararon contra el Hotel Palestina en Bagdad en el que estaba alojado Couso al igual que otros muchos periodistas el 8 de abril de 2003.

Para la Sala lo "decisivo" a la hora de "rechazar la argumentación del escrito de interposición" es que la Audiencia Nacional "no reconoce el derecho de resarcimiento por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes, menos aún, porque deba el Estado español asumir el riesgo de un profesional nacional que fallece en el ejercicio de su actividad". "El Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado", remató el texto.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y a los dos hijos del cámara de Telecinco José Couso asesinado hace 16 años en Bagdad por la omisión de protección diplomática.

En la sentencia, consultada por Europa Press, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia recurrida, y que reconoció el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia de Couso. Del total, 99.430 euros serán para la viuda y 41.430 para cada uno de los dos hijos.

Así, la ponencia del magistrado Wenceslao Olea Godoy, declara que "los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado".

Eso sí, "siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismo de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable". En este caso concreto, la Sala concluye que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado a otorgar a la familia de Couso.

Lamenta que el Estado diese "por buenos los argumentos dados"

La sentencia señala, en esta línea, que el Estado "estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado".

Por eso, la Sala critica que el Estado optase por "dar la callada por respuesta" o que se limitase "a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó". "En cuanto si bien es cierto que el Estado español no puede imponer dicha declaración en el ámbito internacional, tampoco está obligado a dar por buenas esas explicaciones, como ya antes se dijo", apunta.

Para el Supremo, "lo que no es admisible es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes".

No obstante, para la Sala lo "decisivo" a la hora de "rechazar la argumentación del escrito de interposición" es que la Audiencia Nacional "no reconoce el derecho de resarcimiento por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes, menos aún, porque deba el Estado español asumir el riesgo de un profesional nacional que fallece en el ejercicio de su actividad". "Sino que el título de imputación, necesario para apreciar la responsabilidad patrimonial, es el hecho de que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado, como hemos visto", continúa, señalando que eso "lo deja claro la sentencia" de la Audiencia Nacional.

Su hermano celebra el fallo

Javier Couso, hermano del reportero y exeurodiputado de Izquierda Unida, ha celebrado este jueves el fallo. "Para pesar del Gobierno PSOE-Unidas Podemos (el más progresista de la historia del mundo mundial) que recurrió la anterior sentencia", ha indicado Javier Couso en un comentario publicado en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

Couso ha recurrido a la ironía y ha recordado que en marzo de 2020 el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos decidió recurrir el fallo de la Audiencia Nacional (AN), que obligaba al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, muerto por un disparo estadounidense en Irak en la guerra de 2003, porque la decisión judicial extiende el derecho de protección consular de tal manera que sería "inasumible para el Estado".

El director de investigación de infoLibre Manuel Rico y el periodista de RTVE Lorenzo Milá han recogido este sábado sus respectivos Premios José Couso de Libertad de Prensa en Ferrol en un acto organizado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) y el Club de Prensa de Ferrol y que estuvo marcado por las restricciones provocadas por la crisis sanitaria. La ceremonia de entrega no solo se vió reducida en extesión y público, sino que por primera vez juntó a dos premiados, ya que Milá no pudo recoger su galardón en 2020 por la pandemia. 

La presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz Sixto, y el decano del CPXG, Francisco X. González Sarria, fueron los encargados de entregar el premio a Manuel Rico, que ha agradecido el premio a los organizadores y también a sus padres y a toda su generación. Durante un breve discurso, ha destacado el hecho de recibir este galardón por su investigación sobre las residencias, zona 0 del covid [aquí puedes repasar nuestro dosier con todas estas informaciones], un trabajo que acaba de plasmar en el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias. Según ha señalado el director de investigación de infoLibre, premiar este tipo trabajos es una lección de que "el periodismo debe mirar más a lugares que muchas veces permanecen fuera del foco, pero donde están en juego cosas ciertamente importantes, como el cuidado y la dignidad de los mayores".

Asimismo, Manuel Rico también ha agradecido el trabajo de la familia de José Couso, con la que los periodistas tienen "una deuda de gratitud porque mantienen una lucha por la libertad de prensa que es una lucha por todos los que hacemos periodismo". Lorenzo Milá, galardonado en la edición del año pasado, también ha recibido su premio, tras lo que ha querido insistir en que "la responsabilidad de la libertad de prensa recae en los periodistas y en los medios, pero también en la ciudadanía". 

El acto, presentado por Marta Corral y celebrado en la capilla del Centro Torrente Ballester, también contó con la lectura de un manifiesto en nombre de la organización por parte del periodista Ángel Carrecedo en el que ha recordado el compromiso con la libertad de prensa de los premiados, de José Couso y de los recientemente asesinados Roberto Fraile y David Beriain. Carracedo también ha asegurado que "a pesar de la falta de credibilidad aún somos una herramienta útil para la gente, este oficio aún tiene la capacidad de cambiar el mundo y nuestro trabajo es fundamental para construir una sociedad mejor, más igualitaria, más libre, más crítica, menos corrupta, menos manipulable".

Ha cerrado el acto el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, quien ha anunciado que va a proponer al Ayuntamiento un convenio estable para garantizar que el Premio Couso se entregue siempre en esta ciudad gallega.

"La única diferencia entre Madrid y Santiago es el eco"

Antes del acto de entrega del premio, ambos galardonados participaron en un coloquio en el Centro Torrente Ballester, organizado por el Concello de Ferrol, en el que se trataron temas como la polarización de los medios, las fake news, la precariedad laboral en la profesión, el control político y económico, el periodismo local o la brecha de génerofake news. Moderado por la periodista Marta Corral, también tuvo aforo reducido por la situación sanitaria.

Manuel Rico ha insistido en que la valía de los periodistas no depende de dónde trabajen: "La única diferencia entre Madrid y Santiago es el eco". No obstante, ha señalado que la profesión está "sufriendo un deterioro", aunque ha añadido que "siempre va a existir un porcentaje de la población que va a querer información jerarquizada, algo que no pueden aportar las redes sociales", de las que ha dicho que han servido para "distribuir información": "Pienso que en ese contenido es donde los periodistas podemos hacernos más fuertes y cumplir nuestro papel".

El director de investigación de infoLibre también se ha referido a la irrupción de las redes sociales y las fake news y cómo estas afectan al mundo del periodismo. "Los medios están cada día más politizados, más radicalizados y las redes sociales han influido, y lo que más me preocupa es que los medios tengan el mismo discurso que los partidos políticos", ha señalado, para alertar "que en muchas ocasiones ya se confunden los hechos y las opiniones".

"La precariedad laboral limita la libertad de prensa"

Por su parte, Lorenzo Milá ha recordado en esta charla que "la velocidad siempre va contra el rigor" y ha defendido que "la persona que quiera dedicarse al periodismo tiene que ser, en la medida de lo posible, honesta". Asimimo, ha asegurado que "la precariedad laboral limita la libertad de prensa", ya que esta obliga a que "un periodista, un profesional de la comunicación, tenga que trabajar en unas condiciones de vulnerabilidad y de presión", en las que su trabajo "estará filtrado por la persona o grupo que te paga". "El público tampoco pide que estemos cerca de la información, contentándose con tener en casa un relato y una fotografía más o menos razonable de cada conflicto, que ya es suficiente", ha añadido.

El periodista de TVE ha asegurado que "este relato ya lo tienen las agencias internacionales", que han decidido invertir sus recursos en presencia internacional, pero el medio "ya no hace el esfuerzo de enviar a su periodista para tener su propia lectura". "Nos lleva a que eso no existe, y los medios privados, que están continuamente reduciendo costes, reducen también esa presencia, porque han aprendido que su público no la pide", ha advertido.

En otro orden de asuntos, Milá ha trasladado su sorpresa por el "debate político" en España con la pandemia, "tal y como ha pasado en EEUU". En este sentido, ha recordado que en Italia, "que fue donde primero golpeó, donde posiblemente hubiera muchos argumentos para alimentar una polémica por parte de la oposición, esta no se ha producido".

XVI edición del Premio José Couso

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol organizan el Premio José Couso con el objetivo de reconocer y difundir el trabajo de una persona viva u organización existente destacada en la defensa de la libertad de prensa o con una relevante trayectoria profesional, libre e independiente. Ali Lmrabet (2005); Le Monde Diplomatique (2006); Jon Lee Anderson (2007); José Vidal – Beneyto (2008); Rosa María Calaf (2009); Daniel Anido y Rodolfo Irago (2010); WikiLeaks (2011); el Consejo de Informativos de RTVE (2012); Mónica García Prieto (2013), Ricardo García Vilanova, Javier Espinosa y Marc Marginedas (2014), Jordi Évole (2015), Miguel Ángel Aguilar (2016), Xosé Hermida (2017), Julia Otero (2018), Defende A Galega (2019) y los recientemente premiados Lorenzo Milá (2020) y Manuel Rico (2021) son los galardonados hasta el momento con la estatuilla de las Ás Ceibes del escultor Manuel Patinha.

El premio se convoca cada año en memoria del cámara ferrolano José Couso, muerto en la guerra de Irak por el ataque de las tropas de Estados Unidos cuando se encontraba en el Hotel Palestina de Bagdad.

Han pasado dieciocho años del asesinato del cámara de televisión José Couso durante el bombardeo de tropas estadounidenses contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas por indicación del Pentágono en los primeros meses de la guerra de Irak. Y la familia sigue esperando justicia, que podría llegar a través de dos vías: una judicial y otra política. Por un lado, están esperando la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, donde recurrieron a finales de 2019 acusando al Estado español de privarles de protección ante las modificaciones de la legislación española que incapacitan seguir adelante con el caso. Por otro, siguen sin tener noticias sobre la anunciada recuperación de la justicia universal que prometió el Gobierno de coalición.

La vuelta de la justicia universal a la legislación española sería la única manera de poder reabrir el caso en los tribunales españoles, cuenta a infoLibre David Couso, hermano del cámara asesinado. Era una cuestión que estaba "en el acuerdo programático del Gobierno de coalición". "Buscamos que la legislación de los países defienda a sus ciudadanos y, aunque suene un poco de película, sentar a los culpables en el banquillo independientemente de su nacionalidad", explica.

Sin embargo, cuenta que en febrero de 2020 la familia mantuvo una reunión con representantes del PSOE en el Congreso en la que les comunicaron que la reforma "no era un asunto prioritario porque todavía quedaba mucha legislatura". Aunque de los socialistas ya no esperaban mucho, Couso reconoce que se siente "bastante enfadado y decepcionado" con la otra parte del Ejecutivo, con Unidas Podemos, un partido que hasta el año pasado había "defendido la causa todos estos años", había presentado "proposiciones no de ley" y había "trabajado para que se cambie la ley". Ahora, dice, de momento sólo encuentran silencio.

"Priman más las elecciones"

Según el hermano del cámara de televisión, en las últimas semanas ha solicitado una reunión con miembros de la parte morada del Gobierno y con el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, "para que expliquen su comportamiento" y manifestarles su "enfado y decepción con su actitud", pero "parece ser que priman más las elecciones en la Comunidad de Madrid que recibir a la familia Couso". "Se están comportando como sus predecesores y representan la miseria y la traición", ha denunciado.

Couso se muestra especialmente dolido con el silencio que, según asegura, guardó Unidas Podemos después de conocerse el escrito que la Abogacía del Estado había remitido al tribunal de Estrasburgo pidiendo que se desestime el recurso de la familia al considerar que "no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España" en el caso del cámara. Se refiere a un documento en el que los servicios jurídicos del Estado respondían a la serie de preguntas que le dirigieron desde el TEDH para poder estudiar el recurso.

En ese escrito, la Abogacía aludía efectivamente a la regulación de la jurisdicción universal llevada a cabo por el anterior gobierno del PP en 2014 para justificar que las autoridades españolas carecen de competencia legal para perseguir a los responsables de un crimen "cometido fuera de su territorio por agentes de un tercer Estado, mientras no se cumplan los requisitos de procedibilidad, esencialmente, que los responsables se encuentren en territorio español". En este sentido, afirmaba que "los derechos del demandante a un proceso con las debidas garantías y el acceso a un remedio efectivo fueron debidamente respetados", puesto que hasta la reforma de 2014 se desplegó por parte de las autoridades nacionales "una intensísima actuación de investigación judicial para determinar los responsables del crimen".

Ningún recurso para investigar y juzgar

Precisamente esto es lo que alega la familia en su recurso a Estraburgo, que "no existe actualmente ninguna posibilidad" de que el caso sea enjuiciado, "por lo que quedará impune" si no se cambia la ley. "Es decir, el Estado español no pone actualmente a disposición de la familia Couso ningún recurso ni mecanismo que permita la denuncia, investigación y enjuiciamiento", explica.

El hermano de José Couso cree que "la esperanza siempre hay que tenerla" y ha recordado que en estos casi veinte años desde el asesinato ha habido derrotas, pero también "importantes victorias" como fue conseguir que la Audiencia Nacional abriera una investigación y llamara a declarar a testigos que dejaron "totalmente demostrado que fue un crimen de guerra". La causa se cerró por la reforma de 2014 debido a que, en su opinión, en España hay "unos políticos sumisos y lacayos" de Estados Unidos, pero advierte: "Cuando no hay justicia, no hay democracia".

A la pregunta de si esperan que el Gobierno les pida perdón en caso de que el tribunal de Estrasburgo les dé la razón, Couso responde que la familia no busca eso, sino que "la legislación de los países defienda a sus ciudadanos". "Pese a que el tribunal europeo no puede modificar legislación interna de un Estado miembro, sería una victoria moral, un respaldo muy potente a la causa y una bofetada sonora al Gobierno de coalición", afirma.

Unidas Podemos ha mostrado este miércoles su disconformidad con la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, muerto por un disparo estadounidense en Irak en la guerra de 2003.

El Ejecutivo de coalición que lidera el socialista Pedro Sánchez ha decidido recurrir la mencionada sentencia porque entiende que la decisión judicial extiende el derecho de protección consular de tal manera que sería "inasumible para el Estado". Así se lo explicó la propia ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya a la familia Couso, con la que se reunió la semana pasada para explicarle esta decisión.

No obstante, Unidas Podemos, socio de gobierno de los socialistas, no comparten esta postura, y así lo han puesto de manifiesto en un comunicado, en el que quieren expresar además "todo su apoyo a la familia Couso", un apoyo que, según señalan, han venido dando "de forman ininterrumpida desde hace años".

Unidas Podemos integra en su coalición a Izquierda Unida, formación por la que el hermano de José Couso, Javier, se presentó a las elecciones de Parlamento Europeo, y fue eurodiputado entre 2014 y 2018 –desde este año a 2019 se desvinculó de la organización de Alberto Garzón por desavenencias con la dirección federal, aunque mantuvo su escaño–.

En su comunicado de este miércoles, Unidas Podemos recuerda que durante estos años han apoyado a la familia tanto para llevar adelante las acciones de denuncia política por este hecho, como en apoyo de la batalla jurídica que, con inmensas dificultades, se ha seguido ante la jurisdicción penal española hasta el archivo definitivo de la investigación como consecuencia de la reforma de la jurisdicción universal realizada por el gobierno de Mariano Rajoy".

Por todo ello, quieren dejar claro que discrepan "del criterio de la Abogacía del Estado" porque entienden "que la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional se ha pronunciado claramente sobre la procedencia de la indemnización y reparación establecida". "Seguiremos trabajando para que a la viuda, hijos y familia de José Couso les sea plenamente reparado el daño causado", concluyen su escrito.

La Audiencia Nacional había condenado al Estado a indemnizar a la familia de José Couso por no defender sus intereses frente a EEUU. El Estado había sido condenado a pagar 100.000 a la mujer y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara de Telecinco muerto por disparos estadounidenses en Irak.

A su llegada al Senado este martes, tras hacerse público el recurso del Gobierno, la ministra de Exteriores señaló que esa resolución "transforma el derecho de protección consular casi en la obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentre en el extranjero".

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de condenar al Estado a indemnizar a la familia de José Couso por no defender sus intereses frente a EEUU. El Estado había sido condenado a pagar 100.000 a la mujer y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara de Telecinco muerto por disparos estadounidenses en Irak. Informa Europa Press.

Los servicios jurídicos del Estado han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un anuncio de interposición de recurso de la condena que obligaba a indemnizar a la familia del cámara asesinado hace 16 años en Bagdad cuando tropas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas por indicación del Pentágono, el 8 de abril de 2003.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establecía que el Estado debería indemnizar con 100.000 euros a la viuda de Couso y con 41.000 euros a cada uno de sus dos hijos, aún menores de edad cuando ocurrieron los hechos, por no haber emprendido "acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional" a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

"Cuestiones técnicas"

El Gobierno ha vuelto a mostrar hoy su solidaridad con la familia de José Couso y ha atribuido a "cuestiones técnicas" el recurso que ha presentado la Abogacía del Estado contra la decisión de la Audiencia Nacional de indemnizar a la familia del cámara.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo ha dicho desconocer en qué basa la Abogacía del Estado su recurso ante el Tribunal Supremo. "Tendrá que ver con cuestiones técnicas", ha argumentado.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso asesinado hace 16 años en Bagdad cuando tropas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas por indicación del Pentágono, el 8 de abril de 2003. Considera que España omitió su deber de brindarle protección diplomática, es decir, de defender sus intereses frente a EEUU.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establece que el Estado deberá indemnizar con 100.000 euros a la viuda de Couso y con 41.000 euros a cada uno de sus dos hijos, aún menores de edad cuando ocurrieron los hechos, por no haber emprendido "acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional" a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

"No consta la realización de gestión alguna tendente no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello pese a las muy numerosas peticiones que al respecto de formularon por diversos grupos parlamentarios", dice la sentencia.

La sentencia explica que se daban los requisitos para que "el Estado desenvolviera su actividad diplomática en favor de los perjudicados" y sin embargo, "se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de EEUU en el sentido de que el ataque al Hotel Palestina se encontraba justificado y el fallecimiento de Couso, un lamentable accidente".

Incide en que el ilícito internacional afectó en este caso al derecho a la vida y "si uno de los cometidos esenciales del Estado es la protección de sus nacionales, la obligación del Estado de dispensar dicha protección alcanzaría grado superlativo de acuerdo a la relevancia constitucional" de este bien jurídico de primer orden.

Pero además, la Sala entiende que la actividad que desarrollaba Couso en Irak "suponía el ejercicio de la libertad de información", tal y como recoge, recuerda, la propia Constitución: "Esta dimensión objetiva de la libertad de información militaba en favor de la dispensa de la protección diplomática como forma de protección de la indicada libertad garantizando la indemnidad de su ejercicio".

Un recurso, 15 años de espera

De este modo, la Sala estima el recurso que presentó la familia de Couso hace 15 años, cuando recibió un silencio por respuesta tras reclamar responsabilidad patrimonial a España por no haber 'peleado' en su nombre con Estados Unidos para buscar justicia y reparación. Reclamaba en aquel momento 317.130,37 euros y la Abogacía del Estado se opuso.

Sin embargo, el procedimiento quedó en suspenso en el año 2008 para esperar a que recayera resolución definitiva a la causa penal que en paralelo, se había abierto y que conllevó en primer lugar definir si España era o no competente para conocer los hechos y después, mantener las pesquisas habiéndose reformado la Ley de Enjuiciamiento Criminal recortando el alcance de la jurisdicción universal.

Superados los escollos, en 2016 el Tribunal Supremo archivó finalmente el asunto, cosa que confirmaría el Constitucional el pasado mes de junio, si bien en la sentencia definió lo sucedido como un ataque no justificado que constituía un "ilícito internacional" frente al que la familia de Couso tenía nulas posibilidades efectivas de obtener una reparación razonable directamente de los tribunales estadounidenses.

Con estas premisas, la Audiencia Nacional alzó la suspensión del procedimiento contencioso administrativo el pasado mes de julio y en diciembre votó esta resolución que condena ahora al Estado a indemnizar a la familia porque entiende que la muerte de Couso "presenta la apariencia de un ilícito internacional imputable a los Estados Unidos" frente al que tenía que haber brindado protección diplomática.

Sobre este asunto, explica que era "estéril" que la familia reclamase en la justicia estadounidense por su cuenta, pues como ya advirtió el Consejo de Estado en 1992, sus tribunales federales no tienen jurisdicción para conocer de este tipo de reclamaciones por daños causados en acciones bélicas. Por eso, este organismo consultivo considera "fundado el ejercicio por España de la protección diplomática ante los EEUU" en casos como el de Couso.

"Incapacitados para buscar justicia"

Esta sentencia de la Audiencia Nacional supone un éxito judicial para la familia del cámara, después de 16 años litigando para tratar de traer ante la justicia a los responsables del ataque al Hotel Palestina de Bagdad. Paralelamente, los familiares ya han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de reactivar el caso, después de haber agotado todas las vías ante los tribunales españoles, el último el Constitucional el pasado mes de junio.

El objetivo de la familia es "buscar el respaldo ante la violación de Derechos Humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española", que les ha dejado, afirma, "incapacitados para buscar justicia ante el asesinato de José Couso".

Con esta reforma de la ley se refieren a la restricción de la justicia universal y lo que denuncia la familia ante el tribunal con sede en Estrasburgo es que esta circunstancia les ha "privado de la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita la investigación y enjuiciamiento del crimen".

El hermano de José Couso: "Queremos un juicio. No pararemos"

David Couso, hermano del cámara de Telecinco José Couso, ha dicho este viernes tras la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia por no defender sus intereses frente a Estados Unidos que su intención siempre ha sido que se juzgara a los responsables del asesinato, por lo que ha anunciado que no cejarán en su empeño.

"Nuestra máxima nunca ha sido la vía 'legal', queremos sentar a los asesinos de José, queremos un juicio, queremos sentar un precedente. El dinero compra voluntades, cosa que con nosotros no casa. No pararemos", ha afirmado David Couso en su cuenta personal de Twitter tras conocer la resolución.

La familia de José Couso, el periodista español asesinado en Bagdad hace 16 años, ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de reactivar el caso, después de haber agotado todas las vías ante los tribunales españoles, el último el Constitucional el pasado mes de junio.

Tal y como ha informado la familia en su cuenta de Twitter y recoge Europa Press, el objetivo es "buscar el respaldo ante la violación de Derechos Humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española, dejándonos incapacitados para buscar justicia ante el asesinato de José Couso".

Con esta reforma de la ley se refieren a la restricción de la justicia universal y lo que denuncia la familia ante el tribunal con sede en Estrasburgo es que esta circunstancia les ha "privado de la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita la investigación y enjuiciamiento del crimen".

"No existe actualmente ninguna posibilidad de que el mismo sea enjuiciado, por lo que quedará impune. Es decir, el Estado español no pone actualmente a disposición de la familia Couso ningún recurso ni mecanismo que permita la denuncia, investigación y enjuiciamiento", explica el recurso.

Investigación que lleve al castigo de los culpables

La familia recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "obliga a los Estados contratantes" a "asegurar de forma concreta y efectiva una buena administración de justicia", y recurre a la jurisprudencia del propio TEDH para remarcar que "la obligación de los Estados de proteger un derecho incluye la de investigar las circunstancias en que se produce su violación".

Además, el recurso subraya que tal y como ha interpretado el tribunal de Estrasburgo, el Convenio "obliga a poner a disposición de las víctimas una investigación efectiva capaz de llevar a la identificación y el castigo de los culpables" y este remedio debe ser "efectivo en la práctica, así como en la legislación, en el sentido de que no debe ser injustificadamente obstaculizado po los actos u omisiones de las autoridades".

"Entendemos que el proceso judicial de un Estado que ha firmado el Convenio ha de ser efectivo y eficaz para procurar el resarcimiento de las víctimas, es decir, que tenga la capacidad suficiente para identificar, juzgar y en su caso condenar a los acusados, circunstancia que con la actual regulación española de jurisdicción universal no se da", explica el escrito.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido a Estados Unidos medidas "económicas y de satisfacción" para víctimas de su invasión a Panamá en 1989, entre ellos al fotoperiodista español Juantxu Rodríguez, que murió disparado pocas horas después de que comenzara la invasión al país centroamericano, informa Europa Press

Así lo ha asegurado este viernes la cuñada de Juantxu y portavoz de la familia, Elisa Pavón, que ha destacado esta "decisión histórica" porque acaba con la "impunidad" para que "Estados Unidos no sea un gigante que vaya aplastando gente" y "abre vías y precedentes para otros compañeros como José Couso", cámara de televisión que murió en 2003 en Irak por el lanzamiento de un proyectil estadounidense contra un hotel de Bagdad.

En concreto, la CIDH expone en un informe vinculante que Estados Unidos "debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial" para "que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas". Además, obliga a EEUU a realizar una investigación para esclarecer "plenamente los hechos".

Según Pavón, Estados Unidos ha aceptado esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha indemnizado a tres víctimas civiles de la invasión de Panamá. Un anuncio que ha realizado este viernes en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

El acto, organizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), ha sido un homenaje para recordar a Juantxu Rodríguez en la víspera del 30 aniversario de su asesinato en Panamá, un 21 de diciembre de 1989. "Porque fue asesinado impunemente", ha asegurado el reportero y vocal de RSF Gervasio Sánchez.

"Alguien disparó sabiendo que era periodista e iba a matar, y ojalá algún día Estados Unidos acepte que fue responsable del asesinato de un reportero que estaba informando", ha apostillado Sánchez recordado que "nunca hubo autopsia" de la muerte de Juantxu Rodríguez, que tenía 32 años.

Además, la familia pretende solicitar, a través del National Security Archive, la desclasificación del expediente de Juantxu Rodríguez para intentar rescatar los carretes fotográficos "confiscados en su habitación del hotel Marriot y los de su bolsa y cámara tras su asesinato".

En el acto han participado también el presidente de RSF, Alfonso Armada, la secretaria general de FAPE, María Jesús Chao, el reportero de guerra Ricardo García Vilanova, y Javier Rodríguez, el hermano de Juantxu. "Después de 30 años a la familia nos sorprende gratamente que todavía la gente se acuerde de él, más allá de lo que podemos imaginar", ha dicho agradecido.

Elisa Pavón, ha relatado, tras visitar hace unas semanas Panamá, cómo en el país centroamericano se recuerda a Juantxu como "el fotógrafo de la invasión" por la ubicuidad que desplegó durante las primeras horas de la invasión estadounidense, y la trascendencia de las fotos de los tres rollos recuperados de aquel día. "Me he encontrado con personas que me han dado las gracias por esas fotografías, me han hablado de la importancia para reconstruir las historias de las nueve personas de la fotografía de la morgue, con las que han podido identificar a personas. Recorrió los principales escenarios informativos de un lugar que no conocía, y eso le destaca", ha narrado la cuñada del fotoperiodista.

En memoria de Juantxu, la Embajada de España en Panamá y su familia han inaugurado recientemente una exposición titulada La mirada interrumpida en el Centro Cultural de España de PanamáLa mirada interrumpida con fotografías de aquellos rollos que no habían visto la luz en el país centroamericano. Sin embargo, el reportero Gervasio Sánchez, que fue compañero de Rodríguez, está convencido de que existen más fotografías que requisó el ejército estadounidense tras el asesinato del fotógrafo. "Hizo un trabajo histórico, y lo hizo desde que comenzó la invasión hasta que le mataron. Y aquel trabajo se lo robaron de su habitación, porque dudo que sólo hiciera tres rollos. Su asesinato es un crimen de lesa humanidad de los que nunca prescriben, porque hasta en las guerras hay reglas", ha afirmado Sánchez.

La familia del periodista español asesinado en Bagdad hace 16 años, José Couso, recurrirá ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado sendos recursos de amparo interpuestos por los familiares del reportero gráfico en contra de las resoluciones de la Audiencia Nacional que acordaron el archivo de la investigación de su muerte de acuerdo a la limitación de la jurisdicción universal, con la reforma que realizó el PP en 2014.

"El último estamento aquí, en España, es el Constitucional. Nosotros, la siguiente vía es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aquí, a no ser que haya un cambio legislativo, no hay otra opción", ha explicado a Europa Press el portavoz de la familia y hermano del periodista, David Couso.

En este sentido, ha recordado que "a lo largo de estos dieciséis años" han ido agotando todas las vías en España. Según ha indicado Couso, el Constitucional ha "reconocido y legitimado las actuaciones del Ministerio Fiscal y ha aceptado la modificación del Partido Popular.

Para David Couso, el Alto Tribunal ha legitimado que "haya impunidad" en España. "A día de hoy, no solo es la familia de José como víctimas directas. Cualquier ciudadano o ciudadana española sufre en el extranjero una violanción, un asesinato, a una muerte y la justicia de este país no es competente para investigar el caso si los asesinos, casualmente, no están en este país", ha advertido David Couso.

Además, el portavoz de la familia de José Couso ha anunciado que, una vez que se configure el nuevo Gobierno, volverán a plantear reuniones con el arco parlamentario como las que tuvieron en diciembre de 2018, "donde todos los grupos políticos se comprometieron a modificar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reabrir el caso" del periodista español.

Tras conocerse la decisión del TC, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su desacuerdo y ha lamentado "profundamente esta decisión de nuestro Tribunal Constitucional" porque "no solo deja sin amparo a la familia Couso, sino también al derecho fundamental a la información de la ciudadanía".

Para la plataforma, la sentencia "es contraria al deber de las autoridades de garantizar la seguridad de los periodistas". "Este es el valor de la vida de un periodista español para nuestra justicia. Cero", ha afirmado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

Por último, la organización ha anunciado que trasladará el caso a organizaciones y organismos internacionales sobre libertad de prensa por entender que este resultado vulnera los compromisos de España sobre protección de los periodistas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado sendos recursos de amparo interpuestos por los familiares del reportero gráfico José Couso en contra de las resoluciones de la Audiencia Nacional que acordaron el archivo de la investigación de su muerte de acuerdo a la limitación de la jurisdicción universal, con la reforma que realizó el PP en 2014, como recoge Europa Press.

La Sala Segunda del tribunal de garantías ha dictado una sentencia en la que desestima los escritos de los familiares del cámara fallecido el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak) y por la Asociación Libre de Abogados, que alegaron la inconstitucionalidad de la reforma legislativa impulsada por los conservadores y vulneración de Convención de Ginebra.

El TC ha resuelto los recursos presentados en febrero de 2017 basándose en su propia doctrina sobre este asunto, pues en diciembre del año pasado este mismo tribunal avaló la reforma legislativa del PP, tal y como recordó el Ministerio Fiscal en su escrito. Por ello, la sentencia aprecia que lo resuelto por los tribunales ordinarios --primero la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo, que confirmó la decisión-- no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ni el derecho a un proceso con todas las garantías; ni tampoco el principio de igualdad.

Asimismo, los magistrados entienden que el sobreseimiento acordado no contraviene lo establecido en segundo párrafo del artículo 146 del IV Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fundamentó el archivo de la investigación en su auto de 25 de noviembre de 2015 en la aplicación del artículo 23.4 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que contempla los requisitos para que los tribunales españoles puedan perseguir a los presuntos responsables de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometido fuera del territorio nacional.

Requisitos de la justicia universal

Para ello, desde la reforma de la ley se exige que el procedimiento "se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".

En el caso de Couso, los militares norteamericanos contra los que se dirigía el proceso penal no residen habitualmente ni se encontraban ocasionalmente en territorio español, recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional, avalando el archivo del procedimiento.

Asimismo, el Tribunal Constitucional considera que el Convenio de Ginebra, que impone a los Estados firmantes que hagan comparecer ante sus propios tribunales a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de la infracciones graves previstas en ese Convenio, es "compatible con el requisito de perseguibilidad" establecido en la modificación de la LOPJ impulsada por el PP. En este sentido, insiste que la ley española fija que "la persona contra la que se dirija el procedimiento resida o se encuentre en España".

José Couso falleció el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad, donde se alojaba junto con otros profesionales de la prensa internacional, al ser alcanzado dicho edificio por un proyectil disparado por un carro de combate norteamericano.

En este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el colectivo #Defende a Galega, que agrupa a los trabajadores de la televisión de Galicia y de la Radio Galega que desde hace casi un año se viten de negro cada viernes para reivindicar su independencia,recibieron en Ferrol el Premio José Couso, que honra al periodista asesinado por militares de Estados Unidos en la guerra de Irak. Los periodistas Beatriz Moyano y Carlos Jiménez recibieron el premio en representación de la plataforma. 

"Nuestra principal reivindicación es muy sencilla: queremos que se cumpla la ley", han explicado los representantes de la plataforma tras recoger el premio. Entre sus demandas se incluye la creación del Consejo de Información previsto en la ley "para velar por la independencia, veracidad y objetividad del contenido", y del estatuto profesional que se aprobó en el Parlamento gallego hace ocho años.

"En cincuenta semanas de reivindicación no hemos recibido ningún gesto, ninguna respuesta por parte de la dirección de CRTVG en relación con nuestras demandas", han asegurado. Estas protestas se materializan en los Viernes negros, en los que la mayoría de los trabajadores de la RTVG se visten con prendas oscuras con el lema #DefendeaGalega.

"Sólo queremos, una vez más, que los gallegos y las gallegas confíen en su Radio Televisión de Galicia, que están obligados por ley a hablarles de sí y del mundo en su idioma" reivindicaba así el portavoz la calidad de la información pública y además en gallego. "Que puedan recurrir a ellos [los medios públicos] cuando el error de los medios de comunicación se vuelve insoportable, en busca de uno visión serena, equilibrada y plural de la realidad, sobre todo, de la realidad gallega". Esta ha sido otra de las demandas de los premiados, la información local como principal contenido de estos medios públicos. 

Hacia el final de la intervención se han solidarizado también con aquellos compañeros del sector público de la educación, la sanidad, la justicia y las administraciones que han sufrido como ellos los recortes y que luchan como ellos por la calidad de los servicios públicos. 

"Consideramos una victoria que nuestro mensaje llegue cada vez a más personas, porque el papel de la ciudadanía es fundamental en esta lucha. Los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos podemos llamar la atención sobre la problemas, pero no seremos los verdaderos actores de cambio: esos seréis vosotros", han afirmado para terminar pidiendo que se hable en los colegios, las calles, los bares... "sobre la escandalosa situación de los medios de comunicación públicos de Galicia". 

"José Couso, crimen de guerra" ha sido el lema coreado por un centenar de personas este domingo delante de la embajada de Estados Unidos en Madrid. En la calle Serrano se ha celebrado, un año más, una concentración como homenaje al cámara de Telecinco en la víspera del aniversario de su asesinato el 8 de abril de 2003. La familia, que esta año ha sido representada por las hermanas y la madre, han pedido "verdad, justicia y reparación" a los gobiernos de Estado Unidos y de España: "Vamos a seguir luchando para que se haga justicia". 

El colectivo de la familia, amigos y compañeros de José Couso, al que ha dado voz Justa Montero Colominas –activista de derechos humanos y feminista–, ha pedido que el gobierno de España tumbe las reformas de la Ley de Justicia Universal que llevó a cabo el gobierno del PP en 2014. "Rajoy cambió la legislación para que no se juzgue el crimen de Couso y otros tantos. No se cambia la ley para garantizar la justicia sino todo lo contrario, para garantizar la impunidad de estos crímenes", ha manifestado la activista en este acto.

La hermana de José Couso, Bárbara Couso, ha manifestado también "que a tan solo tres semanas de unas elecciones generales seguimos viendo como desde los poderes del gobierno torpedean la jurisdicción universal que nos ha dado tantas victorias a la ciudadanía y que nos podría dejar obtener verdad, justicia y reparación". En el manifiesto que ha abierto las proclamas, Sabela Couso, hermana del cámara de Telecinco, ha hablado de las "reglas de la guerra que defienden a los periodistas, a los heridos, a los vencidos": "A mi hermano José lo mataron por querer mostrar la verdad con su cámara y apagaron su cámara y su vida".

Por su parte, Bárbara Couso ha pedido también "una investigación independiente al gobierno de los Estados Unidos" y  a acusado al Gobierno de "plegarse a intereses políticos y comerciales para cerrarnos el caso con modificaciones legales". Ha asegurado que estaban allí para reclamar "justicia, no venganza" contra los que consideran culpables del asesinato de su hermano. 

La familia asegura que los soldados estadounidenses sabían que el Hotel Palestina, dónde se encontraba Couso, estaba lleno de periodistas internacionales y que "los disparos certeros contra los balcones" fueron para impedir que los periodistas contasen la verdad sobre "una guerra ilegal" en la que "Aznar nos metió a base de mentiras". En un acto, en el que han abogado por la libertad de expresión y de prensa en todo momento, han considerado este asesinato como un crimen de guerra : "¿Por qué es tan difícil demostrar que atacaron a tres señales de de prensa que emitían en directo? ¿Por qué escupen sobre la verdad? " han lamentado las hermanas del periodista sobre el escenario en la calle Serrano. 

El acto ha terminado con la intervención de la madre del periodista, Maribel Permuy, acompañada de todas las mujeres de la familia. "Una madre valiente que lleva 16 años reclamando justicia por su hijo asesinado", según la ha presentado su propia hija.

Permuy ha recordado el día de la muerte de su hijo que "lleva grabado en su memoria" y cómo siguió los acontecimiento de su muerte. Ha asegurado que Couso se ha convertido en el símbolo de la libertad de prensa y de la libertad de información: "Los disparos contra el Hotel Palestina intentaban acallar las voces del periodismo libre e independiente". "Seguiremos pidiendo justicia ante esta embajada manchada con tu sangre y con la de tantos periodistas asesinados por contar la verdad", ha finalizado con su voz este acto. 

En el acto también han participado dos grupos musicales. Samba da rua que ha dado ritmo con una tamborada con la que se han coreado "Jose Couso, crimen de guerra" y la proclama de la familia "verdad, justicia y reparación". Además ha actuado el grupo Tremenda Jauría con su canción Semillas que ha dedicado expresamente a la embajada. "Nos quisieron enterrar pero no sabían que éramos semillas", ha explicado uno de los componentes del grupo antes de actuar.

Acciones legales de la familia

Junto con las reclamaciones este domingo ante la embajada estadounidense en Madrid, la familia continúa con su lucha legal. En febrero de 2017, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, que confirmó el cierre de la investigación, por lo que presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional, alegando inconstitucionalidad de la reforma y vulneración de la Convención de Ginebra. Este recurso está aún pendiente de resolución.

A finales de 2018 la familia Couso Permuy se reunió con los grupos parlamentarios para abordar el futuro de la investigación, después de que ERC presentara una proposición de ley destinada a revisar las reformas aprobadas por los gobiernos del PSOE y el PP, que limitaron la aplicación en España de la jurisdicción universal. Los grupos parlamentarios anunciaron entonces un acuerdo para desbloquear la revisión de la ley de Justicia Universal, con el PP abierto a "corregir" su reforma. A tres semanas de las elecciones generales, los familiares de José Couso exigen que se retome aquel consenso parlamentario para tumbar la reforma exprés del PP.exprés

Acto en Ferrol

El acto delante de la Embajada de EEUU en Madrid no es el único evento que ha tenido lugar en recuerdo a Couso. En Ferrol, la ciudad natal del cámara, el partido en el que militaba, Izquierda Unida ha recordado, un año más, a un "hombre que murió mientras ejercía su profesión en la ciudad iraquí de Bagdad en 2003". La formación sigue reclamando "investigación y justicia" para una persona que ejercía "una prensa libre y valiente, que fue una amenaza para los impulsores de la guerra".

"No dudaron en eliminar a los que les hacían frente", añade Izquierda Unida Ferrol en un comunicado de prensa recogido por Europa Press. El partido reclama la reapertura del caso, archivado por el Tribunal Constitucional.

La Mesa del Congreso ha desbloqueado este martes la tramitación parlamentaria de la reforma legislativa que presentó ERC para poner fin a los límites de la Justicia Universal y ha puesto fin al plazo de presentación de enmiendas cuya prórroga ya sólo defendía el PSOE, según informa Europa Press.

La pasada semana, con motivo de una reunión con los familiares de José Couso, el cámara asesinado en la guerra de Irak en 2003, los grupos parlamentarios del Congreso anunciaron un acuerdo para desbloquear la tramitación de esa proposición de ley de ERC destinada a revisar las reformas aprobadas por los Gobiernos del PSOE y del PP y que limitaron la aplicación en España de la jurisdicción universal.

Al pacto se sumaron incluso los conservadores, que están abiertos a "corregir" algunos de los puntos de la ley que el Gobierno de Rajoy aprobó con su mayoría absoluta en 2014, y también el PSOE, pese a que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dejado este asunto en manos de una comisión de expertos.

Sin embargo, esta semana, el Grupo Socialista volvió a pedir una prórroga del plazo de presentación de enmiendas, pero, a diferencia de lo que venía ocurriendo desde hace un año, esta vez se quedó solo en la Mesa del Congreso y la ampliación se ha desechado, con lo que los grupos deberán presentar sus propuestas este martes antes de las 20 horas.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha querido dejar claro que su intención no es incumplir el acuerdo alcanzado con la familia Couso, pero entiende que su labor es "mejorar" las leyes. De hecho, ya ha avanzado que el PSOE "claro" que presentará enmiendas al texto de ERC, pero "no para bloquearla".

Cuando llegué al hotel Holiday Inn de Sarajevo, en abril de 1993, sentí miedo. Se escuchaban disparos, el centro de la ciudad olía a basura quemada. Aún no había aprendido lo esencial: diferenciar el sonido de una granada de mortero que sale de otra que entra. La fachada sur estaba marcada por el lenguaje de la guerra: miles de muescas de bala y agujeros causados por proyectiles.

Para acceder al aparcamiento subterráneo había que dar un rodeo por calles angostas antes de salvar los últimos metros por una acera entre volantazos. Se podía vivir en las habitaciones que daban al norte y en las esquinas del oeste y el este. Esa primera vez dormí en el lado bueno. Escogí la cama más alejada de la ventana. Los cristales estaban sujetos por tiras de cinta aislante. No había agua caliente y los cortes de electricidad eran constantes. Era mejor tener una estancia en los primeros pisos porque el ascensor solía estar averiado. Por la noche escuché el martilleo constante de las balas de un francotirador lejano. Soñé con él. Soñé que le disparaba.

El Holiday Inn fue la sede de los periodistas que cubrieron la guerra de Bosnia-Herzegovina, al menos en los primeros dos años. La vía que pasaba delante del edificio -de un amarillo chillón poco adecuado en una guerra- se la renombró “La avenida de los francotiradores”. Era el frente de la guerra.

No sé cómo funciona el mecanismo pero existe un efecto llamada. Unos periodistas se instalan en un hotel que permite trabajar con cierta seguridad y todos se mudan, a cuentagotas o en tropel. Muchos de los que se hospedaron en el Holiday Inn lo abandonaron en 1993 porque se volvió insufrible por la avaricia de los precios. Ganaron las casas particulares y los hoteles pequeños. Nuestro favorito era la Pensión Hondo. Desde su porche acristalado se veía el monte Dbelo Brdo, donde los artilleros serbobosnios disparaban a la ciudad. Ahí se trasladaron varios periodistas estadounidenses ilustres, entre ellos Christiane Amanpour.

Los hoteles y las guerras siempre han sido un matrimonio de conveniencia. Quizá todo empezó en la Guerra Civil española, o tal vez antes. El hotel Florida, ya desaparecido, fue residencia de los principales corresponsales extranjeros que informaron sobre el cerco de Madrid. Allí estuvieron los celebérrimos Ernest Hemingway, Herbert Matthews, John Dos Passos y Martha Gellhorn, entre otros. No estaba tan en el frente como el Holiday Inn de Sarajevo, pero los obuses que estallaban en la Gran Vía pasaban por delante de sus ventanas. La crudeza de la lucha obligó a una mudanza al hotel Gran Vía, frente al edificio de Telefónica, desde donde transmitían. Unos pocos mantuvieron habitaciones en los dos.

No queda rastro de aquel Florida construido por Antonio Palacios, arquitecto del Palacio de Correos, ni un cartel en la plaza de Callao. Fue derribado en 1964 para levantar Galerías Preciados, hoy El Corte Inglés. En el hotel Gran Vía hay un cartel en la fachada que presume de Hemingway. Sólo es autobombo, no parte de la memoria histórica porque peca de exageración. La mayoría de las crónicas de Hemingway nacieron en Callao y en las barras de Chicote.

La guerra de Vietnam también tuvo sus hoteles míticos, como el Caravelle y el Majestic, aunque el más célebre es el Continental inmortalizado por Graham Greene en su novela El americano impasible. Fue el centro de las andanzas de su personaje, el periodista británico Thomas Fowler. Greene elevó también a los altares literarios al hotel Trianon (Olaffson) de Puerto Príncipe en su novela Los comediantes. Los hoteles literarios y los hoteles reales están unidos por el alcohol y una molesta sensación de fragilidad.

Ese espacio de lujo, a menudo en declive, es la última conexión con el mundo que queda atrás, una simulación de normalidad en medio de lo extraordinario. En los comedores se reúne la tribu dividida en sus etnias nacionales o de simpatía, para contarse batallitas, exagerar los méritos y ocultar las historias en las que se trabaja. El polaco Ryszard Kapuscinski tenía la manía de decorar su habitación con objetos, como piedras, para crear un hogar, el lugar al que siempre se quiere regresar.

El Commodore de Beirut fue campo de batalla entre los periodistas Tomás Alcoverro (La Vanguardia) e Ignacio Cembrero (El País). Coincidieron en los años ochenta, los más duros y peligrosos de la guerra civil. Se llevaban bien, tenían piso en el mismo edificio en el barrio suní de Hamra, hasta que la relación se torció. Cuentan que Alcoverro trató de adiestrar al loro del Commodore, que era el de referencia para todos los reporteros. Quería enseñarle a decir: “Cembrero, te odio”. Era una manera de proclamar su guerra privada. A tanto llegó el encono, que el periódico catalán aprovechó un viaje a Turquía de Lluís Foix para recabar información de primera mano. Alcoverro recogió al enviado en el aeropuerto de Beirut, una zona de secuestros, vestido de traje blanco y sombrero, y con un automóvil sin puertas. Foix le espetó: “He venido a comprobar si te has vuelto loco, y la primera impresión no es nada buena”.

Además del Commodore estaba el hotel Cavalier, el favorito de Maruja Torres, algo más recogido en las callejuelas de Hamra. En Jerusalén reina sobre todos los demás establecimientos el American Colony, el hotel de Juan Carlos Gumucio. En los años noventa mantuvo en él dos oficinas simultáneas: en el bar y en la librería de su amigo Munzer Fahmi, una de sus fuentes de noticias.

Semanas antes de que el dictador zaireño Mobutu Sese Seko perdiera su trono en 1997, Kinshasa se llenó de reporteros. Los de la televisión se concentraron en el céntrico hotel Memling, cerca de la embajadas de Francia y EEUU; los plumillas, los que escriben, en el Intercontinental, situado en la zona diplomática en las afueras. Son dos grupos que solían convivir mal. Los primeros, siempre a la carrera entre gritos y con sus cámaras al hombro; los segundos, con la pausa aristocrática que permitían los tiempos anteriores a la llegada de Internet y las redes sociales. Hoy todo está mezclado: unos galopan por un directo; otros, por un tuit. Las clases sociales se han difuminado. A día de hoy, todos picapedreros.

Un oasis en la batalla

Los hoteles en zona de guerra son un oasis en el que se come y duerme, y en ocasiones hasta se juega al tenis. En el bar del Intercontinental de Kinshasa se bebía whisky. Ahí conocí a un surafricano que decía llamarse Neil. Negaba ser un mercenario de la empresa Executive Outcomes, pero me suministraba una información sobre los movimientos de Laurent Kabila, y su significado estratégico, que mejoraron mis crónicas. Neil tenía un amigo aficionado a los dardos que hablaba poco. Le gustaba jugar contra mí porque ganaba siempre. Diez días antes de la caída de Mobutu aparecieron decenas de amigos de Neil que parecían sacados de un entrenamiento de rugby. La mañana de la huida del dictador no quedaba rastro de Neil ni del resto de los mercenarios. La suerte de Kinshasa estaba echada.

En enero de 1999, durante el asedio guerrillero a Freetown, la capital de Sierra Leona, el Cap Sierra era un nido de intrigas. Pocos periodistas, ningún cooperante extranjero, algunos oficiales de las fuerzas de pacificación de los países de África Occidental y decenas de prostitutas. Encontré a Neil vestido de piloto de combate. Llevaba un fusil de asalto. Dije: “Ahora te va a ser difícil convencerme de que no eres militar”. Había una docena de mercenarios, pilotos encargados de hacer volar unos helicópteros artillados con los que hacían frente a la guerrilla. Uno de ellos decía llamarse Fuentes, un francés de origen español. “¿No te acuerdas de mí? Soy tu compañero de dardos”. El País me alertó que uno de esos mercenarios era francés y había trabajado con los paramilitares colombianos. No quise escribir de Fuentes porque era mi seguro de salida. “Si esto se pone mal, tendrás un sitio en mi helicóptero”, decía. Meses después, Human Rights Watch les involucró en matanzas de civiles. No era su primera estancia en Sierra Leona.

Neil me contó que volaron con Mobutu hacia Gbadolite, en el norte de lo que entonces era Zaire. Antes de dejar el país, el hijo del dictador ordenó a sus soldados matar a los mercenarios. Huido el dictador hubo desbandada. Eso les salvó la vida. Cruzaron el río Bangui hacia la República Centroafricana. Allí fueron rescatados por las tropas francesas acantonadas en el país. Su historia ponía al descubierto el hecho de que trabajaban para varios actores: su empresa, los gobiernos a los que daban protección, las compañías de diamantes y Francia.

La memoria del Palestina

Los pocos periodistas extranjeros que entraron en Ruanda durante el genocidio de los tutsis vivían en el aeropuerto protegidos por los cascos azules. Toda la ciudad era una No Go Zone. El Hotel Mil Colinas, al que Hollywood dedicó la película Hotel Ruanda, estaba fuera del alcance. Después se convirtió en la sede de los corresponsales que llegaron para narrar el postgenocidio, cuando las tropas hutus habían dejado el país en dirección a la actual República Democrática de Congo. Cuando llegué a Kigali en 1998 para cubrir el inicio de la sublevación de Kabila contra Mobutu, el Mil Colinas estaba repleto de blancos: periodistas, cooperantes, espías y curiosos. No había habitaciones. Acabé en el Chez Lando, bastante más modesto pero que reunía dos requisitos esenciales: luz y agua.

El hotel Palestina de Bagdad está esculpido en la memoria de los periodistas españoles como el lugar en el perdió la vida el camarógrafo José Couso. El Ejército de EEUU decidió acallar la señal de la agencia Reuters que transmitía en directo la conquista de Bagdad. El proyectil mató al camarógrafo ucraniano Taras Protsyuk que se encontraba en la habitación 1503; Couso filmaba desde la 1403. Fue un crimen de guerra porque era sabido que en ese hotel estaban la mayoría de los periodistas extranjeros, entre ellos numerosos estadounidenses. Fue un aviso.

El Palestina y el Sheraton, situado enfrente, fueron los hoteles de los informadores que cubrieron la invasión y la post-invasión en 2003. Tras el inicio de la insurgencia, en el verano de 2003, los hoteles se convirtieron en objetivo rebelde. La seguridad entorno al Palestina y el Sheraton se volvió insufrible, hasta tres controles que se tomaban una hora. Algunos optamos por la mudanza al hotel Al Mansur, un antiguo Meliá situado al otro lado del río, junto al destruido Ministerio de Información de Sadam Husein. Sólo tenía un control que permitía la ficción de sentirse protegido.

Estaba a un kilómetro de la Zona Verde, sede central del poder de EEUU en Irak. Detrás, la calle Haifa donde la insurgencia se hizo fuerte en 2004. Por la noche se escuchaba el zumbido de los proyectiles en dirección a la sede del Califato norteamericano.

El otro gran hotel, el Al Rasheed, estaba dentro de la Zona Verde. Era de uso exclusivo para los militares y diplomáticos estadounidenses, y sus aliados. Allí me había hospedado 10 años antes, en enero de 1993, cuando George Bush padre se disponía a ceder la presidencia a Bill Clinton. Todos esperaban un ataque de despedida. Cumplió con el guión previsto. Uno de los Tomahawk explotó en el hotel. Buscaba un búnker en el que creían que se escondía Sadam Husein. Solo encontró a la recepcionista Amira, que perdió la vida junto a decenas de personas. Su retrato cuelga de una de las paredes del vestíbulo.

Desde que la mataron, miles de personas, y algunos de los culpables, han desfilado delante de esa foto. Nadie se pregunta por su historia. Y los que la conocen acumularon muertos de otras guerras que acabaron superponiéndose a los anteriores, como si fueran capas de memoria. Atrás quedan las personas, los hoteles, las historias. Después de todo, el periodista que viaja a guerras es un privilegiado: tiene un billete de vuelta.

*Este artículo está publicado en el número de verano de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí

Ya son quince años con Couso. El 8 de abril de 2003, un carro de combate del Ejército de Estados Unidos abría fuego contra el Hotel Palestina en Bagdad (Irak) –sede de la prensa independiente en la ciudad– y acababa con la vida de tres periodistas, entre ellas la del cámara José Couso. Este domingo, un centenar de personas se concentró frente a la Embajada estadounidense en Madrid para, una vez más, exigir justicia.

Esta vez, la asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso (HAC  José Couso) quiso rendirle un homenaje “más familiar” e intervinieron allegados del cámara de Telecinco, en vez de personas del ámbito de la cultura, periodistas, etc. como en otras ocasiones, explicó su hermano, David Couso.

“José no es un referente, ni esta familia es heredera del No a la guerra”, aseguró Couso para añadir que lo que sí han hecho es llevar quince años luchando. Reconoció que para ellos  “no es fácil” tener que seguir pidiendo justicia, pero que, si no lo hicieran, “no se hablaría de José Couso, ni de las mentiras que se contaron para invadir un país, ni por qué atacaron tres señales de prensa”.

Criticó que la Primera Enmienda estadounidense defienda el derecho a la libertad de expresión y que en 2003 no tuvieran reparos en atentar contra “el hotel, Al Jazeera y Reuters”. “José lo único que hace es poner cara a todas esas víctimas anónimas que no la tienen”, añadió. Couso también recordó la reciente muerte de un periodista en Gaza–identificado como prensa– a manos del Ejército israelí: “Cuando nos encontramos con estos casos, recordamos la impunidad que defienden estos gobiernos que hablan de patria y soberanía, pero luego desprecian a los ciudadanos”.

Daniel Galindo también es cámara y fue compañero de José Couso en Telecinco. “Un día como hoy, él vio de frente y nos hizo ver el tanque que lo asesinó”, un momento en el que “todo cambió: el ambiente, las risas, la profesión”, lamentó Galindo. “Aquí seguiremos hasta conseguir que a tus asesinos los mire de frente la justicia”, aseguró.

Jon Galocha denunció que “no interesa” la muerte de su amigo: “Parece que no interesa que se siga exigiendo justicia y así lo demuestra la actuación de políticos a favor de terceros en contra de sus nacionales”. “La reforma del PP de la jurisdicción universal es buena prueba de ello”, añadió. “Dejar impune el asesinato de Couso porque a algunos estados les conviene supondría la aceptación de la barbarie”, criticó Galocha.

También en Ferrol, ciudad de origen de Couso, se celebró este domingo un homenaje en el que Kiko Permuy, tío del periodista, leyó un manifiesto que en Madrid puso voz una amiga de la familia y miembro de la asociación. En él se señaló “la indefensión, el desprecio, el olvido y la indiferencia de los gobiernos de Aznar y Zapatero” que sintieron tras el asesinato de José y criticó que les acusen de “politizar el caso”: “¿Politizar es buscar justicia? ¿Politizar es recurrir todos los archivos de la causa?”.

Por último, habló Maribel Permuy, madre de José Couso, quien se preguntó que “qué se puede esperar de un país que permite las armas de fuego sin control”, en referencia a Estados Unidos.  “Mi querido hijo es una víctima incómoda”, aseguró. “Continuaremos luchando y pidiendo justicia delante de esta embajada que está ensangrentada”, afirmó. “José Couso, crimen de guerra”, terminó.

El acto contó con la participación de un graffitero que, a lo largo de las intervenciones, pintó el retrato de José Couso que hace las veces de logo de la asociación. Además, actuaron la batucada Samba da Rua y Rayden, quien insistió en que “la única forma de armarse es de valor” y que “la memoria es el mejor arma”.

El pasado jueves tuvo lugar otro homenaje al periodista con un concierto en la sala Mon Live de Madrid en el que participaron Vetusta Morla, Amaral, Lori Meyers, la M.O.D.A., Zahara, Andrés Suárez y La Peluquera. Las actuaciones estuvieron presentadas por Facu Díaz y las entradas se agotaron en apenas cinco horas.