El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

Tres meses después de conseguir su acta de eurodiputado, el agitador ultra Luis Pérez –más conocido como Alvise– se sitúa bajo la lupa del Ministerio Público. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa la denuncia que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, acusado a su vez de estafa tras la reciente clausura del chiringuito financiero Madeira Investment Club, presentó en la Fiscalía General del Estado contra el líder de Se Acabó La Fiesta. En el escrito, Luis Cryptospain –así se hacía llamar en redes– asegura que entregó 100.000 euros en metálico al ultra pocos días antes de las elecciones europeas. Sobre la mesa, un posible delito de financiación ilegal que podría derivar, según los expertos consultados, en una multa de hasta medio millón de euros.

La relación entre Alvise y Romillo habría comenzado, siempre según el relato aportado por este último, a finales de marzo. "Me contacta por medio de WhatsApp para concertar una reunión en Madrid", recoge la denuncia, adelantada por elDiario.es y cuyos extremos ha confirmado este diario. Una semana después, el 6 de abril, el agitador ultra se convirtió en el invitado principal del evento anual del Madeira Invest, club financiero impulsado por Romillo que captaba fondos prometiendo altas rentabilidades y que cerró por sorpresa la pasada semana. "Todos vosotros estáis haciendo cierto tipo de política, la contrapolítica a un Estado mafioso y criminal que os roba más del 70-75% de todo lo que producís cada año", lanzaba Alvise Pérez desde un escenario instalado en el Hipódromo de la Zarzuela.

Tres días después del evento, según los mensajes aportados por el empresario junto a la denuncia, el dirigente ultra se puso en contacto con Romillo y le trasladó sus "necesidades", entre las que se encontraban "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" o "fondos para el partido". "En cash es irrastreable, sí", llega a decir en algún momento el eurodiputado, para quien el criptoempresario crea los monederos de criptomonedas que el ultra publica en su canal de Telegram para recaudar fondos. Una "colaboración" que Alvise promete a Romillo llevar hasta el corazón de la Unión Europea: "Las encuestas me dan hasta dos eurodiputados. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre la escripto divisas [sic] y la independencia fiscal".

En la madrugada del 27 de mayo, cuando quedan trece días para la cita con las urnas, el entonces candidato recibe un mensaje del empresario: "He estado repasando y si te parece bien mañana puedes pasar por Sentinel a por 100k, es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para muevas el Sentinel". "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío", responde Alvise Pérez. Unas horas después, según el relato de Romillo, uno de sus colaboradores habría entregado 100.000 euros en metálico en las oficinas de Sentinel BQ, empresa vinculada a Madeira, para "la campaña de su partido político". "Todo ok! 100.000 gracias, Luis", le habría escrito poco después al empresario el agitador ultra.

Ahora, será la Fiscalía del Supremo, dada la condición de aforado del denunciado, la que decida si hay o no elementos suficientes como para abrir una investigación por financiación ilegal de partidos políticos. Un delito que viene recogido en el artículo 304 del Código Penal, que castiga con multas o penas de prisión –en función de la gravedad– a quienes reciban "donaciones o aportaciones" destinadas a una agrupación de electores infringiendo el artículo 5.1 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe, entre otras cosas, "aceptar o recibir directa o indirectamente" donaciones anónimas, de más de 50.000 euros procedentes de una misma persona o que vengan de personas jurídicas o entes sin entidad jurídica.

El castigo más suave que recoge este precepto del Código Penal es una "multa del triplo al quíntuplo de su valor". Algo que, según explica David Sans, abogado penalista especializado en financiación de partidos políticos, se calcularía en base al "valor global de la donación recibida". Si hablamos, por tanto, de una entrega de 100.000 euros, la multa podría oscilar entre "300.000 y 500.000 euros", si bien el caso se encuentra todavía en una fase muy embrionaria –no hay más que una denuncia y unas decenas de páginas de mensajes telefónicos intercambiados–. Una horquilla con la que coincide Cristina Nieto, socia fundadora de Nieto Enríquez Abogados Penalistas, bufete que ofrece asesoramiento jurídico relacionado con este tipo de delitos.

La abogada señala, en conversación con infoLibre, que el de financiación ilegal de partidos es un delito de nueva creación –el 304 bis se introdujo en el Código Penal en la reforma del 2015–. Y que, por tanto, no hay "jurisprudencia mayor" sobre el mismo. Nieto explica que el delito queda consumado "con la entrega y recepción de la donación", que no cabe "la comisión por imprudencia" y que el autor del mismo puede ser tanto "quien la da como quien la recibe". Además, es necesario acreditar que la donación se hace "con la finalidad de financiar el partido", que también puede ser "responsable penal del delito" y al que se le pueden imponer como penas, entre otras, "la prohibición de subvenciones", la "suspensión de la actividad por un plazo de hasta cinco años" o el "cierre de locales".

Lo que no ven los especialistas consultados son elementos como para pensar que sobre la cabeza del eurodiputado pudiera terminar pendiendo una pena de cárcel. Es cierto que el 304 bis recoge también un castigo agravado que oscila entre los seis meses y los cuatro años de prisión –además de la multa–. Sin embargo, el mismo está reservado para situaciones muy concretas. Es el caso, por ejemplo, de donaciones anónimas o procedentes de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica de importe superior a 500.000 euros, así como aquellas procedentes de una misma persona por 550.000 euros anuales. Prisión que también se contempla para donaciones que superen los 100.000 euros y procedan de gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.

Desde que accedió a la Eurocámara, Alvise está aforado y tiene inmunidad parlamentaria. ¿Quiere esto decir que no se le puede investigar o que tiene carta blanca para hacer lo que quiera? No. Simplemente significa que cualquier causa contra él la tendría que llevar el Supremo y que la misma podría dilatarse por la exigencia de cursar con carácter previo un suplicatorio a la Eurocámara para levantar su inmunidad. Un procedimiento que en el caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se alargó más de un año. Casi lo mismo que se demoró en su día la petición del Alto Tribunal para poder juzgar a José María Ruiz-Mateos en el caso Rumasa. El Supremo cursó el suplicatorio en enero de 1990. Y el Parlamento Europeo no dio luz verde al mismo hasta febrero de 1991.

La inmunidad de cualquier eurodiputado se puede, por tanto, levantar. Una vez que la Eurocámara recibe el suplicatorio, el presidente del Parlamento Europeo lo comunica en sesión plenaria y lo envía a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Este órgano puede solicitar, si lo considera oportuno, cualquier información o explicación. Y, por supuesto, el eurodiputado en cuestión tiene la oportunidad de ser oído en dicha comisión y presentar todo lo que estime pertinente. Tras eso, Asuntos Jurídicos adopta una recomendación sobre si aprueba o rechaza la solicitud del levantamiento de la inmunidad y la presenta a todo el Parlamento, que toma una decisión al respecto por mayoría simple.

La denuncia del criptoempresario que pone en la diana a Pérez llegó a la Fiscalía General del Estado el pasado jueves, horas después del cierre de Madeira Invest, el chiringuito patrocinado por el agitador ultra. La bajada de persiana vino acompañada de un vídeo en el que Romillo, escondido tras su habitual máscara, vinculaba todo a una supuesta investigación en curso que habría bloqueado las cuentas. Pocos días antes de que todo saltase por los aires, El Confidencial informó de que parte del dinero que se había recaudado para la campaña del eurodiputado se había desviado a una cuenta de criptomonedas en la que Madeira Invest también inyectaba activos.

Una parte de los negocios que colgaban de dicho club han echado el cierre. Es la crónica de una muerte que parecía anunciar la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace ahora dieciséis meses. Entonces, en mayo de 2023, el regulador de los mercados lanzó una advertencia indicando que ni Madeira Invest Club ni la sociedad que aparentemente lo controlaba –una supuesta "consultora legal cripto" ubicada en Nuevo México– estaban autorizadas "para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva". Algunos despachos ya han presentado en la Audiencia Nacional denuncias colectivas. Zaballos Abogados cifra en más de 2.700 los afectados, con un perjuicio que alcanza los 600 millones de euros.

El criptoempresario aprovecha su denuncia remitida a la Fiscalía General del Estado para referirse, precisamente, a todo este negocio: "Quiero poner a disposición de los miembros del MIC –que tengan vigente algún contrato incumplido– aquellos activos de los que dispongo, para que en la medida de lo posible puedan ser resarcidos, respecto de lo que debe tenerse en cuenta que, algún activo, si no se administra en la forma adecuada, pueden perder todo su valor en semanas". Y dicho esto, Romillo comienza con el relato de una relación que está poniendo en jaque al eurodiputado ultra español y sobre la que ha evitado, por el momento, dar explicación alguna. En un vídeo subido este miércoles a su canal de Telegram, el agitador ultra se limita a decir que le van a intentar "meter" cualquier cosa.

La corrupción es una grieta que puede llegar a ser significativa para democracias y economías. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado este año por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. En ese contexto, en el informe rotulado como Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024, elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), se han analizado los esfuerzos de las naciones de esa órbita para batallar contra ella y, en el caso concreto de España, se puede concluir que presenta fortalezas y debilidades.

Si bien la mayoría de los Estados de la esfera de la OCDE han adoptado un enfoque estratégico sobre la integridad y la lucha contra la corrupción, lo que permite a los gobiernos “identificar desafíos, establecer prioridades y objetivos, definir acciones específicas para lograr los resultados deseados”, fijar “responsabilidades”, así como “facilitar la implementación efectiva a través de procesos de monitoreo y evaluación basados en indicadores para medir el éxito”; no es el caso de España, que carece de él. Con lo que tampoco se puede medir el nivel de ejecución de las acciones previstas en esta materia, que es de media de un 67%, entre los territorios que cuentan con esa baza.

De lo que sí dispone España, y así se refleja en el documento consultado por Infolibre, es de “directrices sobre prevención del fraude y la corrupción como parte de los procesos de control interno”. El 70% de los países diseccionados las ha publicado y el 71%, entre ellos España, aborda explícitamente estos riesgos en su marco de gestión de peligros.

Con todo, la OCDE avisa de que la auditoría interna “sigue siendo un instrumento de gobernanza subutilizado contra la corrupción” y de que algunos estados no extienden la cobertura de ésta “al presupuesto público completo”. De nuevo, España está en el bloque de los que no recoge “los datos necesarios para poder evaluar” ese aspecto de la lucha contra el fraude, junto a Australia, Austria, Dinamarca, Estonia, Japón y Luxemburgo.

Otro de los conceptos ligados a la corrupción sobre el que se ha puesto la lupa es el cabildeo o lobbying. “Una actividad cada vez más compleja”, advierten en el informe, con riesgos y operadores cambiantes. “Entre los que buscan influir en la formulación de políticas se incluyen ahora asociaciones comerciales e industriales, ONG, grupos consultivos y de expertos, grupos de enlace parlamentario, instituciones académicas y centros de pensamiento…”, se enumera. Y se añade que “el cabildeo es una de las áreas de integridad pública más sub reguladas en los estados miembros de la OCDE”. De hecho, sólo 11 países cuentan con un código de conducta que regulariza las interacciones entre funcionarios públicos y lobbystas, “respaldado por ejemplos prácticos de comportamientos y situaciones de riesgo o indeseables”. “Esto significa -se apostilla- que es posible que los países restantes no estén estableciendo las normas a las que los grupos de interés o cabildeo deben adherirse lo más claramente posible, dejando las políticas y la toma de decisiones abiertas a prácticas e influencias indeseables por parte de grupos”. España no tiene definiciones ni para los grupos de interés o sus miembros ni para las sanciones a imponerse.

En comparación con lo que sucede con el lobbying, la mayoría de los países de la OCDE poseen normas estrictas para prevenir y gestionar los conflictos de intereses, la financiación política y el acceso a la información. Por ejemplo, se han desarrollado normativas para marcar circunstancias y relaciones que puedan dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los funcionarios públicos, o la obligación de los miembros del Gobierno o de los Parlamentos de presentar una declaración de intereses, como mínimo al entrar en el cargo y si se produce una renovación o un cambio de lugar. En promedio, los estados de la OCDE “cumplen con el 76% de los criterios de regulación” y, en este apartado, España supera en algo esa media y, sobre todo, más que dobla el 40% de la ejecución práctica promedio. Además, se encuentra entre los sólo ocho territorios que “verificaron al menos el 60% de las declaraciones de activos e intereses en los últimos dos años”.

No está tan controladas, en cambio, las llamadas “puertas giratorias”, un fenómeno que “puede dar lugar a conflictos de intereses entre los titulares de cargos públicos, con una influencia indebida en la elaboración de políticas públicas y ventajas comerciales injustas”, se alerta. La OCDE incluye a España entre los estados que “tienen períodos de reflexión obligatorios para los funcionarios públicos” que dejan sus puestos, pero también entre los que no hace seguimiento de los movimientos de ministros o altos funcionarios “en sectores” laborales que “antes regulaban”, cuando ocupaban el sillón público. Es decir, quedan deberes por hacer en relación a esta práctica.

Sí se está en la parte alta de la tabla comparativa en lo que respecta a la financiación de los partidos, ya que España forma parte de las naciones en las que se ha prohibido las donaciones anónimas, las contribuciones financieras de estados y empresas extranjeras y de las empresas de propiedad pública a aquéllos. Junto a esto, existe un órgano de supervisión independiente para desentrañar las finanzas partidarias como es el Tribunal de Cuentas.

Y la apertura de datos es otro aspecto en el que se destaca. A la cabeza de la transparencia están 17 países en los que se requiere que la información sea accesible por defecto, como sucede en España, respecto de la información gubernamental. Asimismo, la normativa vigente determina que “toda persona tiene derecho de acceso a la información pública, lista de conjuntos de datos e información que deba divulgarse”, subrayan en el trabajo de la Dirección de Gobernanza Pública. Lo que no significa que no falte trabajo por hacer o sinergias que mejorar entre los múltiples portales de las administraciones públicas que están operativos, como ha indicado ya la Oficina Independente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

Más allá de los escenarios poliédricos y diferenciados por grupos de países, en el informe se anota que se han detectado deficiencias comunes como la necesidad de acometer los riesgos emergentes de corrupción “relacionados con la transición verde” o la conveniencia de “incorporar urgentemente consideraciones sobre injerencia extranjera”, entendida como tal, en términos generales, “el intento de influir indebida y negativamente en el sistema político, la economía, la sociedad, el medio ambiente o el espacio de información de los estados objetivo por parte de agentes extranjeros”. En ese punto, se sostiene que “con el aumento de las tensiones geopolíticas, las potencias extranjeras buscan cada vez más formas de interferir en los procesos de toma de decisiones públicas de los países de la OCDE y sus socios y en los debates públicos más amplios de las democracias”. De ahí que se inste a “mejorar su comprensión de los riesgos” que esto conlleva y, en particular, “de cómo la eficacia de sus marcos de integridad puede influir en esos riesgos”.

De igual manera, desde la OCDE se recomienda a los miembros de ese entorno “aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta clave contra la corrupción”, dado que, en la actualidad no se puede obviar que ésta puede utilizarse como arma para "influir en el debate político y en la formulación de políticas públicas". Ello, sin olvidar que “ajustar las políticas y prácticas de cabildeo (lobbying), conflictos de intereses y las políticas y prácticas de financiamiento político es crucial para salvaguardar la prosperidad y los sistemas democráticos de los países de la OCDE”, se recalca en el documento desgranado.

La reprobación muda y no seguir dando pasos hacia adelante no parece ser el camino por andar, sobre todo cuando, como apuntan los técnicos de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado, en el libro Los ricos no pagan IRPF, otro informe que combinó las estimaciones de economía sumergida y el Índice de Percepción de la Corrupción "encontró una alta correlación entre la corrupción y la economía sumergida": cuanta más de una, más de otra.

"La corrupción y el blanqueo no nos pueden dejar indiferentes", defienden los autores, porque los ciudadanos soportan la primera dos veces: "Una cuando pagamos impuestos que después son desviados en interés particular y otra cuando las empresas incluyen en el precio de venta los sobornos pagados a gobiernos, partidos políticos u otras empresas", cierran.

Periódicamente sujeta a sospechas o certezas de captación ilegal de fondos, la financiación de los partidos políticos se ha convertido en objeto de un informe –en este caso, una "moción"– donde el Tribunal de Cuentas (TCU) pide endurecer el sistema de donaciones y aplicar fórmulas que dificulten las trampas y el juego sucio. Desde 2001, el TCU no había emitido una moción con propuestas sobre la financiación política. En el aprobado el 30 de octubre de hace dos décadas, las donaciones ni siquiera se mencionan por su nombre. En el rubricado el pasado 27 de julio por un organismo fiscalizador con mayoría de consejeros conservadores y cuyo mandato había expirado cuatro días antes, ese término aparece 18 veces sin contar las referencias a las microdonaciones o crowdfunding.

En un escenario en el que, desde Filesa, la financiación ilegal aflora como un Guadiana que ha ido haciéndose más caudaloso con casos como Gürtel y sus derivadas, el tribunal considera necesario "mejorar la trazabilidad del origen del dinero". Y para eso, viene a aducir su informe, no puede quedar oculto quién aporta dinero, cuánto y en qué condiciones. Ni pueden seguir chocando entre sí con preceptos dispares las dos grandes leyes reguladoras, la de Financiación de Partidos (Lofpp) y la del Régimen Electoral (Loreg).

Entre las propuestas de mayor relevancia que incluye la moción del TCU destaca la de "limitar lo más posible en la normativa reguladora de los partidos políticos los supuestos en los que quepa realizar ingresos en efectivo". Aunque el órgano responsable de velar por la legalidad de las cuentas públicas no cita ningún partido ni episodio concreto en las 50 páginas de su informe, el aviso sobre los ingresos en metálico remite a causas como la de la valenciana Operación Taula, que causó la ruina política de la ahora fallecida Rita Barberá y cuya pieza más conocida gira en torno al -supuesto- blanqueo de capitales mediante múltiples y pequeñas donaciones en metálico. Es decir, la pieza del llamado pitufeo.

Al cambio normativo que propugna el tribunal para reducir los ingresos en metálico, la moción añade otro dato: que se justifique "documentalmente el origen de los fondos ingresados". Y algo más, dirigido a estrechar el cerco a quienes vinculan o pueden hacerlo la donación de fondos y la obtención de contratos públicos. "Sería conveniente –se lee en el informe– el establecimiento de la obligatoriedad legal de la remisión de una declaración jurada, por parte del donante, de no ser parte de un contrato vigente con el sector público (...) en el caso de donaciones superiores a 25.000 euros (importe a partir del cual dichas donaciones deben ser notificadas por el partido al Tribunal de Cuentas)".

Fruto de "la experiencia acumulada" en el examen a las cuentas de los partidos, miembros del tribunal han confirmado que la moción tuvo como ponentes a las dos consejeras del departamento de partidos políticos: la conservadora María José de la Fuente, presidenta del tribunal, y la progresista Dolores Genaro. El texto ya está en poder del Congreso y el Senado. Cuándo se abordará el debate sobre las propuestas que contiene es todavía una incógnita.

Acabar con la disparidad y las "incongruencias" de las dos leyes sobre financiación

El tribunal propugna asimismo prohibir las donaciones de personas jurídicas –y las empresas privadas lo son– en campaña electoral. En ese punto, la moción pone el acento en una subtrama alejada del foco de discusión: la disparidad entre las dos leyes básicas en cuanto al dinero que manejan las organizaciones políticas en España, las ya citadas en el segundo párrafo, la Lofpp y la Loreg. Esa disparidad, advierte el informe, conduce a "disfunciones y posibles incongruencias". Porque la Lofpp, señala el organismo fiscalizador, "prohíbe que los partidos políticos puedan aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica". Y en cambio, la Loreg "sigue manteniendo que puedan realizarse en el ámbito electoral, siempre que se ingresen en las cuentas electorales, con el mismo límite que las aportaciones de las personas físicas (10.000 euros por proceso electoral)". "Con objeto de evitar disfunciones y posibles incongruencias –prosigue el texto– sería conveniente armonizar la Loreg con la Lofpp en relación con la prohibición de aceptar donaciones provenientes de personas jurídicas, así como en lo que se refiere a la asunción por terceros de gastos de la campaña electoral de las formaciones políticas, y determinar, en caso de incumplimiento, la infracción y la sanción correspondiente".

Pero la disparidad entre ambas normas, la Lofpp y la Loreg, no termina ahí. Y el coladero legal se agranda porque la diferencia entre lo que preceptúan una y otra permite en la práctica que aportaciones de terceros oficialmente destinadas al día a día de un partido acaben engordando el presupuesto de una campaña electoral. Y derriben así un dique –el que acota el gasto máximo en campaña– que en teoría garantiza la limpieza de un proceso electoral. Que el dique acaba hecho trizas no es, a tenor del informe, una especulación. Y así lo deja claro el siguiente párrafo: "Según resulta de las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, las formaciones políticas, para la financiación parcial o total de sus campañas electorales, transfieren recursos desde las cuentas bancarias específicas para recibir donaciones para la actividad ordinaria (...) a las cuentas bancarias electorales a las que se refiere el artículo 125 de la LOREG. Ello puede dar lugar a que donaciones realizadas con finalidad o destino electoral, puedan no quedar sujetas a los requisitos específicos que la normativa establece para las mismas, eludiéndose así el tratamiento más restrictivo establecido en la Loreg".

El diferente color del hilo con que la Lofpp teje la urdimbre de la financiación y el de aquel que emplea la Loreg explica también que las fundaciones ligadas a partidas operen como puerta trasera de entrada de dinero, como hizo evidente la fundación del PP madrileño, Fundescam. El TCU vería "conveniente" que la normativa "dispusiera para las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos los mismos requisitos y limitaciones exigidos a estos en relación con las donaciones". Para empezar, como relata el informe, las fuendaciones sí pueden a diferencia de los partidos "superar el límite de 50.000 euros establecido para las donaciones procedentes de una misma persona física y podrán aceptar donaciones de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica".

En cuanto a las microdonaciones, la nueva figura del denominado crowdfunding, el tribunal lanza un aviso: "Este sistema plantea un riesgo que puede dificultar el control de la financiación de los partidos políticos, ya que, a través del mismo, cualquier persona que sea titular de una tarjeta bancaria puede realizar una donación a aquellas de forma online, sin que pueda comprobarse la veracidad del documento nacional de identidad, el nombre y la dirección de correo del donante". Y en todo caso, continúa el texto, "este riesgo no solo está presente en las aportaciones vía microdonaciones, sino en toda donación que se instrumente a través de internet independientemente de su cuantía; práctica que se viene realizando respecto de un buen número de formaciones políticas".

Por todo lo anterior y con el objeto de "verificar el cumplimiento de los requisitos de identificación de los donantes y aportantes" previstos por la Lofpp y la Loreg, también habría que dar un paso de carácter legal: "La normativa debería regular expresamente los requisitos que se han de acreditar, incluyendo la identificación y la forma de realizarla de quienes efectúen donaciones y préstamos online a los partidos políticos. Ello sería posible a través del establecimiento de exigencias que permitan una identificación clara y segura".

El juez del caso Neurona, en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, ha acordado reabrir la investigación sobre los presuntos sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente, al cuestionar que la primera tuviera competencias para aprobar complementos salariales, según informa Europa Press. 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha estimado un recurso de Vox contra el auto del 11 de marzo en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento tanto a ella misma como a De Frutos.

Así, Escalonilla ha dejado sin efecto ese sobreseimiento temporal y ha ordenado nuevas diligencias en las que cita al ex gerente Pablo Manuel Fernández Alarcón para que declare como testigo el próximo 21 de mayo.

También ha pedido a Podemos que entregue los estatutos del partido de 2018; el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, detallando las partidas que reflejen los complementos salariales; y los datos personales de los trabajadores que recibieron dichos pluses.

Falta de capacidad

El instructor ha acogido el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer complementos salariales. El propio Escalonilla ha explicado en su auto –al que ha tenido acceso Europa Press– que, si bien había concluido que la gerente sí tenía esa facultad, "de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas".

"En tal sentido los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2017 (...) acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala", ha señalado el juez.

El PSOE rechazará este martes en el Congreso de los Diputados la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para dar explicaciones por la financiación de Podemos, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección del Grupo Socialista.

La Diputación Permanente del Congreso, el máximo órgano de decisión de la Cámara Baja en los periodos no ordinarios de sesiones, como el mes de agosto, decidirá este martes si cita a comparecer al secretario general de la formación morada, en una reunión convocada por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que arrancará a las nueve de la mañana, mientras Iglesias esté sentado en el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, distinguía este lunes en declaraciones desde la embajada de España en París la exigencia de explicaciones por cuestiones relativas a la gestión del Gobierno de otros asuntos, como la financiación de Podemos, que se sitúan en otro ámbito, en el de la actuación del partido. "Es verdad que hemos de distinguir los espacios de gobierno de los espacios partido", ha comentado.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, se mostraba contrario a la comparencia de Iglesias porque, a su juicio, esto persigue "disparar munición" contra su formación en el marco de una campaña basada en "rumores", "bulos" y "mentiras".

La petición de comparecencia de Iglesias había sido registrada por el PP y Ciudadanos tras la decisión de un juez de Madrid de citar como imputados al partido morado y tres de sus dirigentes para que presten declaración sobre la denuncia planteada por el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente.

Por un lado, pidieron que Iglesias compareciese en el Pleno del Congreso, pero también solicitaron que diese explicaciones en la Comisión de calidad Democrática, aunque los letrados derivaron esta segunda comparecencia a la de Asuntos Sociales, que es la que sigue al Ministerio que dirige el líder de Podemos.

Eso sí, los representantes de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso expresaron su disconformidad al considerar que la financiación de Podemos no es una materia relacionada con las competencias que Iglesias desempeña en el Ejecutivo, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que ha denunciado al partido por una presunta financiación ilegal, ha llamado este jueves a la militancia de la formación morada a decir "basta ya" y exigir un cambio de dirección en protesta por los "sinvergüenzas" que presuntamente "habrían metido la mano" en la caja del partido. "No estamos ante la Gürtel o Filesa. Mucho peor", ha asegurado.

Así lo ha manifestado Calvente en su cuenta personal de Twitter, donde ha publicado un hilo de cinco mensajes en el que asegura que "a diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España", en el caso de Podemos se estaría "ante una presunta 'corrupción dentro del partido'". "Una presunta 'financiación ilegal' de algunos dirigentes", ha explicado.

Según Calvente, que se considera "víctima de una trama corrupta", el caso de la presunta financiación irregular del partido dirigido por Pablo Iglesias es "mucho peor" que los casos Gürtel o Filesa, pues, según señala, se está investigando a "presuntos sinvergüenzas que habrían 'metido la mano' presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y el de sus presuntos amigos'".

Perseguir "a los canallas"

"Yo sí respeto la 'presunción de inocencia'", dice Calvente, para añadir que Podemos —que está imputado como persona jurídica— "es una víctima y debería perseguir a estos presuntos canallas". Además, indica que el "líder", en referencia a Iglesias, "no sería tan 'incompetente' como para no saber lo que estaba pasando en su partido, presuntamente claro".

Por ello, el exabogado insta a la militancia a "actuar y decir 'basta ya" para que no pase "ni un minuto más con gente investigada dirigiendo el partido". "Urge un cambio de dirección. Por la salud democrática de este gran país que es España y de las instituciones que algunos quieren destruir", agrega.

"Podemos no debería pasar a la historia como un partido manchado por la corrupción de cuatro 'presuntos' sinvergüenzas. Están enredando y confundiendo, como siempre", advierte Calvente, que asegura que durante su declaración ante el juez de Madrid le afeó al abogado de la formación política que había ido "a intoxicar el procedimiento".

Se ratifica en su denuncia ante el juez

Calvente compareció el pasado 29 de julio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid para ratificar la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil en Barcelona. Tras esta declaración, el juez acordó imputar a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val.

Asimismo, ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores. Podemos ha solicitado que se anule la declaración de Calvente, así como todas las diligencias que se habían acordado tras el testimonio y las imputaciones, debido a que el juzgado le había remitido sólo unos 40 minutos, y con mala calidad, de las casi tres horas que el exabogado de la formación estuvo declarando.

Además, este ha sido uno de los argumentos que ha servido al equipo jurídico del partido para presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la apertura de la causa. Tras insistir Podemos en varios escritos para poder acceder a toda la grabación de la comparecencia de Calvente, el juez finalmente ha ordenado que se le facilite un CD con la declaración íntegra del denunciante.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

Según informa Europa Press, el magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente. El juez ha citado a los tres a declarar el próximo 20 de noviembre.

Calvente explicó que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre. Irregularidades que, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

El exabogado de Podemos presentó denuncia en Barcelona por estos hechos y fue remitida después a los juzgados de Madrid por ser los competentes para investigar. El instructor citó al abogado para que se ratificara en una comparecencia que duró casi tres horas y media. Un día después, Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo. También requirió abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.

Podemos denuncia una "evidente indefensión"

A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado "los primeros 41 minutos y 52 segundos" de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media.

Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera "una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse".

El PP urge a Iglesias a aclarar "hoy mismo" si estaba al tanto de la financiación irregular de Podemos

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha emplazado al líder de Podemos a aclarar "hoy mismo" si "estaba al tanto" de la presunta financiación irregular de su partido, después de que el juez haya imputado a uno de sus estrechos colaboradores y al tesorero de la formación morada por la financiación del partido. A su entender, Iglesias está "acorralado" por los "escándalos" y debe "dar la cara".

"Lo que tiene que responder Pablo Iglesias es si sabía de esa financiación ilegal y para eso lo que tiene que hacer es no perder ni un minuto más, salir del escondite y atender a los medios de comunicación", ha manifestado Montesinos en una rueda de prensa en Málaga.

Vox amenaza: "Nos vemos en los tribunales y en las calles"

Vox ha afirmado este martes de que "el cerco se estrecha" sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, y ha subrayado su intención de mantener sus acciones de oposición "en el Congreso, en las calles y en los tribunales".

Vox, personado como acusación en la causa, señala las causas que acechan al líder de Podemos: "financiación ilegal, Caso Dina, conexiones con narcodictaduras...". Y avisa: "Vox no será sumiso ante los corruptos y los amigos de los separatistas y narcodictadores. Nos vemos en el Congreso, en las calles y en los tribunales".

Ciudadanos insta a Podemos a dejar la "chulería política"

El dirigente de Ciudadanos y líder del partido en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha pedido a los miembros de la dirección de Podemos que den explicaciones sobre su financiación y dejen la "chulería política", después de que varios cargos del partido hayan sido imputados por un juez.

Tras expresar el respeto de Cs hacia los procedimientos judiciales, Carrizosa ha dicho que sería "gravísimo" que un partido que forma parte del Gobierno de España "tuviera irregularidades en la gestión del dinero".

Ante esta situación, ha exigido "una explicación clara por parte de los máximos dirigentes de Podemos". En su opinión, cuando se vincula al partido con posibles irregularidades, "nunca dan explicaciones, nunca asumen responsabilidades, se creen por encima del bien y del mal y parece que llevan la capa de invulnerabilidad política".

También se han pronunciado, a través de mensajes en Twitter, otros cargos de Ciudadanos, como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha indicado que "la justicia nunca es una amenaza, es una garantía".

Los partidos políticos acumulaban mas de 183 millones en deudas al inicio de 2017 siendo el PSOE, el PP y el PNV las tres organizaciones más endeudadas, según el último informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre la contabilidad de las formaciones políticas, que también recoge que BNG, ICV, En Marea y UPyD presentaban ese año balances negativos, al igual que dos fundaciones próximas al PSOE.

En concreto, el Informe de Fiscalización de los Estados Contables de los partidos y las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos cifra en 180,47 millones de euros la deuda de los partidos con entidades de crédito, la mayoría de los cuales corresponden a hipotecas (92,55 millones).

Pero también tenían 40,30 millones en deudas con garantía no hipotecaria y debían 47,62 millones de naturaleza electoral. Y a esto hay que sumar las deudas con prestamistas particulares, que ascendieron a 3,13 millones, con lo que al cierre de aquel ejercicio la deuda total de las formaciones políticas representaba un 37,85% de su balance.

Las formaciones con mayor nivel de deuda eran el PSOE (70,11 millones, un 56% de su balance), el PP (36,21 millones, un 35%) y el PNV (17,59 millones, el 14%).

Justo detrás, aparecían el PSC (12,26 millones, 56,39%) Izquierda Unida (11,91 millones, 56,11%) , Iniciativa per Catalunya-Verds (11,62 millones, 117,32%), Convergència Democrática de Catalunya (11,26 millones, 74,17%), Ciudadanos (6,13 millones, 32,81%), el BNG (1,54 millones, 98,36%) y Podemos (1,29 millones, 7,88%), aunque, en su caso no tenía deudas bancarias sino únicamente con terceros.

ICV: Patrimonio neto de 2,56 millones

El informe del Tribunal de Cuentas también concluye que cuatro formaciones cerraron 2016 con un balance negativo en sus cuentas. Se trata de ICV, En Marea, el BNG y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

La que tenía una peor situación financiera era ICV, que ya presentaba desequilibrio patrimonial en ejercicios anteriores y que cerró 2016 con un patrimonio neto negativo de 2,56 millones.

En el caso de En Marea esta cifra llegaba a los 437.486,97 euros, el BNG sumaba un patrimonio neto negativo de 48.089,14 euros, mientras que el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ascendía a 12.537,47 euros, "incorporado al mismo el resultado negativo del ejercicio por importe de 195.100,72 euros".

Fundación Pablo Iglesias e ideas para el progreso

También registraban un balance negativo tres de las 49 fundaciones vinculadas a partidos políticos fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, destacando por su importancia cuantitativa la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, ambas cercanas al PSOE.

La Pablo Iglesias, que ahora preside el secretario de Coordinación Territorial y de las Relaciones entre el PSOE y el Gobierno, Santos Cerdán, contaba con un patrimonio neto negativo de 1,53 millones de euros. En 2017 había recibido aportaciones y donaciones por 357.550 euros y 623.240 euros en subvenciones.

De su lado, la ya extinta fundación Ideas para el Progreso, cerró 2016 con un balance negativo de 343.276,83 euros, sólo había recibido 2.000 euros de aportaciones y ninguna subvención.

El informe del fiscalizador también recoge un patrimonio neto negativo de 459.896 euros de la también ya inexistente Fundación Nafar Hedabideak, vinculada a Aralar, formación que se integró en EH Bildu.

Por su parte, la sociedad Fundación Elkartu, S.A., propiedad de Eusko Alkartasuna cerró aquel ejercicio con un negativo de 647.304,36 euros y ya entonces se entraba incursa en causa de disolución.

Los partidos declararon al Tribunal de Cuentas casi 400.000 euros como gasto electoral de las europeas, pero no lo eran

El Tribunal de Cuentas ha detectado que los partidos políticos hicieron pasar por gastos electorales de las europeas de 2019 casi 400.000 de euros que no eran tal y que, por lo tanto, decidió no tener en cuenta para el reparto de subvenciones electorales.

Así consta en el Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 recientemente aprobado por el órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle.

De hecho, el fiscalizador destaca este intento de colar como electorales gastos que no se no se corresponden con esa categoría como una de las "principales deficiencias" respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales. En concreto, el tribunal descontó a efectos de cómputo para las subvenciones 398.727 euros en total.

De las ocho formaciones analizadas, sólo una, Coalición por Europa Solidaria que integraban entre otras, PNV, CC, Compromiso por Galicia (CxG) y Geroa Bai, no incurrió en gastos irregulares.

Por contra, la que más dinero declaró, sin serlo, como gastos electorales fue Ciudadanos, con 104.800,49, cantidad a la que hay que añadir otros 26.817 euros que gastaron en asuntos expresamente prohibidos por la ley. En total 131.617,49 euros en "gastos irregulares".

Unidas Podemos Cambiar Europa también incurrió en esta práctica intentando hace pasar como gastos de los comicios 46.456 euros. Además, el tribunal registra como irregulares otros 9.690,89 euros de gastos consignados fuera de plazo, con lo que en total suman 56.147,15.

A la zaga le va Vox, con un total de 52.660,85 gastos irregulares: 19.725, 42 por tener justificación insuficiente o directamente no tenerla y 32.935,43 euros de naturaleza no electoral.

Recorte de la subvención a Junts

Por su parte, Lliures per Europa (coalición de Convergència, el PDeCAT y Junts per Catalunya) acumuló 49.553,35 gastos irregulares (556,17 euros de "gastos prohibidos expresamente por la ley" y 48.997,18 euros que no encajaban en la etiqueta de electorales). Asimismo, se han identificado gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia, por 14.753 euros.

Además, la coalición recibió aportaciones privadas no identificadas por 8.859,11 euros, por lo que el Tribunal ha pedido que se recorte su subvención electoral en 886 euros, el equivalente a un 10% del importe de los recursos utilizados en la campaña electoral cuya procedencia no haya quedado suficientemente acreditada.

Los gastos irregulares del PSOE ascendieron a 25.769,55 euros, los del PP a 8.256,53 y los de Ahora Repúblicas a 6.050 euros, en todos los casos correspondientes a gastos de naturaleza no electoral.

En total, las ocho formaciones cuya contabilidad para aquellos comicios ha analizado el tribunal declararon recursos por un total de 24,40 millones de euros, de los que un 33% procedía de endeudamiento bancario, un 36% de adelantos de subvenciones electorales, un 30% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.

Los gastos regulares que han sido considerados justificados, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, sumaron 26,11 millones de euros, de los que 12,85 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 13,26 millones al envío directo y personal de propaganda electoral.

Otros incumplimientos

Se reflejan, igualmente, en el informe otros incumplimientos legales en el proceso electoral tales como la existencia de fondos no ingresados en cuentas electorales, la concurrencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores y la realización de pagos una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas electorales.

En todo caso, el fiscalizador recuerda que el control que lleva a cabo en relación con los ingresos y gastos resultantes de los procesos electorales no finaliza con la fiscalización específica de las contabilidades electorales ya que la actividad económico-financiera derivada de aquellos queda integrada en las correspondientes cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos, que son objeto de fiscalización con carácter anual.

En este sentido, avisa de que, con ocasión de esta fiscalización de las contabilidades anuales, pueden deducirse responsabilidades generadas con motivo de procesos electorales respecto de ingresos y gastos que no hubieran sido declarados, en su momento, por la formación política, siendo exigibles dichas responsabilidades ante el órgano competente según su naturaleza: la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas o los órganos de la jurisdicción penal.

El PP quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice la financiación de los procesos de primarias que llevan a cabo determinados partidos políticos así como la fórmula de los microcrédidos y microdonaciones a las que han recurrido por ejemplo Unidas Podemos, el PSOE y Vox para sufragar parte de sus gastos electorales.

En concreto, el primer partido de la oposición ha formulado esta petición a través de una iniciativa dirigida a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que aún está pendiente de constitución como el resto de comisiones parlamentarias que funcionarán en la XIV Legislatura.

El Grupo Popular es partidario de impulsar propuestas legislativas para regular más detalladamente el acceso a esta vía de financiación y, mientras llegan, aspira a que el Tribunal de Cuentas empiece a controlar el uso que se ha venido haciendo de ellas.

También Fundaciones

Así, solicita que el órgano que preside María José de la Fuente realice una fiscalización integral sobre partidos políticos, sus fundaciones y demás entidades vinculadas "en relación con la financiación de los procesos internos de selección de dirigentes y de los integrantes de las candidaturas para los procesos electivos para las instituciones representativas del país".

La iniciativa, firmada por la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, recoge que en estos años se han ido introduciendo nuevas modalidades de acceso a puestos de responsabilidad en organizaciones políticas mediante procesos que "permiten incluso participar a quienes carecen de una previa relación con la organización".

El control de toda la actividad de las distintas formaciones políticas "exige conocer plenamente sus fuentes de financiación", incluyendo la más perfecta identificación de las entidades (como fundaciones) que han participado, directa o indirectamente, en dichos procesos internos, por razones de transparencia e igualdad de condiciones, señala el PP.

Los microcréditos y microdonaciones

Asimismo, los de Pablo Casado demandan que el Tribunal de Cuentas fiscalice los microcréditos y microdonaciones (crowdfunding) utilizados para "la financiación del desarrollo" de cualquier acción vinculada "con la actividad de los partidos políticos en los ejercicios 2016-2019".

Entre los partidos que han recurrido a este método para financiar parte de sus campañas electorales en distintos ámbitos en los últimos años están Unidas Podemos, el PSOE y Vox.

El inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago ha ofrecido dos versiones diferentes sobre su relación con policía política del PP (que algunos llaman policía patriótica), el grupo de agentes que en la etapa del conservador Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior habría tenido la misión de buscar información para perjudicar a sus rivales políticos. Las dos versiones están perfectamente documentadas: una de ellas se corresponde con su declaración, el pasado 5 de julio de 2017, ante la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior. Puede consultarse en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. La otra son los audios difundidos en los últimos días por moncloa.com y El Confidencial. Entre los argumentos del Fuentes Gago que habló en la Cámara Baja y los del Fuentes Gago de las grabaciones hay bastantes diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación al partido liderado por Pablo Iglesias.

No sólo se trata de versiones contradictorias. No todo queda ahí. Fuentes Gago pudo cometer delito en su declaración en el Congreso de los Diputados ante la citada comisión si se tiene en cuenta que los llamados a comparecer en estos órganos parlamentarios tienen la obligación de decir la verdad.

En este contexto, y ante las preguntas de la parlamentaria de Unidos Podemos Gloria Elizo dijo no saber "nada" de viajes para "investigar a Pablo Iglesias" o contactos con "testigos venezolanos". Palabras que chocan con los audios en los que puede escuchar cómo pide ayuda al exministro de Hugo Chávez Rafael Iseapara "que no lleguen los de Podemos" al Gobierno en España. Y lo hacía en el consulado español en Nueva York.

Los convocados a comparecer en una comisión de investigación en las Cortes no sólo tienen la obligación de hacer acto de presencia cuando son llamados, también tienen la de decir la verdad. De lo contrario, se enfrentan a multas o, en el peor de los casos, penas de prisión.

Prisión o multa

Así figura en el Código Penal, que en su artículo 502.3 señala lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

Este diario ha intentado, sin éxito, obtener una explicación de estos episodios y del cambio de versión por parte de su protagonista. 

Fuentes Gago está imputado en la operación Kitchen, una de las piezas derivadas del caso Villarejo caso Villarejoen la que se investigan la maniobras de la policía política para frenar la investigación sobre los escándalos de corrupción que afectan al PP. Esto ocurrió entre los años 2013 y 2014 y habría sido sufragado con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior.

"Hoy aparece una noticia en prensa —permítame que me salga del hilo de estas preguntas— que señala que usted viajó, para investigar un asunto, con el señor Xavier Trias a Suiza. También nos consta —y esta vez, insisto, por informaciones en prensa— que también ha habido diferentes viajes con el fin de investigar a Pablo Iglesias; de hecho hubo contactos con testigos venezolanos, viajó algún policía a Miami, también viajó el señor Villarejo a Venezuela, ¿usted sabe algo de esto?", fue la pregunta concreta que le hizo la diputada Elizo. La respuesta del inspector fue contundente: "Nada".

El exministro venezolano Isea ha reconocido a La Sexta que viajó a Nueva York "en marzo o en abril de 2016" y que allí se reunió con tres personas en el consulado de España.

"Fuentes Gago se dirige a mí y me dice: ‘Yo soy alto funcionario de Interior y esto tiene el más alto respaldo de Gobierno español, esto solo va a ser supervisado por un juez, y podemos tratar con él la condición de testigo protegido. Sabemos su situación de persecución y nosotros podemos ayudarle con pasaporte español, nacionalidad y salir del país porque están perseguidos'", aseguró.

El excolaborador de Hugo Chávez hizo una declaración sobre el pago a CEPS de 7,1 millones de dólares. Algunos de los fundadores de Podemos pertenecían a dicha fundación. Pero los supuestos pagos a CEPS de los que hablaba Isea se produjeron por "los servicios prestados" entre 2008 y 2011, años antes de la constitución de Podemos en enero de 2014.

Informe PISA

En la misma comisión parlamentaria, a respuesta de otros diputados, Fuentes Gago destacó que no sabía que se estaba elaborando el Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre las finanzas del partido.

"Yo con el informe PISA no tengo nada que ver", respondió al diputado Mikel Legarda Uriarte (PNV). 

"No he escrito una palabra en Word, nada. No he tenido ninguna información para la confección de ese informe. Nada. Estos son informaciones, como usted ha dicho, de fuentes abiertas porque aquí cada uno puede escribir lo que quiera, pero yo no tengo nada que ver. Nada es nada. Lo quiero dejar claro y cualquiera que diga que yo tengo algo que ver con eso, que lo demuestre", insistió.

Fuentes fiscales citadas por el diario El País aseguran que este inspector jefe acudió junto a otro policía a la Audiencia Nacional precisamente con ese documento. No se abrieron diligencias al carecer de fundamento. Si se confirma la versión ofrecida por las fuentes fiscales, sería otra mentira de Fuentes Gago.

¿Contactos con Rajoy, Fernández Díaz o Santamaría?

En otros de los audios difundidos por moncloa.com , Fuentes Gago, por aquellas fechas agregado en la Embajada de Países Bajos, asegura actuar siguiendo las órdenes de Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy.

En la misma conversación con Isea en Nueva York, el inspector jefe asegura haber "hablado con el ministro del Interior español". "Y el ministro del Interior español habló con el presidente [del Gobierno, Mariano Rajoy] español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida. O la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos", puede escucharse en la grabación.

Esta versión chirría con lo que quedó registrado en el Congreso de los Diputados en julio de 2017 en el marco de la Comisión sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior. 

En el turno del diputado Sergi Miquel i Valentí (PDeCAT), el parlamentario se interesó por una serie de nombres. La pregunta era la misma en todos los casos: "¿Durante el ejercicio de algunas de sus funciones tuvo usted alguna reunión con...?". Dijo que "nunca" con la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Que "nunca" con Jorge Moragas, exdirector de Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Y que "nunca" con el entonces presidente, Mariano Rajoy.

De Jorge Fernández Díaz dijo lo siguiente: "Con el ministro no me reunía para nada. Nos saludábamos en los actos públicos donde estábamos, pero en reunión, no".

Legarda (PNV) también le preguntó por el ya exministro del Interior. "¿Usted tenía una relación fluida con el señor ministro?", le cuestionó. "Yo ni tenía ni tengo ninguna relación con el señor ministro", fue su respuesta.

Podemos ha logrado reunir hasta este martes más de un millón de euros a través de microcréditos, pequeños préstamos de ciudadanos con los que la formación morada pretende financiar los gastos de la campaña electoral para las generales del 28 de abril, según informa Europa Press.

La formación morada arrancó el miércoles 6 de marzo este proceso para financiar la campaña, un sistema al que ya han recurrido para costear los gastos en anteriores comicios en los que han participado. Para los de Iglesias, y según explican en su portal web, esta forma de captar fondos les permite ganar en independencia (al no depender de créditos de la banca), supone una apuesta por la innovación con la que logran ampliar la base de donantes, y son transparentes puesto que, aseguran, publican las cuentas en la web.

Desde la formación creen en esta forma de recaudación, y por este motivo presentaron la semana pasada una medida por la que quieren que se prohíba por ley que los partidos políticos puedan financiar sus campañas electorales con créditos de los bancos. La formación buscaría así extender su sistema de financiación, basado en el crowdfunding, al resto de partidos.

Según explican en el portal de Podemos, el sistema consiste en que las personas que lo deseen hacen una transferencia a la cuenta corriente del partido, y tras las elecciones, una vez que el partido reciba las subvención estatal que les corresponde por el número de votos, la formación se compromete a devolver el dinero que les hayan prestado.

Se subvenciona con 0,81 euros para cada voto obtenido por cada candidatura al Congreso, siempre que al menos uno de sus miembros obtenga escaño de diputado. En el caso del Senado, la subvención será de 0,32 euros por cada voto obtenido por cada candidato que obtenga escaño de senador.

Comicios anteriores 

La formación morada ya utilizó el sistema de microcréditos tanto en las elecciones generales de diciembre de 2015, como en las de junio de 2016. En las primeras, recaudaron un total de 2,8 millones de euros a través de 12.000 aportaciones de simpatizantes, y completaron la devolución de ese montante en noviembre de 2016. Para la repetición de las elecciones de junio de 2016 recaudaron menos de la mitad, un total de 1,2 millones de euros, y esa cantidad fue devuelta a principios de 2017, una vez que recibieron la subvención electoral.

El sistema usado por Podemos, y que otras formaciones como Vox también utilizan, fue objeto de estudio en la comisión creada en el Senado para investigar la financiación de los partidos políticos. En este órgano parlamentario, impulsado por el PP, compareció el responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, Daniel de Frutos, y ya entonces, el portavoz de los populares (Luis Aznar) calificó los microcréditos de fórmula de financiación ilegal.

El Tribunal de Cuentas, que audita las campañas de los partidos políticos, señaló tanto en 2016 como en 2017 que era necesaria una mayor regulación legal de las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos, el sistema que utiliza Podemos para financiar sus campañas electorales.

¿Financió Libertas, una organización aliada del extremismo y euroescéptica creada por un multimillonario irlandés, la creación de Ciudadanos con siete millones de euros? Esto es exactamente lo que afirmó este martes Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente español que gobernó los primeros años de la Transición y flamante número dos de la candidatura del PP por Madrid, la misma que lidera Pablo Casado. Una afirmación que fuentes del partido de Albert Rivera consultadas por infoLibre tachan de “absolutamente falsa”.

La acusación de Suárez, lanzada en un programa de televisión de gran audiencia —Espejo Público, que dirige y presenta en Antena 3 la periodista Susana Griso—, coincide con una escalada en el toma y daca de precampaña entre el PP y Ciudadanos, a quienes las encuestas sitúan en la lucha por un espacio político muy parecido. El propio Casado acusó este martes a Cs de querer pactar con el PSOE después de las elecciones.

El número dos del PP por Madrid explicó en la citada entrevista que en 2003, inmediatamente después de renunciar a su acta como diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, tras perder las elecciones frente al socialista José Bono, le “ofrecieron siete millones de euros” a cambio de “atacar al PP y formar, digamos, una alternativa al PP”. La oferta le llegó “de la mano de Libertas”, aseguró en referencia al multimillonario irlandés Declan Ganley, que más tarde formaría un grupo de presión con ese nombre para extender por todo el continente su posición contraria al Tratado de Lisboa. En 2003 el PP gobernaba España con mayoría absoluta y José María Aznar era el presidente del Gobierno.

Suárez asegura que rechazó la oferta porque, siendo conocedor de lo que su padre pasó con la descomposición de UCD, no tenía intención de hacer daño al PP. “Yo, que vengo con el trauma de la UCD de mi casa, no me voy a cargar un partido que merece la pena, un partido que ha hecho cosas grandes por España”. Así que “me negué”. “Luego”, “resulta que esa financiación de Libertas la aceptó el señor Rivera para formar ese partido”, en referencia a Ciudadanos.

“Ni te lo planteas”

La formación naranja nació en 2006 en Barcelona a partir de una plataforma creada el 7 de junio de 2005. La relación de Ciudadanos con Libertas no salió a la luz hasta las elecciones europeas de 2009, tres años después de la fundación del partido, cuando Rivera pactó con la marca del mulmillonario irlandés una coalición liderada por el abogado Miguel Durán, ex presidente de la ONCE y de Telecinco. El dinero fue decisivo. En aquel momento, como reconoció en su día Rivera, la situación económica de Cs era muy complicada. “Cuando se pone sobre la mesa esa cantidad de dinero te lo planteas”, afirmó en declaraciones a El Mundo, que cifraba entre dos y tres millones la aportación de Ganley a la caja naranaja. “Es uno de los parámetros que hemos tenido en cuenta”, admitía entonces Rivera.

Libertas era una organización conservadora creada por el empresario irlandés Declan Ganley con el objetivo de luchar contra el Tratado de Lisboa, al que se opuso con éxito en el referéndum que su país celebró en el año 2008. Pero el rastro de las posiciones políticas de Ganley se remonta a 2003, el año en el que Suárez asegura que le ofrecieron los siete millones que según él aceptó después Rivera. No obstante,  su organización no tomó forma hasta la consulta irlandesa, cuando se presentó como grupo de presión.

Fue a partir de la derrota del tratado en ese referéndum cuando Ganley concibió la idea de financiar un partido paneuropeo, Libertas, desde el que combatir el rumbo que había empezado a tomar el proceso de construcción europea.

Los partidos coaligados en torno a Libertas en aquella elecciones europeas eran muy heterogéneos y en su mayor parte sólo tenía en común su posición crítica con la Unión Europea. No obstante, entre ellos había un notable peso de formaciones de centro derecha, algunos de ellos en la órbita euroescéptica. Ganley, que según las crónicas amasó su fortuna importando aluminio soviético y dedicado a negocios de construcción en Albania, definía los valores de su partido de forma muy escueta: “La dignidad del individuo, el respeto por la familia, la libertad y la vida”.

El perfil claramente conservador de Libertas desató una crisis interna en Ciudadanos que motivó el abandono de dos de sus tres diputados en el Parlament de Cataluña, la única representación que tenían en aquellos momentos. Albert Rivera se quedó solo en la asamblea catalana después de que dejaran el partido el hasta entonces secretario general, Antonio Robles, y el también miembro de la dirección José Domingo. Ambos criticaban la decisión de acudir a las elecciones europeas en una coalición “con aromas de la extrema derecha”, antieuropea y antiabortista, sin abrir antes un debate interno y democrático en el partido.

Aquella operación acabó en un estrepitoso fracaso. La coalición Libertas-Ciudadanos ni siquiera alcanzó 23.000 votos en toda España.

Que Ciudadanos fue creado con dinero de un multimillonario extranjero par competir con el PP fue la acusación más grave que Suárez lanzó contra el líder naranja, pero no la única, También reprochó a Rivera haber intentado utilizar la figura de su padre, al que en numerosas ocasiones se ha referido para reivindicar el valor del centro político. “Habla mucho de Suárez pero actúa muy poco como él”, criticó. “A Rivera le he dicho que es más un Felipe González que un Adolfo Suárez”, concluyó.

En unas conversaciones difundidas por la emisora se escucha como dos miembros de Vox en Castilla y Léon alaban la implicación del portavoz de la Fundación Franco ya que, dicen, tiene línea directa con la cúpula de Madrid y se reúne a menudo con Santiago Abascal. En esas mismas conversaciones reconocen que muchos de los “nuevos afiliados vienen del palo de Franco o Fuerza Nueva… Y esto es Vox”.

Por el momento, y preguntado sobre este asunto, Jaime Alonso no ha confirmado ni desmentido las transacciones económicas: “Yo ni afirmo ni niego. Yo eso se lo doy a Hacienda y Hacienda es la única que puede saber lo que yo hago con mis cuentas […] creo que tengo derecho a que nadie sepa en qué me gasto mi dinero en mi vida privada”, ha respondido a la Ser.

Las sombras alrededor del partido de extrema derecha Vox no dejan de aumentar. Este martes, con las elecciones generales, autonómicas y europeas a la vuelta de la esquina, varios exresponsables provinciales de la formación que dirige Santiago Abascal han denunciado en declaraciones a la Cadena SER que desde la cúpula del partido se les aleccionó para camuflar a través de intermediarios las donaciones que empresarios quisieran hacer a Vox. El objetivo principal del sistema ideado era evitar que las identidades de todos ellos pudieran trascender. Aunque por el momento no se ha hecho público ningún documento que acredite dichas acusaciones, las declaraciones realizadas por estos antiguos miembros del partido vuelven a sembrar dudas sobre la financiación de la formación de extrema derecha, muy cuestionada en los últimos meses por las donaciones de origen iraní, y abren otro nuevo frente, uno más, para un partido que se resiste a aclarar, entre otras cosas, algunas cuestiones relacionadas con la trama empresarial vinculada al alquiler de su nueva sede central.

Los tres exdirigentes coinciden en señalar al actual vicepresidente primero de Vox, Víctor González Coello de Portugal, como la persona que se encargó de trasladarles las directrices. “Se dirigió a los presentes [de unas jornadas de coordinación de la formación] indicándonos que debíamos ofrecer a los empresarios que quisiesen donar dinero una vía indirecta para hacerlo sin que su identidad se viese expuesta: utilizar testaferros, parientes o amigos”, ha señalado a la emisora de radio el ex vicepresidente de Vox en Badajoz Carlos Aurelio Caldito. “Formas de camuflaje”, siempre según su declaración, para vencer las “reticencias” de “empresarios locales, profesionales liberales o autónomos” que pudieran estar “receptivos” para efectuar donaciones a la formación. Con esta técnica, el partido ultraderechista habría tratado de sortear los “temores” que todos estos donantes pudieran tener “a la hora de que alguien pudiera conocer sus simpatías políticas” y eso pudiera afectar negativamente a “sus perspectivas de negocio”.

La misma versión de los hechos han relatado el expresidente provincial de Vox en Toledo Daniel Molina y un tercer ex alto cargo que sigue vinculado a la formación y que ha preferido mantenerse en el anonimato. “Se nos dijo que (…) los directores del Comité Ejecutivo Provincial cogiésemos el dinero de los empresarios y lo dividiéramos entre gente de confianza y lo metiésemos en el partido”, ha señalado Molina, que incluso ha narrado cómo un constructor le dio un sobre de 15.000 euros y le dijo que ya sabría cómo meterlo en las arcas de Vox. Las primeras directrices sobre el sistema de camuflaje, según los testimonios, se remontan a diciembre de 2017. Durante ese ejercicio, el último del que se tienen datos oficiales, la formación ingresó por la vía de las donaciones y legados 189.763 euros. Desde el partido ya han anunciado que no harán ninguna valoración sobre las informaciones. Y han reducido la noticia a “declaraciones de personas rebotadas” realizadas sin “pruebas que señalen alguna irregularidad”.

Donaciones iraníes y mentiras

A pesar de ello, las declaraciones de estos ex altos cargos de la formación que preside Abascal agrandan la sombra de duda que en los últimos meses se ha ido extendiendo alrededor de la financiación de Vox. Sobre todo, después de conocerse que la formación ultraderechista recibió durante sus primeros meses de vida 971.980 euros en donativos procedentes de simpatizantes del denominado Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), un colectivo que a día de hoy se define como un “parlamento en el exilio” que busca establecer “una república democrática” en Teherán pero que tiene su origen en una organización que tanto la Unión Europea como Estados Unidos incluyeron en su momento en la lista de grupos terroristas. Con esos fondos, el partido que entonces lideraba el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras costeó tanto sus gastos habituales –desde los salarios de los trabajadores al alquiler de la sede– como los derivados de la campaña electoral para los comicios al Parlamento Europeo de 2014.

Estas cantidades se ingresaron en las arcas de Vox a través de 141 transferencias. La cantidad mínima aportada por los simpatizantes del CNRI fue de 60 euros, mientras que la máxima ascendió a los 35.560 euros –el límite anual establecido entonces por la Ley de Financiación de Partidos era de 100.000 euros–. Todos estos fondos procedentes de un millar de personas diferentes, según explicó en su momento a infoLibre Vidal-Quadras, llegaron a través de intermediarios, lo que impide conocer la identidad de todos los donantes reales. “Por poner un ejemplo, si en el séptimo distrito de París hay 2.000 iraníes que quieren un cambio democrático, entonces uno de ellos hace un poco la recolecta. Uno, por ejemplo, da mil euros, otro cincuenta, otro veinte, y entonces este recolector es el que enviaba el dinero con su nombre”, explicó el que fuera presidente de Vox, que en más de una ocasión ha asegurado que Abascal tenía conocimiento del apoyo económico de los opositores iraníes y que “le parecía bien”.

A diferencia de lo que ha sucedido con las declaraciones de los exresponsables provinciales, en aquella ocasión el partido ultraderechista intentó atajar la crisis. Y, en lugar de la cada vez más habitual callada por respuesta, algunos dirigentes de la formación decidieron recurrir a la mentira. Así, mientras que Abascal insistía en que la financiación era “absolutamente legal”, su número dos, Javier Ortega Smith, aseguraba que se había remitido toda la documentación al Tribunal de Cuentas y que éste había dicho que los donativos “habían sido legales, totalmente transparentes”. Una afirmación que tardó pocas horas en ser desmentida por el órgano fiscalizador: “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”. Unos comicios en los que Ortega Smith fue el encargado de designar ante la Junta Electoral Central (JEC) a la persona que gestionó la contabilidad del partido para la cita con las urnas europeas.

De Luxemburgo al chiringuito de Abascalchiringuito

El crecimiento exponencial de la formación dirigida por Santiago Abascal en el último año ha obligado a Vox a mudarse a una nueva sede central en el distrito madrileño de Chamberí. Y es, en este asunto, donde han vuelto a surgir otras tantas incógnitas que el partido político continúa sin aclarar. El local, de 387 metros cuadrados y sito en la calle Nicasio Gallego, es propiedad desde el pasado mes de septiembre de la empresa inmobiliaria Covarest SL, directamente vinculada al vicepresidente González Coello de Portugal. Sin embargo, esta sociedad es a su vez propiedad en un 99,97% de Fincora Group Sárl, una firma afincada en Luxemburgo, tal y como publicó el pasado mes de enero este diario. Es decir, que los 42.000 euros anuales que le costará a la formación de extrema derecha el alquiler de su sede central –según los datos que dio en su momento el gerente de Vox– acabarán en una empresa matriz radicada en el Gran Ducado, que funciona como un verdadero paraíso fiscal en pleno corazón de la Unión Europea.

Tanto el partido de extrema derecha como su vicepresidente primero rechazan aclarar los motivos de una operación que implica, en la práctica, el trasvase de fondos fuera de las fronteras españolas. Tampoco quieren pronunciarse sobre una segunda empresa del sector inmobiliario de la que también ha sido apoderado González Coello de Portugal, al que la Audiencia de León condenó en 2015 a tres años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos” por “irregularidades contables relevantes” en la gestión de una de sus compañías –fallo que confirmó el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre–. Energreen Capital SL, que posee una cartera inmobiliaria valorada en casi 20 millones de euros, es propiedad de la sociedad Certus Energy Group, creada en Bahamas hace una década y cuya sede se encuentra en la actualidad en Luxemburgo, según los datos del Registro Mercantil del Gran Ducado a 31 de diciembre de 2017 obtenidos por infoLibre.

La formación de extrema derecha también recurre a la callada por respuesta cuando se le pregunta por la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, el chiringuito público en el que el Gobierno de Ignacio González colocó en abril de 2013 a Santiago Abascal con un sueldo de 82.491 euros anuales brutos. Durante su época al frente de la entidad, que bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre gastó un millón de euros en “8.500 encuestas” sociales de las que apenas hay información, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social no cumplió con ninguno de los objetivos que se había marcado para su último ejercicio de vida –en diciembre de 2013 se acordó su disolución–. De hecho, la opacidad con la que funcionó la entidad fue total. Hace apenas unos meses, un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid reveló que la fundación ni siquiera rendía cuentas ante el organismo fiscalizador: “Dada la insuficiencia de datos aportados no se ha podido examinar la fiabilidad de las cuentas durante el periodo en que la referida fundación se encontraba en activo”.

La cúpula de Vox ideó un sistema opaco de financiación orientado a ocultar el nombre de los empresarios donantes utilizando testaferros. Según informa este martes la Cadena Ser, en una reunión en diciembre de 2017, la dirección del partido de Santiago Abascal aleccionó a varios representantes locales sobre cómo debían encauzar las donaciones de empresarios para evitar que su nombre se hiciera público.

En esa reunión, según dirigentes provinciales de Vox consultados por la cadena, el vicepresidente primero de la formación ultra, Víctor González Coello de Portugal, se dirigió a ellos para explicarles un mecanismo consistente en que los empresarios donantes les otorgasen su aportación y que fueran los propios miembros de Vox quienes lo repartiesen entre testaferros —familiares o amigos de los miembros de Vox— para que fueran éstos quienes hiciesen la donación. Con este método se evita que el nombre del empresario aparezca reflejado.

Tal y como informa la cadena, el expresidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Molina, recibió un sobre con 15.000 euros de un empresario: "Un constructor me ofreció un sobre y me dijo que ya sabría yo como meterlo". Molina denunció el movimiento ante la Vicepresidencia provincial y tras hacerlo, dice Molina, desde Madrid la Dirección suspendió toda comunicación con él y unos meses después fue destituido.

infoLibre publica un extracto de Desprivatizar los partidos, obra de José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro. Los autores analizan de un modo aséptico y casi inmisericorde los orígenes, la constitución, la regulación y el funcionamiento de los partidos políticos, instituciones que están a medio camino entre lo público y lo privado y que son la pieza clave de la salud democrática de un país. El libro está publicado por la editorial Gedisa.

______________Rasgos patológicos. Oligarquización y ocupación de los espacios institucionales______________Rasgos patológicos. 

Oligarquización y ocupación de los espacios institucionales

Como defendíamos al inicio de estas páginas, ante el incremento del nivel de competencia (en ocasiones hasta la hostilidad) y de complejidad de la actividad política, los partidos, como cualquier organización, reaccionan intentado reducir su pluralidad interna, tendencialmente a costa de los procesos deliberativos internos, y concentrando sus procesos de decisión en grupos cada vez más reducidos en torno al líder, un proceso ampliamente conocido por la sociología de las organizaciones y bien descrito desde el célebre trabajo de Michels sobre la ley de hierro de las oligarquías.

Pero la competencia no sólo se reduce internamente. Los partidos, y de forma especialmente visible en el caso español, hacen frente a la creciente complejidad política, expandiéndose por las instituciones, ocupando cada vez más espacios de poder teóricamente ajenos a ellos. Mientras que la pluralidad y la capacidad de integrar nuevas demandas sociales se sacrifican en nombre de la unidad y de la eficacia electoral gracias a la oligarquización, los partidos intentan reducir las fuentes de conflicto ocupando cada vez más espacios sociales, muchos de ellos destinados precisamente a servir de control a sus propias actividades. En uno y en otro caso aparecen rasgos patológicos, no ya de las formaciones políticas sino de nuestras propias democracias. Se reduce la expresión de pluralidad, se reduce el control democrático interno (1)  y no hay incrementos de teórica «eficacia» que justifiquen tal empobrecimiento, como demuestran la acumulación de casos de corrupción fruto de la inexistencia de sistemas de control, o la explosión de indignación contra el funcionamiento de las instituciones fruto de una crisis, en su origen financiera, pero que el sistema político no supo ni anticipar ni encauzar.

Concentración de poder y "espectacularización" de la política

Como venimos defendiendo, los partidos son seres vivos, que sensibles al ambiente y su complejidad, se adaptan y evolucionan. Precisamente, la capacidad de autoorganización de los partidos genera una casuística inabarcable en términos de identificación de sus procesos evolutivos, pero no es difícil detectar algunas tendencias comunes a los partidos europeos.

Encuadrar, seleccionar líderes. La formación de las élites políticas en los partidosLaformacióndelasélitespolíticasenlospartidos

Desde un punto de vista formal, un partido es una estructura jerárquica compuesta por secciones locales o sectoriales (de centro de trabajo, profesionales, aficiones, etc., estas fórmulas organizativas están ensayándose en las más recientes organizaciones políticas: Podemos y la Asamblea Nacional Catalana, aunque tienen su antecedentes en las células de los partidos comunistas) (4)  en las que se encuadran los afiliados, que a su vez eligen comités locales y delegados a congresos provinciales o regionales; en estos congresos se eligen direcciones regionales y delegados a congresos nacionales, en los que se elige la dirección nacional, y en paralelo, en todos los niveles, se eligen parlamentos internos destinados a controlar la gestión de las ejecutivas. Estos parlamentos internos son una versión reducida de los congresos, una especie de comisión permanente.

Los partidos ofrecen el aspecto de un organigrama piramidal que se despliega desde los congresos nacionales hasta las secciones locales en distritos de las grandes ciudades o pueblos. Este modelo organizativo es un vestigio de los partidos de masas, pero ningún partido ha podido renunciar a tener afiliados y a una organización que sirva como filtro para captar y seleccionar a sus cuadros, ni a congresos que marquen a grandes rasgos su línea política e ideológica y sirvan para proyectarla a través de los medios de comunicación (Forza Italia, de Berlusconi, podría considerarse una excepción). Pese a su permanencia, este modelo organizativo es cada vez menos atractivo y casi todos los partidos europeos pierden afiliados: los alemanes CDU y SPD han pasado de más de un millón de afiliados en los años 1980 a apenas medio millón; en Gran Bretaña, el Partido Conservador tiene 177.000; los laboristas, 194.000 afiliados directos; los liberal-demócratas apenas 50.000, cifras todas ellas que reflejan considerables caídas en las últimas décadas; la UMF, ahora Los Republicanos, tiene 280.000 y el PSF unos 175.000. Estas cifras muestran fuertes contracciones en el número de afiliados. En España participaron en las elecciones internas para secretario general del PSOE de 2017 unos 145.000 afiliados y en las del PP de 2018 unos 65.000. En síntesis, poco más que sus cargos públicos y allegados.

Dentro de estas organizaciones se desarrollan funciones «administrativas» de mantenimiento de la organización: asambleas de afiliados, reuniones de los órganos del partido, reuniones informales de corrientes internas, mantenimiento de ficheros, etc. Las organizaciones partidarias son máquinas de producir reuniones en las que se superponen comités, asambleas y reuniones informales, reuniones decisivas restringidas (para hacer listas o decidir liderazgos) y otras más o menos periódicas e informales en las que se van decantando poco a poco liderazgos y confianzas personales.

Los partidos son, desde esta perspectiva, estructuras pensadas para mantener la tensión interna y filtrar individuos que van integrándose como cuadros en la organización con el patrocinio de los grupos (tendencias) internos. Sin grupos no se entiende la mecánica de los partidos, basada en redes clientelares más o menos explícitas. Esta función de filtro se desarrolla de dos maneras: la formal, a través de elecciones internas, y la informal, a través de contactos personales (que suelen derivar en nombramientos de algún tipo en alguna administración o entidad satélite).

En todos los partidos se desarrolla una pugna incesante, que se reproduce en todas las entidades y organizaciones sociales, aunque con menor tensión. ¿Cómo explicarlo sencillamente? Tomemos un ejemplo, las peñas de seguidores de clubes de fútbol: «Llega el momento en que se constituye oficialmente (la peña, o lo que podría ser la sección local de un partido), “y ahora, qué hacemos”. Resulta que no hay que hacer nada: seguir tomando cerveza, seguir viajando en autobús, seguir criticando (a la directiva, los jugadores, entrenador o árbitros, etc.). Lo primero, elegir la directiva. Algunos, pocos, van a ella a la fuerza, mas siempre hay a quien le gusta ser directivo, aunque sea de la Peña… Y siempre hay alguien a quien le molesta […] que nombren a otro. Resultado, en cuanto hay directiva, hay oposición, hay dos polos». (5) Esta lógica simple y casi aleatoria subyace a toda sección local de un partido: la oposición entre un «aparato», entendido como difuso conjunto de quienes ocupan cargos y están interesados en mantenerlos, y la «oposición» que aspira a conseguir el apoyo de la mayoría de los afiliados para ocupar esos cargos. Aliméntese este simple esquema con diferencias ideológicas y aspiraciones a cargos internos o públicos (retribuidos) y se tendrá la célula básica de un partido. Este trajín es incesante y es el proceso selectivo permanente de los partidos, en paralelo a la cooptación a través de contactos personales que suele derivar en nombramientos de funcionarios en las Administraciones o inclusiones, desde arriba, en las candidaturas. La vida de los partidos es esto, más las reuniones de las directivas y de los cargos públicos en cumplimiento de sus obligaciones «oficiales».

En el vértice (nacional, regional o local) de estas organizaciones están las ejecutivas, normalmente compuestas por entre veinte y cincuenta individuos, dependiendo de la concentración de poder en quienes las dirijan o de los compromisos necesarios para garantizar su elección en un congreso o asamblea. Entre sus miembros los hay de muy distinto peso. El presidente o secretario general y tres o cuatro ejecutivos concentran el poder, ya que suelen ser dirigentes de tendencias internas o los líderes electorales del partido. A su alrededor circulan otros ejecutivos de menor peso real y, a veces, otro círculo minoritario que colabora y a la vez se ofrece como alternativa a quienes dirigen la ejecutiva. Toda ejecutiva lleva en su seno la simiente de su división. El resto de sus integrantes son intercambiables, aunque por el hecho de estar allí suelen entrar en listas electorales, lo que les da una permanencia en la política que puede hacer que accedan a puestos de poder o se queden al margen, depende de lo aleatorio de la política y de la vida.

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El bloque afín al PP en el Tribunal de Cuentas hizo valer este jueves su mayoría para aprobar una propuesta de la presidenta, María José de la Fuente, que da marcha atrás en la política de control total sobre las finanzas de los partidos.

En diciembre el tribunal había acordado un nuevo Plan de Contabilidad que cursaba instrucciones expresas a los partidos para que incluyeran en sus cuentas anuales las subvenciones la actividad de sus grupos parlamentarios. Ahora, y apenas dos meses después de que ese plan entrase en vigor el 1 de enero, el máximo organismo fiscalizador del país se enmienda a sí mismo bajo el argumento de que la Ley de Financiación de Partidos no obliga a las formaciones políticas a rendir cuentas del dinero que manejan sus grupos. 

La propuesta de María José de la Fuente, que la elevó no en su calidad de presidenta del tribunal sino de consejera del área de fiscalización de partidos, obtuvo además de su propio voto el de los otros seis consejeros elegidos a propuesta del PP, así como el del fiscal jefe de la institución encargada de velar por la limpieza del gasto público.

Aunque, amparándose en el carácter secreto de las deliberaciones, fuentes oficiales del tribunal declinaron este jueves ofrecer explicaciones sobre el retroceso en la que hasta ahora venían siendo sus tesis en la materia, otros interlocutores explicaron a infoLibre que la propuesta llegó a la mesa con la única firma de María José de la Fuente. Es decir, sin el apoyo de la otra consejera del área de fiscalización de partidos, Dolores Genaro. Este viernes, el alto tribunal emitió un comunicado [leer abajo] en el que da cuenta del acuerdo.

Miembro del bloque progresista al que se adscriben cuatro consejeros, Genaro defendió una posición diametralmente opuesta a la de De la Fuente. Aunque este periódico no ha logrado contactar con ella, fuentes conocedoras de lo sucedido recalca que Genaro puso el acento en cómo los grupos parlamentarios manejan fondos muy elevados de origen público. Y en que hurtar el conocimiento sobre el uso de esos fondos al trámite de fiscalización impide en la práctica que el tribunal pueda forjarse una imagen fiel y global la maquinaria financiera de cada partidos. 

Solo en 2018 el presupuesto del Congreso para subvenciones a los grupos parlamentarios ascendió a 9,54 millones. Y el Senado reserva para cada grupo un fijo mensual de 15.200 euros más un variable de 1.900 euros por cada senador sujeto a su disciplina.

De la Fuente sustentó su propuesta en que la Ley de Financiación de Partidos no obliga a incluir las cuentas de los grupos parlamentarios en el consolidado global de las respectivas formaciones. En efecto, la ley no impone esa consolidación contable. Pero tampoco la prohíbe. Ese vacío es el que hasta ahora había tenido en cuenta el tribunal para, en uso de sus atribuciones, aplicar una normativa contable favorable a la consolidación total. El cénit llegó en diciembre con la aprobación del nuevo Plan de Contabilidad. 

Algunos de los consultados por este periódico aseguraron que el PSOE ha recibido con gran malestar el paso atrás del Tribunal de Cuentas.

Hace un año, Ciudadanos presentó una proposición para introducir en la Ley de Financiación la obligatoriedad de incluir en las cuentas anuales de los partidos todos los números de sus grupos parlamentarios. La proposición no salió adelante. Fuentes de la formación naranja aseguran que todas las iniciativas parlamentarias planteadas en esa dirección cayeron por el rechazo del PP.   

La presidenta del Tribunal de Cuentas, la conservadora María José de la Fuente, propondrá este jueves al máximo organismo fiscalizador del país un cambio en la normativa contable que, de prosperar, dificultaría en la práctica el objetivo de control exhaustivo y completo de las finanzas de los partidos políticos.

Distintas fuentes del tribunal han confirmado a infoLibre el contenido de la modificación que propugna De la Fuente, consejera a propuesta del PP y presidenta de la institución desde julio de 2018: que, en contra de lo aprobado por el propio pleno del Tribunal de Cuentas en diciembre, se aclare que los fondos y actividades de los grupos parlamentarios no tienen forzosamente que figurar en las cuentas consolidadas a cuya presentación vienen obligados los partidos cada año. Las cuentas consolidadas son aquellas que, al ofrecer datos tanto de la estructura troncal de cualquier organización como de todas sus ramas, permiten obtener una visión de conjunto íntegra y fiable.

Lo que acordó el organismo fiscalizador el 20 de diciembre fue un nuevo Plan de Contabilidad para formaciones políticas y que entró en vigor el 1 de enero. Ese plan "considera necesario" incorporar la información de cuánto, cuándo, en qué y cómo gastan el dinero público los grupos parlamentarios. Y bajo tal premisa dedica a ese aspecto un punto específico del capítulo sobre las "Normas de elaboración de las cuentas anuales".

A efectos contables, los grupos parlamentarios se sitúan en la periferia. Pero manejan cuantiosos fondos públicos. Por ejemplo, solo en 2018 el presupuesto del Congreso para subvenciones a los grupos parlamentarios ascendió a 9,54 millones. Y el Senado reserva para cada grupo un fijo mensual de 15.200 euros más un variable de 1.900 euros por cada senador sujeto a su disciplina. Fiscalizar el uso de todas esas subvenciones solo resulta factible si se incluyen en las cuentas consolidadas. Es decir, en aquellas que llegan a manos del Tribunal de Cuentas.

La propuesta de De la Fuente forma parte del orden del día del pleno extraordinario convocado por ella misma para este jueves. El debate sobre la siempre controvertida financiación de los partidos se reabre así en vísperas de una cascada de citas electorales concentradas en dos fechas: 28 de abril (generales) y 26 de mayo (municipales, autonómicas y europeas).

La versión de De la Fuente

Tras conocer el cambio que auspicia De la Fuente, este periódico formuló a su equipo la siguiente pregunta: ¿por qué propone ahora la presidenta modificar el plan de contabilidad de los partidos, que les cursa instrucciones para que consoliden sus cuentas teniendo en cuenta los fondos que perciben y manejan sus grupos parlamentarios? Fuentes oficiales del tribunal aseguraron este miércoles por la noche que la modificación impulsada por De la Fuente "pretende reproducir en el plan de contabilidad lo que dispone la ley de financiación de partidos, que no impone la obligación de que la cuenta consolidada incluya las cuentas de los grupos parlamentarios ni de los grupos municipales". "Se pretende –añaden– precisar la redacción del plan de contabilidad aprobado en diciembre".

Según estos mismos interlocutores, De la Fuente eleva su propuesta como consejera del departamento de fiscalización de partidos.

La información recabada por infoLibre en el seno del tribunal indica que De la Fuente presenta como argumento central de su propuesta la Ley de Financiación de Partidos, que no obliga de forma expresa a incluir las cuentas de los grupos parlamentarios en el consolidado global del partido y, por tanto, no prevé sanciones de ningún tipo para quienes dejen fuera de ellas el dinero de los grupos parlamentarios.

Fuentes conocedoras del asunto confirman que, en efecto, la ley no impone esa consolidación. Pero que tampoco la prohíbe. Y que, en cumplimiento de sus atribuciones y en aras de la transparencia y la eficacia fiscalizadora, la doctrina sostenida en el tiempo por el Tribunal de Cuentas ha ido reforzando la tesis de la consolidación. El último eslabón en esa cadena de resoluciones favorables a la unidad contable lo constituye el nuevo Plan de Contabilidad aprobado en diciembre.

El apartado relativo a cómo deben formularse las cuentas anuales de los partidos [puedes leer la versión oficial del documento, publicada en el BOE del 21 de diciembre, pinchando aquí] arranca con una especie de preámbulo sobre el porqué de la exigencia de cuentas consolidadas. "Tienen la finalidad –dice el texto– de ofrecer la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados correspondientes a toda la organización implementada por la formación política a fin de llevar a cabo su actividad, con independencia del grado de autonomía funcional establecido, formando una única realidad económico-financiera".

Es con el fin de lograr esa "imagen fiel" que el Plan de Contabilidad "considera necesario" que en las cuentas consolidadas se integre "la actividad desarrollada en el ámbito institucional por los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los Grupos de las Corporaciones Locales".

María José de la Fuente ascendió a la Presidencia del tribunal en julio de 2018 como relevo de Ramón Álvarez de Miranda. Su elección vino acompañada de un hecho inédito: por primera vez, la comisión de gobierno del tribunal es monocolor. Los tres miembros que ahora la constituyen son consejeros del cupo del PP: la ya citada De la Fuente; Javier Medina, presidente de la sección de fiscalización, y José Manuel Suárez Robledano, que dirige la sección de enjuiciamiento.

La comisión de investigación de financiación de los partido políticos del Senado se prepara para emitir, este jueves, las conclusiones de los trabajos realizados. Lo hará cinco días antes de que las Cámaras sean disueltas por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. 

Como ya ha venido avanzado infoLibre en los últimos meses, el Partido Popular tiene la intención de trasladar a la Fiscalía las declaraciones vertidas en esta comisión por Carlos Cuadrado, responsable de las finanzas de Ciudadanos. 

Según adelantó este miércoles Europa Press, Cuadrado y otros comparecientes, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, habrían "faltado a la verdad" en sus comparecencias.

En el caso del dirigente del partido naranja, este aseguró en la Cámara Alta el 13 de julio de 2017 que no tenía "ninguna causa ni en España ni fuera de España". Pero, en realidad, como desveló este periódico tenía pendientes tres procesos en aquel momento, entre ellos uno por el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itau.

El Código Penal castiga con hasta un año de prisión "faltar a la verdad" ante una comisión de investigación.

En las conclusiones del documento que pretender aprobarse mañana en el Senado, los conservadores abogan por endurecer las medidas contra los partidos cuyas cuentas no sean aprobadas por el Tribunal de Cuentas.

El pasado junio, el órgano fiscalizador abrió expediente sancionador a varios partidos por infracciones en 2015. Uno de los aludidos fue Ciudadanos.

También, abogan en el PP por regular de forma más clara la utilización por parte de las formaciones políticas de los fondos de los grupos institucionales.

El ‘caso Cuadrado’

Junto a las causas abiertas que el tesorero de Ciudadanos obvió en su comparecencia ante esta Comisión de Investigación, este diario ha informado de que Cuadrado dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato. Y, además, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por esta misma compañía, denominada Damei Europe, contienen múltiples falsedades.

Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años el cargo de máximo responsable de las finanzas de Ciudadanos y administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe.

En 2015, Cuadrado llegó a usar Damei Europe, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial, para cobrar del partido una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades.

En las cuentas de 2016 ocultó la compra de un inmueble valorado en medio millón y una hipoteca con Bankia por 380.000 euros. Y durante al menos cuatro años, Cuadrado declaró falsamente ante el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de la compañía Damei Europe.

En todo este proceso, el presidente de Ciudadanos ha defendido que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero. Según él, no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay "una sola mota de polvo" en su expediente.