Memoria histórica

La ley de memoria de Castilla-La Mancha se hunde tras la ruptura entre PSOE y Podemos

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Castilla-La Mancha no tendrá, por el momento, una ley de memoria histórica propia, a diferencia de otras comunidades. La Mesa de las Cortes castellanomanchegas decidió el pasado 24 de octubre admitir a trámite el escrito por el que el Consejo de Gobierno expresa su oposición a la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de la Memoria Democrática impulsada por Podemos. El Ejecutivo dirigido por el socialista Emiliano García-Page recurrió al mecanismo recogido en el artículo 156.1 del reglamento de la Cámara para bloquear la iniciativa de la formación morada. De la misma manera que sucede a nivel estatal, el Consejo puede solicitar que no se tramite una ley si "implicara aumento de crédito o disminución de ingresos presupuestarios".

La decisión del Ejecutivo castellanomanchego se produce sólo un mes después de que Podemos Castilla-La Mancha decidiese romper el pacto de investidura –documento en el que no se hacía mención alguna a medidas en materia de memoria histórica– que permitió a los socialistas arrebatarle al PP el Gobierno autonómico tras cuatro años en la oposición. La formación morada, en boca de su secretario general en la comunidad, José García Molina, justificó la ruptura señalando que García-Page había actuado "espontánea y unilateralmente durante más de un año, más ocupado en anuncios que en obras y más ocupado en lo que se mueve en Ferraz y en decapitar a [Pedro] Sánchez que en dar vida a Castilla-La Mancha". 

Los socialistas castellanomanchegos leyeron la decisión en clave nacional, achacándola al aumento de la presión de algunos barones del PSOE –entre ellos García-Page– para que la formación pasase del "no es no" a la abstención. Sin embargo, el presidente de la Junta trató a comienzos de octubre, durante el debate sobre el estado de la región, de encarrilar la situación. "Lo que acordemos aquí no lo van a decidir en Madrid ni Javier Fernández ni Pablo Iglesias. Si estamos de acuerdo en eso, ya habremos avanzado mucho", dijo el socialista. A pesar de los intentos, las relaciones entre ambas formaciones en Castilla-La Mancha se han enfriado y la memoria histórica parece ser una de las primeras víctimas.

El momento político "está influyendo"

La primera reacción vino de la mano del secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha el pasado lunes. Así, a través de un vídeo de un minuto publicado en su cuenta de Facebook, José García Molina aseguró que se estaba "reponiendo" de la decisión de la Mesa de las Cortes castellanomanchegas y afirmó que era un "día triste" para "los derechos humanos en la región" y para "la memoria del propio PSOE y de tantos socialistas que han luchado por esos derechos". En este sentido, el líder regional de la formación morada aprovechó el momento para relacionar a los socialistas con el PP: "Parece que sus políticas cada vez se acercan más. Ninguno de los dos parecen querer una ley de memoria democrática".

"Hay cuestiones de urgencia que no pueden paralizarse en virtud de los dirigentes o de quién esté gobernando", apunta en conversación telefónica con infoLibre Ana Navarrete, secretaria de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos en Castilla-La Mancha. La número tres de la formación morada fue la encargada de presentar en rueda de prensa a comienzos de septiembre la proposición de ley de memoria democrática. Sin embargo, ahora lamenta que la normativa "ni siquiera haya pasado a debate parlamentario". "La han rechazado de entrada", se queja Navarrete.

Con esto sobre la mesa, llega la pregunta clave: ¿Ha tenido algo que ver el aumento de la tensión con los socialistas en la decisión tomada por el Ejecutivo castellanomanchego? Ana Navarrete lo tiene claro: "El momento político está influyendo mucho. Estoy segura de que con un contexto diferente, hubiera actuado de otra manera. Estamos convencidos de que hubiera entrado al menos al debate parlamentario", asevera. En este sentido, hace alusión a la decisión del PSOE a nivel nacional de abstenerse para permitir la investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy. "Si está renunciando a luchar por los derechos de los ciudadanos españoles, ¿va a renunciar también a dotar económicamente a la ley de memoria histórica el mes que viene?", se pregunta.

"Nada que ver" con la tensión

Una vez aireada la polémica, los socialistas salieron a dar explicaciones a través del portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Nacho Hernando: "Tiene que haber un planteamiento serio por parte del Gobierno de España que financie la normativa que ya hay a nivel estatal". Una ley, la de 2007, de la que recordó su procedencia "socialista". En este sentido, Hernando sugirió a la formación morada que presente "iniciativas parlamentarias" para pedir que se cumpla con la Ley 52/2007 y que haya "una dotación presupuestaria" después de varios años con las ayudas estatales para la memoria histórica completamente congeladas.

Fuentes del PSOE-CLM consultadas por infoLibre aseguran que la decisión tomada "no tiene nada que ver" con el incremento de la tensión entre las dos formaciones políticas tras la decisión de Podemos de romper el pacto de investidura. Preguntadas por el bloqueo del Gobierno de García-Page a la norma de Podemos, sostienen que "el problema es el gasto presupuestario". "Si tenemos que ser las comunidades las que paguemos cada vez que no se cumplen las leyes estatales –en referencia a la 52/2007–... ¿De dónde sacamos los recursos?", sostienen. Los socialistas, además, consideran que esto sería "un disparate" y recuerdan, de nuevo, que ya existe una normativa estatal que el Gobierno central "tiene que financiar".

"Entendemos que el problema económico siempre está muy presente", responde Navarrete. Pero añade a renglón seguido que el Ejecutivo castellanomanchego podría haberse comprometido "a dotar" la ley de memoria en un futuro y, mientras tanto, haber empezado "a trabajar por aquello que no requiera dinero". "Porque la normativa no sólo busca exhumar o crear bancos de ADN, sino que también pretende crear programas decentes en materia educativa o construir espacios de la memoria", sostiene la secretaria de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales del partido morado.

Los socialistas castellanomanchegos no llevaban en su programa para las autonómicas del 24 de mayo de 2015 ninguna propuesta en materia de memoria histórica. Sí que hacía alguna mención en su documento programático el partido liderado por Pablo Iglesias. Era su medida 266: "Impulsar la recuperación de la memoria histórica castellanomanchega, teniendo como prioridad, la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de la justicia internacional. Se dará pleno apoyo institucional en todos los ámbitos (cultural, político, judicial, económico) a la recuperación de la memoria histórica en Castilla La Mancha".

"Con nosotros no han hablado"

Desde el PP no desaprovecharon la opción de asestar un golpe a los dos partidos políticos por la polémica relacionada con la memoria histórica. Pero lo hicieron a su manera. Así, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, aseguró que el tema de las víctimas del franquismo "no preocupa a la inmensa mayoría" de los castellanomanchegos, y lamentó que PSOE y Podemos estén "enredados" en este asunto, que calificó como "secundario". "Ha sido la única vez o una de las escasas veces que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vetado una ley", concluyó Cañizares, agregando que el Ejecutivo "sus razones tendrá" para adoptar esta decisión.

Las asociaciones memorialistas, que por el momento habían permanecido en silencio, respondieron a estas declaraciones. El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha emitió un comunicado en el que expresó su "total rechazo" por las "lamentables y cínicas declaraciones" de Cañizares, que entendieron como "una prueba más del fracaso de la reinserción de los franquístas en el sistema democrático". Sobre todo, añadieron, por venir de una formación [el PP] "que ha sometido a los ciudadanos de este país a graves recortes en todas esas materias que son sin duda importantísimas y prioritarias para el bienestar de todos". 

Respecto a la proposición de ley de Podemos, las asociaciones memorialistas consultadas por este diario coinciden en criticar que la formación morada no se haya reunido con ellas para la elaboración de la norma. "Podríamos haber aportado ideas o haber dado nuestra opinión sobre el documento", apunta Emilio Salas, presidente del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha. "Hacen bandera a lo largo del texto del trabajo de las asociaciones de memoria histórica pero con nosotros no han hablado para nada", apunta Máximo Molina, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca, un colectivo que aunque parece provincial, tiene influencia en toda la región.

Desde Podemos se defienden asegurando, en palabras de Navarrete, que la iniciativa ha sido impulsada y la ley ha sido desarrollada "por los propios movimientos civiles". El pasado 2 de marzo, cuando se puso sobre la mesa la idea de crear una normativa a nivel regional, la secretaria de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos en Castilla-La Mancha intervino de la mano de las asociaciones La Gavilla Verde y Ciudadanos por la República. "Consultaron a los movimientos que consideraron oportuno y nos la remitieron de nuevo para revisarla antes de registrarla", señala Navarrete, que añade que a ella le hubiese gustado "en un escenario real sentar en una misma mesa a todas las asociaciones memorialistas".

"Lucha" que "no tiene que ver" con la memoria

A Máximo Molina no le sorprende la decisión adoptada por los socialistas castellanomanchegos. "Si el PSOE se ha caracterizado por algo respecto a la ley de memoria histórica es por no hacer nada, salvo en cuestiones puntuales", sostiene el portavoz de la ARMH de Cuenca. "Llevamos años solicitando medidas. Pero tanto con [José] Bono –presidente de la Junta entre 1983 y 2004– como con [José María] Barreda –jefe del Ejecutivo castellanomanchego entre 2004 y 2011– fue imposible que prosperasen", sostiene Salas. "En Castilla-La Mancha, la realidad con el PSOE no es la misma que en otras comunidades como Extremadura, donde incluso tienen su propia Secretaría de Memoria Histórica", culmina en este sentido Molina.

A ninguno de los dos colectivos se les escapa tampoco la situación actual en la que están Podemos y los socialistas en la región. "Ahora parece que nos vemos envueltos en una lucha que quizá no tenga tanto que ver con la memoria histórica", sostiene en este sentido el portavoz de ARMH Cuenca. "Nos parece que el tema es lo bastante delicado y trágico como para que nos incluyan en este juego", añade, por su parte, el presidente del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha. 

¿Ley autonómica o ley estatal?

Ambas asociaciones, sin embargo, discrepan en relación con los contenidos y con la necesidad de impulsar leyes en esta línea a nivel autonómico. Ambas organizaciones son conscientes de que la Ley 52/2007 está muerta. Salas, por su parte, cree que impulsar este tipo de iniciativas a escala regional "es una pérdida de tiempo" si luego no se cumplen, y añade que pueden suponer un "agravio comparativo" con otras comunidades en las que la izquierda "no tiene la suficiente fuerza" como para impulsarlas. Por ello, considera "más importante" revivir la normativa a nivel estatal recuperando las partidas económicas que, en 2011, llegaron a alcanzar los 6,2 millones de euros.

Preguntado por el contenido de la ley impulsada desde Podemos, Salas afirma que "le falta lo fundamental": "La anulación de los juicios franquistas". Para Molina, sin embargo, la normativa que llevó a las Cortes la formación morada no le parece tan mala. "Tiene algunas lagunas, problemas terminológicos... Pero muchos de los tiros no van errados", apunta. Por ello, no considera equivocado plantear este tipo de normativas a nivel regional porque cuando se gestó la ley estatal "se quedaron demasiadas cosas en el tintero". "Me parecen buenas si van un poco más allá de la Ley 52/2007", sostiene el portavoz de ARMH Cuenca. Sin embargo, parece que los más de 8.000 desaparecidos y sus familias no tendrán, de momento, una ley de memoria histórica en la región.

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