El Supremo de Brasil rechaza los recursos de Bolsonaro y confirma la condena a 27 años
La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil alcanzó este viernes la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmar la pena de 27 años de cárcel por golpismo dictada en septiembre pasado. El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha sido el primero en manifestarse a favor. Tras él se pronunciaron en el mismo sentido los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin, con lo que se llegó a tres de cuatro votos y a la mayoría necesaria para que la apelación sea negada.
Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal. Además, la Fiscalía lo ha acusado de haber encabezado una conspiración destinada a desacreditar el sistema electoral, atacar las instituciones democráticas y desconocer el resultado de las urnas.
Aún cuando la mayoría ya está establecida, cualquiera de los jueces podría cambiar de posición antes de que el resultado sea oficialmente proclamado. Sin embargo, esa posibilidad es más que remota y la sentencia a 27 años de cárcel para Bolsonaro parece ya confirmada.
El análisis de los recursos comenzó este mismo viernes en la plataforma electrónica de la Primera Sala y los jueces tenían tiempo para pronunciarse hasta el próximo día 14. Sin embargo, la mayoría se formó apenas unas seis horas después de iniciado el proceso. Ahora solo falta el voto de la magistrada Carmen Lucia Antunes, que será la última en pronunciarse, pues el juez Luiz Fux, hasta ahora integrante de la Primera Sala, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro, acaba de separarse de ese tribunal y optó por no participar en esta fase final del proceso por haber sido voto vencido.
"No hubo ninguna omisión" en la sentencia, que "declara las circunstancias judiciales desfavorables" para Bolsonaro, por lo que se considera "inviable el argumento defensivo", indicó el juez De Moraes en el voto que publicó este viernes.
La decisión de Bolsonaro es extensiva a otros siete condenados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista urdida tras los comicios presidenciales de 2022, en los que el dirigente ultraderechista perdió por un estrecho margen frente a Lula.
Estas apelaciones, conocidas como "embargo de declaración", son los últimos recursos que pueden intentar los abogados de Bolsonaro y, si fueran negados por la mayoría de los jueces, el próximo paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.
En los documentos que presentaron al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto "cercenamiento" del derecho a la defensa, en que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y en que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.
También pedían una reducción de la pena, fijada en 27 años y tres meses de cárcel, en el juicio concluido el pasado 11 de septiembre.
Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ha ocurrido este viernes, en el voto publicado por el juez De Moraes en el sistema informático de la Corte Suprema.
El origen de la trama golpista
La Fiscalía sitúa el origen de la conspiración en 2021, cuando Jair Bolsonaro inició una campaña para desacreditar el sistema electoral brasileño y al Poder Judicial. En un directo en sus redes, el entonces presidente cuestionó la fiabilidad de las urnas electrónicas, poco después de que Luiz Inácio Lula da Silva recuperara sus derechos políticos y comenzara a liderar los sondeos. Desde entonces, Bolsonaro repitió sus ataques en entrevistas y actos públicos.
El 7 de septiembre de ese año, Día de la Independencia, lanzó amenazas directas contra los jueces del Supremo ante miles de seguidores. Según el juez Alexandre de Moraes, una ofensiva que buscó crear un relato contra las instituciones democráticas y preparar el terreno para justificar una ruptura constitucional.
En julio de 2022, ya en plena campaña electoral, Bolsonaro reunió a sus ministros y a los mandos de las Fuerzas Armadas en un encuentro calificado de “golpista”, donde insistió en el fraude electoral y alentó a “dar un golpe encima de la mesa”. También convocó a embajadores extranjeros para sembrar dudas sobre el sistema de votación.
La sentencia sostiene que el expresidente contó con el apoyo de varios miembros del Gobierno y del Ejército, a quienes encargó investigar irregularidades inexistentes en las urnas. Tras perder en las elecciones frente a Lula, impulsó planes para impedir su investidura, disolver la Justicia Electoral y detener a diversas autoridades. El grupo incluso llegó a vigilar a opositores y a planear el asesinato de Lula, su vicepresidente y el propio De Moraes.
La misión de los simpatizantes de Bolsonaro
Mientras Bolsonaro maniobraba desde los despachos, sus simpatizantes actuaron en las calles. Tras la victoria de Lula en octubre de 2022, grupos de camioneros bloquearon carreteras en distintos estados del país, impidiendo el paso de mercancías y exigiendo la “intervención” del Ejército. Miles de seguidores acamparon durante semanas frente a los cuarteles, en Brasilia y otras capitales regionales, reclamando un golpe militar que impidiera la toma de posesión del nuevo presidente.
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El 12 de diciembre, día en que el Tribunal Electoral certificó la victoria de Lula, radicales incendiaron vehículos e intentaron invadir la sede de la Policía Federal en la capital. Días después, el 24 de diciembre, un simpatizante de Bolsonaro colocó una bomba en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia, con el objetivo de provocar caos y justificar una intervención militar, aunque el artefacto no llegó a estallar.
El punto culminante llegó el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de extremistas invadieron y vandalizaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio presidencial de Planalto. Los atacantes destruyeron despachos, robaron documentos y símbolos nacionales, y exigieron la destitución del Gobierno.
Para el Supremo, aquella jornada fue la culminación del plan golpista impulsado desde el entorno de Bolsonaro, cuyo objetivo era desestabilizar el nuevo mandato de Lula y forzar una ruptura del orden democrático en Brasil.
