El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha presentado alegaciones y también un recurso de reposición contra el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ordenado por el ayuntamiento de esta localidad, según ha informado EFE.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha presentado estas alegaciones y este recurso en el plazo legal establecido para oponerse al cierre de un centro que cuenta con 570 plazas para solicitantes de asilo, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, han asegurado que las alegaciones y el recurso presentados por el Ministerio "forman parte de la tramitación habitual de cualquier expediente como éste y no modifican en absoluto la decisión de cierre del centro, que no cuenta con la licencia correspondiente de uso".

Este centro, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está gestionado por la ONG Accem, y tiene ocupadas 395 plazas, la mayoría -178- por ciudadanos ucranianos y el resto por personas procedentes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29), según informó la oenegé a EFE.

El pasado mes de julio, Pozuelo de Alarcón inició el procedimiento para cerrarlo con el argumento de que carece de licencia para esta actividad, pues la que tiene, vigente desde 2013, es para un uso de centro de formación con auditorio y garaje.

La Comunidad de Madrid y el PP apoyaron el proceso para cerrar este centro, el último paso dado por el consistorio después de que trascendiese que el Gobierno barajaba trasladar a estas instalaciones a 400 menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias, a lo que se oponían tanto el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como el municipal de Pozuelo de Alarcón.

El Gobierno puso en marcha este centro en marzo de 2022 para dar una respuesta a la emergencia migratoria derivada de la invasión rusa a Ucrania y fue el primer Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) al que siguieron otros tres en España, ubicados en Málaga, Barcelona y Torrevieja (Alicante).

Fueron creados para recibir y asistir a los desplazados por la guerra y gestionar, en menos de 24 horas, su protección temporal en España -que otorga permiso de residencia y trabajo y acceso a los servicios sociales españoles de forma inmediata- para su posterior derivación a otros recursos más adecuados.

En marzo de 2023, el centro de Pozuelo de Alarcón empezó a atender a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades además de la ucraniana y entre ellos hay núcleos familiares con menores acompañados.

La Seguridad Social sacará a subasta el centro de formación para funcionarios que posee en Pozuelo de Alarcón (Madrid), un complejo de 25.666 metros cuadrados que incluye un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, una cafetería con capacidad para 112 personas, restaurante, autoservicio para 195 comensales, un auditorio con aforo para 480 personas, sala de juntas y ocho aulas. También cuenta con piscina climatizada y gimnasio. La fecha de la puja se hará pública en el BOE antes de acabar el año. El precio de salida, 59,6 millones de euros. Y la razón, que utilizar otros inmuebles de su propiedad le resulta mucho más barato al organismo público.

La venta del complejo es sólo el último capítulo de la historia de un fiasco. El centro abrió sus puertas en octubre de 2013, casi 12 años después de que Gerardo Camps, secretario de Estado de la Seguridad Social en el segundo Gobierno de José María Aznar, presentara en público la maqueta del megaproyecto, en febrero de 2002. En principio, la inauguración estaba prevista para 2005 y el presupuesto ascendía a 25,57 millones de euros. Sin embargo, las obras no se adjudicaron hasta 2007, y el presupuesto para entonces ya había subido a 28,78 millones. Tres años más tarde se proyectaron obras complementarias que aumentaron el coste 7,73 millones. Hubo que esperar a 2012 para que se licitara el suministro del mobiliario y el mantenimiento de las instalaciones. Finalmente, su explotación se adjudicó a la empresa hostelera Touractive, la única que se presentó al concurso. Pero ocho meses antes de que se cumplieran los tres años fijados como plazo de ejecución, en febrero de 2016, el complejo ya estaba cerrado.

La Seguridad Social había comunicado al concesionario la resolución del contrato por “incumplimiento culpable de la empresa, tanto en la prestación del servicio como en el abono de los gastos de gas y el canon de 2016”: 121.878 euros por el primer concepto y 25.682 euros por el segundo. También le exigía 20.000 euros como indemnización por daños y perjuicios. En mayo de ese mismo año la Seguridad Social presentó una demanda civil contra Touractive.

Sin efectos

El centro se había construido para alojar a los funcionarios de la Seguridad Social mientras recibían cursos de formación, incluidos sus familiares “hasta segundo grado inclusive” durante los fines de semana o a directivos que participaban en jornadas o seminarios internacionales, pero también a clientes “pertenecientes a empresas, instituciones sin ánimo de lucro y cualquier otro tipo de organización”, según constaba en su página web. Para hospedar usuarios privados debía mediar una autorización previa de la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y como establece el pliego del condiciones del concurso licitado en julio de 2013. Cuando la web de la Seguridad Social presentó el nuevo recinto, en enero de 2014, se anunciaba que “en el futuro” su uso “podría extenderse al sector privado”.

Sin embargo, ese uso combinado público/privado no dio el resultado apetecido. Durante los primeros seis meses, según cuenta a infoLibre Justo Domingo Blanco, administrador de Touractive, el sistema funcionó “muy bien”. El “hotel residencia Pozuelo” aparecía en las webs de las principales centrales de reservas, booking.com, letsBookHotel.com, rumbo.es, o en Groupalia. Se podía reservar hasta una suite nupcial. En el vídeo promocional que aún se puede encontrar en internet, el hotel ofrecía “tecnología domótica” y “materiales nobles” en todas las habitaciones, un chef para diseñar menús a petición del cliente, “yoga, pilates y fitness” e incluso talleres de cata de gin tonics y vinos. “Ideal para eventos familiares, bodas y celebraciones” o para reuniones empresariales, proclamaba.

Hasta que en diciembre de 2013 el director general envió una carta a la empresa donde le prohibía aceptar como cliente a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Social. Tenía que pedir autorización –Justo Domingo dice que se la dieron–, pero a partir de ese momento se la negaron siempre. “Verbalmente”. Como los cursos de formación no cubrían ni el 50% de las fechas y no le dejaban completar la ocupación con clientes privados, el negocio se hundía.

“Fue una mala experiencia”, resume Justo Domingo Blanco, quien niega haber recibido ninguna demanda judicial. Según explica la Seguridad Social a este periódico, la acción legal “no surtió efectos” porque no pudo localizar a la empresa. Su administrador replica que ésta aún sigue activa y funcionando. Y que no ha tenido que pagar ni un euro a la Seguridad Social de las cantidades que ésta le reclamaba.

Ahora ya sin clientes privados

En diciembre de 2016, la Seguridad Social volvió a sacar a concurso la explotación del complejo residencial, que reabrió en abril de 2017, después de más de un año de cierre. La adjudicataria fue Tecnología Alimentaria Catering 4 y 5, una empresa de Alicante. Firmó un contrato administrativo especial por dos años. A cambio, ofreció exactamente el mismo precio de licitación: 320.269,4 euros. El pliego de condiciones técnicas del concurso detalla que el precio se ha calculado sobre el volumen de facturación que el complejo residencial había tenido en 2015. Pero el valor estimado del contrato se eleva a 2,12 millones de euros sin IVA, tras sumar a la cantidad anterior los gastos de funcionamiento del centro, que paga la Seguridad Social: 741.624,25 euros anuales por el 80% del importe de los recibos de agua, gas natural y electricidad.

Además, escarmentados por el malogrado experimento público/privado del primer concurso, los gestores de la Seguridad Social ya habían aprobado una resolución en julio de 2016 para “delimitar la actividad” del centro de Pozuelo. Y en el pliego de condiciones precisan que el complejo residencial “no estará abierto como establecimiento hotelero al público en general, sino que se restringe” a los empleados públicos de la Seguridad Social para cursos de formación, y a sus asociaciones y federaciones, así como a los funcionarios en prácticas de ese organismo para sus pruebas de selección y a eventos organizados en colaboración con “universidades y organismos nacionales e internacionales”.

Mucho más barato

Una vez reabierto, los precios eran de 36,3 euros el alojamiento y desayuno, 10,73 euros un almuerzo y 12,1 euros la cena, tal y como informó la Seguridad Social a sus funcionarios en una nota informativa de abril de 2017. Según explica ahora el organismo público, la explotación del complejo residencial por esta segunda empresa se desarrolló “con plena normalidad”. Lo que no ha sido óbice para que sus gestores hayan renunciado a repetir la experiencia. El motivo que aducen no es otro que la Seguridad Social ya dispone de otros inmuebles que “por sus características pueden ser destinados a los mismos fines formativos”, pero “con unos costes significativamente más reducidos” que el centro de formación de Pozuelo.

infoLibre ha preguntado a la Seguridad Social por las pérdidas que ha soportado por el errático funcionamiento del complejo, pero no ha precisado una cantidad. Además de los sobrecostes de construcción del proyecto inicial, habría que añadir los gastos que la Tesorería reclamó a Touractive y ésta no abonó. Sin contar que en total ha permanecido cerrado 19 meses de sus cortos seis años de vida. Y así seguirá hasta que se adjudique en subasta, previsiblemente antes de que acabe este año. El precio de salida, indica el organismo público, está ajustado a “la situación del mercado inmobiliario”.

El presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, ha asegurado, a preguntas de su abogado, Juan Carlos Navarro, que entregó al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda (PP), entre 100.000 y 120.000 euros para "colaborar con la campaña" electoral de las elecciones de 2003. Correa no precisó si era dinero para las elecciones municipales o autonómicas, ya que ese año se celebraron ambas, aunque por el contexto parece deducirse que sería para la campaña local del propio Sepúlveda.

Correa ha aludido de esta forma a las preguntas realizadas por el abogado de Sepúlveda sobre el presunto pago de 120.000 euros para la campaña de 2003: "Se le entregó un dinero, yo creo que eran 100.000 o 120.000 euros, para colaborar con la campaña. Y me enfadé con él, porque la campaña la hizo Free Handicap, y lo normal es que lo haga tu empresa", ha completado el presunto cabecilla de la red Gürtel.

Interpelado de nuevo por el letrado Juan Carlos Navarro por el motivo por el que este pago no se refleja en ninguna documentación, Correa ha explicado que podría haber salido de su caja B personal.

Una tarjeta especial

Pero Correa también ha contestado, de forma indirecta, a las preguntas realizadas por el letrado de Luis Bárcenas, Francisco Maroto Granados. En concreto, Correa ha asegurado que no pasaba el control de seguridad y escáner de la sede nacional del PP con el dinero: "Al letrado del señor Bárcenas se le olvida que yo no pasaba por el escáner. Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al párking. No pasaba por el escáner. Y eso lo pueden comprobar pidiendo la documentación en Génova de que yo tenía una tarjeta especial como la tenían los miembros de la ejecutiva del partido", ha relatado el cabecilla de la trama, que ha completado: "Además, no sólo llevaba el dinero a Génova sino a su casa también, en la Calle Príncipe de Vergara" de Madrid.

Asimismo, Correa ha aportado en el juicio más información sobre otras de las empresas que, además de OHL, Dragados y ACS, habría recibido contratos a cambio de contratos: "Hispánica recibió muchísima obra gestionada por mí; y Teconsa yo creo que ha recibido obra gestionada por mí y por Jesús Merino también".

El exingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Leopoldo Gómez Gutiérrez disponía de una cuenta en Suiza, según la documentación aportada al caso Gürtel por las Autoridades helvéticas, que han bloqueado los 1.720.000 euros que contenía, según la información facilitada en la comisión rogatoria a la que ha tenido acceso infoLibre.

"Las autoridades españolas nos tienen que confirmar que esta medida [el bloqueo de la cuenta] es necesaria para la investigación criminal", especifica el escrito firmado por Florence Albertini, de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, en el que informan del hallazgo al juez titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

El exfuncionario Leopoldo Gómez Gutiérrez, que también fue diputado de Alianza Popular en la Asamblea de Madrid, es una de las figuras clave en los presuntos delitos cometidos por la trama en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, municipio en el que era alcalde el también procesado Jesús Sepúlveda, exmarido de la anterior ministra de Sanidad Ana Mato, según se desprende del auto de apertura de juicio oral de la denominada Época I de Gürtel, que engloba los años 1999-2005.

En su declaración como imputado, Gómez Gutiérrez negó ante el juez Ruz que recibiera ningún tipo de indicación del exalcalde Jesús SepúlvedaJesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para elaborar los informes en los que se basaron los contratos que fueron adjudicados a la trama Gürtel. En la cuenta del exdiputado madrileño del PP en la entidad Credit Suisse, también incluye, como propietaria de la misma, a María Pilar H.H.

Criterios técnicos

Gómez Gutiérrez aseguró que todos sus informes fueron redactados a partir de criterios y valoraciones técnicas y que la decisión final sobre las adjudicaciones correspondía a la Mesa de Contratación y la Junta de Gobierno.

No obstante, el ingeniero no recordó más detalles sobre las adjudicaciones que se hicieron a la empresa Constructora Hispánica, investigada tanto en Gürtel como en la pieza separada en la que se persigue la contabilidad B del PP, aunque se mostró convencido de que siguió una valoración estrictamente técnica.

En el auto de Ruz se especifican los dos contratos del Ayuntamiento de Pozuelo por los que Leopoldo Gómez Gutiérrez ha sido procesado: las denominadas Operación Asfalto y Camino de las Huertas, por las que la trama dirigida por Francisco Correa habría percibido al menos 56.000 euros.

Dos años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al exingeniero de Pozuelo los delitos de fraude continuado a las administraciones públicas y prevaricación continuada. Por el primero de los delitos Gómez Gutiérrez afronta dos años y tres meses de cárcel y hasta 9 de inhabilitación; mientras que por el segundo 9 meses de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.

La acusaciones populares también atribuyen a Leopoldo Gómez Gutiérrez los delitos de cohecho (4 años de cárcel), fraude a la administración pública (3 años de cárcel); malversación de caudales públicos (4 años y 6 meses); falsedad en documento mercantil (2 años de cárcel); blanqueo de capitales (4 años de cárcel) y tráfico de influencias (1 año y 6 meses de cárcel).

Pero la comisión rogatoria de Suiza aporta otras nuevas cuentas en las entidades Credit Suisse y Rothschild de personas que podrían estar vinculadas con la trama Gürtel. Como por ejemplo es el caso del empresario Carlos Jorge M. M. o la relacionada con la sociedad Dolozi INC. También da datos de tres cuentas denominadas Monasterio, hasta el momento desconocidas.

El Banco Popular ha cailitado al Partido Popular (PP) la presentación de un aval bancario por valor de 245.492 euros para cubrir la fianza de responsabilidad civil que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco de la causa en la que se investiga la "primera época" de actividades de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el abogado del PP y exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos traslada al magistrado una copia de un aval expedido el 23 de marzo pasado por el Banco Popular Español a favor de la formación presidida por Mariano Rajoy.

Con esta cuantía el PP asegura las "eventuales responsabilidades pecuniarias" que podrían imponérsele en un próximo juicio oral, en el que la formación, como persona jurídica, tendrá la consideración de partícipe a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega.

Sepúlveda también ha consignado en la cuenta del juzgado un total de 2.599,69 euros en relación con la fianza por responsabilidad civil que se le impuso en el marco de este procedimiento. En todo caso, aún debe cubrir una fianza de 3,3 millones de euros, que reúne la responsabilidad civil, una indemnización de 2,5 millones y el tercio de incremento establecido por la ley.

Además, el juez impuso una fianza civil de 88,8 millones de euros al extesorero del PP Luis Bárcenas y otra de 60,3 millones al presunto líder del a trama Gürtel, Francisco Correa, según consta en el auto de apertura de juicio oral dictado contra 40 acusados por la primera época de actividades de la red, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

Tras los importes impuestos a Bárcenas y Correa figuran las fianzas que tendrán que afrontar el exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número dos de la trama, Pablo Crespo (49,6 millones de euros); el contable de la red, José Luis Izquierdo (47,3 millones); el cerebro financiero, Luis de Miguel (25,8); el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez (23,2); y la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias (22,2).

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado las alegaciones del PP y reitera que el partido de Mariano Rajoy se habría beneficiado "a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito por los imputados Jesús Sepúlveda Recio y Guillermo Ortega Alonso propiedad, al menos en parte, de los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda”.

Por eso el magistrado, que se fundamenta en “los indicios obrantes en la causa”, sostiene que “el PP se habría lucrado con la organización de eventos a su favor y con el mantenimiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de Alarcón para las elecciones municipales de 2003, sin coste alguno para la formación política, toda vez que dichos servicios se habrían sufragado con los fondos obtenidos en la forma anteriormente señalada”.

Tales actuaciones, prosigue el juez, se realizaron en beneficio del partido y “se habrían llevado a cabo con el conocimiento de, entre otros, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, quienes en la fecha de los hechos estarían vinculados al PP”.

Tanto Ruz como las fiscales de Gürtel aseguran que la formación conservadora “ha resultado beneficiada con fondos indiciariamente procedentes de un delito, por lo que debe responder del beneficio obtenido de modo que se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales atribuidas a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega”.

También el juez rechaza las objeciones expuestas por el PP relativas a la formal regularidad de las cuentas de la formación política confirmada, según el recurrente, por el Tribunal de Cuentas: “En modo alguno excluyen, como indica el Ministerio Fiscal, la posibilidad de que se hubieran utilizado por el partido recursos económicos respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación en los estados contables correspondientes, de lo que obran indicios en el supuesto que nos ocupa y asimismo en otras piezas separadas de la causa (caso Bárcenas)”.

Pablo Ruz también niega que el PP pueda considerarse “perjudicado”. “Tal condición, como acierta a señalar el Ministerio Fiscal, en absoluto resulta de lo hasta ahora actuado ni se fundamenta debidamente por el recurrente, quien omite cualquier referencia a los hechos y delitos que generarían el alegado perjuicio sufrido”.

Por todo ello, el instructor acuerda desestimar el recurso de reforma interpuesto por el PP y confirma el auto de forma íntegra, incluyendo el hecho de que la formación conservadora se ha beneficiado de los delitos de los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda.

En el mismo auto, el magistrado frena el intento de los imputados de evitar que se juzgue ya una parte de Gürtel, y por eso rechaza los recursos presentados contra la incoación de la pieza separada en la que se investigan operaciones de la trama de 1999 a 2005. En su resolución auto, Ruz rechaza los argumentos del resto de recurrentes para no abrir pieza separada porque, dice el juez, de esta manera se logra "una correcta ordenación del procedimiento procurando el pronto y eventual enjuiciamiento de parte de los hechos objeto de instrucción".

Desestima también el argumento de algunos de los acusados respecto a que su permanencia en ambas piezas (la principal y la separada denominada época primera tendría "consecuencias negativas" para sus intereses desde el punto de vista de las penas.

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, Pablo Ruz, se ha dirigido al Partido Popular nacional para preguntarle si las sedes de la formación en Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda se constituyen o no como entidades con personalidad jurídica propia o autónomas, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

La petición del juez se produce en la recta final de la instrucción del caso Gürtel caso Gürtel en Madrid, y tras constatar la supuesta financiación irregular del partido en los tres municipios de la Comunidad de Madrid, tal y como especifican diferentes informes de la Policía Judicial (UDEF-BLA).

Ya en 2011, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira dictó un auto en el que constataba la existencia de facturas y transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE Boadilla (formada por FCC y Sufi), a la que se le había adjudicado los servicios de las basuras del municipio en 2002 por 2,2 millones anuales. Esta documentación, según el juez, probaría que algunos de los actos del PP organizados por Francisco Correa en este municipio madrileño habían sido pagados por FCC y Sufi.

Asimismo, en Majadahonda Correa tenía una cuenta en B en la que se reflejaban todos los ingresos presuntamente ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó adjudicataria de servicios y obras municipales por un valor superior a los 20 millones de euros. Correa también se hizo cargo, con este dinero obtenido de una forma presuntamente ilegal de los contratistas de Majadahonda, de los gastos personales del exalcalde majariego Guillermo Ortega; así como de campañas publicitarias del Consistorio y del PP local.

Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus operandi del PP valencianomodus operandidel PP valenciano, tal y como constata un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía.

Además, Ruz solicita a la formación conservadora que certifique los cargos ocupados por los exalcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero; Majadahonda, Guillermo Ortega; y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato.

El juez Pablo Ruz acaba de citar como imputado en el caso Gürtel al exingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón, Leopoldo Gómez, por su presunta participación en el amaño de contratos durante la etapa en que Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, fue alcalde de ese municipio madrileño.

En un auto, Ruz sostiene que fue Gómez “el encargado de emitir los informes que habrían permitido la selección arbitraria de la adjudicataria” del contrato para la llamada Operación Asfalto en 2004. Ese contrato recayó en empresas que terminaron por subcontratar a Constructora Hispánica, a cuyo expresidente, Alfonso García Pozuelo, tomará de nuevo el juez declaración como imputado. Tanto García Pozuelo como Leopoldo Gómez tendrán que comparecer ante el juez el próximo día 13.

El Ayuntamiento de Pozuelo adjudicó por 1.854.656 euros a las empresas D. Velasco y Asfaltos Vicálvaro estas obras, que fueron después subcontratadas a Constructora Hispánica. Presuntamente, la red Gürtel obró 63.643 euros por esta operación.

El juez llama igualmente a declarar como imputado a Jacobo Ortega, hermano de otro exalcalde del PP involucrado en el caso desde el primer momento, Guillermo Ortega. Regidor de Majadahonda durante los años de apogeo de la trama Gürtel, Ortega utilizó distintas sociedades para sacar dinero del país. El juez cree que su hermano Jacobo participó presuntamente  “en la ocultación del patrimonio".

Ilícito” del entonces regidor. “Su cooperación habría consistido en admitir

figurar formalmente como propietario de sociedades de suhermano

(...) durante los años 2003 a 2007, a sabiendas de que el único

objeto de tal actuación era encubrir a su real titular, así

como el origen de sus activos”.

El exconcejal de Deportes de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Ignacio José de Costa, ha admitido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la orden de adjudicar contratos del consistorio a empresas de la trama Gürtel partía de la Alcaldía del municipio madrileño, al frente del cual estaba Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración.

De Costa, que ha declarado como testigo ante el magistrado, ha indicado que la decisión de atribuir estos contratos a empresas de la trama liderada por Francisco Correa "partía de arriba" y ha precisado poco después: "Del gabinete de la Alcaldía". El exconcejal se ha referido, además, a dos facturas con empresas de la trama en las que figura su firma y ha explicado que Sepúlveda se encontraba ausente cuando él avaló los documentos, en su calidad de presidente del Patronato de Deportes.

Ruz ha citado a declarar como testigos a cuatro personas vinculadas con el Ayuntamiento para que declaren sobre el presunto cobro por parte del exalcalde de la localidad madrileña Jesús Sepúlveda "de comisiones ilegales vinculadas, bien a su cargo de senador, bien a la adjudicación irregular de contratos públicos". Además del exconcejal de Deportes, han comparecido como testigos ante el magistrado la encargada de la delegación especial de urbanizaciones, África Sánchez, el ingeniero de Caminos municipal Leopoldo Gómez y el representante de las compañías Travelling Escenografía y Producciones Escenográficas, Juan Peguero, que mantenía relaciones comerciales con empresas de la trama Gürtel como Special Events u Orange Market.

Reformaron un chalet

Peguero, que se dedica al montaje de escenografías para series de televisión y cine, ha indicado ante Ruz que los encargos que le realizaban las empresas de Correa le resultaron "extraños y sospechosos" desde el inicio, por lo que decidió conservar toda la documentación.

En este sentido, ha explicado que Special Events y otras compañías de Correa le contrataban para funciones que no están relacionadas con la actividad de Travelling Escenografía y Producciones Escenográficas, como la construcción de unas plazoletas. Special Events también le encargó "la reforma de un chalet", ha indicado, aunque no ha podido precisar a quien pertenecía la vivienda. Ruz le ha requerido que le aporte los documentos que guarda en un plazo de cinco días, han indicado fuentes jurídicas.

El juez atribuye al exmarido de la ministra Mato la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública. El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que le remita informes ampliatorios sobre los fondos que percibió el exalcalde de la trama y le informe si éste cometió delitos fiscales. Ha pedido también al Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo datos sobre las diligencias previas que abrió en 2008 y reclama a la empresa Asfaltos Vicálvaro SL el contrato que firmó con Constructora Hispánica SA en relación con el proyecto de obras 'operación asfalto 2004'.

El ayuntamiento adjudicó por 1.854.656 euros a las empresas D. Velasco y Asfaltos Vicálvaro estas obras, que fueron después subcontratadas a Constructora Hispánica. La red presuntamente cobró 63.643 euros por esta operación.

Regalos a la familia de Mato

La trama Gürtel regaló a la familia Sepúlveda-Mato viajes turísticos, artículos de lujo y "eventos familiares particulares" como fiestas de cumpleaños con payasos que costaron más de 62.000 euros. También pagó otros 75.000 euros para la oficina electoral del PP de Pozuelo y una serie de servicios al Ayuntamiento de la localidad, según reflejaba un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) remitido al juez en febrero de 2013.

Los viajes fueron costeados por la empresa de la red Pasadena Viajes por un monto total de 50.049,01 euros. La Policía también detallaba la existencia de "distintas entregas de dinero en metálico (60.000 euros) con destino a la cuenta de servicios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el pago de gastos relacionados con la organización de distintos actos de carácter político (no cuantificados) y el montaje de la oficina electoral del Partido Popular (PP) de dicha localidad con motivo de las elecciones autonómicas de 2003 (15.600,16 euros).

En relación con los "actos de carácter particular/familiar a nombre de Jesús Sepúlveda Recio", el informe de la UDEF aseguraba que los mismos supusieron un coste para la trama Gürtel de "un mínimo de 4.555,24 euros", al que habría que sumarle "una fiesta de cumpleaños" celebrada el 19 de junio de 2004 que costó 7.274,59 euros. De igual modo, destacaba el hallazgo de documentos que indican la compra, por parte de Special Events de dos artículos de Louis Vuitton por valor de 610 euros. El citado documento presenta una anotación manuscrita en su parte inferior: "Obsequio Ana Mato".

El pasado 24 de septiembre, cuando el doctor Miguel Cabanela operó de la cadera izquierda al rey para quitarle su prótesis infectada y colocarle una temporal recubierto de antibióticos, predijo que tras la segunda intervención, cuando ya se le pusiera el implante definitiva, el monarca necesitaría unas seis semanas para poder andar con normalidad. 

Ahora, ese pronóstico se ha quedado corto. Juan Carlos pasó por el quirófano del hospital universitario Quirón Madrid este jueves para que el mismo Cabanela le alojara la prótesis permanente. Tras la operación, de dos horas y media, practicada con anestesia general y concluida "con éxito", el cirujano, traído por la Zarzuela de la clínica estadounidense Mayo, varió sus previsiones iniciales. "Su Majestad ha pasado dos años de problemas en sus extremidades inferiores. Esperar que una persona que ha necesitado muletas durante todo este tiempo se vea libre de ellas en seis semanas puede ser un poco optimista. No descartamos la posibilidad de que eso suceda, pero no nos sorprendería que se tomase diez o doce semanas para poder caminar sin apoyos". En ese periodo irá transitando de dos a una muleta, de una muleta a bastón y después ya sin soporte. "Los intervalos son variables de una persona a otra. El rey es un hombre muy vigoroso, con buena musculatura. Probablemente el equilibrio sea lo que más le obligue a usar una cosa u otra, pero es predecible que en la primavera pueda caminar bien, sin nada". 

Juan Carlos llegó a esta segunda operación "físicamente muy fuerte", porque había hecho un "buen trabajo" de recuperación. Los resultados de los análisis habían sido "normales", no había "ninguna evidencia" de infección, según las pruebas histológicas practicadas. Asimismo, los cultivos preliminares también habían sido "positivos". De modo que esta intervención fue "más reglada" y "predecible". Y también algo más corta: 2 horas y 32 minutos frente a las 2 horas y 47 minutos de la del 24 de septiembre.  "Todo parece indicar que las cosas van por el buen camino", auguró. Tras la cirugía, se administrarán al jefe del Estado antibióticos, en principio por vía oral, "durante cinco días", hasta que los cultivos sean "definitivamente negativos". En seis horas, podrá pasar de la UCI a planta, y permanecerá ingresado en el hospital "de cuatro a siete días". "No les digo nada nuevo –bromeó–. Es posible que se vaya a casa antes, pero no me atrevo a predecirlo". La rehabilitación posterior sí será "más agresiva" que en la anterior ocasión, porque la prótesis ha quedado tan "firme", "solidísima", que no importa a los médicos que desde el primer momento "haga carga total". Los ejercicios, pues, serán más intensivos dentro del agua, en piscina –adonde podrá ir "en diez días"–, y fuera de ella. 

Sin cobrar por la operación 

El doctor Robert Trousdale, colaborador habitual de Cabanela en la Mayo, desgranó qué tipo de actividades están contraindicadas en cualquier operación de prótesis de cadera: todas aquellas que sean "de impacto", como correr, saltar, jugar al baloncesto o al voleibol, pero en cambio sí le estaría permitido montar en bici o a caballo o incluso jugar al tenis. Juan Carlos I podrá hacer viajes cortos, de menos de dos horas, "muy pronto, en las primeras seis semanas". Pero tardará algo más en poder hacer traslados en avión más largos, de más de ocho horas, porque ese tipo de trayectos generan problemas circulatorios en las piernas. "No es buena idea" hacerlos en las primeras seis-ocho semanas. 

El rey podría tardar en andar sin muletas entre 10 y 12 semanas

El jefe del Estado, previsiblemente, sí podrá asistir al siguiente acto importante en su agenda: la Pascua Militar, el próximo 6 de enero en el Palacio Real de Madrid. "Si necesita estar durante un tiempo no muy largo de pie, creo que podrá hacerlo perfectamente para entonces". El cirujano ya descartó en la anterior intervención que pudiera presidir los actos del 12 de octubre o viajar a la Cumbre Iberoamericana de Panamá. 

Las posibilidades de una nueva recaída, de que se reproduzca la infección, son bajas, del entorno "de un 5%", según cifró Trousdale. Los primeros tres meses son los más críticos, y superado el año, que se repita es "relativamente raro". El doctor, no obstante, rehusó poner la mano en el fuego. "Somos optimistas los dos. Pero recuerde que la medicina es una ciencia muy inexacta. Nadie puede predecir el futuro de sus caderas a diez años vista", confesó a los periodistas. 

"No está uno para cantar villancicos"

Cabanela no cobrará por ninguna de sus dos operaciones, como ya había confirmado tiempo atrás la Zarzuela. Sí recibirá sus honorarios Trousdale. El médico gallego regresará ahora a Estados Unidos y, como en el primer postoperatorio, mantendrá conversaciones frecuentes con el rey y con su equipo médico. 

El rey había llegado al hospital universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, poco después de las nueve de la mañana, y a las once entró en quirófano. A las 13.53, la Zarzuela remitió el mensaje SMS a los periodistas para informarles del término de la intervención. Según explicó el cirujano, había entrado a la Quirón con "mucho mejor" ánimo, más "optimista" que el 24 de septiembre. "Cosa perfectamente comprensible. Cuando a uno tiene una infección en la cadera, no está para cantar villancicos", razonó con humor.

La de este jueves fue la quinta operación de cadera y la novena desde mayo de 2010, cuando le extirparon en Barcelona un nódulo pulmonar benigno. Desde aquella fecha, tuvo que pasar por quirófano para que le implantaran una prótesis en la rodilla derecha, una rotura en el tendón de Aquiles izquierdo, para colocarle prótesis en sus dos caderas –primero, en la derecha, la que se fracturó en Botsuana, adonde viajó para una cacería de lujo– y de una doble hernia discal en la columna. El doctor Ángel Villamor le intervino hace un año la cadera izquierda, y fue esa misma la que sufrió la infección que ha tenido que ser cortada de cuajo este otoño en dos fases. Juan Carlos, que el 5 de enero cumplirá 76 años, contabiliza 14 operaciones quirúrgicas en su historial médico. 

El exteniente alcalde del PP de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández ha vuelto a implicar al exeurodiputado del PP Gerardo Galeote en una adjudicación de la trama Gürtel, según consta en la declaración realizada el pasado 2 de abril ante el juez Pablo Ruz: "Hay una reunión y se decide que se plantea esa adjudicación [el campo de golf de Las Rejas]. Está Gerardo Galeote, está Isabel Jordán, creo recordar que Ana García y está el alcalde [Jesús Sepúlveda].Gerardo Galeote Entonces se produce la adjudicación y se da la gerencia y la dirección del campo a una persona inhabilitada, que es el padre de Gerardo Galeote, inhabilitado durante diez años".

Isabel Jordán era una de las principales empleadas del cerebro de la red, Francisco Correa, por lo que está imputada, al igual que Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Gerardo Galeote fue imputado inicialmente en el caso, pero Antonio Pedreira, que sustituyó a Garzón al frente de la instrucción, rechazó llamarle a declarar como imputado al considerar que no había indicios suficientes de que hubiera cometido ningún delito. De esta forma, Pedreira se oponía a la petición de la Policía Judicial, que en varios informes aseguraba que Galeote podría haber cobrado de la red de Correa más de 600.000 euros en comisiones ilegales. La investigación se archivó y Galeote fue rehabilitado por Mariano Rajoy, que en 2011 pasó a ser el quinto político del PP con mayor sueldo: 151.000 euros anuales151.000 euros anuales. Entre 2009 y 2011, percibió 373.424 euros, con una subida en uno de los ejercicios de más del 40%. Gerardo Galeote también forma parte de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

infoLIbre se ha puesto en contacto con un portavoz del PP para conocer la versión de Gerardo Galeote de los hechos. Según esta portavoz, Galeote ha negado haber participado en ninguna reunión con la que fuera número dos de Francisco Correa, Isabel Jordán. "No ha visto nunca a Isabel Jordán. Conoce su nombre por los medios de comunicación", explica la portavoz del PP. Además, Galeote también niega haber conocido al edil Roberto Fernández, que ha denunciado los hechos ante el juez. En relación al nombramiento de su padre, Galeote ha asegurado que sí fue designado como gerente del club de golf, pero que puso como condición no cobrar nada. También ha anunciado su intención de presentar una querella contra Roberto Fernández.

"La presencia de Gerardo Galeote era continuada"

En relación a este campo de golf, explica el testigo, Isabel Jordán presentó al Ayuntamiento la posibilidad de crear un campo "en colaboración con Gerardo Galeote, que no sé si esta imputado o no. Pero la presencia de Gerardo Galeote era continuada. Y decidimos formalizar una especie de mancomunidad entre Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda para elaborar este campo de las Rejas. Aquí sí que conozco a Paco Correa. Viene Isabel Jordán y posteriormente viene él, y se produce la adjudicación. No recuerdo a qué empresa, pero se produce la adjudicación y se nombra como gerente del campo de Las Rejas al padre de Gerardo Galeote, que está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público". Este nombramiento supone, según Fernández, un problema para Sepúlveda: "Al no tener Galeote ningún tipo de formación, porque solo tiene asignaturas de primero de Derecho, tuvimos que pagarle desde el Ayuntamiento un programa de alta dirección para poder darle una cobertura formativa", especificó al juez en su declaración el exconcejal del PP de Pozuelo de Alarcón. Fuentes del PP aseguran que Galeote ha asegurado que nunca ha visita el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

La declaración del 2 de abril como testigo del exedil del PP de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández se centró en las presuntas irregularidades protagonizadas por los imputados de la red Gürtel. En su testimonio, Fernández relata lo que considera irregularidades. Entre estas destaca, explica el mismo exedil, la Oficina de Atención Ciudadana (OAC): "Sepúlveda me envía un correo electrónico para que tratara correctamente a Isabel Jordán y a Correa", indica Fernández, que en otro momento de la declaración llega a asegurar que Sepúlveda le pide que le adjudique el servicio a Correa. En su testimonio Fernández también aseguró, en relación a los seguros municipales: "Se me pide a reciba a la hermana de Ana Mato. Y se me presenta en el Ayuntamiento como intermediaria". También Sepúlveda le dio la indicación de que recibiera "al cuñado de Ana Mato. Pero yo me negué en este caso".

La mujer del exdiputado del PP Jesús Merino

El ex teniente alcalde de Pozuelo del PP también se refirió Ana García, la mujer del exdiputado del PP Jesús Merino, también imputado en Gürtel y propietaria de la sociedad Everland, propietaria del piso alquilado por el PP en el que vive el diputado del PP en el Congreso Esteban González Pons. En relación al centro comercial El Torreón "Isabel Jordán nos presenta a la intermediaria del grupo Sigla-Vips, Ana García, a la sazón abogada, comisionista, intermediaria y la mujer de un diputado imputado en el caso Gürtel [Jesús Merino]. Actúa como intermediaria a través de Isabel Jordán". Y Sepúlveda, según este testimonio, decide comprar el centro comercial: "Nos reunimos con el director de Sigla, Ana García, el director de VIPS y Jesús Sepúlveda y acordamos un precio de compra con mi oposición", relata el testigo, que destaca que se compra por 19: "Jesús [Sepúlveda] me llama y me dice: Roberto he conseguido una negociación mucho mejor, y en vez de 26 lo vamos a comprar por 19. Pagamos 19 después de estar cerrados los 26... blanco y en botella...Yo cierro un precio y elaboro un pliego de condiciones. Y hay una partida presupuestaria por 26 millones....y 6 desaparecen", concreta el concejal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha verbalizado este miércoles desde Bruselas el apoyo que mantiene el Ejecutivo a la titular de Sanidad, Ana Mato. Hace una semana, Hacienda confirmó en un informe que la red Gürtel pagó al menos una parte de dos viajes a Dublín y a París de la exresponsable de Organización del PP. 

Según sostuvo Rajoy, el Gobierno que lidera mantiene su "absoluta confianza" en la responsable de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. "Está haciendo las cosas muy bien y espero que las siga haciendo durante mucho tiempo", recalcó el presidente preguntado en rueda de prensa sobre las últimas revelaciones de la Agencia Tributaria.

Esto significa que, tal y como adelantó infoLibre el pasado viernes, el Gobierno se da por satisfecho con las explicaciones dadas por la ministra. A saber: que todo son asuntos de su exmarido, Jesús Sepúlveda, imputado en el caso Gürtel, y que ella siempre ha corrido con los gastos de sus viajes.

Este lunes, la número dos del PP fue preguntada sobre esta misma cuestión. En su respuesta, María Dolores de Cospedal, evitó defender a su compañera de partido. "A los ministros los nombra el presidente del Gobierno y hace lo que le corresponda", valoró.