Dos sueldos no bastan para un piso “asequible” del Plan Vive de Madrid: “Es negocio con sello institucional"

Una vivienda pública a precios asequibles es la esperanza para muchas personas que ven cómo el alquiler empieza a quedar fuera de sus posibilidades. El Banco de España recomienda destinar un máximo del 30% de los ingresos al alquiler para evitar el sobresfuerzo financiero. Por ejemplo, si tomamos el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025, de 1.381 euros al mes en doce pagas, el alquiler ideal sería de unos 414 euros al mes. Una quimera en la mayor parte del territorio español. Si hacemos la cuenta para un salario de 1.500 euros, la renta que nos podríamos permitir de forma desahogada es de 450 euros. Otra quimera en el mercado libre.

José Alcaide (35 años) es funcionario y buscaba piso junto a su pareja en Madrid. Con unos sueldos de unos 1.400 y 1.200 euros, respectivamente, pensaron que serían buenos candidatos para una vivienda protegida del Plan Vive de Madrid. Vieron en uno de los anuncios “pisos hasta 980 euros” y decidieron solicitar uno, ya que con esa cantidad no estarían muy por encima del 35% del salario de ambos. Aquí empezaron las sorpresas. “Pedimos en San Sebastián de los Reyes y quiero hacer hincapié en que la oferta ponía ‘hasta 980’. Me asignan el piso a las dos semanas, enviamos los documentos, los validan en la plataforma y antes de firmar me sale un precio de 1.200 euros”, explica. Pensando que era un error, deciden llamar y le confirman que, efectivamente, el precio final del piso es ese, con plaza de garaje, comunidad e IBI. “Era un piso sin equipar, así que a los 1.200 euros del alquiler teníamos que sumar los muebles y algunos electrodomésticos. También nos obligaban a tener dos plazas de garaje que no necesitamos y menos en una zona donde se puede aparcar en la calle”, sentencia en una conversación con infoLibre. Al final renunciaron al piso porque “no es una vivienda protegida”, concluye. 

El Plan Vive de la Comunidad de Madrid nació en 2019 con la intención de colocar en el mercado 25.000 viviendas con precios entre 300 y 600 euros, pero la realidad parece estar siendo otra. Al cierre del año pasado, la comunidad había entregado 5.175 y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha recogido un rosario de quejas y malestares. Muchas de ellas tienen que ver con los precios y fallan al tratar de solucionar el principal problema que deberían corregir: el precio. 

“El descontento más extendido se centra en que los costes finales convierten a estas viviendas en inasequibles para muchos perfiles”, señalan desde el colectivo vecinal. Así lo atestigua también María López (32 años). Cuenta que trabaja en el ámbito de la sanidad desde hace seis años y que tampoco ha conseguido entrar en el mercado protegido madrileño: “Es imposible pagar 900 euros por una vivienda cuando gano 1.100 euros. Esto no es vivienda asequible”, reclama. 

El programa se describe en la propia web institucional de la región como “una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región, poniendo suelo público propiedad de la Administración a disposición del mercado”. Lo hacen en colaboración público-privada con empresas como Avalon (perteneciente al fondo norteamericano Ares Management), Aedas Homes o Sogeviso (de la firma OCM Redes Holdco, con sede en Luxemburgo). Pero cada vez más voces reclaman que se están quedando fuera, pese a tener un trabajo y un salario que es estable, aunque insuficiente, ante el incremento sostenido de precios. 

Esto no es vivienda asequible, es negocio con sello institucional

“Actualmente pago un alquiler que es igual al que me ofrecía el Plan Vive, y lo hago sin problema. Vivo con mi esposa y mis tres hijos, y no estoy buscando independizarme ni acceder a una vivienda por capricho: en octubre de 2026 tengo que dejar mi casa actual y estoy buscando una alternativa estable y razonable para mi familia”, explica Vicente Raposo, a quien le denegaron el piso, gestionado por Avalon, porque su renta no era suficiente. Explica a infoLibre que su esposa es propietaria de un negocio y él cuenta con un salario. “¿Qué clase de plan de vivienda es este que deja fuera a familias trabajadoras que ya están pagando alquileres equivalentes a los que ellos ofertan? ¿Para quién están pensados estos pisos? ¿Para quienes ya tienen una situación económica cómoda?”, lamenta. “Esto no es vivienda asequible, es negocio con sello institucional”, concluye. Tras reclamar y presentar documentos que avalaban sus ingresos tampoco recibieron ofertas alternativas y siguen buscando. 

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló en alguna ocasión que estas casas estaban destinadas a jóvenes y no eran “vivienda social”, pero los estándares de ingresos están dejando fuera también a sus supuestos destinatarios. De hecho, unos datos obtenidos este año por la Cadena Ser a través del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid señalan que 242 viviendas del Plan Vive estaban vacías, de un total de 5.175 terminadas a 9 de enero de 2025. Algunas, incluso, llegaron a estar anunciadas en portales inmobiliarios como Idealista. 

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En los datos de conjunto que ofrece la FRAVM (hasta abril de 2025), se certifican 157.641 solicitudes, con un 28,2% de rechazos y desistimientos. Además, señalan que un 67,8% de los solicitantes permanecían en lista de espera. Desde la agrupación vecinal piden un portal que unifique todas las solicitudes, en vez de que cada empresa concesionaria gestione sus inmuebles, de forma que exista un mayor control administrativo durante el tiempo que la gestionan. En Madrid, las parcelas del Plan Vive tienen una concesión demanial por periodos temporales que van desde los 60 a los 75 años, de forma que durante ese tiempo las empresas concesionarias edifican el inmueble y lo explotan en régimen de alquiler asequible.

De cara al exterior parece que se está haciendo una labor social que luego no es real

Ni José Alcaide, ni María López, ni Vicente Raposo, consiguieron al final un hueco en el Plan Vive madrileño. Tampoco Nazaret Suárez, que junto a su marido, que sufre una minusvalía, buscaba un bajo adaptado que nunca llegó. En su caso, el mal estado del inmueble les llevó a renunciar y nunca recibieron alternativas. "Nos quedamos sin piso en un momento muy delicado", lamenta. "De cara al exterior parece que se está haciendo una labor social que luego no es real", remata Alcaide. A los suyos se suman otros testimonios depositados en el buzón de quejas de la FRAVM y que, unos con nombres y otros de manera anónima, profundizan en el mismo problema. "Me tocó un piso en Tres Cantos a 1.000 euros y sin ningún electrodoméstico. Una vergüenza, no pude aceptar, pues era más caro que el piso donde estoy", narra un mensaje. "Es el plan sobrevive", recoge otro. "No tiene ningún sentido asignar dos plazas de garaje a una única persona con la clara finalidad de engrosar su alquiler", apunta un tercero.

En el último capítulo de esta historia, la Comunidad de Madrid, lejos de aligerar los requisitos de acceso, ha anunciado que pedirá estar empadronado en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años para poder ser adjudicatario de un piso protegido, según recoge la propuesta del Reglamento de Vivienda, que está actualmente en fase de tramitación y se espera para julio.