Las últimas cinco veces que la patronal dijo "no" a subir el SMI y otros síntomas de la brecha en el diálogo social

El cierre de año está siendo una carrera de fondo para el Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con un diálogo social en el que hace tiempo que la patronal ya no quiere participar. Y es que los acuerdos tripartitos, entre Gobierno, patronal y sindicatos, son ya una rareza en lo que a las medidas laborales se refiere. Esta misma semana Trabajo cerraba con los sindicatos y sin la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) un acuerdo para incrementar hasta en 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 para cuidados paliativos. Tampoco en la reducción de jornada hasta las 37,5 horas, en el fichaje digital o en el anteproyecto del Estatuto del Becario encontraron un punto de acuerdo. En cuanto a la subida del SMI, las últimas cinco veces los empresarios dijeron no, y solo en 2020 participaron de ella. En la que toca ahora, la distancia entre las partes ha dejado un primer encuentro sin acuerdo.

Este martes ha tenido lugar la primera reunión para acordar la remuneración mínima legal en 2026 y el acuerdo no parece estar cerca. A la salida, Comisiones Obreras ha hablado de un encuentro en el que se han ponderado “los márgenes de negociación” en relación con las posiciones de cada grupo y en el que el Gobierno no ha lanzado aún una propuesta concreta. Se trata, en principio, de porcentajes de aumento muy dispares, CEOE ha cuestionado el cálculo que se hace para llegar al 60% del salario medio y mantiene que una subida del 1,5% es “más que suficiente”. Los sindicatos se han posicionado en un 7% y los expertos de Trabajo han dado una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. “Confiamos en que haya margen para poder analizar las propuestas entre el conjunto de agentes sociales y sabemos de las dificultades de conciliar con las organizaciones empresariales”, señaló a la salida de la reunión Javier Pacheco, secretario confederal de acción sindical de CCOO.

“El Gobierno tendrá que adoptar finalmente una posición y nosotros exigiremos que, tanto el incremento como las reglas de compensación y absorción (para que las empresas no descuenten la subida de los complementos salariales), sean parte del mismo acuerdo y se incorporen al conjunto de las nóminas de los trabajadores”, señaló Pacheco. Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaban a última hora de la tarde del lunes que este primer encuentro ha servido solo para ver las posiciones y apelaban a mantener un maltrecho diálogo social. “Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno realizará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social”.

Aunque lo cierto es hubo un tiempo en el que existía sintonía con la patronal. Eran aquellos tiempos en los que se prorrogaban los ERTE (hasta seis veces), o se acordaba la reforma laboral en 2021. De hecho, en 2023, preguntado ante un hipotético cambio en el Gobierno, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, pedía “defender la reforma laboral” que habían firmado conjuntamente con Trabajo y sindicatos. Pero en este último año, ni rastro de diálogo o puntos de acuerdo. “La patronal no se levanta nunca de las mesas de negociación, sino que, como en el caso de los permisos por fallecimiento, nos echan de las mismas”, lanzaba Garamendi a principios de diciembre y hablaba de un espacio de diálogo “minado”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondía calificando de “inhumana” su negativa. “Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos y después, tras meses de trabajo y diálogo, se levanta de la mesa porque sencillamente no quiere algo que es de sentido común”, protestaba Díaz. Los reproches en una y otra dirección han ido erosionando aquel espejismo de diálogo social y no parece que ese patrón vaya a cambiar de cara a la negociación del SMI. 

Y es que el tono se ha ido elevando a medida que algunas propuestas progresaban, pero la revalorización del salario mínimo se ha convertido en una fuente habitual de desencuentros. “La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos de Trabajo que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, explica a infoLibre Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO. 

Cinco veces “no”

En las cinco últimas subidas el SMI ha pasado desde los 950 euros a los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, ha crecido un 24% en contra del criterio de la patronal. Pero, ¿bajo qué supuestos se ha dado esta negativa? El principal y la que más ha repetido es “la supervivencia de las pymes” o la “baja productividad”, dos temas usuales cuando la mejora de las condiciones laborales vuelve a debate en la mesa de diálogo social. 

Sobre el impacto en las pequeñas empresas, en las anteriores negociaciones la patronal pidió establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario (en el que los salarios son en general más bajos y, por tanto, tienen una mayor incidencia las subidas) y de modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público, para poder repercutir el incremento en los contratos en ejecución. Algo que también está presente en las quejas de este año. 

En cuanto a la productividad, es uno de los argumentos que más se han repetido en las notas de la patronal para oponerse a la reducción de la jornada o a los cambios en el SMI. Este indicador hace referencia a lo que cada hora trabajada de un empleado genera en rentas a la empresa. Y, si bien es cierto que España crece por debajo de la media europea, es difícil establecer una causalidad entre organización del trabajo y productividad. La razón, advierte el Banco de España, es que los mayores cambios en este aspecto vienen de la inversión en tecnología y la innovación, algo más lento en un país de empresas pequeñas (con menor margen para invertir en i+D), como es el nuestro. 

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Entre los factores macroeconómicos también se suele hablar de la repercusión negativa en el empleo, bajo la hipótesis de que si aumenta el gasto en salarios, se recortan las plantillas o caen las contrataciones. Aunque este es un riesgo reconocido por todos, el informe de los expertos de Trabajo y de otros organismos como la AIReF, descartan que, por el momento, haya un impacto pernicioso y hablan de “un muy limitado efecto negativo del aumento del SMI sobre el crecimiento del empleo”.

En la misma línea se expresa la OCDE. “Entre los trabajadores directamente afectados, la subida del salario mínimo aumentó los ingresos mensuales equivalentes a tiempo completo en un 5,8% de media, y redujo el empleo en un -0,6% (unos 7.400 puestos de trabajo), lo que implica una elasticidad de la demanda de mano de obra con respecto al salario, muy pequeña”, señala su estudio para España relativo a 2023. 

Pero además de la batalla, que se repite año tras año, con el SMI. La fractura en la mesa diálogo social se aprecia también en la falta de acuerdos tripartitos recientes. Antes que los permisos por fallecimiento, ya mencionados, el nuevo marco sobre riesgos laborales tampoco se consiguió debatir y el cruce de acusaciones llegó se elevó con acusaciones de Díaz hacia la patronal de “jugar con la vida de los trabajadores” y respuestas que acusaban a la titular de “usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas”. En este clima, se dirime en vísperas de Navidad el salario mínimo legal.