España ya puede presumir de estar en la cima de la defensa europea de los derechos LGTBIQ+. Es la conclusión del mapeo que cada año confecciona la organización ILGA Europa, un análisis que pone sobre la mesa los avances simbólicos, materiales y legislativos, pero también los retrocesos y la reacción ultra que pone en la diana las conquistas del colectivo.

El mapa que escudriña la situación de las personas LGTBIQ+ en casi medio centenar de países europeos concede a España el primer puesto tras haber constatado que el Gobierno "ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023", mediante la adopción de planes de acción para la igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario, tal y como ha publicado la organización este martes. 

España destaca por encima de los demás países en prácticamente todas las áreas estudiadas. Los expertos le otorgan la máxima puntuación en terrenos como la participación política, en tanto que las personas del colectivo cuentan con las bases necesarias para el ejercicio de la libertad de reunión, asociación y expresión. También obtiene sobresaliente en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos familiares de las personas LGTBIQ+, gracias a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, la adopción, la inseminación artificial y la paternidad trans. Y las políticas de asilo incluyen medidas positivas respecto a las personas del colectivo, como la formación específica o la existencia de módulos especializados para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo.

La responsable de la puntuación obtenida es fundamentalmente la conocida como ley trans, elogiada por los autores y autoras del informe en el grueso de su análisis. Si España puede hoy ser referente en cuanto a la despatologización del colectivo, la autodeterminación del género o la educación en diversidad, es gracias a la legislación aprobada hace ahora tres años y a su aplicación efectiva.

"Hoy es un día importante", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años", ha presumido en declaraciones a los medios, tras advertir que aun así urge estar "muy atentos y muy alerta para que no haya retrocesos".

Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, ha situado este martes a España como "un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un Gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder". Sin embargo, su organización advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Las agresiones contra las personas LGTBIQ+, según el último informe de la Federación Estatal, han aumentado un 15% "impulsadas por un clima de discurso de odio que envalentona la violencia contra los grupos vulnerables".

En enero del año pasado, una discoteca de Torremolinos (Málaga) publicó en redes sociales un reglamento de admisión para entrar en el espacio de ocio. Entre los requisitos, figuraba uno muy concreto: no ser homosexual. Es uno de los hechos que recoge el informe anual, cuyos expertos ponen la lupa también sobre todos los mecanismos que inmediatamente se activaron para corregir la situación.

ILGA no pasa por alto aquellos recovecos en los que las buenas prácticas todavía no han logrado resultados. Mencionan, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento formal hacia las personas no binarias, la restricción de edad para la plena autodeterminación de género o la ausencia de una justicia accesible para las personas intersexuales que hayan sido víctimas de intervenciones médicas. 

El informe menciona a la extrema derecha como principal responsable de difundir discursos de odio y obstaculizar los derechos del colectivo. Pero no solo: el Partido Popular también ha llamado la atención de la organización por su oposición reiterada a la ley trans estatal y sus alianzas autonómicas con la ultraderecha para restringir derechos. El informe recoge, en ese sentido, los intentos de retroceso en Valencia y Madrid tras las modificaciones de sus leyes específicas, ambas recurridas ante la justicia y suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que no todo son buenas noticias para las personas LGTBIQ+ que habitan en suelo europeo. En siete países no existe ninguna protección legal contra la discriminación hacia el colectivo y solo diez países prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En menos de la mitad de los países analizados se permite el matrimonio igualitario y en un total de 18 no existe ningún tipo de protección legal para las parejas del mismo género. 

Únicamente Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben las intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales. Y doce países no cuentan con ningún procedimiento legal o administrativo para el reconocimiento legal del género.

Países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Mónaco, Rumanía o Ucrania están a la cola en la defensa de las personas LGTBIQ+. Pero no son los únicos: la media europea no llega al aprobado –el porcentaje se instala en el 42,73% en Europa y en el 52,1% en la Unión Europea–, mientras que territorios como Italia, Polonia, Hungría o Chipre están lejos de ser lugares seguros para el colectivo.

La población LGTBIQ+ no se libra del odio: el 54% del colectivo afirma haber sido víctima de algún tipo de ataque en el último año, motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo indica el informe Estado del Odio 2026, una investigación publicada este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por el centro demoscópico 40dB. "Una proporción significativa" de esta comunidad continúa "enfrentándose a incidentes motivados por prejuicio o rechazo hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por sus características sexuales". 

Los resultados de la encuesta arrojan datos alarmantes: el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha sentenciado la presidenta de la Federación Estatal, Paula Iglesias. 

Sin embargo, advierten los autores del informe, ninguno de estos fenómenos sucede de forma aislada: "Una proporción considerable de personas declara haber experimentado múltiples formas de violencia de manera simultánea". Y un 11% asegura haber sufrido las tres situaciones de forma conjunta. "Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo, además, igual de frecuentes todas las formas de violencia", en palabras de la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal, María Rodríguez.

La violencia que sufren las personas del colectivo se produce a la vista de toda la población. La calle es el espacio que con mayor frecuencia se convierte en un escenario de odio (32%), seguido del centro de trabajo (13%), los espacios de ocio (13%) y el transporte público (9%). Pero ni siquiera los espacios que se presuponen seguros son garantía para estas personas: el 11% reporta violencia en el ámbito familiar.

El odio contra el colectivo ha encontrado, en los últimos años, expresiones más amplias gracias a la inestimable ayuda de las redes sociales. Los insultos en el entorno digital constituyen la forma más frecuente de violencia en el plano online, mencionados por el 18% de las personas encuestadas. A ello le sigue el aislamiento o rechazo (13%) y la discriminación laboral en plataformas digitales (11%). El 7% de las personas del colectivo declaran, además, haber sufrido coacciones, amenazas y sextorsión.

Instagram es la red social más señalada por las personas del colectivo (29%), seguida de X (25%), Facebook (17%) y TikTok (16%). Se trata de espacios donde "la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados", expresan los autores del informe.

El problema estructural que implica el odio generalizado contra el colectivo se ve alimentado por otra gran brecha: la falta de recursos a la hora de dar la voz de alarma. La inmensa mayoría de expresiones de odio son susceptibles de ser denunciadas, insiste el informe, pero el problema de la infradenuncia sigue enquistado.

El 65% de las personas encuestadas optó por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acudió a alguna asociación especializada. Únicamente el 35% decidió llamar a la puerta de alguna comisaría.

Las razones que disuaden a las personas del colectivo a la hora de denunciar son diversas: no conceder importancia a lo sucedido es citado por el 25%, la vergüenza disuade al 19%, mientras que el 13% sencillamente reconoce que no se le ocurrió. El 12% se instala en la normalización de la violencia al destacar que le sucede todo el rato. Sin embargo, la mayoría evita denunciar por motivos relacionados con el trato que esperan recibir: un 24% pensaba que no le iba a servir para nada y el 13% asumía que no le iban a creer. El 16% no confía en la Policía e incluso piensa que la respuesta entre las autoridades será discriminatoria.

Entre quienes denuncian, lo cierto es que las experiencias negativas prevalecen con mucho (74%) sobre las positivas (57%). Las voces recopiladas para la confección del estudio reportan que la Policía minimizó lo sucedido, hizo sentir mal a la víctima, formuló preguntas incómodas o negó la raíz LGTBIfóbica del hecho denunciado a través de sus comentarios.

Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?

"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales". 

Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo. 

El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades. 

"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".

Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".

En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.

Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".

¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".

En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea. 

Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.

Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad. 

Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.

Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.

"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.

Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".

Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.

El feminismo ha rugido en las calles contra los feminicidios, ha clamado por la libertad sexual de las mujeres y por la defensa sin matices del derecho al aborto. Lo ha hecho año tras año, llenando las calles e interpelando a decenas de miles de personas que han acudido puntuales a la cita del 8M. El movimiento feminista ha sido tradicionalmente un espacio de reivindicación legítima, pertinente y justa, una trinchera construida en base al consenso social. Pero la desmovilización generalizada, el avance reaccionario y la institucionalización del antifeminismo, caen como una losa sobre las espaldas de las feministas.

Precisamente debido a la urgencia del contexto presente, hoy es más importante que nunca salir a las calles. Así lo entiende Lourdes Borrás, militante del Movimiento Feminista de Madrid. "La movilización ciudadana es importantísima dada la situación de los derechos de las mujeres, tanto en este país como en el mundo", asiente al otro lado del teléfono. 

La activista Justa Montero conjuga el arrojo propio del movimiento feminista con la inquietud derivada de la coyuntura actual. "Los ánimos están bien, pero hay preocupación por todo lo que sucede", perfila al otro lado del teléfono. Montero se detiene en el contexto bélico internacional y en la situación de violencia generalizada contra las mujeres, pero también en la voluntad de no permanecer calladas: "Somos más en todas partes", clama.

También invoca el "ahora más que nunca" Laura Aparicio, activista en la Comisión 8M de Madrid. "Es el momento de unirnos y ser fuertes porque se puede, ha pasado otras veces y hemos podido ganarles", sentencia, para enseguida poner énfasis en la lógica feminista de hacer memoria: "No queremos que eso se olvide".

El momento de "avance de la ultraderecha" es en realidad el "caldo de cultivo" perfecto para la "pérdida de derechos de las mujeres", perfila Borrás. Así que las feministas no están en condiciones de bajar la guardia. 

También lo cree así Charo Luque, activista en la Plataforma 8M de Sevilla, quien introduce la tarea de contener el avance reaccionario en todos los frentes. Habla de sanidad pública, educación laica y derechos laborales. También de abolicionismo de la prostitución y de construir una sociedad libre de violencias patriarcales. Recuerda que "los avances cuestan mucho" y que hoy campan a sus anchas discursos que hasta hace poco "no eran políticamente correctos". 

"Ya no hay ningún tipo de vergüenza a la hora de expresarlo y hacer una defensa de barbaridades absolutas que chocan con el mínimo concepto de democracia y derechos humanos", lamenta la activista sevillana. El peligro no es abstracto, sino que se concreta en la pérdida progresiva de derechos y en la merma de las condiciones materiales para las mujeres. "El discurso de la ultraderecha va avanzando y parece que reírse de los derechos de las mujeres sale gratis, hasta se hace gala de ello en las instituciones".

Y en paralelo al avance reaccionario, otras malas noticias: el porcentaje de población joven que se autopercibe como feminista ha ido experimentando un descenso progresivo en el último lustro. El Barómetro Juventud y Género de 2025, publicado por Fad Juventud, muestra un incremento progresivo del sentir feminista hasta 2021 y un descenso desde entonces. Hoy, el 46,1% de los jóvenes no se considera feminista y el 15,5% no tiene una respuesta clara. Cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política.

Pese a la ofensiva reaccionaria y sus efectos en las generaciones más jóvenes, las activistas feministas se sienten cargadas de razones. "Es obvio el auge de la extrema derecha, pero hemos visto que la gente buena somos más", incluso aunque no exista una identificación expresa con el feminismo, razona Aparicio. Lo son, observa la activista, aquellas personas que salen a parar una vuelta ciclista en defensa del pueblo palestino, aquellas que protestan ante un desahucio y las que sencillamente ofrecen ayuda al vecino. "A mucha gente le da miedo denominarse como feminista, pero nos resistimos a que sea una derrota".

La propia encuesta, hilvana Montero, ofrece algunos motivos para sortear la desafección. El 48,9% de los jóvenes considera que existen desigualdades de género grandes o muy grandes y el 49,2% afirma que el feminismo es necesario para paliarlas. "La situación es mucho más compleja de lo que muestran las encuestas y tiene muchas paradojas", advierte la activista. La receta, a su juicio, pasa por atender a la "necesidad de escucha, diálogo y pedagogía".

Borrás se aferra a otra realidad: la brecha de género. Ellas siguen considerándose feministas en mayor medida, un 51,3% de chicas lo señala así según la encuesta citada. "Hay que seguir trabajando, pero al final cuando una sufre la opresión en sus propias carnes, toma conciencia", así que ellas también "vendrán al feminismo".

Luque, en cambio, reconoce temor ante los pasos hacia atrás. Hace unos años, la resistencia de los jóvenes a identificarse como feministas tenía que ver con que la desigualdad era percibida como "un capítulo pasado de nuestra historia", pero el problema ahora es otro, sostiene: el discurso feminista se banaliza, los bulos corren como la pólvora y la idea de los hombres como los grandes oprimidos cobra fuerza. 

8 de marzo de 2017. Unas 40.000 personas salieron a la calle en Madrid, según cifras de la Delegación del Gobierno –muy por debajo de los cálculos de las organizaciones–. La asistencia se cuadruplicó al año siguiente: fueron 170.000 los manifestantes entonces. Pero el pico histórico estaba aún por llegar. En 2019, salieron a las calles de Madrid 375.000 personas y la participación no bajó de las 200.000 personas en territorios como Barcelona, Valencia o Zaragoza. El músculo del feminismo tendría un impacto internacional.

Después llegaría la pandemia. Y a partir de ahí, la caída en picado. El año pasado fueron 25.000 los manifestantes que desfilaron por el empedrado madrileño. "Una mirada histórica del feminismo nos muestra que puede haber momentos pujantes y después una reacción del sistema patriarcal", apostilla Borrás. No es una dinámica que les resulte ajena, "pero las feministas han estado en las trincheras muchas veces a lo largo de la historia". Detrás del 8M está el "trabajo de mujeres que tienen el convencimiento de que es la única vía para vivir en igualdad plena y libres de violencia, no hay otro camino".

Para Luque, el mayor activo del feminismo no son tanto sus habilidades en clave movilizadora, sino su "capacidad para transformar". Así lo han demostrado, asiente la activista, a lo largo de la historia. "La capacidad de movilizar puede ser muy puntual, ligada a una serie de circunstancias que en nuestro caso dieron pie a las grandes manifestaciones", afina. Ha habido desde entonces un cambio cultural, pero el trabajo por apuntalar el feminismo como uno de los principales movimientos sociales con vocación transformadora se mantiene intacto.

Las feministas no esquivan al fantasma de la división interna, una herida que parece haber dejado de supurar. Por un lado, hay quien habla de la imposibilidad de avanzar de la mano de quienes niegan derechos a compañeras de trinchera. Por otro, no son pocas las voces que sitúan como irrenunciable la defensa de la mujer como sujeto político de la lucha. La mayoría de las activistas han naturalizado las diferencias y si en algo coinciden es, precisamente, en la necesidad de salir a las calles ante un enemigo común: la extrema derecha.

Aparicio confía en reavivar aquel fulgor feminista que sí se expresó en las grandes manifestaciones. "Es normal que la gente esté saturada o que no sea capaz de ver que salir con el feminismo es también luchar contra otras amenazas, pero este año podremos recuperar esa motivación", dice convencida.

"Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina". Las palabras pertenecen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y fueron pronunciadas en septiembre del año pasado. Entonces, activistas de todo el mapa salían a la calle para clamar contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España. La protesta social fue tangencial y surtió efecto: la última etapa del evento deportivo se canceló y los líderes políticos de mayor nivel aplaudieron la solidaridad expuesta en cada tramo de la competición. 

El elogio del presidente, sin embargo, se ha transformado cuatro meses después en reproche. Los manifestantes que salieron entonces empiezan ya a recibir las primeras notificaciones de sanción. Se manifestaron, fueron aplaudidos y hoy tienen que pagar las consecuencias.

Al buzón de Borxa González fue a parar una carta hace apenas una semana. En el documento, figuraba una sanción por participar en las protestas celebradas en Mos (Pontevedra) al inicio del evento deportivo. "Esto sin ser identificado ni haber hecho algo, toca recurrir", expresaba en redes sociales. "Lo que buscan es evitar la solidaridad con Palestina". 

Exactamente lo mismo le está sucediendo a al menos una treintena de personas de diferentes territorios, como Galicia, Cantabria, Navarra, Madrid, Avilés, Olot o Figueres (Girona). Tiene constancia de ello la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), cuyos militantes llevan meses preparándose para enfrentar este escenario. Lo explica Lidón Soriano, miembro de la organización. "Nosotras ya habíamos previsto que esto iba a pasar, así que contactamos con la red de organizaciones de todos los territorios para tener constancia de las sanciones una vez empezaran a llegar".

El principal problema que se encontraron fue que esas notificaciones llegaron "a cuentagotas y la gente se desconectó". El fulgor de la protesta se ha ido desdibujando con los meses, el foco mediático quedó diluido y aquello que en su día fueron vítores se transformó en indiferencia. Ahora los activistas trabajan para estudiar los argumentos jurídicos de las sanciones de forma colectiva y poder así apelarlas.

En ello están también desde la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. Lo cuenta uno de sus militantes, Santiago Molina: "Hace un par de semanas empezamos la coordinación con las personas afectadas, en torno a una quincena, aunque sabemos que se han tramitado 25 propuestas de sanciones aquí", explica al otro lado del teléfono.

La plataforma se reunió el pasado 20 de enero con el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. En el encuentro, los activistas trasladaron que las protestas fueron en su totalidad pacíficas y que buscaban la defensa de los derechos humanos en solidaridad con Palestina. Molina y sus compañeros pusieron también sobre la mesa los excesos policiales que a su juicio se sucedieron aquellos meses: "Planteamos nuestra propia indefensión", fruto en gran medida de la ley mordaza y la prevalencia del testimonio de los agentes de policía sobre la palabra de los activistas.

La abogada Elena de Luis, miembro de Juristas por Palestina, coincide en este extremo, destacando el despliegue policial desproporcionado y las cargas como tónica común allá donde anidaba la protesta. Su organización también aprecia como piedra en el camino el hecho de que las propuestas de sanción no hayan llegado a la vez, lo que deriva en mayores dificultades para coordinar estrategias colectivas y que los afectados se agrupen, fundamentalmente porque cada propuesta tiene un plazo de alegaciones y el tiempo corre. "Si a ti te llega una notificación y a tu compañero le llega semanas después, es mucho más difícil que os coordinéis", sintetiza la jurista.

Las propuestas de incoación de expediente sancionador parten de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Así figura en las notificaciones que ha podido examinar infoLibre. Los documentos mencionan la "hostilidad" por parte de "grupos de radicales" y destacan que los hechos han venido promovidos por las protestas en solidaridad con Palestina, causantes de "incidentes en varias etapas" e incluso modificando el final de la carrera. 

Las propuestas consultadas citan el artículo 2.1 a) de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por el que se castiga "la participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un acontecimiento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado".

La mayoría, asiente Elena de Luis, siguen este mismo patrón. "Casi todas son por vía administrativa y en base a esa ley. Algunas citan la ley mordaza y hemos tenido constancia de algún proceso por la vía penal que se ha archivado", abunda. Las cuantías no son especialmente altas, porque se basan en infracciones leves, lo que a su entender encaja en una suerte de castigo simbólico, ejemplarizante y desmovilizador, un recordatorio para que no vuelva a pasar. 

Para la letrada, uno de los puntos clave que a su parecer invalida las sanciones es que eluden el contexto. "No se puede descontextualizar de lo que está reclamando la gente: la defensa de la población palestina y la protesta contra un genocidio", sostiene. Por otro lado, perfila, estas movilizaciones son indisociables del "derecho a la libertad de expresión y crítica política", derechos sobradamente apoyados por los tribunales. 

Para De Luis resulta llamativo además el uso de la ley contra la violencia en el deporte, una legislación originalmente pensada para situaciones que nada tienen que ver con la actual. El grueso de las propuestas sancionadoras citan no sólo los desórdenes públicos, sino también la exhibición de símbolos que incitan a la violencia y la entonación de cánticos que constituyan un acto de desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo. 

Una vez más, la letrada entiende que la aplicación de la literalidad de la ley a las protestas contra el genocidio descontextualiza lo sucedido y desvirtúa el espíritu de la propia ley. "Esta ley nace para proteger ante episodios de racismo en el deporte, que hay muchísimos, pero consideramos que es inaplicable en este caso y es un error de calificación jurídica", insiste. Ni las banderas palestinas incitan al odio, ni la expresión popular es una riña, zanja.

El 1 de octubre del año pasado, la Comisión contra la Violencia en el Deporte informó de su decisión de proponer sanciones a 38 personas por las manifestaciones. Dos semanas después, se sumó otra propuesta sancionadora a otros 53 manifestantes, en este caso por las protestas desarrolladas en Euskadi, Asturias y Pontevedra. El 21 de noviembre, la misma comisión propuso para sanción a "un grupo de manifestantes" –sin especificar el número– identificados durante las últimas etapas. Aquel aviso se hace ahora palpable en los buzones de los afectados.

Preguntado al respecto, el Ministerio del Interior se remite a dichas propuestas notificadas en octubre y noviembre, pero puntualiza que "su gestión posterior corresponde a las delegaciones y subdelegaciones", por lo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska no puede "concretar el número de sanciones tramitadas". Tampoco responde a otra de las preguntas formuladas por este diario: si está sobre la mesa la anulación generalizada y automática de las propuestas sancionadoras contra los manifestantes.

Es una de las peticiones que plantean los activistas. "Estamos defendiendo que se anulen", comparte Elena de Luis, "consideramos que el Gobierno puede hacerlo". Lidón Soriano cree que es lo coherente, teniendo en cuenta que fue el propio Ejecutivo quien "alabó las protestas". Las sanciones, lamenta la activista, son "un absoluto despropósito y el reflejo de la falta de compromiso real con la justicia y la paz para Palestina". 

En la televisión estatal, uno de los portavoces del líder supremo Alí Jamenei había pedido el jueves 8 de enero a todos los milicianos de la República Islámica que se reunieran alrededor de las mezquitas. A continuación, lanzó una terrible advertencia a todos los padres: “Si los jóvenes no piensan como es debido, indíquenles el camino y no les dejen salir. Si se llevan un balazo, no vengan a quejarse. Esta noche es la guerra.”

Es sin duda una guerra que el régimen ha lanzado contra su población, con un número de víctimas que no deja de aumentar a medida que se filtra la escasa información disponible, a pesar del corte generalizado de Internet ordenado ese mismo día por Teherán y que continuaba el miércoles 14 de enero.

La agencia Human Rights Activists in Iran (HRAI) ha contabilizado más de 2.500 muertos, entre ellos 2.403 manifestantes, doce menores y nueve civiles que no participaban en las protestas. También han perdido la vida 147 miembros de las fuerzas de seguridad y partidarios del Gobierno.

Un funcionario iraní, citado por la agencia Reuters, estima que desde el inicio de las manifestaciones el 28 de diciembre, han muerto unas 2.000 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad. The New York Times, que cita un informe del régimen, habla de al menos 3.000 muertos, una cifra que podría revisarse al alza, similar a la facilitada por un responsable del ministerio de Sanidad iraní.

Por su parte, la cadena Iran International, con sede en el Reino Unido, no duda en avanzar la cifra de más de 12.000 personas muertas, lo que le parece “la mayor masacre de la historia contemporánea de Irán, perpetrada en gran parte durante dos noches consecutivas, el jueves 8 y el viernes 9 de enero”.

Iran International precisó cuáles habían sido sus métodos de investigación y “llegó a esta conclusión tras analizar información procedente de una fuente cercana al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dos fuentes de la presidencia y diversos testimonios del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en las ciudades de Mashhad, Kermanshah e Isfahán”.

En Isfahán, la emblemática ciudad histórica, famosa por sus deslumbrantes mezquitas y palacios, se produjo efectivamente una masacre en esas mismas fechas, según dos fuentes de Mediapart. “Conseguí hablar por teléfono con mi hermana, que vive en esa ciudad”, indica Ardavan, que reside cerca de París. “Por miedo a que nos estuvieran escuchando, yo no quería que me contara lo que había pasado. Pero de todas formas quiso contarme que había visto desde su ventana a tiradores apostados en los tejados de los edificios disparando contra la multitud de manifestantes, y cadáveres en la calle”.

“Los relatos de las masacres en Irán superan el horror”, escribió en su cuenta de la red social X el periodista iraní Bahman Kalbasi, que abandonó Irán. “Un amigo habló con varios habitantes de Isfahán, quienes le dijeron que oían cómo moría gente en las callejuelas de la ciudad. Uno de ellos habló de calles y paredes manchados de sangre. La situación es mucho peor de lo que se puede ver en los vídeos”.

Otra fuente indica que la matanza de Isfahán fue tan sangrienta debido a que varios miembros de las fuerzas de seguridad habían sido asesinados previamente durante las manifestaciones. “El jefe del poder judicial [Gholamhossein Mohseni Ejei, ndr] lo dejó claro cuando dijo: “Sangre llama sangre”, añade Ardavan.

La situación de los heridos en todo Irán también preocupa enormemente a las organizaciones humanitarias. Según HRAI, hay al menos 1.134 personas gravemente heridas. “En nuestro hospital, ya no sabemos qué hacer con los heridos, ya no tenemos espacio para acogerlos”, confesaba hace unos días una enfermera de Teherán.

Además, muchos heridos son detenidos nada más salir del hospital. Muchos incluso dentro del hospital. Algunos, antes de recibir los primeros auxilios.

En Karaj, una ciudad de las afueras de Teherán, las fuerzas de seguridad armadas habrían incluso rodeado los hospitales, se habrían llevado a los heridos y, según testigos y personal médico, también habrían disparado contra manifestantes heridos e incapaces de andar. Esta información, facilitada por Iran International, no ha podido ser verificada por fuentes independientes.

Lo que suscita aún más preocupación es la situación en las provincias kurdas del oeste de Irán, donde el levantamiento ha sido especialmente intenso y donde, en cada insurrección, la represión siempre ha sido extremadamente violenta. En la provincia de Ilam se produjo el ataque de las fuerzas de seguridad a un hospital en los primeros días de las manifestaciones.

Desde que cortaron Internet fluye muy poca información de esas regiones y es aún más difícil de verificar. La situación de las personas detenidas no es menos dramática. HRAI ha contabilizado 18.434 en 187 ciudades y menciona la difusión de 97 confesiones forzadas. Además, cualquier manifestante puede ser detenido.

“Yo no me manifesté, pero mis amigas que salieron a la calle recibieron poco después un aviso por SMS en el que se les indicaba que la próxima vez serían detenidas y que no habría más avisos”, cuenta Shirin, una joven que acaba de salir de Irán. El simple hecho de utilizar Starlink, la red de Internet por satélite, es motivo de encarcelamiento.

Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial y uno de los pilares de la República Islámica, prometió juicios y ejecuciones “rápidos” para los sospechosos detenidos durante las manifestaciones. ”Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado y luego ha quemado su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, declaró durante una visita a una prisión donde se encuentran detenidos los arrestados. Ya el 5 de enero había advertido: “Esta vez no tendremos piedad con los alborotadores.”

Erfan Soltani, un manifestante de Karaj de 26 años detenido el 8 de enero de 2026, podría ser ejecutado de forma inminente. Según la organización de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, el proceso judicial ha sido extremadamente rápido y opaco: sin abogado, sin acceso al expediente, sin derecho a defensa.

La familia fue informada cuatro días después de la detención de que su pena de muerte era definitiva e inapelable. Estaba previsto que Erfan Soltani fuese ejecutado el miércoles 14 de enero. La hermana del joven, que es abogada, no ha podido acceder al expediente a pesar de sus gestiones. La familia solo tiene derecho a una breve visita final antes de la ejecución.

El fiscal general iraní, Mohammad Movahed Azad, declaró además el martes que algunas de las personas detenidas serían procesadas por moharebeh (guerra contra Dios), lo que significa su ejecución en la horca. También pidió que se identificaran las propiedades de los manifestantes para poder confiscarlas, para “darles una lección”, según informó la televisión estatal. Según Iran International, el tribunal de Qom anunció la incautación de los bienes y las cuentas bancarias de un propietario de una cafetería de la región, detenido el 13 de enero, por ser sospechoso de haber apoyado las manifestaciones.

Además, las familias deben pagar sumas exorbitantes para recuperar los cuerpos de sus seres queridos, que a menudo tampoco pueden ser enterrados siguiendo los ritos religiosos.

En Teherán reina ahora una calma aparente. Las cafeterías están abiertas, pero los restaurantes y los centros comerciales cierran antes. Oficialmente, no hay alto el fuego. El tráfico en el centro de la ciudad vuelve a ser denso. El corte de Internet, en vigor desde hace cinco días, impide el acceso a aplicaciones extranjeras (YouTube, Instagram, Telegram...) y las comunicaciones con el extranjero siguen siendo muy aleatorias.

Como consecuencia de la feroz represión, el movimiento parece haber perdido fuerza. Según el centro de investigación estadounidense Institute for the Study of War, el 12 de enero solo se celebraron catorce manifestaciones en seis provincias, frente a las 156 concentraciones en veintisiete provincias del 8 de enero, fecha en la que el régimen encargó a los Pasdaran —los Guardianes de la Revolución, la organización paramilitar bajo las órdenes directas de Ali Khamenei— la represión del movimiento.

Traducción de Miguel López

Las primeras muertes, el sorprendente silencio del líder supremo Alí Jamenei y un movimiento social nacido el domingo en el gran bazar de Teherán a raíz de la indignación de los comerciantes por la depreciación de la moneda, se han convertido en un movimiento abiertamente político al sumar a los estudiantes, luego a la clase media, y extenderse por todo Irán.

Implicándose en el conflicto, el presidente Donald Trump afirmó el viernes que “si Irán dispara contra manifestantes pacíficos y los mata violentamente, como suele hacer, Estados Unidos de América acudirá en su ayuda”. “Estamos preparados, armados y listos para intervenir”, escribió en su red Truth Social.

“Trump debería saber que cualquier injerencia americana en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses americanos”, respondió inmediatamente Ali Larijani, que dirige la máxima autoridad en materia de seguridad en Irán. “Que cuide a sus soldados”, añadió en la red social X.

En el sexto día de protestas ya han muerto seis personas en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. El jueves 1 de enero murieron tres civiles en Azna, provincia de Lorestán (oeste), y otros dos en Lordegan, una ciudad de 40.000 habitantes situada en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari (suroeste).

Según la agencia iraní Fars, que cita a las autoridades, los tres manifestantes muertos atacaban una comisaría de policía y los otros dos lanzaban piedras contra los edificios administrativos de la ciudad. También hay un número indeterminado de heridos. Según la organización de defensa de los derechos humanos Hengaw (con sede en Noruega), otro manifestante más murió el 31 de diciembre en Isfahán, en el centro del país.

Según la televisión estatal, por parte de las fuerzas de seguridad, un miembro de la Bassidj, la milicia de voluntarios islamistas afiliada a los Pasdaran (Guardias de la Revolución), murió en Kouhdasht, en Lorestán, donde precisamente 13 policías y miembros de la Bassidj también resultaron heridos.

A pesar de la gravedad de la situación, el líder de la revolución, que en los últimos meses solía pronunciarse sobre la obligatoriedad del pañuelo, guarda desde el domingo un silencio absoluto. Esto recuerda el silencio que mantuvo durante toda la “guerra de los 12 días”, el ataque israelo-americano contra Irán en julio de 2025. Un silencio que vuelve a inquietar a la base y a los seguidores del régimen, lo que debilita aún más su posición y confirma la idea de que ahora son los Guardianes de la Revolución Islámica quienes detentan el poder real.

Lo que también asusta al régimen es que, con la revuelta del Bazar Bozorg, el inmenso y ramificado mercado cubierto de Teherán, acaba de perder uno de sus pilares políticos. Históricamente, el bazar y el clero son aliados inseparables, ya que los comerciantes financian a los religiosos, sus escuelas y las mezquitas. Fue el dinero del bazar el que apoyó la Revolución Islámica y pagó el avión de Air France que llevó al ayatolá Jomeini a Teherán el 1 de febrero de 1979.

Los bazaríes han perdido desde entonces su papel contestatario, pero siguen siendo un bastión conservador, sin haber participado en ninguna de las grandes revueltas contra la miseria, en diciembre-enero de 2017 y noviembre de 2019, ni en el movimiento Mujeres, vida, libertad, en 2022, provocado por la muerte de la joven Mahsa Amini, tras su detención por llevar el pañuelo supuestamente mal colocado.

Si alguna vez se han declarado en huelga, ha sido para defender sus propios intereses, como en 2008, cuando se opusieron a la aplicación de un impuesto sobre el valor añadido a sus mercancías, bajo la presidencia del ultrarradical Mahmud Ahmadineyad.

Desde entonces, el bazar se ha empobrecido considerablemente y muchos comerciantes comparten ahora el abrumador destino de la clase media iraní, amenazada con la desaparición debido al alto coste de la vida y la inflación: en diciembre, el aumento de los precios fue, de media, del 52 % anual, según el Centro Iraní de Estadísticas, pero mucho mayor en el caso de los productos de primera necesidad (sin duda, del orden del 200 %). La tensión aumentó aún más la semana pasada con el anuncio de una nueva política de precios del combustible, que prevé nuevas subidas.

Pero fue la caída sin fondo del rial, agravada en septiembre por el restablecimiento de las sanciones de la ONU relacionadas con el programa nuclear iraní, lo que llevó el domingo a los comerciantes, en particular a los vendedores de teléfonos móviles, a cerrar decenas de tiendas. La moneda nacional acababa de alcanzar un mínimo histórico, con 1 dólar americano cambiándose por más de 1,4 millones de riales (820.000 hace un año) y 1 euro por 1,7 millones (855.000 hace un año).

Mientras el régimen se esfuerza por contener el movimiento de los comerciantes, este se ha extendido rápidamente más allá de las callejuelas del bazar, tomando la forma de concentraciones en las inmediaciones de las arterias comerciales del barrio de Joumhouri. Luego se ha extendido a las universidades y, día tras día, a una treintena de ciudades, tanto grandes, como Isfahán y Shiraz, como pequeñas.

“Todavía no es un movimiento de masas. Los trabajadores, en general, no participan en él, al menos por ahora. Pero es un movimiento general, muy joven, que ha aprendido mucho de los levantamientos anteriores y, por lo tanto, ha evolucionado mucho”, opina Nasser Etemadi, especialista en Irán y relaciones internacionales. “No creo que se extinga rápidamente. La experiencia de Mujeres, Vida, Libertad es para él un modelo. Es el único movimiento que ha obtenido resultados reales en lo que pretendía conseguir: el cuestionamiento del pañuelo obligatorio”.

Al salir del bazar, las reivindicaciones han tomado inmediatamente un giro muy político. De ahí han surgido nuevos eslóganes, apenas escuchados hasta entonces, que apelaban a la unidad de los manifestantes: “No tengamos miedo, estamos todos juntos” o “Quien diga que es neutral no tiene honor”. Otros también desafían abiertamente al régimen, no solo con el eslogan Marg bar dictator (Muerte al dictador), muy utilizado en los últimos años, sino también con otro que, jugando con las rimas, llama a la confrontación directa con el líder supremo: “Este año será el año de la sangre, Seyyed Ali [Jamenei] será derrocado”.

En la ciudad de Qom, el “Vaticano” de la República Islámica, donde se encuentran la mayoría de las grandes escuelas teológicas, son los religiosos los ahora directamente atacados por los manifestantes con gritos de “que los mulás ardan en el infierno”.

Ahora hay muchas consignas que apelan a Reza Pahlevi, hijo del último sha de Persia, exiliado en Estados Unidos y figura especialmente divisiva de la oposición: “Esta es la última batalla, Pahlevi volverá”. En respuesta, también se oye, aunque con mucha menos frecuencia: “Abajo el opresor, el rey y el Guía”.

“Efectivamente, se oye el nombre de Reza Pahlevi y hay que reconocer que el hijo del último sha es cada vez más reclamado, lo que no ocurría en los levantamientos anteriores”, señala Nasser Etemadi. “Esto significa que hay un grave problema de liderazgo político y que se le considera, en la urgencia política, como el líder [del movimiento, ndr]. ¿Se considera él mismo como tal? Teniendo en cuenta la situación, creo que no”.

“No creo que sea una personalidad política excepcional”, añade el politólogo. “Tiende a eludir sus responsabilidades. Y ni siquiera estoy seguro de que quiera volver a Irán. Lo que le ha hecho entrar en la mente de la gente, en su imaginación, es que, en el contexto actual, se le identifica con un orden social y político que pretende restaurar el pasado, al representante de una dinastía que organizó la modernidad, sacó a Irán de la Edad Media de la dinastía Qajar [una dinastía de origen tribal que reinó en Persia desde finales del siglo XVIII hasta la llegada al poder de Reza Pahlevi, ndr], borrando parte de la realidad o idealizándola”.

En el régimen se percibe cierta indecisión. El presidente Massoud Pezechkhian, procedente de las filas reformistas, buscó en un primer momento la distensión. Intentó dialogar con los manifestantes y mostrarse tranquilizador, declarando el lunes por la noche en su cuenta de X que había “pedido al ministro del Interior que escuchara las reivindicaciones legítimas de los manifestantes” para que el Gobierno pudiera “resolver los problemas y actuar de forma responsable”.

Pero muy pronto, la institución judicial, controlada por los radicales, ha tomado las riendas declarando, a través del fiscal general de la República Islámica, que actuaría con “firmeza”: “Cualquier intento de convertir las protestas económicas legítimas en una herramienta de inseguridad, destrucción de bienes públicos o aplicación de escenarios diseñados en el extranjero será inevitablemente seguido de una respuesta legal, proporcionada y firme”, añadió.

Lo que refuerza la determinación de los manifestantes es que ahora ven al régimen muy debilitado, especialmente desde la “guerra de los 12 días”, en la que parte del aparato represivo quedó diezmado por los ataques israelíes y la aviación israelí tomó fácilmente el control del espacio aéreo iraní. También en el ámbito internacional, con la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y el debilitamiento de Hezbolá.

Sin embargo, aunque ya han muerto seis manifestantes y decenas más han resultado heridos o detenidos, las fuerzas represivas han intervenido poco en general. Y la experiencia de los últimos veinte años ha demostrado que eran terriblemente eficaces. Pero ellas también, si creemos lo que se lee en redes sociales, se ven gravemente afectadas por el coste de la vida y la pobreza. De ahí el nuevo lema de los manifestantes: “Policías, con nosotros”.

Traducción de Miguel López

La luz roja de las lámparas de araña atemporales le da un aire retro al abarrotado interior del Fox & Firkin. En la gran sala rectangular de este antiguo pub del sureste de Londres, hay unas cien personas sentadas a las mesas de madera oscura, apoyadas en la barra o de pie, en pequeños grupos, con una copa en la mano. Jóvenes, personas mayores y una auténtica mezcla de géneros, todos dispuestos a pasar un buen rato y a aprovechar la noche un martes de finales de diciembre.

Todos han pagado unas libras esterlinas para entrar y participar en el evento titulado “Resistir a la extrema derecha”. Los fondos se donan a una asociación de ayuda a los refugiados, Care4Calais. El programa de esta noche incluye principalmente conciertos y algunos discursos políticos. Porque lo más importante es infundir alegría activista, dice Mark Peacok, uno de los organizadores y miembro de la organización antifascista Stand Up to Racism (Levántate contra el racismo): “Necesitamos levedad. No se puede pedir a la gente que, después de una semana de cuarenta horas de trabajo, vaya además a una reunión política. El activismo político puede ser divertido y agradable, queremos dinamizar a la gente”.

“He decidido plantarme y ser positivo”, proclama Bennie Silver. Con gorro naranja y camisa de leñador, este artista de slam es el primero en subir al escenario. “Esto tiene que acabar” es su estribillo.” "¿El qué?” El aumento del odio y la intolerancia.

“Los políticos de este país propagan un discurso racista que es el de la extrema derecha”, lamenta Mark, refiriéndose en particular al discurso del primer ministro laborista, Keir Starmer, sobre una "isla de extranjeros".

“La gente sufre y la derecha les ofrece un mensaje simplista”, añade Mark. “Si no pueden conseguir cita con el médico, si no encuentran vivienda, es por culpa del extranjero que vive al lado o del refugiado alojado en un hotel”.

“Vosotros culpáis a los barcos, nosotros culpamos a los multimillonarios”, corea Bennie como un eco.

Bennie baja del escenario entre aplausos y un hombre con una kufiya en el cuello va por las mesas con una hoja y un bolígrafo para pedir a cada uno que comparta sus datos de contacto, con el fin de mantenerlos informados sobre los diferentes eventos antifa. “El objetivo del evento de esta noche”, explica Mark, “es atraer a gente que no necesariamente habría acudido a un mitin político, pero que prefiere venir a escuchar música, evidentemente impregnada de nuestra política. Tenemos que movilizar a gente nueva”.

La urgencia se hizo patente en septiembre, en las calles de Londres, cuando se manifestaron 120.000 personas convocadas por el activista de extrema derecha Tommy Robinson a la “Marcha para unir al Reino”. Como en todas las manifestaciones de la extrema derecha, Stand Up to Racism estaba allí para oponerse. “Éramos 15.000, quizá 20.000, en cualquier caso insuficiente”, constata Benny. “Hay que superar en número a la extrema derecha para demostrar que es minoritaria”.

Sentada en una pequeña mesa redonda con una amiga, Hélène, una elegante treintañera, está tomando una copa de vino blanco. “Este tipo de eventos son más accesibles que un mitin político. Permiten normalizar las cosas, tener conversaciones difíciles o defender ciertas causas en un contexto familiar”.

Andy Brown, jubilado septuagenario, es voluntario de la asociación Care4Calais desde principios de la década de 2000. Ayuda a los solicitantes de asilo, alojados en hoteles, consiguiéndoles artículos de primera necesidad, “como pasta de dientes”, o a saberse mover en la localidad en la que han sido trasladados.

Lo que hace a diario “puede ser agotador emocionalmente, genera ira, te conmueve profundamente”. Así que sí, es importante tejer la ayuda mutua, y “¿qué mejor lugar que un pub para desarrollar un concepto de solidaridad, diversión y amistad?”

Los extremistas de derechas coinciden con los antifascistas en la necesidad de estar juntos. Este verano, los activistas de cada bando, separados por la policía, se enfrentaban delante de los hoteles que alojaban a inmigrantes, entre personas con el mismo sistema de valores. Los activistas antirracistas estaban allí en parte por eso, para tranquilizarse ante la hostilidad ambiental, para crear comunidad.

Alex está esta noche más ocupado de lo habitual, yendo y viniendo entre el bar y los bastidores para gestionar el evento, para asegurarse de que todo vaya bien para los músicos que ha contratado. Porque aquí combina dos funciones: programador del Fox & Firkin y activista de la organización Love Music Hate Racism, que organiza conciertos en todo el país.

“Somos una asociación ciudadana antirracista que utiliza la música para unir a la gente. El racismo busca dividir, mientras que la música quiere unir”, afirma. “Continuamos la tradición del Rock Against Racism de finales de los años 70, que contribuyó a la caída del Frente Nacional [partido británico de extrema derecha, ndr]. “

Fundada a principios de la década de 2000, Love Music Hate Racism ha luchado contra diversas formaciones de extrema derecha, primero contra el Partido Nacional Británico y la Liga Inglesa de Defensa, y ahora contra Reforma UK, partido que, por primera vez, cuenta con cinco diputados en la Cámara de los Comunes. “Que no sea doctor en ciencias políticas no significa que no pueda expresarme en contra de la extrema derecha”, afirma Alex. La política está en todas partes, pero no todo el mundo está politizado, continúa. “Aquí, incluso aquellos que no están muy movilizados pueden tener una conversación que no habrían iniciado en otro lugar, o pueden emocionarse con una canción, mientras que una perorata política les dejaría indiferentes”.

Eso es exactamente lo que piensa Jonathan Ip, mandolinista de uno de los grupos que actúa esta noche, The Grand Old Echo: “Nuestra canción ‘Rivers and Oceans’ cuenta la experiencia de los inmigrantes. Habla de ese sentimiento que nos empuja a buscar nuestras raíces culturales allá donde vamos”.

Jonathan llegó de Hong Kong en 2002. Toca con una violinista alemana y un cantante, guitarrista y armonicista inglés. “La música, al ser  tan internacional, tiene algo en ella que lucha de forma natural contra la extrema derecha”. A The Grand Old Echo, una alianza de folclore celta, pop y rap, le gusta mezclar: “La música siempre ha sido una gran fuente de unidad”, dice entusiasmado el joven. “Las melodías se han utilizado desde siempre como himnos para resistir al autoritarismo y a los dictadores.”

En Lewisham, donde solo el 51 % de los habitantes se definen como “blancos”, según las autoridades locales, la lucha contra la extrema derecha forma parte de la historia local. La batalla de Lewisham tuvo lugar el 13 de agosto de 1977. Varios cientos de miembros del Frente Nacional intentaron entonces marchar desde el barrio de New Cross, en el centro de Lewisham. Se movilizaron varios miles de contramanifestantes locales y varios grupos antirracistas para impedírselo. Ese evento fue duramente reprimido por la policía, pero fue un éxito porque el número de contramanifestantes logró superar al de los militantes violentos.

Ese sigue siendo el objetivo a largo plazo, incluso hoy en día. Pero a corto plazo, Eloise Konieczko, activista de Stand Up to Racism, ve otros posibles beneficios: “Quizás la próxima vez que alguien de los que están aquí esta noche sea testigo de insultos racistas en el autobús o en cualquier otro lugar, se sienta más inclinado a reaccionar”. Y, en cualquier caso, concluye, “en una época en la que es tan fácil ser pesimista, un evento como este aporta alegría, optimismo y esperanza a la gente”.

Traducción de Miguel López

Nuestra querida compañera Felisa Echegoyen, Kutxi, fallecida el 17 de octubre, nació en Madrid y quedó huérfana de madre a muy temprana edad. Durante las campañas de protestas por el Proceso de Burgos de diciembre de 1970, comenzó a colaborar con la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) “picando” clichés para elaborar propaganda que se repartía al día siguiente en barrios, fábricas y facultades. Había que impedir que se ejecutaran las condenas a muerte contra los militantes vascos. 

Su militancia antifranquista le llevó a ser detenida por la policía política el 8 de octubre de 1974. Contaba Kutxi que cuando iba hacia el metro de Lavapiés, barrio en el que vivía entonces, se percató de un grupo de hombres entre los que distinguió claramente a González Pacheco, alias Billy el Niño. Corrió hacia su casa para hacer desaparecer documentos y materiales y evitar así que cayeran en manos de la Brigada Político Social. A los pocos minutos, irrumpieron en su casa tirando la puerta, golpeándola y amenazando con tirarla por la ventana. Pasó tres días en la Dirección General de Seguridad y años después, en 2014, en un acto celebrado en Madrid, Kutxi explicó con voz firme –aunque no paró de temblar–, su paso por la DGS: “Deseé morirme con tanto empeño que me quedé rígida, sin apenas respiración. Tenía tanto pánico que ni siquiera sentía los pies en el suelo. Sólo me mantenían en pie los golpes que, a un lado y al otro, iban equilibrando las porras sobre mi cuerpo”. Llegó a la cárcel de mujeres de Yeserías el día 11 de octubre y permaneció allí hasta el 8 de diciembre cuando obtuvo la libertad condicional, previo pago de una fianza de 25.000 ptas., una cantidad considerable para la época.

En 1981 se marchó a Barcelona, donde comenzó a trabajar y a desarrollar su labor sindicalista y feminista, porque Kutxi siempre se mantuvo activa y dispuesta a luchar.

Al volver a Madrid recuperó el contacto con compañeros y compañeras de su juventud, entre ellos Chato Galante. Precisamente, a través de Chato, a partir del 2010, se unió con otras personas que habían sufrido la represión de la dictadura y decidieron fundar la asociación La Comuna, en 2011. En las cárceles franquistas, las personas presas se organizaban en grupos llamados “comunas” para asegurar la solidaridad mutua, de ahí el nombre de la asociación. 

Se adhirió a la querella argentina, en 2013, con una demanda penal contra sus torturadores, yendo a declarar ante la jueza Servini, en septiembre de 2021. En este año también presentó querella en el Estado español que, tras agotar la vía judicial sin resultado positivo, se llevó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que la aceptó, aunque aún no se ha pronunciado.

Como activista de La Comuna, Kutxi desarrolló una importante y valiosísima actividad hasta donde le dejó su enfermedad. Participó en múltiples actividades como el acto del “juicio popular contra Billy el Niño”, en 2014, donde contó su experiencia, como ya hemos dicho. Siempre estaba dispuesta a realizar cualquier trabajo activista, por pesado que fuera. Mantenía la relación directa con los socios y las socias, a quienes informaba de las actividades y se interesaba por su situación y les enviaba palabras de ánimo porque Kutxi era directa, perseverante, diligente y disciplinada, también tierna y generosa.

Participó en la película/documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Behar, que se estrenó en 2018 y obtuvo, entre otros muchos premios, el Goya en 2019, a cuya gala acudió en Sevilla y cuya difusión acompañó incansablemente por infinidad de lugares de todo el Estado español. También es una de las protagonistas de la película dibujada Flores bajo el hielo, de Marco Potyomkin.

Kutxi fue entrevistada para decenas de medios escritos y visuales, dio charlas en colegios, institutos y centros sociales; difundió la lucha por los derechos humanos y la memoria democrática por todos los lugares que pudo, se unió a la ola feminista y participó en todos los eventos de la lucha por los derechos de las mujeres y, en sus últimos tiempos, a pesar de los dolores que le causaba su enfermedad, fue capaz de acudir a las manifestaciones de apoyo a Palestina. 

En diciembre de 2019 recibió un homenaje en el evento Supervivientes de la memoria organizado por el diario Público, en el que participó su hija con un artículo titulado: “La sonrisa que Billy el Niño no pudo borrar”, lo que le llenó de alegría y orgullo.

Efectivamente, si algo distinguía a Kutxi era su valentía y fortaleza. Se enfrentó varias veces con los fascistas, como en el Metro de Madrid, durante la campaña electoral de las primeras elecciones en junio de 1977, cuando arremetió a bolsazo limpio contra unos fascistas que intentaron agredirla a ella y a su compañera Ángela mientras pegaban carteles. O mucho más tarde, cuando sufrió una agresión de otro fascista que le fracturó una costilla, en las fiestas de La Melonera, en septiembre de 2018. Kutxi les estaba recriminando que no dejaran escuchar la lectura del pregón por parte de Moha Gerehou y Paula Guerra, activistas antirracistas. Unos días después, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad condenar firmemente esta agresión.

No olvidaremos nunca cómo derribó el “muro de la impunidad” durante la concentración que se hizo el día en el que la jueza Servini le tomó declaración a Martín Villa en el consulado argentino.

Pero lo que más vamos a recordar de Kutxi es esa sonrisa amplia y sincera con la que te recibía y su gran capacidad de querer, de preocuparse, de atender a toda persona que lo necesitara. Va a ser muy difícil seguir sin ella porque es muy dolorosa su ausencia, pero nos anima pensar que ella también sufrió por las ausencias de amigos muy queridos como Carlos Slepoy y, particularmente, Chato, y siguió cumpliendo con las obligaciones que se había impuesto. Por ella, por tantas y tantos que se han quedado en el camino, a quienes les debemos su ejemplo de vida y de lucha, vamos a seguir. 

¡Gracias, Kutxi!

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Rosa García, Paz Romero y Sacri García-Rayo forman parte de “La Comuna. Asociación de presas, presos y represaliados de la dictadura franquista’.

“Antes, los partidos políticos eran un hervidero intelectual. Hoy en día, cuando aún existen, parecen vacíos”, dice un estudiante micrófono en mano, con gafas redondas y una sudadera gris sobre los hombros, preguntando a la asamblea reunida frente a la facultad de letras y filosofía de la universidad La Sapienza de Roma: “¿Cómo podemos recuperar los lugares que antes eran del pueblo?”.

Bajo un sol otoñal, un centenar de estudiantes se sientan en las escaleras de la facultad y comparten con el director de cine Andrea Segre sus reflexiones sobre su película Berlinguer. La gran ambición. “La cuestión que me gustaría que abordara vuestra generación es cómo reinterpretar lo que ya no existe hoy en día”, les respondió el director. Esa escena, rodada hace justo un año, abre el documental Noi e la Grande Ambizione (Nosotros y la gran ambición), que se estrena en noviembre en Italia.

Desde Nápoles hasta Padua, desde Roma hasta Florencia, los testimonios que contiene tejen la historia de una Italia comprometida, politizada, movilizada y también preocupada. Hablan de la falta de confianza en las organizaciones juveniles, de un servicio público laminado que hace olvidar el sentido del bien común, de la dificultad de los políticos para defender las luchas colectivas, de la llegada de modos de comunicación que impiden la complejidad, de una sociedad acelerada que ya no deja tiempo para que las luchas se construyan a largo plazo. “Esto no debe hacernos sentir nostalgia, sino ser una invitación a luchar”, dice una espectadora de unos veinte años.

Esa era la esperanza secreta del director Andrea Segre: que la historia de Enrico Berlinguer y del Partido Comunista Italiano (PCI) permitiera “cuestionar la crisis del sistema democrático, el vínculo entre la participación política y la vida social, la grave crisis de la izquierda y la tendencia a hacer triunfar una inclinación individualista neoliberal”. Desde las primeras proyecciones, la apuesta parece haberse cumplido. “¿Qué es realmente la política?”, pregunta, por ejemplo, la joven Elettra en Turín. “¿Los partidos y las instituciones o la forma en que organizamos nuestras vidas?”. El director italiano decide filmar esos debates para recoger estas opiniones.

En un país donde la abstención se describe a veces como “el primer partido político”, ha podido sorprender el éxito de una película que narra la epopeya de Enrico Berlinguer, líder emblemático del PCI en los años 70. Y sobre todo el hecho de que “de las casi 700.000 entradas vendidas, 300.000 fueron a menores de 40 años”, precisa Andrea Segre.

“Se les ha descrito como aplastados por el individualismo, consumistas, siempre en las redes sociales... En realidad, tienen una capacidad instintiva para comprender la violencia del neoliberalismo, porque forma parte de su ADN. Eso redistribuye completamente las relaciones entre lo privado y lo político”, dice Segre.

Ugo Sposetti, presidente de la Asociación Enrico Berlinguer, hace una observación similar. Desde hace dos años lleva por todo el país una exposición dedicada a la lucha política del antiguo líder comunista, que ha llegado a cerca de 170.000 personas. Los primeros visitantes eran más bien contemporáneos de Berlinguer, hoy septuagenarios u octogenarios, pero el público se ha ido rejuveneciendo a medida que los medios de comunicación se hacían eco del evento.

“La sociedad de los años 70 tuvo suerte, porque en cuanto nos acercábamos a la edad adulta, nos reuníamos en la plaza del pueblo y siempre encontrábamos una puerta abierta: la de los partidos o la de los sindicatos”, opina Ugo Sposetti. “Las generaciones siguientes se encontraron con esas puertas cerradas”. “¿Dónde se encuentra ahora la gente con la política?”, se lamenta, como haciéndose eco de sus palabras, un estudiante entrevistado en el documental Noi e la Grande Ambizione.

¿Qué es lo que atrae, intriga y fascina tanto de Berlinguer? Quizás una especie de nostalgia para sus contemporáneos, como esa señora de pelo blanco que, en el documental, se seca las lágrimas al final de la proyección. Pero los debates que ha suscitado su historia, incluso entre quienes aún no habían nacido cuando Berlinguer falleció, demuestran que resuena especialmente en la Italia de Meloni, polarizada al extremo.

“Él encarna una política que ya no existe, honesta, sin ser arrogante ni indiferente. Si muchos jóvenes aplauden al final de la película es porque necesitamos una política diferente a la actual”, analiza Claudio Caprara, periodista y autor del libro Fischiava il vento (Silbaba el viento), una “historia sentimental del Partido Comunista Italiano”.

A lo largo de casi 340 páginas, el autor se lanza a la búsqueda de los mitos, los ritos y los lugares que han moldeado el imaginario colectivo del PCI y que han atravesado la historia italiana. “Era el lugar de una comunidad que se reconocía en las mismas ideas, a través de los líderes del partido, pero también a través de los militantes de base”, continúa Claudio Caprara. “Esa experiencia política pertenece a otro mundo, a menudo era la vida cotidiana de la gente. En su apogeo, el PCI contaba con 2,2 millones de afiliados. El Partido Demócrata cuenta hoy con 60.000...”

La película también narra cinco años singulares de la lucha política de Enrico Berlinguer, los del “compromiso histórico”, que le valieron duras críticas incluso dentro del PCI. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, intentó pactar con el líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, para garantizar que la participación del PCI en el poder no provocara tentativas golpistas.

Durante la investigación para la película, el director Andrea Segre se reunió con decenas de antiguos opositores a Berlinguer, sobre todo de su ala izquierda política o sindical, para quienes ese compromiso era una traición. “Muchos de ellos han rehabilitado el término y reconocieron que probablemente se adelantó a su tiempo”, cuenta, “aunque fue un gran error de comunicación utilizar la palabra compromiso en la sociedad de los años 70.”

También era una época en la que, “a pesar de las divisiones, el Parlamento aprobó grandes reformas sociales, desde los derechos de los trabajadores a los de la familia, desde la reforma del sistema sanitario al derecho al aborto o al divorcio”, recuerda Ugo Sposetti. Poco después de la muerte de Berlinguer en 1984, Italia daría la espalda a esta historia durante mucho tiempo.

“Tras la caída del bloque del Este, a principios de la década de 1990, se impuso la idea de que la izquierda ya no podía transformar el mundo, que el capitalismo había ganado y que había que aceptarlo, todo lo contrario de lo que defendía Berlinguer”, contextualiza Gianfranco Nappi, editor napolitano y autor de la obra L’ultima generazione di Enrico Berlinguer.

Para él, el pensamiento de Berlinguer resurgió con fuerza a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, cuando “el paradigma del neocapitalismo y la neoglobalización entró en crisis”. Pero Italia ya había cambiado profundamente. En aquella época, Silvio Berlusconi iniciaba su cuarto mandato al frente del Gobierno. Desde la creación de su partido Forza Italia en 1994, había impuesto el modelo de “partido-empresa”, utilizado a menudo para definir su concepción de la política.

Berlusconi, gran vencedor de las elecciones legislativas de 2008 con su partido Il Popolo della Libertà,  se frotaba las manos al ver que no había sido elegido ningún parlamentario comunista. La transformación interna de la izquierda se llevó a cabo con dolor, dejando huérfanos a gran parte de aquellos que se inspiran en el pensamiento de Berlinguer. Las reflexiones que surgen en el documental de Andrea Segre muestran que sigue siendo así.

Sin embargo, desde finales de septiembre y las manifestaciones masivas de apoyo a Gaza, esos ideales han encontrado una resonancia sin precedentes. “Hay que encontrar nuevos instrumentos que no sean ni los de los partidos de la época, ni los de los partidos de hoy, convertidos en pequeños comités de negocios o aceleradores de carreras”, opina el periodista Claudio Caprara.

Es precisamente a través de una movilización de las bases, gracias a los vínculos militantes que persisten en el tejido social, como Italia ha visto reunirse en las calles a cerca de dos millones de personas, según cifras de los sindicatos, durante la convocatoria de huelga general del viernes 3 de octubre. Un acontecimiento que refleja la solidaridad con la causa palestina, pero también la aspiración insatisfecha de una política popular, al servicio de los ideales de justicia e igualdad.

Traducción de Miguel López

Este viernes comienza la acampada pacifista de mujeres en Bruselas "Salir de casa por Gaza", organizada por la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) y Mujeres de Negro contra la guerra. Su objetivo principal es amplificar la conciencia social sobre el genocidio en Palestina, poniendo el foco en la Unión Europea. "La UE no está haciendo nada", nos segura Carmen Magallón, presidenta honorífica de WILPF España y miembro del Comité Organizador del campamento. "Como ciudadanas europeas sentimos que debemos presionar a Europa", afirma.

Magallón llega este viernes desde Zaragoza y dormirá en tiendas de campaña junto a otras activistas en el campamento, situado en las inmediaciones del Parlamento Europeo. Asegura que con el genocidio en Gaza no puede conciliar el sueño: "pienso, ¿cómo puedes estar sin hacer nada?". En la acampada, que tendrá lugar del 10 al 19 de octubre, están registradas 124 mujeres de todas las edades. La mayoría son españolas, pero también acudirán desde otros países europeos, como Alemania, Noruega, Italia, Dinamarca o Suiza.

La WILPF comenzó a organizar la acampada a principios de julio, pensando en "hacer algo diferente" a otras iniciativas que se estaban sucediendo en paralelo, como la de La Flotilla. Poco después se unieron Las Mujeres de Negro, un grupo internacional de mujeres pacifistas nacido en Israel. Tras ellas, se incorporaron a la protesta secciones de la WILPF de otros países europeos, además de otras asociaciones de mujeres, como la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) o la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), entre otras. En su comunicado reclaman ayuda humanitaria gestionada por la ONU, un alto al fuego permanente, el embargo a la compra-venta de armas con Israel y la ruptura del acuerdo preferencial de la UE con el país sionista.

La iniciativa cuenta con encuentros con mujeres palestinas entre las actividades programadas, además de talleres, acciones-performance, y charlas informativas con los Relatores especiales de Naciones Unidas, entre ellos Francesca Albanese, encargada de Palestina. El sábado 18 está prevista la realización de una cadena humana alrededor de la Eurocámara y hasta la Plaza de Luxemburgo, donde culminará la acampada pacifista.

La acción, inspirada en el Campamento de Greenham Common de 1984, intenta recoger el mismo espíritu que llevó en este evento al llamamiento de 10 millones de mujeres durante la Guerra Fría, en el cual participó también la propia Magallón. La WILPF, presente en más de 40 países, sigue las mismas directrices. Nació como un movimiento feminista durante la I Guerra Mundial, cuando las sufragistas se unieron en La Haya para intentar parar el conflicto bélico. La organización aún recalca la importancia de estas iniciativas, y afirma: "a las mujeres siempre se nos ve como víctimas y no como sujetos activos".

La organización, tras ser preguntada por el supuesto alto al fuego en Gaza asegura que es motivo de alegría, pero que no cambian sus planes con esta noticia: "Hemos de seguir hablando de Palestina, para lograr un acuerdo justo y duradero, algo que no está asegurado". Afirma que ese supuesto pacto contiene muchas incógnitas, y que "los actores del acuerdo no son de fiar". "No es Trump quien ha conseguido la supuesta paz, sino las movilizaciones sociales. Trump ha sido cómplice del genocidio".

La movilización social en defensa de Palestina no nace con La Vuelta ni con Eurovisión. Ni siquiera con la ofensiva israelí que se ha agudizado en los últimos dos años. Históricamente, el tejido social no ha perdido de vista al pueblo palestino y no ha dudado en salir a la calle por sus derechos –fuera y dentro de nuestras fronteras–. Pero es ahora cuando mayor capacidad de movilización ha demostrado y cuando más impacto social, político y mediático ha obtenido. La organización de base y la movilización masiva ha sido capaz de generar debate, permear en la agenda política y hacer más visible el grito unánime por el fin del genocidio. A pesar de voces como la de Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, quien expresó que medidas como la retirada de España de Eurovisión "van en la dirección del castigo" y por tanto "son erróneas".

La respuesta ciudadana podría llegar a ser una enmienda a la totalidad a un mantra: la idea de que la movilización social no funciona. No han sido pocas las veces en las que las calles se han revuelto para dar un golpe sobre la mesa, no sólo a través de la herramienta de la manifestación, sino también mediante huelgas, acciones antidesahucios e incluso procesos mucho más complejos como el que se produjo en suelo catalán a partir de la consulta por la independencia, tejida precisamente gracias a la organización popular que tendría su máxima expresión en los Comités en Defensa del Referéndum –más tarde, Comités en Defensa de la República–.

Sobre sus efectos, sobre si las movilizaciones han servido o no, el debate es de fondo. ¿Qué elementos son necesarios para afirmar que una protesta ha dado frutos? ¿Basta con un cambio legislativo, con una dimisión o un cambio político? ¿Es una protesta exitosa sólo si ha conseguido un cambio social profundo? ¿O debe ambicionar una transformación radical del sistema? Quizá las respuestas no sean nunca determinantes, pero una mirada a las últimas dos décadas puede arrojar algo de luz al debate.

Diciembre quedaba inaugurado aquel invierno de hace veintitrés años con una marea de paraguas en la compostelana Praza do Obradoiro. La imagen era en realidad la expresión de un clamor que impugnaba la gestión política en torno a la mayor tragedia medioambiental en las costas gallegas. Bajo los paraguas sostenidos por cerca de 200.000 personas, tronaba un Nunca Máis que era mucho más que un lema. 

Lo recuerda Jorge Linheira, investigador de políticas culturales y coordinador del proyecto Unha gran Burla Negra. Creatividade popular e memoria do Prestige. En las raíces de la protesta, el experto entrevé resquicios de los movimientos ecologistas que brotaron durante la Transición, también del movimiento estudiantil que en aquel momento se expresaba a través de las protestas contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU). "Todo ello, unido a una conexión con el sector cultural", precisa en conversación con infoLibre. "Las protestas fueron muy diversas y participativas, casi lúdicas", lo que las hizo especialmente accesibles para la mayoría. Un ejemplo nítido sería la cadena humana con más de 55.000 estudiantes que recorrió la Costa da Morte en enero de 2003.

Pero el principal motor se encontraba en el hartazgo por "la catástrofe en sí, la gestión política y comunicativa, y las mentiras". Fue, a juicio del politólogo, "la primera vez que en el siglo XXI la gente se dio cuenta de que el Gobierno mentía a la ciudadanía", una estela que rebrotaría después con episodios como el Yak-42 o el 11M. Para Linheira, fue un tipo de protesta que "anticipó ciertas formas de movimientos posteriores", como el coetáneo No a la Guerra.

También tendría un impacto político notable: el Partido Popular perdió su histórica mayoría absoluta y en junio de 2005 echaría a andar el primer gobierno bipartito de la historia de Galicia. Pero Linheira no es partidario de reducir su impacto al plano institucional. "Hay que cambiar el instrumento de medida y analizar a qué se llama éxito o fracaso. Todo lo que pasó cala en el imaginario democrático, cultural y medioambiental de la sociedad. Su éxito no tiene que estar necesariamente ligado a los resultados electorales: es una carrera de fondo y se avanzó mucho", zanja.

"Barcelona vivió ayer la manifestación más multitudinaria de toda su historia". Con estas palabras describían las crónicas del momento la protesta que un 15 de febrero de 2003 desbordó la capital catalana. En torno a 1.300.000 personas salieron a la calle aquel día para clamar contra la invasión de Irak. A unos cuantos kilómetros, en Madrid, la cifra de manifestantes alcanzó los dos millones. Un Pedro Almodóvar veinte años más joven leía en la Puerta del Sol –como leyó también esta semana los nombres de los niños palestinos asesinados por el genocidio israelí– el manifiesto que clamaba contra una guerra que se anunciaba inminente.

El historiador Francisco J. Leira, autor de El pacifismo en España desde 1808 hasta el No a la guerra de Iraq (Ediciones Akal, 2023), comenta con infoLibre que las raíces del movimiento pacifista son robustas en occidente y la izquierda española "siempre ha tratado de impulsar estos movimientos contrarios al imperialismo de Estados Unidos". "En España tenemos además una especie de culpa producto de la guerra civil, lo que hace que ante determinados acontecimientos violentos podamos tener una movilización mayor e incluso ser vanguardia", expone. A partir de ahí, se sumaron "todas las mentiras aparejadas a la justificación de la guerra, asumidas por España", pero también hubo que añadir el no de la OTAN, dando una sensación de "guerra ilegal". "Fue una guerra en la que entramos de la mano de EEUU y Reino Unido sin mucho sentido y basándonos en mentiras. Esa acumulación hizo que toda la sociedad saliera en masa a la calle".

Apenas un mes después, el mundo entero se haría eco de los bombardeos estadounidenses sobre Bagdad. España jugó un papel clave: frente a la protesta ciudadana masiva, un gobierno, el de José María Aznar, que estrechaba la mano del estadounidense George Bush y el británico Tony Blair en la célebre cumbre de las Azores. La guerra acabaría con la vida de los periodistas José Couso y Julio Anguita y dejaría una herida profunda en toda la sociedad española. El PP perdería las elecciones de 2004, marcado también por la gestión de los atentados del 11M en Madrid.

Pero el principal efecto, para el historiador, es que "en cierto modo agitó conciencias" en torno a "la capacidad que tenemos la sociedad para intervenir en decisiones gubernamentales y supraestatales". De alguna manera, prosigue, "esa movilización fue muy horizontal, los partidos no tuvieron mucho que ver y creo que eso inspiró a gran parte de la ciudadanía. Tal vez fue una especie de impulso a lo que luego pudo desembocar en el 15M".

Pero siete años después, lo que removió a la ciudadanía era mucho más amplio: la acumulación de toda una serie de circunstancias que habían hecho del presente un lugar inhabitable. El 15 de mayo de 2011, medio centenar de ciudades se llenaron de un grito que señalaba directamente a las fallas de un sistema que no funcionaba. A las manifestaciones les seguirían las acampadas espontáneas que emergerían en distintas plazas. Si la cuestión pasaba por impugnar el propio sistema, ya no bastaba con una manifestación en los términos tradicionales. "El 15M supuso la primera movilización verdaderamente masiva en una larguísima temporada. Estamos hablando de un movimiento que marca una época y que es relevante no sólo por lo que supone después, sino por lo que es en sí mismo". Habla Julia Cámara, historiadora y militante en Anticapitalistas.

Para Cámara, lo que posibilitó que la protesta fuera masiva y que tantos segmentos de la población se sintieran interpelados, fue un cúmulo de circunstancias: "El momento concreto de gestación de las contradicciones del capitalismo, la proyección material que estaba teniendo la realidad de la crisis económica de 2008 y el hecho de que la reproducción de las clases medias parecía absolutamente quebrada". Este último punto es clave para entender el impacto político, social y mediático del movimiento: se produce una "entrada en la participación política de lo que se ha llamado después los hijos de las clases medias y esto hace que sea un movimiento muy bien posicionado comunicativa y públicamente", observa Cámara.

Toda esa masa crítica apunta directamente "al eje articulador del Estado: el régimen constitucional y político parido por el 78". Ese señalamiento no es abstracto, sino que "se relaciona con cuestiones que afectan a la vida concreta de las personas, por lo que apuntar a ese corazón hace que muchísima gente se sienta interpelada". En parte fue también una invitación a la participación política de forma activa de "toda una capa social" y ese fue, apunta la historiadora, uno de sus grandes éxitos: "Hubo un ensanchamiento de los ámbitos de lo político y lo politizable a escala social", si bien es cierto que "la mayoría de gente militaba antes", formula Cámara. Pero el 15M supuso también "el desmoronamiento del Partido Socialista", lo que genera "el espacio que permite la aparición de Podemos".

Pero a la hora de calibrar sus efectos, la militante se inclina no tanto por analizar el curso político que llegó después, sino "las posibilidades que se abrieron". Se produce, a su juicio, la materialización de "una serie de posibilidades que las izquierdas existentes en ese momento no fuimos capaces de aprovechar, no fuimos lo suficientemente inteligentes, no estábamos lo suficientemente organizadas, no fuimos lo suficientemente audaces para aprovecharlo. Para mí eso es lo importante: entender en qué nos equivocamos y qué no estuvimos preparadas para enfrentar, para abordar circunstancias históricas de similar carácter en el futuro". Conviene entender, remata, que el 15M "aspiraba a algo más amplio", más allá de reformas concretas o cambios legislativos. "Lo que demuestra el 15M es que sin movilizarnos a esa escala no se puede realmente intentar nada, demuestra que la posibilidad existe y ese es uno de los grandes legados. El 15M fue el gran intento de nuestra generación".

El 1 de febrero de 2014, un grupo de mujeres asturianas pusieron rumbo a Madrid. Querían salir a la calle para frenar la reforma legislativa que de la Ley del aborto pretendía hacer el Gobierno de Mariano Rajoy. "No teníamos edad para ir caminando, así que fuimos el tren", rememora al otro lado del teléfono una de sus impulsoras, la feminista Alicia Miyares. Pasarían a la historia como El tren de la libertad.

La propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, pasaba por recuperar el espíritu de la ley de supuestos de 1985, obligando a las mujeres a justificar su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. "Tardamos exactamente un día" en tejer una respuesta, reconstruye Miyares. "Escuchamos a Ruiz-Gallardón anunciar que iba a llevar adelante el retroceso, así que las de Asturias llamamos a las de Madrid". Era un 23 de diciembre y el engranaje se puso en marcha. El tren saldría poco más de un mes después, con 150 sillones ocupados rumbo a la manifestación. 

El punto de encuentro fue Atocha. "Cuando salimos de la estación, no podíamos imaginárnoslo. Tomamos conciencia de que el feminismo, parte de su agenda, ya eran patrimonio cívico", asiente Miyares. "Muchas de las personas que se manifestaron, estoy segura, no se consideraban feministas. Pero estaban convencidas de que tenían que salir para defender un derecho". Decenas de miles de personas se congregaron en Madrid para respaldar las tesis feministas. "Todo jugaba a nuestro favor: la organización previa, el acompañamiento de los partidos y de los medios de comunicación, todo el tejido cívico. Por eso fue un éxito", recuerda la activista.

Las mujeres entregaron aquel primero de febrero un texto –escrito por la propia Miyares– dirigido a Mariano Rajoy. "Ninguna mayoría política, por muy absoluta que sea, está legitimada para convertir los derechos en delitos", asentían las feministas. Siete meses después, llegó el anuncio: el Gobierno renunciaba definitivamente a su propuesta. Ruiz-Gallardón dimitió como ministro y abandonó su escaño de diputado. "Pretendíamos que el Gobierno tomara conciencia de que no iba a ser fácil imponer un retroceso sobre derechos consolidados", subraya la también escritora y filósofa feminista, a quien el tiempo le ha dado motivos para recordar aquello como una victoria. "Fue muy importante para el movimiento feminista, pero también para tomar conciencia de que un retroceso en derechos nunca va a ser admitido por la ciudadanía".

Abril de 2018. Los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra describen un "escenario de opresión" en el que cinco hombres se prevalieron de su "superioridad" para someter a la víctima, utilizada "como un mero objeto, para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales". Sentencia: delito continuado de abuso sexual.

La respuesta fue inmediata: organizaciones feministas de todo el país convocaron concentraciones frente a las audiencias provinciales, ayuntamientos y plazas de distintas ciudades. Señalaban ya no sólo a los violadores de La Manada, sino que ponían contra las cuerdas a una justicia que tildaron de cómplice. Tan sólo un día después, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció que sobre la mesa estaba la propuesta de revisar el ordenamiento jurídico para la tipificación de los delitos de agresión sexual y abuso. Fue el primer paso hacia un cambio normativo que culminaría años después con la Ley del sólo sí es sí.

El proceso judicial se prolongó durante más de un año, hasta la sentencia por agresión sexual dictada en junio de 2019 por el Tribunal Supremo. En ese tiempo, las feministas no dejaron de salir a la calle con el firme objetivo de hacer entender a todos los poderes algo que ya había permeado en el sentir mayoritario: que lo sucedido en los Sanfermines de 2016 no había sido abuso, sino violación. Pero no sólo: las activistas llevaron a cabo un ejercicio de pedagogía que introducía en el debate público y la agenda política otras muchas cuestiones, como la idea del consentimiento y la revictimización de las mujeres en los procesos judiciales. Las movilizaciones fueron claves en lo que se vino a denominar la cuarta ola del feminismo.

Las grandes movilizaciones no lo son necesariamente por tamaño, sino por su impacto, sus efectos o las lecciones que dejan. Para muestra, la organización vecinal en barrios, pueblos y aldeas, ante conflictos que no suelen ocupar grandes titulares. Fue el caso del hospital de Verín (Ourense), inactivo durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 tras la decisión del Sergas de clausurar la sala de partos. La reacción fue masiva: la ciudadanía y el personal sanitario se dieron la mano y durante dos meses no dejaron de salir a la calle para evitar el cierre. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo tuvo que rectificar. 

Otro ejemplo está en el desahucio de Casa Orsola, paralizado en enero de 2025 gracias a la acción popular. El movimiento antidesahucios es tal vez un paradigma de cómo la organización social es capaz de cosechar frutos. El del edificio barcelonés se convirtió en un símbolo por sus dimensiones, pero prácticamente cada día hay un grupo de militantes organizados dispuestos a poner su cuerpo para defender el derecho a la vivienda de sus vecinos.

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, falleció a los 106 años, informó este domingo la organización dedicada a la búsqueda de niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), informa EFE.

"Rosita se fue a los 106 años recién cumplidos, con un enorme trabajo y trayectoria como referente de derechos humanos en el país y en el mundo", resaltó en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, institución de la Roisinblit fue vicepresidenta hasta 2021.

Nacida en Moisés Ville, en la central provincia argentina de Santa Fe, el 15 de agosto de 1919, Rosa se licenció como obstetra en la Universidad Nacional del Litoral y trabajó en la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario.

En 1949 se mudó a Buenos Aires y en 1951 se casó con Benjamín Roisinblit.

Al año siguiente, tuvieron a su hija, Patricia Julia, quien en 1978, cuando tenía un embarazo de ocho meses, fue secuestrada por efectivos de la Fuerza Aérea junto con su primera hija, Mariana Eva, en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires.

Ese mismo día también fue secuestrado José Pérez, pareja de Patricia, en la localidad bonaerense de Martínez.

Mariana fue entregada a su familia paterna.

Gracias al testimonio de sobrevivientes, se supo que Patricia fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura) pocos días antes de dar a luz a un varón al que llamó Rodolfo Fernando.

La búsqueda de su nieto llevó a Roisinblit a integrarse a Abuelas de Plaza de Mayo.

Rosa logró finalmente encontrar y abrazar a su nieto, Guillermo Pérez Roisinblit, en el año 2000, pero nunca dejó de buscar a los nietos y nietas de sus compañeras.

"Durante más de un siglo Rosa fue construyendo un camino ejemplar de lucha, trabajo y perseverancia, con la determinación, disciplina e inteligencia que la caracterizaba. Recorrió el mundo buscando a los nietos y nietas", destacaron las Abuelas en su comunicado.

Montpellier (Francia).– Transcurrieron dos buenas horas pasándose el micrófono, lanzando ideas, reivindicaciones. Compartiendo la ira contra el Gobierno, los poderosos, el reinado del dinero que nunca llega a “la gente humilde”.

El martes 26 de agosto, sentadas en las escaleras del Corum, el palacio de congresos de Montpellier, unas doscientas personas participaron en una asamblea general con vistas al día 10 de septiembre y a los llamamientos a “bloquearlo todo” lanzados tras los anuncios de austeridad del primer ministro, François Bayrou, a mediados de julio.

Al término de esta asamblea general sin líderes —en la que un voluntario distribuía el turno de palabra y otros dos se encargaban de tomar notas—, se aprobó, por voto a mano alzada, bloquear las carreteras el 10 de septiembre al amanecer, seguido de una manifestación a las 11 de la mañana en Montpellier.

La víspera de esta asamblea general, el primer ministro había anunciado que el próximo 8 de septiembre convocaría una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para presentar una moción de confianza. Las posibilidades de que François Bayrou permanezca en el poder son prácticamente nulas, ya que el PS y el RN han anunciado que votarán en contra.

Una caída inminente que no ha desanimado en absoluto a la gente en la asamblea general de Montpellier. “¿Está todo el mundo de acuerdo en continuar a pesar del carnaval de Bayrou?”, pregunta de entrada Daniel, ex chaleco amarillo de la rotonda de Près-d'Arènes, lugar emblemático de las protestas de 2019 en Montpellier. “¡Sí! ¡Sí!”, responde al unísono la asamblea.

Es una multitud diversa: exdirigentes de los chalecos amarillos, sindicalistas (principalmente de Sud) de los sectores de la química, el transporte, la educación y las colectividades territoriales, pero también estudiantes, activistas ecologistas o pro-Palestina y muchos otros que se presentan como simples ciudadanos.

“Represento a un público no sindicado, poco politizado, y me relaciono con gente que lo está aún menos”, dice una joven, Atsem de profesión (agente territorial especializada en escuelas infantiles). Con la voz un poco temblorosa, se declara a favor de una manifestación el 10 de septiembre, el tema objeto de debate. “Sí, ya se sabe que son los izquierdistas los que calientan el ambiente”, continúa con tono más seguro. “¡Pero es bueno estar juntos y reunirse en torno a las mismas reivindicaciones!”.

La cuestión de las reivindicaciones, precisamente, resurge cada poco en las intervenciones, al día siguiente de la rueda de prensa de François Bayrou. “Su ‘renuncia’ ha hecho barajar las cartas”, admite Daniel haciendo gestos con los dedos. “Es evidente que habrá que hacer algunos cambios.”

Las desigualdades, la injusticia social, la voluntad del Gobierno de aumentar el presupuesto de armamento mientras predica la austeridad son algunos de los temas que se abordan micrófono en mano. “Nos están arruinando, ¡hay que arruinarlos también a ellos!”, recomienda una mujer, llamando a bloquear los centros comerciales.

Esta asamblea general es la cuarta desde principios de agosto en Montpellier. La primera fue iniciada por los chalecos amarillos. “Empezamos siendo veinte y esta noche somos más de doscientos”, dice contento Daniel a Mediapart. A través de este movimiento del 10 de septiembre, espera que “las personas que están cabreadas se unan y manifiesten su malestar”. Daniel, exfotógrafo artesano, dejó de trabajar a los 68 años y vive con “una pensión muy pequeña”. Echa pestes del Gobierno, cuya línea, según él, es “ayudar a los ricos en detrimento de los pobres”.

Durante la asamblea se organiza en directo el reparto de tareas. Se forman o se amplían comités, uno se encarga de la comunicación, otro de redactar los folletos y un tercero del comedor popular. Surge la idea de crear una caja de resistencia. También la de federarse por barrios. “Necesitamos un signo distintivo de unión, como un brazalete”, sugiere un participante. “¿Un chaleco amarillo?” (risas generalizadas). “¡Para mí, el símbolo distintivo es este!”, grita una mujer agitando su kufiya, el pañuelo que se ha convertido en el emblema de Palestina.

“¡Lo importante es la convergencia de luchas!”, replica una mujer que se presenta como ex chaleco amarillo y sindicalista. Se mencionan sucesivamente el apoyo a Palestina, la huelga feminista y la causa medioambiental. “¡También hay que ir a ver a la gente de los barrios populares, a hacer despertar el cabreo!”, propone un hombre que se presenta como “simple ciudadano”. Al observar una asamblea poco racializada, continúa: “Aquí somos en su mayoría blancos... ¡Pero la sociedad que sufre no es solo blanca!”, terminando entre aplausos.

La cuestión de la presencia de la extrema derecha en la movilización se menciona varias veces. “Se decía que los chalecos amarillos eran de extrema derecha y ahora seguimos oyendo lo mismo”, dice una mujer con un chaleco amarillo. “No creo que sea así y, la verdad, me da igual. Lo importante es que este movimiento ha surgido desde la base”. Un sindicalista de Sud se dirige a la multitud: “¡Aquí estamos bien, estamos entre izquierdistas! Pero cuidado con que la extrema derecha no nos devore y nos supere. ¡Son violentos, son peligrosos y votan con los burgueses!”.

Otros sindicalistas toman la palabra. “El sindicato no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, y estamos aquí para presentar los preavisos de huelga”, afirma una. “Haremos nuestro trabajo y estaremos ahí”, corea otra, miembro de Sud-Rail, que ya ha presentado un preaviso de huelga para el 10 de septiembre.

Un estudiante, que se presenta como “electrón libre no sindicado”, pone mala cara. “Estamos demasiado acostumbrados a las formas clásicas de movilización”, intenta argumentar. “Tenemos que decirnos que esta vez será diferente. Y que esta vez funcionará”.

Preguntado al término de la asamblea general, Daniel coincide con él: “Espero que podamos reproducir un poco el modelo de los chalecos amarillos y la belleza de ese movimiento saliéndonos de las sendas habituales”. Pero admite su pesimismo: “Tengo mis reservas sobre el resultado de nuestras acciones. Soy alguien que actúa sin esperanza, pero estoy condenado a actuar porque no tengo otra solución”.

Traducción de Miguel López

El movimiento LGTBIQ+ sale a la calle este Orgullo con una máxima: defender las conquistas, contener los retrocesos y cuidar al de al lado. El reto no es otro que plantar cara a la violencia que se expresa en distintos grados, fuera y dentro de las fronteras. En suelo español, con discursos de odio en tribunas y con la retirada de apoyos institucionales al movimiento asociativo. Pero también con violencia directa en las calles y la amenaza constante de la discriminación en todos los espacios. En el corazón del continente europeo, donde resuenan los ecos de la represión húngara, con vetos directos al colectivo.

La tendencia, advierte Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA Mundo, es global. A día de hoy, 64 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, con castigo de pena de muerte en siete de ellos. Al menos 61 países presentan barreras legales a la libertad de asociación a la hora de registrar y poner en funcionamiento organizaciones que defiendan abiertamente los derechos de las personas LGBTIQ+ y sólo en 17 están prohibidas las mal llamadas terapias de conversión. "En los últimos años se ha producido una escalada de las amenazas a la vida y la dignidad de las comunidades LGBTIQ+", lamenta Ehrt a preguntas de infoLibre, lo que supone "un preocupante patrón global". Se trata, en su opinión, de "narrativas reaccionarias" que no se producen "en el vacío: una vez legitimada por la ley o la retórica política, la discriminación salpica a la sociedad, el discurso del odio envalentona los actos de acoso y violencia".

Los activistas miran con especial preocupación a sus compañeros de Hungría, hoy convertido en cuna de la extrema derecha institucionalizada y de la ofensiva más encarnizada contra los derechos de la comunidad. El Gobierno de Hungría quiere al colectivo en silencio y encerrado en casa, una pretensión que ha hecho explícita con la prohibición de la marcha del Orgullo. Pero Budapest se prepara para desobedecer: este sábado, el movimiento ha organizado una manifestación alternativa para poder llenar las calles, una convocatoria a la que asistirán ministros y representantes políticos españoles. La policía ha autorizado, el mismo día, una contramanifestación fascista.

Alejandro Menéndez lleva días en la capital húngara y meses advirtiendo de todo lo que está en juego con la ofensiva gestada en el país. El asesor jurídico de la organización Reclaim defiende, en conversación con este diario, dos acciones imprescindibles ante la ola reaccionaria: "Combatir su narrativa y mostrarnos solidarios con quienes están sufriendo sus ataques". Ni la prohibición del Orgullo, asiente el activista, ni el célebre pin parental "tienen nada que ver con proteger a los niños", un argumento tradicionalmente enarbolado por la extrema derecha. "Es censura, estigma y odio", rebate. Y por eso "apoyar hoy a la comunidad LGTBIQ+ húngara es clave: hoy somos nosotros los que nos unimos a su lucha, pero mañana podríamos ser nosotros los que necesitemos su apoyo".

Sobre la decisión consciente del activismo húngaro de salir a la calle habla también David Armenteros, vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI+. Él sitúa la desobediencia civil como una "herramienta fundamental de los movimientos sociales para defender la justicia cuando las leyes, o quienes las aplican, son injustas". No es, se esfuerza en subrayar, una "opción radical o extrema", sino una "respuesta legítima ante la opresión". Y en contextos como el húngaro, pero también en todos aquellos donde el avance reaccionario es imparable, se convierte directamente "en un acto de supervivencia".

"No podemos mirar a Hungría o Polonia con condescendencia, como si estuviéramos inmunizados", advierte. "Aquí también hemos visto cómo se prohíben charlas en institutos, se censuran libros, se vetan banderas, aquí también hay personas que señalan y atacan". Si bien España es todavía dibujado como una suerte de oasis en medio del desierto, los activistas están alerta: "No podemos descartar que llegue el momento en que tengamos que recuperar tácticas de desobediencia". Y desobedecer, en este tipo de situaciones, "es negarse a ceder ante el miedo, seguir diciendo que existimos cuando quieren borrarnos, seguir educando cuando quieren silenciarnos y es también seguir marchando aunque nos digan que no".

Lo que en los últimos años empezó a asomar como la sombra de una amenaza internacional, se configura hoy como una certeza. El estudio La próxima ola. Cómo el extremismo religioso está recuperando el poder, presentado esta semana por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), disecciona las bases económicas que dan sustento a los discursos de odio contra el feminismo y el colectivo LGTBIQ+. Hungría está a la cabeza, según la investigación, en cuanto a "financiación antigénero". Le siguen Francia, Reino Unido, Polonia y España. En los últimos años, en nuestras fronteras han ido a parar 66 millones de dólares destinados a "desmantelar" derechos y políticas públicas.

Los efectos son ya palpables, tanto en el plano simbólico como en el material. Al Ministerio del Interior ha llegado recientemente una queja denunciando un patrón sistemático de registros arbitrarios a personas del colectivo por parte de la Policía Nacional, motivados por sesgos discriminatorios. En Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se resiste a desplegar la bandera arcoíris y estrangula económicamente al movimiento asociativo. En los tribunales se identifica una agresión al grito de "maricones de mierda" como una expresión "ofensiva o desafortunada", no como una forma de odio. Y los delitos originados por razones de orientación sexual o identidad de género aumentaron en 2023 un 13,73%, según el último informe del departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Cada movimiento político, cada gesto de represión hacia el colectivo, "es una total declaración de intenciones", identifica Jacobo Seguí, miembro de Orgullo Vallekano. Su organización se quedó sin recursos materiales a una semana de celebrar el festival que cada año llena el barrio madrileño de reivindicación. La Junta de Puente de Vallecas los dejó sin escenario, sonido, iluminación y técnicos, una decisión que los activistas ligan a la cacerolada organizada previamente en la Feria del Libro de Vallecas contra la autora Lidia Falcón. El Ayuntamiento, explica Seguí, trató sin éxito de contener la protesta: "Nos dijeron que nos lo pensáramos mejor", detalla. Lo siguiente fue la retirada de recursos.

"La forma de hacer que los movimientos sociales autogestionados y precarios se callen, es dejándoles sin nada", expresa el activista. "Cada vez que les pedimos algo sabemos que es una limosna" y que la ayuda está, en realidad, condicionada: "Cuando hagamos algo que no les parezca bien, nos lo van a quitar". El mensaje tiene un trasfondo disciplinante: "Cállate, no digas nada, no hables. Puedes hacer lo que quieras, pero en tu casa. Y nada de salir a protestar", denuncia el militante vallecano.

Coincide Armenteros. "Estas decisiones políticas envían un mensaje muy claro a la ciudadanía: que los derechos del colectivo LGTBI+ no son una prioridad y que su visibilidad puede cuestionarse o eliminarse sin consecuencias". El intento de veto al festival vallecano es, para el activista, "un mensaje de censura, represión y retroceso", un movimiento consciente y deliberado por parte de sus autores. "Estas decisiones no ocurren en el vacío, forman parte de una estrategia política y cultural".

Una vez hecho el diagnóstico, ¿está el movimiento LGTBIQ+ preparado para enfrentar el avance reaccionario? "Los movimientos reaccionarios se financian y coordinan globalmente, así que si el activismo por los derechos humanos no hace lo mismo, quedará indefenso", advierte Alejandro Menéndez. Igual que él, Julia Ehrt tiene la mirada puesta en las alianzas internacionales. Hay razones para la esperanza, clama. "A pesar del difícil momento, los movimientos LGTBIQ+, feministas, por los derechos sexuales y reproductivos, por la justicia social en general, pueden contar con la solidaridad mutua".

Para David Armenteros, el movimiento tiene la fuerza y la capacidad necesaria para organizarse. "Pero necesita regenerarse constantemente, necesita que las nuevas generaciones se involucren, que el tejido asociativo se fortalezca, que volvamos a ocupar el espacio público, que construyamos alianzas con otros movimientos y que entendamos que esta lucha es inseparable de la lucha feminista, antirracista, por la vivienda, por la salud mental o por los derechos de las personas migrantes", enfatiza. "No podemos esperar que todo venga desde arriba. Es en las calles, en los barrios, en las escuelas, en las redes sociales, donde se combate primero el odio".

En ese punto exacto se encuentran los activistas que dan la batalla cotidiana en las trincheras de un barrio de la periferia madrileña. "Es nuestra filosofía", presume Jacobo Seguí. "Tejer red, ser comunidad, okupar un solar abandonado, ir a parar un desahucio y proteger al de al lado. Si te insultan en la calle y todas las vecinas se dan la vuelta, ese discurso de odio se desactiva".

Hungría, verano de 2025. La comunidad LGTBIQ+ no podrá, este año y por primera vez, organizarse para salir a la calle. Ni para celebrar, ni para reivindicar sus derechos. El Gobierno los quiere en silencio y encerrados en casa. Es la consecuencia directa de la última maniobra del Parlamento húngaro, donde en abril salió adelante una enmienda constitucional para consagrar la prohibición de las marchas del Orgullo LGTBIQ+. Sus partidarios se escudan en un clásico del discurso ultra: la protección de la infancia. Algo parecido argumentan en Bulgaria, donde una serie de reformas legislativas han vetado la difusión de cualquier contenido sobre diversidad sexual. Hablan de "propaganda" alrededor de "ideas y opiniones relacionadas con la orientación sexual no tradicional o la identidad de género diferente del sexo biológico".

En un momento de ofensiva clara contra los derechos del colectivo, los activistas lanzan un grito de auxilio y advierten que la mecha en sus países puede prenderse en otros rincones del mundo: "El movimiento contra el colectivo está creciendo en Europa", señalan a preguntas de infoLibre dos representantes del movimiento LGTBIQ+ de Hungría y Bulgaria, quienes aterrizan en España para asegurar que "la homofobia y la transfobia ya son parte del discurso público".

Este martes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reunió con activistas de las organizaciones Háttér Society (Hungría), Deystvie (Bulgaria) y Reclaim (Bélgica), un encuentro en el que también estuvieron presentes miembros de organizaciones estatales. El miércoles, los activistas belgas también se dieron cita con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Lo hicieron en el mismo Madrid que observa cómo, un año más, el alcalde José Luis Almeida rechaza ondear la bandera arcoíris del edificio consistorial. La ofensiva contra el colectivo empieza siempre por lo simbólico.

A pesar de la amenaza global, fuera de las fronteras observan a España como trinchera. En suelo europeo confían en que el país adopte un "rol de liderazgo" en una estrategia conjunta para poner coto al avance ultra en países como Hungría y Bulgaria. Pero las mismas voces expresan una preocupación creciente sobre la incidencia de una extrema derecha organizada que está "poniendo mucho esfuerzo en reabrir debates que estaban cerrados hace tiempo, o en cuestionar los derechos logrados".

La ultraderecha no sólo está "coordinada" a nivel global, sino que también cuenta con el "apoyo de potencias geopolíticas que usan" estos discursos para "dividir a nuestras sociedades", lamentan Alejandro Menéndez y Esther Martínez, asesor jurídico y directora de Reclaim.

Si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Anunciada hace ahora cuatro años como "la ley de medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos", la norma que prohíbe difundir información relacionada con el colectivo ha servido para arrancar de raíz sus derechos. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

Los activistas se agarran a una esperanza: el próximo otoño está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita sentencia al respecto, después de que dieciséis estados miembro, el Parlamento y la Comisión Europea llevaran la norma ante la justicia. 

Eszter Polgári, portavoz de Háttér Society, encaja esta legislación como parte de una estrategia sistemática contra la comunidad LGTBIQ+ que anida desde hace más de un lustro en su país, gracias a políticas como la prohibición del reconocimiento del cambio legal del género, las trabas a la adopción hacia las parejas LGTBIQ+ y la reciente prohibición de la marcha del Orgullo. 

Los efectos van mucho más allá del plano simbólico, se esfuerza por retratar la activista. "Hay un ambiente de miedo, las personas tienen miedo de adoptar acciones o de hablar de temas LGTBI porque temen las sanciones de la ley" contra la propaganda, por lo que existe un "efecto de autocensura" evidente. Los docentes, continúa, han dejado de hablar de cualquier asunto que implique hacer pedagogía sobre diversidad sexual e identidad de género, las organizaciones divulgativas ya no tienen acceso a las escuelas y los expertos tampoco. 

Un ambiente similar se respira en Bulgaria. Lo cuenta Denitsa Lyubenova, miembro de Deystvie. Aunque la ley contra la propaganda –idéntica a la húngara– no ha sido formalmente desarrollada, sus consecuencias son palpables en las aulas. "Lo que están haciendo los colegios es eliminar cualquier referencia al colectivo LGTBI, si hay cualquier información en los programas o en los libros a la orientación sexual o a la identidad de género, lo están borrando para asegurarse que no vulneran la ley". Las organizaciones tienen también prohibido el acceso a los colegios, incluso en las actividades extraescolares. Los psicólogos escolares y los profesores de refuerzo "ya no dan apoyo a los estudiantes LGTBIQ+", describe la activista.

En consecuencia, la población búlgara está ya sumergida en una "retórica y unos mensajes contra el colectivo" que van en aumento y que tiene consecuencias: "Cada vez hay más ataques y en los colegios ya hay estudiantes con pancartas indicando que el colegio está vetado a las personas LGTBIQ+", describe Lyubenova.

Bulgaria representa, a día de hoy, el país europeo con una mayor tasa de discriminación hacia el colectivo: el 50% de las personas LGTBIQ+ dicen haber sufrido dicriminación, mientras que el 39% expresan dificultades para encontrar trabajo. Antes de la entrada en vigor de la ley, el 70% del alumnado LGTBIQ+ búlgaro sufría acoso verbal, un tercio acoso físico y una quinta parte agresiones en la escuela. Las activistas temen que la norma suponga un incremento en las tasas de violencia. 

"Existe un claro retroceso", insiste Lyubenova. Hace dos años, la Corte Suprema de Casación de Bulgaria prohibió el reconocimiento del cambio legal del género y actualmente está sobre mesa una enmienda a la ley de protección del menor que proclama la prohibición de cualquier "reunión y actividad pública de la comunidad LGTBIQ+, lo que incluye el Orgullo de Sofía", expone. Una réplica exacta de lo que sucede ya en Hungría.

El 27 de mayo, si las previsiones se cumplen, distintos países firmarán conjuntamente un texto crítico con las políticas homófobas normalizadas en ciertos territorios, con la esperanza de que las autoridades europeas tomen nota. "Hasta ahora, la Unión Europea no ha hecho nada, pese a que tiene herramientas para hacerlo", reprueba Alejandro Menéndez.

La fecha del 27 de mayo es clave, porque la Comisión Europea tiene hasta entonces para solicitar medidas cautelares al Tribunal de Justicia (TJUE) respecto a la inminente prohibición de la marcha del Orgullo en Budapest. Tiene dos vías a su disposición: el procedimiento de infracción de la Ley antipropaganda LGBT de 2021 –ya abierto–, o nuevo procedimiento de infracción contra la Ley de Prohibición del Orgullo. 

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch ya han suscrito un texto reclamando a la Comisión Europea la toma de decisiones urgentes para frenar la limitación de los derechos del colectivo en Hungría. Sumar, según confirman fuentes del partido, estudia enviar representación a la marcha que se convocará en Budapest, desafiando la prohibición explícita decretada por la ley. Y el pasado mes de marzo, la ministra de Igualdad se dirigió directamente, a través de una misiva, a su homóloga europea, la comisaria Hadja Lahbib, reclamando la puesta en marcha de las "acciones necesarias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales en Hungría y para prevenir la consolidación de políticas discriminatorias". Mientras tanto, las activistas se dejan la voz en un grito de auxilio que recorre el continente y que mira a España como principal alianza.

Dora Carrera se apresura en advertir con genuina diligencia que, aunque tiene mucho que contar, quizá no es capaz de expresarse con la claridad que se espera: "No tengo facilidad de palabra, soy un ama de casa", susurra al otro lado del teléfono, como en una suerte de disculpa. Dora Carrera es ama de casa, es madre y es otras muchas cosas. Entre ellas, una de las fundadoras de un movimiento que lo cambió todo en la Galicia de los ochenta: Nais contra a droga. En un contexto social arrasado por la heroína, aquella madre de O Porriño (Pontevedra) se agarró al brazo de otras que como ella no sabían muy bien qué hacer, pero que necesitaban, al menos, un consuelo al dolor que las atravesaba. Igual que lo hicieron las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina o las Madres contra la Represión en Vallecas. La suya no es sólo una cuestión de memoria histórica: su batalla es también presente y futuro. La mayoría se mantienen en activo, casi todas en el seno de las organizaciones que nacieron de su lucha, otras observando cómo le toman el relevo las generaciones más jóvenes y desafiando lo que siempre se ha esperado de ellas: que se queden en casa, que no molesten, que no hagan ruido.

Igual que la gallega, tampoco solía transgredir los márgenes del hogar Carmen Arias, presidenta de la asociación argentina Madres de la Plaza de Mayo. "Antes de desaparecer los hijos, muchas éramos amas de casa", dice al otro lado del charco, preguntada por infoLibre. "Pero al tener la pérdida de un hijo, en la forma en la que tuvimos nosotras, salimos a la calle". Arias, española de origen, conjuga la primera persona del plural cuando habla de las madres, pero en realidad lo que ella hizo fue agarrar la mano de la suya: ella es hermana de uno de los miles de desaparecidos por la dictadura militar argentina de Jorge Rafael Videla.

Ángel Arias tenía 25 años y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) cuando los militares irrumpieron a tiros en su casa. Era 1977, y a partir de aquel momento, la argentina no dejaría de marchar al lado de las madres. Años después, Hebe de Bonafini, cofundadora del movimiento, le haría entrega del pañuelo blanco, elevado a la categoría de símbolo. "Fue tanta la emoción que no le pude contestar nada. Lo único que le dije fue: yo tengo el pañuelo de mi mamá siempre conmigo", recuerda la argentina. 

Arias nunca consiguió ser madre, pero si desde el primer momento se integró como tal es, en parte, por aquello que le dijo su hermano ante la constatación de una maternidad que nunca sería: "Flaca, más importante que parir un hijo es sentirse madre de todos los hijos del mundo". 

Así lo sienten también las Madres contra la Represión, a más de diez mil kilómetros de Buenos Aires. En pleno sur de Madrid, la organización se fue cimentando allá por 2007, tras el asesinato del militante antifascista Carlos Palomino a manos del militar ultra Josué Estébanez. El primero iba a participar en una manifestación antirracista, el que sería su asesino marchaba hacia otra convocada por Democracia Nacional. La víctima tenía sólo 16 años y fallecería de una puñalada mortal que quedaría registrada en las cámaras de seguridad del metro.

Lo recuerdan varias de las madres que se juntan hoy para atender a infoLibre. Hablan ordenadamente, algunas completan las frases de sus compañeras, otras asienten en un segundo plano. No quieren hablar con nombres y apellidos, no tienen ninguna portavoz: todo lo que dicen representa a la totalidad del grupo. "Éramos madres que llevábamos un tiempo muy fastidiadas con la persecución policial a nuestros hijos. Siempre controlándolos y registrándolos", dibujan. El germen fue Vallecas, donde había "un control policial” sistemático “hacia la gente joven". Fueron los años del "mal llamado bienestar, que era una quimera, como lo es todo". Estaban hartas, reconocen. Pero cada una en su casa: era difícil colectivizar la rabia e identificar como común un dolor que en aquel momento cargaban individualmente.

Cuando Carlos Palomino fue asesinado, varias vecinas decidieron dar un paso que resultaría clave: tender la mano a su madre. "La acompañábamos a los juicios, también empezamos a dar charlas con lo que había pasado. Estábamos muy pegadas a ella, se formó como una especie de unión", relatan hoy. Pero los años fueron pasando y aquella unión no era capaz de dar frutos. "No llegábamos a toda la gente, muchos no entendían lo que pasaba con nuestros hijos: no sólo los detenían, también los mataban".

También Dora Carrera recuerda los juicios, las concentraciones y las visitas a las cárceles. "No sabíamos qué hacer", recuerda nítidamente al otro lado del teléfono. "Algunas madres casi lo ocultaban. Yo no: a mi hijo lo conocía todo el mundo y sabían en lo que andaba". Su hijo Esteban pasaría años batallando con la enfermedad de la adicción, hasta su muerte ya cumplidos los 40. "Cuántas veces pensé que ojalá hubiera tenido un cáncer, para poder abrazarle, para curarle… cuántos deseos tenía de abrazarle", confiesa hoy. Lo hace tras rememorar las recaídas, las punzadas en el pecho cada vez que su hijo golpeaba una puerta que su madre debía mantener cerrada. "Luchamos mucho. Como yo, todas las madres".

Porque aquel dolor no le pertenecía solo a ella. "Me encontró un día una madre, sabíamos que había más chicos con problemas", narra la gallega, hoy vicepresidenta honorífica de la asociación Érguete. Primero fue su marido el que empezó a acudir a las reuniones que en aquel momento empezaban a celebrarse. Allí estaba Carmen Avendaño, la encargada de poner las bases sobre las que se construiría el colectivo. "Mi marido me dijo que Carmen tenía muchas tablas y sabía por dónde ir. Como él tenía que trabajar, me dijo que fuera yo todos los días". A mediados de los ochenta, las madres no eran más de diez, pero ya sobrevolaba la idea de constituirse como asociación, el paso definitivo para hacer de su maternidad una herramienta política. "Yo pensaba: cómo vamos a hacerlo, si no sabemos por dónde ir ni qué hacer", relata. 

Igual de desorientadas se sentirían, décadas después, las madres vallecanas. Fue a raíz de un viaje solidario cuando empezaron a mascullar cómo dar forma a una respuesta organizada. "Todas teníamos un montón de cosas en común: nos sentíamos muy solas y aunque habíamos militado en organizaciones, el asunto de los hijos era distinto. La respuesta que nos daban casi siempre era el clásico ‘algo habrán hecho’. Era muy difícil hacerlo entender, incluso a la familia". Pero entre ellas sí se entendían. 

Precisamente, el principal objetivo para Dora Carrera era transformar la percepción social alrededor de los chavales, dotarles de derechos y dignidad: "Eran tratados como apestados, pero en realidad eran enfermos". Carrera recuerda con total claridad cada detalle del camino. Las salidas cada lunes bajo la lluvia, el balcón de Radio Vigo que, casualmente, se alzaba en el mismo lugar de las primeras concentraciones, el juez que no quiso atenderlas. Y a sus compañeras. A Fina, que era "alta y fuerte y tenía a dos hijos metidos", o la que lloraba porque no entendía por qué su hijo hacía lo que hacía.

"Lo que más nos importaba era estar al lado de la gente joven que lucha: estar al lado de nuestros hijos y de todos los demás", insisten las vallecanas. Madres, como las argentinas, de todos los hijos del mundo. Incluso hoy, aunque la mayoría son ya abuelas.

Han demostrado sobradamente su capacidad para tejer redes y establecer vínculos, rebelándose contra los estrechos fundamentos de una maternidad servil que pierde sentido fuera del ámbito doméstico. "Se nos tacha de sumisas y es insultante", señalan las vallecanas, quienes encajan la organización, precisamente, como un rasgo propio de las madres. Se preguntan qué era, si no organización, el hecho de que las mujeres salieran juntas a lavar la ropa al río en las aldeas. Cómo no va a organizarse la madre que todos los días cuida a su vecina enferma, o aquella que comparte confidencias con otras madres en la puerta del colegio. "Ha sido así en todos los ámbitos y desde siempre", presumen al otro lado del teléfono. "El hecho de ser madres nos lleva a organizarnos porque defendemos a nuestra tribu".

Rompieron con el silencio para tomar las calles y hoy siguen siendo suyas. Están en las manifestaciones por la vivienda, en las feministas, allí donde tienen que estar. "Estamos orgullosas de que la gente joven cuente con nosotras. Mientras los jóvenes nos necesiten, ahí estaremos".

El mismo orgullo lo atesora Dora Carrera, quien observa emocionada el trabajo de Érguete por devolver, cuatro décadas después, la dignidad a todos a los que un día se les negó. "Fuimos las primeras en ir a la cárcel, las primeras en hacer un piso para los que estaban en programas y no podían ir a casa. Nosotras fuimos las raíces y ellos son las flores".

A más de diez mil kilómetros, Carmen Arias pronostica un futuro fértil para las Madres de la Plaza de Mayo: “La asociación se va a mantener viva, aunque no estemos las madres, porque es una lucha de muchos años y vamos a seguir". La memoria, asiente, es la única garantía para que lo que sucedió "no pase más, ni en Argentina ni en ningún otro país del mundo". Especialmente en un contexto de avance reaccionario.

En una de las últimas marchas, la madre, que es en realidad hermana, agarra con fuerza una pancarta, con el lema La falta de trabajo es un crimen. A sus 83 años, dice confiar en el futuro y parece segura del relevo generacional: "Tenemos toda la fuerza para seguir combatiendo y seguir militando". Cada jueves, las calles de Buenos Aires se siguen llenando de personas dispuestas a hacer memoria. En las mismas plazas brotan todavía los pañuelos blancos. 

En 1966, un tribunal independiente creado por Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell quiso investigar, y sobre todo evaluar, los posibles crímenes de guerra que Estados Unidos podría haber cometido en Vietnam. Era la primera vez que se organizaba algo así, pero no sería la última.

Después de aquella figura, otras tantas quisieron también funcionar como salvaguarda de los derechos humanos. Y cogieron prestado hasta el nombre para hacerlo. Hubo un Tribunal Russell para juzgar las dictaduras de América Latina y otro que evaluó lo ocurrido en la guerra de Irak. Ya en 2010, se formó el Tribunal Russell sobre Palestina, que concluyó acusando a Israel de practicar un apartheid. Además, se constató también que Estados miembros de la Unión Europea habían vendido armas que después habían sido utilizadas en Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009. En concreto, en una operación bautizada Plomo fundido, que dejó hasta 1.000 palestinos muertos, la mitad de ellos mujeres y niños. Las consecuencias de aquella sentencia son hoy de sobra conocidas: ninguna. Tanto, que las dos conclusiones del tribunal podrían haberse publicado ayer. Sobre hechos, además, producidos anteayer. Por eso la Red Universitaria por Palestina recuperará este otoño, junto a un grupo de juristas, aquella figura.

El anuncio llegó en uno de los escenarios que han sido protagonistas en el apoyo civil hacia el pueblo palestino. Frente al metro de Ciudad Universitaria, en la explanada que hace exactamente un año se plagó de tiendas de campaña y kufiyas, la imagen volvió a repetirse este miércoles a las 12 horas del mediodía. La campaña Sin respuesta de la universidad había llegado a su fin con el apoyo de más de 2.600 miembros de las 46 universidades públicas que forman la Red. Y subiendo. Por eso quisieron anunciar que la protesta no sólo continúa, sino que se redobla. Por un lado, con el tribunal ciudadano que pretenderá evaluar y condenar las relaciones entre la universidad española e Israel. Por el otro, con la reinstalación de las tiendas de campaña en el espacio que ya fue suyo el pasado mes de mayo.

Las razones no son las mismas que ya les movilizaron en 2024 porque la situación hoy, señalan, es muchísimo peor. Según el último informe publicado por Unrwa el 30 de abril, desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinadas al menos 51.439 personas en Gaza. Otras 117.416 han resultado heridas por los bombardeos del ejército de Benjamin Netanyahu. Y casi dos millones de personas —el 90% de la población— han sido desplazadas. Muchas, hasta más de diez veces. Un informe de Médicos del Mundo, además, señaló este martes que en tan sólo un año y medio la desnutrición en la Franja ha alcanzado niveles comparables a los que sufren países que llevan décadas inmersos en crisis humanitarias. Según sus datos, en 2024 casi uno de cada cuatro bebés menores de un año y el 19% de las mujeres embarazadas y lactantes fueron diagnosticados con desnutrición aguda. El único alto el fuego que se ha llegado a acordar en casi estos dos años de asedio, además, fue roto apenas tres meses después de entrar en vigor, la noche del 17 al 18 de marzo, cuando los bombardeos de Israel acabaron con la vida de más de 400 personas. Y la idea de Netanyahu es seguir ocupando territorio. Anexionarse, del todo, el territorio de la Franja.

"Hace un año acampamos por Rafah, hoy lo hacemos en respuesta a la declaración de anexionarse Gaza. Estamos asistiendo ya a la última fase del genocidio israelí sobre el pueblo palestino", explica Oriol Erausquin, estudiante del programa de doctorado en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hace un año plantó su tienda de campaña en Ciudad Universitaria y no la recogió hasta que todos sus compañeros se habían ido. Este martes por la noche no lo dudó cuando se planteó hacer lo mismo. "Ya no es sólo eso, es que ahora también hay un rearme a nivel europeo y español y queremos luchar también contra el incremento de los presupuestos militares. Fabricar armas no frena la guerra; al revés, la hace más probable", sentencia, desde el otro lado del teléfono.

Doce meses después de aquella protesta se dicen más preparados. Más coordinados. Profesores y estudiantes remarán esta vez, si cabe, más juntos que hasta ahora. Y muestra de ello ha sido la coincidencia espacio-temporal de la nueva acampada con la rueda de prensa de la Red Universitaria por Palestina formada por los docentes.

La noche del 17 al 18 de marzo Israel cruzó la última línea roja que la Red Universitaria por Palestina se negó a dejar pasar. Ahí de hecho comenzaron la campaña que ahora ha llegado a su fin y cuyo título deja clara su denuncia: Sin respuesta de la Universidad. Silencio ante el genocidio. Lo hicieron porque no hubo, tras los ataques, "ningún comunicado de condena por parte de las universidades españolas, ni del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ni del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", explicaban en su manifiesto. "Durante los infames 15 meses de genocidio —que dan continuidad a los 77 años de violencia, asesinatos y ocupación contra Palestina y su pueblo— [...], los Estados europeos han sido cómplices ejecutores con la barbarie y la criminalidad", continuaban. España y sus instituciones no se salvan, además. Y pruebas de ello tienen.

La última es el informe publicado por el Centro Delás de Estudios por la Paz, que reveló que España ha gastado más de 36 millones de euros en comprar armamento a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Las estadísticas de comercio exterior recopiladas por el organismo reflejan que la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea han continuado importando de Israel material del código arancelario 93 –"armas y municiones"– desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior campaña de bombardeos de Israel. Lo han hecho por valor de 238,6 millones de euros. Los tres principales compradores fueron Estonia, Países Bajos y República Checa. Y luego, Suecia y España.

Los miembros de la Red lo tienen claro: el Gobierno asegura que no hay relaciones comerciales con Israel, pero es mentira. Ocurre lo mismo, aunque a menor escala, en la universidad: las instituciones se comprometieron a romper todo tipo de relación con Israel. Pero no ha pasado de una mera declaración verbal. "En el día a día, todo sigue igual", lamenta Guillermo Muñoz, del nodo de la Red en la Universitat de València. Siguen los proyectos de investigación con universidades israelíes y siguen las relaciones con los bancos que cooperan con el Gobierno de Netanyahu. "Siguen siendo cómplices de lo que ocurre en Palestina", lamenta Ángeles Díez, del nodo de la UCM.

Cortar en serio los vínculos no es una mera declaración de intenciones o un simple formalismo. Según un informe jurídico realizado por profesores de Derecho de la Universidad de Amberes, hacerlo se enmarca dentro de su obligación de cumplir el derecho internacional. Porque, según recordaban los docentes, la Corte Internacional de Justicia ya exigió en enero a Israel que tomase medidas para no vulnerar la Convención sobre el Genocidio. "Las universidades israelíes, como instituciones, están insertas en la naturaleza del sistema político israelí y se benefician de la ocupación. Han puesto su experiencia a disposición de las medidas gubernamentales destinadas a mantener y ampliar" ese sistema, señalaron los juristas de Amberes. Otro estudio, este publicado por Human Rights Watch, sentenció que existe una discriminación racial institucionalizada contra los palestinos en todo el sistema educativo de Israel.

Por el momento, son medio centenar las personas que permanecen acampadas frente a la explanada del metro de Ciudad Universitaria, una protesta que ya ha sido replicada en un centro británico y en tres belgas, según informa Díez. El objetivo de los estudiantes, como explica Erausquin, es protestar, sí, pero también alimentar la movilización. "Nuestra intención es ser un punto de encuentro de formación y organización de nuevas militantes. Queremos funcionar como un espacio integrador y horizontal para todas aquellas personas que quieran formarse y actuar. Convocamos de hecho a todas las organizaciones que quieran luchar contra el auge del militarismo y contra el incremento de los presupuestos militares", sentencia.

Precisamente, desde este lunes y hasta este 14 de mayo, Madrid se convirtió en el mayor escaparate del mercado armamentístico europeo, acogiendo en Ifema la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), la más grande celebrada hasta la fecha. Una semana antes, decenas de colectivos y movimientos sociales se unieron en la bautizada como Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización, que busca una gran movilización el próximo 7 de junio contra el gasto en defensa anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha declarado que destinará a ello más de 10.000 millones de euros, lo equivalente al 2% del PIB.

Si la herida nunca había llegado a cerrarse, hoy supura más que nunca. Reino Unido ha sentenciado que las mujeres sólo serán entendidas como tales –a efectos de su ley de igualdad– cuando así lo determine su sexo biológico. El fallo va más allá del debate teórico y deja fuera a las mujeres trans, una exclusión que ha tenido su eco dentro de nuestras fronteras: en forma de celebración, por un lado; pero también como lamento por parte de toda una comunidad. Y en este preciso momento, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos los recursos interpuestos contra la Ley trans española. Sobre uno de ellos, deliberará este martes.

El terremoto ha llegado sin que el actual Ministerio de Igualdad, en su día epicentro de la polémica, se haya sacudido. No ha sido hasta el pasado martes, casi una semana después del fallo británico, cuanto la titular de la cartera, Ana Redondo, se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido en Reino Unido: "Cada país tiene su propia legislación, esa es la legislación que aplican los jueces y tribunales en cada uno de los países. En la legislación española la igualdad de trato es una exigencia, tanto desde la Constitución como desde toda la normativa desarrollada en relación al artículo 14. La ley trans y de derechos LGTBI incorpora el respeto a todas estas personas y colectivos en su dignidad y en la expresión de su identidad", ha señalado ante los medios de comunicación, para enseguida subrayar que no es necesario "hacer ninguna extrapolación". En la legislación española, ha reiterado, "se protege y ampara la igualdad de derechos y oportunidades de las personas trans y LGTBI".

El fallo de los jueces británicos resuelve, en esencia, el encaje legal de los términos "hombre, mujer y sexo" en base a su Ley de igualdad de 2010. Y coinciden, por unanimidad, en que es imposible desligar estos conceptos del sexo biológico. "Cualquier otra interpretación haría incoherente e impracticable el funcionamiento" de la ley, observan los togados.

En España, la conocida como Ley trans también encaja en su articulado los efectos que la Ley de Igualdad tendrá sobre las personas del colectivo. Según la norma, las mujeres trans podrán beneficiarse de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres para aquellas "situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral". En cuanto a los hombres trans, podrán conservar "los derechos patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin que haya lugar a su reintegro o devolución".

Aunque la ley fue aprobada definitivamente en el Congreso en febrero de 2023, enseguida tuvo que aprender a esquivar los dardos de sus detractores. Meses después de su consolidación en las Cortes, más de cincuenta diputados de Vox decidieron recurrirla ante el Tribunal Constitucional, un camino que sería tomado también por los parlamentarios del Partido Popular. Según el orden del día del tribunal, la deliberación en torno al recurso de los conservadores se producirá este martes, en la reunión del pleno. El ponente será el magistrado Juan Carlos Campo.

El PP argumentó hace ahora dos años que el articulado de la ley vulnera el principio de seguridad jurídica, el de libre desarrollo de la personalidad y el derecho a integridad física. También sostenía que la norma es contraria al derecho de igualdad y protección de la infancia. La extrema derecha, por su parte, defendió con uñas y dientes que la ley "limita de un modo insoportable las libertades y desasiste a los menores", pero supone además "un asalto normativo de una ideología concreta, la ideología de género" al ordenamiento jurídico.

El tribunal de garantías deberá decidir sobre los recursos, en un contexto de ofensiva contra el colectivo a nivel global y tras el escoramiento de los jueces británicos hacia posturas que excluyen a las mujeres trans. ¿Puede esta decisión tener impacto en los tribunales españoles? A preguntas de infoLibre, la Plataforma contra el Borrado de las Mujeres sostiene que el Constitucional "debería tener en cuenta la relevancia jurídica de las cuestiones que plantea el fallo del Tribunal Supremo de Reino Unido, ya que España mantiene una legislación que colisiona con todos y cada uno de los derechos a que se refiere la sentencia de esa Corte Suprema. El gobierno y los ministerios de Igualdad y Justicia también deberían tomar buena nota", añaden. La organización, no obstante, es crítica con los términos planteados por los partidos de la derecha y la extrema derecha, e insiste en que su hoja de ruta está plasmada en más de una veintena de enmiendas feministas confeccionadas en su día y que "ni son coincidentes ni han sido recogidas por ningún partido político parlamentario".

Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, representa la cara opuesta. Confía en que la sentencia británica no tenga ningún impacto en la decisión de los jueces españoles, aunque sí cree que la tendencia contraria a las personas trans podría materializarse allá donde las derechas gobiernen. La líder de la entidad se detiene, además, en lo que considera son algunos precedentes jurídicos esperanzadores.

Tras el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, su plataforma interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo. Y los jueces resolvieron, como parte de la discusión jurídica, que su organización tenía legitimidad para hacer incidencia en los asuntos que interpelan directamente a las mujeres. Los cometidos que desarrolla el Instituto de las Mujeres, argumentaban los magistrados, "no son ajenos a los intereses que quieren defender las recurrentes", quienes "se identifican con la demanda de igualdad entre los que dicen que son ‘diferentes tipos de mujeres que viven en la sociedad’. Por tanto, no puede negarse a priori la conexión entre esos intereses y la labor del Instituto de las Mujeres". 

Para Cambrollé, este razonamiento resulta especialmente valioso, dado el contexto internacional, porque reconoce que el colectivo trans está compuesto por mujeres diversas afectadas también por las políticas de igualdad. Pero además, recuerda la activista, el Constitucional ya reconoció hace seis años que los menores con "suficiente madurez" y en situación "estable de transexualidad" deben poder acceder al cambio registral en igualdad de condiciones que los adultos, en una sentencia pionera.

Incluso, incide Cambrollé, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, modificó sus leyes LGTBIQ+ después de que el Gobierno las recurriera ante el TC "porque sabía que iba a venir un varapalo, así que confiamos en que el tribunal frene toda esta ola reaccionaria que se está imponiendo a nivel internacional", sentencia.

Con la mirada puesta en Reino Unido, la presidenta de la Plataforma Trans advierte del "peligroso mensaje" que lanza la sentencia, un dictamen que a su juicio "vulnera los derechos humanos y va en contra del derecho internacional". En este punto, Cambrollé recuerda que en 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un pleito de una particular contra Reino Unido, señalaba ya que la definición sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y no es un concepto puramente biológico, si no sobre todo psicosocial.

Pero donde la activista trans ve un retroceso, las feministas clásicas perciben un avance. Para la Plataforma contra el Borrado de las Mujeres, la sentencia de Reino Unido "avala todas y cada una de las reivindicaciones del feminismo internacional y del feminismo español que, por ejemplo, ha advertido repetidamente sobre cómo la Ley de Igualdad y la Ley contra la violencia machista se desactivan si desaparecen las protecciones en base al sexo".

Las activistas cargan además contra una respuesta que tildan de violenta por parte de las manifestaciones transinclusivas. "En Londres y otros lugares, hombres han exhibido carteles pidiendo la vuelta a la quema de brujas o animando a ahorcar a mujeres", denuncian. Y en España, el fallo británico "ha tenido como respuesta afirmaciones intolerables, incluso en alguna columna de opinión, acusando a las feministas de atacar a las personas trans por celebrar una sentencia que fija los derechos de las mujeres, o, como ha hecho Irene Montero, responsabilizando a las feministas de los crímenes que puedan cometer hombres. Se está consintiendo un nivel de violencia contra las mujeres que no se admitiría en cualquier otro debate".

Patricia del Casar es de Alcorcón, en su jornada laboral se dedica a vender pintura y, pese a que siempre estuvo a favor de la causa palestina, no militaba activamente en ninguna colectiva. Sin embargo, desde hace unos meses, tras uno de esos bombardeos retransmitidos en directo a través de las redes sociales, decidió que resignarse ante un genocidio jamás debería ser una opción. Después de otro día, otro más, viendo muertes, escombros, polvo y sangre tuvo claro que no quería normalizar ni la falta de atención médica ni la pobreza ni el hambre. Necesitaba generar un cambio y no sabía por dónde comenzar pero sí que quería darle ejemplo a sus tres hijos y enseñarles que las heridas deben escocernos aunque se hayan abierto a docenas de miles de kilómetros o a pesar de que no seamos nosotras, las de Occidente, las únicas víctimas dignas de ese nombre, parece, quienes perdamos la vida. 

Con todo eso latiéndole dentro, contactó con tres amigas. Primero con María, una trabajadora social con quien comparte visión y esperas cuando suena la sirena y sus peques salen de la escuela. Más tarde, le llegó el turno a Alicia, una profe que confía en la educación para construir un mundo mejor y que en su grupo siempre defendió mil causas. La siguiente fue Isabel, alguien que se apaña bien pidiendo permisos para las manifestaciones y que sabe exigir valiéndose de un megáfono. De sus conversaciones nació Alcorcón con Palestina y, ya desde el principio, con varios objetivos clarísimos:  denunciar, recordar y hacer pedagogía. También, con la finalidad de explicar que lo que vemos hoy no es algo nuevo sino la continuación de una agresión, intrusión y expulsión que lleva jodiendo a un pueblo demasiadas décadas y que se ha cargado demasiadas vidas. Eso, por supuesto, con la connivencia de medio planeta que o apoya o no dice nada o dice pero no hace. 

La cosa es que ese grupúsculo pequeñito, hace menos de un año, comenzó a dar sus primeros pasos y, poco a poco, fue haciéndose más grande incorporando a gente de su entorno y a otras personas de la localidad. Como Miguell, ligado hace más tiempo a movimientos pro Palestina radicados en Madrid capital y cuya pareja, Nadwa, hispanopalestina, tiene a parte de su familia en Gaza. 

A partir de ahí, empezaron las actividades a resguardo y a cielo abierto y las ideas abstractas devinieron charlas en primera persona a fin de ponerle voz, rostro, nombre e historia al horror. Lo anterior fue generando adhesiones, la mayoría, vecinas y vecinos de más de cincuenta años que heredaron y continuaron las luchas por conseguir derechos para el barrio de quienes les precedieron. La lástima, comenta Miguel, es que parece no haber un relevo por debajo de los 40. “Hay muchas personas que se activan solo en internet y no es que haya que salir de X para ir a Bluesky, por su deriva ideológica y agresividad, más bien, habría que dejar las redes sociales para volver a la calle y ser el ejemplo de las generaciones venideras“, señala apesadumbrado. Y en Alcorcón con Palestina hacen justo lo contrario: sin abandonar la presencia digital, abogan por lo analógico, se dan a conocer mediante el boca a boca, pegan carteles y se juntan en asambleas para urdir planes innovadores. Hay ocasiones que con mucho éxito, además. Como cuando en la Navidad pasada organizaron una vigilia a la que asistieron 200 personas y en la todopoderosa Madrid, el grupo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) y la Asociación hispano-Palestina de Jerusalén replicaron esa acción con idéntica afluencia.

Citados quedan, pues, los hitos con regusto agridulce debido a que el genocidio no cesa y eso genera tal indignación que los dientes de un montón de personas se han astillado de tanto apretarlos y los nudillos se les han vuelto traslúcidos ya que no pueden permitirse abrir los puños. A estas alturas, cabe preguntarse si protestar puede servir para frenar los asesinatos de civiles y a la vista está que no; ahora bien, quizá sí para dejar patente el desacuerdo ante las injusticias, lo mucho que duele que haya gente sufriendo y hacerle llegar a esa parte del mundo resiliente que hay otra parte que ya no quiere ser testigo mudo de sus padecimientos. Con la que está cayendo, es tiempo de seguir desgañitándose y gritar “basta ya” en Palestina y, ya que estamos, en República Democrática del Congo o en Sudán. Y aquí, más cerquita, con el hecho de que sigan malviviendo en la Cañada Real. 

Pero, entre tanto, que a los espacios de lucha y abrazo se pueda ir andando y no haga falta subirse al coche, al metro o al autobús porque estos suelan estar situados en los centros de las ciudades es una buena noticia. Encima, estando a mano, se puede acudir con toda la familia. 

La cita de Alcorcón con Palestina será este sábado en el parque de La Paz y ese día se leerá poesía. Seguro que no muy lejos de tu rinconcito de referencia, hacen algo y, de no ser así, haz como Patricia y ponlo en marcha tú. Toca continuar sumando.