Carlos Mur asegura que los protocolos de las residencias estaban incluidos en el plan de acción del Gobierno
El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha declarado este martes ante una jueza que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos, de residencias a hospitales durante la pandemia, desvelados por infoLibre, estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus, informa EFE.
Mur se refería así al plan que presentó el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero el 12 de marzo de 2020, que "no es público", en su comparecencia como investigado, por videconferencia, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 37 de la capital.
También habían sido citados a declarar a Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.
Al no poder notificar adecuadamente a estos tres últimos, se han suspendido sus declaraciones y serán citados nuevamente, una vez que se averigüen sus domicilios.
La abogada de la acusación particular Alejandra Jacinto ha anunciado tras la declaración que solicitará nuevas diligencias para incorporar a la causa ese plan de acción del 12 de marzo, hasta ahora desconocido, "un plan que no es público, que ni los medios de comunicación tienen y, sin embargo, cuyos protocolos estaban ya incluidos" en él.
Según la letrada, la inclusión de los protocolos en el plan de acción confirmaría que tanto Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como el propio consejero Ruiz Escudero "estaban al tanto" de los criterios de selección de pacientes.
Durante su comparecencia por videoconferencia desde Andorra, Mur ha asegurado que remitió un correo electrónico personal al consejero Ruiz Escudero el día 20 de marzo para advertirle de que la medicalización de las residencias era "irrealizable".
En su declaración, ha insistido en que firmó los protocolos por "toda la situación tan dramática que había", aunque mostró su disconformidad con unos criterios que podían dar lugar a errores de interpretación o discriminación.
El investigado ha señalado con nombres y apellidos a una doctora del Hospital Gregorio Marañón como la redactora de los protocolos y a una segunda facultativa encargada de su revisión final y su validación, aunque luego esos documentos se modificaron porque podían resultar, según él, "discriminatorios".
Mur ha atribuido a otro de los exaltos cargos del gobierno de Ayuso investigados, Javier Martínez Peromingo, la autoría del protocolo clínico y la coordinación de los geriatras de enlace, una labor que ha calificado como "encomiable".
Sobre la falta de derivaciones a la sanidad privada que estaba bajo el mando único sanitario, Mur ha dicho que no tiene esta información.
También habían sido citados a declarar Martínez Peromingo y Pablo Busca, otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.
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Al no poder notificar adecuadamente a estos tres últimos, se han suspendido sus declaraciones y serán citados nuevamente, una vez que se averigüen sus domicilios.
El Juzgado investiga una querella por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a una residente del centro público del barrio madrileño de Manoteras en la primavera de 2020.
Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará que se cite a declarar al consejero Ruiz Escudero, así como a las dos médicas que ha señalado Carlos Mur como las redactoras de los protocolos.
