El Gobierno mueve ficha para detener una privatización sanitaria que degrada la atención

El Ejecutivo da el primer paso para poner "coto a las garras especuladoras y privatizadoras" en la sanidad. Y lo hace con la aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma, que ahora será revisada por los distintos ministerios antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros y su envío a las Cortes, promete ser un torpedo en la línea de flotación de un modelo de gestión sanitaria que comenzó a florecer a finales de los noventa, al calor de la ola neoliberal que recorría Occidente y que terminó por consolidarse en la Comunidad de Madrid de la mano del PP. De ahí, la respuesta airada de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "Quieren ahora acabar con la sanidad en la región, llevándonos a la revolución, a que nada funcione".

Para entender este proceso hay que acudir al primer Gobierno de José María Aznar. Por aquel entonces, la normativa fijaba como preferente la gestión pública directa de los recursos sanitarios. Pero todo cambió en 1997, con la aprobación de una ley que abrió la posibilidad de la gestión privada. Solo un par de meses después se puso en marcha la construcción del Hospital de La Ribera, en la localidad de Alzira, bajo un modelo PPP (partenariado público-privado) en el que la Administración cede la financiación, construcción y gestión del hospital, también su personal, a una unión de empresas. No es el único posible. También está el PFI (iniciativa de financiación privada), en el que la Administración cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales).

El anteproyecto aprobado deroga la ley de 1997. Y establece un marco normativo con el que se busca poner coto a una gestión privada disparada en la última década –actualmente, el 30,7% de todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen dependencia funcional privada–. La propuesta no supone una reversión inmediata, sino que se trata, más bien, de un freno de seguridad de cara al futuro. De hecho, en su disposición transitoria única deja claro que la ley no será de aplicación "a los expedientes de conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de colaboración" que se hubieran "iniciado con anterioridad a la entrada en vigor" de la norma.

La ley, cuya aprobación definitiva depende de la capacidad del Ejecutivo para articular una mayoría suficiente con sus socios parlamentarios y de la agilidad de los trámites –hay elecciones generales previstas para mediados de 2027–, establece que la gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios "se llevará a cabo preferentemente de manera directa". De esta manera, la "gestión y administración indirecta" tendrá un carácter "excepcional", de forma que la externalización solo pueda impulsarse cuando no sea posible la prestación pública, cuando la financiación de la misma resulte "sostenible y eficiente, justificada y motivada" y cuando se garantice "la sostenibilidad social del servicio".

Requisitos que, además, deberán quedar perfectamente acreditados. Para ello, la norma contempla el establecimiento de un procedimiento de evaluación previa en esos supuestos de gestión indirecta que deberá "contemplar" la "emisión de un informe preceptivo y debidamente motivado" previo a la externalización del servicio "elaborado por un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta". "Estarán integrados por personas expertas del ámbito sanitario designadas por la propia administración pública, por personas representantes de las profesiones sanitarias y por representantes de la sociedad civil organizada", recoge el anteproyecto. El comité recibirá de la administración una "memoria justificativa" con razones que motiven la la necesidad de privatizar.

Quedan prohibidos, además, los modelos por los que la empresa construye el centro y, a cambio, se queda con la gestión del mismo durante décadas. "Construir un hospital y explotarlo 20 o 30 años como si fuera una autopista queda fuera del sistema", explican desde el Ministerio de Sanidad. En el departamento que dirige Mónica García consideran que la ley propuesta "normaliza la reversión a la gestión pública" cuando un contrato finaliza, como ya hiciera el Gobierno valenciano de Ximo Puig con el hospital de Alzira y otros tantos centros de la región. En el caso de la Comunidad de Madrid, los contratos de los grandes hospitales privatizados no expiran, como poco, hasta finales de la próxima década.

La participación del sector privado en el sistema sanitario no lleva aparejada una mejora de los servicios. Pese a que las administraciones suelen vender que estas externalizaciones reducen costes y benefician a los enfermos, lo cierto es que los estudios apuntan en dirección contraria. Así consta, por ejemplo, en uno de la Universidad de Oxford publicado en marzo de 2024 en la revista especializada The Lancet, en el que se señala que los gestores privados suelen sacrificar "la calidad" para conseguir "grandes reducciones de coste", con recortes de personal, reducción de salarios o tratamiento preferente a pacientes "rentables".

"En nuestro contexto, cabe destacar un estudio que comparó los resultados en salud del modelo Alzira de la Comunidad Valenciana entre 2003-2015 con hospitales públicos de características similares. Este estudio observó que el modelo Alzira presentaba peores resultados en hospitalizaciones evitables, mortalidad por infarto de miocardio o ictus isquémico, o en la eficiencia tecnológica", recoge el Ministerio de Sanidad en un documento del pasado mes de diciembre.