Un comunicado de una docena de comunidades autónomas ha sorprendido esta semana a las organizaciones de bomberos forestales, que llevan años reclamando precisamente a estas Administraciones salir del agujero de precariedad en el que están sumidos. Regiones como Castilla y León, Murcia, Aragón, Andalucía o Madrid, gobernadas por el Partido Popular, dicen estar "preocupadas ante el incumplimiento de la ley básica de bomberos forestales", y culpan al Ministerio de Trabajo de que se haya retrasado siete meses en su implantación, cuando son precisamente estas regiones las más señaladas por maltratar laboralmente a sus bomberos. Los sindicatos creen que es una maniobra de las consejerías para dilatar las negociaciones y evitar la implementación de las mejoras, que encarecerían los dispositivos.

Esta misma semana, Comisiones Obreras (CCOO) organizó una rueda de prensa para denunciar la precariedad en varias de estas comunidades. Para empezar, Castilla y León ha sido históricamente señalada por tener el cuerpo peor organizado del país, con alrededor del 70% de los efectivos subcontratados a empresas privadas, bases sin agua ni luz o falta de vehículos de extinción. Andalucía tiene retenes con el 50% de ocupación, en Murcia denuncian 12 años sin mejoras salariales, en Comunidad Valenciana hay un déficit de 250 bomberos y en Madrid, una parte del cuerpo lleva más de 1.000 días en huelga.

Sin embargo, estas doce comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) afean al Gobierno central que no haya cumplido hasta ahora su parte de la ley 5/2024. En ella, se daba un año al Ministerio de Trabajo para elaborar un reglamento de prevención de riesgos laborales para este colectivo, así como para establecer unas jornadas máximas diarias de trabajo y para actualizar el cuadro de enfermedades profesionales de los bomberos. Esos doce meses de margen terminó en noviembre de 2025 y las tres medidas siguen sin implementarse, de manera que esta temporada los bomberos seguirán trabajando con escasos avances frente al verano pasado.

La ley establece también que estas regulaciones se tienen que elaborar en coordinación con las comunidades autónomas porque comparten competencias, y es ahí donde empieza el lío en el que están sumidas las negociaciones. Las autonomías critican que el Gobierno no ha respetado el plazo legal de un año que se dio para poner en marcha los cambios y que no han sido consultadas durante el proceso.

Desde el Ministerio de Trabajo no dan crédito al comunicado donde las comunidades denuncian todo esto, difundido el pasado viernes al término de la última de las cuatro reuniones que han tenido lugar entre el Gobierno central y las consejerías sobre este asunto. "No entendemos esta reacción cuando las reuniones han sido en tono cordial y por ahora avanzan bien. Siempre hay puntos de fricción, pero para nada las negociaciones están paralizadas", afirman desde el gabinete de Yolanda Díaz. 

Las comunidades del PP que se han levantado contra el ministerio piden "reiniciar el proceso normativo" para garantizar que todas las autonomías puedan participar en él, una maniobra que alargaría indefinidamente las negociaciones y haría todavía más difícil implementar esas mejoras.

Afirman también que la versión actual del real decreto que maneja Trabajo "no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar disfunciones relevantes en la gestión de emergencias (...), generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral", aunque en la nota no explican qué puntos son los que preocupan del borrador.

CCOO, en la rueda de prensa de este martes, dijo que, de hecho, son las comunidades autónomas las que están torpedeando el proceso porque proteger a los bomberos significa más costes para las consejerías de Medioambiente debido a que habría que completar más turnos de trabajo, dar cursos de formación en riesgos laborales y costear más bajas por enfermedad. "Lo que se encuentra el Ministerio de Trabajo son trabas constantes. Hay un lobby de comunidades detrás que aspira a bloquearlo todo porque esto va de dinero. Cuantos más avances, más les van a costar los dispositivos".

José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF), también critica este intento de devolver la negociación a la casilla de salida por parte de las comunidades autónomas. "Es un bloqueo de un real decreto que vela por nuestra seguridad y nuestra salud. Y sabemos de sobra que las comunidades nunca quisieron que saliese adelante esta ley", opina.

Nuevo récord de empleo en España, con un total de más de 22,3 millones de trabajadores alcanzados en mayo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Con 231.975 afiliados más que en abril, el segundo mejor mayo de la serie histórica, un mes favorable para el empleo por la estacionalidad y, este año, lo ha sido especialmente, con un importante tirón de los trabajadores extranjeros, en pleno despliegue del proceso de regularización aprobado por el Gobierno. El Ministerio de Trabajo detalla que los 2.320.721 de parados es el registro más bajo desde 2007, al haber descendido en 36.323 personas.

Este nuevo récord del mercado laboral pone el techo en un total de 22.337.806 personas afiliadas a la Seguridad Social y además, se consigue con el máximo de mujeres trabajando, casi 10,6 millones —un punto porcentual más que en 2018—, también de hombres (11,7 millones), de trabajadores autónomos (3,46 millones) y de afiliados extranjeros (casi 3,4 millones de personas).

"Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la evolución del empleo en mayo, avanzó especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más), así como en el sistema especial agrario, con 20.741 más.

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados.

Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

"Esta buena noticia no ha caído del cielo, detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

Por regiones, el paro registrado bajó en las 17 comunidades autónomas con las mayores caídas en términos absolutos en Andalucía (9.125 personas), Cataluña (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas).

En mayo se sellaron 1.323.719 contratos de los que 572.061 fueron indefinidos, el 43,22 % de todos los firmados.

Por otro lado, el gasto en prestaciones de desempleo, con datos de abril, sumó 2.041 millones con una tasa de cobertura del 80,9%.

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo, y sumó 231.500 desempleados, en un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10% (10,83%).

El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas, a pesar de haber aumentado la ocupación en la industria, la construcción y la agricultura.

De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar todos los sectores personas en paro, salvo la construcción.

No obstante, en comparación anual se han sumado 527.600 ocupados respecto al primer trimestre de 2025 y se ha reducido el desempleo en 80.600 personas.

En un trimestre desfavorable para el empleo, la población activa ha marcado un récord en 25 millones, tras aumentar en 61.200 las personas en disposición de trabajar, tanto si están empleadas como en paro, con 46.700 mujeres más activas y 14.400 hombres.

Por nacionalidad, el número de activos disminuyó en el último trimestre en 4.600 entre los españoles, mientras que aumentó en 65.800 entre los extranjeros.

Tras aumentar 9 décimas la tasa de paro, el desempleo femenino se situó en el 12,35% (137.000 personas más) y el masculino en el 9,47% (94.500 desempleados más).

Por sectores, el paro ha sumado 162.100 personas en los servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura, en tanto que disminuyó en 11.700 personas en la construcción.

El paro aumentó en 39.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 19.200 entre las personas que buscan su primer empleo.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementaron en 78.500 este trimestre, hasta un total de 850.700, mientras que aquellos en los que todos están ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 12.045.000.

La ocupación sumó 28.100 ocupados en la industria, 17.500 en la construcción y 12.500 en la agricultura, insuficientes para contrarrestar la pérdida de en el sector servicios.

El empleo a tiempo completo disminuyó más que el parcial y en mayor medida entre quienes tenían un contrato temporal (85.400 menos), lo que redujo la tasa de temporalidad al 14,7% y la parcialidad al 13,6%.

El número de trabajadores por cuenta propia descendió en 68.600 personas.

El empleo privado bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta 18,6 millones, mientras que el empleo público aumentó en 21.100, hasta 3,7 millones.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias, con 17.000 ocupados más y 14.400 parados menos.

Por el contrario, la mayor destrucción de empleo se registró en Cataluña con 46.300 ocupados menos, mientras que tuvo el mayor incremento de paro con 84.400 personas más sin trabajo.

Es un hecho incómodo: en este país hay muchos trabajadores que, además de soportar empleos precarios, realizan horas extras sin cobrar para las empresas que los emplean. Y no parece haber un interés real en cambiar esta situación, al menos por parte del empresariado.

Recientemente, este asunto ha generado tensiones dentro del propio Gobierno. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda planteó reforzar la normativa y los mecanismos para poner fin a estas prácticas. Sin embargo, el ministro de Hacienda y vicepresidente primero reaccionó advirtiendo del impacto económico que esas medidas tendrían para las empresas. Es ahí donde surgen las dudas: ¿hasta qué punto existe una voluntad firme de construir una sociedad más justa, donde el trabajo garantice una vida digna?

Los datos son elocuentes. Encuestas de la EPA, cifras del INE y del propio Ministerio de Trabajo apuntan a unos 350.000 trabajadores afectados. Cada uno de ellos deja de percibir alrededor de 3.000 euros anuales en horas no remuneradas. En conjunto, hablamos de cerca de mil millones de euros que las empresas se ahorran cada año.

Pero el problema no termina ahí. También se dejan de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social y recursos fiscales para la Hacienda pública. Es decir, la pérdida es doble: para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad.

El balance resulta difícil de maquillar: empresas beneficiadas a costa de trabajo no pagado y una respuesta institucional que, como mínimo, parece tibia. Y mientras tanto, la pregunta queda suspendida en el aire, incómoda, persistente:

¿Hasta cuándo se seguirán tolerando estas prácticas abusivas?

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

El Ministerio de Trabajo presentó en febrero un informe realizado por expertos sobre la democracia en el ámbito laboral. En este documento de más de 400 páginas se analizaba la participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas, el papel de la inteligencia artificial (IA) y proponía una serie de herramientas para que, entre otras cosas, los sindicatos entrasen en la dirección de las compañías. Para CEOE y Cepyme se trata de una medida "intervencionista" y Yolanda Díaz, titular de Trabajo, señalaba este martes a las empresas por "no hablar" de los márgenes de beneficio que obtienen y que se concentran "en muy pocas manos y sin redistribuir la renta".

"La decisión de las organizaciones empresariales de no acudir a una mesa de diálogo social carece de precedentes y demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social", señalan fuentes del ministerio. "Es insólito que, sin conocer la propuesta, se nieguen a debatir sobre una cuestión habitual en la UE y que es, además, un mandato constitucional", remarcan.

Este es el enésimo encontronazo entre Trabajo y patronales, que tampoco han acercado posturas en temas como la reducción de jornada, la subida del salario mínimo, el fichaje digital o el estatuto del becario, por citar algunos ejemplos. En el caso de la gobernanza de las empresas, todo apunta a que seguirán la misma línea, pero ¿en qué se concreta esta nueva propuesta?

"Se trata de llevar a los órganos de decisión de todas las empresas a los representantes de los trabajadores. La fórmula que se está eligiendo es llevar esa representación a los consejos de administración, pero en Alemania, por ejemplo, eso se articula mediante los denominados consejos de vigilancia que deben tener todas las empresas de más de 50 trabajadores", explica Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. "Es un órgano paritario en el que participan a partes iguales empresa y trabajadores. No participa en todas las decisiones, pero sí tiene atribuciones en las materias que afectan a las garantías de los trabajadores", puntualiza.

"La mayoría de los países europeos reconocen legalmente el derecho de las personas trabajadoras a estar representadas en los consejos de administración de las empresas y a participar en las decisiones estratégicas a nivel de gobierno corporativo, una práctica conocida como cogestión", recoge el informe de expertos encargado por Trabajo. "Aunque España dispone de un sistema dual de representación laboral mediante comités de empresa y sindicatos, la falta de un mandato legislativo que garantice la representación de quienes trabajan en el nivel estratégico en los consejos de administración de las empresas privadas supone una desventaja significativa", concluyen.

La idea del ministerio que dirige Yolanda Díaz es promover una reforma legislativa que obligue a implementar estos modelos de cogestión. Contempla medidas como que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados. Cuando se trate de compañías de mayor tamaño, ese porcentaje se elevará hasta la mitad.

Otra cuestión que contempla es crear planes para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición un mínimo del 2% de las acciones cuando las empresas superen los 25 trabajadores. También amplía los poderes de los comités de empresa para "configurar y dar su consentimiento a la IA".

"Hay fórmulas de participación más y menos intensas, pero de lo que se trata ahora es de implementar algún marco nacional. Hay ya 19 países de la Unión Europea que tienen sistemas regulados y somos de los pocos que aún no lo tienen", subraya el economista, quien además insiste en que "no se puede confundir representación con participación".

La propuesta, que tendría que validarse en el Congreso, se debatirá este jueves en una mesa convocada por Trabajo y en la que CEOE y Cepyme han declinado participar. "Supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada", protestaba la patronal en un comunicado. "Plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva", remataban ambas agrupaciones empresariales.

La base teórica de la propuesta es que si los trabajadores ganan importancia en los procesos de gestión, en el diseño de los objetivos de la empresa y en el reparto de beneficios, la eficiencia económica, la calidad del empleo y la productividad mejorarán. Así, el "mandato legislativo" que quiere articular Trabajo descansa sobre el artículo 129.2 de la Constitución: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Aunque para las patronales esta propuesta atenta, a su vez, contra el artículo 38 de la Constitución, “que preserva los principios de la libertad de empresa”, y contra el Estatuto de los Trabajadores, que "otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección", remarcan.

El análisis de los expertos de Trabajo señala que ya existen experiencias prácticas concretas donde se incluye representación sindical en los consejos de administración de las empresas. Aunque matiza que son "dispersas y poco conocidas", cita a Renfe, ADIF, Paradores Nacionales, Navantia, Hunosa, ENSA y el Grupo TRAGSA, todas ellas con participación pública. En cualquier caso, la representación nunca es tanta como para poder bloquear decisiones y solo está articulada a nivel de convenios o acuerdos entre sindicatos y empresas.

Una de las razones que da el Ministerio de Trabajo para impulsar esta reforma es que la legislación de otros países de la Unión Europea ya contempla este tipo de normas. "La legislación de la UE y de algunos países ofrece la oportunidad a los representantes de los trabajadores en España de ocupar puestos en los consejos de administración o consejos de vigilancia de multinacionales con sede fuera de España", explican en el informe. Y ponen como ejemplo al grupo alemán Volkswagen, que cuenta con un representante español de su filial SEAT en el consejo de administración. También nombra otros casos como el de las compañías francesas Alstom e Imerys, en las que, en virtud de una ley estatal, se implementan modelos de gobernanza donde un representante de los trabajadores, elegido a través del comité de empresa europeo, se incorpora al consejo de administración.

El texto elaborado por los expertos cuestiona el modelo de gobernanza empresarial que se da en España, señalando que ha adquirido "rasgos del modelo angloamericano, dando prioridad prácticamente absoluta a los intereses del accionariado sobre el resto de partes interesadas", resalta el estudio. Por otro lado, cuestiona el reparto de los beneficios: "España se sitúa entre los últimos de la UE en cuanto a medidas de fomento y apoyo a la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de las empresas, independientemente de que participen o no en el capital de las mismas", concluyen.

Las cooperativas son el modelo que Trabajo considera más democrático, pero hay otras organizaciones que el estudio considera como referentes y que agrupa bajo la etiqueta de "economía social". En este ámbito habría un total de 43.071 empresas que dan trabajo a 565.402 personas. "Entre ellas, 22.033 son cooperativas, 11.902 son sociedades agrarias de transformación, 6286 son empresas propiedad de los trabajadores (sociedades laborales), 2182 son centros especiales de empleo, 308 son empresas de inserción, 223 son mutuas de previsión social y 137 son cofradías de pescadores", detallan en el análisis.

"Las cooperativas de trabajadores y las sociedades laborales, en las que los trabajadores ejercen un control democrático, son las dos formas de empresa que más se ajustan al espíritu del artículo 129.2", concluyen los analistas. Pero no es este el objetivo de la medida. "No se trata, desde luego, de convertir las empresas en cooperativas. Lo que se persigue es organizar un sistema de participación de los trabajadores y no solo de representación, como se entendía hasta ahora", concluye el economista.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a abrir una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para hacer un seguimiento de las eventuales consecuencias y medidas necesarias ante el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de embargo a España por parte de EEUU, según recoge EFE.

Tras la reunión mantenida este jueves con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del Ministerio de Trabajo, Díaz ha reiterado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a ciudadanos y empresas, y ha subrayado que se tomarán las medidas necesarias para acompañar al tejido empresarial y a los trabajadores.

"Hemos puesto en común un diagnóstico y hemos compartido el diseño de políticas públicas a disposición de empresas y trabajadores", ha afirmado Díaz, que ha explicado que esa mesa de seguimiento ha sido petición tanto de patronal como de sindicatos.

"Nuestro país está preparado para tomar las medidas que sea menester", ha incidido Díaz, que ha recordado tanto a patronal como sindicatos todas las medidas ya disponibles y no ha descartado añadir nuevas si es necesario. "Serenidad y tranquilidad. Tenemos experiencia y lo vamos a volver a hacer si es necesario", ha subrayado la vicepresidenta que ha destacado el "escudo laboral y económico" que "está tejido desde hace 6 años".

Según el documento que la ministra ha llevado a la reunión, España cuenta ya con medidas a disposición de empresas y trabajadores como los ERTE o el mecanismo RED para evitar los despidos, instrumentos que son "activables" de forma inmediata "ante caídas de actividad derivadas de un shock energético".

Asimismo, se podrían reconocer prestaciones por desempleo y cese de actividad con requisitos específicos (sin que sea necesario contar con periodo de carencia y sin consumir tiempo).

También cabría la posibilidad de establecer bonificaciones a las empresas o permitir el fraccionamiento o aplazamiento de obligaciones, lo que llevaría aparejado para estas empresas la restricción del despido por causas relacionadas por la crisis.

Otras medidas pasan por facilitar el teletrabajo, establecer permisos climáticos y por catástrofe, aplicar el Plan MeCuida de flexibilidad horaria o impulsar planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios para formar trabajadores o recuperar infraestructuras ante catástrofes o situaciones adversas.

El documento cita también medidas de otra índole como la excepción ibérica, el control de precios energéticos, las bonificaciones al gasóleo, el escudo social (que fue rechazado recientemente en el Congreso) o el impulso a las renovables.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que, además de esa mesa de diálogo social para monitorizar el impacto en empresas y trabajadores, sería necesario que se abriera una mesa "con más responsables del Gobierno y liderada por el presidente, Pedro Sánchez", para abordar más medidas en función de la escalada del conflicto.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido transmitir un mensaje de "calma y tranquilidad, porque el Gobierno tiene medios y recursos para abordar" esta situación, y ha expresado todo su apoyo a la posición adoptada por España: "La soberanía nacional no se demuestra con pulseras, sino en el día a día".

Ambos han explicado que han pedido a Trabajo que elabore una memoria con el impacto fiscal de las medidas que se pongan en marcha, porque "no puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas y empleos, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos".

No ha habido declaraciones por parte de la patronal, aunque a la reunión han asistido la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, ya que el presidente, Antonio Garamendi, se ha ausentado por motivos de agenda. Díaz mantendrá esta tarde encuentros con las asociaciones de autónomos y con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, con el que busca "luchar contra la precariedad", según informe EFE.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta norma supone "la reforma laboral para la gente joven en España".

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

CCOO denuncia que se siguen haciendo 2,55 millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso, mientras que los cambios para hacer más fiable y operativo el registro horario siguen a la espera de ser aprobados por el Gobierno, según informa EFE.

Un informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes muestra cómo esta práctica afectó el año pasado a 441.000 trabajadores, el 47% de los que realizó una jornada laboral por encima de la pactada. Estos empleados hicieron una media de 5,6 horas extra semanales no pagadas, cifra que representa casi el 40% de las horas que se hicieron por encima de la jornada pactada, según datos recogidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa a 2025.

Educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio fueron los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas, aunque la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encontraban en suministro de energía eléctrica o gas; finanzas y seguros; educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; e información y comunicaciones.

Las regiones con mayor volumen de horas extra no pagadas fueron Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía; mientras que la mayor parte de empleados que las hacían estaban en Madrid, Asturias, País Vasco, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones para los trabajadores, pero que para las empresas supuso sin embargo "un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año". Por otra parte, el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa.

En un comunicado, CCOO critica que la patronal quiera centrar el debate en el absentismo "queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común", mientras que obvia el alargamiento de la jornada sin contraprestación, lo que deriva en "costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español".

"Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras por las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud", sino que también conllevan "costes adicionales al sistema nacional de salud".

Por ello, CCOO denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, algo que considera "imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas", lo que requiere de "mecanismos eficaces".

El pasado lunes, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España subía oficialmente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. El aumento en la retribución tendrá efecto sobre un 9,3% de los asalariados, según las estimaciones de Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Encuesta de Población Activa. O, lo que es lo mismo, 1,7 millones de trabajadores percibirán un aumento en su nómina.

El número de empleados que ven su sueldo moverse al son de las reformas del Gobierno es cada vez mayor. La cifra de perceptores ya había aumentado desde un 3,5% en 2018 a un 7,4% en 2023, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo. Es decir, el impulso anual al SMI está alcanzando cada vez más convenios y más nóminas que llevan tiempo sin actualizarse en la negociación colectiva.

En la firma del acuerdo, en la que estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo hincapié en la ausencia de las patronales CEOE y Cepyme y en la necesidad de elevar la media salarial general para combatir la precariedad. “Que nadie nos diga que no hay margen para subir los salarios cuando los beneficios crecen”, señaló Sánchez. “Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de los sueldos”. 

El aumento de las retribuciones mínimas es una buena noticia que tiene un doble filo, ya que el SMI señala un mínimo de subsistencia para que un trabajador no pierda poder adquisitivo. Se estima teniendo en cuenta factores como la evolución del Índice de Precios del Consumo (IPC), la productividad media nacional, las tasas de actividad y la coyuntura económica, según recoge el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Ponderando estos factores, el cálculo tiene que cumplir también con una medida de control introducida por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece un umbral digno cuando el SMI llega al 60% del salario medio nacional. Con todas estas variables es con las que se sientan a la mesa los agentes sociales.

El hecho de que la retribución mínima cada vez alcance a más trabajadores quiere decir también que hay más gente en este territorio de mínimos. Algo que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejaba caer en su comparecencia, a la vez que hacía un llamamiento a las empresas para que “no solo desde lo público, sino en la negociación colectiva, suban los salarios” en España. “Estamos todavía con un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a las medias salariales europeas”, señaló. 

“La aspiración de los sindicatos es que nadie —o cuanta menos gente, mejor— cobre el salario mínimo interprofesional”, apuntaba Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Sigue siendo un salario de mera subsistencia incapaz de hacer frente al aumento de gastos muy importantes como la vivienda o los productos básicos”, concluyó. Y es que, según los datos proporcionados por UGT, España mantiene un alto porcentaje de perceptores del SMI con respecto a otros vecinos europeos como Bélgica, donde lo cobra un 3% de los trabajadores, o Alemania (6%). 

Si observamos las retribuciones mínimas de nuestros vecinos europeos, España se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Dentro de los 27, esta retribución va desde los 620 euros en Bulgaria, hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. La oficina estadística divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho países (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo. Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base de referencia. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

La media y la mediana salarial son dos formas habituales de estimar cómo son las nóminas en un país. La media, de uso más cotidiano, es el resultado de dividir la suma de salarios de un país por el número de personas trabajadoras. La mediana se define como el salario correspondiente al trabajador situado en el medio de la distribución salarial, de forma que la mitad de las personas trabajadoras tengan un salario inferior al suyo y la otra mitad un salario superior. La mediana siempre es inferior a la media y no se ve afectada por lo que ocurre en los extremos, es decir, por los sueldos altísimos o los más bajos. La media, en cambio, recoge mejor variables macroeconómicas como el coste salarial y peor la manera en que se reparten los salarios.

Tomando los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, España tenía en ese año una media salarial de 28.049 euros brutos anuales y una mediana de 23.349 euros, mientras que el SMI se quedaba en 15.120. Por eso, explica el informe de expertos de 2025 encargado por el Ministerio de Trabajo, los valores objetivo a los que la normativa europea aconseja llegar “se refieren al 50% del salario medio bruto o el 60% del salario mediano bruto”, recoge el documento. Aunque en nuestro país se ha llegado a un 60% del salario medio: “hasta el momento no hay constancia de la utilización del 60% del salario medio como referencia en ningún país, salvo el caso de España”, concluyen los expertos de trabajo.

Hablar de salarios lleva inevitablemente al debate de la precariedad laboral y del poder adquisitivo de los trabajadores. En 2024, el salario medio anual a tiempo completo para los empleados en la Unión Europea fue de 39.800 euros, lo que refleja un aumento del 5,2% respecto de los 37.800 euros de 2023, de acuerdo con los datos de Eurostat. En España esa retribución se situó en 33.700 euros, 6.000 menos que la UE. Hay que señalar que los cálculos de Eurostat suelen diferir de las cifras del INE por la metodología de los análisis, de forma que las conclusiones del organismo europeo dejan un salario medio ligeramente superior al que certifica el INE. Aun así, la brecha salarial es patente y esto se refería la vicepresidenta segunda en la firma del acuerdo del SMI. De los 27 países, Luxemburgo fue el que tuvo sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros). Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros).

En la comparecencia de este lunes, la precariedad laboral tuvo más atención de la habitual. Primero, por la ausencia de la patronal en el acuerdo, pero también por el desafío que está suponiendo traducir los grandes números macroeconómicos en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. “Necesitamos salarios dignos en España”, enfatizaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien también aludía a la Carta Social Europea, la cual fija el salario mínimo en una cuantía que debe llegar al 60% del salario medio nacional para evitar situaciones de precariedad laboral. Pero, ¿qué se entiende por precariedad y cómo se determina?

“Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, recoge la misiva europea. Aunque hablar de precariedad laboral es entrar en un concepto muy amplio que cambia en función del organismo que lo defina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que este concepto abarca un abanico amplio de circunstancias, desde tener un salario bajo o contratos inestables hasta carecer de protección contra el despido o representación sindical. Aunque sí deja claro que hay colectivos mucho más expuestos a estos abusos. “Un aspecto importante del trabajo precario es su carácter marcado por el género, ya que las mujeres están continuamente sobrerrepresentadas en este tipo de trabajo. Pero también las personas jóvenes y los trabajadores migrantes”, recoge el organismo. 

Y, de hecho, el informe Tendencias sociales y del empleo en 2026, realizado por la OIT, no dejaba conclusiones demasiado positivas a nivel global. Advertía del estancamiento de las condiciones laborales debido a que los salarios no se habían recuperado de la crisis inflacionaria y a que la inteligencia artificial estaba haciendo mella en el acceso al empleo de los perfiles más jóvenes. “El mundo sigue sin lograr reducciones significativas de los déficits de trabajo decente”, concluye el informe, que, por el contrario, sí detectaba una disminución de las cifras de paro globales. 

El número de expedientes de regulación de empleo (ERTE) llevados a cabo el pasado año alcanzó los 4.506 procedimientos, un 37,6% menos que en 2024, cuando se dispararon por la situación generada por la dana, según informa EFE.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, el año pasado 3.405 empresas estaban inmersas en uno de estos procedimientos -un 42,9% menos que en 2024-, de las que 441 aún estaban afectadas por la dana, con un total de 446 procedimientos.

El número de trabajadores incluidos en algún despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada disminuyó un 34% en 2025, hasta los 124.921, de los que 3.186 lo fueron debido a la dana.

Del total de afectados, hubo 84.860 hombres (37,9% menos), el doble que mujeres, con 42.061 (24,5% menos). Por tipo de procedimientos, la mayoría se vio afectado por una suspensión de contrato, con 78.303 trabajadores (45,3% menos), y 5.418 vieron reducida su jornada (38% menos).

Además, hubo 41.200 trabajadores que formaron parte de un despido colectivo, una cifra que aumenta un 10,2% y que en los próximos meses se dispará, previsiblemente, una vez se apliquen los anunciados en empresas como Telefónica, Tubos Reunidos, Teka o Pepsi.

En cuanto a las causas, 112.833 trabajadores formaron parte de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cifra que disminuyó un 25,7%; mientras que 12.088 lo fueron por fuerza mayor, con un descenso del 67,6%.

La mayor parte de trabajadores incluidos en un ERTE estaban empleados en el sector industrial (63.445), principalmente en la fabricación de vehículos de motor (con 25.175 afectados, uno de cada cinco, la mayoría en una suspensión de contrato). Le siguen los 57.335 trabajadores del sector servicios incluidos en un procedimiento, principalmente empleados en servicios de alojamiento, actividades administrativas, restauración y comercio mayorista y minorista. En menor medida, 2.676 trabajadores afectados pertenecían al sector de la construcción y 1.465 al agrario.

Atendiendo a las causas de los ERTE, dentro de los ETOP fueron los que afectaron a más trabajadores, sobre todo por causas de producción, con 55.101 empleados inmersos, sobre todo, en una suspensión de contrato (37.605). Le siguieron los 25.646 incluidos en un ERTE ETOP por causas económicas, más de la mitad por justificar pérdidas actuales; 21.938, por causas organizativas; y 10.148, por causas técnicas.

La mayor parte de los trabajadores fueron incluidos en un procedimiento con acuerdo entre las partes (99.747), mientras que 19.804 no dieron el visto bueno a su expediente y de 5.370 no consta la decisión. Por tamaño, el número de compañías con un ERTE fue mayor cuanto menor era su plantilla, de forma que hubo 1.379 microempresas en un ERTE, 1.290 pequeñas, 526 medianas y 210 grandes. Por regiones, destacan las 762 empresas con un ERTE en la Comunitat Valenciana, seguidas por las 570 de Catalunya, las 505 de Madrid y las 430 de Andalucía.

Además, hubo 11 empresas que se acogieron al mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, con 6.080 trabajadores incluidos, la mayor parte hombres (5.161) y todos con una suspensión de contrato. Este mecanismo, que se abrió en 2025 y que ha sido prorrogado hasta junio de este año, permitió a empresas de fabricación de vehículos de motor e industria auxiliar acogerse a estos procedimientos por causas extraordinarias.

Las mujeres, los jóvenes y los extranjeros serán los más afectados por el incremento del SMI hasta los 1.221 brutos a jornada completa por 14 pagas que firmarán este lunes 16 de febrero el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y CCOO. Este nuevo sueldo equivale a un salario anual de 17.094 euros brutos. La subida, del 3,1%, permite mantener la referencia del salario mínimo en el 60% del salario medio neto.

Por sectores notarán la subida del salario mínimo los trabajadores y trabajadoras en agricultura (el 27% del total lo reciben), seguido de otros servicios (25%) y de comercio y hostelería (23%).

El 18% de los trabajadores canarios verán aumentado su sueldo gracias a esta subida. También hay gran incidencia del SMI en otras comunidades autónomas del sur peninsular como Extremadura (16,1%), la Región de Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%).

"Esta subida va a afectar a 1,66 millones de personas asalariadas", asegura un comunicado emitido por Comisiones Obreras, que recalca que este número de trabajadores corresponde al "9% de la población asalariada española". El texto acusa a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, de no aceptar el acuerdo y de asegurar que la subida será un freno para el empleo.

"Subir los salarios más bajos es una inyección de dinero en el consumo de las familias cada mes, y como se ha venido evidenciando año a año no es una medida que haya impactado ni en el empleo ni en la economía, al contrario", expresa el comunicado de CCOO que pone el foco en los salarios entre el SMI y el salario medio. El sindicato asegura que "hasta 11 millones de personas están en esa horquilla, con salarios que no pueden quedarse estancados".

Los accidentes laborales dejaron 735 fallecidos en 2025, 61 menos o un descenso del 7,7% frente a 2024, según los datos de siniestralidad laboral avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo, según informa EFE.

De estas muertes en el trabajo, 584 fueron en la jornada laboral, 62 menos que un año antes, y 151 "in itinere", es decir en desplazamientos al lugar de trabajo, uno más que en 2024.

La principal causa fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 251 muertos, 15 menos que en 2024.

Por régimen laboral, 676 accidentes mortales fueron entre asalariados, 54 menos que un año antes; y 59 entre autónomos, 7 menos que en 2024.

Por sexo, y ya dentro de las muertes en jornada laboral, 546 fueron hombres, 62 menos; y 38, mujeres, la misma cifra que un año antes.

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 262 muertes en el trabajo, 64 menos que un año antes; seguido de la construcción, con 164, 29 más que en 2024.

Por detrás, la industria, con 110 muertes, seis menos; y el sector agrario, con 48 fallecidos por accidente laboral, 21 menos que un año antes.

De vuelta a las causas, la segunda fueron golpes o caídas, con 97 fallecidos, tres más que en 2024.

Le siguen aplastamientos, con 82 muertes, un descenso de 17 frente a 2024; y accidentes de tráfico, con 73 fallecidos en accidente laboral, 23 menos.

En los accidentes mortales en desplazamientos, 122 fueron entre hombres, 2 más; y 29 entre mujeres, uno menos.

Y entre las causas, la principal fueron los accidentes de tráfico con 138 fallecidos, 7 más.

En total, en 2025 se registraron 620.386 accidentes laborales con baja, un descenso del 1,3%; mientras que sin baja se notificaron 542.661, una moderación del 1,9% frente al año previo.

Esta semana, Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo para actualizar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, vigente desde 1995, y adaptarla a los riesgos del siglo XXI.

Entre los cambios está la inclusión de la salud mental o el reconocimiento de otros riesgos laborales derivados de la digitalización, del trabajo a distancia o el cambio climático.

También se busca reforzar la prevención en las empresas más pequeñas con la creación del delegado territorial que podrá actuar en empresas de hasta 10 personas trabajadoras.

El aumento de las bajas en España es una dinámica que denuncian tanto los empresarios como los sindicatos, aunque desde posiciones muy diferentes. Desde 2017, el número de incapacidades temporales (IT) casi se ha duplicado y en 2024 se registraron un total de 8,6 millones de partes de baja, según AIReF. Las patronales tienden a hablar de ausencias injustificadas o de abuso, mientras que los sindicatos insisten en factores diversos como el aumento de los riesgos laborales psicosociales, el empeoramiento del tiempo de respuesta de la sanidad pública o el envejecimiento de la población trabajadora. Esta semana el asunto ha acaparado gran parte del debate político, ya que se han anunciado varias medidas que podrían tener incidencia en estos comportamientos.

Por un lado, el Gobierno acaba de anunciar que creará el Observatorio de la Incapacidad Temporal con la intención de “promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social” y hacer un seguimiento de estos procesos. El mecanismo se había anunciado en 2024, aunque se activa ahora y en él participarán también representantes del Ministerio de Sanidad y agentes sociales. Por otro, este mismo martes los sindicatos y el Ministerio de Trabajo ratificaban la firma de un acuerdo para modernizar la prevención de riesgos laborales, una norma que databa de 1995, poniendo el foco en los riesgos psicosociales y la salud mental. "Los daños a la salud mental cuando una persona acumula estrés son una responsabilidad colectiva", remarcaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La creación del Observatorio se anunciaba días después de que un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalase que en España existía una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas e insistía en la descoordinación entre médicos de atención primaria y la Seguridad Social. Algo que, según ellos, encarece el coste del proceso y alarga de forma “innecesaria” los procesos. Los sindicatos protestaban por este enfoque y señalaban que el informe obviaba “el hecho de que la principal causa que explica el crecimiento de la prestación radique en causas relacionadas con un problema creciente de tiempos y capacidad de respuesta del sistema sanitario público”. Con estos mimbres, la polémica sobre el absentismo ha vuelto a protagonizar el debate en lo laboral.

“La AIReF ha hecho un informe sobre la evolución del gasto, pero la prestación por incapacidad temporal es más compleja e involucra tanto a los sistemas sanitarios de las comunidades como a las mutuas y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Dice, por ejemplo, que los procesos de IT se han duplicado y que el gasto ha pasado de 8.000 a 11.000 millones, pero lo que hay que plantearse es si ese gasto es el que tenemos que tener”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC OO).

Bravo señala otros factores que se deben considerar en este análisis: “Hay más trabajadores, lo que se traduce en más bajas potenciales. En segundo lugar, la evolución demográfica hace que la edad media de los trabajadores haya subido, lo cual tiene un impacto en las bajas y en su duración. Y luego está la incidencia de los problemas de la salud mental, porque somos el país líder del mundo en tratamientos farmacológicos con antidepresivos”, concluye. A esto se unen, además, las listas de espera en todo lo relacionado con la salud mental dentro del sistema público. "La clave sobre la incapacidad temporal no es verlo en términos de gasto, sino del tiempo que el trabajador necesita para recuperarse", sentencia el responsable sindical.

Sobre el Observatorio que ha anunciado el Gobierno, Bravo se muestra favorable. "Nosotros queremos que se refuercen los controles públicos, que se hagan los que sean necesarios, pero siempre que sean públicos y no con quienes tienen conflictos de intereses", señala el responsable de CC OO en relación a las mutuas.

Todos estos matices que forman parte del debate tratan de atajar el discurso que vincula las bajas con el fraude. Y es que el absentismo laboral se ha convertido en el indicador que unos y otros esgrimen desde esquinas opuestas para pedir o frenar medidas en materia laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas, pero dejando dentro derechos adquiridos como el permiso por fallecimiento de un familiar. Esas ausencias pueden ser justificadas o no, pero en un 80% de los casos las respalda una baja médica, de acuerdo con Randstad y en el 20% restante hay que considerar además permisos retribuidos, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor.

El indicador se calcula en base a los datos de horas pactadas y horas realmente trabajadas, pero muchas veces se emplea para tratar de sugerir que los trabajadores se comportan de forma negligente o eluden sus obligaciones. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reforzaba esta idea en diciembre, cuando al criticar el absentismo laboral, aseguraba que las bajas de los empleados tenían lugar los lunes y los viernes.

“Si lo que se quiere decir o sugerir —porque nadie se atreve a decirlo directamente— es que hay una especie de connivencia fraudulenta entre la persona trabajadora y el médico de cabecera, de lo que se está hablando es de un delito penal y las empresas tienen cauces legales para reclamarlo”, señalaba a infoLibre Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Estamos ante un falso debate que lo que trata es de trasladar el coste de las incapacidades temporales, que muchas veces se deriva de las condiciones laborales”, concluye.

Desde los sindicatos venían insistiendo en las deficiencias de una ley de riesgos laborales que databa de 1995 y en la que los problemas de salud mental o los riesgos psicosociales derivados de la hiperconexión no estaban contemplados. Tampoco los riesgos climáticos, que sí figuran en la propuesta que han firmado Trabajo y sindicatos sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

El texto del acuerdo refuerza la prevención de los riesgos en lo relativo a la salud mental, desconexión digital y los efectos del cambio climático como olas de calor o danas. Unai Sordo, secretario general de CCOO, también puso el foco en la necesidad de ampliar el catálogo de enfermedades profesionales en el que, según él, se da un "infrarregistro". Y se ha referido a este hecho como "el mayor vacío de protección" para los trabajadores. "De las muertes totales por cáncer en España, entre un 4% y un 8% son ocupacionales, causadas por exposición durante el trabajo. Pues bien, en Europa el cáncer es la primera causa de muerte laboral, con una tasa de alrededor del 53%. O somos Superman, o en España el nivel de subregistro es gigantesco", concluyó Sordo.

El acuerdo, que debe pasar por el Congreso, amplía los controles que las empresas deben mantener y las obliga a contemplar criterios ligados a la edad del trabajador o al género y no solamente a las características del puesto como hasta ahora.

Las patronales CEOE y Cepyme han calificado de "fórmulas trileras" la propuesta fiscal del Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) alejando la posibilidad de cerrar un acuerdo tripartito para esta medida, según informa EFE.

En un comunicado difundido este jueves, horas antes de la reunión de la mesa de diálogo social para abordar la subida del SMI para 2026, CEOE y Cepyme apuntan que la propuesta conocida ayer supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos "por unas fórmulas trileras que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada" del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos.

La propuesta, añaden, establece "condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo", concluyen.

La patronal añade que el comité ejecutivo emitirá una valoración una vez el Gobierno les entregue la documentación necesaria, aunque el comunicado ya anticipa la dificultad de poder alcanzar un acuerdo tripartito, con patronal y sindicatos, como buscaba el Ministerio de Trabajo.

Las patronales también reprochan que se haya filtrado a los medios en lo que consideran una "falta de respeto" del Gobierno por el diálogo social.

"No hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena" inciden.

La propuesta, que la CEOE asegura haber conocido a través de los medios de comunicación, incluye una deducción del impuesto de sociedades para las empresas que aumenten los trabajadores con retribuciones por encima del SMI.

El incentivo podrá alcanzar el cien por cien de la subida del SMI siempre que el incremento de plantilla con sueldos superiores a esa retribución mínima sea igual o superior al 15%.

La propuesta incluye otros condicionantes, como que únicamente podrán aplicar la reducción prevista "las empresas cuyos gastos de personal superen el 70 % de los gastos de explotación".

Además, la plantilla media total de las empresas que se acojan a este incentivo deberá mantenerse o incrementarse respecto al inicio de dicho período y "sostenerse durante los dos años posteriores" al de la subida, que es 2026.

La patronal critica que el planteamiento "deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores".

De hecho, añaden, la medida "excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro".

El Ministerio de Trabajo se sienta esta tarde con patronal y sindicatos en una nueva reunión en la que se pretende acordar la subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, exenta de tributar en el IRPF y que se aplicará con efectos retroactivos desde este enero.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que ha dictado un criterio para garantizar que el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 se mantenga en vigor aunque decaiga su prórroga para este año si, como parece previsible, el Congreso rechaza el decreto ómnibus.

En una entrevista en RNE, Díaz ha recordado que el pasado año ya decayó la prórroga del SMI -en ese caso, el de 2024- y que en ese momento dictó un criterio interpretativo para evitar que se produjera un vacío legal, "que es lo que acabo de hacer" ante la posibilidad de que se repita esa situación.

A falta de un SMI aprobado para 2026, el Gobierno incluyó la prórroga del de 2025 en un decreto ómnibus que este martes debate el Congreso, donde previsiblemente será rechazado con los votos en contra de PP, Vox y Junts, por lo que todo su contenido -que va desde la subida de pensiones hasta la suspensión de los desahucios- decaerá.

Trabajo explicó el pasado año que la no convalidación de la prórroga del SMI dejaba un vacío legal, ya que hasta la aprobación de una nueva cuantía las empresas no estarían obligadas a pagar ningún mínimo a las nuevas contrataciones, por lo que dictó una instrucción que mantenía en vigor el SMI del año anterior, algo que, asegura Díaz, ha vuelto a hacer.

En paralelo, Trabajo sigue negociando con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2026 en un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, sin que sus perceptores tengan que tributar. Esta subida "resiente" los contratos públicos, ha admitido la vicepresidenta, por lo que trabaja en unos "incentivos" para compensar a las empresas afectadas que suban el salario de sus trabajadores por encima del salario mínimo.

El mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde el inicio de 2008, según recoge EFE. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año y el paro bajó en 136.100 personas hasta esa tasa del 9,93%, que supone 0,68 puntos menos que al cierre de 2024 y 0,52 puntos menos que el trimestre previo.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que los datos muestran "un mercado laboral más fuerte, más estable y con empleo de mayor calidad", lo que "sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha destacado en TVE las buenas cifras de afiliación y esa bajada "de los dos dígitos" en materia de desempleo; mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado en RNE que, "por fin, bajamos del 10%" de paro.

El empleo durante 2025 aumentó más entre las mujeres (306.200 ocupadas más) que entre los hombres (299.200 más), aunque sigue habiendo 1,5 millones de ocupados (con 12 millones) más que ocupadas (10,5 millones).

Por sectores, el mayor crecimiento se dio principalmente en los servicios (con 369.900 ocupados más), seguido por la industria (112.200), la construcción (79.500) y la agricultura (43.800).

Por su parte, el empleo autónomo sumó 36.800 personas, siendo el asalariado el que aportó la mayor parte, con 569.900 empleados más, de los que 547.500 fueron indefinidos y 22.400 temporales, dejando la tasa de temporalidad en el 15,13%.

Por tipo de jornada, el empleo a tiempo completo subió en 574.700 personas y a tiempo parcial en 30.700, dejando la tasa de parcialidad en el 13,75%.

Y por tipo de empleador, el sector privado generó 555.300 ocupados y el público 50.100.

En cuanto al desempleo, se redujo más entre los hombres (con 79.500 parados menos) que entre las mujeres (con 38.800 paradas menos).

La tasa de paro entre las mujeres quedó en el 11,24% y la de hombres en el 8,76%. El desempleo se redujo un 4,56% en el año.

Por sectores, el paro disminuyó en el último año en los servicios, con 43.200 parados menos; y la agricultura, con 4.700 desempleados menos; mientras que subió en industria (4.200 más) y la Construcción (2.600).

Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año bajó en 63.200 y el de parados que buscan su primer empleo se redujo en 14.100.

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales para las empresas que se vean más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un intento de pactar el incremento de 2026 con la patronal CEOE, según recoge EFE.

Según ha avanzado el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, tras la reunión de la mesa de diálogo social mantenida esta mañana, se trataría de una deducción en el Impuesto de Sociedades que iría vinculada a una serie de condiciones como el mantenimiento del empleo en esas empresas.

Según Pacheco, patronal y sindicatos analizarán la nueva propuesta, de la que esperan tener más detalles por escrito, y se volverán a reunir el próximo jueves para intentar sellar un acuerdo con un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, sobre la mesa.

La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos", cuatro años después de la aprobación de la ley rider. Este cambio está motivado por las amenazas del Ministerio de Trabajo, que el pasado diciembre aseguró que impondría acciones penales contra los dirigentes de la empresa si no se acogían a la ley de 2021, tal y como indica El País.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y para fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", han declarado fuentes de la empresa.

La multinacional era la última de las grandes empresas repartidoras en adoptar la nueva normativa por completo, que prohibe desde agosto de 2021 emplear a los repartidores como falsos autónomos. La empresa Glovo la incorporó durante el verano de 2025, y Just Eat, lo hizo también pero de manera inmediata cinco años atrás.

Desde 2022, Uber Eats ha realizado cambios en este sentido, adoptando un modelo híbrido, con trabajadores autónomos y otros con contratos laborales subcontratados. Durante 2025, más de siete mil repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.

En este sentido, la empresa ha detallado en su comunicado que los repartidores que todavía utilizan la aplicación de Uber Eats como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de las flotas colaboradoras de la firma. "Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos", según las fuentes de Uber Eats.

Por su parte, Just Eat España -que tras la ley rider opera con repartidores contratados a través de empresas especializadas a las que exige que sean trabajadores contratados y no autónomos- ha celebrado el anuncio de Uber Eats. "Just Eat siempre ha liderado el camino, y nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos. La clave será conocer en qué términos se materializa. El modelo operativo a seguir en España siempre ha sido claro, y pasa necesariamente por la contratación de los repartidores", según fuentes de la empresa. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de Uber Eats de dejar de colaborar con trabajadores autónomos, una medida que hará que "afloren" 50.000 puestos de trabajo. "No hay ninguna empresa por muy grande que sea que se coloque al margen de la ley (...). Un trabajador o una trabajadora con una aplicación en su mano y una bicicleta no era un emprendedor", ha reiterado la ministra de Trabajo este jueves en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con responsables de supermercados cooperativos de España.

"Este es el camino", ha celebrado la vicepresidenta segunda, quien ha cifrado en más de 100 millones de euros el impacto económico que tendrá la laboralización de esas personas.

Para Díaz, este movimiento por parte de la empresa de reparto evidencia que "legislar sirve", por lo que el principio de legalidad "opera en España" y "las grandes empresas de distribución del país cumplen con la ley", ha indicado.