La asociación profesional Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado este martes la entrada en vigor la componenda impulsada por el Gobierno que permite al ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ejercer la abogacía tras dimitir en diciembre de 2014.

La Unión Proguesista de Fiscales acusa al Gobierno en un comunicado de incumplir la ley de incompatibilidades, que "determina un plazo de dos años posteriores al cese para prestar servicios en entidades privadas". En esta ocasión, el despacho de abogados Garrigues, en una decisión que, según denuncia la UPF, responde exclusivamente a un "interés particular".

"Denunciamos públicamente que el ex Fiscal General del Estado sea autorizado por el Gobierno para ejercer la abogacía tras su abandono del cargo de máxima autoridad del Ministerio Público", continúa el comunicado, que además advierte de la situación de privilegio de Torres-Dulce "sobre investigaciones en curso propias o ya judicializadas".

"Consideramos profundamente censurable que el caudal de conocimientos e información que el ex Fiscal General adquirió en el ejercicio de su cargo pueda ser puesto ahora al servicio de la defensa de quienes el Ministerio Público investigue o acuse posteriormente", concluye la Unión Progresista de Fiscales, en un caso que responde a la perfección al modus operandi de las puertas giratorias que tanto daño han hecho a la política en nuestro país.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este lunes por unanimidad a favor de la propuesta del Gobierno de nombrar a Consuelo Madrigal como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Eduardo Torres-Dulce, que dimitió el pasado jueves por motivos personales.

El órgano de gobierno de los jueces ha considerado que Madrigal cumple con los méritos y requisitos legales exigidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ocupar el cargo, el cual debe recaer sobre juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, según ha informado el Consejo. El Consejo del Poder Judicial ha avalado así la idoneidad de Madrigal, cumpliendo el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución y 560.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su informe, que es preceptivo aunque no vinculante, será remitido al Consejo de Ministros para ser dirigido después al Congreso de los Diputados.

La Comisión de Justicia de la Cámara Baja convocará a Madrigal a una comparecencia el próximo 8 de enero para que explique su proyecto y pueda obtener también la idoneidad de los diputados. En caso de recibir el apoyo del Congreso, el Gobierno efectuará el nombramiento para que la nueva fiscal general jure o prometa su cargo ante el Rey y tome después posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Podría ser renovada

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, una fiscal no adscrita a ninguna asociación, se convertirá así en la primera mujer que llega a ser fiscal general del Estado, un puesto que ocupará en un año marcado por las citas electorales y los casos abiertos por corrupción en los tribunales. El Estatuto Fiscal le otorga la opción de ser renovada si así lo decide el Gobierno que salga elegido para la próxima legislatura.

Madrigal cuenta con una experiencia dilatada como fiscal y sus compañeros de carrera destacan su "profesionalidad" e "intachable" trayectoria, durante la cual no se la conocen actuaciones polémicas. De talante conservador, no está afiliada a ninguna asociación de fiscales y en 2008 firmó el manifiesto 'Mujeres ante el aborto', que rechazaba hablar de "un derecho al aborto y menos aún de un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo". 

Nacida el 2 de noviembre de 1956, Madrigal desempeñaba en la actualidad la dirección de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores desde junio de 2013, cuando el dimisionario Eduardo Torres-Dulce le propuso continuar al frente de esta área durante un nuevo periodo de cinco años. Una decisión que fue refrendada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Con anterioridad, fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a donde llegó en 1993. Ingresó en la carrera fiscal hace más de treinta años y se hizo cargo de la Fiscalía de Menores cuando fue creada en 2007 dentro de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Aspiró a convertirse en la primera fiscal de Sala de la historia en 2003, cuando compitió con otra mujer que sonaba para ser ahora fiscal general Pilar Fernández Valcárcel. El Consejo Fiscal de Jesús Cardenal optó entonces por la segunda para alcanzar la primera categoría de la carrera y acceder así a la Junta de Fiscales de Sala. Madrigal, que figuraba como la número 24 en el escalafón de la carrera fiscal en 2011, ha sido también profesora de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) desde 1986. En docencia, ha dirigido y coordinado cursos para postgrados o en la formación inicial de fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos.

El TSJC informó de su acuerdo, adoptado por mayoría, después de una reunión extraordinaria de más de cuatro horas del pleno de la Sala Civil y Penal. Así, el alto tribunal admite a trámite "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014, así como a todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados". La resolución del TC fue la que declaró suspendida la consulta alternativa. Queda descartado, pues, investigar los hechos anteriores a esta fecha.

Las querellas y denuncias admitidas se dirigen contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau. El TSJC aclara en su nota que no se admiten en cambio los escritos dirigidos contra la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y los miembros de la Mesa de CiU, ERC e ICV-EUiA (Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon); el conseller de Interior, Ramon Espadaler; el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. 

El tribunal decidió que todos los procedimientos se acumulen en la querella más antigua (la número 16/2014) recibida por la Sala Civil y Penal, que es la presentada por Manos Limpias. Todas las resoluciones se notificarán a partir del próximo 8 de enero. Después, se podrá interponer un recurso de súplica ante la misma sala. 

Para evitar decisiones "contradictorias"

La reunión del pleno comenzó hacia las 10 de la mañana. Los cinco magistrados titulares de la Sala Civil y Penal –Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y José Francisco Valls–, además de su presidente, Miguel Àngel Gimeno, tenían sobre la mesa las 7 querellas y 25 denuncias interpuestas contra Mas y otros miembros de la Generalitat y del Parlament por posibles responsabilidades cometidas en la celebración de la consulta alternativa. Gimeno avocó el pasado 12 de diciembre al pleno la decisión por tres razones: por la "elevada cifra de procedimientos, la relevancia social de los hechos" y para "evitar decisiones que podrían ser contradictorias". El pleno consta habitualmente de seis jueces más el presidente, pero uno de sus miembros, Núria Bassols, abandonó su plaza para ser la directora general del Programa de Políticas de Transparencia de la Generalitat, y su plaza, vacante, aún no ha salido a concurso. 

Los seis magistrados de la Sala estaban directamente implicados por este asunto, pues en su mesa tenían alguno de los escritos registrados por el 9-N. José Francisco Valls, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue designado como ponente de la querella de mayor peso, la presentada por la Fiscalía contra Mas, Ortega y Rigau, por cuatro delitos: desobediencia grave, malversación, prevaricación y usurpación de atribuciones judiciales. Abril, designado por el Parlament, era el ponente del escrito interpuesto por Manos Limpias y será quien dirija ahora la instrucción de la causa. 

Mas: "Me someto al criterio de los tribunales"

El TSJC decidió centrar la investigación, por ahora, en la presunta desobediencia contra la resolución del TC, pero deja abierta la puerta abierta a añadir a la causa otros delitos, como los otros tres que mantenía la Fiscalía Superior de Cataluña (a instancias del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce). Se irá viendo según vaya avanzando la instrucción, según precisaron a infoLibre fuentes del alto tribunal. 

Mas se pronunció ante los medios antes de conocerse la noticia, en la reapertura del Cau Ferrat y el Museu Maricel de Sitges, en un acto al que acudió la ministra de Fomento, Ana Pastor. En él, reiteró que no comparte la querella por la organización del 9-N, aunque acataría lo dictado por el TSJ: "Las decisiones de los tribunales son, como no puede ser de otro modo, libres, y yo me someto a su criterio", señaló, informa Europa Press. 

Su antecesor en el cargo, el expresident José Montilla, portavoz de la Entesa pel Progrés de Catalunya en el Senado, se ofreció a ser testigo en la defensa de Mas. Montilla, en una entrevista con EP, tachó de "error político y jurídico" la querella. "No hay razones ni políticas ni jurídicas para esto. Lo digo yo, que no participé en la consulta, que soy contrario a cómo estaba planteada y que no comparto los objetivos ni la hoja de ruta de los convocantes", sostuvo. El exjefe del Govern entiende que el procedimiento "da argumentos al independentismo" y facilita "la campaña de Mas" y que no se celebró un referéndum conforme a la Ley de Consultas –suspendida también por el TC–. "La prueba es que la interposición de la querella no fue nada pacífica, los fiscales se resistieron, poco sospechosos ellos de ser independentistas", añadió.

En los debates sobre corrupción, salta enseguida a la vista el estribillo del “y tú más”. Parece como si las debilidades del adversario justificaran los defectos propios. Incluso cuando surge una nueva fuerza política, los partidos tradicionales viven con prisa la necesidad de cargar al recién llegado de episodios negros. Más que competir en ideas novedosas y en alternativas, todo el mundo se precipita en darle la bienvenida al aprendiz con los brazos abiertos de la corrupción.

Hay, sin embargo, costumbres peligrosas al otro lado del llamativo “y tú más”. Me refiero a los secretos compartidos, a los saberes que entran en el “yo también me callo”. Artur Mas se lo recordó de forma pública a los socialistas en una famosa ocasión: si quieren gobernar junto a nosotros es mejor que dejen de hablar del tanto por ciento y las comisiones cobradas por Convergència. La complicidad pedida amparó durante años las negociaciones políticas y dio licencia a la familia Pujol para llenar de miel la colmena.

Son los caminos de ida y vuelta de la degradación. Junto al “y tú más” está el “yo también me callo”. Junto al funcionario obediente está no sólo el profesional que defiende su independencia, sino también la rabieta del que exige el pago por los servicios prestados.

Merece la pena elegir bien a quién se le concede la medalla del funcionario independiente. En su época regeneracionista, Miguel de Unamuno fijó la suerte de España en los buenos profesionales. No dejen ustedes, escribió, que sus hijos entren en política. Si quieren hacer algo por el país, conviértanlos en buenos médicos, abogados, ingenieros… Eran los años de la Restauración y la política vivía horas muy bajas debido a los desmanes del bipartidismo.

La conciencia individual es un ámbito de dignidad en el funcionario público y en el cumplimiento de cualquier trabajo. El político de turno puede presionar, pero está en la mano de un juez o de un fiscal mantener la responsabilidad de su independencia, aunque eso dificulte su carrera. En una justicia politizada por el bipartidismo, con un Poder Judicial hecho a la medida de los partidos mayoritarios, hay profesionales que han sabido estar a la altura de su responsabilidad hasta poner en juego su futuro.

¿Es el caso del Torres-Dulce? No me cabe duda de que el ex-fiscal general, persona educada y culta, tiene sus valores, pero no creo asumible que uno de ellos sea la independencia. Que los ministros de Justicia hayan contado poco con él no lo convierte en un independiente, sino más bien en un cero a la izquierda. Por otra parte, cuando el debate político necesitó de él, estuvo siempre al lado del Gobierno, bien por coincidir en su ideología conservadora, bien por prestarse a sus estrategias. No dudó, por ejemplo, en sumarse a la pelea sucia del Partido Popular contra Rubalcaba en el caso Faisán, pidiendo dos años de cárcel para el jefe superior de Policía del País Vasco. Recuerdo este caso porque la manipulación del terrorismo de ETA en campañas de desprestigio ha sido uno de los recursos más zafios del Partido Popular. No dudó nunca en rentabilizar el dolor de las víctimas y los sentimientos de la ciudadanía en beneficio propio y en desprestigio del adversario. Pues bien: contó con la colaboración de Torres-Dulce.

De manera que no me creo el cuento del fiscal independiente. Me parece que le va mejor el papel de cero a la izquierda que busca una salida medio digna o, tal vez, el enfado del servidor mal pagado. En el mes de julio, un incidente de tráfico dejó vacante la plaza del magistrado Enrique López en el Tribunal Constitucional. El presidente Rajoy nombró para el puesto al teniente fiscal Antonio Narváez, segundo de Torres-Dulce. Parece curioso que en ese mismo momento empezaran las tensiones entre la independencia del fiscal general y el Gobierno.

En fin, que conviene mirar el otro lado de la luna antes de precipitarse en celebraciones y altares. El regeneracionismo del joven Unamuno vuelve a hacer mucha falta en España y debemos tomarnos en serio la figura del ciudadano que hace bien su trabajo. ¿Medallas? Las justas.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este sábado en Palma que el Gobierno "contamina las decisiones judiciales e interviene en el Poder Judicial" y que al presidente Mariano Rajoy "le molesta la separación de poderes y que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado sean autónomas".

Según Sánchez, el Gobierno está "preocupado por el horizonte judicial" de su partido como consecuencia de la fase final de la instrucción del caso Gürtel y está intentando intentar "apartar al juez Pablo Ruz. Además, el líder del PSOE acusó al Gobierno de presionar al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que dimitió el miércoles, "para que abandone sus responsabilidades a través de un cese encubierto en forma de dimisión". "Estamos en un bloqueo democrático", denunció Sánchez.

Mientras, en Bilbao el secretario de Relaciones Políticas del PSOE, Patxi López, criticó que en la "tarjeta de Navidad" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "suenen las trompetas del triunfo" cuando en realidad en España hay "cinco millones de parados". López tuvo un recuerdo además para quienes han "sacrificado y luchado toda la vida por dejar instaladas la democracia y la libertad de todos".

En este contexto, subrayó que en los últimos 100 años los socialistas han sufrido y "lo han pasado mal" y ha recordado las figuras de Maite Torrano y Félix Peña, quienes hace 27 años perdieron la vida en un atentado de ETA contra la sede social del PSE-EE en Portugalete.

Esta semana vuelvo a tener la impresión de que el ejercicio del poder aísla tanto que termina privando a los poderosos de la percepción de la realidad. Esta pérdida de juicio se observa con claridad meridiana si uno se sienta a contemplar con cierta atención los movimientos que los gobiernos y los partidos que les apoyan –o que dependen de ellos, según el momento- realizan cuando en el horizonte se atisba ya el tiempo electoral. Todos se ponen nerviosos, pero los que gobiernan suelen acercarse a la histeria, sobre todo si corren tiempos difíciles y está en riesgo real la pérdida parcial o total de poder con el consiguiente descalabro político y sus gravísimas consecuencias de empleo y privilegios para las legiones de cargodependientes que soportan las administraciones públicas.

La última manifestación de inquietud y desasosiego ha estallado con la marcha del fiscal general del Estado, el señor Torres-Dulce. Tanto él, como el PP, como el Gobierno, saben muy bien que no hay razones “personales” en esa forzada dimisión, pero se empeñan en ignorar la realidad de un país más adulto del que creen administrar y machacan una y otra vez con esa explicación que irrita a la razón y dice muy poco del respeto que tienen a la ciudadanía.

Aceptar como si tal cosa que hay razones “personales” en la marcha del fiscal en un momento en que hay tanto pendiente en el ámbito judicial es asumir que el señor Torres-Dulce es un perfecto irresponsable o que en su vida se ha producido algún acontecimiento de tan enorme dimensión que anula cualquier otro tipo de consideraciones profesionales. Y no parece que se de ninguna de las dos circunstancias.

Pero ahí siguen, tratando de evitar lo inevitable, que es que la ciudadanía piense que el señor fiscal se va harto de que le hagan la cama o le obliguen a hacerla al estilo que le interesa al Gobierno. Es tan creíble lo de las razones personales de Torres-Dulce como la búsqueda de pluralismo con el nombramiento de José Antonio Sánchez al frente de RTVE.

Estamos otra vez ante la expresión de falta de respeto fruto de ese aislamiento del poder que se traduce en una absoluta convicción en la verdad de lo propio sobre cualquier criterio ajeno y la seguridad de poder vender a los ciudadanos cualquier mensaje por increíble o pintoresco que resulte. Es lo que tiene confundir poder con omnipotencia o culo con témporas…que viene a ser lo mismo.

Pretender que el control de la Justicia y las operaciones de propaganda se van a poder hacer hoy y en España sin que el público se de cuenta y actúe en consecuencia es tener una escasísima visión de la realidad, y un inexistente respeto por la ciudadanía.

Esa misma que cualquier día les sorprende respondiendo a su desconsideración con la propuesta de un nuevo diccionario de uso del español para políticos en el que se modifiquen algunos significados de palabras de uso corriente como “personal”, “transparencia” o “liderazgo” por ejemplo.

Así, “asunto personal” sería cuestión relacionada con la actividad pública que ha de mantenerse en secreto; o “transparencia”, acción de mostrar sólo lo que no tiene importancia mientras lo sustancial permanece oculto; “liderazgo” algo así como cualidad del mandatario elevado por otros mantandarios, cuando ordena y manda sobre un grupo independientemente de sus capacidades; “entrega” podría ser el acto de intercambiar favores por compensaciones económicas… Por poner sólo algunos ejemplos, que bien podrían completarse con otros términos, ideas o palabras que ustedes mismos puedan tener en mente ahora.

Quizá entonces se dieran cuenta de la nada sutil diferencia entre el ejercicio del poder y la responsabilidad de gobernar.

En menos de 24 horas, el Gobierno ha encontrado sustituta para la Fiscalía General del Estado, tras conocerse este jueves la dimisión de Eduardo Torres-Dulce por desavenencias con el Ejecutivo.

De confirmarse el nombramiento, Consuelo Madrigal, actual Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, será la primera mujer en ocupar el cargo.

Mariano Rajoy ha asegurado este jueves que Madrigal responde al perfil una persona "capaz", "independiente" y que "vele por el cumplimiento de la ley", según informaciones de la Cadena Ser.

Madrigal no pertenece a ninguna asociación de jueces y la avala su amplia experiencia como fiscal.

En junio de 2013, Eduardo Torres-Dulce le propuso que continuara durante cinco años en su cargo al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores. Una decisión que fue refrendada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Antes de entrar en la Fiscalía de Menores, Consuelo Madrigal fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ingresó en la carrera fiscal hace más de treinta años y se hizo cargo de la Fiscalía de Menores cuando fue creada en 2007 dentro de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, informa Cadena Ser.

Como se había adelantado a primera hora de la mañana, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó este viernes el acuerdo por el que se recaba del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado de Consuelo Madrigal en sustitución de Eduardo Torres-Dulce. La encargada de confirmar esta propuesta fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión de los miembros del gabiente de Mariano Rajoy.

Como ya ha venido haciendo el Ejecutivo en las últimas horas, Santamaría desvinculó la marcha de Torres-Dulce de presiones del Gobierno. También, esgrimió el currículum de la candidata propuesta para señalar que ha sido elegida por su "propia profesionalidad" y no por que vaya a ser más dócil a los planteamientos del Gobierno. Este es uno de los principales problemas con el que va a encontrarse Madrigal debido al contexto de la marcha de Torres-Dulce. La última de las polémicas, sólo la última, tiene que ver con el recurso a la consulta del 9-N.

"Le diría que antes de juzgar, se deje trabajar", dijo Santamaría. Al mismo tiempo, y preguntada sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno o el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acudan al Congreso a rendir cuentas sobre este episodio, la vicepresidenta no cerró ninguna puerta. "Tiempo habrá", dijo.

Currículum de la sucesora de Torres-Dulce

Según la información facilitada por el Ministerio de Justicia, Consuelo Madrigal (Segovia, 1956) es fiscal de Sala, la máxima categoría de la carrera fiscal, desde 2008. En la actualidad es fiscal de Sala Coordinadora de Menores. Anteriormente, ocupó distintas responsabilidades en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General del Estado.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense en 1978, Madrigal ingresó en la carrera fiscal en 1980 y ha tenido como destinos las Fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como la del Tribunal de Cuentas y la del Supremo y la Fiscalía General del Estado, donde ocupó la responsabilidad de fiscal de la Secretaría General Técnica cuando era fiscal general Carlos Granados.

Una vez oído el informe del CGPJ, será el Congreso de los Diputados quien deberá respaldar la propuesta antes de que sea efectivo el nombramiento de la candidata con la jura de su cargo ante el rey.

División en el Ministerio Público por la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. La renuncia del hasta ahora número uno de los fiscales españoles ha provocado reacciones contrapuestas entre las asociaciones que agrupan a estos funcionarios: mientras la Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador, asegura que Torres-Dulce "ha sido un gran fiscal general", la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afirma que la situación que deja "es peor que hace tres años".

Este jueves, Torres-Dulce presentó de forma sorpresiva su dimisión como fiscal general del Estado y anunció que quería volver a su antiguo puesto en el Tribunal Constitucional, después de haber levantado todas las sospechas el miércoles por la tarde al retirar dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal. La renuncia de Torres-Dulce se debió, oficialmente, a "motivos personales", si bien dentro de la carrera fiscal era conocida desde hace tiempo la falta de sintonía entre el jurista y el equipo del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

No obstante, los desencuentros no son flor de un día, sino que vienen de lejos. Asuntos como la querella contra Artur Mas por la consulta del 9 de noviembre en Cataluña –donde el Gobierno buscaba una actuación más rápida de la que al final se produjo– o la petición de prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas en el marco del caso Gürtel han sido losas que han lastrado la relación de Torres-Dulce con el Ejecutivo, a pesar de que en la mayoría de decisiones importantes sí que ha habido acuerdo entre Fiscalía y Ejecutivo. Pero estas diferencias no son las únicas: los tres años de gestión del ya ex fiscal general provocan una fuerte controversia entre sus propios colegas, que están totalmente divididos a la hora de valorar su trabajo.

Las discrepancias afectan a todos y cada uno de los puntos clave del mandato de Torres-Dulce, y llegan incluso a la misma dimisión. La conservadora AF ha mostrado en un comunicado su "consternación y preocupación" por la noticia, y ha asegurado que la renuncia supone una "pérdida" para la carrera fiscal. En este sentido su portavoz, Emilio Frías, asegura que Torres-Dulce "ha sido un gran fiscal general del Estado, que ha profundizado en la independencia de la institución". Su opinión es radicalmente contraria a la de Álvaro García, presidente de la UPF, que afirma que "institucionalmente, como carrera fiscal, pero también en cuestión de medios materiales o garantías de independencia, estamos peor que antes".

Quien da un punto de vista más moderado es Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es tajante al aseverar que, a su juicio, el Ministerio Público se encuentra "exactamente igual que antes". "La gestión de Torres-Dulce tiene cosas buenas y también cosas malas, pero a nivel interno ha sido continuista", asegura el funcionario, que insiste en que "no ha habido grandes cambios en el seno de la Fiscalía, a pesar de que debe haberlos". "Torres-Dulce no la ha despolitizado [la Fiscalía], ni la ha dotado de transparencia", abunda Viada, que a este respecto pone como ejemplo que "no hay más que ver que la jerarquía de la carrera está formada por miembros de la AF y la UPF". "El nivel de independencia no ha variado, simplemente la influencia política del PP ha crecido con respecto a la del PSOE", remacha.

"Un fiscal general no debe dimitir"

La actuación que más critica Viada de los tres años como fiscal general de Torres-Dulce es, precisamente, su decisión de presentar la dimisión. "Un fiscal general del Estado no debe dimitir, tiene un plazo de cuatro años que se instituyó en su día, tras pelearlo los fiscales y los jueces, para darle independencia al cargo, para que no estuviera al albur de la opinión de los gobiernos", denuncia el presidente de APIF, que señala que "ahora la sensación que se da es la de que, si hay un pulso, lo va a ganar el Gobierno".

Su opinión la comparte Álvaro García, que sostiene que "alegar motivos personales para dimitir es como no decir nada". "Si no se dicen los motivos reales se da pábulo a otras teorías", explica el presidente de la UPF, que asegura que "si se va por presiones del Gobierno, muy mal por ambos: el Gobierno por interferir en el trabajo del fiscal general del Estado y Torres-Dulce porque debe estar blindado y debe hacer su trabajo con independencia de las presiones que reciba". Viada, en este sentido, se muestra igualmente muy taxativo: "El fiscal general del Estado debe aguantar y luchar".

En este sentido, varios fiscales de la Fiscalía Anticorrupción consultados por infoLibre señalan que con Torres-Dulce al frente del Ministerio Público se han sentido "muy protegidos" a la hora de realizar su trabajo. Por ello, estas fuentes también señalan que, a su juicio, su dimisión ha podido tener que ver con la investigación de varios casos de corrupción relacionados con el PP. Y es que, durante su última comparecencia en el Congreso el 26 de noviembre, Torres-Dulce rechazo ser proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que fue él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos Bolinaga y Matas.

La ausencia de medios

También chocó el ex fiscal general con el Ejecutivo cuando, en septiembre de este año, pidió públicamente al Ministerio de Justicia que destinase más medios a la lucha contra la corrupción ya que la respuesta judicial es "en exceso lenta y a veces desigual". El entonces ministro Gallardón hizo caso omiso de estas peticiones y el asunto no volvió a aflorar. Pero las asociaciones, que coinciden en lamentar que los medios con los que cuentan los fiscales son escasos para realizar su trabajo, tienen puntos de vista muy diferentes sobre la actuación de Torres-Dulce.

Emilio Frías, de la AF, alaba que el exnúmero uno de los fiscales "pusiera de relieve la necesidad de destinar más recursos" a esta partida, si bien matiza que "la situación económica no permite" un mayor dispendio. No se muestran tan condescendientes García y Viada: el primero asegura que la UPF "pedía una evolución hacia los estándares europeos" que no ha conseguido, mientras el segundo sí le reconoce a Torres-Dulce que "llevaba tiempo pidiendo medios y no se los daban", pero denuncia que, a su juicio, "eso no es un motivo para dimitir".

Es en el tema de la querella contra el president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por la consulta soberanista celebrada el pasado 9 de noviembre en el que los fiscales se muestran más de acuerdo, aunque cada uno de ellos ofrece sus propios matices. Frías, García y Viada coinciden en que la decisión fue legalmente impecable. Sus diferencias son relativas a las manera de presentar esta querella. Y es que, mientras para el portavoz de la AF la gestión de Torres-Dulce en este tema fue "ejemplar", el presidente de la UPF la califica "nefasta". "Se consiguió que pareciera que había dos fiscalías, una en Cataluña y otra en Madrid", afirma García.

¿Tendrá Arriola la solución?

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado este jueves su renuncia al cargo, alegando motivos personales. Según la nota oficial difundida por la Fiscalía General del Estado regresará a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional.

El comunicado también explica que la renuncia fue comunicada previamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, el sucesor de Alberto Ruiz-Gallardón, que fue el que propuso el nombramiento de Torres-Dulce.

Los rumores sobre una posible renuncia se dispararon el miércoles por la tarde después de que Torres-Dulce retirara sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.

Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.Alberto Ruiz-Gallardón.

El desencuentro viene de lejos, sobre todo desde que se conocieron unos planes del Código Procesal Penal que no cumplían con las expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los fiscales.

El enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

Así se evidenció durante la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos Bolinaga y Matas.

"No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito", ha afirmado, para añadir: "Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo".

Torres-Dulce no apartó a las fiscales del caso Gürtel, Concha Sabadell y Miriam Segura, permitiendo que siguieran al frente de la investigación, cuyo magistrado Pablo Ruz ha acabado acusando al PP de ser partícipe a título lucrativo.

Las dos responsables del Ministerio Público han sido las grandes impulsoras de la investigación hasta la llegada de Ruz a la misma, tal y como prueban los interrogatorios, en los que ambas han venido protagonizando la mayoría de las preguntas realizadas a los imputados y testigos.

Todo lo contrario que el fiscal que se encarga del caso Bárcenas,caso Bárcenas, Antonio Romeral, que ha dejado en manos de Ruz la instrucción, que acabó expulsando al PP como acusación popular en el caso.

El Gobierno ha expresado su "absoluto respeto a su decisión" y le ha agradecido su "eficacia y entrega" en defensa de "la legalidad y el orden constitucional", al tiempo que ha destacado que siempre ha actuado con "plena objetividad e independencia".

En un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, el Gobierno recuerda que la decisión de Torres-Dulce se debe a "motivos personales" y ha señalado que los de su mandato han sido "tres años de gran trabajo, con momentos difíciles y de grandes tensiones en los que la Fiscalía siempre ha mantenido su autonomía, desde el rigor y con el máximo respeto a la legalidad".

Además, le ha agradecido especialmente su colaboración con el Ejecutivo, "velando por el buen funcionamiento de las instituciones" y su papel "en asuntos de gran importancia" para la sociedad, basándose en "los valores democráticos y de respeto al Estado de Derecho".

"Torres-Dulce siempre ha desempeñado sus funciones con una absoluta entrega, demostrando una gran vocación de servicio público, así como una encomiable dedicación al interés general de todos los ciudadanos", añade el texto, en el que el Gobierno agradece "profundamente" a Torres-Dulce el "fiel desempeño" de sus funciones.

Por último, el Ejecutivo le traslada sus mejores deseos para su nueva etapa profesional y personal y anuncia que cuanto antes "se pondrán en marcha los mecanismos oportunos para proceder al nombramiento del nuevo fiscal general del Estado".

La Fiscalía presentó este viernes la querella contra el president de la Generalitat, Artur Masquerella contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El texto presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) [consúltalo en PDF] atribuye a los tres los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de atribuciones judiciales.

La querella llega por decisión del fiscal general del Estado, Eduardo-Torres Dulce, después de que Fiscalía de Cataluña no viera indicios de delito en el proceso participativo, aunque dejó claro esta semana que iba a acatar la decisión que tomara Torres-Dulce. 

Ahora se procederá al reparto dentro de la sala civil y penal del TSJC, para que se inicien los trámites habituales, empezando por conformar la sala de admisiones, que integran el presidente del TSJC y dos magistrados –uno de éstos será nombrado ponente–, y esta sala dictará una resolución para admitir o no a trámite la querella. Si se admite, el ponente se convertirá en magistrado instructor de la causa, y entonces se iniciará la instrucción y se realizarán todas las pruebas y trámites que considere el magistrado para investigar.

En caso de que se presenten recursos, se creará la sala de recursos, donde estarán los magistrados de la sala civil y penal del TSJC que no han formado parte de la sala de admisiones.

"Que me miren a mí, el responsable soy yo"

La querella de Fiscalía contra Mas, la vicepresidenta y la consellera de Enseñanza les acusa de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar el proceso participativo pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). Por eso el escrito –firmado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada y presentado este viernes a mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– apunta a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer a la autoridad judicial, al considerar "manifiesta" su negativa a cumplir la resolución de suspensión.

Además de desobediencia, la Fiscalía pide imputarles por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales públicos.

Sobre la presunta desobediencia, insiste en que sabían que la consulta prevista inicialmente –primero– y el proceso participativo –después– habían sido suspendidos, y alude a estas declaraciones de Mas: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno". Aclara que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos".

También recuerda que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, dice literalmente.

En lo relativo a la posible obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales, la Fiscalía argumenta que los querellados con sus decisiones y participaron en diferentes actos "han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del territorio nacional".

"Voluntad de sobreponer la visión partidista de la realidad"

Sobre la presunta prevaricación administrativa continuada recuerda que la Generalitat dio "soporte material y personal al proceso de participación" y, en concreto, contrató servicios a la empresa de buzoneo Unipost para hacer llegar una carta a los catalanes animándolos a participar. También adoptaron decisiones para proceder a la apertura de locales tanto en colegios públicos como sedes de la Generalitat en el extranjero y mantuvieron abierta la página web sobre información para votar, recuerda la Fiscalía.

Cree que las decisiones adoptadas por el Govern a partir del 4 de noviembre "confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho". "Sólo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional", añade la Fiscalía en su texto.

Sostiene que las múltiples decisiones adoptadas, como mantener la página web, la apertura de colegios o contratación de servicios "no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa".  

La querella de la Fiscalía se dirige contra Artur Mas (y dos de sus consellers), a quien atribuye cuatro delitos por su papel en el 9-N, pero no necesariamente le perjudicanecesariamente . Todo lo contrario. Más bien podría reforzarle, y así lo anticipan partidos proconsulta como ERC, ICV, EUiA o la CUP, como lo cree el PSC. Incluso CiU no se privó de remarcar que "toda la población ya ha visto la determinación del president, que es leal al pueblo de Cataluña frente a un Estado español incapaz de entender sus deseos". El jefe del Govern se sitúa en un mejor escenario de cara a unas eventuales elecciones plebiscitarias, posibilidad que sigue sobre la mesa. La lectura compartida por varios dirigentes era esta: la Fiscalía, en realidad, le está haciendo "un campañón". 

A simple vista, parece obvio que el escrito de la Fiscalía no se volverá contra Mas. En primer lugar, por toda la trompetería previa. El Gobierno de Mariano Rajoy, pese a la suspensión de los preparativos ordenada por el Tribunal Constitucional, no pudo impedir la consulta alternativa del 9-N, lo que agitó rápidamente las aguas en el PP, que culpaba tanto a la Fiscalía como al TC de no haber conseguido paralizar el proceso participativo. Dos días después de abrirse las urnas, la líder de los conservadores catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, anunció que el Ministerio Público se querellaría muy pronto contra Mas. Sus palabras causaron estupor, porque evidenciaba la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo para forzar una respuesta penal, presión negada oficialmente. Un material que la Generalitat exprimió desde el primer minuto.

Luego siguió el baile en el seno del propio Ministerio Público. En síntesis: el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, rechazó interponer el escrito ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) por no considerarlo "procedente", pues no encontraba base legal suficiente. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidió convocar para este miércoles a la élite de la carrera, la Junta de Fiscales de Sala, para testar si su propuesta –querella contra Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones–, recibía el respaldo de sus compañeros. Y lo logró. Sólo dos de los 24 fiscales de sala asistentes –la Junta se compone de 27 miembros, incluido su presidente, Torres-Dulce– mostraron sus muchas objeciones a la viabilidad de la iniciativa. Fueron el de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y el jefe de lo Contencioso del Supremo, Pedro Crespo, aunque en la reunión se palparon igualmente "discrepancias técnicas". Es decir, diferencias sobre las personas a las que debía dirigirse la querella y los delitos de los que eran acusados. 

Habrá que esperar a los "próximos días", según fuentes oficiales del Ministerio Público, para conocer el texto exacto del escrito. Pero de lo que no hay duda es que querella habrá, y que la interpondrá la Fiscalía Superior de Cataluña, pese a su oposición, por la dependencia jerárquica. Los efectos de esa iniciativa, sin embargo, ya han comenzado a rodar. Y el principal beneficiario es el principal acusado: Mas. 

"Persecución política"

CiU mostró total tranquilidad. La querella, dijo el portavoz de los convergentes en el Parlament, Jordi Turull, no da miedo sino "pena", por tratarse de una "persecución política decorada jurídicamente". Ahí quedaba activado, en primer plano, el argumento estrella para la Generalitat: Cataluña (y, por tanto, su máximo representante, el president) es víctima de la hostilidad del Estado. Turull retó a actuar contra la Cámara y contra "todos los diputados que instaron al Govern a organizar la consulta". El "error monumental" del Gobierno no paraliza, sino que "estimula" a la Generalitat a "seguir adelante con el proceso", afirmó. Se le preguntó si el gesto de la Fiscalía reforzaba o no a CiU. Turull intentó esquivar la cuestión, pero tras sus palabras se traslucía un sí: "Toda la población ya ha visto la determinación del presidente Mas, que es leal al pueblo de Cataluña frente a un Estado español incapaz de entender sus deseos". 

"Con ánimo sereno" afronta el Govern la querella, dijo a su vez el conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, porque el escrito contra Mas por haber hecho posible el 9-N "no tiene ningún recurrido". 

Mas, en realidad, había logrado colocar el foco sobre él mismo antes y después de abrirse las urnas. Tras dar por liquidada la primera consulta, la que él convocó por decreto y que suspendió el TC, se sacó de la manga un conejo de la chistera, el proceso participativo, primero ridiculizado por las otras fuerzas del frente proconsulta y después aplaudido por ellas. La segunda impugnación del Ejecutivo de Rajoy no hizo sino hinchar la participación. Al final, se acercaron 2,3 millones de catalanes, el 80,76% de los cuales se pronunció a favor de la independencia. El president no se escondió y se responsabilizó del operativo, e incluso compareció en rueda de prensa al término de la votación. 

No quedó duda, en los días posteriores a la consulta alternativa, que el vencedor moral había sido Mas. El president al que muchos habían dado por muerto, acorralado por ERC, había sobrevivido al desafío, dándole la vuelta a un escenario adversario y capitalizando el "éxito" de la votación. Ahora podría volver a ocurrir lo mismo. 

"No sé qué más regalos puede hacer Rajoy a Mas"

"Sí, podría ser que en principio reforzara la querella a aquellos contra los que se dirige. Podrían fortalecer a Mas, pero ya se verá. Veremos lo que pasa, porque la gente es más inteligente de lo que creemos", señalaban ayer miércoles, prudentes, fuentes oficiales de los republicanos a este diario. Un miembro de la ejecutiva de Oriol Junqueras iba algo más allá: "Está claro que la actuación de Torres-Dulce ayuda al president a afianzarse, pero mi impresión es que intentará ganar tiempo y alargar su mandato". "Se equivocan" quienes creen que "van a parar el proceso querellándose contra millones" de personas que ejercieron su derecho democrático el 9-N, sostuvo en rueda de prensa el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch. 

En ICV y EUiA la valoración era coincidente: el Gobierno, a través de la Fiscalía, le está "haciendo un campañón" a Mas. "Es que Rajoy se lo está poniendo a huevo, no sé qué más regalos le puede hacer –expresaba este miércoles un máximo responsable ecosocialista a infoLibre–. No se puede hacer peor: el PP, que al principio minimizó la consulta alternativa, luego enloqueció, la recurrió pero no pudo prohibirla, y después de dar mil vueltas, consigue que la Fiscalía presente la querella. Mas, un tío que es establishment puro, es hoy un héroe, una víctima del Estado". 

"Es un refuerzo de Mas en toda regla –opinó Quim Arrufat, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)–. No sé si el Gobierno actúa con una ceguera absoluta o hay una intención realmente detrás. Es decir, que una vez que Rajoy ha visto que la consulta no ha sido devaluada, le conviene más fortalecer al president, un hombre de orden, que provocar una victoria de ERC, abiertamente independentista". 

En el PSC, la lectura de a quién beneficia el escrito de Torres-Dulce es coincidente. "Esta querella es lo mejor que le podía pasar a Mas, porque así coge ventaja frente a ERC. Le hace un héroe y puede vender que hace historia. Esto es pura propaganda electoral. Si Rajoy cree que con esto liquidaba a Mas, se equivoca", indicaron desde el círculo del primer secretario, Miquel Iceta. 

Esperada conferencia del president

La percepción, tanto en ICV como en la CUP y en el PSC es que la convocatoria de elecciones anticipadas está más cerca. Apuntalan esa idea tanto los mejores datos de las encuestas –apuntan a una mejora de CiU o, al menos, un frenazo de la caída– como los últimos acontecimientos. El próximo martes 25, el president pronuncia la esperada conferencia Tiempo de decidir, tiempo de sumar, donde se espera que anuncie su hoja de ruta. Una cita a la que ha invitado, por cierto, a los grupos parlamentarios. Convergència trabaja ya en una candidatura lo más amplia posible, con independientes y figuras señeras del soberanismo. Se visualizaría así lo que en los círculos catalanes se llama el partit del president, una lista nuclada en torno a Mas que pretende difuminar las siglas de CiU, lastrada por los casos de corrupción y el escándalo que afecta al patriarca, Jordi Pujol, y a sus hijos. ERC, desde luego, sigue rehuyendo la suma con CiU, y sólo se ofrece a pactar un programa con el objetivo de la independencia. Exige elecciones "constituyentes" y un Govern de concentración posterior a las urnas. 

Aquellos que hace sólo unos días pensaban que Mas iba a intentar aguantar el tirón, esquivando un anticipo electoral peligroso para los intereses de su partido, presienten ahora que el president ha cambiado de opinión, consciente de que tiene el viento de cara y de que gestos como los de la Fiscalía no hacen sino ayudarle a remontar. Tal vez baje de sus 50 escaños, pero quedar por delante de los republicanos sería una victoria en esta coyuntura. Y, sobre todo, le permitiría capitanear el Ejecutivo por tercera vez. 

La Fiscalía se querellará contra Artur Mas y dos de sus consellers –la vicepresidenta, Joana Ortega, y la titular de Educación, Irene Rigau– por cuatro delitos relacionados con su papel en la consulta alternativa del 9-N. Ya hay vía libre. Así que el escrito se interpondrá en los próximos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). 

Es la consecuencia directa de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, que se celebró durante más de cuatro horas este miércoles, y en la que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibió el apoyo "muy mayoritario" de sus compañeros, según informaron posteriormente fuentes oficiales del Ministerio Público. 

Torres-Dulce llevó al encuentro una propuesta de querella. En su escrito, sostenía que el contenido de la orden de suspensión acordada por unanimidad por el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre fue "absoluta, tajante e inequívoca", y no dejaba "margen alguno a la duda". Por lo tanto, a su juicio, la providencia del TC obligaba a la Generalitat a paralizar todos los preparativos del llamado proceso participativo del 9-N. Según el fiscal general, la suspensión del Constitucional afectaba a las actuaciones que aún no se hubieran formalizado, "precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hecho buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación". En todos esos actos de impulso de la consulta participaron de forma "personal y directa" Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega. 

"El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional", añade la propuesta de modo tajante. Los hechos, para Torres-Dulce, "integran todos los elementos del delito de desobediencia".

En su propuesta, por tanto, el fiscal general subrayaba que era necesario presentar una querella contra Mas, Ortega y Rigau por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones, según fuentes del Ministerio Público. 

Oposición del fiscal superior de Cataluña

Si el máximo responsable del Ministerio Fiscal convocó a la Junta de Fiscales se debió al criterio opuesto de los fiscales catalanes. El lunes, Torres-Dulce ya ordenó al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la presentación de la querella, pero este se opuso "al no considerarlo procedente". Los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña recriminaron al Govern que recurriera a "argucias jurídicas sin precedentes" para llevar adelante su 9-N, y actuara con "absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional", pero no apreciaron la necesidad de actuar penalmente contra Mas. Vieron lagunas jurídicas a raíz de la ley de 2005 que despenalizó la convocatoria ilegal de referendos y consultas. Y también apuntaron que el TC no dirigió "requerimiento alguno a persona concreta o determinada". Una "omisión" que "parece responder a una decisión meditada" por parte de los magistrados, lo que dificultaría que pueda entreverse un delito de desobediencia. 

Sin embargo, la posición de Romero de Tejada, según fuentes oficiales consultadas por infoLibre, no encontró "ningún respaldo" en la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, un órgano de asesoramiento del fiscal general que integran los 26 miembros de mayor rango de la carrera fiscal y cuya opinión no es vinculante, pero sí tenida en cuenta. 

A la reunión, acudieron 24 de sus 26 miembros (27 si se cuenta a Torres-Dulce, que la presidió). Y sólo dos mostraron sus reservas sobre la conveniencia de interponer una acción penal contra Mas, Ortega y Rigau. Siempre según fuentes oficiales, los que expusieron esas objeciones fueron el fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y el jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. El primero dudaba de que una providencia del TC –tribunal que no forma parte Poder Judicial–, pudiera ser directamente ejecutable. El segundo sostuvo que la Fiscalía debía actuar a través de las demandas ciudadanas contra el president que ya se han ido presdentando, no redactando una nueva iniciativa.

Nueva orden a Romero de Tejada

No hubo votación, sino un pronunciamiento verbal de los asistentes. Teniendo en cuenta el apoyo "casi unánime" prestado a Torres-Dulce, este ordenará de nuevo a Romero de Tejada que presente la querella. El fiscal superior de Cataluña no podría negarse, ya que en el Ministerio Público rige una dependencia jerárquica. El escrito se interpondrá "en los próximos días" ante el TSJC.

Los dos ausentes en la cumbre fiscal fueron Fernando Marín Castán (fiscal togado militar), que no ha tomado aún posesión de su cargo, y Juan Ignacio Campos (Sala de lo Penal del Supremo) por enfermedad. 

La Junta de Fiscales de Sala comenzó este miércoles su reunión poco después de las 10.00 horas de este miércoles y tiene sobre la mesa una propuesta del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que se dirija una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9-N.

Así lo señalaron fuentes fiscales minutos después de dar comienzo la reunión, que se celebra con la ausencia de dos de los 27 miembros de éste órgano. Al cónclave, presidido por el propio Torres-Dulce, faltan el juez togado militar, Fernando Marín Castán, que no ha tomado posesión tras haber sido designado recientemente, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que se encuentra enfermo.

Torres-Dulce sostiene en la propuesta que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre "no dejaba margen alguno a la duda" y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado "proceso de participación".  A su juicio, la suspensión del TC afectó también a las acciones que no se hubieran formalizado jurídicamente "precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación". En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma "personal y directa" Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.

Torres-Dulce comienza su nota señalando que la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña" y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa014.cat.

Frente a ello, y conociendo sus obligaciones, el Gobierno de Mas "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución" con el "designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC", en la primera de sus resoluciones sobre este asunto.

"Ausencia de orden concreta"

Otro de los documentos que la Junta tiene sobre la mesa es el acta de la reunión que celebraron el lunes los nueve miembros de la Junta de Fiscales de CataluñaJunta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella. Según esa acta, los fiscales opinaron que el hecho de que el TC no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa "parece responder a una decisión meditada" de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.

"La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos" y "tampoco se dirige a un destinatario concreto", apuntan los fiscales para justificar su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas.

El documento, de ocho páginas y que sólo se refiere al delito de desobediencia y no a otros supuestos penales, añade que, pese a las objeciones para interponer las acciones penales, ellos son conscientes de que en contraste con el papel del TC "como parte procesal respetuosa y sumisa con el iter procesal", por parte del Gobierno de la Generalitat "se ha recurrido al empleo de argucias jurídicas sin precedentes [...] y con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional".

La Junta de Fiscales de Sala está integrada por 26 fiscales, además de Torres-Dulce, y se trata de cargos que en su mayoría no fueron designados durante su mandato, sino que corresponden al de Cándido Conde-Pumpido. Tan sólo tres corresponden a la etapa del actual fiscal general: el fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque; el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Jaime Moreno, y el recientemente designado teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas.

Decisión no vinculante

La Junta la integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo –el recientemente designado Luis Navajas–, varios fiscales más del Supremo, entre ellos Eduardo Fungairiño; los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, los responsables de las fiscalías especializadas (Anticorrupción, Drogas, Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Cooperación Internacional, Extranjería, Menores, Medio Ambiente, Violencia de género) y los jefes en la Secretaría Técnica, de la Inspección y de la Unidad de Apoyo.

Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta junta "asiste al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal". La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales de Cataluña.

Fuentes de la carrera consultadas aseguran que, si la Junta se opusiera a la acción penal, lo que parece poco probable, la decisión de Torres-Dulce sería la de no interponer finalmente la querella.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha convocado para el próximo miércoles una Junta de Fiscales de Sala tras recibir una comunicación en la que la Fiscalía Superior de Cataluña le indica que por el momento no procede iniciar acciones penales contra el presidente catalán, Artur Mas, y otros responsables del denominado proceso de participación ciudadana.

La reunión de la cúpula fiscal se realiza en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que sí considera que debe formularse la citada querella.

La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar este miércoles una querella contra el president Artur Mas y tres consellers del Govern por supuestas responsabilidades penales en el 9-N.

Al mediodía, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, había rechazado que se acusase de "inacción" a la Fiscalía, porque desde el sábado tiene abiertas diligencias. Torres Dulce agregó que, en todo caso, el Ministerio Público se pronunciaría "sin ninguna precipitación".

Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) exigieron explicaciones ante los recientes sucesos en la valla fronteriza de Melilla, manifestando su "profundo rechazo a la práctica ilegal de las denominadas devoluciones en caliente y al uso injustificado de la violencia hacia las personas inmigrantes, algo "impropio de un Estado de derecho".

La organización se refirió al vídeo grabado por una ONG, Prodein, en el que se aprecia cómo, tras ser repetidamente golpeado por la Guardia Civil, un inmigrante inerte es "tratado como un objeto o animal" para ser entregado a las autoridades marroquíes.

Por ello, y a través de una nota, denunciaron que esta práctica "atenta contra los más elementales derechos humanos, los valores y principios constitucionales y la legislación española", que obliga a identificar a todas las personas que se encuentran en territorio español y prestar la debida protección a quienes pudieran ser menores de edad, víctimas de delitos o solicitantes de asilo o protección internacional.

"Máximo celo" por parte de la Fiscalía

Además, consideran que el Ministerio del Interior debe "inexcusablemente" dar explicaciones, depurar responsabilidades y rectificar estas prácticas "violentas y contrarias a derecho", ya que las políticas de inmigración y control de fronteras no permiten justificar excepciones a la aplicación de las leyes.

Por último, aseguraron esperar de la Fiscalía General del Estado "el máximo celo" en defensa de la legalidad y los derechos fundamentales, así como una actitud "activa y rigurosa" en la depuración de las responsabilidades penales a que en su caso hubiere lugar.

El PSOE presentó este martes denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol por presuntos delitos de defraudación tributaria y blanqueo de capitales cometidos presuntamente durante su etapa al frente del Gobierno autonómico.

La denuncia, anunciada este lunes por el secretario de Organización del PSOE en La noche en 24H, en TVE, César Luena, se presenta después de producirse la comparecencia de Pujol el pasado viernes en el Parlament catalán.

El texto incide en que "a pesar de la existencia de indicios delictivos" en la actuación de Pujol, "no consta que el Ministerio Fiscal haya iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público", lo que para el PSOE constituye el motivo de interposición de esta denuncia.

El documento, de ocho páginas, reproduce las informaciones que durante el mes de julio pasado denunciaban que la familia del expresident ingresó 3,4 millones de euros en un Banco de Andorra, la reacción posterior de Jordi Pujol emitiendo un comunicado en el que reconocía haber defraudado al fisco, así como fragmentos de la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para hablar del asunto.

Responsabilidad pública

La denuncia ha sido depositada antes de las diez de esta mañana en el Registro de la Fiscalía General y destaca que Pujol ha sido durante 23 años presidente de la Generalitat de Cataluña, por lo que la defraudación cometida se extiende, "como poco treinta años hacia atrás", mientras el denunciado ocupó altas responsabilidades públicas.

El PSOE denunciará a Jordi Pujol ante la Fiscalía

Según el PSOE, aunque Montoro hiciera referencia durante su comparecencia en el Congreso a diversas investigaciones en curso contra Pujol, se da la circunstancia de que hasta la fecha no ha sido imputado en ningún procedimiento –únicamente existen diligencias abiertas por una denuncia de Manos Limpias en un juzgado de Barcelona–, ni la Fiscalía ha iniciado ninguna investigación tendente a aclarar el origen del dinero referido y su posible significación penal.

Entiende el PSOE que los hechos expuestos contienen indicios directos de la comisión de al menos un delito de defraudación tributaria y otro de blanqueo de capitales y que habría que tener también en cuenta como circunstancias agravantes específicas el origen de los bienes en algunos delitos contra la Administración Pública.

Entre estas conductas la denuncia cita el cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Por todo ello, piden al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que "practique las diligencias que estime necesarias para la comprobación del hecho que pudiera ser constitutivo, a modo indiciario de los delitos de defraudación tributaria y de blanqueo de capitales, así como de la responsabilidad de los intervinientes", dándose al PSOE vista en las actuaciones y siendo parte en las mismas.