Mur implica en los ‘Protocolos de la Vergüenza’ a Peromingo y reduce su participación en los mismos

Carlos Mur, firmante de los Protocolos de la Vergüenza —desvelados por infoLibre— que diseñó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, declaró este lunes como investigado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Durante la comparecencia, que la jueza permitió que se desarrollase por videoconferencia dado que el médico reside y trabaja actualmente en Andorra, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid implicó a su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, y a una veintena de geriatras de enlace en la elaboración de los protocolos, reduciendo su participación en los mismos a la coordinación, revisión, firma y envío de los mismos, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

La causa tiene origen en la querella interpuesta por la familia de un residente fallecido en el centro Amavir Valdebernardo, en la que declaró el pasado mes de diciembre como investigado el propio Peromingo. Una comparecencia en la que el ex alto cargo del Ejecutivo regional llegó a afirmar que los protocolos utilizados, que impidieron la derivación de residentes a los hospitales durante lo peor de la pandemia, “fueron discriminatorios”, que se quejó a Mur de ello y que las residencias no estaban medicalizadas en esa primera ola, en la que murieron 7.291 personas. Una versión, mantenida en otras comparecencias como investigado, tras la que las acusaciones ven un intento de eludir responsabilidades.

Mur, sin embargo, ha vuelto a colocar este lunes a Peromingo en el centro de todo. Durante su declaración, en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Fiscalía y jueza instructora, el ex director general de Coordinación Sociosanitaria ha señalado, según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, que los protocolos fueron redactados por Peromingo y otros 22 geriatras de enlace y que él solo se limitó a "coordinarlos, revisarlos, firmarlos y enviarlos". En este sentido, ha señalado que se los hizo llegar a la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ána Dávila –actualmente, consejera de Familias del Gobierno de Ayuso–.

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Además, ha sostenido que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y ha resaltado que los protocolos tenían sentido siempre y cuando las residencias fueran medicalizadas, algo que, al menos en este caso concreto, ha reconocido que no se produjo pese a ser "el propósito que había encima de la mesa" por parte de la Consejería de Sanidad. "El intento de Peromingo de salirse de la ecuación en diciembre no ha sido secundado por Carlos Mur, que le ha desmentido diciendo que él elaboró los protocolos y, además, la versión larga, más técnica y más clínica", ha señalado a la salida del juzgado Alejandra Jacinto, abogada de las familias.

"Se arrojan la pelota entre ellos", ha continuado. La letrada ha explicado que no se ha preguntado a Mur si es cierto que Peromingo, como él mismo declaró en sede judicial, le advirtió del carácter discriminatorio de los protocolos, como tampoco si él considera que el hecho de no medicalizar las residencias supone una discriminación en el acceso a la sanidad, que es precisamente el delito en torno a lo que gira tanto este como otros muchos procedimientos abiertos en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid. La comparecencia ha sido seguida de cerca por Marea de Residencias y la Plataforma Verdad y Justicia, que pese a la lluvia desplegaron sus pancartas en Plaza de Castilla.

Durante toda la declaración, el abogado de Mur ha insistido en que las preguntas que se realizaran tenían que ceñirse al caso concreto. Al fin y al cabo, su defensa es partidaria de que cada caso se investigue en el juzgado del lugar de residencia de la víctima, una posición diametralmente opuesta a la de Peromingo o las familias, que rechazan la dispersión actual y reclaman una macrocausa unificada. La Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver si unifica las causas o mantiene el laberinto judicial.