La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado, sin embargo, decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. 

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio. Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. De hecho, desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora". Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable de su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios".

En paralelo, el juez, que hasta ahora había denegado todos los pedidos, se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, y en la víspera con la esposa del exdirigente ultra, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018. Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una bronconeumonía en la prisión en Brasilia en que está recluido y no tiene previsión de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha brasileña, trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos en la madrugada de este viernes, fue diagnosticado con bronconeumonía, es decir con líquido en los pulmones, como consecuencia de una broncoaspiración, afirmó su primogénito en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario DF Star de Brasilia.

"Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago", afirmó.

Según el senador, esa condición está considerada como muy peligrosa debido a que puede generar una grave infección.

El problema le provocó fiebre alta, reducción del oxígeno en la sangre y escalofríos, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las presidenciales del próximo octubre próximo.

El boletín médico divulgado poco después por el hospital DF Star confirmó lo dicho por el senador. Según sus médicos, los exámenes iniciales de imagen y de laboratorio "confirmaron bronconeumonía bacteriana bilateral", provocada posiblemente por broncoaspiración.

El informe agrega que el expresidente fue ingresado en una unidad de terapia intensiva, en donde es sometido a un tratamiento con antibióticos por vía venosa y soporte clínico no invasivo.

Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

"Están jugando con la vida de mi padre". No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse", afirmó el senador, considerado como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.

Jair Bolsonaro padece desde 2018 problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de la agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado en el Complejo Penitenciario de Papuda.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia. En esa ocasión fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por el Supremo por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por Lula.

Además de la condena, Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

Fue el propio Flávio el que leyó la misiva a las puertas del hospital privado de Brasilia donde su padre pasará por el quirófano este jueves, día de Navidad, para corregir una hernia inguinal bilateral.

El capitán retirado del Ejército, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, indicó que su hijo Flávio representa la continuidad del "camino hacia la prosperidad", que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

Titulada 'Carta a los brasileños' y escrita con bolígrafo de tinta azul, la carta pretende zanjar las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre de 2026.

El senador ya había adelantado el pasado 5 de diciembre que su padre, también inhabilitado, le había designado como su heredero político.

Sin embargo, Flávio luego insinuó que podría retirar su nombre de la contienda por el "precio" justo que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

En la carta, Jair Bolsonaro manifiesta que designar a su hijo como su sucesor es "una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron" en él.

"Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño", expresó Bolsonaro, quien el pasado 11 de septiembre fue condenado por la Corte Suprema por "liderar" una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula ya anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta dos dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, informa EFE.

La elección de Flávio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado en enero de 2023, según aseguró el dirigente del PL.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", comentó Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

En las elecciones de octubre de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para aspirar a un mandato de cuatro años que se iniciará en enero de 2027.

Su elección como candidato despeja las dudas que se habían abierto en la derecha tras la inhabilitación política de su padre, por haber cometido delitos electorales en 2022, y su posterior condena de cárcel por liderar un golpe de Estado para tratar de retener el poder tras su derrota en los comicios de ese año.

Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.

El fenómeno pentecostal y neopentecostal crece y su mensaje llega cada vez más y más lejos. Este movimiento religioso, que tiene su origen en el cristianismo evangélico, se ha esparcido por todo el globo desde EEUU hasta Asia, pasando por África y América Latina, donde, desde hace décadas, se ha vivido un boom que ha llegado a preocupar incluso al Vaticano. 

España está siendo testigo de una progresión sin precedentes de este movimiento religioso. Según datos del Observatorio del Pluralismo Religioso, a día de hoy existen 4.737 lugares de culto evangélicos en España con una gran presencia en comunidades autónomas como Cataluña (con 1.007 templos) o Madrid (con 851). La mayoría de estos templos (que a veces son sótanos acondicionados o antiguos locales) se afincan en los barrios de la periferia de las grandes ciudades, donde buscan ofrecer una salida espiritual a gente que, en muchas ocasiones, sufre de precariedad y marginalidad.

Las comunidades evangélicas ofrecen un espacio de congregación para distintas poblaciones que, a menudo, se encuentran en riesgo de exclusión. Personas de etnia gitana, venezolanos, colombianos, dominicanos y distintos grupos de personas migrantes procedentes en su mayoría de América Latina, encuentran en estas iglesias espacios comunes donde son escuchados por personas con las que pueden compartir circunstancias, problemas e, incluso, origen cultural. Pero detrás de esto, sobre todo en estas nuevas iglesias carismáticas, se esconden prácticas como curaciones milagrosas y mensajes socialmente peligrosos, más cercanas al sectarismo que a la fe. 

Para la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), el auge tanto del evangelicalismo ,en general ,como de estas nuevas tendencias carismáticas y neocarismáticas, en particular, guarda una estrecha relación con “un flujo migratorio inédito en la historia de España”, que explican, “sobre todo a partir del 2000, trajo fieles evangélicos de diferentes países del mundo, especialmente de Latinoamérica”. 

De la misma manera, para la organización, este fenómeno se explica también por dos causas: el impacto en el pueblo gitano español a partir de la década de los 60 y la labor social entre drogadictos y marginados a partir de los 80, que ha dado origen a nuevas iglesias en todo el territorio nacional y en varios países del mundo.

Según datos ofrecidos por el Real Instituto ElCano sobre Inmigración y mercado de trabajo en España, en 2025 la población inmigrante en España supera ya los nueve millones de personas y crece a un ritmo de 600.000 personas anuales desde el fin de la pandemia. Además, las personas inmigrantes representan el 23% de la población ocupada en España. 

En el desglose de estos datos, observamos que el 48% de los inmigrantes residentes en el país son originarios de Latinoamérica y Caribe, muy por delante de los de origen europeo (27%) o africano (17%), lo que puede explicar que debido al aumento de la población latinoamericana, en España haya fecundado toda esta idiosincrasia social y religiosa, sobre todo, en los barrios de la periferia de las ciudades, que es donde se encuentra el mayor número de inmigrantes de esta procedencia. 

Para Antonio Montañés Jiménez, doctor e investigador de Antropología de la Universidad de Oxford, “las iglesias neopentecostales tienen la particularidad de que se autodenominan independientes porque no parten de una denominación concreta, sino que son iglesias dominadas por un pastor muy carismático; tienen una esencia evangelizadora muy ligada al marketing y están muy relacionadas a la teología de la prosperidad”, cuenta a infoLibre.

En los próximos años, según Montañés, el movimiento va a seguir creciendo y no solo debido a los flujos migratorios: “Gracias a las nuevas plataformas digitales como Tiktok o Instagram van a mejorar su capacidad de llegar a más gente todavía y de seducir a grandes personalidades como por ejemplo Dani Alves que den relevancia a su mensaje”. 

Esta postura que mezcla el discurso moral reaccionario con las ideas del neoliberalismo ha generado un discurso que ha llegado a calar incluso en los márgenes políticos. El auge evangélico, sobre todo en su deriva neopentecostal, ha llevado también su presencia a instituciones y órganos de representación públicos, la mayoría en América Latina y EEUU. 

Este crecimiento ha supuesto que los evangélicos supongan un grupo a tener en cuenta en los debates preelectorales. Jimmy Morales en Guatemala, López Obrador en México, Sebastián Piñera en Chile o Jair Bolsonaro en Brasil, son ejemplos claros de presidentes electos con el beneplácito del voto evangélico, siempre ligado a los partidos conservadores. Aunque, a veces, son los propios pastores evangélicos los que se presentan a las elecciones como en Venezuela con Javier Bertucci y en Colombia con Jorge Antonio Trujillo. 

Según el estudio de Javier Calderón Castillo y Taroa Zúñiga para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), “con esa performance religioso-política las iglesias neopentecostales vienen conquistando espacios de poder en Latinoamérica”. Además, afirman que las fuerzas político-religiosas neopentecostales, están “influenciando la agenda política y permeando facciones de derechas que añoran el caudal electoral de esas iglesias”. 

Erick Adrián Paz González, residente en México, es doctorando en Comunicación y Sociología, además de cocoordinador del Grupo de Trabajo "Religiones y sociedad. Tensiones, diversidades y movilizaciones en debate" del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Paz González cuenta a infoLibre que “este gran boom continental se atribuye, sobre todo, a dos cuestiones: el crecimiento de la pobreza y la marginalidad que logró que estas comunidades enraizaran en lugares como el campo o las favelas; y la atomización de las propias iglesias que hacía que de cada iglesia salieran otras nuevas iglesias, lo que les otorgó una capacidad de desarrollo y alcance geográfico muy rápida”.

"Al meterse de lleno en política, estos grupos religiosos buscan establecer una agenda", continua explicando el experto, "esta agenda se divide en dos: la de los conservadores radicales y los liberales". "Estos conservadores buscan hacer juego a las derechas internacionales como EEUU para imponer el modelo del capitalismo tradicional retornando a los valores del tradicionalismo religioso, de ahí que defiendan ideas como la de la participación de la religión en la vida política bajo el paraguas de libertad religiosa, la familia y la educación tradicional o la condena de las prácticas homosexuales", concluye.

En EEUU, desde la llegada a la presidencia del republicano Donald Trump, la sensación del ciudadano es que la religión gana cada vez más peso en la vida de las personas. Al menos, así lo afirma el último estudio del Pew Research Center, en el que casi el doble de los encuestados del año anterior afirmaron que “la religión estaba ganando influencia en la vida estadounidense”, siendo esta la cifra más alta en 15 años según el observatorio. 

El cristianismo representa el 62% de la población adulta estadounidense, según datos del mismo observatorio en su Estudio del Panorama Religioso publicado en febrero de 2025. Dentro de este porcentaje, los evangélicos se han consolidado como el grupo religioso más grande del país (23%), frente a los católicos (19%). Este gran peso evangélico ha hecho que los fieles se conviertan en potenciales votantes, sobre todo para los republicanos más conservadores. 

“Sin Dios no hay EEUU”, dijo Donald Trump durante el funeral de Charlie Kirk. La línea que separa la religión de la política en el país norteamericano es cada vez más difusa. Así se demostró en las primeras elecciones ganadas por Trump en 2016, cuando el peso del electorado evangélico supuso un factor decisivo en la victoria del candidato republicano. De hecho, uno de cada cuatro votantes se identificó como cristiano evangélico blanco y la gran mayoría de estos (81%) votó por Trump, según la BBC. Algo muy similar sucedió en la victoria de diciembre de 2024. 

En su última campaña, Trump visitó iglesias evangélicas, se rodeó de predicadores y vendió biblias. Sabía que el voto evangélico suponía un nicho de mercado muy apetecible y lo aprovechó como empresario que es. De hecho, ya en 2018 se creó un grupo de estudio de la Biblia en la Casa Blanca compuesto por políticos del partido republicano como Mike Pence, quien llegara a ser vicesecretario de Estado; Betsy deVos, exsecretaria de Educación; o Rick Perry, exsecretario de Energía. Además, Trump ha puesto en marcha el nuevo proyecto de la Oficina de la Fe liderado por la telepredicadora Paula White-Cain con el fin de "perseguir la violencia anticristiana y el vandalismo en la sociedad", y para "defender los derechos de los cristianos y los creyentes religiosos en todo el mundo"

La fe sigue jugando un factor clave en el tablero de la política estadounidense. El rechazo a la comunidad LGTBIQ+, al aborto, a la eutanasia o la defensa de la familia tradicional, del papel de la Iglesia en la vida pública o del uso de armas, junto a un discurso económicamente muy ligado a las teorías neoliberales (directamente heredado de la teología de la prosperidad); hace que los creyentes evangélicos (sobre todo los neopentecostales) se hayan convertido en el jaque de la izquierda progresista en el país.

En España, podemos ver una cuestión similar con el auge evangélico en los últimos años, con grupos políticos como el PP asistiendo a eventos de comunidades evangélicas o, por ejemplo, cediendo el micrófono a la pastora evangélica Yadira Maestre para hablar en un mitin del partido. Maestre es una predicadora ultraconservadora de origen colombiano que ha consagrado su popularidad como ‘la evangélica del PP’. Fue fundadora de la Iglesia Evangélica Cristo Viene en 1998 en el barrio de Usera (Madrid) y entre los dones espirituales de los que presume se encuentran algunos como curar enfermedades o ser capaz de hablar en lenguas extrañas. 

“Dios mío, tú eres todopoderoso. Tu palabra dice que cuando gobiernan los justos, los que tienen amor y pasión por la gente, tenemos paz. Señor Padre celestial, te pedimos que cada día el amor esté en el corazón de este partido (el PP)”. Ruegos y alabanzas como esta pronunció la predicadora colombiana a sus feligreses en el acto avalado por el PP en Canillejas (Madrid) hace apenas dos años. Ceremonia que fue borrada de los canales de difusión del partido. 

La Policía Federal de Brasil detuvo de forma preventiva este sábado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria, informaron medios locales, informa EFE.

Un grupo de agentes acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestó al líder ultraderechista, quien inmediatamente fue trasladado a dependencias policiales.

Según el grupo Globo, la Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".

La Policía Federal de Brasil informó en una escueta nota de que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema", aunque no especificó contra quién.

La detención del ex jefe de Estado se produce un día después de que sus abogados solicitaran al alto tribunal poder cumplir la pena de 27 años de cárcel que recibió por intento de golpe de Estado bajo régimen domiciliario por motivos de salud.

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro fue condenado por la Primera Sala del Supremo por intentar "perpetuarse" en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder ultraderechista, de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de esa causa.

Según medios locales, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, lo que se esperaba para las próximas semanas, tras el rechazo por parte del Supremo de los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro y quien igualmente fue condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos.

Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil alcanzó este viernes la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmar la pena de 27 años de cárcel por golpismo dictada en septiembre pasado. El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha sido el primero en manifestarse a favor. Tras él se pronunciaron en el mismo sentido los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin, con lo que se llegó a tres de cuatro votos y a la mayoría necesaria para que la apelación sea negada.

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal. Además, la Fiscalía lo ha acusado de haber encabezado una conspiración destinada a desacreditar el sistema electoral, atacar las instituciones democráticas y desconocer el resultado de las urnas.

Aún cuando la mayoría ya está establecida, cualquiera de los jueces podría cambiar de posición antes de que el resultado sea oficialmente proclamado. Sin embargo, esa posibilidad es más que remota y la sentencia a 27 años de cárcel para Bolsonaro parece ya confirmada.

El análisis de los recursos comenzó este mismo viernes en la plataforma electrónica de la Primera Sala y los jueces tenían tiempo para pronunciarse hasta el próximo día 14. Sin embargo, la mayoría se formó apenas unas seis horas después de iniciado el proceso. Ahora solo falta el voto de la magistrada Carmen Lucia Antunes, que será la última en pronunciarse, pues el juez Luiz Fux, hasta ahora integrante de la Primera Sala, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro, acaba de separarse de ese tribunal y optó por no participar en esta fase final del proceso por haber sido voto vencido.

"No hubo ninguna omisión" en la sentencia, que "declara las circunstancias judiciales desfavorables" para Bolsonaro, por lo que se considera "inviable el argumento defensivo", indicó el juez De Moraes en el voto que publicó este viernes.

La decisión de Bolsonaro es extensiva a otros siete condenados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista urdida tras los comicios presidenciales de 2022, en los que el dirigente ultraderechista perdió por un estrecho margen frente a Lula.

Estas apelaciones, conocidas como "embargo de declaración", son los últimos recursos que pueden intentar los abogados de Bolsonaro y, si fueran negados por la mayoría de los jueces, el próximo paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.

En los documentos que presentaron al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto "cercenamiento" del derecho a la defensa, en que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y en que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.

También pedían una reducción de la pena, fijada en 27 años y tres meses de cárcel, en el juicio concluido el pasado 11 de septiembre.

Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ha ocurrido este viernes, en el voto publicado por el juez De Moraes en el sistema informático de la Corte Suprema.

La Fiscalía sitúa el origen de la conspiración en 2021, cuando Jair Bolsonaro inició una campaña para desacreditar el sistema electoral brasileño y al Poder Judicial. En un directo en sus redes, el entonces presidente cuestionó la fiabilidad de las urnas electrónicas, poco después de que Luiz Inácio Lula da Silva recuperara sus derechos políticos y comenzara a liderar los sondeos. Desde entonces, Bolsonaro repitió sus ataques en entrevistas y actos públicos.

El 7 de septiembre de ese año, Día de la Independencia, lanzó amenazas directas contra los jueces del Supremo ante miles de seguidores. Según el juez Alexandre de Moraes, una ofensiva que buscó crear un relato contra las instituciones democráticas y preparar el terreno para justificar una ruptura constitucional.

En julio de 2022, ya en plena campaña electoral, Bolsonaro reunió a sus ministros y a los mandos de las Fuerzas Armadas en un encuentro calificado de “golpista”, donde insistió en el fraude electoral y alentó a “dar un golpe encima de la mesa”. También convocó a embajadores extranjeros para sembrar dudas sobre el sistema de votación.

La sentencia sostiene que el expresidente contó con el apoyo de varios miembros del Gobierno y del Ejército, a quienes encargó investigar irregularidades inexistentes en las urnas. Tras perder en las elecciones frente a Lula, impulsó planes para impedir su investidura, disolver la Justicia Electoral y detener a diversas autoridades. El grupo incluso llegó a vigilar a opositores y a planear el asesinato de Lula, su vicepresidente y el propio De Moraes.

Mientras Bolsonaro maniobraba desde los despachos, sus simpatizantes actuaron en las calles. Tras la victoria de Lula en octubre de 2022, grupos de camioneros bloquearon carreteras en distintos estados del país, impidiendo el paso de mercancías y exigiendo la “intervención” del Ejército. Miles de seguidores acamparon durante semanas frente a los cuarteles, en Brasilia y otras capitales regionales, reclamando un golpe militar que impidiera la toma de posesión del nuevo presidente.

El 12 de diciembre, día en que el Tribunal Electoral certificó la victoria de Lula, radicales incendiaron vehículos e intentaron invadir la sede de la Policía Federal en la capital. Días después, el 24 de diciembre, un simpatizante de Bolsonaro colocó una bomba en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia, con el objetivo de provocar caos y justificar una intervención militar, aunque el artefacto no llegó a estallar.

El punto culminante llegó el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de extremistas invadieron y vandalizaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio presidencial de Planalto. Los atacantes destruyeron despachos, robaron documentos y símbolos nacionales, y exigieron la destitución del Gobierno.

Para el Supremo, aquella jornada fue la culminación del plan golpista impulsado desde el entorno de Bolsonaro, cuyo objetivo era desestabilizar el nuevo mandato de Lula y forzar una ruptura del orden democrático en Brasil.

Concebida hace siete décadas como una ciudad futurista por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, Brasilia se erige hoy en icono mundial contra la impunidad. El Supremo Tribunal Federal, con sede en la capital brasileña, ha condenado al expresidente y excapitán del Ejército Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista contra su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de una sentencia histórica en un país que sufrió una dictadura militar (1964-1985) sin castigo posterior para sus responsables. Es la primera vez que se condena a un expresidente y altos mandos militares por un intento de golpe de Estado. La ejemplaridad de la condena muestra la firmeza de Brasil contra la impunidad y el deseo de saldar cuentas con su pasado reciente.

Bolsonaro (presidente entre 2019 y 2022) ha sido sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por cinco delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado y la pertenencia a una organización criminal. Junto a él han recibido también duras penas otros seis imputados que según el Supremo Tribunal Federal (STF) participaron en la trama golpista urdida tras los comicios presidenciales de 2022, en los que el dirigente ultraderechista perdió por un estrecho margen frente a Lula.

Los dos puntales de Bolsonaro en esa conspiración fueron el general y exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (condenados a 26 y 24 años de prisión, respectivamente). Un encausado más, el teniente coronel Mauro Cid, secretario particular de Bolsonaro, sólo ha recibido una pena de dos años por haber colaborado con los investigadores. Su declaración fue crucial para conocer los entresijos de una operación que se inició en 2021 y se aceleró a finales de 2022 para intentar que Lula no asumiera la presidencia tras haber ganado las elecciones en noviembre de ese año. La conspiración culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia por parte de miles de seguidores bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

La celebración del juicio, cuyas sesiones se han emitido por televisión en directo, ha tenido a Brasil en vilo durante diez días. Cuatro de los cinco magistrados de la sala primera del STF votaron a favor de condenar a Bolsonaro y sus cómplices. Todo el país pudo seguir en vivo sus alegaciones. Fue un inmenso ejemplo de transparencia judicial.

El primero en pronunciarse fue el juez instructor, Alexandre de Moraes, a quien la trama golpista pretendía asesinar: “Bolsonaro actuó con la intención de provocar la inestabilidad social y mantenerse en el poder”, argumentó. El voto discrepante de uno de los magistrados, Luiz Fux, quien pidió la absolución del expresidente, imprimió algo de suspense al proceso al considerar que el Supremo no era el órgano competente para juzgar a los acusados. Su posición, al romper la unanimidad, abre un resquicio legal al que ahora podrán acogerse los abogados de Bolsonaro para fundamentar sus recursos. El voto de la jueza Cármen Lúcia fue el que inclinó la balanza (3 a 1) antes de que se definiera el criterio del quinto magistrado. Lúcia, la única mujer en el tribunal, fue contundente sobre el tremendo simbolismo del juicio: “Toda acción penal exige un juicio justo y aquí no es diferente. Lo inédito en esta acción penal es que en ella late el Brasil que me duele. Esta acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, su presente y su futuro”.

Bolsonaro, que siguió el juicio desde su casa de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, ya está inhabilitado para ostentar cargo público hasta 2030 por denostar el sistema de votación ante varios embajadores extranjeros. A sus 70 años, su carrera política puede darse casi por finiquitada. La sentencia determina que tendrá que cumplir 24 de los 27 años en régimen cerrado, todavía por determinar. Pero hay algunos resquicios, legales y políticos, a los que el exmandatario puede aferrarse todavía. Sus abogados probablemente solicitarán la nulidad del juicio, en línea con el argumentario del juez Fux, quien mencionó en su exposición el caso de Lula, cuya condena por corrupción fue anulada en 2021 por el Supremo al estimar que el tribunal federal del estado de Paraná que juzgó al exsindicalista no era competente.

El tiempo corre ahora en contra de Bolsonaro, más centrado en hallar una solución política a la difícil situación personal que le aguarda. Sus aliados parlamentarios llevan ya tiempo tratando de sumar una mayoría suficiente para sacar adelante en el Congreso una ley de amnistía que, en caso de ser aprobada, tendría que pasar el filtro de la justicia. Entre los promotores del perdón se encuentra Tarcísio de Freitas, poderoso gobernador del estado de São Paulo y principal aspirante a postularse como recambio de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2026. “Fue condenado sin pruebas”, dijo nada más conocer la sentencia. Tanto De Freitas como el resto de dirigentes de la derecha con pretensiones presidencialistas han prometido que otorgarían el indulto a su mentor político si llegan al poder.

El bolsonarismo es hoy la principal fuerza política en el Congreso y su respaldo en la calle no es menor. La condena ejemplar a su caudillo abre un periodo de incertidumbre política. Todavía es pronto para saber cómo reaccionarán las élites brasileñas que lo encumbraron en 2019 y qué efecto tendrá la sentencia entre su legión de seguidores. Al otro lado del espectro ideológico, la izquierda sigue apostando todo al carisma de Lula, quien ya ha anunciado que se presentará a un cuarto mandato el año que viene. Las encuestas le sonríen pero el líder del Partido de los Trabajadores (PT) está a punto de cumplir 80 años y su enorme popularidad ha eclipsado la irrupción de recambios políticos fiables en las urnas.

De momento, la izquierda celebra la sentencia y saca pecho frente a las continuas injerencias de Estados Unidos. Ni las presiones comerciales (con aranceles del 50%) ni las sanciones a De Moraes y otros magistrados han alterado la determinación de Brasil para luchar contra la impunidad. Pero Washington no se da por vencido. El secretario de Estado, Marco Rubio, abandera una cruzada en América Latina en favor de los populismos reaccionarios y ya ha anunciado que habrá "respuesta" de la Administración Trump.

La histórica sentencia del Tribunal Supremo brasileño envía un mensaje diáfano al mundo sobre cómo frenar las estrategias involucionistas de la extrema derecha. En 1979, todavía con los militares en el poder, se aprobó una amnistía que dejó impunes todos los crímenes de los represores. Como sostiene el diplomático y exministro de Hacienda Rubens Ricupero en declaraciones al medio paulista Carta Capital, el juicio a los implicados en la trama para derrocar a Lula opera de alguna forma como contrapunto de aquella ignominia histórica: “En cierta medida, es el juicio que no hicimos al régimen militar”. Un proceso equiparable, en su opinión, al que Argentina abrió contra las juntas militares en 1985. En esa ocasión, como ahora en Brasil, fue la primera vez que un tribunal civil juzgaba a altos mandos militares por golpismo.

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.

"El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro", afirmó Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto.

Solo uno de los magistrados votó por la absolución del exmandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50% a los productos del país. Tras conocerse la sentencia, Trump se declaró "sorprendido" y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo contra el líder ultraderechista.

Seis de los ocho condenados son de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado. Otro es el excomandante de la Marina Almir Garnier. También hay tres generales de la reserva en la lista: Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. Los cuatro fueron condenados a penas de entre 19 y 26 años de cárcel.

La sentencia aún no es firme; aún cabe recurso. La mayoría de la corte asumió las tesis de la Fiscalía y responsabilizó a Bolsonaro de valerse de las estructuras del Estado para poner en marcha un plan que buscó desmantelar los poderes constitucionales, deponer por la fuerza al Gobierno de Lula e imponer una "verdadera dictadura".

El juez relator, Alexandre de Moraes, enumeró trece actos de la trama, que se gestó a mediados de 2021, poco después de que Lula recuperara sus derechos políticos, tras ver anuladas sus condenas por corrupción, y empezara a despuntar en las encuestas con vistas a los comicios de 2022. "Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal y movilizó agentes y recursos públicos para promover falsas narrativas que generaran inestabilidad social a fin de perpetuarse en el poder", declaró este jueves el magistrado.

El complot "ampliamente probado" empezó con una feroz campaña de desinformación contra las instituciones y las elecciones, ganó forma con graves amenazas a las autoridades y, finalmente, intentó materializar "un proyecto autoritario de poder" a través de actos violentos que se prolongaron hasta el 8 de enero de 2023.

Ese día tuvo lugar la última tentativa: miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia, para incitar una intervención militar. "El 8 de enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de un almuerzo de domingo en el que las personas se fueron a pasear", apuntó con ironía Cármen Lúcia Antunes, quien acompañó el voto del relator junto con Cristiano Zanin y Flávio Dino.

A través de audios, documentos, mensajes y la confesión del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, el tribunal constató que Bolsonaro editó decretos para establecer un estado de excepción e incluso avaló un plan macabro para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes. Solo fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica.

El único voto divergente tuvo la firma de Luiz Fux. El magistrado minimizó las pruebas de la Fiscalía y aseguró que no hay evidencias que demuestren que Bolsonaro actuó para imponer una dictadura; apenas se barajó esa posibilidad, algo que no consideró punible.

Bolsonaro, quien siempre ha negado que quisiera dar un golpe, escuchó la sentencia en su casa, en Brasilia, por motivos de salud. Sus esperanzas radican ahora en una amnistía que promueve su partido en el Parlamento y en nuevas sanciones del Gobierno de Trump, hasta ahora inútiles.

Sus abogados además adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", en una nota divulgada a la prensa. Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, que integran la defensa de Bolsonaro, expresaron que consideran las penas "absurdamente excesivas y desproporcionadas", y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.

Sus problemas judiciales no empiezan ni terminan con esta condena. En 2023, fue inhabilitado por ocho años y aún es investigado por supuestamente intentar obstruir el juicio por golpismo, por diseminar noticias falsas y por apropiarse de unas joyas que serían del acervo estatal.

Mientras, en las calles, hubo tibios festejos de la izquierda y unas pocas protestas, con escasa afluencia, del bolsonarismo.

La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Cármen Lúcia Antunes, uno de los cinco magistrados que integran la sala, dio el tercer voto a favor de una condena al respaldar los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró al líder ultraderechista y a siete de sus aliados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

Después de Antunes, que dejó un resultado parcial de 3-1, solo faltará el voto de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil. Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto, algo improbable.

Antunes apoyó los argumentos del juez relator y afirmó que hay "pruebas concluyentes" que muestran que, desde 2021, un "grupo liderado por Jair Bolsonaro" intentó "abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el Judicial, y deponer el Gobierno legítimamente constituido".

"Todo eso junto y con una enorme violencia. El panorama está ampliamente demostrado. Está comprobada la violencia y la grave amenaza (...) La organización documentó casi todas las fases de su empresa", enfatizó.

"Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral" con "actos de violencia, graves amenazas, coacción" y hasta con planes de asesinato de autoridades, añadió.

Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, responde en este proceso por cinco crímenes por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

La mayoría de la Primera Sala siguió el voto de Alexandre de Moraes, quien situó a Bolsonaro en el epicentro de un complot golpista que, desde mediados de 2021, buscó anular la victoria electoral de Lula "a cualquier costo" para "perpetuarse en el poder" mediante el uso de la fuerza.

El único voto divergente hasta ahora ha sido el de Luiz Fux, quien absolvió a Bolsonaro de todos los cargos porque, en su opinión, no hay pruebas suficientes, en una exposición que duró alrededor de 13 horas.

Una vez que se conozcan los votos de los cinco magistrados, estos pasarán a discutir la fijación de la pena para cada uno de los posibles condenados, lo que previsiblemente ocurrirá el viernes.

Alexandre de Moraes, juez instructor del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, consideró este martes al líder ultraderechista culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático e instalar una "dictadura", tras ser derrotado en las urnas por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, según recoge EFE. 

Moraes también se mostró convencido de la culpabilidad de otras siete personas juzgadas junto con Bolsonaro, entre las cuales figuran exministros y antiguos jefes militares, lo cual aún será debatido con los otros cuatro miembros del tribunal.

El juez no llegó a proponer penas, que podrían sumar unos 40 años de prisión y serán discutidas en otras sesiones que la Primera Sala del Supremo tiene previsto realizar hasta el próximo viernes.

El juez recibió en su totalidad los cargos formulados por la Fiscalía General, que ha acusado a Bolsonaro y los otros imputados de cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

Según la Fiscalía, la trama tenía como objetivo "perpetuar" a Bolsonaro en el poder tras los comicios de octubre de 2022, en los que aspiraba a la reelección pero fue derrotado por el progresista Lula.

De acuerdo a los autos del proceso, dados por válidos por Moraes, los golpistas hasta tejieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio juez De Moraes, que serían ejecutados por seis oficiales del Ejército.

Durante unas cinco horas, Moraes hizo un pormenorizado relato de la durísima campaña que Bolsonaro emprendió en junio de 2021 con el fin de sembrar dudas en el sistema electoral y generar una corriente de opinión que alertaba sobre posibles fraudes en los comicios de 2022.

Citó decenas de declaraciones públicas del entonces presidente, que ya en esa época tildaba de "canallas" a los jueces y los acusaba de "sabotear" el proceso a fin de favorecer a Lula.

Aseguró que, de acuerdo a la investigación, esa campaña contra las instituciones era impulsada en las redes sociales por lo que se conoció como "gabinete del odio", una estructura de difusión masiva de falsa información que funcionaba en el palacio presidencial. 

Según el relator, esa campaña pasó de las declaraciones a los hechos tras las elecciones ganadas por Lula.

Sobre el período postelectoral, enumeró decenas de documentos obtenidos por la investigación sobre reuniones en las que se tramaba un golpe y en las que incluso se discutió el borrador de un decreto que ordenaba "intervenir" el Poder Judicial y anular el resultado de los comicios. 

El juez acusó a la supuesta "organización criminal" liderada por Bolsonaro de haber promovido bloqueos de carreteras, protestas y campamentos frente a los cuarteles del Ejército en los que se pedía a las Fuerzas Armadas que impidieran la investidura de Lula.

Recordó que, de uno de esos campamentos, instalado en Brasilia, partió la marcha que concluyó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula.

Sobre ese violento episodio, Moraes afirmó que no fue "combustión instantánea", sino el corolario de un golpe planeado desde 2021.

Según Moraes, todo fue corroborado hasta por testigos de algunas defensas, que admitieron que los planes eran "coordinados" por el propio Bolsonaro, sobre quien afirmó que se constituyó en "líder de una verdadera organización criminal". 

Tras el voto del relator, quien aseguró que existe un "exceso de pruebas", se pronunciarán los otros cuatro jueces de la Primera Sala, en la que cursa el juicio que, por primera vez en la historia, puede llevar a prisión a un expresidente brasileño por un intento de golpe de Estado. 

Bolsonaro ha recibido apoyo de otros líderes de la ultraderecha global, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha aplicado aranceles del 50% a gran parte de los productos brasileños por un juicio que ha definido como una "caza de brujas" con uno de sus mayores aliados. 

Además, EE.UU ha aprobado sanciones económicas contra el juez De Moraes y otros siete de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que se reunirá con empresarios del país para "buscar nuevos mercados" y alertó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la imposición de aranceles le traerá "muchas consecuencias" a Estados Unidos. "Vamos a crear una comisión negociadora que reúna a empresarios y Gobierno. Vamos a ver cuáles son las decisiones a tomar, quiénes se ven afectados, cómo se verán afectados y cómo podemos buscar nuevos mercados. Y yo mismo voy a buscar nuevos mercados para los productos brasileños", explicó en una entrevista al noticiero Jornal Nacional de la emisora TV Globo recogida por EFE.

El líder progresista, que se encuentra en las antípodas ideológicas del mandatario estadounidense, afirmó que no es cuestión de "gravar siempre a los demás", sino que esas decisiones le traerán "muchas consecuencias" a la economía de Estados Unidos. "Es importante que le quede claro al público que esto no es un impuesto a Brasil. Ha estado gravando a todos los países del mundo desde que asumió el cargo. Es su derecho, pero es el derecho de los países reaccionar", dijo Lula.

El mandatario de Brasil adelantó que iniciará negociaciones y, en el caso de que no prosperen, aplicará la misma medida contra las importaciones estadounidenses a partir del 1 de agosto, cuando entran en vigencia. "Queremos negociar, y lo que queremos es que se respeten las decisiones brasileñas. Por lo tanto, si (Donald Trump) sigue jugando con los impuestos, estos serán interminables. Alcanzaremos millones y millones de millones en impuestos. Lo que Brasil no acepta es la injerencia en los asuntos internos", reiteró el brasileño.

Además, confesó que la forma en la que se enteró del arancel del 50% a las importaciones brasileñas le pareció "una falta total de respeto". "Podría haber llamado a Brasil para decir lo que iba a hacer. No nos envió una carta. No recibimos ninguna carta. La publicó en su página web en una total falta de respeto, que es su comportamiento con todo el mundo. Y no estoy obligado a aceptar este comportamiento irrespetuoso entre jefes de Estado", expresó.

Asimismo, dijo que le parece "inaceptable" que uno de los motivos por los que el republicano comenzará a gravar a los productos brasileños sea el juicio por golpismo que atraviesa el expresidente Jair Bolsonaro. En el primer párrafo de la carta en la que anuncia las sanciones contra el Gobierno brasileño, Trump afirmó que el proceso judicial de Bolsonaro es "una caza de brujas" y exige que esa "persecución" acabe "inmediatamente".

"Es importante considerar algunas cosas que un ser humano y un Gobierno no pueden tolerar. Y es la interferencia de un país en la soberanía de otro. Y aún más grave: la interferencia de un presidente de un país en el Poder Judicial de mi país", respondió Lula, quien además aclaró que se está realizando un proceso judicial "con derecho a la presunción de inocencia".

La crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos se agravó este miércoles tras el arancel del 50% anunciado por el presidente Donald Trump y la respuesta de Brasil, que incluyó la doble convocatoria del encargado de negocios de EEUU y una advertencia directa del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según informa EFE.

El choque tiene como epicentro el juicio penal que afronta el ex jefe de Estado y aliado del republicano Jair Bolsonaro, procesado en la Corte Suprema por supuestamente liderar un intento de golpe de Estado contra Lula, después de perder las elecciones de 2022.

Trump ya entró de lleno en el escenario doméstico brasileño el lunes con un primer mensaje en sus redes sociales para defender de manera incondicional al líder ultraderechista. Este miércoles dio un paso más al divulgar, antes de que llegara a su destinatario, una carta dirigida a Lula en la que anunciaba un arancel adicional del 50% a las importaciones brasileñas.

Trump no solo alegó razones comerciales, como ha hecho con otros socios, sino que reveló que decidió gravar los productos brasileños porque, en su opinión, Bolsonaro está siendo "víctima de una caza de brujas". "Es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo. ¡Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE!", exclamó.

Asimismo, aludió a supuestos fallos "ilegales" y "secretos" del Supremo para eliminar perfiles dedicados a diseminar noticias falsas contra las instituciones democráticas y, ya por último, mencionó que la relación comercial es desigual, cuando en realidad es ampliamente favorable a la potencia norteamericana. Y además lanzó esta advertencia a Lula: "Si por cualquier razón usted decide aumentar sus tarifas, sea cual sea el valor elegido, este se sumará al 50% que aplicaremos"

Tras conocerse la misiva, Lula convocó una reunión de urgencia con el núcleo duro de su Gobierno en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, en Brasilia. La respuesta fue doble: diplomática y política.

Primero, Lula compartió una dura nota en la que rebatió punto por punto los argumentos de Trump y avisó que, en caso de que se concrete el arancel del 50%, responderá con contramedidas. "Brasil es un país soberano con instituciones independientes" y "no aceptará ser tutelado por nadie", expresó.

El gobernante sostuvo que el proceso contra Bolsonaro y el resto de acusados, entre los se encuentran varios antiguos ministros y militares de alto rango, "es de exclusiva responsabilidad de la Justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia" de los poderes.

En la vertiente diplomática, el Gobierno brasileño convocó al encargado de negocios de la Embajada estadounidense, Gabriel Escobar, jefe de la legación diplomática en ausencia de un embajador, para expresar su protesta. El diplomático fue recibido por la secretaria para Norteamérica del Ministerio de Exteriores, María Luisa Escorel, según indicaron a EFE fuentes oficiales.

Tras confirmar su autenticidad, Escorel le dijo que "Brasil devolvía la carta" por ser "ofensiva" y contener "falsedades" y "errores fácticos" sobre la relación comercial bilateral.

Esa fue la segunda vez en el día que Brasil convocaba al representante de EEUU en el país sudamericano. Unas horas antes, Escorel le transmitió al encargado de negocios su "malestar" por una nota que divulgó esa legación en defensa de Bolsonaro en el marco del juicio por golpismo.

La nota que provocó esa primera convocatoria afirmó que "Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios de Estados Unidos" y que "la persecución política contra él, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil". En esa reunión, Escorel calificó la declaración de "intromisión indebida" y reforzó que "no le cabe a Estados Unidos manifestarse sobre asuntos internos" que solo le competen al Poder Judicial de Brasil, según dijeron a EFE las fuentes citadas.

Mientras, los industriales brasileños pidieron a ambos países sentarse en la mesa a negociar. En 2024, Brasil exportó a EEUU 40.368 millones de dólares en productos brasileños, lo que supuso el 12% de las ventas totales del país.

Los principales bienes fueron petróleo, café, acero y productos siderúrgicos, que ya habían sido gravados previamente por Trump, la celulosa y pasta de madera, y aviones.

Desde el llamado Día de la Liberación, el pasado 2 de abril, el Gobierno brasileño estuvo conversando con Washington, a nivel técnico, para tratar de evitar, o limitar, la imposición de nuevas tarifas, que finalmente se hicieron realidad este miércoles.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declaró este martes ante la Corte Suprema en su condición de acusado de golpismo y negó haber intentado una ruptura democrática tras su derrota frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que admitió haber pensando en "alternativas", según informa EFE.

Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, fue interrogado en calidad de reo durante poco más de dos horas por los jueces de la Primera Sala del Supremo, reafirmó su desconfianza en el sistema de urnas electorales usado en el país y reconoció que tras las elecciones de octubre de 2022 buscó "alternativas" frente a un posible fraude en la Constitución. "Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución", pero finalmente "abandonamos cualquier posibilidad" y "enfrentamos el ocaso de nuestro Gobierno", declaró sentado en el banquillo de los acusados junto a sus abogados.

Bolsonaro está acusado de haber conspirado a fin de impedir la investidura de Lula tras los comicios de 2022, una trama que según la Fiscalía llevó a los sucesos del 8 de enero de 2023. Ese día, una semana después de que Lula asumió el poder, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en un intento por llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al nuevo Gobierno, pero no encontraron eco en el generalato.

Pese a esa manifiesta intención, Bolsonaro negó ante los jueces que esa acción haya supuesto un intento de golpe. "No hay un golpe sin liderazgos, sin financiación y con unos pocos miles de personas desarmadas", declaró.

Recordó que, además, ese mismo día, desde Estados Unidos, adonde había viajado a fin de no entregarle la banda presidencial a Lula, manifestó su "repudio" frente a esa violencia, que consideró propia "de la izquierda" y opuesta a los valores conservadores que profesa.

Algunos testigos del proceso, incluidos jefes militares de la época, han declarado que Bolsonaro discutió hasta la posibilidad de decretar un estado de sitio, anular las elecciones e intervenir la justicia electoral, a fin de permanecer en el poder.

El exmandatario, siempre tranquilo durante el interrogatorio, admitió que tras los comicios se reunió con los comandantes militares, pero aseguró que solo discutieron las posibles "alternativas" que daba la Constitución en caso de un eventual fraude, que no fue comprobado. "El sentimiento de todo el mundo era de que ya no había nada que hacer" y que "no había clima ni oportunidad para hacer cualquier cosa", manifestó.

Aclaró además que, para declarar el país en estado de sitio, son necesarios diversos pasos previstos claramente en la Constitución "que no se dieron" por parte de su Gobierno. "En ningún momento siquiera pensamos en hacer algo en desacato de la ley y la Constitución", enfatizó.

Sobre sus duros discursos contra las instituciones, a las que desacreditó en forma constante durante el proceso electoral de 2022, intentó justificarse con su "explosivo temperamento", su propensión a "insultar" y "decir palabrotas", y hasta pidió "disculpas" a las autoridades que "se hayan sentido ofendidas".

En esos ataques a las instituciones, el principal blanco fue el sistema de votación electrónica usado en el país, al que llegó a descalificar en una reunión con embajadores extranjeros antes de las elecciones. Sin embargo, eso era solo "retórica", según dijo este martes ante los jueces. "Mi retórica siempre fue parecida" y "la desconfianza es privativa mía", declaró Bolsonaro, quien sostuvo que durante las tres décadas en que ejerció como diputado siempre intentó promover el voto impreso.

Admitió que no podría probar que el sistema electrónico favorece los fraudes, pero sostuvo que su intención era "auxiliar al tribunal electoral, para que las elecciones fueran lo más transparente posible" y no hubiera dudas como las que él mismo tiene.

La Primera Sala del Supremo aún debe interrogar a otros dos de los ocho acusados de golpismo en esta fase del proceso. Después, consultará a la Fiscalía y a los abogados de los reos a fin de saber si requieren nuevas diligencias, que incluso podrían incluir posibles careos entre los propios acusados o con algunos de los testigos que han declarado.

Decidido ese asunto, se dará plazo para que la acusación y las defensas presenten sus alegatos finales, tras lo cual el caso quedará listo para una sentencia que pudiera ser dictada entre octubre y noviembre y, en caso de culpabilidad, puede oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.

El interrogatorio de los testigos citados por la Fiscalía dará inicio este lunes al juicio penal abierto por la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete colaboradores acusados de liderar un complot golpista para impedir el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, según informa EFE.

El Supremo Tribunal Federal escuchará, en diferentes audiencias programadas entre el 19 de mayo y el 2 de junio, a los 82 testigos presentados por la Fiscalía y por los ocho acusados.

Los primeros que serán escuchados, a partir de las 15.00 hora local (18.00 GMT) y por videoconferencia, son los seis testigos de la Fiscalía, entre ellos los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, el general Marco Antonio Freire Gomes y el brigadier general Carlos de Almeida Baptista Júnior.

Ambos, hoy en la reserva, admitieron que se reunieron varias veces con Bolsonaro y con sus asesores más próximos y que los invitaron a apoyar un presunto plan para dar un golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.

Bolsonaro y sus colaboradores, entre ellos exministros y militares de alto rango, son acusados de encabezar la conspiración golpista supuestamente urdida para intentar anular las elecciones de 2022, en las que Lula derrotó al líder ultraderechista, y mantenerse en el poder.

Según la acusación, los líderes de la trama planearon incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades e incentivaron los actos golpistas del 8 de enero de 2023, siete días después de que el líder progresista asumiera su tercer mandato.

Ese día, miles de "bolsonaristas" destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que devolviera al poder al capitán retirado del Ejército.

Los cinco magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema consideraron en marzo pasado, por unanimidad, de que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho acusados por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel.

Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Entre los enjuiciados también están el excomandante de la Marina Almir Gabriel, los exministros de Justicia Anderson Torres, de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, de Defensa Paulo Sergio Nogueira y de la Presidencia Walter Braga Neto y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado Alexandre Ramagem.

El proceso tiene como base las numerosas pruebas recogidas por la Fiscalía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, que es el octavo enjuiciado pero que puede recibir beneficios por su colaboración con la Justicia.

Los testigos convocados por Mauro Cid serán precisamente los segundos a ser escuchados, en una audiencia prevista para el 22 de mayo.

Los testigos de los otros seis enjuiciados serán escuchados entre el 23 y el 29 de mayo y los quince testigos convocados por Bolsonaro a partir del 30 de mayo.

Entre sus convocados destacan el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el exvicepresidente y hoy senador Hamilton Mourão y otros integrantes y altos militares de su Gobierno (2019-2022).

El interrogatorio de testigos marca el inicio de la fase de instrucción criminal del proceso, durante la que defensa y acusación recogen pruebas y solicitan pericias y diligencias complementarias para aclarar circunstancias o hechos.

Concluida esta fase, el Supremo tendrá que definir las fechas en que interrogará a los enjuiciados y en las que escuchará los alegatos finales de acusación y defensa.

Finalmente, los cinco magistrados responsables por el proceso decidirán el destino de los acusados, lo que está previsto para septiembre u octubre de este año.

La condena a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha generado un terremoto político en su país y un aluvión de reacciones internacionales, especialmente por parte de sus aliados. La líder de Reagrupamiento Nacional ha sido condenada por un delito de malversación de 2,9 millones de euros de fondos públicos junto con ocho eurodiputados de su partido. La sentencia considera probado que durante once años la formación ultra desvió las subvenciones del Parlamento Europeo destinadas a la contratación de asistentes en Bruselas o Estrasburgo para pagar a sus empleados en Francia. Le Pen deberá cumplir una pena de inhabilitación de cinco años con ejecución inmediata —que no afecta a su escaño de diputada—, cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros. Así, queda eliminada de la carrera presidencial de 2027.

Desde su formación han llamado a la movilización en las calles contra una condena que consideran desproporcionada e injusta, al tiempo que diversos dirigentes ultras han mostrado su solidaridad con Le Pen: desde el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pasando por el Kremlin, que calificó la sentencia como "una violación de las normas democráticas" hasta el líder de Vox, Santiago Abascal, que atribuyó lo ocurrido a una campaña para "acallar la voz del pueblo francés". Otros líderes de la ultraderecha europea como la primera ministra Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini también han manifestado su apoyo a la francesa, al igual que el holandés Geert Wilders y el rumano George Simion.

Tampoco se quedó atrás la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump, Elon Musk, que se sumó a los reproches contra el veredicto del Tribunal de París. "Cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes", escribió el  hombre más rico del mundo, ahora encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de EEUU en X, la red social de la que es propietario. "Este es su libro de jugadas estándar en todo el mundo", añadió.

El caso ha generado división de opiniones en Francia, pero las principales asociaciones judiciales han cerrado filas tras la decisión. El tribunal sostiene que Le Pen, los otros ocho eurodiputados y los 12 asistentes firmaron "contratos ficticios": "Ha quedado probado que todas esas personas trabajaban en realidad para el partido y que su eurodiputado no le había confiado ninguna tarea", señalan En 2018, el Parlamento Europeo estimó el importe total desviado en 6,8 millones de euros, correspondiente a un periodo entre 2004 y 2017.

El caso de Le Pen recuerda a otros episodios con la extrema derecha como protagonista en los que también se han utilizado recursos públicos para malversar como el 'caso Serrano', que implicó al que fuera juez estrella de Vox y su candidato en 2018 a las elecciones de Andalucía. Francisco Serrano se presentó como un candidato que iba a limpiar la política andaluza y a acabar con las "paguitas", pero al "hombre bueno" de Santiago Abascal le espera el banquillo de los acusados. Y precisamente por un posible fraude con una subvención pública. Ni siquiera eso que Vox llama una "paguita", sino una subvención millonaria.

El caso Serrano tuvo su origen en 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015 e inhabilitado como juez por prevaricación, Serrano decidió convertirse en un hombre de negocios mientras iba cultivando su imagen de referente conservador en Sevilla. Y eligió el sector del biocombustible a base de madera, los pellets. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y Enrique Pelegrín constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas. Los fundadores de la sociedad le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener.

A la espera de que se celebre el juicio, Juan Gutiérrez, el instructor del caso de posible estafa y fraude de subvenciones ha impuesto a Serrano y a sus dos socios más de 3,3 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del posible fraude. "De no prestarla [la fianza] se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma", señaló el auto. Serrano sufrió el embargo de bienes por parte de Hacienda a raíz de este caso, desvelado en 2019 por infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos.

El 'caso Serrano' no es una excepción dentro del historial de Vox, ya que la formación está siendo actualmente investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular por utilizar métodos para captar fondos de manera opaca con unas "huchas", además de fondos extranjeros de modo ilegal al recibir dinero procedente de un banco cercano a Orbán. Además, Macarena Olona, exportavoz en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía, también denunció los desvíos de dinero del partido a través de la fundación Disenso.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiene diversos frentes abiertos con la Justicia brasileña, con acusaciones que van desde falsificar su cartilla de vacunación hasta tramar un golpe de Estado para tratar de desbancar a Lula da Silva pasando por la apropiación de forma indebida de unas joyas que la familia real de Arabia Saudí entregó a una comitiva brasileña en una visita oficial a ese país en 2021. Se trataba de relojes Rolex, pendientes, un rosario árabe y un collar de oro y diamantes de Chopard. Según las estimaciones de los peritos policiales, len su conjunto tenían un valor de 5 millones de reales, lo que equivale a un millón de dolares.

Bolsonaro, pese a no participar en ese viaje, trató de lucrarse personalmente y venderlas en Estados Unidos. Cuando el escándalo estalló las devolvió, pero la Policía Federal consideró que había indicios suficientes para acusarle de al menos tres delitos: apropiación de bienes públicos, blanqueo de dinero y asociación criminal, ya que involucró a varias personas de su círculo de confianza, incluyendo a altos cargos del Gobierno. Según las investigaciones, Bolsonaro sí vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios, pero sus colaboradores las acabaron recomprando una vez que el Estado exigió su devolución.

Esta misma semana transcendió que el expresidente brasileño será juzgado en los próximos meses después de que el Tribunal Supremo aceptara la denuncia de la Fiscalía contra él por liderar una conspiración para perpetrar un golpe de Estado. Cuando perdió el poder, Bolsonaro perdió también la inmunidad de la que había disfrutado durante más de treinta años y en 2023 los jueces lo inhabilitaron para concurrir a las elecciones hasta 2030, al igual que ha sucedido ahora con Le Pen, por abuso de poder para deslegitimar las elecciones.

En el año 2019 saltó el 'caso Ibiza' que acabó con la carrera del entonces líder de extrema derecha en Austria Heinz-Christian Strache, entonces vicecanciller, tras revelarse un vídeo en el que Strache ofreció contratos públicos a cambio de financiación para su partido a una mujer que se hizo pasar por la sobrina de un oligarca ruso. El escándalo provocó la ruptura de la coalición de gobierno y la convocatoria de elecciones.

El vídeo fue grabado con cámara oculta en julio de 2017 en una villa de Ibiza en el que el líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) planteaba vías de financiar ilegalmente a su partido, y se jactaba de recibir donaciones millonarias de grandes empresas. "No pagan al partido, sino a una asociación sin ánimo de lucro. Le tienes que explicar que eso no pasa por el Tribunal de Cuentas", explicaba a su interlocutora. En 2021 un tribunal de Viena le condenó a 15 meses de prisión  por haber favorecido a una clínica privada a cambio de 10.000 euros, un caso que se descubrió tras confiscar su teléfono a raíz del 'caso Ibiza'.

También se conoció que Strache había cargado durante años de manera indebida gastos personales a su partido y que este le pagaba parte del alquiler de su vivienda y sustanciosas dietas. Así, rápidamente se desbarató su imagen de político que denunciaba las prácticas corruptas, lo que culminó con un batacazo electoral del FPÖ. En las últimas elecciones celebradas en septiembre del 2024, fue la primera fuerza con Herbert Kickl a la cabeza, ministro de Interior cuando estalló el 'caso Ibiza', posteriormente destituido.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.

El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022 mediante una intervención militar.

Los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.

Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar, consideró que hay "materialidad" e "indicios razonables" en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.

Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del ex jefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos "en forma detallada" y "satisfactoria" por la Fiscalía.

"Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.

El juez sostuvo que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente elegido" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea las medidas de excepción".

Flávio Dino, el segundo juez en votar, resaltó que hubo alegatos orales "que concuerdan con la materialidad" de los hechos, mientras que el magistrado Luiz Fux seguidamente afirmó que fue una denuncia "amplia y bien elaborada".

En tercer lugar se pronunció la jueza Cármen Lucia Antunes, quien también resaltó los detalles expuestos en la investigación, dijo que "la dictadura mata" y señaló que el Estado democrático de derecho es un logro que requiere de "vigilancia constante".

El último magistrado en manifestarse fue Cristiano Zanin, presidente del órgano colegiado, quien afirmó que la Corte cuenta con "hechos capaces de constituir los delitos que fueron narrados por la Fiscalía".

La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso para mantenerse en el poder.

Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.

Los jueces entendieron que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho sospechosos por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.

El propio Bolsonaro ha admitido haber discutido la aplicación de estas medidas con la cúpula militar, pero hoy reiteró que el estado de sitio y de excepción son "dispositivos constitucionales" y hablar de ellos "no es crimen".

La causa se apoya en miles de pruebas recabadas por la policía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio, y en la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid.

Las investigaciones también descubrieron planes para asesinar a Lula, al juez De Moraes y otras autoridades, y vinculan al grupo con la invasión de la sede de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo perpetrada por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

Hasta ahora, 497 personas han sido condenadas por su implicación en los disturbios y otras 532, acusadas de delitos menos graves, han firmado acuerdos de no persecución penal.

Bolsonaro siguió el segundo día de la audiencia en el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y tras conocer la decisión, hizo una declaración a la prensa durante una hora, pero no aceptó preguntas.

Refutó los cargos que se le imputan y cuestionó la imparcialidad de los jueces, a los que acusó de tener motivaciones "personales" contra él.

De hecho, la defensa de los acusados trató sin éxito de impugnar a tres jueces: De Moraes, por ser juez y víctima, Flávio Dino, por ser exministro de Lula y un ex rival político de Bolsonaro, y Cristiano Zanin, por haber trabajado como abogado personal de Lula.

El exgobernante también apuntó intereses políticos, con el supuesto objetivo de impedirle la posibilidad de volver a ser candidato en las elecciones de 2026.

Pero Bolsonaro, aunque se sigue proclamando como el candidato de la derecha, ya ha sido inhabilitado políticamente por la justicia electoral, por deslegitimar las instituciones democráticas, y no podrá participar en unas elecciones hasta 2030.

"No tengo obsesión por el poder", aseguró.

Con la causa penal abierta, el juicio correrá a cargo de la Primera Sala del Supremo, que previsiblemente deberá analizar el caso en los próximos meses.

Bolsonaro pasará este trámite en libertad y solo podría ser arrestado si la corte considera que existe riesgo de fuga, de obstrucción a la justicia o de coacción de testigos.

Desde el año pasado ya pesan medidas cautelares contra el ex jefe de Estado, entre ellas la retención de su pasaporte, lo que le impidió viajar el pasado enero a la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su aliado político.

De forma paralela, Bolsonaro también figura como investigado en otras causas. La Policía lo denunció el año pasado por la supuesta apropiación indebida de unas joyas, que deberían haber sido incorporadas al acervo del Estado, y por fraude en los certificados de vacunación de la covid-19.

La Fiscalía General de Brasil presentó este martes una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro por una supuesta conspiración para intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022, informaron fuentes oficiales y ha recogido EFE.

El líder ultraderechista fue acusado de "liderar" la trama golpista, en un documento remitido por la Fiscalía a la Corte Suprema en el que también imputó a otras 33 personas de su entorno. El Ministerio Público señaló en una nota que los 34 denunciados son acusados de "tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho", "organización para delinquir armada" y "golpe de Estado", entre otros crímenes.

El Supremo decidirá ahora si acepta la querella formulada por el fiscal general, Paulo Gonet, y enjuicia al ex jefe de Estado (2019-2022) y al resto de acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros, por su supuesta participación en la conspiración golpista.

Gonet asegura que Bolsonaro y el exministro y general de la reserva Walter Braga Netto eran los "líderes" de la trama. "Ambos aceptaron, estimularon y realizaron actos tipificados en la legislación penal de atentado contra el bien jurídico de la existencia e independencia de los poderes y del Estado de Derecho democrático", afirmó en la denuncia.

La denuncia de la Fiscalía se basa en una extensa investigación policial que constató la existencia de una trama que buscó mantener en el poder a Bolsonaro y evitar la investidura de Lula, que finalmente ocurrió el 1 de enero de 2023.

Según la Policía Federal, en la trama golpista estuvieron involucrados Bolsonaro y otras 39 personas, entre ellas Braga Netto, general retirado y antiguo ministro de la Presidencia y de Defensa en el Gobierno de Bolsonaro. Braga Netto también fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022. Además figuran entre los investigados Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete del líder ultraderechista.

Durante las diligencias de los dos últimos años, la Policía encontró borradores de decretos para declarar un "estado de sitio", anular el resultado de los comicios de 2022 e intervenir la Justicia Electoral.

Según diversos testigos, Bolsonaro llegó a revisar y modificar el documento que consumaría el golpe e incluso tuvo "pleno conocimiento" de un plan elaborado por militares díscolos para asesinar, por envenenamiento, a Lula y a otras autoridades brasileñas. El plan no se materializó, aunque, como último intento, miles de radicales de extrema derecha invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, el 8 de enero de 2023, con la intención de incentivar la intervención de los militares.

Si la denuncia es aceptada, en principio, el caso será juzgado por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por magistrados de un perfil claramente progresista, encabezados por el relator del proceso, Alexandre de Moraes.

Este magistrado ha sido objeto de amenazas y descalificaciones por el bolsonarismo desde 2022, cuando ocupó la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) durante el proceso para los comicios de ese año, en los que el líder ultra fue derrotado en las urnas por Lula.

La Primera Sala, además, está presidida por el juez Cristiano Zanin, propuesto para el Supremo por Lula en 2023 y que hasta ese momento era abogado personal del líder progresista. Los otros miembros de la sala son Flávio Dino, hasta inicios de 2024 ministro de Justicia en el Gobierno de Lula, y los magistrados Luiz Fux y Carmen Lucia Antunes, también de perfil progresista.

Bolsonaro afronta además otras investigaciones en curso en la esfera penal. La Policía también presentó cargos en su contra por la supuesta apropiación indebida de valiosas joyas que debían haber sido incorporadas al acervo del Estado y por fraude en los certificados de vacunación de la covid-19. Además, la Justicia Electoral lo inhabilitó hasta 2030 por deslegitimar las instituciones democráticas y diseminar noticias falsas sobre el proceso electoral.

No obstante, el capitán retirado del Ejército, que se declara víctima de una supuesta "persecución" judicial, confía en que el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, pueda limpiar su nombre para poder presentarse a las presidenciales de 2026.

De hecho, este mismo martes se reunió con un grupo de senadores para discutir una posible amnistía para los implicados en los sucesos del 8 de enero de 2023 y fue consultado por periodistas sobre la inminente denuncia de la Fiscalía en su contra. "No tengo ninguna preocupación con las acusaciones, cero", declaró.

El general retirado Walter Braga Netto, arrestado este sábado por obstruir las investigaciones sobre el supuesto intento de golpe de Estado en Brasil en 2022, es considerado por los investigadores como el principal líder en la trama para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, según informa EFE.

Braga Netto, uno de los principales hombres de confianza del expresidente Jair Bolsonaro y que fue ministro de Defensa y de la Presidencia en el Gobierno del líder ultraderechista, fue detenido en su residencia en Río de Janeiro por orden de la Corte Suprema y después de que la Policía Federal lo acusara de maniobras para obstruir las investigaciones y la recopilación de pruebas.

El general de la reserva, que también fue candidato a vicepresidente como compañero de Bolsonaro en las elecciones de 2022, fue conducido a la sede de la Primera División del Ejército, en la llamada 'Villa Militar' de Río de Janeiro, donde fue puesto bajo custodia de las Fuerzas Armadas por tener derecho a permanecer en una celda especial en un cuartel militar.

El exministro es señalado como uno de los líderes de la trama golpista tanto en la investigación de la Policía Federal que concluyó con la petición de cargos contra 37 acusados, incluyendo a Bolsonaro, como en la sentencia en que fue ordenado su arresto.

El magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal responsable por la investigación y por la orden de detención, aseguró en su sentencia que Braga Netto intentó obtener informaciones sigilosas del testimonio rendido por el teniente coronel Mauro Cid, edecán de Bolsonaro y quien se acogió a un acuerdo para colaborar con la investigación.

Las investigaciones "revelaron la gravísima participación de Walter Braga Netto en los hechos investigados y su verdadero papel de líder, organizador y financiador", según la sentencia del magistrado. De Moraes agregó que la Policía Federal recogió "relevantes indicios" de que el general retirado "actuó reiteradamente para dificultar las investigaciones".

Para los responsables por la investigación sobre el intento de golpe, el exministro era "la cabeza, el mentor del golpe, aunque bajo comando de Bolsonaro", que sería el principal beneficiado. Los investigadores señalaron en su informe a Braga Netto no solo como el principal instigador del golpe sino también como la principal autoridad en su planificación y quien daba respaldo y credibilidad entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

Su nombre aparece en varios de los apartes del informe policial como coordinador de las acciones ilícitas realizadas por militares con formación en Fuerzas Especiales. El informe señala igualmente que el general le entregó dinero a estos militares para financiar sus acciones. También que intentó "controlar las informaciones ofrecidas y alinear las versiones entre los investigados".

La investigación también indicó que tuvo un papel importante en la organización de una supuesta operación clandestina para intentar arrestar y asesinar a De Moraes, que en la época era el presidente del Supremo Tribunal Electoral.

El informe policial identificó seis diferentes grupos que habrían participado en el complot y el general detenido este sábado figura en dos de ellos, el núcleo responsable por buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas y en el núcleo de altos oficiales que coordinó todos los involucrados.

Según la Policía Federal, los golpistas abortaron sus planes después de que algunos de los comandantes de las Fuerzas Armadas, entre los cuales el del Ejército, se negaran a apoyarlos.

Las acusaciones policiales están siendo analizadas por la Fiscalía, que debe decidir si las considera procedentes y le pide a la Corte Suprema que abra un juicio contra los 37 señalados; si pide más investigaciones, o si archiva el caso.

En los planes desvelados por la Policía se incluye la preparación de un posible intento de asesinato de Lula, de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y de De Moraes, que estaría a cargo de los militares de las Fuerzas Especiales financiados por Braga Netto.

El general de la reserva niega todas las acusaciones y alega que "nunca se trató de un golpe y mucho menos de un plan para asesinar a alguien".

Un hombre se suicidó este miércoles en la puerta del Tribunal Supremo de Brasil detonando un explosivo, tras no conseguir acceder al interior de la alta corte, en un ataque de aparente motivación política. La explosión frente a la sede del Supremo, que no causó más víctimas, estuvo precedida de otra detonación de unos explosivos colocados en el interior de un automóvil aparcado en la calle, al lado de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados, según informa EFE.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad del autor del ataque, puesto que los policías no han podido hacer el examen forense del cadáver, que yacía mutilado por la explosión y todavía con explosivos en el cuerpo, en la Plaza de los Tres Poderes, donde se produjo el asalto perpetrado por miles de bolsonaristas en enero de 2023. No obstante, la Policía sí confirmó la identidad del dueño del automóvil, Francisco Wanderley Luiz, conocido como Tiu França, un militante del Partido Liberal (PL), formación del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Según la vicegobernadora de Brasilia, Celina Leão, informaciones preliminares indican que el sujeto que cometió el ataque suicida fue el mismo que activó la explosión del automóvil, pero dijo que todavía no se puede confirmar que se trate del dueño del vehículo. La funcionaria también dijo que es posible que se trate de un acto aislado, pero aún no se pueden descartar otras hipótesis, por lo que el centro fue blindado por la Policía y el Ejército, que realizaron búsquedas en la zona por si hubiera otros artefactos.

El Tribunal Supremo suspendió la sesión que se estaba celebrando en el momento de la detonación y la Cámara de los Diputados, ubicada cerca, continuó sus trabajos un par de horas, hasta que se garantizó la seguridad para la evacuación de los diputados.

La Policía Federal asumió la investigación del caso y llevará a cabo las pesquisas "con rigor y celeridad", según afirmó el abogado general de Brasil, Jorge Messias, en un mensaje en las redes sociales. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, se manifestó en el mismo sentido y aseguró que las fuerzas de seguridad "están preparadas para asegurar el funcionamiento de los poderes constituidos".

El presidente del Supremo, magistrado Luís Roberto Barroso, habló por teléfono con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre las explosiones, pero hasta ahora no han trascendido los detalles de la conversación.

El identificado como dueño del vehículo, Tiu França, fue candidato a concejal en las elecciones de 2020 en el municipio de Rio Sul, en el estado de Santa Catarina, y pocas horas antes del ataque, publicó amenazas en su página de Facebook. En esos mensajes, ahora borrados por la plataforma, decía que la Policía tiene 72 horas para "desarmar la bomba" que está en la casa de varios "comunistas", entre los que cita tres expresidentes brasileños y un periodista famoso.

En otra imagen, una captura de una conversación de Whatsapp, publicó una serie de emoticones de ataúdes y de bombas, así como llamados a las Fuerzas Armadas para iniciar una "revolución".

La Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, fue el escenario del ataque de miles de extremistas que el 8 de enero de 2023 trataron de incitar un golpe de Estado contra Lula. Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula, afirmó que los "gravísimos" hechos de este miércoles "repiten el escenario, los objetivos y la violencia" de los hechos de enero del año pasado.

"El coche con explosivos en la Cámara de Diputados pertenece a un candidato a concejal del PL de Santa Catarina. Son muchos los elementos que nos alertan para permanecer vigilantes en defensa de la democracia. Sabemos quiénes son sus enemigos y sabremos defenderla una vez más", dijo Hoffmann en las redes sociales.

Por el ataque del 8 de enero de 2023, cerca de 1.600 personas han sido acusadas por la Fiscalía, incluyendo ejecutores, incitadores y financiadores de los ataques. De ellos, 227 han sido condenados por el Tribunal Supremo como autores de los atentados a penas de entre 3 y 17 años de prisión, por delitos que incluyen intento de golpe de Estado y daños al patrimonio público.