Absentismo y tiempo de trabajo: el Gobierno crea un Observatorio en pleno debate sobre la salud laboral

El aumento de las bajas en España es una dinámica que denuncian tanto los empresarios como los sindicatos, aunque desde posiciones muy diferentes. Desde 2017, el número de incapacidades temporales (IT) casi se ha duplicado y en 2024 se registraron un total de 8,6 millones de partes de baja, según AIReF. Las patronales tienden a hablar de ausencias injustificadas o de abuso, mientras que los sindicatos insisten en factores diversos como el aumento de los riesgos laborales psicosociales, el empeoramiento del tiempo de respuesta de la sanidad pública o el envejecimiento de la población trabajadora. Esta semana el asunto ha acaparado gran parte del debate político, ya que se han anunciado varias medidas que podrían tener incidencia en estos comportamientos.

Por un lado, el Gobierno acaba de anunciar que creará el Observatorio de la Incapacidad Temporal con la intención de “promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social” y hacer un seguimiento de estos procesos. El mecanismo se había anunciado en 2024, aunque se activa ahora y en él participarán también representantes del Ministerio de Sanidad y agentes sociales. Por otro, este mismo martes los sindicatos y el Ministerio de Trabajo ratificaban la firma de un acuerdo para modernizar la prevención de riesgos laborales, una norma que databa de 1995, poniendo el foco en los riesgos psicosociales y la salud mental. "Los daños a la salud mental cuando una persona acumula estrés son una responsabilidad colectiva", remarcaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La creación del Observatorio se anunciaba días después de que un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalase que en España existía una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas e insistía en la descoordinación entre médicos de atención primaria y la Seguridad Social. Algo que, según ellos, encarece el coste del proceso y alarga de forma “innecesaria” los procesos. Los sindicatos protestaban por este enfoque y señalaban que el informe obviaba “el hecho de que la principal causa que explica el crecimiento de la prestación radique en causas relacionadas con un problema creciente de tiempos y capacidad de respuesta del sistema sanitario público”. Con estos mimbres, la polémica sobre el absentismo ha vuelto a protagonizar el debate en lo laboral.

“La AIReF ha hecho un informe sobre la evolución del gasto, pero la prestación por incapacidad temporal es más compleja e involucra tanto a los sistemas sanitarios de las comunidades como a las mutuas y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Dice, por ejemplo, que los procesos de IT se han duplicado y que el gasto ha pasado de 8.000 a 11.000 millones, pero lo que hay que plantearse es si ese gasto es el que tenemos que tener”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC OO).

Bravo señala otros factores que se deben considerar en este análisis: “Hay más trabajadores, lo que se traduce en más bajas potenciales. En segundo lugar, la evolución demográfica hace que la edad media de los trabajadores haya subido, lo cual tiene un impacto en las bajas y en su duración. Y luego está la incidencia de los problemas de la salud mental, porque somos el país líder del mundo en tratamientos farmacológicos con antidepresivos”, concluye. A esto se unen, además, las listas de espera en todo lo relacionado con la salud mental dentro del sistema público. "La clave sobre la incapacidad temporal no es verlo en términos de gasto, sino del tiempo que el trabajador necesita para recuperarse", sentencia el responsable sindical.

Sobre el Observatorio que ha anunciado el Gobierno, Bravo se muestra favorable. "Nosotros queremos que se refuercen los controles públicos, que se hagan los que sean necesarios, pero siempre que sean públicos y no con quienes tienen conflictos de intereses", señala el responsable de CC OO en relación a las mutuas.

Todos estos matices que forman parte del debate tratan de atajar el discurso que vincula las bajas con el fraude. Y es que el absentismo laboral se ha convertido en el indicador que unos y otros esgrimen desde esquinas opuestas para pedir o frenar medidas en materia laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas, pero dejando dentro derechos adquiridos como el permiso por fallecimiento de un familiar. Esas ausencias pueden ser justificadas o no, pero en un 80% de los casos las respalda una baja médica, de acuerdo con Randstad y en el 20% restante hay que considerar además permisos retribuidos, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor.

El indicador se calcula en base a los datos de horas pactadas y horas realmente trabajadas, pero muchas veces se emplea para tratar de sugerir que los trabajadores se comportan de forma negligente o eluden sus obligaciones. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reforzaba esta idea en diciembre, cuando al criticar el absentismo laboral, aseguraba que las bajas de los empleados tenían lugar los lunes y los viernes.

“Si lo que se quiere decir o sugerir —porque nadie se atreve a decirlo directamente— es que hay una especie de connivencia fraudulenta entre la persona trabajadora y el médico de cabecera, de lo que se está hablando es de un delito penal y las empresas tienen cauces legales para reclamarlo”, señalaba a infoLibre Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Estamos ante un falso debate que lo que trata es de trasladar el coste de las incapacidades temporales, que muchas veces se deriva de las condiciones laborales”, concluye.

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Desde los sindicatos venían insistiendo en las deficiencias de una ley de riesgos laborales que databa de 1995 y en la que los problemas de salud mental o los riesgos psicosociales derivados de la hiperconexión no estaban contemplados. Tampoco los riesgos climáticos, que sí figuran en la propuesta que han firmado Trabajo y sindicatos sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

El texto del acuerdo refuerza la prevención de los riesgos en lo relativo a la salud mental, desconexión digital y los efectos del cambio climático como olas de calor o danas. Unai Sordo, secretario general de CCOO, también puso el foco en la necesidad de ampliar el catálogo de enfermedades profesionales en el que, según él, se da un "infrarregistro". Y se ha referido a este hecho como "el mayor vacío de protección" para los trabajadores. "De las muertes totales por cáncer en España, entre un 4% y un 8% son ocupacionales, causadas por exposición durante el trabajo. Pues bien, en Europa el cáncer es la primera causa de muerte laboral, con una tasa de alrededor del 53%. O somos Superman, o en España el nivel de subregistro es gigantesco", concluyó Sordo.

El acuerdo, que debe pasar por el Congreso, amplía los controles que las empresas deben mantener y las obliga a contemplar criterios ligados a la edad del trabajador o al género y no solamente a las características del puesto como hasta ahora.