Las universidades cumplen a medias con Gaza: rompen con Israel pero apenas cooperan con Palestina
La justicia ha sido clara. Que una universidad suspenda sus relaciones con Israel no sólo no es discriminatorio, sino que se trata de una medida "proporcionada" y "legítima". Que se enmarca además dentro de la autonomía de la institución. Y que no impide, en ningún caso, la libertad de cátedra de cada docente. La Universidad de Granada podrá mantener por tanto todas las medidas que tomó después de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) anunciara que se revisarían —y romperían en algunos casos— todos los acuerdos con instituciones israelíes que no estuvieran "comprometidas con la paz". La andaluza fue la más tajante en pasar de las palabras a la acción, pero no la única en hacerlo, aunque ninguna lo haya hecho de forma efectiva, subrayan desde la Red Universitaria por Palestina.
La que marcó el camino fue la Universitat de Barcelona. Su claustro fue el primero en exigir a su Consejo de Gobierno el cese de todas las relaciones institucionales y académicas hasta el fin de lo que catalogaron sin ambages de "genocidio". Tan sólo 24 horas después, el 9 de mayo, la CRUE emitía un comunicado en el que se comprometía a lo mismo, pero también a "intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino", así como a ampliar programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada con Palestina.
Era, ni más ni menos, una iniciativa similar a la que se puso en marcha en 2022, tras estallar la guerra en Ucrania. Pero entonces hubo una diferencia sustancial: el propio Ministerio de Universidades presentó entonces lo que llamó Plan de Acción Universidad-Refugio, un programa para acoger a estudiantes, investigadores y personal administrativo afectado por el conflicto. No se ha aprobado nada similar para el caso de los gazatíes. Y preguntado por ello, el Ministerio de Diana Morant no aclara a qué se debe esa diferencia.
Todo quedó en manos, por tanto, de las propias universidades. Cada una tenía además una situación muy diferente. La Universitat de Barcelona, por ejemplo, tenía un convenio con la Universidad de Tel Aviv y coordinaba el proyecto EVA de la Comisión Europea —que pretende crear un archivo digital del siglo XX— junto a la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) tenía acuerdos para facilitar la movilidad con esos dos mismos centros. Por su parte, la Universidad de Granada participaba en proyectos de investigación que tenían entre sus socios al Ministerio de Salud Israelí y mantenía colaboraciones en investigaciones con universidades como Technion, Ben-Gurion, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Tel Aviv.
Según un informe jurídico realizado por profesores de Derecho de la Universidad de Amberes, cortar esos vínculos no es un mero formalismo o una simple declaración de intenciones. Como aclararon en el documento, que las universidades rompan las relaciones con instituciones israelíes se enmarca dentro de su obligación de cumplir el derecho internacional. Porque según recordaban los decentes, la Corte Internacional de Justicia ya exigió en enero a Israel que tomase medidas para no vulnerar la Convención sobre el Genocidio. "Las universidades israelíes, como instituciones, están insertas en la naturaleza del sistema político israelí y se benefician de la ocupación. Han puesto su experiencia a disposición de las medidas gubernamentales destinadas a mantener y ampliar" ese sistema, señalaron los juristas de Amberes. Otro estudio, este publicado por Human Rights Watch, sentenció que existe una discriminación racial institucionalizada contra los palestinos en todo el sistema educativo de Israel.
En este sentido, el movimiento internacional BDS [Boicot, Desinversiones y Sanciones] explica que, por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv ha desarrollado decenas de sistemas de armas y la llamada "doctrina Dahiya" de fuerza desproporcionada empleada por el ejército israelí para cometer crímenes de guerra contra civiles palestinos y libaneses. En 2011, recuerdan también los activistas, la Universidad de Johannesburgo rompió sus vínculos con la Universidad Ben Gurion por su complicidad en las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, incluido el robo de agua potable palestina.
De Barcelona a Granada
En España hubo que esperar a ese mes de mayo de 2024. La Universitat de Barcelona manifestó su "compromiso con el derecho internacional y la defensa de derechos humanos" y lo materializó, además, en medidas concretas. No se establecerían más convenios y, además, aseguraron que se rompería el que mantenían con la Universidad de Tel Aviv. Además, se estudiarían las colaboraciones con "empresas vinculadas supuestamente con el conflicto" con el objetivo, también, de suspenderlas. Por último, el centro aseguró que exigiría a la Unión Europea el "bloqueo inmediato y cautelar de la participación de instituciones israelíes en todos los proyectos financiados con fondos europeos", condición sine qua non para participar en eventos académicos e institucionales en los que estuvieran implicadas instituciones de Israel. En relación a la cooperación con Palestina, en agosto del año pasado el centro acogió a seis estudiantes.
La de Granada, por su parte, aprobó otras seis medidas. Y en ellas no sólo aseguraban que rompían con Israel, sino que se comprometían a "intensificar las relaciones con universidades palestinas y cooperar con las ONG que trabajan sobre el terreno para ayudar a acoger a estudiantes, investigadores y profesores palestinos", según explicó la institución en su Boletín Oficial del 24 de mayo. "Hemos comprobado que todo esto además se ha cumplido. Se está respetando todo lo que se acordó y eso convierte en la Universidad de Granada en la que más ha avanzado", celebra Diego Checa Hidalgo, profesor de Historia Contemporánea Universidad de Granada y miembro de la Red Universitaria por Palestina.
La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) decidió entonces llevar a la institución a los tribunales por lo que ellos entendían que suponía un delito de incitación al odio, que fue descartado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Granada en una sentencia que la organización ya ha dicho que recurrirá. Porque, a su juicio, muestra "un profundo desconocimiento del derecho internacional público". La asociación proisraelí, en cualquier caso, no sólo declaró la guerra a este centro.
La Universidad de Málaga, la de València y la Complutense, también en la diana
ACOM también puso el foco sobre la Universidad de Málaga, sobre la de València y sobre la Complutense de Madrid, aunque en ninguno de estos casos ha habido un pronunciamiento de la justicia. Respecto a la primera, Auxi Durán, profesora titular y miembro de UMAxPalestina, considera que las acciones se han quedado en un compendio de palabras de las cuales pocas se han llevado a la práctica. Según relata, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de mayo suspender las relaciones con entidades israelíes, así como crear una convocatoria para investigadores de universidades palestinas. Además, la UMA se comprometió a gestionar y facilitar el traslado y el alojamiento a través del programa UMARefugia. Pero lo primero quedó estancado y en función de lo segundo tan sólo vino una alumna, que tampoco ha podido continuar con su formación, lamenta la profesora. En cambio, las movilidades en el marco Erasmus+ sí que han quedado suspendidas de manera efectiva, incrementándose la dotación de plazas para universidades palestinas.
Es más o menos la misma historia que en la UCM. Allí, como recuerda la profesora de Sociología Ángeles Díez, la propia institución informó a los equipos de investigación que debían vigilar los organismos con los que firmaban acuerdos de colaboración. Y suspendieron el intercambio y la movilidad con universidades israelíes. "No dijeron que fuera un boicot. Simplemente dijeron que había que estar atentos a las entidades con las que se firmaban acuerdos", explica la también integrante del nodo de la Red Universitaria por Palestina en el centro.
¿Y en València? La respuesta fue similar. Según un comunicado publicado el 28 de mayo, la universidad —que fue la primera en la que sus estudiantes acamparon— se comprometió a exigir un alto el fuego y a no firmar ningún tipo de colaboración con instituciones, universidades y centros israelíes "hasta que no acaben los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violación sistemática de Derechos Humanos". También se comprometió a Intensificar la cooperación con organismos palestinos y revisar, también, los posibles convenios con empresas que beneficiaran, de forma directa o indirecta, los "crímenes de guerra". Y entonces llegó, también, la denuncia, recuerda el profesor de Historia Contemporánea Jorge Ramos.
En la Universidad de Jaén y en la de Sevilla, por su parte, se tomaron decisiones similares, como informan David Peñafuerte, de UJA con Palestina, y María José Lera, de la organización PalestinUS. En la primera, y según informó el propio Rectorado a través de una carta, se envió un escrito a las tres instituciones israelíes con las que había relación para comunicarles que "se activa el proceso para la suspensión de los convenios". En la segunda, además de la misma decisión, se aprobó un sistema de becas para facilitar el estudio y el alojamiento de los estudiantes palestinos. Pero eso sí, no se ha podido vigilar su cumplimiento, pues no se llegó a formar ninguna comisión de seguimiento como sí se hizo, en cambio, en Jaén.
En cualquier caso, desde la Red Universitaria por Palestina sentencian que la ruptura no se ha llevado en ningún caso de manera efectiva. Las colaboraciones actuales con entidades de Israel bajo el marco de los proyectos europeos todavía se mantienen a día de día.
La parálisis de Zaragoza, Murcia y la UNED
Sin embargo, no en todas las universidades se ha reaccionado. Como explica Díez, que ha seguido muy de cerca en toda España, lo han hecho la mayoría, pero algunas han destacado por su pasividad. O incluso su intento de torpedear cada iniciativa que parecía que podía ponerse en marcha. Ocurrió por ejemplo en Murcia, donde portavoces de la Red Universitaria por Palestina lamentan que todos los intentos se encontraron con multitud de obstáculos desde el Rectorado y desde el claustro. No hubo en este caso, lamentan, ni siquiera una declaración de intenciones. Nada.
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Exactamente igual que en la UNED, a la que incluso distintos catedráticos, periodistas y profesores acusaron de censurar el documental Palestina, una tierra negada. La explicación del centro, recuerda Irina Fernández Lozano, que no contaba con profesores del centro, una condición que ni era necesaria y a la que, además, pusieron remedio. Pero ni aun así. Para la institución, la cinta otorgaba una visión que consideraban sesgada. "Ni siquiera han condenado el genocidio. La UNED no ha hecho absolutamente nada en este tiempo", lamenta la docente.
La Universidad de Zaragoza sí aseguró que hacía suyas las palabras que la CRUE emitió en mayo. Pero nada más. Como lamenta el portavoz Daniel Jiménez, no sólo no se ha puesto eso en práctica, sino que se han llevado a cabo acciones en el sentido radicalmente contrario. Por ejemplo, organizar un congreso organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón en colaboración con el Centro Médico Sourasky, una institución sanitaria de referencia en Israel.
En paralelo a las acciones que han tomado —o no— las universidades, desde la Red Universitaria por Palestina han seguido exigiendo más implicación a la CRUE. Y en este sentido, este martes el organismo envió un documento que, a juicio de los docentes miembros de la organización, da algunos pasos atrás. "No hablan de genocidio, sino de guerra entre Israel y Hamás, y eso creemos que son términos que la realidad ya ha superado", explica Fernández Lozano. Según señala, la Conferencia se comprometió el 7 de octubre —precisamente el aniversario del ataque de Hamás tras el que Israel recrudeció su asedio a Gaza— a elaborar un documento de buenas prácticas realizadas. Pero todavía no ha habido noticias. infoLibre preguntó a la CRUE qué se había hecho desde el pasado mes de mayo, pero no obtuvo respuesta.
