El Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con los votos del PP y Vox, la protección del obelisco de sa Feixina, construido durante el franquismo para homenajear a las víctimas del crucero Baleares, hundido con casi 800 combatientes del bando sublevado, pese a que el Gobierno había instado este mismo jueves a su demolición.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha requerido al Ayuntamiento para que elimine el monumento tras incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

El monumento se construyó en 1948 con la voluntad de ensalzar a los casi 800 marineros que murieron cuando proyectiles republicanos hundieron el navío franquista la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, durante la batalla del Cabo de Palos.

Trece meses antes de esa batalla, la mayor de la Guerra Civil, el Baleares participó en el bombardeo de la población civil que huía de Málaga hacia Almería por la carretera litoral, un episodio conocido como La Desbandá.

En opinión de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento debe "entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista".

El requerimiento se ha dado a conocer poco antes de la votación en el pleno de Palma de la modificación del PGOU, que ha motivado al concejal del PSOE Francesc Dalmau a usar su turno de intervención para alertar al gobierno municipal de la resolución del Gobierno y pedir infructuosamente que se sacara del orden del día la votación.

Por parte del gobierno municipal, el tercer teniente de alcaldía, Óscar Fidalgo (PP), ha esgrimido argumentos legales para defender la protección al monumento construido durante la dictadura, por considerar que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSIB) señaló que "no procede la demolición ni concurren los requisitos exigidos por la normativa de memoria democrática".

Además, ha asegurado que la ley de memoria estatal permite la conservación del monumento "cuando no exista exaltación activa de la dictadura" y que la Justicia avaló la resignificación llevada a cabo durante la alcaldía de la socialista Aina Calvo.

También se ha pronunciado el líder local de Vox en el consistorio, Fulgencio Coll, que ha criticado a la izquierda por vivir en "el odio del guerracivilismo" que "sembró" el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de alimentar la "manipulación histórica".

Por parte de Més per Mallorca se ha pronunciado la edil Kika Coll, que ha acusado al PP y Vox de llevar a cabo una "cruzada contra la memoria" y al gobierno municipal de tener "un espíritu democrático con muchas fisuras y brechas".

En cuanto a la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, ha asegurado que el monumento se construyó "para alabar" a aquellos que mataron "a personas inocentes".

El Parlament de las Illes Balears ha derogado este martes la Ley de Memoria Democrática, una propuesta de Vox que ha contado con el apoyo del PP y la oposición de todos los partidos de izquierda de la Cámara legislativa, según recoge EFE.

De este modo, Vox ha logrado uno de sus objetivos políticos de esta legislatura con el respaldo de los populares, que en abril de 2018 apoyaron parcialmente esta ley impulsada por el ejecutivo socialista de Francina Armengol.

En su defensa de la derogación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha repasado una lista de personas asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano, a quienes se dedicaron calles que fueron renombradas a raíz de las leyes de la memoria y que "no tuvieron nada que ver" con el golpe de Estado de Franco de 1936. 

El debate parlamentario ha sido seguido en el salón de los Pasos Perdidos por miembros de la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, ha afirmado que la anulación de esta ley es “un acto muy grave en democracia y es muy doloroso: se derogan derechos humanos”.

El PP de Cataluña impulsará una proposición de ley desde el Parlament para pedir al Congreso de los Diputados que prohíba el burka y el niqab en el espacio público, según recoge EFE.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del PP de Cataluña en el Parlament, Juan Fernández, que ha recordado que el Parlamento balear aprobó recientemente una iniciativa para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos.

Fernández ha explicado que su grupo presentará una proposición de ley en el Parlamento catalán para ser trasladada al Congreso, para que prohíba el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Según el portavoz popular, no se trata de una iniciativa "contra la libertad de creencias", sino de una "medida por la seguridad y por la dignidad de la mujer".

El burka, ha denunciado, "no es una prenda neutra, es un símbolo de sumisión y de invisibilidad", que "representa la negación de la igualdad entre el hombre y la mujer".

"¿Qué tipo de feminismo es aquel que tolera que las mujeres tengan que ir bajo una prisión de tela?", se ha preguntado Fernández, que no se ha pronunciado sobre qué votará su partido en el Congreso en el debate sobre la proposición de ley de JxCat contra el burka.

Por otra parte, Fernández ha celebrado que la Junta de Portavoces del Parlament haya dado luz verde a tramitar una propuesta del PPC para "suprimir el impuesto de sucesiones en Cataluña".

En su opinión, este "impuesto de la muerte" grava el "esfuerzo de toda una vida", por lo que no puede considerarse "justicia fiscal".

El PP ha apoyado este martes por segunda vez a Vox en el Parlament balear —la primera fue en octubre del año pasado— para derogar la Ley de Memoria Democrática, uno de los objetivos políticos del partido de Santiago Abascal, que lo reclamó a cambio de su voto favorable a los presupuestos de 2025.

Los votos de ambas formaciones han servido para rechazar las enmiendas a la totalidad defendidas por los partidos de izquierda (PSIB, Més e IU) contra la proposición de ley de Vox para derogar la norma autonómica de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

En octubre pasado, el PP de Marga Prohens, que gobierna la comunidad autónoma con Vox como socio político puntual, respaldó la toma en consideración de la derogación de esta norma, aprobada en 2018 cuando tenían mayoría los partidos de izquierda y que contó con el apoyo parcial de los populares.

Vox, que condicionó su apoyo a los presupuestos de 2025 a la eliminación de la Ley de Memoria, no respaldó sin embargo el proyecto presupuestario del Govern de Prohens para 2026, pero el PP necesita sus votos para sacar adelante sus iniciativas políticas más relevantes hasta final de legislatura, como la ley agraria.

Por orden de intervención en el debate de este martes, el diputado socialista Omar Lamin, que ha leído una lista de 50 asesinados y desaparecidos en el franquismo, ha advertido de que el PP está derogando "su propia ley", porque en su día contribuyó a su aprobación. "Ahora nos abocan a esta situación, diciendo a las víctimas del fascismo y a sus familiares que su dolor y sus asesinatos ya no importan”, ha criticado Lamin, para quien "Prohens solo cumple sus compromisos con la extrema derecha".

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha recordado que esta ley se aprobó con el consenso de todos los partidos (Vox no tenía representación parlamentaria) para "unir, no para dividir", en favor de las miles de personas represaliadas que fueron "condenadas al olvido: una democracia madura no puede nacer sobre el silencio de las víctimas", ha sentenciado.

En el turno de Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha defendido que los "torturados" de uno y otro bando merecen el mismo reconocimiento público, lo que no prevén "sus leyes de memoria", que son "leyes revanchistas", ha calificado. "Ustedes pretenden ganar el relato de una guerra que perdieron, porque ustedes se sienten los herederos del bando perdedor de la guerra civil, yo no defiendo al bando ganador", ha sostenido Rodríguez, quien considera muy importante derogar una ley "heredera del sanchismo y del zapaterismo", cuyo único propósito es "enfrentar a los españoles".

La diputada del PP Salomé Cabrera ha defendido a "todas las víctimas" y la reconcilición, evitando las divisiones en la sociedad, y que la memoria no sea un "arma política para manipular, imponer y utilizar a los muertos" con intención de dividir. Cabrera ha rechazado el "relato de parte" que plantea la izquierda y ha propuesto una memoria en favor de un reconciliación nacional "efectiva", al tiempo que ha propuesto los valores democráticos de la "generosa" transición política española tras la muerte de Franco.

A las puertas del Parlament, la Plataforma per la Memòria Democràtica ha vuelto a manifestarse y a reprochar al PP que esté “jugando a las cartas” con los derechos humanos.

Hace tres años que el Gobierno aprobó la ley de Memoria Democrática con la que se buscaba reparar a las víctimas, resignificar determinados lugares de acceso público y retirar reconocimientos franquistas. Entre otras cuestiones, obligaba a las administraciones titulares de Lugares de Memoria Democrática a garantizar su "identificación, explicación y señalización adecuada", y al Ejecutivo a "establecer medios de difusión e interpretación de lo acaecido en el mismo" y promover "la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial". Sin embargo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no quiere que una placa recuerde que la sede de su Gobierno fue durante el franquismo un escenario de detención y torturas.

La ofensiva se ha traducido en leyes y recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional que acabaron dando la razón al Gobierno central, pero que no han frenado al Ejecutivo madrileño, que esta mismo miércoles anunció que iba a presentar otro recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la declaración como lugar de memoria democrática de su sede, la misma que durante el franquismo fue la de la Dirección General de Seguridad (DGS). La céntrica plaza madrileña, histórico lugar de movilización social –se dice que la tradición de celebrar allí la entrada de año tiene su origen, precisamente, en una protesta–, fue el epicentro del terror franquista contra la disidencia republicana. Pero Ayuso no quiere que se recuerde públicamente.

Aunque el Boletin Oficial del Estado (BOE) recoge el "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", el Ejecutivo de Ayuso alega que la Casa de Correos no es lugar para la "división", que tiene más de 250 años de historia y "una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración", en palabras del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. "Esta es una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado del autócrata Sánchez", aseguró esta misma semana. "Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad", añadió, y reiteró la negativa del gobierno madrileño a instalar la placa.

Se trata del último acto de insumisión de una autonomía del PP a la Ley de Memoria Democrática tras las derogaciones autonómicas, bloqueos administrativos y pactos con Vox para sustituirla por leyes de "concordia" o "reconciliación", que han sido objeto de disputa política durante años. En las legislaturas de Mariano Rajoy se vació de presupuesto la aplicación de la norma y, desde las elecciones autonómicas de 2023, varios gobiernos autonómicos de PP y Vox han intentado volver a frenar la legislación vigente.

La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido un objetivo a batir para el PP. Tras el cambio de ciclo que trajeron consigo las elecciones autonómicas de 2023, en la memoria se convirtió en la pieza de caza mayor de eso que en la extrema derecha llaman la guerra cultural. Tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo eliminando de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura.

Una ofensiva que acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el Partido Popular. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Galicia y La Rioja las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República. A cambio de estabilidad, los conservadores compraron acuerdos con las principales banderas ideológicas de la extrema derecha.

Unas leyes que en mayo del pasado año fueron duramente criticadas por Naciones Unidas. "Podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos", expresaron tres relatores en un informe al que el PP quitó peso. En ese informe se criticaba que las leyes no condenaban expresamente el golpe de Estado de 1936 ni la dictadura, al contrario de lo que estipula la ley de memoria democrática nacional. También censuraba que esas normas "equiparaban" a las víctimas al ampliar el marco temporal de las de Segunda República (desde 1931), equiparando así un régimen democrático con las de la dictadura posterior. Y también cuestionaban la supresión de términos como "represión franquista" o referencias explícitas a las víctimas de la dictadura.

Otra de las insumisiones de las comunidades del PP a la normativa vigente tiene que ver con el campo educativo. La ley memorialista recoge en un su artículo 44 que el sistema educativo "incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura". Esta obligación va acompañada de otra que se refiere a la formación del profesorado. Esta deberá incluir "formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".

En este sentido, se incluyó en un decreto de enseñanzas mínimas el conocimiento de la represión franquista en los institutos, pero el PP y Vox consideran esos contenidos una forma de "adoctrinamiento".  Así, comunidades como Baleares, Aragón y Castilla y León, se han eliminado o paralizado unidades didácticas que abordaban el franquismo, la represión y la transición democrática. Los contenidos introducidos desde 2022 no se han consolidado y están siendo retirados en varias regiones. En la comunidad presidida por Jorge Azcón, la primera en derogar la ley autonómica previa para sustituirla por otra de "concordia", se han cancelado cursos y recursos pedagógicos vinculados a la memoria histórica.También el Ejecutivo valenciano, en manos del PP de Carlos Mazón, pactó con Vox recortar recursos a las asociaciones y universidades en materia de memoria histórica,

Decisiones políticas que no son exclusivas de los gobiernos en los que el PP depende de Vox. El ejemplo es la Comunidad de Madrid, que dio la orden de retirar un curso para formar al profesorado sobre cómo abordar el franquismo y la memoria en las aulas. En su lugar, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso ofreció a los centros un taller sobre el "pasado y presente de ETA". En Baleares, donde la conservadora Marga Prohens siempre ha gobernado en solitario, se han suspendido visitas a lugares de memoria, como fosas comunes, refugios antiaéreos o centros de interpretación.

El franquismo sigue también presente en las calles. Pero no solo. En pleno 2025, en España sigue habiendo seis pueblos de nombre franquista que todavía no han dado este paso y continúan incumpliendo la ley de memoria democrática. Concretamente Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Todos ellos mantienen denominaciones relacionadas directamente con el dictador Francisco Franco o hacen alusión a políticos y militares claves entre los años previos a la guerra civil y el franquismo, como el general Mola, el general Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS. La denuncia partió del abogado y colaborador de infoLibre Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, que en más de una ocasión ha lamentado "la cantidad de simbología franquista que reside en nuestras calles". En las calles de las principales ciudades españolas, entre ellas la capital, también se siguen manteniendo o, incluso, se ha revertido su cambio. Es lo que hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con cinco calles, entre ellas la del general Millán Astray que el Ayuntamiento de Manuela Carmena modificó en 2018 por el de la Profesora Justa Freire.

En comunidades como Baleres y la Comunitat Valenciana se rechaza directamente retirar elementos y vestigios antidemocráticos del paisaje urbano, como las placas con simbología fascista, los monumentos a los "caídos" y los nombres de calles dedicadas a aquellos que colaboraron con el golpe de estado de 1936 o con la represión franquista, tal como obliga la normativa que los de Santiago Abascal quieren suprimir. El Consell de Carlos Mazón, directamente, ha dado la potestad a los ayuntamientos para recuperar las cruces con simbología franquista que se retiraron durante la anterior ley de memoria democrática, aprobada durante el Govern del Botànic.

Las exhumaciones y los censos de víctimas también forman parte de las políticas de memoria democrática, pero aplicación depende mucho de los gobiernos autonómicos, y en las comunidades presididas por el PP suele ser más limitada. Aunque algunos procesos siguen en marcha, en comunidades como Baleares y Castilla y León se han paralizado o ralentizado exhumaciones de fosas comunes. Al derogarse las leyes autonómicas, se ha dejado sin marco legal a muchas iniciativas locales. En la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco se paralizaron en el año 2022 las subvenciones y ayudas para exhumaciones, pese a tener localizadas más de 300 fosas pendientes.

Otro ejemplo es el de Andalucía, en el que tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta se suprimieron programas autonómicos de censos ni bases de datos públicas como sucedía anteriormente. Actualmente las exhumaciones actuales se realizan por impulso estatal o local, al igual que sucede en Galicia, Murcia, La Rioja o la Comunidad de Madrid, donde no promueven exhumaciones ni censos autonómicos. Tampoco registros de fosas o bases de datos de represaliados y las las labores de memoria las realizan entidades civiles o el propio Ministerio de Memoria Democrática.

Servicios de emergencia, comerciantes y vecinos de la isla de Ibiza han trabajado este miércoles para recuperar la normalidad, principalmente en la capital de la isla, el municipio más afectado por las fuertes lluvias del martes, cuyo alcalde pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica. 

El operativo de la Dirección General de Emergencias se ha volcado en el restablecimiento de las carreteras, infraestructuras críticas y viviendas sin suministro eléctrico o condiciones de habitabilidad, después de trabajar durante toda la noche gestionando 37 incidentes identificados como “prioritarios”, como la limpieza de la planta de logística de hidrocarburos de Exolum, que abastece todo el combustible de la isla, para que los equipos técnicos puedan reparar su instalación de bombeo.

En total, 270 efectivos y 60 vehículos que han llegado a Ibiza para reforzar las capacidades de los servicios de emergencias de la isla han trabajado a la par de los residentes, que han tenido que achicar agua y limpiar barro de sus establecimientos y viviendas afectadas por las lluvias. 

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que se ha desplazado a la isla junto a seis consellers, ha asegurado que la administración autonómica habilitará ayudas para Ibiza y dará apoyo a la declaración de zona catastrófica que soliciten los ayuntamientos de la isla, como ya ha anunciado el alcalde Triguero para la capital ibicenca.

Prohens ha comparecido desde la avenida de Santa Eulària, una de las vías que permanecía cortada por los efectos de las intensas lluvias del martes, y ha señalado que al final del día se podrá tener una “foto más exacta” de las ayudas que serán necesarias, dado que todos los consellers tendrán un “estado de la situación muy exhaustivo” para saber lo que se tiene que “poner en marcha”.

Entre los consellers desplazados se encuentra el responsable de Educación, Antoni Vera, que ha anunciado que todos los centros educativos de Ibiza y Formentera, cerrados por las lluvias e inundaciones, podrán reabrir el jueves con normalidad, a excepción del CEIP Can Misses. Este centro educativo permanecerá cerrado para que los operarios puedan completar las tareas de limpieza y reparación.

Tras la última reunión de seguimiento realizada a primera hora de la tarde por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el Govern balear ha comunicado que la situación en la isla de Ibiza se va estabilizando al “ritmo previsto”. 

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que rescató a un total de 148 personas durante el episodio de fuertes lluvias y que llevó a cabo 59 intervenciones de auxilio en viviendas y vehículos durante las inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que llegaron a registrarse más de 230 litros por metro cuadrado (l/m²) de agua acumulada, y ha considerado estas lluvias como "históricas y extraordinarias”.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dado por sentado que el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica solicitada por las autoridades de Ibiza y ha defendido la actuación de la Aemet, que ha proporcionado "la información disponible en base a criterios técnicos".

Una tromba de agua de casi récord ha golpeado este martes las islas de Ibiza y Formentera, dejando precipitaciones de más de 300 l/m2 en la ciudad de Ibiza, donde se han registrado decenas de llamadas a urgencias y los bomberos han tenido que realizar rescates en bajos y ascensores. Formentera también ha sufrido lluvias de más de 100 l/m², mientras que en Mallorca ha llovido de forma moderada en el sur de la isla, con registros de 40 l/m².

El aguacero de Ibiza ha colapsado la capital de la isla y ha dejado más de un centenar de intervenciones de los servicios de emergencia por vecinos que se han quedado atrapados o que requerían de ayuda por la subida del nivel del agua. Según el ayuntamiento, esta mañana han resultado heridas graves dos personas por caídas. Una ha sido una persona mayor que ha caído por una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle, ha declarado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

Los efectivos han realizado unas 30 intervenciones, mientras que el 112 ha gestionado 78 incidencias vinculadas al temporal. Entre ellas, se ha desalojado una escoleta privada por una inundación. La carretera que lleva al aeropuerto también se ha cortado a primera hora del día y se han producido retrasos en los vuelos a Ibiza. El Consell ha pospuesto hasta las 14.30 la salida de los niños de los colegios para evitar que los padres quedasen atrapados de camino a los centros, y el término de las clases se ha realizado de manera escalonada.

Miquel Salamanca, del equipo de El Tiempo de la televisión pública balear IB3, ha publicado en X que la tormenta ha dejado cantidades de agua de casi récord en Ibiza. "Los 232 milímetros caídos hoy en Ibiza son el registro más importante recogido en la isla desde el 15 de noviembre de 1985 (entonces cayeron 281 en Santa Eulària)", ha escrito. A lo largo de la tarde el contador de precipitación ha seguido creciendo y a las 19.00 horas alcanzaba ya los 302 l/m².

Tras recibir una llamada de socorro del Govern balear, la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa se ha activado de forma permanente en Ibiza, donde acudirán refuerzos desde Mallorca y Valencia. Además de las unidades que están de forma permanente en la isla, está previsto que acuda un primer contingente desde Bétera (Valencia) en helicóptero para que colabore con los medios ya desplegados en Ibiza y que salga otro desde Dènia (Alicante) a partir de las 17.00 horas para llevar material pesado, fundamentalmente para labores de achique.

Pablo Gárriz, director general d'Emergéncies del Govern, ha explicado que a las 17.30 horas ha llegado el primer apoyo de la UME y llegarán otros dos a lo largo de la tarde y de la noche. "No hemos tenido situaciones de riesgo extremo para la población, pero sí hemos detectado algunos bulos que exponen a la gente en riesgo. Pedimos encarecidamente que se sigan los canales oficiales", ha añadido.

En un comunicado, el Govern balear ha detallado que también se ha abierto el alistamiento de voluntarios de Protección Civil, el instituto de naturaleza IBANAT y Bomberos del Consell de Mallorca y del Departamento de Emergencias para apoyar a los municipios ibicencos más afectados. El dispositivo se ha activado después de que Protección Civil balear enviase a las 12.00 horas una alerta a todos los teléfonos móviles en la isla de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de inundaciones por lluvias torrenciales.

El presidente valenciano Carlos Mazón fue el primer dirigente del Partido Popular en anunciar un acuerdo con Vox tras las últimas elecciones autonómicas, de las que esta semana se han cumplido dos años. El 28 de mayo de 2023 los conservadores lograron teñir de azul el mapa de once comunidades autónomas, pero en más de la mitad de ellas necesitaban los apoyos de la extrema derecha de Vox para ser investidos, como finalmente acabó ocurriendo en la Comunitat Valenciana, Baleares, Extremadura, Aragón —que antes de los comicios estaban en manos del PSOE— y también en la Región de Murcia y en Castilla y León. En el caso valenciano, bastaron pocos días y una reunión de tres horas para que PP y Vox acordaran repartirse los puestos de Les Corts y la formación de un Govern de la Generalitat en el que la extrema derecha obtuvo la cuarta parte de las carteras, incluyendo una vicepresidencia. Un trato que, a ojos de la dirección nacional del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo, fue precipitado porque ayudó a apuntalar la campaña del presidente Pedro Sánchez para las generales.

Mazón no solo fue el primero en pactar con la ultraderecha tras el 28M; también tuvo el dudoso honor de ser el primer presidente popular en alcanzar a un acuerdo con los de Abascal para aprobar los presupuestos autonómicos tras la ruptura del pasado verano. En julio de 2024 el líder de Vox dio un golpe de mano y ordenó romper los gobiernos autonómicos por la decisión de las autonomías del PP de aceptar la reubicación de 347 menores migrantes, lo que provocó que los seis gobiernos autonómicos pasaran automáticamente a estar gobernados en minoría. Eso se tradujo en una mayor inestabilidad que les obligó a prorrogar las cuentas a finales del pasado año. El jefe del Consell logró alcanzar un acuerdo pero lo hizo a cambio de asumir sus postulados en materias como la lengua, la inmigración y el medio ambiente. El acuerdo se anunció en marzo y la votación se produjo el miércoles pasado.

Dos días después, este viernes, la presidenta balear Marga Prohens fue la siguiente en anunciar un acuerdo con los ultraderechistas para aprobar las cuentas a cambio del mismo precio que Mazón: asumir los postulados de Vox sobre el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados "porque Baleares tiene una sobreocupación de 226 menores", al pacto verde en las políticas europeas "que asfixia a nuestros payeses y pescadores”; en materia lingüística con el objetivo de garantizar "el conocimiento del español en el sistema educativo", en palabras de la propia Prohens; y en memoria histórica, con la derogación de la ley que precisamente el PP salvó de su derogación gracias un pacto con los partidos de izquierdas. "La continuidad de esta ley nunca ha sido una prioridad para el PP", justificó el portavoz del PP, Sebastià Sagreras.

El acuerdo entre el PP y Vox en Baleares llega casi medio año después de que los ultraderechistas tumbasen en diciembre los presupuestos tras no conseguir que Prohens aceptara sus exigencias, a diferencia de lo que ocurrió este viernes. La portavoz ultra, Manuela Cañadas, se mostró satisfecha por el texto rubricado entre ambos partidos y aseguró que el acuerdo ha permitido poner sobre la mesa medidas que el PP "nunca hubiera aprobado" por sí solo, citando expresamente aquellas relacionadas con el ámbito lingüístico y migratorio. La cuenta oficial del partido también compartió los "logros" alcanzados, citando en primer lugar el "fin de la imposición del catalán", la "retirada de subvenciones a sindicatos y patronal" y la derogación de la ley de memoria histórica, entre otras. Vox espera que las cuatro autonomías del PP que quedan sigan los mismos pasos. Su portavoz, José Antonio Fúster, celebraba el lunes que "se está trabajando muy bien", aunque la situación no es la misma en todas las comunidades.

En la última Junta Directiva Nacional del Partido Popular, celebrada el pasado 19 de mayo, el presidente murciano Fernando López Miras aseguró que ya había un preacuerdo con Vox sobre las partidas presupuestarias de cara a las cuentas autonómicas de 2025: "Tendrá que ser Vox quien diga por qué está bloqueando la firma de ese acuerdo", aseguró en declaraciones ante los medios. Un recado al que respondió el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, instando al presidente murciano a trasladarles un documento por escrito en el que se recogieran sus reivindicaciones y con plazos establecidos. "El Partido Popular nos ha dicho de forma verbal que están de acuerdo y que puede haber un principio de acuerdo. Todo esto que ha dicho se tiene que plasmar en un documento, con fechas claras", dijo, para después añadir que Feijóo era quien estaba "bloqueando" ese acuerdo.

Las exigencias de Vox van en la línea de lo que ya han hecho Mazón y Prohens: una declaración contra el Pacto Verde europeo, el compromiso de no participar en la acogida de menores migrantes, incluyendo la "reversión inmediata" a Canarias y la eliminación de un programa educativo en lengua árabe. En las últimas semanas López Miras se ha mostrado convencido de que el retraso en acordar los presupuestos tiene más que ver "con la forma en la que teatraliza" el partido de Abascal, y que una vez que estén de acuerdo en el rechazo a la migración y a "aquellas políticas del Pacto Verde que están perjudicando a nuestro sector primario", habrá pacto para los presupuestos. Pese a no tener todavía las cuentas aprobadas, para el presidente murciano su situación no se puede comparar con la de Pedro Sánchez porque el socialista "ni siquiera ha presentado unos presupuestos en toda la legislatura".

Al mismo tiempo que Prohens anunciaba el acuerdo con Vox, su homólogo aragonés, Jorge Azcón, confirmaba que no aprobará unos nuevos presupuestos autonómicos este año. La pasada semana, a las puertas de la sede nacional del PP, Azcón ya se mostraba escéptico. "Para que haya un pacto tiene que haber acuerdo de dos", dijo. Pocos días después el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya dejaba entrever que sería muy complicado aprobar las cuentas. "Los presupuestos son de años naturales y no está aprobado el techo de gasto. Nos iríamos a finales de agosto. Soy prudente y no descarto nada, pero hay cosas obvias", apuntaba.

Con todo, Azcón quiso remarcar este viernes que "el adelanto electoral no es un escenario que esté encima de la mesa en Aragón" ya que, aunque la convocatoria electoral está a "su alcance", el conservador justificó utilizarla "cuando sea necesario". La relación entre PP y Vox en Aragón no pasa por su mejor momento y en las Cortes las fricciones no se esconden. En noviembre del pasado año el portavoz ultraderechista, Alejandro Nolasco, aseguraba ya que su "teléfono seguía sin sonar". El presidente aragonés respondió a estas críticas, indicando que, al margen de Nolasco, la formación de Santiago Abascal dispuso a otros interlocutores entre ambos para la elaboración de las cuentas. “El día que quiera le cuento las conversaciones que mantengo con su partido", sostuvo este viernes.

La presidenta extremeña María Guardiola se negaba a pactar con los ultraderechistas tras el 28M. Pero solo le bastaron unos días para dar un giro de 180 grados al que la forzó la dirección del PP después de que ella misma dijera que no podía “dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI” y pasase a considerar “imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox”. Finalmente acordó que los ultras entrarían en el gobierno extremeño con una única consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En enero de este año retiró el proyecto de presupuestos para 2025 tras no conseguir el apoyo ni de Vox ni tampoco de los socialistas. Las negociaciones con la formación ultra se rompieron debido a exigencias consideradas por el PP como "ilegales y anticonstitucionales", incluyendo la realización de consultas populares en municipios con centros de acogida y la financiación de repatriaciones. Pese a la insistencia de Vox, tras ese fracaso Guardiola no ha mostrado interés en afrontar un nuevo proyecto. El Ejecutivo autonómico entiende que es un "capítulo pasado", como ha defendido públicamente la propia Guardiola, que insiste en la idea de que no se reabrirá ese debate este año.

Castilla y León será, casi con toda seguridad, la primera parada del próximo ciclo electoral. Previsiblemente en febrero del año de 2026. La salida del líder de Vox, Juan García-Gallardo, hace unos meses removió las aguas de la política de Castilla y León, aunque el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó entonces la posibilidad de ir a un adelanto electoral, ya que no tiene la certeza de que pueda atar una mayoría absoluta. Esa experiencia ya la ha vivido el propio líder regional, quien adelantó las elecciones en 2022 con la idea de desprenderse de Ciudadanos y amarrar la Junta en solitario. Pero la jugada salió mal frente a sus proyecciones y se encontró con que tuvo que pactar con Vox, dando entrada por primera vez en España a la ultraderecha en un Ejecutivo autonómico. El primero en la etapa de Feijóo como presidente.

El pasado año Mañueco prorrogó las cuentas y, como las elecciones no podrán producirse más allá de marzo del año que viene, es probable que la autonomía llegue a esos comicios con el presupuesto de 2024. Se trata de la quinta vez, en los cerca de seis años al frente del Ejecutivo de Mañueco, que tiene que prorrogar las cuentas ante la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante el anteproyecto de ley presupuestario.

El proyecto de presupuestos de Baleares para 2025 pactado entre el PP y Vox incluye medidas contra la inmigración irregular y ayudas a los agricultores para contrarrestar la "asfixia" del Pacto Verde Europeo, según ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohen, y recoge EFE. La jefa del Ejecutivo balear ha explicado en rueda de prensa que estas son dos de las exigencias de Vox para aprobar una nueva ley presupuestaria junto con políticas para potenciar el castellano frente al catalán, que no ha detallado.

Prohens ha remitido a la comparecencia posterior de los portavoces parlamentarios de los dos partidos para hacer públicos los detalles del pacto, en particular en política lingüística, respecto a la que ha señalado que los cambios se plantearán con "sentido común" y respeto al Estatuto de Autonomía, la Ley de Normalización Lingüística y la autonomía de los centros educativos.

"Se ponen muchas cuestiones sobre la mesa, y al final el acuerdo se alcanza de forma global", ha explicado la líder del PP balear, quien ha remarcado que se trata de un "ejercicio de responsabilidad" por parte de la primera y la tercer fuerza política de la comunidad. Además, se produce "en un contexto nacional preocupante" en que el Gobierno estatal, "asediado por la corrupción", persigue a los jueces, a las fuerzas de seguridad y a los medios de comunicación, ha enfatizado.

En su comparecencia, Prohens ha puesto el acento en las cuestiones clave de la negociación para Vox: la crítica de la política migratoria estatal, en particular por el reparto de menores inmigrantes no acompañados, el rechazo del Pacto Verde Europeo por sus efectos sobre la agricultura local y la defensa del castellano, que el partido derechista considera discriminado frente al catalán.

La presidenta ha asegurado que "estas cuestiones nunca han sido un obstáculo" porque esencialmente el PP coincide con Vox en el rechazo al traslado de menores inmigrantes no acompañados desde Canarias a otras regiones. "No podemos acoger a nadie más en condiciones de dignidad", ha afirmado la jefa del Ejecutivo, que ha recordado que Baleares acoge a 226 menores más de lo que le correspondería por población, y viene sufriendo en los últimos años un incremento constante del número de pateras que llegan a las islas procedentes de Argelia.

En cuanto al rechazo a las políticas de protección del medio ambiente de la Unión Europea, ha dicho que "asfixian" a los payeses de las islas, que se ven obligados a competir en condiciones desiguales con los productores de otros países por las "exigencias inasumibles" de las instituciones comunitarias.

El presupuesto pactado con Vox contempla "medidas de apoyo y defensa" del sector primario e iniciativas para combatir la inmigración irregular, dentro de las competencias que tiene la comunidad. Prohens ha señalado que este acuerdo no presupone la aceptación por parte de Vox de futuras iniciativas del Govern, aunque ha constatado "buena disposición" al diálogo en los últimos meses y confía en que se mantenga en el futuro para garantizar la estabilidad.

Ha remarcado que al inicio de legislatura eligió gobernar en minoría, algo que no le ha impedido, pese a los obstáculos, desarrollar el programa del PP. "Aquí gobernamos, no resistimos", ha dicho para contraponer su situación a la del Gobierno de Pedro Sánchez. 

De regreso a la especie humana, deduzco que si el Reglamento del Parlament Balear no permite que su presidente pueda apropiarse de algo que pertenezca a otro parlamentario, como la foto de papel que Mercedes Garrido tenía en su ordenador, y mucho menos destruirlo, es de suponer que a Le Senne se le podría acusar de algún otro delito además del de odio, y no me refiero solo al de abuso de autoridad. Quizás se ha hecho, pero pienso que la sentencia le podría condenar, además, a devolver la misma foto que destruyó, pero bien enmarcada, para colocarla en todos los despachos y otras dependencias del Parlament como lección viva y para siempre de lo que nunca deberá repetirse.

Hablando de Le Senne, resulta que el juez que instruye las querellas por delito de odio acaba de declarar, a expensas de lo que decida la Audiencia, la apertura de juicio oral, aunque, y como otras veces en según qué casos, contra el criterio del fiscal, una anomalía que nos remite a la numantina defensa de la infanta Cristina que el fiscal Horrach protagonizó durante la instrucción del Caso Nóos para intentar que el juez Castro no pudiera sentarla en el banquillo. Y también a la resolución de marzo de 2022 del fiscal general anticorrupción, Alejandro Luzón, para impedir que el hoy residente en Abu Dabi fuera juzgado por delitos que el propio fiscal sostenía en su escrito que habría cometido.

Para encontrar la respuesta a los “casos” que se producen “según”, nunca debe descartarse la pista de quién o quiénes se benefician.

Pero usted ha leído “¿Quién mantiene a Le Senne…?” en el título porque no estoy de acuerdo con que desde el Cuarto Poder que vive de la libertad de información se practique masivamente la autocensura cuando contar la verdad deja con las vergüenzas al aire a quien, como si no fuera suficiente privilegio, disfruta además de algo tan despreciable como poder delinquir sin miedo a la justicia porque le da la real gana a él en persona y así lo hizo constar. Y si no, que se lo pregunten a la misma Carmen Calvo a quien el 9 de mayo de 2022 aún no le habían tapado la boca con la presidencia del Consejo de Estado.

Le Senne sabe, como todo el mundo, que “quien a buen árbol se arrima…” y, ni corto ni perezoso, cuando un mes después de lo del odio en el Parlament tuvo que acudir a la reunión protocolaria que, como todos los veranos, convoca en el Palacio de Marivent de Palma quien reside en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, decidió implicarlo, pues al finalizar informó a la prensa de que “ha entendido perfectamente lo que ocurrió y lo que todo el mundo sabe, que fue accidental”.

La categoría de la “sombra” elegida por Le Senne para, más que cobijarse, blindarse, se comprende mejor recordando que el “implicado”, además de poder cometer delitos impunemente, es también el MASUFA, acrónimo del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas que le adjudica el artículo 62.h de la Constitución y que supone una amenaza constante para la democracia.

Porque, aunque Le Senne le comentara algo en privado durante la audiencia veraniega, si no hubiera informado a la prensa nunca lo habría colocado ante la tesitura de hacer salir al jefe de su Casa Real para, por ejemplo, desautorizar la información del presidente de un Parlamento autonómico, incluso sin necesidad de desmentirla porque, ¿a qué viene arrogarse el privilegio de informar sobre las opiniones del jefe del Estado?

Resumiendo, lo de menos es que la destitución de Le Senne dependa solo de un PP cuyos portavoces aumentan el tamaño del ridículo que hacen cada vez que les preguntan, pues ya no les quedan balones para tirar fuera cada vez que se atreven a balbucear una respuesta.

Por su parte, la aparente debilidad del jefe de un Estado cuyo modelo no elegible nunca debería haber sido restaurado permite al presidente del Gobierno imaginar que puede manejarlo a su antojo, pero oculta el peligro que significa su complicidad con posiciones contrarias a la democracia, que fue lo que significó su inacción ante las declaraciones de Le Senne y que, a la postre, contribuye decisivamente a mantenerlo en su puesto.

Además, lo que decía: todos los medios informando de que Le Senne será juzgado, pero ninguno, salvo error u omisión por mi parte, recordando que se había blindado con Felipe VI al revelar su respuesta.

Y, por último, si la ley del más fuerte que avanza imparable en las relaciones internacionales se termina importando como fórmula para “resolver” también los conflictos internos en las democracias, podemos comenzar a buscar otros nombres para calificar unos sistemas políticos que creíamos conocer.  

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha defendido este viernes su inocencia respecto al delito de odio del que es acusado y ha aseverado: "Estoy muy tranquilo, no veo motivos para dimitir".

En declaraciones a los periodistas, Le Senne ha recordado que se trata de hechos son "públicos y notorios", en alusión al pleno del pleno del 18 de junio de 2024 cuando rompió una fotografía de tres militantes republicanas asesinadas en Mallorca la noche de Reyes de 1937, según informa EFE.

La apertura de juicio oral que decretó este jueves el juez instructor "no cambia nada la situación", ha considerado Le Senne, que ha reconocido que el "episodio" de aquel pleno "desacredita" la institución del Parlament.

A su parecer, él aplicó el reglamento "correctamente". "Lo que desprestigia a la cámara es que no se acaten las decisiones del presiente", ha insistido.

El juez instructor de la causa por delito de odio contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha dictado la apertura de juicio oral por romper durante un pleno una fotografía de víctimas de la represión franquista, según informa EFE.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, ha emitido una resolución por la que solicita al acusado una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse durante el procedimiento. De acuerdo con el auto, el órgano competente para conocer y juzgar dicha causa será un Juzgado de lo Penal de Palma.

La Audiencia Provincial todavía no ha resuelto el recurso de la Fiscalía y la defensa contra el auto del pasado enero por el que el juez ordena continuar la investigación contra Le Senne por romper una fotografía de militantes republicanas asesinadas en 1937.

El juez instructor concluyó que había indicios suficientes para considerar que los hechos investigados, ocurridos el pasado 18 junio en el pleno de la cámara autonómica, podrían ser constitutivos de un delito de odio del que Le Senne podía ser responsable penal.

Le Senne, durante un debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear, rompió una fotografía en la que aparecían las militantes comunistas Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual, conocidas como Las rojas del Molinar, que fueron asesinadas por falangistas la noche de Reyes de 1937 en Mallorca.

Durante el debate parlamentario, la segunda autoridad en Baleares arrancó la imagen exhibida en el ordenador de la vicepresidenta segunda de la mesa, la socialista Mercedes Garrido. Después de llamar al orden tres veces a ella y también la secretaria segunda de la Mesa, la también socialista Pilar Costa, Le Senne, de acuerdo con el juez instructor, mostró "rabia, ira y desprecio" hacia lo que representan las imágenes arrancando la foto y arrojándola al suelo.

Además, estos hechos no ocurrieron en cualquier lugar, sino en la institución que representa a la comunidad, y precisamente en la fecha en la que se estaba discutiendo la derogación de la Ley de Memoria Histórica de las islas, remarca el magistrado.

La Fiscalía pidió el sobreseimiento de las actuaciones contra Le Senne y la defensa del político de Vox reclamó el archivo de las actuaciones al considerar que "no tuvo responsabilidad alguna en los hechos denunciados".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca, en su nombre y en el de los familiares de las republicanas represaliadas de la fotografía, pidió en su escrito de acusación contra el presidente del Parlament 20 meses de prisión, una multa de alrededor de 9.900 euros y el pago de una indemnización de 30.000 euros.

La acusación popular, por su parte, reclama para Le Senne 16 meses de cárcel, 30.000 euros de multa, otros 30.000 euros de indemnización, la suspensión de cargo público por tres años y medio y una inhabilitación por diez años.

Las otras dos acusaciones, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y el Partido Comunista de España (PCE), solicitan que se le imponga a Le Senne cuatro años y 20 meses de cárcel, respectivamente, así como el pago de indemnizaciones desde los 13.000 a los 80.000 euros. En cuanto a la petición de PCPE para que el partido político Vox sea juzgado en condición de responsable civil subsidiario, el juez ha declinado este punto al considerar que los hechos investigados son unas acciones del presidente del Parlament en el que nada tuvo que ver la formación.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha anunciado este martes la retirada del proyecto de presupuestos para 2025 tras romper negociaciones con Vox y ha pactado con la izquierda mantener la Ley de Memoria Democrática, que estaba previsto derogar este martes, según informa EFE.

La líder del PP ha asegurado que "no se dan las condiciones en estos momentos para negociar y aprobar los presupuestos" después de que Vox condicionara su apoyo a que el catalán deje de ser lengua vehicular en la enseñanza, una exigencia que supera las "líneas rojas" que Prohens está dispuesta a aceptar.

La prórroga de los presupuestos de este año al próximo ejercicio se ha confirmado en el mismo pleno en que el PP y la izquierda han acordado aplazar para una próxima sesión la votación de la derogación de la Ley de Memoria Democrática, una iniciativa de Vox que hasta ahora sí apoyaban los populares.

En contrapartida, el Govern del PP ha obtenido inicialmente el respaldo de la izquierda para ratificar un decreto ley que corregirá las enmiendas de Vox a la Ley de Simplificación Administrativa que modificaban aspectos esenciales de la política lingüística, unas enmiendas que se aprobaron hace dos semanas por un error en la votación del grupo popular.

"Somos un Govern en minoría que negociamos ley a ley e iniciativa a iniciativa", ha remarcado Prohens en un accidentado pleno del Parlament autonómico en el que, no obstante, ha evitado romper puentes con Vox, como le reclama la izquierda. "No creo que se tenga que hacer ningún cordón sanitario", ha matizado.

En adelante, el PP, que cuenta con 25 de los 59 diputados del Parlament, buscará acuerdos con todos los partidos para impulsar sus proyectos legislativos, aunque su "línea roja y hoja de ruta" será el programa con el que ganó las últimas elecciones.

El portavoz del grupo popular, Sebastià Sagreras, ha detallado que su propósito es sumar una mayoría suficiente que permita aprobar el febrero unos nuevos presupuestos y ha remarcado que para el Govern era una "prioridad" corregir el error que cometió al aprobar las enmiendas de Vox que suspenden parte de la legislación lingüística vigente.

Preguntado por un posible adelanto electoral, ha remarcado que su intención es negociar "en serio" unos presupuestos para seguir gobernando, aunque ha apostillado: "Somos el PP y las noches electorales nos gustan".

El PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca han celebrado el acuerdo con el PP para salvar la Ley de Memoria Democrática y que además se abra la posibilidad de negociar los presupuestos de 2025.

El socialista Iago Negueruela ha asegurado que "se ha de hablar de todo". "Los partidos tenemos que reunirnos y ver qué papel asumirá cada uno en este nuevo escenario", ha señalado.

El coordinador autonómico de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha añadido que "en este nuevo escenario el diálogo con el Govern es más fácil" y ha emplazado al vicepresidente, Toni Costa, a definir hasta qué punto hay disponibilidad a acordar unos nuevos presupuestos.

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha causado al Govern y a los diputados del PP de mentir a los ciudadanos y a los medios de comunicación y de aliarse con los partidos de izquierda. A primera hora de este martes, Vox había remitido un comunicado asegurando que negociaba su apoyo a los presupuestos porque el Govern había aceptado avanzar en materia de "libertad lingüística", una afirmación que el ejecutivo ha desmentido tajantemente apenas media hora después.

Cañadas ha insistido en que tiene pruebas de la reunión de más de dos horas que mantuvo en la noche del miércoles con el PP y ha calificado de "vergüenza" el pacto del partido del Govern con la izquierda. "No se puede pactar con Dios y con el diablo", ha afirmado.

Tal y como estaba previsto antes del acuerdo que evitará su derogación, a las puertas del Parlament se ha celebrado una concentración en defensa de la Ley de Memoria Democrática convocada por organizaciones memorialistas, que han celebrado la vigencia de la misma.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha celebrado a través de X que finalmente no se haya derogado la Ley de Memoria Democrática, aprobada cuando ella era presidenta balear, y ha sentenciado: "Gana la dignidad". "Dijimos que no permitiríamos volver al olvido, que la memoria nos hace mejores como pueblo", ha asegurado la líder el PSIB.

En menos de dos semanas tres comunidades en las que el Partido Popular gobierna—Baleares, Cantabria y Castilla y León— han tomado medidas opuestas sobre una misma materia: la memoria histórica. Hace diez días el PP balear anunció que su partido votaría a favor de la derogación de la ley autonómica presentada por la formación de Santiago Abascal tiempo atrás. Es lo que también hizo este lunes el PP cántabro, que unió sus votos a los Vox a para eliminar la ley regional. Dos días después, sin embargo, el PP de Castilla y León votó en contra de la ley de "concordia" que ellos mismos habían registrado junto a la ultraderecha siete metes antes.

La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido para la derecha un objetivo a batir. Lo fue hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy derogó de facto la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero dejándola sin fondos. Y lo ha seguido siendo tras el cambio de ciclo que trajeron consigo las elecciones autonómicas del pasado año, en la memoria se convirtió–de nuevo– en la pieza de caza mayor de eso que llamaron guerra cultural.

Tras el 28M las autonomías en las que el PP pactó con Vox para llegar a la presidencia se comprometieron a eliminar de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura. Una medida que conservadores y extrema derecha enmarcaron en los distintos acuerdos en la búsqueda de una supuesta "reconciliación" y "concordia real" para evitar cualquier "manipulación histórica" que pretenda "imponer una memoria parcial y sesgada".

Ese compromiso rápidamente se convirtió en una de las prioridades políticas de la legislatura, especialmente en las autonomías en las que la extrema derecha entró a gobernar. No tardaron en ponerse manos a la obra. El primer paso lo dieron en Aragón, aprobando una derogación de la normativa memorialista regional que fue presentada en las Cortes el 20 de noviembre del pasado año, efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco. Tras esto, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal comenzaron a moverse en Comunitat Valenciana, Castilla y León y Baleares. La decisión de Vox de romper con el PP el pasado julio ha provocado, sin embargo, que algunas comunidades sigan adelante con esa prerrogativa y otras no.

Tanto en Aragón como en la Comunitat Valenciana derecha y ultraderecha primero registraron sus llamadas leyes de concordia, con las que buscaban reemplazar las normas autonómicas de memoria con textos que ampliaban el periodo de cobertura hasta 1931, con la llegada de la Segunda República, y después derogaron las leyes autonómicas existentes. En el caso de Aragón, el borrado se llevó a cabo por el procedimiento de urgencia, que permite una tramitación parlamentaria más ágil, y con el rechazo frontal de todo el tejido memorialista. Eso no impidió al Gobierno de Jorge Azcón aprobar, en junio de este año, el Plan para la Preservación de la Concordia, que evita referirse al franquismo o la Guerra Civil y solo hace una referencia general a las víctimas de la violencia “ejercida por regímenes totalitarios o dictaduras".

En el caso valenciano, el president Carlos Mazón decidió derogar la ley junto a Vox el mismo día en el que estaba previsto —como así sucedió— que Vox rompiera los Ejecutivos autonómicos con el PP. La ley valenciana asegura que "todas las víctimas son iguales" y equipara a las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las del terrorismo etarra, sin condenar el franquismo ni distinguir a las miles de personas asesinadas que acabaron en fosas comunes.

El Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional la derogación del Ejecutivo aragonés y el tribunal de garantías aceptó el recurso, paralizando así la norma. En su demanda, el Ejecutivo de Pedro Sánchez alegó que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, "por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas" y también que podría ser contraria a competencias estatales con relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 de la Constitución. En el caso valenciano, el Gobierno central ha propuesto esta misma semana a la Generalitat negociar para evitar otro recurso ante el Constitucional.

En Baleares, donde la popular Marga Prohens gobierna —desde sus inicios— en solitario gracias a un acuerdo programático con Vox que, pese a la ruptura del pasado julio, parece que sigue vigente. La portavoz parlamentaria del PP balear, Marga Durán, fue la encargada de anunciar que su partido votaría a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica. En Cantabria también hay un gobierno monocolor del PP con María José Sáenz de Buruaga a la cabeza, pero el lunes también se sirvieron de los votos de Vox para aprobar la supresión de la anterior legislación, aprobada por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria en 2021.

En el caso balear se trataba de de un compromiso que formaba parte del acuerdo de 110 medidas que Prohens suscribió con los ultraderechistas el pasado año para garantizar su investidura, pero que no formaba parte de su programa electoral. La pasada semana el PP justificó el apoyo de su formación a la iniciativa alegando que la normativa estatal sobre memoria histórica y la ley de fosas de Baleares hacen innecesaria la norma autonómica.

Un argumento similar al del PP cántabro. El portavoz del partido, Iñigo Fernández, cargó tintas contra la norma de 2021 y la calificó como un "atropello" y una "imposición" que no "respeta sensibilidades" y que se llevó a cabo "sin disposición a aceptar un diálogo sincero": "Derogando esta ley damos un paso en defensa de la convivencia y las libertades frente al atropello de aprobar esta norma a las bravas", señaló tras la votación, que se aprobó con 19 votos a favor y 16 en contra. Aunque todavía no ha entrado en vigor, lo hará en los próximos meses.

Más llamativo es el caso de Castilla y León. Este miércoles el PP votó en contra de tramitar la ley de concordia que negoció con Vox cuando ambos partidos gobernaban en coalición. Una norma que omitía el término dictadura e imponía una suerte de silencio sobre las víctimas y, sobre todo, sus verdugos al prohibir la difusión de datos sobre las exhumaciones llevadas a cabo en la región. Asimismo prohibía difundir públicamente la identidad de las víctimas rescatadas del olvido e incluía a las víctimas del terrorismo.

La negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que hasta hace solo unos meses defendía que la norma "ampliaba derechos" no responde, sin embargo, a motivos ideológicos. En concreto, lo que argumentó el PP es que antes de aprobar la norma debería ser revisada por el Consejo Consultivo. Un informe, que sin embargo, la Mesa vio innecesario en el mes de abril. "Ese informe parece resultar imprescindible para continuar la tramitación de esa Proposición de Ley. El Grupo Popular consideró no prioritaria su tramitación y de no disponer de este informe, la prudencia aconseja esperar", señaló el procurador del PP, Óscar Reguera.

En esa línea, Reguera también advirtió de que la derogación en Aragón había sido "objeto de recurso de inconstitucionalidad" y que la Comunitat Valenciana podría ser la siguiente. Eso no evitó los reproches de Vox que anticipó a Mañueco que iba a pagar "muy cara" esa decisión en las urnas. El presidente de la Junta no intervino en el debate y, aunque su portavoz evitó el cuerpo a cuerpo con los ultras, aseguró que por motivos de "prudencia" había que esperar.

La posición del líder del PP ha virado desde que llegó a Génova hace más de dos años, pese a que cuando lideraba la oposición en el Parlamento gallego, en 2008, decidió por sorpresa votar a favor en el Parlamento autonómico de una resolución impulsada por socialistas y nacionalistas en la que se condenaba con rotundidad el franquismo. Aquel movimiento de quien fuera su delfín enfureció a Manuel Fragaf, quien había crecido políticamente al calor del régimen franquista como ministro de Información y Turismo.

En el verano de 2016, ya con mayoría absoluta y Feijóo en la Xunta, el PP también votó a favor de una declaración institucional en la que se condenaba "el golpe de Estado perpetrado por Franco el 18 de julio de 1936, el régimen dictatorial consecuencia de ese golpe de Estado y los crímenes y represiones ejercidos sobre las personas vencidas".

Pero esa imagen de conservador moderado, que siempre ha tratado de explotar a nivel mediático, se vino abajo con su llegada a Madrid. Su aterrizaje en Génova le llevó a adoptar la clásica postura del PP en todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo. Tres meses tardó en asegurar que derogaría la Ley de Memoria Democrática desde que cogió las riendas del partido por aclamación, lo mismo que llevaba prometiendo Pablo Casado desde sus inicios. Feijóo cogió el testigo de su sucesor y continuó en la misma línea. Para lo que Casado era "la guerra del abuelo", para el gallego es ahora una simple pelea de antepasados.

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha asegurado este sábado, en el sexto Congreso de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), que si el Partido Popular quiere "recuperar el sentido común después de que Vox les haya abandonado, tiene los votos de esta formación para tumbar mañana mismo el plan de segregación lingüística".

Armengol se ha referido al primer año de Govern del PP, afirmando que, cuando un gobernante celebra su primer año, es un momento de alegría, aunque en Baleares éste se ha celebrado con la ruptura de un acuerdo de gobernabilidad y con la presidenta "con más inestabilidad y menos apoyo en el Parlament de la historia democrática".

En este sentido, ha criticado la "irresponsabilidad" del actual Govern por "no hablar con nadie e irse de vacaciones", a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria.

Asimismo, en relación a otros temas, como la necesidad de poner límites y acabar con los excesos, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso ha afirmado que no se puede "decir con una mano que se quiere un pacto por la sostenibilidad y con la otra aprobar un decreto ley con más crecimiento urbanístico".

Armengol, quien este sábado ha intervenido en el sexto Congreso de la FSE-PSOE, que ha elegido a Vicent Rosselló como nuevo secretario general, a lo que se ha referido como "una magnífica elección", ha advertido finalmente que los socialistas "no quieren crecer más urbanísticamente en viviendas de lujo que hacen imposible que los residentes puedan tener una casa" y ha defendido que, en contraposición, el modelo socialista que tiene como objetivo que "los ibicencos y sus hijos puedan tener casa y una vida en su isla", pasa necesariamente por apostar por la construcción de vivienda social.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Baleares, Sebastià Sagreras, ha rechazado este martes la propuesta de la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ofreciendo sus votos a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para apartar a Gabriel Le Senne (Vox) como presidente del Parlament. "Ni el PSIB ni Armengol tienen ninguna credibilidad", ha declarado Sagreras, que ha recordado otros episodios en los que los socialistas ofrecieron sus votos, afirmando que sólo sirvieron para "beneficiar a Vox". "Me atrevo a decir que se retroalimentan", ha apostillado el conservador.

Sagreras se ha referido la investidura de Marga Prohens, donde el PSIB "se negó" a abstenerse "aunque sumaban más que el resto de la izquierda junta y no había ninguna mayoría alternativa"; o a la votación del techo de gasto que estuvo marcada por el debate del calendario para la libre elección de lengua.

Además, respecto a los hechos por los que piden apartar a Le Senne -el incidente con una foto de Aurora Picornell en el pleno-, Sagreras ha recordado que ya han condenado lo ocurrido "de forma contundente". En esta línea, el diputado ha argumentado que desde el PP piden "a todos los grupos hacer una profunda reflexión para rebajar la tensión y la crispación frente a un clima irrespirable en el Parlament, no desde el martes, sino en las últimas semanas".

Y en particular, Sagreras ha reclamado a Armengol que, como secretario general del PSIB, "reflexione también y no contribuya a esta crispación". Asimismo, le ha recomendado "que reflexione sobre otros temas que también son importantes", como su idoneidad como presidenta del Congreso "ante la ramificación del caso Koldo en Baleares", o sobre "el mensaje que envía a la ciudadanía una Ley de Amnistía que rompe la separación de poderes en el Estado de derecho para beneficiar a personas procesadas incluso por delitos de corrupción".

Ha sido la propia Armengol la que ha ofrecido este martes a Prohens los votos de los diputados socialistas para echar al actual presidente del Parlament. El PSIB ha reunido la Comisión Ejecutiva Permanente de forma urgente para analizar la "situación de emergencia democrática" en la que consideran que se encuentra Baleares, tras el comportamiento "inasumible" de Le Senne tras romper una fotografía de Aurora Picornell durante el pleno del pasado martes.

Armengol ha dirigido la reunión y ha anunciado que pone a disposición de Prohens los votos del Grupo Parlamentario Socialista para echar Le Senne y elegir un nuevo presidente del PP. "Los hechos ocurridos la semana pasada por el presidente Le Senne en el Parlament, en contra del respeto democrático, de las víctimas del franquismo, de la tolerancia y de nuestra democracia, hace que el Partido Socialista haya tomado una decisión firme ante un momento absolutamente extraordinario", ha declarado Armengol.

La secretaria general ha recordado que el PSIB-PSOE, junto con los otros grupos de la oposición, ha pedido la dimisión inmediata del presidente del Parlament pero que, como ve que "la derecha no está actuando como corresponde, y en un momento extraordinario que está afectando nuestra democracia, estamos dispuestos a ceder los votos necesarios al Grupo Popular para que una persona de su grupo pueda devolver la dignidad democrática al Parlament y que el señor Le Senne haga efectiva su dimisión de forma inmediata", ha explicado Armengol.

Paralelamente, el Grupo Parlamentario Socialista continuará pidiendo la convocatoria de una Mesa del Parlament para que se pueda tramitar la petición de remoción de Le Senne y ésta se pueda debatir y votar en un pleno extraordinario.

El PSOE balear ha presentado en un juzgado de instrucción de Palma una denuncia contra el director general del IbSalut, Javier Ureña, a quien acusan de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la renuncia al primer expediente de reclamación de las mascarillas que se compraron en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional (AN), según informa Europa Press. Lo ha explicado este viernes en rueda de prensa, poco después de presentar la denuncia en los juzgados, el portavoz parlamentario de la formación, Iago Negueruela, que ha comparecido acompañado de la diputada Mercedes Garrido.

Los socialistas acusan a Ureña de construir, con el conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto del Ejecutivo autonómico, un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación que había iniciado el anterior Govern.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se extiende a Ignacio Rotaeche, socio mayoritario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, así como a la propia mercantil, los socialistas acusan al director general del IbSalut de "a sabiendas y deliberadamente" permitir la caducidad del expediente de reclamación de la compra que había iniciado el anterior Govern y que lo hizo "en claro beneficio de la empresa y sus partícipes" y "debido a la presión de los medios de comunicación".

La denuncia entiende que Ureña, tras conocerse en febrero de 2024 las investigaciones que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional, "como cortina de humo" instó un nuevo expediente de nulidad de todo el contrato adjudicado por vía de emergencia. Según la cronología expuesta por el PSIB, el 20 de marzo de 2023, el director general del ISalut, en aquel momento Manuel Palomino, comunicó a la empresa que las mascarillas suministradas no reunían los requisitos acordes a la contratación. Más tarde, el 6 de julio del mismo año, el subdirector de la central de compras y logística firmó la Propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato reclamando la cantidad de 2,7 millones de euros.

El 24 de agosto de 2023, el actual director general del IbSalut, Javier Ureña firmó —dando continuidad al expediente iniciado por el anterior Govern— la resolución del órgano de contratación por la que se continua con el expediente iniciado el 6 de julio de 2023. Esta resolución fue comunicada a Soluciones de Gestión el 17 de octubre con un plazo para resolver de tres meses.

En aquel mes se produjo un intercambio de correos entre la empresa y el IbSalut y se produce la visita de representantes de la empresa al almacén en el que estaban guardadas las mascarillas. Finalmente, el 6 de noviembre 2023 la empresa adjudicataria presentó alegaciones a la resolución parcial por incumplimiento del contrato de emergencia.

La denuncia recoge que al mismo tiempo se conocieron a través de los medios de comunicación escuchas en las que el empresario Carlos Cueto comunicaba informaba a Rotaeche que Baleares "no iba a seguir con la reclamación de las mascarillas", de lo que el PSIB deduce trato de favor.

También dicen que los oficios policiales constatan que desde que recibió la notificación por la reclamación de Baleares en octubre de 2023, una persona estuvo solicitando "la influencia de Koldo para que no prospere" hasta enero de 2024, fecha que corresponde al vencimiento de la caducidad del expediente administrativo de incumplimiento parcial.

El PSIB acusa a Javier Ureña de "dejadez deliberada" a partir del mes de noviembre de 2023 cuando, tras las alegaciones de la empresa, no se produce ninguna otra diligencia, no se requiere la subsanación de ninguna deficiencia y no se resuelve en plazo el expediente administrativo de resolución parcial del contrato.

Los socialistas acusan de este modo al director del IbSalut de mantener "una conducta omisiva deliberada encaminada a provocar la caducidad del expediente en beneficio de la empresa adjudicataria". Insisten de este modo en que el plazo de caducidad de la reclamación era de tres meses.

Para el PSIB, el anuncio de desistir de la primera reclamación y comenzar una de oficio para reclamar la nulidad del contrato se hizo "con ánimo de ocultar su conducta llevada a cabo en el expediente de resolución parcial para desviar el foco mediático, político y especialmente su conducta ilegal".

La denuncia presentada en el juzgado señala como "otra prueba más de la arbitraria forma" de proceder de Ureña el hecho de que iniciara un nuevo expediente sabiendo que no es conforme derecho por cuanto a tratarse el contrato cuya nulidad se pretende, de un contrato adjudicad por los trámites de emergencia.

El diputado balear Sergio Rodríguez ha asegurado este martes que por el momento él y sus cuatro compañeros continúan formando parte de Vox, a cuya dirección ofrecen "la mano tendida" para reconducir la situación, mientras que los términos del acuerdo con el PP "se mantienen igual": "Garantizamos la gobernabilidad de Baleares", ha aseverado.

Así se ha expresado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlament balear, ya que los cinco diputados conservan el grupo y la marca Vox dentro de la Cámara. De hecho, reforzando ese mensaje, en la comparecencia de Rodríguez el atril ha lucido el habitual cartel del grupo parlamentario con el logo verde del partido, según ha recogido Europa Press.

El diputado ha insistido en todo momento en que los cinco diputados -Idoia Ribas, Agustín Buades, María José Verdú y Manuela Cañadas, además de él mismo- no han recibido ninguna comunicación oficial ejecutando su expulsión, a pesar del anuncio del secretario general, Ignacio Garriga.

"No es nuestra intención abandonar el partido ni lo ha sido nunca", ha subrayado el portavoz adjunto, avisando a la cúpula nacional de que "la política de la avestruz jamás ha solventado ningún problema". Por ello, se mantienen "abiertos a cualquier solución que quiera proponer el partido". "Salvo la muerte y los impuestos todo tiene solución en esta vida", ha enfatizado.

Con este tono, Rodríguez ha lamentado los calificativos empleados por algunos dirigentes refiriéndose a los diputados autonómicos como "traidores" o "sujetos movidos por ambición personal".

"Quiero pensar que fue un lapsus fruto de la posición incómoda en la que sin duda se encontró [Garriga] en aquella rueda de prensa", ha apuntado el balear, que ha desmentido "una lucha por sillones" y ha añadido que "un traidor es el que falta a sus ideas". "Duermo muy tranquilo por las noches, me puedo mirar en el espejo y mi conciencia está prístina", ha apostillado.

Asimismo, Rodríguez ha dirigido críticas a la dirección nacional por no haber atendido las "propuestas de mejora" planteadas por el grupo en una comunicación interna hace unas semanas, "después de muchos intentos de solucionar los problemas de organización de Vox en Baleares".

En esta línea, Rodríguez y sus compañeros se siguen considerando los interlocutores válidos con el PP en lo que respecta al acuerdo de gobernabilidad en Baleares. "Somos fieles a lo que firmó el PP con Vox, nos vamos a mantener en todos los puntos, no hay negociaciones nuevas ni demandas diferentes", ha aseverado.

"La estabilidad y la gobernabilidad en Baleares está absolutamente garantizada, no nos planteamos más escenarios electorales en un futuro próximo que aquellos que ya están convocados", ha reforzado posteriormente.

Así, el diputado ha prometido que no propiciarán "ninguna inestabilidad", eso sí, "siempre y cuando el PP siga siendo fiel" a los puntos del acuerdo.

Precisamente, Rodríguez ha defendido la solidez de dicho acuerdo censurando que la dirección nacional habría "exigido" al grupo parlamentario que se enfrentara con el PP en Baleares a cuenta de la lengua en la enseñanza.

Según el diputado, después de que Vox mantuviera con los populares una negociación "complicada" para acordar los 20 millones de euros para la libre elección de lengua, la cúpula del partido habría pretendido que los diputados abrieran un nuevo frente por el 25% de horas lectivas en castellano, saliendo a respaldar las reivindicaciones de una familia. "La libertad no se aplica en porcentajes", ha lanzado Rodríguez.

Hace una semana, desde el partido se difundió a los medios un comunicado con declaraciones de Patricia de las Heras al respecto; "declaraciones incendiarias" en opinión de Rodríguez: "Parecía que sólo quería dinamitar el acuerdo tan costoso al que había llegado el grupo. Ha sido la gota que ha colmado el vaso en una sucesión constante de entorpecimientos que no podíamos seguir consintiendo".

El diputado ha justificado así la expulsión de Le Senne y De las Heras del grupo parlamentario, acusando a la presidenta del partido de haber ejecutado una "táctica" casi "militar" de aislamiento hacia el grupo parlamentario, y a Le Senne de haber participado de esa estrategia como miembro del Comité Ejecutivo Provincial.

Por ello, los cinco diputados acusan a la presidenta de partido de "deslealtad", y le reprochan asimismo su "falta absoluta de liderazgo", "obvia" vistos los acontecimientos. También sostienen que Le Senne se ausentaba de la mayoría de reuniones del grupo por considerar que "su puesto le eximía de participar en el día a día".

Con este discurso, Rodríguez ha asegurado que son ellos quienes defienden "los mismos principios" con los que Vox se presentó a las elecciones.

Asimismo, en virtud del reglamento los cinco diputados ven indiscutible que les corresponde a ellos designar un candidato a la presidencia de la Cámara cuando se produzca el cese de Le Senne, si bien el portavoz adjunto ha dejado claro que no se puede "dar por hecho" que vaya a ser Idoia Ribas.

"Elegiremos entre nosotros el candidato que consideremos más idóneo para presidir la Cámara por su experiencia, por su perfil y por su capacidad", se ha limitado a indicar, aclarando que no han abordado esta cuestión con el PP.

Al mismo tiempo, Rodríguez ha criticado la decisión de Le Senne de "atrincherarse" al solicitar informes jurídicos sobre su expulsión, recalcando que le dieron la "oportunidad de dimitir y de seguir pertenenciendo al grupo".

"El sr. Le Senne sabrá qué directrices quiere seguir y hasta qué punto se puede enrocar en esta posición", ha lanzado el diputado, pidiendo al aún presidente que por "el bien de todos los ciudadanos y la dignidad de esta Cámara" tenga en cuenta que el reglamento "es absolutamente transparente", y recordando el precedente de Xelo Huertas y su expulsión de Podemos en 2017.

Por ello, Rodríguez ha confiado en que Le Senne "no quiera actuar como víctima propiciatoria de este enfrentamiento", "reflexione" y se dé "cuenta de que es absurdo este intento de alargar unas semanas de agonía".

Por otro lado, a preguntas de los medios, Rodríguez ha aclarado que las asignaciones económicas que el Parlament proporciona a los partidos se abonan a una cuenta bancaria de la que es titular el grupo parlamentario.

A esto ha añadido que son transferencias fiscalizadas por los servicios de intervención del Parlament "y se tiene clarísimo en qué se puede o no gastar ese dinero".

Como es habitual en otras formaciones políticas, según Rodríguez, un porcentaje de dichas asignaciones se traslada al partido. En su caso se hace mediante un convenio con Vox España por una serie de servicios que la formación presta al grupo parlamentario.

El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado la petición de expulsión del grupo de la diputada y presidenta del partido, Patricia de las Heras, y del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne. La comunicación se ha conocido este lunes, según informa Europa Press.

Desde la dirección nacional de Vox ha expresado su respaldo a los dos dirigentes apartados del grupo parlamentario y ha anunciado que propondrá la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que trataron de echarlos "unilateralmente". Así lo ha zanjado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al ser preguntado por la crisis abierta en la organización balear .

Según ha explicado, los dos dirigentes apartados cuentan con todo el apoyo de la dirección nacional de Vox, mientras que los cinco que comunicaron la expulsión al Parlament han actuado "de manera unilateral" y sin informar a Madrid, por lo que el 'número dos' del partido propondrá su expulsión.

En sendos escritos firmados por la portavoz, Idoia Ribas, y los diputados Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, María José Verdú y Agustín Buades, explican que la decisión se ha tomado por unanimidad de estos cinco parlamentarios en una reunión a la que también estaban convocados La Senne y De las Heras.

En declaraciones a los medios, Ribas ha justificado su expulsión por "circunstancias internas de este grupo y para conseguir la mejor unidad posible". Vox pide así a la Mesa que adopte las medidas previstas para hacer efectiva la expulsión y pasen a tener la condición de diputados no adscritos y que cesen en sus puestos en los diferentes órganos de la Cámara desde que dejan de pertenecer al grupo.

Con la expulsión de De las Heras y de Le Senne, Vox quedará en el Parlament con cinco diputados, tras la salida de Cardona como diputado no adscrito a finales de octubre de 2023, tras la crisis abierta a raíz de la aprobación del techo de gasto.

El PP ha enmarcado en decisiones internas de Vox ambas expulsiones. Fuentes han expresado de este modo respeto por la resolución de los socios investiduras y han evitado pronunciarse en relación a la renovación de la presidencia de la Cámara autonómica, que tendrá que celebrarse próximamente.

Cabe recordar que Gabriel Le Senne fue elegido presidente del Parlament en virtud de un acuerdo suscrito entre PP y Vox para facilitar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern. Fuera del grupo parlamentario y como diputado no adscrito, Le Senne no puede seguir presidiendo la Cámara autonómica por lo que el pleno tendrá que votar una nueva presidencia.

Esta renovación podría tener lugar el próximo 6 de febrero, cuando está prevista la primera sesión plenaria del nuevo periodo de sesiones. Cabe recordar que, según el reglamento de la Cámara, en la elección del presidente o presidenta, es elegida la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación. Si no, en una segunda votación obtiene la presidencia quien acumula más votos.

Sumar ha denunciado la falta de transparencia y de pacto en algunos contratos hipotecarios y ha exigido al Gobierno intervenir para corregir algunas irregularidades como las amortizaciones no pactadas que las entidades financieras aplican unilateralmente en las hipotecas de los consumidores, según ha informado Europa Press.

En concreto, han sido los diputados Félix Alonso y Carlos Martín quienes han registrado una batería de preguntas en el Congreso para saber la posición del Gobierno sobre el sistema 'redito ad libitum' (Redal) en los contratos hipotecarios, mediante el cual, según apuntan, los bancos podrían estar ocultando al consumidor la carga económica y sus obligaciones financieras.

Los diputados explican que en un contrato hipotecario definido de forma correcta deben establecerse dos acuerdos, uno por los intereses que el cliente pagará mensualmente por el dinero prestado por el banco y otro por la cantidad de capital que se amortizará cada mes para devolver el préstamo.

Estos acuerdos se suscriben mediante dos fórmulas matemáticas que hacen referencia a los intereses devengados, por un lado, y las cuotas, por otro. La suma de ambas se conoce como cuota mixta.

Según un informe de la Dirección General de Consumo del Govern balear, en los contratos en situación Redal, falta la fórmula o el pacto financiero que determina el importe de las nuevas cuotas cuando se cambia el tipo de interés del préstamo, entre otras irregularidades.

De este modo, en algunos contratos las fórmulas están mal puestas y el lenguaje técnico utilizado sólo es comprensible por profesionales con conocimiento de economía o matemática avanzada, algo que, a juicio de los diputados, "también es irregular".

Alonso y Martín señalan que este tipo de contratos para la concesión de hipotecas era habitual hasta 2011, cuando el Ministerio de Economía publicó una Orden Ministerial para acabar con el problema. También aseguran que el Banco de España sabía de estos contratos desde el 2002.

Desde Sumar entienden que estos contratos, que son validados después por notarios y otros fedatarios públicos, contienen "graves errores, cláusulas abusivas, falta de transparencia financiera y otro tipo de irregularidades", por lo que se podría recurrir a la Justicia para recurrirlos e incluso evitar el desahucio en una situación de impago de la cuota.

Con todo ello, Sumar quiere saber cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto tomar en estas situaciones y si se prevén cambios en la legislación para mejorar la protección de los consumidores.

También preguntan los diputados cómo planea el Ejecutivo afrontar los casos en que los consumidores se enfrentan a una quiebra debido a la imposición unilateral de una de estas amortizaciones y cuáles son las medidas de apoyo financiero que se pueden ofrecer.

En última instancia, el grupo plurinacional sugiere recursos y programas educativos para ayudar a los consumidores a comprender mejor los términos financieros de los contratos hipotecarios y a tomar decisiones informadas antes de firmar un préstamo hipotecario.