El Tribunal Constitucional ha aceptado la petición del exministro y magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todas las cuestiones que afectan a la amnistía y que suman una veintena, aunque lo ha hecho por la mínima, con 6 a 5, lo que avanza ya la "futura batalla" de recusaciones que se avecina en octubre.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado al pleno la petición de Campo, que se avanzaba como un "mero trámite" habida cuenta de que el pleno anterior ya aprobó su abstención por unanimidad en la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra la amnistía.

Pero lo que a priori apuntaba a un trámite, porque se trataba de aplicar la doctrina de la primera abstención, no lo ha sido tanto como acredita la votación. Seis votos a favor y cinco en contra, con tres votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo y José María Macías y la magistrada Concepción Espejel, añaden las fuentes.

Lo que ha cambiado con respecto a la primera abstención, aprobada hace dos semanas por unanimidad, es la posición del bloque conservador respecto de las recusaciones y su próxima tramitación en el tribunal, es decir, "la futura batalla por la composición del tribunal", como así lo definen las fuentes consultadas.

Aunque este pleno no ha abordado aun las recusaciones, la polémica ya está servida pues existen 54 -algo nunca visto en el tribunal- cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que con la salida de Campo se queda en un 6 a 5.

La votación de este martes ha sido un anticipo de ello. Una de las discrepancias de los conservadores es que no veían bien que el presidente fuera el ponente de las abstenciones de Campo.

Pero también, explican las fuentes, no querían que los tres magistrados recusados -Conde Pumpido, la magistrada Laura Diez y el magistrado Jose María Macías—, formaran parte del pleno que iba a votar las abstenciones porque ya están recusados. Así las cosas, el debate se centra ahora en cómo tramitar y resolver las recusaciones, con visiones contraopuestas entre los bloques progresista y conservador, que podrían bloquear el tribunal.

Tal y como ha sucedido este martes, los conservadores abogan por excluir del debate a todos los recusados, lo que dejaría al tribunal en tablas (4 a 4) para resolver todos los incidentes de recusación; si bien otras voces entienden que solo el recusado en cuestión se aparte de su propia votación y sí participe de la de sus compañeros.

La Abogacía del Estado, la Fiscalía y el expresidente catalán Carles Puigdemont han solicitado apartar a Macías del debate sobre la ley de amnistía, mientras que el PP y varias comunidades autónomas han pedido recusar a Conde-Pumpido y a Díez.

Campo pidió apartarse de la amnistía porque siendo ministro firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional, un argumento que ha extendido al resto de sus abstenciones.

El Tribunal Constitucional admitirá esta semana la petición del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todas las cuestiones que afectan a la amnistía y que suman una veintena, antes de comenzar a resolver ya en octubre las 33 recusaciones presentadas.

Se trata de un paso "de mero trámite", según informan fuentes del TC, en el que el presidente, Cándido Conde- Pumpido, trasladará al pleno la abstención de Juan Carlos Campo ya aprobada por unanimidad en el procedimiento derivado de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo contra la amnistía.

Es decir, se limita a trasladar dicha abstención a todos los demás recursos que tiene en su mesa el TC con el objetivo de agilizar los trámites, evitando tener que resolver, una a una, todas las abstenciones en el marco de cada recurso, precisan las fuentes.

Campo pidió apartarse de este asunto porque siendo ministro firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional, un argumento que extiende al resto de sus abstenciones.

Lo que no verá el pleno es el recurso del PP contra la Ley de Amnistía por un error de forma, por lo que su admisión a trámite, que se hará con toda probabilidad, se pospone hasta octubre.

Como tampoco la recusación planteada por la Fiscalía, que ha solicitado apartar al magistrado José María Macías del debate sobre la ley de amnistía, al considerar que intervino en la defensa y aprobación de varios informes contrarios a la norma que emitió el anterior Consejo General del Poder Judicial, del que era vocal.

La recusación no ha sentado bien en el bloque conservador del tribunal por venir del Ministerio Público, que se suma así a la petición del expresidente catalán Carles Puigdemont que ya había solicitado apartar a Macías de todos los asuntos relacionados con el "procés" en el Constitucional al considerar que "no será imparcial".

Asimismo, el PP y varias comunidades autónomas piden recusar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido y a la magistrada Laura Díez además de a Campo, que ha dado ya el paso de abstenerse de todo.

33 recusaciones cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que con la salida de Campo se quedará en un 6 a 5 a falta de ver qué ocurre con el resto. De prosperar todas, algo poco previsible, las fuerzas quedarían igualadas a cuatro.

Fuentes jurídicas explican a EFE que con este asunto, el tribunal pretende "ir partido a partido", esto es, primero resolver las abstenciones de Campo y ya en el siguiente pleno tramitar las recusaciones del recurso del PP.

A continuación, las recusaciones de las comunidades autónomas y paralelamente resolver las admisiones de sus recursos. La recusación de la Fiscalía llevará más tiempo por ser la última en presentarse.

Por otra parte, el pleno verá el recurso de Vox contra la ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su Cuenca que atenta, a juicio de la formación, contra numerosos preceptos constitucionales "al dotar de personalidad a un lugar y al generar una gran inseguridad jurídica debido a la vaguedad de los conceptos incluidos en la norma".

Y también el recurso del Gobierno de Canarias contra el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el hotel Riu Oliva Beach, en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura).

El Gobierno de Canarias entiende que el expediente por el que ha declarado la caducidad de la concesión que permite al hotel Oliva Beach ocupar terrenos del litoral invade atribuciones de la comunidad autónoma, que desde enero de este año es competente en materia de costas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía, un asunto del que se ha apartado el exministro y magistrado Juan Carlos Campo, una vez que el Pleno ha aceptado su abstención, según informa EFE. Fuentes jurídicas informan de que el Pleno ha acordado este miércoles revisar la norma tras atender la cuestión elevada por la Sala de lo Penal del alto tribunal sobre el delito de desórdenes públicos, cuyo ponente es el magistrado conservador Ricardo Enríquez.

La Sala de lo Penal del Supremo elevó la cuestión al TC a finales de julio en un auto en el que los magistrados aseguraban no albergar "duda alguna" de que la ley entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica. Lo hizo al estudiar la aplicación de la ley de amnistía en dos recursos, respecto de tres personas condenadas por desórdenes públicos y atentado en las protestas ocurridos en Girona y Barcelona tras la sentencia del procés, hecha pública en octubre de 2019.

Al respecto, el Constitucional ya ha comunicado al Supremo que la admisión conlleva la suspensión automática del procedimiento por el que había preguntado el alto tribunal hasta que resuelva el fondo. Eso sí, fuentes jurídicas dejan claro a EFE que el recorrido será largo y que su resolución puede tardar hasta un año siendo el horizonte más optimista de unos seis u ocho meses.

La admisión del recurso del Supremo se produce el día que vence el plazo para recurrir la norma, que en los últimos días ha acumulado una decena de recursos, la mayoría de gobiernos regionales del PP.

Ahora bien, las fuentes explican que el tribunal da preferencia en la tramitación a la cuestión del Supremo por ser no solo la primera sino por venir del más alto tribunal del país, de manera que marcará el camino para la resolución de todos los recursos de inconstitucionalidad y amparo que verá después el tribunal. 

Y los siguientes serán los de los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja gobernadas por el PP, y el de Castilla-La Mancha, del PSOE. También han recurrido tres parlamentos autonómicos, los de Aragón, Cantabria y Murcia.

Por otra parte, el tribunal ha aceptado la abstención del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo, que pidió apartarse de este asunto porque siendo ministro firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional. 

Tras esta decisión, la correlación de fuerzas queda 6 a 5 para los progresistas, aunque cuando llegue el recurso del PP, tocará estudiar las peticiones de los populares que han solicitado que no solo se aparte Campo, sino también el propio presidente Candido Conde-Pumpido y la magistrada Laura Díez, que fue alto cargo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Tribunal Constitucional (TC) ha fijado doctrina y ha avalado la vacunación contra el covid-19 con autorización judicial al respaldar la decisión de los tribunales de consentir que se aplicara la vacuna a una mujer con Alzheimer, cuyo hijo y tutor legal no quería inmunizar, por entender que servía para proteger su salud y la colectiva en un contexto epidémico, según informa Europa Press.

Según ha informado este jueves el órgano de garantías, los magistrados han desestimado el recurso de amparo que presentó el hijo —y tutor legal— de la mujer contra la decisión de los tribunales del orden civil de vacunarla. El hombre se había negado a que vacunaran a su madre que, por su "avanzada edad" y su trastorno neurológico, no podía por sí misma consentir la vacunación.

El Pleno, en una sentencia redactada por el magistrado Juan Carlos Campo, ha reconocido que aunque la vacunación forma parte del derecho fundamental a la integridad personal, hay casos en los que se puede avalar si persigue finalidades legítimas idóneas que justifiquen restringir dicho derecho.

El Constitucional ha explicado que una vacunación no consentida ha de ajustarse a los requisitos generales de restricción del derecho fundamental a la integridad personal, lo que requiere la existencia de una habilitación legal precisa, orientada a la consecución de una finalidad legítima, así como la superación de un juicio de proporcionalidad.

Los magistrados han incidido en que la vacunación puede servir tanto para proteger a la persona afectada como para alcanzar fines de interés general, entre los que destaca la protección de la salud colectiva en contextos epidémicos. En esta última dimensión, el tribunal ha estimado que las políticas públicas de vacunación enlazan con el deber constitucional de los poderes públicos de proteger la salud colectiva con medidas preventivas.

En el caso concreto que ha estudiado la corte de garantías, el Pleno ha considerado que la norma legal habilitante de la injerencia en el derecho a la integridad personal —recogido en el artículo 9.6 de la Ley de Autonomía del Paciente— tiene la finalidad exclusiva de proteger los intereses de la persona afectada en una situación en la que esta no puede prestar por sí misma un consentimiento válido y en un contexto de peligro para su salud.

Así las cosas, el Constitucional ha concluido que las resoluciones judiciales impugnadas, que autorizaron la práctica de la vacunación, hicieron una ponderación correcta de los intereses de la persona con discapacidad al considerar que la mujer —por el estado evolutivo de su enfermedad— carecía de toda posibilidad de manifestar su voluntad.

Al hilo, los magistrados han recalcado que en este caso la vacunación reportaba, en una ponderación basada en criterios objetivos acordes al contexto concretamente enjuiciado, mayores beneficios que perjuicios desde el punto de vista de la protección de su salud individual.

Según ha informado el Constitucional, antes de que se dictara la sentencia, el tribunal rechazó la petición del hijo de la mujer vacunada de apartar del caso al magistrado Juan Carlos Campo al considerar que la recusación planteada era manifiestamente extemporánea.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado en su Pleno de este martes las recusaciones lanzadas por PP, Vox o Ciudadanos contra varios magistrados, entre ellos Juan Carlos Campo y Laura Díez, en distintos asuntos, tales como la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación o la ley de eutanasia, blindando así su composición para resolver esos recursos, aunque al mismo tiempo ha avalado la abstención del ex ministro de Justicia en 14 asuntos, informa Europa Press.

Según ha informado el TC, el Pleno ha inadmitido las recusaciones formuladas por PP y Ciudadanos contra Campo y Díez en hasta siete asuntos por presentarlas fuera de plazo.

Estas recusaciones afectaban a la Ley de la Eutanasia; la reforma legal que impide que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones haga nombramientos discrecionales en la cúpula judicial; la modificación del Estatuto de los Trabajadores "para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales"; los presupuestos generales de 2021; o un decreto ley sobre medidas urgentes en lo sanitario, social y jurisdiccional tras el final del estado de alarma declarado en octubre de 2020.

También buscaban apartar a Campo y Díez de los recursos contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o ley Celáa; y contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas de la comunidad autónoma.

No obstante, al mismo tiempo ha aceptado la decisión de Campo de apartarse del estudio de la impugnación de la ley Celáa porque formaba parte del Consejo de Ministros que la aprobó, el 3 de marzo de 2020. En la misma línea, cabe recordar que el TC ha aceptado en anteriores plenos la abstención de Díez en el 25%.

El Constitucional explica, respecto a estas siete recusaciones, que el plazo para apartar a Campo y Díez, que tomaron posesión el pasado 9 de enero, expiró el día 23 de ese mismo mes y que los escritos de PP y Cs se presentaron después, el 31.

Por otro lado, el TC ha inadmitido de plano las recusaciones de Vox contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Segoviano, Campo y Díez en el recurso del propio partido contra la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación.

En este caso, el Pleno argumenta que tramitar este incidente de recusación supondría "una paralización inaceptable de las funciones del Tribunal Constitucional ante la que debe salvaguardar el ejercicio de su propia jurisdicción".

Vox apuntó a Campo por su relación sentimental con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y sus anteriores cargos como ministro de Justicia y diputado socialista, al considerar que podría "tener interés directo o indirecto" por ser una ley "que sus ex compañeros del grupo parlamentario han aprobado".

En cuanto a Díez, el partido la señaló por haber "participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, debido a su condición de alto cargo en el Ministerio de Presidencia y ser personal de confianza del ministro Félix Bolaños".

Sobre Segoviano, mencionó sus declaraciones "mientras era magistrada emérita del Tribunal Supremo". En concreto, cuando ésta se refirió a la autodeterminación en los siguientes términos: "Ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar".

Por último, de Conde-Pumpido destacó su "especial vinculación con el partido de Gobierno" y por "haber sido defensor o representante de alguna de las partes o intervenir en un pleito como fiscal".

El TC ha inadmitido otra recusación dirigida contra Campo en el recurso del PP contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de 12 de diciembre de 2022 y el acuerdo del presidente de la misma un día después de tramitar dentro de dicha reforma penal las dos enmiendas relativas a la elección y llegada al Constitucional de los dos candidatos designados por el CGPJ.

Sobre esto, donde se pedía apartar a Campo por su relación con Batet, el Pleno responde que no se trata de resoluciones dictadas por ella ni se aduce en el escrito de recusación una intervención concreta de la misma en las resoluciones impugnadas, explicando que una "remisión genérica" a las funciones reglamentarias de coordinación de la jefa de la Cámara Baja no es suficiente.

Sin embargo, el TC ha ratificado la abstención de Campo en tres asuntos --el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE; medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación; y de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones-- por su anterior condición de diputado socialista.

También ha validado la abstención de Campo en otros 11 asuntos por haber sido ministro de Justicia, entre ellos la ley Celáa; la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito energético; o el ingreso mínimo vital.

Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) —Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa— han tomado posesión de sus cargos este lunes, en un acto solemne que ha servido para consumar la renovación parcial del TC, pendiente desde el pasado 12 de junio, según informa Europa Press.

El presidente saliente, Pedro González-Trevijano, ha impuesto a los recién llegados la medalla de magistrado del TC, simbolizando así su desembarco en la corte de garantías.

El ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, designados por el Gobierno el 29 de noviembre, sustituyen a González-Trevijano y Antonio Narváez; mientras que María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, a los que postuló el CGPJ el 27 de diciembre, reemplazarán a Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares.

Los cuatro candidatos ya juraron o prometieron el cargo ante el Rey el 31 de diciembre, después de que el Pleno del TC les diera su 'placet' tras comprobar que cumplían los requisitos legales para el puesto —ser ciudadanos españoles; magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos; y "juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función"—.

La toma de posesión de este 9 de enero era el último acto solemne que debían llevar a cabo los cuatro magistrados para consumar la que es la decimocuarta renovación parcial del Tribunal Constitucional.

Con ello, se ha producido un cambio en el equilibrio de fuerzas en el TC, ya que pasa de una mayoría conservadora —de 6 magistrados frente a 5— a una progresista más holgada —de 7 a 4—.

Cabe recordar que aún está vacante la plaza de Alfredo Montoya, que renunció el pasado verano por motivos de salud. Este magistrado fue nombrado por el Senado, por lo que debe ser la Cámara Alta quien designe a su sustituto mediante un proceso de selección que ya ha puesto en marcha.

Además, se da la circunstancia de que dos de los magistrados salientes, González-Trevijano y Xiol, ostentaban la Presidencia y la Vicepresidencia del TC, respectivamente, por lo que habrá que elegir a los nuevos titulares de estos cargos.

Tras la partida de González-Trevijano, el magistrado de mayor antigüedad, Ricardo Enríquez, ha asumido de forma interina las funciones de presidente para convocar un primer Pleno donde se votará al presidente y al vicepresidente.

Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido para presidir el Constitucional son los de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista.

En las últimas semanas, se han producido contactos informales para tantear el terreno pero las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press aseguran que no será hasta después de la toma de posesión cuando ambos bloques, progresista y conservador, se reúnan para lanzar candidatos formales.

Las citadas fuentes avanzan que, probablemente, el Pleno para elegir al presidente y al vicepresidente se celebrará el martes, por lo que cabe esperar que los contactos de los aspirantes definitivos con los demás magistrados se sucedan en esas 24 horas con el objetivo de lograr los apoyos suficientes.

Las fuentes subrayan que los recién llegados serán "determinantes" para decantar la balanza, de ahí la importancia de las negociaciones que se produzcan una vez hayan tomado posesión de sus cargos.

En una entrevista concedida el pasado lunes a Onda Cero, Segoviano rehusó revelar si apoyaría a Conde-Pumpido o a Balaguer, pero destacó la importancia de que quien ejerza la Presidencia del TC tenga la "empatía" necesaria para "limar asperezas" entre los magistrados cuando sea necesario.

La votación será secreta y requerirá mayoría absoluta pero, si no hubiera fumata blanca, se procederá a una segunda votación que se resolverá por mayoría simple. En caso de empate se hará una última votación y, de persistir las tablas, se propondrá para el cargo al magistrado de mayor antigüedad: Enríquez.

Una vez seleccionados, los candidatos a presidente y vicepresidente del TC se elevarán al jefe de Estado, a quien corresponde realizar dichos nombramientos para un periodo de tres años, renovable solamente por otros tres.

“La paciencia tiene un límite”. Esta reflexión la hace un miembro del Gobierno. Y ya no podían esperar más ante la situación de bloqueo en la Justicia española. Por eso, este martes el Consejo de Ministros lanzó su intento para reactivar la situación, con el mandato de cumplir la ley y proponiendo, vía acuerdo del Consejo de Ministros, a sus dos nombres para el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo quería llegar antes de los actos del Día de la Constitución, el próximo día 6, con los deberes hechos después de llevar esperando meses al Consejo General del Poder Judicial. Pero al ver que este sigue sin mover ficha definitiva, ha puesto sobre la mesa a los dos miembros que le corresponden. Con la idea de meter presión tanto al Alto Tribunal como al órgano de gobierno de los jueces en este proceso.

La sorpresa llegó con los propios nombres del Gobierno. La Moncloa ha decidido impulsar a dos personas clave en la construcción de la arquitectura legal durante la administración de Pedro Sánchez: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales hasta el pasado mes de abril.

Por lo tanto, lanza en esta carrera a dos juristas que cumplen las condiciones, pero que están vinculados directamente con el mundo de la política. Esto supone un mensaje diferente al que se había trabajado durante las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, en las que se habló con el PP de despolitizar la Justicia y de incluso endurecer las puertas giratorios para los magistrados que hubieran estado en política.

El Gobierno defendió este martes férreamente su elección: son perfiles “absolutamente idóneos”, a juicio del titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Para el Ejecutivo cumplen con las tres condiciones que se necesitan para entrar en el Constitucional: ser españoles, ser juristas de reconocido prestigio y capacidad y llevar quince años de profesión. 

La idea de La Moncloa es que estos nombres pasarán la revisión del Constitucional sin ningún tipo de problema. En estos momentos toca renovar un tercio de los doce miembros del Alto Tribunal, según exige el Título IX de la Carta Magna. Es el turno de los dos que corresponde al Ejecutivo y los otros dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Y ahí radica una de las posibles grietas a las que se tiene que enfrentar el Gobierno. La selección por parte del Consejo General del Poder Judicial sigue varada, por la oposición a pactar por parte del sector conservador. El órgano de gobierno de los jueces lleva casi tres meses incumpliendo la reforma de la ley que determinó que su elección de los miembros del Alto Tribunal se debía realizar antes del 13 de septiembre.

El Gobierno, tras meses esperando, ha decidido mover ficha en solitario. Y está convencido, según ha confesado el propio Bolaños, en que se puede hacer porque ya en una sentencia de 2016 el propio tribunal perfiló que un órgano no podía retrasarse cuando le tocaba elegir a los miembros de su competencia. Además, La Moncloa hace este movimiento esperando que surta efecto la presión en el Poder Judicial, en funciones, para nominar “inmediatamente” a sus candidatos.

Esto abre la incógnita de si se acelerará el proceso. Pero, por el momento, la hoja de ruta del CGPJ sigue siendo la misma, impulsada por la mayoría conservadora. Aunque hay una reunión prevista para este miércoles entre los portavoces de las dos partes, sigue vigente que la primera votación se celebre el día 22 de este mes (la misma fecha que el sorteo de la lotería de Navidad). Y ni siquiera hay visos de que se puede llegar a un acuerdo en ese momento, ya que el desembarco de estos dos perfiles ligados con la política puede volver a hacer girar las posturas de los conservadores. El TC tampoco ha acelerado el examen sólo a los miembros del Gobierno y aduce que ni siquiera ha recibido el acuerdo, por lo que puede esperar hasta que lleguen a la vez los aspirantes del CGPJ a finales de año,

El Gobierno tiene claro que había que dar ese paso, que no se podía demorar más y que hay que desatascar la situación. Otro de los problemas que surgen con Juan Carlos Campo es que ha sido pieza clave en la arquitectura legal durante esta legislatura (además fue secretario de Estado en la época de Zapatero). Esto puede hacer que en varias de las sentencias claves sobre leyes tenga que apartarse. Esto podría pasar con la ley del 'sólo sí es sí' o si llegan finalmente al Constitucional los indultos, que él mismo aprobó como titular de Justicia, y que están ahora en revisión en el Supremo.

Según fuentes del Ejecutivo, esto no es ningún problema y se apartará de las resoluciones en las que no pueda participar. En La Moncloa subrayan que hay doctrina sobre eso y una regulación interna desarrollada por el Constitucional sobre las abstenciones y las recusaciones. No obstante, esto podría llevar a perder, de esta manera, a un miembro progresista en esas votaciones y debilitar la supuesta mayoría de ese lado que debe surgir con esta futura renovación.

La designación de Juan Carlos Campo ha sido criticada a derecha y a izquierda. El PP sigue aferrado a la teoría de que esto es un paso más de Sánchez de la “colonización” de las principales instituciones del Estado (es el primer ministro de Justicia que ocupará un puesto en este tribunal). Desde Moncloa se insiste en que no se trata de un órgano judicial, sino de interpretar la Carta Magna, por lo que es legítimamente aceptable el acuerdo del Consejo.

Pero dentro del bloque político progresista tampoco convenció la elección de Campo. El propio socio de Unidos Podemos afeó a la parte socialsita este movimiento, a través del portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que dijo que habían sido informados, pero no consultados. Para los ‘morados’, este nombramientos desmonta los argumentos “falsos” con los que se querían apartar a Victoria Rosell de la terna para el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del grupo en el Congreso, Jaume Asens, también lamentó que esta “puerta giratoria” es un acto de “cinismo” del PSOE después del mensaje de despolitizar la justicia durante la negociación con el PP.

La falta de sintonía con el Gobierno en este tema llegó también a través de Íñigo Errejón, de Más País. Su opinión es que “el Gobierno ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre del bipartidismo de nombrar altos cargos casi en ejercicio", algo que respaldó Joan Baldoví, desde Compromís. ERC respetó la decisión, pero admitió que “chirrían” los nombres acordados por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha decidido plantarse ante la falta de avances en el seno del Poder Judicial. Dos meses después de que el bloqueo conservador impidiese la renovación del Constitucional en el plazo previsto legalmente, el Consejo de Ministros ha dado este martes un paso al frente con la aprobación de sus dos magistrados para el tribunal de garantías. El Gobierno se ha decantado por dos juristas vinculados a la Administración Sánchez. La primera, Laura Díez, ha sido directora general. El segundo, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia hasta hace año y medio. Un perfil político, sobre todo el de este último, que podría terminar poniendo en riesgo la holgada mayoría progresista del futuro Constitucional en algunas de las leyes estrella de esta legislatura enredadas en el tribunal de garantías. Al fin y al cabo, son normas que pasaron por el Consejo de Ministros del que Campo formó parte.

La despolitización de la justicia fue, hasta hace solo un mes, objeto de un amplio debate al calor de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva caduco cuatro años. Ambas formaciones parecían estar de acuerdo en la necesidad de avanzar en esa dirección. De hecho, llegaron a acordar poner en marcha una iniciativa conjunta para que los jueces que entrasen en política no pudiesen regresar a la Carrera Judicial hasta dos años después de su cese. Pero todo ha cambiado desde entonces. Nada queda ya de aquellas semanas de conversaciones. Ni siquiera en lo relativo a levantar una suerte de cortafuegos que rompa con este tipo de puertas giratorias. El Gobierno, lejos de apartarse de una práctica convertida en habitual a derecha e izquierda, ha decidido mantenerla. Y lo ha hecho con todo un ex peso pesado del Ejecutivo.

Ambas propuestas de nombramiento irán ahora directas al Constitucional. Y se abrirá, con toda seguridad, una batalla jurídica sobre si debe o no aceptarse la renovación parcial. La Ley Fundamental establece que los reemplazos se hacen por terceras partes, correspondiendo en esta ocasión al Ejecutivo y Consejo General del Poder Judicial –dos cada uno–. Pero a la vista del bloqueo que está ejerciendo el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces en la designación de sus magistrados, el Gobierno entiende que tiene margen suficiente como para ir por libre. Ahora bien, la posibilidad de que el Constitucional frene los nombramientos hasta que el Poder Judicial logre designar a los suyos –se espera que lo haga antes de que finalice el año, aunque no hay nada cerrado– está sobre la mesa.

La renovación del órgano es importantísima para el Ejecutivo. Principalmente, porque cambia la inclinación de la balanza de sensibilidades en el órgano. En concreto, en cuanto se produzca la renovación de los cuatro magistrados y la sustitución del dimitido Alfredo Montoya, la correlación de fuerzas se situaría en 7 a 5 a favor de los progresistas. Una amplia mayoría que, sin embargo, podría menguar en aquellos pronunciamientos relacionados con algunas de las leyes estrella del Gobierno como consecuencia del perfil político de los candidatos propuestos. Sobre todo de Campo. "Probablemente tendrá que apartarse en todos los asuntos en los que haya participado como miembro del Consejo de Ministros", avisan algunos de los constitucionalistas consultados por infoLibre.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 219 como causa de abstención y, en su caso, de recusación el "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión" con motivo de los cuales "haya participado directa o indirectamente" en el asunto objeto del pleito o causa. Durante su etapa al frente del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo de coalición dio luz verde a diferentes normas que ahora mismo se encuentran recurridas ante el Tribunal Constitucional. Una de ellas es la Lomloe, la reforma educativa conocida popularmente como Ley Celáa. Otra, la ley rider. Y en el alambre se encuentran también el real-decreto que permitía suspender desahucios hasta el fin del estado de alarma o la ley de eutanasia.

Tampoco se descarta que el Constitucional tenga que terminar pronunciándose sobre otras leyes estrella que pasaron por Justicia cuando Campo estaba al frente. Es el caso de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí. O la Ley de Memoria Democrática. En ambos casos, el departamento que entonces dirigía el ahora candidato al tribunal de garantías participó en el proceso normativo remitiendo informes que incluso llegaron a provocar un choque con Igualdad. Las dos normas entraron en vigor hace apenas un mes, por lo que aún existe margen para que sean recurridas ante el Constitucional –el recurso debe interponerse en el plazo de tres meses desde la publicación oficial–. De hecho, en el caso de la ley memorialista, la ultraderecha ya avisó de su intención de recurrirla.

El aborto es otro de los asuntos que han quedado aparcados a la espera de la renovación. De todos, es el de mayor voltaje político. Y el más antiguo que se tiene entre manos. Doce años han pasado ya desde que el PP, con el asesoramiento del entonces presidente del Foro de la Familia y agarrándose al "derecho a la vida", recurriese la ley del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que admitía el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo o hasta la 22 cuando hubiese riesgo para la salud de la madre. Cuando se aprobó aquella norma, Campo era secretario de Estado de Justicia.

Una recusación del exministro en todos estos asuntos rebajaría la correlación de fuerzas a 6-5. Y si, además, se consiguiese dejar también en fuera de juego a Laura Díez por su papel como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, encargada de prestar asesoramiento en aquellas cuestiones de relevancia constitucional, ambas sensibilidades quedarían igualadas, si bien es cierto que el voto de calidad del presidente, que será progresista, aún podría inclinar la balanza a favor de este bloque. Sin embargo, cualquier ausencia del bloque progresista o posicionamiento de alguno de sus miembros con los conservadores podría ser un problema. Fuentes del Gobierno explican que tanto Campo como Díez se "inhibirán en futuras decisiones" cuando así "corresponda". "Hay una reglamentación sobre abstenciones y recusaciones y doctrina sobre eso", se limitan a indicar.

Los constitucionalistas consultados por este diario lamentan que el Gobierno haya decidido continuar con la senda de nombramientos políticos para el órgano. No se refieren tanto al caso de la antigua directora general de Asuntos Constitucionales, a la que encajan en un perfil más técnico –es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona–, sino al del exministro. "Es algo así como el álter ego de Enrique López en el PSOE", opina Joaquín Urías, exletrado del tribunal de garantías.

Campo accedió a la judicatura hace algo más de tres décadas. Pero lleva desde finales de los noventa ligado a la política. Antes de situarse al frente de Justicia, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, secretario de Estado de Justicia, secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía o diputado durante un lustro. Y, como López, fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, ambos compartieron Pleno.

"No es la primera vez que se producen este tipo de movimientos y tampoco va a ser la última", reflexiona Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Pero eso no quita que "no sea buena idea" colocar en órganos de esta relevancia a magistrados que aún tienen "fresco" su paso por la primera línea política. "El Constitucional tiene que pronunciarse en muchas ocasiones sobre decisiones de carácter político. Por eso, debe mantener la mayor apariencia de distancia respecto de la política", apunta Arbós.

Es una opinión que comparte Urías, quien considera que este tipo de nombramientos inciden aún más en la "degradación" de la percepción de los ciudadanos sobre el tribunal de garantías. "Cuando el exministro firme una resolución, o un voto particular, cuántos se van a preguntar si lo hace porque llega a esa conclusión con argumentos jurídicos y no por su vinculación política", resalta el constitucionalista.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez para el Tribunal Constitucional (TC) es una decisión unilateral del PSOE, que ha calificado de "contrasentido" y un ejercicio de "puerta giratoria", según Europa Press.

Es más, ha censurado que es un acto de "cinismo" por parte de su socio optar por la designación de Campo mientras se asumía el veto del PP a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político y no jurisdiccional.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso para informar que el ala socialista del Ejecutivo informó a "última hora" de ayer de estas dos propuestas al tribunal de garantías, que no es fruto de un pacto de la coalición y no han participado en esa deliberación.

Por tanto, ha considerado que es era un "paso necesario" que el Gobierno haya decidido "cumplir la ley" y plantear a dos magistrados del TC, que debía haberse efectuado en septiembre tras la reforma exprés del Ejecutivo.

No obstante, ha admitido que al espacio confederal le hubiera gustado "discutir los nombres y su idoneidad", porque llevar a Campo a un órgano de la importancia del Constitucional es incongruente con ese discurso de "independencia política" que abanderó el PSOE durante la fallida negociación con el PP para renovar el Poder Judicial.

"Nos parece poco coherente que se esté vetando a Rosell a un órgano que no es jurisdiccional, sino de organización de política judicial, y que no emite sentencias y para el TC se plantee esto. Es un contrasentido en la posición del PP y el PSOE", ha lanzado.

Posteriormente, el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenigue, ha insistido en esa idea al recalcar que fueron informados por parte del PSOE de la elección de Campo anoche.

El dirigente de la formación morada ha dicho que es "positivo" renovar los órganos constitucionales aunque el PP "no haga su parte" con el Poder Judicial, pero al mismo tiempo ha lanzado que observando el perfil de las personas escogidas por el Gobierno, queda "clarísimo" que los argumentos de despolitización para vetar a Rosell al órgano de gobierno de los jueces eran "falsos".

"Lo que se estaba haciendo era una cacería política (...) como hemos denunciado en numerosas ocasiones", ha remachado Echenique para ahondar que la prohibición de que Rosell fuera candidata al CGPJ era un "veto ad hoc".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el reingreso al servicio activo en la carrera judicial del exministro de Justicia Juan Carlos Campo Moreno. Concretamente estará en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano en el que obtuvo destino en diciembre de 2019, informa Europa Press.

El órgano de gobierno de los jueces también ha acordado mantener la continuidad en la situación administrativa de servicios especiales de la magistrada Pilar Llop Cuenca, que tras cesar como presidenta del Senado ha sido nombrada ministra de Justicia.

Campo había solicitado su reingreso a su plaza de magistrado el pasado lunes tras formalizarse su salida del Ministerio de Justicia con el traspaso de cartera a Pilar Llop. El exministro tenía un plazo máximo de 10 días desde la publicación del cese para requerir el reingreso y de 20 días para incorporarse a su plaza, según recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 355.

Tal y como establece la normativa, Campo -en calidad de juez- tiene derecho a que se le reserve la plaza que ocupaba cuando pasó a ser ministro y no perderá su antigüedad en la Carrera Judicial.

Deberá abstenerse en causas políticas

La ley del Poder Judicial -en su artículo 351, apartado f- establece también que los jueces y magistrados que "sean nombrados para cargo político o de confianza" o "elegidos para cargos públicos representativos" y reingresen en la Carrera correspondiente "deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

En la Audiencia Nacional actualmente se instruyen causas en las que figuran como afectados o como acusaciones populares distintos partidos políticos; por ejemplo, el caso Tándem, en el que Podemos forma parte en alguna de sus piezas; el caso Púnica, que involucra al Partido Popular; o el caso Gürtel, en el que la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) -vinculada al PSOE- está como acusación popular. Si alguna de estas causas llegase a la Sección Tercera, Campo -por ley- deberá abstenerse.

Hasta ahora, la juez María Teresa García Quesada ha desempeñado la plaza de magistrada de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mientras Campo se encontraba en "situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial", tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 3 de marzo de 2020.

Recientemente, la Sección a la que se incorporará Campo celebró el juicio -que el pasado 17 de julio quedó visto para sentencia- contra la cúpula de la caja de ahorros Sa Nostra por una operación inmobiliaria de 2008. Y el pasado abril confirmó la decisión del juez que instruye el caso Tándem de no abrir investigación sobre el contenido de los chats de los abogados de Podemos de los que, según la defensa del comisario José Manuel Villarejo, podría deducirse una supuesta connivencia del caso.

Asimismo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal fue la que confirmó el auto por el que el juez de instrucción del caso Pujol propuso juzgar a la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El domingo, 9 de mayo, a las 0:00 horas decayó el estado de alarma decretado en octubre. En su día fueron varios los partidos políticos que miraron a la medida con muchas reservas, sobre todo por su larga duración. Pero ahora, llegado el momento de que haya dejado de estar en vigor, formaciones políticas y comunidades autónomas demandan al Gobierno central un plan B, cambios legales o incluso que vuelva a decretarse un estado de alarma de similares características al que acabamos de dejar atrás.

La respuesta del Ejecutivo es que las normas vigentes ya son suficientes para hacer frente a la pandemia. Pero, además, por si consideran que necesitan una mayor cobertura, desde la Moncloa recuerdan que aquellos ejecutivos regionales que así lo deseen pueden solicitar que se declare el estado de alarma para sus respectivos territorios. 

El artículo quinto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, refleja que los presidentes autonómicos pueden solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma. El procedimiento es el mismo: ha de pasar por el Consejo de Ministros y ser ratificada en el Congreso de los Diputados. Esto implicaría, por ejemplo, que el Partido Popular, muy crítico con esta herramienta cuando ha sido propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, tendría que retratarse si quien la pide es uno de sus líderes territoriales.

El Gobierno ya se ha comprometido a apoyar las peticiones que le lleguen en este sentido. "Por supuesto, lo pueden pedir", recalcó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurando que "se respetará esa decisión" de los gobiernos regionales.

En el Ejecutivo lamentan que el principal partido de la oposición primero cargara contra el estado de alarma y ahora pida alternativas legales. La estrategia, dicen, forma parte de "su oposición al Gobierno".

Hasta la fecha, ningún presidente autonómico ha dado muestras de estar estudiando pedir esta herramienta excepcional al Ejecutivo central. En cambio, el foco lo han puesto en criticar al Gobierno por el hecho de que se dé el salto del estado de alarma a dejar la respuesta en manos de las comunidades.

"La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente", aclaró el ministro de Justicia en una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo (laSexta).

En todo caso, Justicia, dijo, no tiene "ningún problema" en "revisar todo" en el supuesto de que haya que mejorar algo, pero "ahora mismo no hay necesidad ninguna de hacerlo". Horas después, en rueda de prensa desde Grecia, el presidente del Gobierno insistía en que "todas las comunidades" tienen "los suficientes instrumentos para hacer frente a la pandemia" en un momento como el actual.

Además de la posibilidad de demandar al Gobierno central que se decrete el estado de alarma en una comunidad concreta, los presidentes autonómicos tienen en su mano aplicar dos leyes: la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, y la Ley General de Salud Pública, de 2011. El debate está ahora en si estas dos leyes permiten la restricción de derechos fundamentales, como el de la movilidad.

La posición de los partidos

Crecidos por los resultados de las encuestas que ubican al Partido Popular por delante del PSOE tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en las autonómicas del 4 de mayo, los conservadores han salido a recordar su llamado plan b jurídico o ley de pandemias. 

En el transcurso de un acto organizado por el PP Europeo, el líder del PP señaló que "produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles" tras el fin del estado de alarma. A su juicio, el "único responsable es Pedro Sánchez porque no ha querido aprobar una ley de pandemias" como el PP lleva tiempo planteando y como registró el Grupo Parlamentario Popular en forma de proposición de ley.

La "pena" de Casado

"Lo digo con pena y con la hemeroteca de nuestro lado porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma y que no se puede gobernar en la excepcionalidad constitucionalidad eternamente, que ningún país lo ha hecho", mantuvo.

El PP, dijo, insiste en "pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación en materia de pandemias". Según el líder de los conservadores, "en 15 días se pueden añadir dos líneas al artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública para dar un marco en la limitación de movimientos y en el seguimiento de los contactos de contagiados".

A priori, la Comunidad de Madrid no estaría por la labor. En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se mostró contrario a restringir la movilidad nocturna por un número limitado de ciudadanos "irresponsables", en alusión a las imágenes de aglomeraciones en distintos puntos de Madrid durante el fin de semana, informa Europa Press.

Otros barones conservadores como Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía) o Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y Léon) se han quejado de que termine el estado de alarma sin un instrumento juridico alternativo. Hasta la fecha, tampoco han apuntado a reclamar al Gobierno central la aplicación de un estado de alarma exclusivo para sus respectivas comunidades.

EL PNV cree que la ampliación del estado de alarma habría estado justificada

Por su parte el portavoz del PNV, Aitor Esteban, consideró este lunes que mantener el estado de alarma que tanto el PNV como el Gobierno Vasco han venido reclamando "estaba totalmente justificado". A su juicio, el Gobierno central "no ha estado muy vivo" al decidir darlo por finalizado este pasado domingo.

Para Esteban, "la única interpretación" a la decisión de levantar el estado de alarma es que en la Moncloa "están preocupados por el turismo porque, al fin y cabo, es una gran parte de la economía de España". "Ha sido por razones económicas, pero no entiendo que se haga ahora, y no dentro de dos meses, cuando quizás la vacunación ya hubiera sido la suficiente", añadió en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. "No tiene sentido mantener el estado de alarma solo en algunas comunidades autónomas. En este año y medio de pandemia hemos comprobado lo rápido que cambian los números. Lo suyo sería mantenerlo en todo el Estado, que está totalmente justificado, y que cada comunidad decida si aplica o no las medidas en función de sus necesidades".

Pese a que el PNV era partidario de que se prorrogara el estado de alarma, no entra en los planes del Gobierno vasco pedírselo al Ejecutivo. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aseguró que el Gobierno Vasco no tiene previsto "en absoluto" solicitar un estado de alarma "específico" para Euskadi. Su idea es, dijo, "comprobar" qué tipo de medidas se adoptan en otras Comunidades Autónomas y en el "marco general" y abordar "planteamientos comunes".

Desde las filas socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió el pasado sábado que el estado de alarma hubiera sido más útil todavía si se hubiera prolongado "un mes más, o un mes y medio".

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, consideró que el Gobierno se ha "lavado las manos" con el fin del estado de alarma al haber pasado la responsabilidad "a la Justicia o las comunidades autónomas" para no acusar de nuevo "el desgaste" que sufrió durante los plenos de las sucesivas prórrogas.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aclarado este lunes que el Gobierno no prepara ninguna reforma legal destinada a amparar las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el final del estado de alarma, insistiendo en que la actual cobertura jurídica ofrece un "arsenal normativo" suficiente, al tiempo que ha recordado que los ejecutivos regionales que lo deseen pueden solicitar a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.

"La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente", ha dicho Campo, en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

De esta forma, ha matizado lo que había expuesto en un artículo publicado este mismo lunes en El País, donde afirma que, si de la respuesta que dé el Tribunal Supremo (TS) a las medidas adoptadas por las comunidades autónomas "se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes".

Así, ha explicado que no tiene "ningún problema" en "revisar todo", esgrimiendo que todo es susceptible de mejora, si bien ha recalcado que "ahora mismo no hay necesidad ninguna de hacerlo y, por tanto, el Gobierno no se plantea un cambio normativo ahora".

Además, ha instado a las comunidades autónomas que ven necesario que el estado de alarma siga vigente en su territorio a que se lo pidan a Moncloa, al tiempo que ha enfatizado que ese "arsenal normativo" les permite acordar "muchas cosas".

Campo también ha salido en defensa del "recurso unificador" que ha creado el Gobierno para que el Tribunal Supremo establezca doctrina sobre las medidas sanitarias que pueden adoptar las comunidades autónomas sin el estado de alarma.

El Gobierno ha abierto la posibilidad este lunes de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país.

Así lo ha expresado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada en el diario El País recogida por Europa Press en la que ha defendido que es "razonable que si hay disparidad de criterios" sea el Alto Tribunal el que "marque la pauta común". "¿Quién si no iba a hacerlo?", se ha preguntado.

Con todo, Campo ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes, como ha pedido el Partido Popular, que solicitaba un plan jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Asimismo, el titular de Justicia ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. "Una posibilidad específicamente prevista" en la "legislación" que el Gobierno "ya se ha comprometido a apoyar", ha señalado.

En esta línea, Campo ha dejado claro que hoy por hoy no hay "ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos". "Lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho", ha sostenido.

Así, el ministro ha lamentado que la oposición haya "jugado en todos estos meses a la contra", utilizando "la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente". "Pero la irresponsabilidad y la deslealtad de la oposición no eximen de responsabilidad al Gobierno. El derecho de excepción solo debe permanecer el tiempo que resulte absolutamente imprescindible", ha añadido.

Con todo, y pese a abrirse a cambios legislativos, Campo ha insistido en que los presidentes autonómicos cuentan con "mecanismos suficientes" en el ordenamiento jurídico para afrontar "la fase de la pandemia" actual. "Esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública", ha zanjado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo desiste de avanzar en la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para, modificando el sistema de mayorías, esquivar el bloqueo al que el Partido Popular tiene sometido el proceso de renovación. 

"Vamos a proponer a los grupos que lo presentaron que lo retiren", sostuvo el titular de Justicia en alusión a los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos. La formación morada muestra, de momento, su rechazo inicial a la retirada mientras no haya una alternativa mejor.

Se trata, según el ministerio, "de un gesto, sobre todo simbólico, que debe ayudar a que el consenso en torno a este nuevo modelo de Justicia sea más amplio".

Esta decisión, que viene a confirmar que el Gobierno ya la daba por descartada desde hace meses, se comunica un día después de un encuentro telemático entre el titular de Justicia y la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová. 

Tras la cita, Jorouvá informó de que "la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en función de custodia parece estar en principio en consonancia con el Estado de Derecho y los controles y equilibrios en España". Y que "dicha reforma hace aún más apremiante la necesidad de elegir a los nuevos miembros del CGPJ, para que pueda desempeñar plenamente su función institucional esencial", añadió.

Este mismo martes, Jourová se felicitaba en su cuenta de Twitter del anuncio de retirada de la otra reforma, la de las mayorías, por parte del titular de Justicia.

En su conversación del lunes, la dirigente de la Comisión Europea avisaba de que cualquier reforma de este tipo debía ir siempre acompañada "de amplias consultas, incluso con la Comisión de Venecia". "Espero que dichas consultas se realicen siempre para cualquier reforma futura", mantuvo.

La reforma que ahora la Moncloa insta a los grupos a que sea retirada fue registrada en el Congreso de los Diputados por Partido Socialista y Unidas Podemos y congelada por Pedro Sánchez el pasado 22 de octubre en el debate sobre la moción de censura planteada por Vox como gesto para que Pablo Casado se sentase a negociar.

Para Campo, "lo verdaderamente importante es que quien está bloqueando" la sustitución de los vocales del CGPJ, en referencia al PP, "dé un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales". Este lunes, advirtió, los conservadores tienen "un argumento menos para oponerse". "El PP se queda sin excusas", añadió al tiempo que dijo entender que las negociaciones no vayan a ser inmediatas por el contexto preelectoral en la Comunidad de Madrid. En este sentido, fijó como fecha posible para un nuevo intento a partir del 5 de mayo. Los comicios son el martes 4 de mayo.

En todo caso, recordó que el Gobierno y el PP tienen "mucho camino avanzado" y espera que "ojalá sea esta tarde" cuando el principal partido de la oposición se avenga a "reactivar las negociaciones", que se han frustrado ya en tres ocasiones desde que el órgano de gobierno de los jueces terminó su mandato en diciembre de 2018.

La iniciativa

El texto presentado por Unidas Podemos y los socialistas refleja que "cada una de las Cámaras [Congreso y Senado] elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial". Y prosigue: "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta".

Con este requisito de mayoría absoluta, los votos de los diputados del Partido Popular ya no serían necesarios porque Sánchez tendría alternativas como la del denominado bloque de la investidura o sus socios para los Presupuestos Generales del Estado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado su apoyo este lunes a la revisión del Estado de Derecho que ha puesto en marcha la Comisión Europea (CE) en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informa Europa Press. 

Así lo ha trasladado el ministro en un mensaje de Twitter tras haberse reunido con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la CE, Vera Jourova, quien le ha trasladado que considera "aún más urgente" la renovación del órgano de elección de los jueces.

En el diálogo, que Campo ha valorado como "rico y constructivo" sobre temas de "interés común relacionados con la Justicia", Campo ha señalado que ha informado a Jorouva sobre los planes para la puesta en marcha en España de la Fiscalía Europea, "que se encuentran muy avanzados", ha asegurado.

"Por otra parte, le he anunciado los planes del Ministerio de Justicia para mejorar la eficiencia del sistema judicial", ha añadido. Sobre esto, ha detallado que le ha dado a conocer los tres proyectos más importantes de esta materia que, en sus palabras, son las leyes de eficiencia procesal, organizativa y procesal.

"Finalmente, le he trasladado que, en estos momentos, nuestra prioridad es transformar el modelo de Justicia para hacerlo más eficiente, accesible y sostenible", ha concluido.

Hay un antes y un después para las personas que han estado en prisión provisional y después han resultado absueltas. La fecha clave es el 19 de junio de 2019, cuando el Tribunal Constitucional estableció que los presos preventivos que queden finalmente absueltos obtendrán una indemnización, sin importar las causas de su absolución. Anteriormente sólo la obtenían en caso de que la absolución lo fuera por inexistencia del hecho imputado o que, por esa misma causa, hubiera sido absuelto. Muchos abogados estaban pendientes de esta sentencia por las grandes implicaciones que podría tener para todos aquellos clientes que, aun habiendo sido absueltos tras pasar un tiempo en prisión provisional, no habían conseguido una compensación por el daño causado. Desde la mencionada resolución, el Ministerio de Justicia ha ido recibiendo numerosas demandas y el propio tribunal de garantías ha emitido ya cuarenta sentencias en las que da la razón a los reclamantes, que ahora esperan una respuesta del Gobierno. 

La pelota, ahora, está en el tejado del Ministerio de Justicia, que debe tomar una decisión sobre la indemnización a abonar a los reclamantes, tanto a los que el Tribunal Constitucional ha dado la razón desde mediados de 2019 como a los que directamente han presentado una demanda administrativa vista la reciente sentencia. Desde el departamento que dirige Juan Carlos Campo no precisan cuántas reclamaciones tienen encima de la mesa, si bien explican que están a la espera de recibir un dictamen del Consejo de Estado con el que puedan unificar los criterios sobre las cantidades a pagar. Será entonces cuando se empiecen a abonar las indemnizaciones.

Serán unos criterios generales, según recalcan las fuentes consultadas por infoLibre, en los que basarse para luego establecer las cantidades concretas en función de cada caso, teniendo en cuenta las particularidades de los mismos. Desde Justicia remarcan que cuando los ciudadanos tienen derecho a indemnización, han de ser tratados por igual y por eso el ministerio ha encargado el informe al principal órgano consultivo del Gobierno, ya que las resoluciones judiciales que se han venido acordando y que sí preveían una reparación reflejaban una disparidad de criterios a la hora de fijar el valor de la indemnización.

Pero mientras el Ministerio de Justicia toma una decisión al respeto, las reclamaciones siguen aumentando y cada vez más personas esperan su compensación por habérseles privado de libertad –el derecho fundamental más importante– por unos delitos por los que después no fueron condenados. En algunos de los casos de los que ha tenido conocimiento este periódico, hasta casi cuatro años permanecieron en prisión provisional durante una investigación judicial, el límite máximo de duración de esta medida cautelar.

Tres supuestos para acordar prisión preventiva

En la jurisdicción de lo penal, la prisión provisional o preventiva es una medida cautelar de carácter extraordinario y, por tanto, excepcional, que se ha de aplicar únicamente cuando existen indicios sólidos de comisión de un delito contra una persona y para evitar tres riesgos durante la instrucción del procedimiento: el de fuga, el de destrucción u ocultación de pruebas y el de reiteración delictiva. Tal y como expone Red Jurídica Cooperativa, "acordar la prisión provisional supone, al menos técnicamente, meter a una persona inocente en prisión", pero "nunca se puede hacer con la intención de adelantar una posible condena futura, sino exclusivamente para asegurar uno de los tres fines mencionados".

Lo que hizo el alto tribunal de garantías en junio de 2019 fue declarar inconstitucional un precepto del apartado 1 del artículo 294 la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este artículo tenía la siguiente redacción: "Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios". Debido al inciso "por inexistencia del hecho imputado", una persona que había sido absuelta en causa penal y había estado en prisión provisional sólo tenía derecho a una indemnización si en la sentencia se declaraba acreditado que no habían existido los hechos. Por tanto, si el acusado era absuelto por el derecho a la presunción de inocencia u otros motivos, de tal manera que no se decía nada sobre si habían sucedido los hechos o no, no tenía derecho a ningún tipo de indemnización.

Esta cuestión había sido discutida desde hacía años y finalmente el Constitucional, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sentó doctrina declarando nulas las partes referidas a la "inexistencia del hecho imputado" y "por esta misma causa" por vulneración de los artículos 14 –igualdad ante la ley– y 24.2 –a la presunción de inocencia– de la Constitución. Así, se daba respuesta a otro mandato de la Carta Magna, que en su artículo 121 establece que "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley". Pero la sentencia no es retroactiva para todos los casos, ya que "no permite revisar procesos fenecidos ni reabrir los plazos para formular reclamaciones indemnizatorias”, esto es, sólo podrán reclamar los que ya hubieran iniciado un proceso de reclamación. 

El caso Rosell

El caso más paradigmático de prisión provisional por imputaciones que luego han acabado en absolución es el del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. Pasó veintidós meses en la cárcel de forma preventiva hasta que fue juzgado en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales. El tribunal no encontró pruebas concluyentes que sustentaran la acusación y la sentencia fue confirmada unos meses después por la Sala de Apelación. La Fiscalía desistió de recurrir ante el Tribunal Supremo, de modo que su absolución devino firme más o menos al mismo tiempo que el Constitucional cambiaba su doctrina sobre las indemnizaciones por prisión provisional.

Fuentes de la defensa de Rosell explican que la sentencia del tribunal de garantías les facilitó la interposición de la demanda administrativa ante el Ministerio de Justicia, de la que aún no han obtenido respuesta. El expresidente del Barça reclama al Estado casi 30 millones de euros por los cerca de dos años que permaneció en prisión preventiva, cantidad que responde, según su representación letrada, al daño reputacional, psicológico y afectivo sufrido, además de lo que dejó de percibir por la "pérdida de negocios" después de ser detenido.

Pero el caso de Rosell es uno más de las decenas que han sido recurridos en amparo ante el Constitucional, y sobre los que éste ha dado la razón a los reclamantes, así como las demandas administrativas que el Ministerio de Justicia tiene encima de la mesa a raíz de la sentencia de junio de 2019. En la jurisprudencia del tribunal de garantías ya hay cuarenta sentencias estimatorias de personas a las que se había negado indemnización por haber estado en prisión preventiva aunque después hubieran sido absueltos. Todos estos casos son personas que padecieron la medida cautelar de privación de libertad antes de la publicación de la sentencia del Constitucional. La primera es de octubre de 2019 y la última registrada es del pasado mes de marzo.

El Tribunal Supremo, por su parte, comenzó a aplicar la nueva doctrina en octubre de 2019, cuando estableció que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. En esta misma resolución, estableció para el recurrente una compensación de 400 euros por cada día que estuvo privado de libertad, para lo que tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, una jurisprudencia que podría tener en cuenta el Consejo de Estado a la hora de hacer el dictamen para Justicia.

Devolver el proceso hasta el momento de la negativa

César Pinto, abogado de oficio, ha sido uno de los letrados que ha impulsado recursos de amparo en el Constitucional a raíz de la sentencia de junio de 2019. En conversación telefónica con infoLibre, explica que fueron tres de sus clientes los que estuvieron en prisión preventiva y todos resultaron absueltos. Los tres han ganado el recurso. Como en otros casos, en sus sentencias el tribunal de garantías ordena "retrotraer las actuaciones a la vía administrativa previa para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia". Esto es, devolver el proceso hasta el momento en que se les denegó la indemnización para que se pueda tener en cuenta la nueva doctrina.

Sin embargo, llevan más de un año esperando una respuesta del Ministerio de Justicia. Lo mismo ocurre con Juan Manuel Bustamente, alias Nahuel, un activista del movimiento Straight Edge que pasó un año y medio en prisión provisional. Junto a él, otros cinco miembros del grupo anarquista fueron juzgados en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo y resultaron absueltos. Según cuenta su abogado, Eduardo Gómez Cuadrado, hace más de año y medio que reclamó a Justicia una compensación económica en virtud de la sentencia del Constitucional, pero aún no ha obtenido respuesta.

Tanto en el caso de los clientes de Pinto como en el de Bustamante, solicitan una indemnización de algo más de 200.000 euros, muy lejos de lo que reclama Rosell. Según Gómez Cuadrado, cada caso es distinto y hay que analizarlo individualmente, teniendo en cuenta distintos factores. Así, por ejemplo, el activista de Straight Edge alega, además del daño psicológico ocasionado por el encarcelamiento, la circunstancia de que fue internado en el régimen FIES, el de especial seguimiento que se aplica a acusados o condenados por delitos terroristas y que puede incluir aislamiento del resto de presos.

"No concurre interés alguno, ni directo ni indirecto, ni cercano ni remoto, tampoco albergo algún tipo de prejuicio o inclinación personal, ni una predisposición personal, más allá de la obligación que como profesional tengo de asumir y resolver aquellos asuntos que por normas de reparto me son encomendados". Así defendió Enrique López en el año 2015 su rechazo a ser recusado de los tribunales que iban a juzgar varias piezas del caso Gürtelcaso Gürtel, una petición lanzada por las acusaciones populares, que veían en este juez de la Audiencia Nacional una vinculación total con el partido conservador por cargos anteriores que había desempeñado a propuesta de esta formación política y su participación en varios cursos de Faes y mesas redondas organizadas por el propio PP.

López no negaba los hechos objetivos: había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) patrocinado por el PP, de igual modo fue designado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE, y acudió a seminarios, como ponente o mero asistente, en la fundación que preside José María Aznar desde 2003 y por los que, según reconocía, había cobrado 11.102,26 euros. Pero en el escrito en el que se oponía a su recusación afirmaba que "las dudas o recelos" que las acusaciones podían tener no se basaban en esos datos objetivos, sino en la "apariencia que se haya podido generar".

Rechazaba que mantuviera o hubiera mantenido una "relación indebida" con los acusados del caso Gürtel o con el PP y que le era "absolutamente indiferente" que el partido o la exministra Ana Mato pudieran resultar "condenados o absueltos" –ambos fueron condenados como partícipes a título lucrativo, esto es, por beneficiarse de las actividades de la primera época de actividades de la trama corrupta–. López defendía su profesionalidad como magistrado y que su papel era limitarse a ejercer su trabajo impartiendo justicia, para después recalcar que "jamás" había ostentado "cargo alguno" en los que se le hubiera "sometido a la disciplina de un partido político". 

Estos fueron los argumentos que utilizó el juez cuando fue designado miembro de los tribunales que iban a juzgar varias piezas de Gürtel, incluida la de la primera época de la trama que condenó al PP, y la causa sobre el supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid. Tanto ruido generó su inclusión como miembro de esos tribunales que hasta el partido conservador salió en su defensa asegurando que no había "prueba alguna" de su afinidad. El pasado de López llevó finalmente a la Audiencia Nacional a apartarle al considerar imprescindible que los jueces encargados de la macrocausa, como en todos los juicios, han de ser imparciales y, además, parecerlo.

Negociador para renovar el CGPJ

Sus empeños por no parecer vinculado al PP en 2015 contrastan ahora habiendo dado el paso definitivo a la política: en la Comunidad de Madrid, es consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde agosto de 2019, y en el propio partido, Pablo Casado le nombró responsable del área de Justicia hace poco más de un año. Entre sus principales encargos, la negociación con el Ministerio de Justicia de la nueva composición del CGPJ, que lleva bloqueado más de dos años por la oposición de la formación conservadora a la participación de Unidas Podemos a pesar de ser uno de los socios del Ejecutivo de coalición.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, su presidente, Pablo Casado, y el responsable de Justicia del partido, Enrique López, en el Comité Directivo semanal.

En el último año y medio ha acaparado parte del foco mediático por estos puestos de responsabilidad política, pero ha sido en la última semana cuando ha vuelto la sombra de sus vínculos con el PP desde la posición que tuvo como magistrado de la Audiencia Nacional al conocerse que puso en contacto al abogado del partido, Jesús Santos, con un empresario amigo del extesorero Luis Bárcenas en el año 2017. López y Santos se conocían de sus respectivas etapas precisamente en la Audiencia Nacional, el primero como juez y el segundo como teniente fiscal.

Las "dudas o recelos" que, según López, tenían las acusaciones populares de Gürtel para recusarle se encuentran en su currículum. Tras estar destinado en varios juzgados de instrucción en distintas ciudades españolas, aterrizó en el CGPJ, donde trabajó hasta 2001 como jefe de Sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. De ahí, a vocal del Consejo a propuesta del PP. En los siete años en que estuvo en el puesto –hubo un bloqueo en la renovación que se extendió durante casi dos años–, ejerció como portavoz del órgano, pero fue la llegada a La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 lo que le llevó a tomar partido. En una ocasión, llegó a decir que "el CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno". Se formaron entonces dos bandos en el organismo: el encarnado por López como portavoz oficial y el opositor liderado por el ahora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también vocal en esa época. A pesar de ello, forjaron una buena relación que aún se mantiene, como ambos han declarado.

Conflicto entre jueces por los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas

Tras la renovación del CGPJ en 2005, obtuvo una plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, concretamente en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Fue en esos años cuando estalló el caso Gürtel, pero a su sección no le correspondía hacerse cargo de los recursos durante la fase de instrucción. Pero sí estuvo en el tribunal que se hizo cargo del conflicto entre los jueces de instrucción Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por hacerse con la causa conocida como papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. En un auto consultado por infoLibre, López y otros dos magistrados –Ángel Hurtado y Julio de Diego– suspendieron cautelarmente la declaración del extesorero del PP fijada para marzo de 2013 por Gómez Bermúdez, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, tras la publicación de las anotaciones de la contabilidad opaca en el diario El País y la posterior querella presentada por IU.

El juez Ruz, que dirigía el Juzgado Central 5, había reclamado la investigación de esa documentación al considerar que tenía relación con Gürtel y se planteó un conflicto de competencia. Antes de que se resolviera, Gómez Bermúdez citó a Bárcenas, pero el tribunal del que formaba parte López, encargado de resolver los recursos del Juzgado Central 3, paralizó de forma cautelar la comparecencia a peticion de la Fiscalía. Al resolver el fondo del asunto, un par de meses después, los tres jueces determinaron que Gómez Bermúdez no había obrado correctamente, pero las pesquisas ya habían pasado a manos de Ruz y en su juzgado se quedaron. Esta es la única ocasión en que López tocó alguna cuestión relacionada con las causas de corrupción que aún hoy salpican al PPtocó.

En el mismo 2013, y tras seis años de vetos en el Senado por parte del PSOE ante la intención del PP de nombrar a López magistrado del Tribunal Constitucional, este ansiado puesto llegó para el juez, que obtuvo la plaza por designación del Consejo de Ministros que presidía entonces Mariano Rajoy, en la cuota de miembros del tribunal de garantías que corresponde al Gobierno. Pero no le duró mucho, ya que un año después López dimitió tras ser detenido por conducir ebrio, sin casco y saltarse un semáforo en rojo.

Del ostracismo a la política

A partir de 2014, llegó una etapa de cierto ostracismo para López. Tocado por su paso fulminante por el Constitucional y su abrupta dimisión, regresó a su plaza en la Audiencia Nacional y un año después llegó la recusación de los juicios de Gürtel junto con Concepción Espejel, también por sus vínculos con el PP. La decisión de apartar a los jueces es de los miembros de la Sala de lo Penal, esto es, de los compañeros de los magistrados, que en el caso de López fue de catorce votos frente a cuatro.

El camino para los dos recusados fue muy diferente a partir de entonces. Mientras que Espejel fue nombrada por el CGPJ a mediados de 2017 presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –puesto que sigue ejerciendo aunque ha intentado varias veces acceder al Tribunal Supremo sin lograrlo–, López fue colocado en la Sala de Apelaciones, un tribunal de nueva creación a consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 para introducir una instancia adicional en la Audiencia Nacional. En esta plaza, López y los otros dos magistrados designados, José Ramón Navarro y Eloy Velasco, revisaron sentencias como la de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), confirmando las condenas a los ocho jóvenes acusados, o las de los raperos Valtonyc, Pablo Hasel y el grupo La Insurgencia. En el caso de los dos últimos, rebajaron las condenas.

Tampoco duró mucho el magistrado en este puesto, pues dos años después, el Tribunal Supremo anuló su designación y la de Velasco tras estimar el recurso de otros aspirantes al puesto, que alegaron que la elección de estos dos jueces para la Sala de Apelaciones no se ajustó a derecho en los requisitos del concurso. López siguió adscrito a la Sala de lo Penal, pero Isabel Díaz Ayuso llegó al rescate y le fichó como consejero de Justicia e Interior. Unos meses después, Pablo Casado le colocó en su círculo de confianza y las sombras de duda sobre su cercanía al PP se terminaron de confirmar.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avisado de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general, al ser preguntado por el posible aplazamiento de los comicios en Cataluña, y ha pedido "mucha cautela ante una falta de previsión legal".

"Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia", ha alertado el ministro en una entrevista este jueves en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, y ha citado la Comisión de Venecia, que habla de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales.

Ha asegurado que "si no queda más remedio podría hacerse, pero es una cosa muy muy delicada", cree que la respuesta tiene que ser proporcionada y que hay necesidad de que haya gobiernos operativos y con el 100% de las capacidades, y ha apuntado que el derecho siempre tiene capacidades de impugnación.

Ha dicho que sería una muestra de normalidad que se celebrasen y que "todas las circunstancias no impiden la celebración de la democracia", y ha añadido que sería una buena noticia que el presidente de la Generalitat pueda verificar que sean el 14 de febrero.

Preguntado por si los presos independentistas podrían presentarse a unas elecciones si son indultados y se atrasan los comicios, Campo ha respondido: "Sinceramente, no creo que se puedan aplazar tanto. Es posible, pero lo veo bastante difícil.

El Govern defiende que tiene cobertura legal

La Generalitat de Cataluña ha defendido que tiene cobertura legal para aplazar las elecciones del 14 de febrero por el impacto de la pandemia del coronavirus, han explicado varias fuentes del Govern a Europa Press. Las fuentes ya citadas han afirmado que el Govern entiende que no hay impedimento legal para aplazar los comicios y los servicios jurídicos de la Generalitat están preparando un informe que lo avala.

De hecho, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ya emitió un dictamen en septiembre que argumenta que, si no se puede garantizar el derecho a voto de todo el electorado, la Generalitat podría posponer o suspender las elecciones. "En caso de insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar el pleno ejercicio del derecho de voto al electorado en condiciones de libertad e igualdad, y propiamente en garantía de este, con la adecuada motivación y con la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones o del deber de celebrarlas, la Generalitat de Catalunya puede proceder al aplazamiento o, en su caso, la suspensión de las elecciones", recoge este dictamen.

Pese a reconocer que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no contempla la posibilidad de posponer unas elecciones, apunta que en Galicia y el País Vasco esto no supuso un "obstáculo para entender que esta suspensión podía decretarse y que el órgano competente para hacerlo era el mismo que era competente para adoptar el decreto de convocatoria" de los comicios.

De esta manera, con este argumento se avalaría que el Govern pudiera decretar el aplazamiento de las elecciones, ya que fue el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el que firmó el decreto de convocatoria del 14F, aunque fue un trámite automático por la disolución del Parlament al no haber investidura tras la inhabilitación del expresidente Quim Torra.

Fuentes del Ejecutivo catalán han defendido que cuando se publicó ese dictamen en septiembre nadie se opuso y tampoco cuando en el decreto de convocatoria de elecciones se incluyó un apunte en el preámbulo que contemplaba la posibilidad de posponer los comicios por el covid-19, aunque no concretaba en qué supuesto epidemiológico se podría decidir retrasarlos. "Si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por el covid-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria posponiéndose la votación a una fecha posterior que sí las ofrezca", recoge este fragmento del decreto de convocatoria del 14F.

Estas fuentes también han destacado que los servicios jurídicos de la Generalitat están preparando un nuevo informe, que irá en la misma línea que el dictamen de septiembre, para argumentar legalmente el aplazamiento de las elecciones, si se acaba tomando esta decisión tras la mesa de partidos de este viernes. Así, han expresado su convicción de que, si se opta por posponer los comicios, la decisión irá acompañada de toda la seguridad jurídica.

Juristas consideran que un aplazamiento puede justificarse 

Expertos en derecho constitucional y magistrados coinciden en reconocer la existencia de un vacío legal en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en lo relativo a la suspensión de una cita electoral ya convocada, si bien consideran que un aplazamiento del 14-F en Cataluña puede justificarse por causas de fuerza mayor como es la pandemia de covid-19. Algunos apuntan que al tratarse de un derecho fundamental una decisión de este calibre "no es baladí" y sugieren medidas proporcionales a la situación que permitan a los ciudadanos acudir a las urnas con seguridad.

Las fuentes consultadas por Europa Press comparan esta situación con lo ocurrido con el aplazamiento de las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, si bien apuntan diferencias. En dicha ocasión la decisión se hizo pública el 16 de marzo, en pleno inicio del confinamiento obligado por el primer estado de alarma, y además con el consenso de todos los partidos políticos. Este consenso no existe en esta ocasión por el rechazo del PSC.

El vacío legal existente se apuntaba en el propio decreto de convocatoria de las elecciones vascas, que se decía que "aunque la legislación electoral no contemple explícitamente el modo de proceder en caso de una imposibilidad material de continuar con el proceso electoral garantizando la participación de la ciudadanía y el derecho del sufragio, el silencio de la ley no excluye la necesidad de una regla de conducta para casos no previstos en ella, atendiendo a los principios generales contenidos en la propia legislación electoral".

De forma parecida se señalaba en el decreto gallego, donde se apuntaba que " ante el silencio legal" el marco normativo derivado de la declaración de estado de alarma obligaba a ponderar por un lado la situación de emergencia y por otro las exigencias del derecho fundamental de sufragio, remitiendo a lo señalado en la LOREG sobre la votación y el escrutinio en sus artículos 84 y 95. En ellos se dice que sólo por causas de fuerza mayor "podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación".

En todo caso, fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Europa Press apuntan que como ninguno de los decretos de convocatoria que contienen estas prevenciones han sido recurridos, no existe jurisprudencia al respecto.

Posibilidad de respuesta proporcional

Desde el Tribunal Supremo se apunta además que en la LOREG no parece que haya previsión expresa al respecto para cambiar el día ya fijado, según el articulo 42 de dicha ley, por lo que a juicio de estas fuentes nos topamos otra vez con una especie de "derecho de pandemia" a aplicar en esta especial circunstancia en la que nos encontramos.

Así, pese a que razones de salud pública pueden aconsejar un retraso de los comicios también debe tenerse en cuenta la proporcionalidad de esta decisión. "Si hay confinamiento intenso podría retrasarse, pero si se puede hacer casi todo, no parece que lo electoral deba suspenderse o retrasarse como si fuera algo baladí. Recordemos que se trata del ejercicio de un derecho fundamental, esencial en un estado democrático", apuntan las mismas fuentes.

Otro magistrado del alto tribunal apunta que las garantías para la salud pública deberían englobar tanto la campaña como el día de la votación. "Sin embargo ya estamos en precampaña y no pasa nada; en cuanto a los actos electorales presenciales pueden suspenderse o acotarse el aforo sin problema y en cuanto al día de las votación pueden fijarse medidas de prevención y protección, es más, hasta podría ampliarse las horas de votación para que la afluencia de votantes a los colegios sea más escalonada y fluida, sin aglomeraciones". La suspensión entonces sólo vendría justificada por un confinamiento domiciliario, total o por zonas.

"Intromisión partidista"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha acusado al ministro de incurrir en "una intromisión partidista escandalosa" en el debate en Cataluña sobre si posponer o no las elecciones del 14 de febrero por haber dicho que la ley electoral no prevé un aplazamiento de los comicios.

Lo ha dicho en el Encuentro Digital de Europa Press, después de que Campo haya pedido cautela porque cree que falta previsión legal para posponer unas elecciones.

Carrizosa ha criticado que es "alucinante que un hombre de leyes no sea lo suficientemente ecuánime como para advertir de que un estado de derecho democrático debe garantizar el derecho a voto" en el contexto de la pandemia del coronavirus.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha situado la tramitación definitiva de los indultos a los presos independentistas en el primer semestre de 2021, unos tiempos "razonables" en los que el consejo de ministros tomará una decisión sobre si concede o no la medida de gracia que, como ha recordado, se concede caso por caso.

"Cada uno tiene vida propia", ha insistido Campo en una entrevista en Rac1, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que podría darse el caso de que unos presos reciban el indulto y otros no. "Puede pasar todo", ha continuado, dejando claro que no se puede "jugar a la bola de cristal".

En esta línea, el titular de Justicia ha dejado claro que no quiere pillarse "los dedos" situando la decisión sobre los indultos en "mayo o junio", aunque ha asegurado que la tramitación llegará "en un tiempo razonable", y siempre dependiendo de cuando "entren" a su Ministerio "todos los papeles".

Así, Campo ha insistido en que, pese a que su departamento tiene unos "promedios efectuados" sobre la tramitación, no existen dos procesos iguales. "Estamos en unos plazos absolutamente normales", ha aseverado, recordando que es obligación del Gobierno afrontar este trámite.

Pide paciencia y recuerda que el trámite de los indultos se cumple

En cualquier caso, el responsable de Justicia ha advertido a los que estén pensando que la decisión del Ejecutivo llegará a la semana de recibir los informes pertinentes. "Tendrá que hacer este ministro un estudio para hacer una propuesta al consejo de ministros. Este ministro tiene que estudiar uno por uno en los mismos términos. Estamos pensando no en que llegan hoy y llevarlos la semana siguiente.", ha explicado.

En este contexto, el ministro se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este asegurase, preguntado por los indultos, que el Ejecutivo nunca ha ocultado su intención de favorecer el reencuentro en Cataluña.

Marco de convivencia

"No tengo que interpretar sus palabras, las comparto. No hay gobernante que se precie que no tenga la obligación constitucional de procurar esas soluciones para que todos los españoles tengamos que sentirnos a gusto en el marco de convivencia que nos dimos", ha apuntado Campo.

Preguntado por el peso que tiene el informe de los fiscales del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos a la hora de tomar una decisión, Campo ha asegurado que tiene un valor de "análisis potente" para ha sostenido que los "informes no son vinculantes" y que en los indultos no "prima la vía jurisdiccional".

Campo ha rechazado expresar su opinión personal sobre si los presos independentistas deberían recibir el indulto y sobre si deberían expresar arrepentimiento por los hechos de octubre de 2017. "No es bueno interferir en un expediente que se está tramitando. Como mejor está el ministro es calladito", ha zanjado.

La reforma de los delitos de sedición y rebelión no se ha "estancado"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dejado claro que la reforma de los delitos de sedición y rebelión no se ha "estancado" y ha asegurado que el "desfase" que supone este tipo con respecto a otros países europeos se solucionará finalmente en 2021.

El titular de Justicia ha insistido en que el anteproyecto se aprobará el próximo año una vez estén preparados los informes preceptivos. "Dirán que soy pesado, pero me muevo en principios muy básicos: los tiempos razonables", ha añadido.

Así, Campo ha reconocido que esta reforma es prioritaria para el Ejecutivo, más aún cuando se estudia a los países de la órbita española, que se encuentran en una situación "muy diferente". "Uno se da cuenta del desfase que tenemos", ha aseverado, dejando claro que el Ejecutivo cumplirá su compromiso.

"No es tan simple como decir donde pone 8, 10, 12 ponemos 6 o 4. No, es más complejo porque el código penal tiene un orden interno que no podemos romper, estamos hablando de bienes jurídicos. Tenemos que ver la concurrencia de otros delitos para no provocar mayor desajuste. Con ese sosiego y esa discreción que se tienen que hacer las cosas cuando se hacen en cocina", ha continuado.

Por eso, ha criticado que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, le recriminase no haber acometido todavía esta reforma. "Entiendo muy bien a Asens, hay veces que discrepo con él, y el porqué de esas urgencias mediáticas... el sabrá porque lo hace", ha apuntado.

Preguntado sobre si la reforma de la rebelión y la sedición afectaría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Campo ha explicado que ésta "valdría para todos los casos presentes o futuros". Incluso, si tuviese "retroactividad", los casos a los que afectaría tendrían que ser revisados "por el tribunal sentenciador".

En cualquier caso, el titular de Justicia cree que no se debe "poner acento en lo que le pase a tal jugado de la justicia o no, sino establecer un sistema de respuesta jurídico penal que describa unos hechos graves censurables y que establezca una sanción proporcionada".

Tres días después era viernes 18 y el señor Tezanos, jefe del CIS, declaró que “la monarquía solo le preocupa al 0,3% de los españoles”, aunque también manifestó sentirse sorprendido por tal respuesta de los encuestados, es de suponer que por lo mucho y mal que la monarquía está apareciendo en la prensa. Quizás Tezanos no se dio cuenta de que, con su sorpresa, no dejó de insinuar cierta desconfianza hacia el trabajo del CIS que él mismo dirige.

En busca de alguna lógica entre ambas declaraciones, lo primero que supuse es que Pedro Sánchez había llamado a Tezanos para que apagara el incendio provocado tres días antes por Campo con argumentos como el de “ya sabes que a veces todos metemos la pata” y similares, algo muy normal entre importantes que navegan sobre aguas turbulentas y en el mismo barco.

Imaginé también que Tezanos le respondió a Sánchez qué lo haría, pero, ante los medios de comunicación, se dejó llevar por el natural impulso de no incluirse a sí mismo entre los 48 millones de inválidos mentales, que debe pensar que somos quienes le pagamos el sueldo, y optó por manifestar la mencionada sorpresa.

Pero también debió sentirse obligado el presidente del CIS a desmontar parte de la demagogia que incluía su primera respuesta, aclarando durante la entrevista que “el porcentaje de los españoles que coloca la monarquía entre sus tres principales preocupaciones, es de un 0,3%”; una afirmación que sí corresponde a la pregunta que el CIS presenta a los encuestados y que es muy distinta a lo de que “la monarquía solo le preocupa al 0,3% de los españoles”.

Al margen del exceso monárquico de Tezanos que ha servido para deformar la verdad desde los titulares, se me ocurre que millones de españoles tenemos más de tres preocupaciones al mismo tiempo.

Antes de que se me olvide, aprovecho para pedir la dimisión de Tezanos, pero, además, como me fío más de lo que pueda decir un ministro que esté de los nervios en medio de una rueda de prensa*, he decidido investigar en el mismo CIS del que Tezanos selecciona los datos que después nos cuenta.

Para ello he accedido aquí, donde se puede consultar el avance de resultados del Barómetro de diciembre, publicado estos días, y que sin duda sirvió a Tezanos para responder a los medios de comunicación la semana pasada, aunque por lo que a la monarquía se refiere, no se ha producido ninguna variación respecto al de noviembre.

En el CIS de diciembre, la palabra “monarquía” aparece únicamente, de un total de 79 preguntas (32 más las derivadas parciales), en la 15 y la 16, más otra incluida en la submuestra de Catalunya. Dicen lo siguiente:

“Pregunta 15: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”

“Pregunta 16: ¿Y cuál es el problema que a usted personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”

Ambas preguntas incluyen, cada una, un mismo listado de 60 “problemas” de entre los que el encuestado solo puede elegir 3. El “problema” “la monarquía” aparece en los puestos 39 y 48, para las preguntas 15 y 16 respectivamente.

Abro paréntesis para, ya que estamos con encuestas, preguntarle a usted que está leyendo si no le parece lo normal que si alguien va preguntando a la gente sobre los tres problemas más importantes y las respuestas que ofrece son, por ejemplo, “respirar”, “beber” y “comer” más otras 57, un gran porcentaje de encuestados conteste en primer lugar esos tres. Y que porcentajes menores responderán “vestirse”, “peinarse” o “lavarse los dientes”, por ejemplo, y muy pocos elegirán “recibir una felicitación navideña del rey de España”, si también estuviera en el cuestionario.

Me he permitido esta comparación tan simple porque en las preguntas 15 y 16 citadas el CIS, entre 60 “problemas” distintos que ofrece a los encuestados, se incluyen respuestas como “la crisis económica”, “el Covid-19” o “el paro” que, como es natural, resultan ser los que más preocupan. Entre los 57 “problemas” restantes se incluyen otros como “la monarquía”, “los nacionalismos”, “la inseguridad ciudadana” o “el tener que estar enclaustrado en casa” y, no me lo podía creer, todos esos preocupan menos que “la monarquía”.

He entrecomillado “problemas” porque no deja de sorprender que el CIS mezcle hechos con instituciones en la misma categoría de “problemas”.

La pregunta del CIS de diciembre referida a Catalunya dice lo siguiente:

Pregunta CX2: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que tiene Cataluña en la actualidad? ¿Y el segundo?

En este caso el CIS solo pide al encuestado dos problemas, como si los catalanes vivieran mejor que el resto de españoles y, además, el listado de respuestas posibles lo limita a 36 “problemas” referidos a Catalunya, no repito la comparación. En este caso, el “problema” “la Monarquía” aparece en el puesto 32 y solo preocuparía al 0,1% de los catalanes, puede usted reírse, pues el primer problema, con un 35,1%, es “la independencia de Catalunya”, y no es que Felipe VI pasara desapercibido, ni en octubre de 2017 ni cada vez que viaja a Catalunya.

Volviendo al ministro de Justicia, es lógico pensar que se trata de una persona mejor informada de los problemas de España que la mayoría de los españoles, al margen de que el “problema” denominado “la Administración de Justicia” preocupe más que “la Monarquía”. Y en Catalunya lo mismo, es decir, un pequeñísimo 0,1%, lo cual es para volver a reírse del CIS y su Barómetro.

Por tanto, se deduce que el señor Campo se encuentra entre el 0,3% de personas que el señor Tezanos dice que piensan que la monarquía es uno de los tres problemas más importantes, pues el ministro acaba de decir que “si quitamos esa pieza del arco se derrumba todo” y eso no sería un problema, sino un problemón.

La gran mayoría de políticos del postfranquismo en que vivimos han protegido y siguen protegiendo a la monarquía con mentiras en general y manipulaciones de la demoscopia en particular, un comportamiento que viene de lejos. De hecho, sin tales maniobras en el pasado la realidad de España sería hoy muy otra, y es difícil imaginar que peor.

Será necesaria una segunda entrega para analizar y denunciar algunos de los detalles de una demoscopia manipulada que también ha contribuido a colocarnos al borde del caos político en el que nos encontramos.

(*) Cuántos lapsus del tipo “el pueblo, el alcalde” o “el suyo, beneficio, político” nos perdimos en todas las ocasiones en las que Rajoy decidió colocar un plasma entre él mismo y la realidad, especialmente durante su primera legislatura.*

Domingo Sanz es socio de infoLibre