Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) espera volver a tener acceso a los secretos oficiales después de que la pasada legislatura el PP vetara todos sus intentos por entrar en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que es la que trata los asuntos considerados información sensible, según informó Europa Press.

Este selecto 'club' está presidido por el presidente del Congreso y lo compone un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara, puesto que se suele reservar al portavoz, y para ser elegidos necesitan el apoyo de al menos 210 diputados (tres quintos del Pleno).

Hace cuatro años, Amaiur, con sus siete diputados, era el partido con mayor peso en el Grupo Mixto y, por tanto, se perfilaba que uno de sus parlamentarios fuera el elegido para formar parte de la citada comisión parlamentaria.

Tres veces le dijeron que no

Sin embargo, el PP se opuso a que la coalición abertzale accediera a materias clasificadas, por lo que los integrantes del Mixto decidieron dejar ese puesto en manos de los diputados ERC, el segundo partido con mayor representación en el grupo, ya que tenía tres diputados.

Pero los 'populares' también vetaron su entrada a la Comisión de Gastos Reservados por ser un partido independentista cuyo objetivo es precisamente romper con el Estado y por su cercanía a Amaiur. Los tres parlamentarios de ERC (Alfred Bosch, Joan Tardà y Teresa Jordà) llegaron incluso a someterse al escrutinio de la Cámara, pero las tres veces recibieron un 'no' por respuesta.

Los 'populares' no ocultaban su predilección por que fuese otro miembro del Grupo Mixto, preferiblemente el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, o Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), quien se adhiera a esa comisión, pero después de las tres votaciones el Mixto no volvió a mover ficha.

El asunto llegó al TC

Ello provocó que ningún representante de ese grupo pudiera estar presente en ese órgano parlamentario, donde se controlan las partidas presupuestarias destinadas a gastos reservados y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y motivó que ERC recurriera el caso ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en esta ocasión, ERC sí confía en que podrá acceder a la información sensible que se trata en este órgano después de conseguir nueve diputados en las pasadas generales, lo que le ha permitido constituirse como grupo parlamentario.

Y es que, según informaron a Europa Press fuentes de este partido, no se entendería que volvieran a bloquear su entrada en la mencionada comisión, para la que presentarán la candidatura de Joan Tardà, y no pusieran pegas al resto.

ERC espera regresar pues a este órgano parlamentario, donde estuvieron entre 2004 y 2008, cuando los independentistas catalanes consiguieron crear grupo propio tras la mayoría absoluta de José María Aznar.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha decidido retirar del Diario de Sesiones de la Cámara Baja el gesto que protagonizó el diputado de Amaiur Sabino Cuadra al arrancar hojas de la Constitución en la tribuna del hemiciclo el pasado 16 de septiembre, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Ese día, durante el debate de totalidad de la reforma exprés del Tribunal Constitucional impulsada por el PP, Cuadra arrancó simbólicamente dos hojas de la Carta Magna en señal de protesta contra aquellos artículos que hacen referencia a la unidad indisoluble de España. Entonces, Posada declinó llamar la atención al parlamentario de Amaiur, aunque sí le censuró por "inadmisible y censurable" su actitud.

No contentos con este proceder, el PP, el PSOE y UPyD pidieron medidas contra Cuadra, ante lo que el presidente del Congreso solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para decidir si procedía sancionarle. La Mesa del Congreso decidió finalmente el pasado 29 de septiembre no sancionar al diputado siempre y cuando retirase la ofensa proferida en el hemiciclo y advirtiéndole de que, si no fuera así, adoptaría "la más severas" medidas disciplinarias previstas en el Reglamento.

Expulsado de la tribuna de oradores

Posada ejecutó esta recomendación en el Pleno del pasado 1 de octubre, durante otro debate de la misma ley. Sin embargo, Cuadra no sólo no rectificó su gestó sino que lo defendió apelando a su libertad de expresión. Ante su negativa, Posada acabó expulsándole de la tribuna de oradores tras llamarle al orden tres veces. Posteriormente volvió a dirigirse a los Servicios Jurídicos del Congreso para que estudiaran si se podían imponer medidas adicionales de sanción al parlamentario de Amaiur.

En respuesta a esa petición, Posada ha procedido a ordenar la retirada del Diario de Sesiones de las referidas ofensas, en cumplimiento del artículo 104.3 del Reglamento del Congreso, que permite al presidente "ordenar" que no consten en dicho Diario oficial las ofensas proferidas por un parlamentario "contra el decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad".

Así, en el Diario de Sesiones del Congreso correspondiente al 16 de septiembre de 2015, en la página 121, donde los taquígrafos señalaban entre paréntesis y en negrita que Cuadra "arranca varias hojas de un ejemplar de la Constitución Española", ahora consta, de la misma manera, lo siguiente: (Gesto retirado por el señor presidente de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara).

 El presidente del Congreso, Jesús Posada, expulsó de la tribuna de oradores de la Cámara al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, por negarse a retirar el gesto que el pasado 16 de septiembre tuvo durante el debate de la reforma exprés del Tribunal Constitucional (TC), cuando rompió una Constitución.

El nuevo debate en el Pleno del Congreso de esta reforma exprés del Alto Tribunal es la que propició que el presidente de la Cámara haya llamado al orden tres veces al diputado abertzale, que se ha negado en todo momento a retirar ese gesto que la Mesa del Congreso censuró por considerar una "ofensa". Ante esta negativa, Posada procedió a expulsarle.

Durante su intervención, Cuadra se refirió a su comportamiento del pasado 16 de septiembre, apuntando que arrancó "sin más" dos hojas de la Constitución en señal de protesta contra aquellos artículos que hacen referencia a la unidad indisoluble de España. Y que lo hizo de la misma forma que el Gobierno arrancó "bastantes hojas" de la Carta Magna por la vía de los hechos, como las que tienen que ver con el derecho al trabajo.

Estas palabras del parlamentario navarro de Amaiur llevaron al presidente de la Cámara a aprovechar para pedirle que retirara el gesto del pasado 16 de septiembre. "Como ha sacado usted el tema, le pido que retire ese gesto. Aquí hay libertad para decir lo que se quiera, pero no se puede ofender y usted ofendió. Por eso le pido que retire ese gesto", apuntó.

Le hace caso omiso

Sin embargo, Sabino Cuadra hizo caso omiso a la demanda del presidente del Congreso porque considera que no realizó ofensa alguna y, por tanto, no cree que tenga que retirar nada. "Nuestra intención nunca ha sido la de ofender a nadie, sino el libre ejercicio sobre una Constitución que rechazamos", argumentó.

Ante esto, el presidente llamó al orden a Cuadra y le insistió en que rectificara su ofensa, pero el parlamentario de Amaiur reiteró que no realizó ninguna ofensa y que no iba a retirar "nada". Fue entonces cuando Posada decidió expulsar al diputado del hemiciclo.

La Mesa del Congreso decidió el pasado martes por unanimidad no sancionar a Cuadra por romper la Constitución a la espera de que éste corrigiera su gesto. Sin embargo, el diputado de Amaiur, lejos de rectificar su comportamiento, insistió en él, lo que llevó al presidente a retirarle la palabra y expulsarlo del Salón del Plenos.

Desde la Constitución, éste es únicamente el segundo caso de expulsión del hemiciclo tras haber sido llamado tres veces al orden, como establece el Reglamento. La anterior vez fue durante la Presidencia del socialista Manuel Marín cuando el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, fue obligado a abandonar el Salón de Plenos tras interrumpir en diversas ocasiones la sesión plenaria. Entonces no tuvo como consecuencia ninguna sanción ni la pérdida de la condición de parlamentario.

El diputado navarro de Amaiur, Sabino Cuadra, no aprecia ofensa alguna en su gesto de romper la Constitución en la tribuna del Pleno del Congreso y no entiende que tenga que rectificar su actuación como así le ha reclamado la Mesa de la Cámara. "Es lo que hay", ha zanjado.

En los pasillos de la Cámara Baja, Cuadra se ha referido así al acuerdo unánime del órgano de gobierno del Congreso, que este martes ha resuelto no sancionarle por romper hojas de la Carta Magna durante el debate de la reforma exprés del Tribunal Constitucional pero, eso sí, a la espera que rectifique lo que considera una "ofensa".

El pasado 16 de septiembre el parlamentario navarro rompió dos hojas de la Constitución para protestar simbólicamente contra los artículos que hacen referencia a la unidad indisoluble de España. En ese momento, el presidente del Congreso, Jesús Posada, declinó llamar la atención a Cuadra pero, ante la indignación que esta actitud ocasionó, tomó la palabra al término del debate para llamar al orden al diputado por haber proferido palabras ofensivas al decoro de la Cámara.

Sin embargo, ante las medidas disciplinarias contra de Cuadra que solicitaban el PP, el PSOE y UPyD por ese gesto, Posada pidió un informe a los servicios jurídicos del Congreso y este martes, con esté en la mano, la Mesa ha acordado no sancionar al diputado de Amaiur pero sí ha censurado su comportamiento y ha encargado a Posada que realice las gestiones necesarias para que el diputado corrija su ofensa. De lo contrario, se reserva la posibilidad de adoptar "las medidas más severas" que contempla el Reglamento del Congreso.

Es una práctica "habitual" en otros parlamentos

Sin embargo, el parlamentario abertzale no cree que su comportamiento haya supuesto "ninguna ofensa, ni personal ni institucional, ni contra nada ni contra nadie", sino un gesto encaminado a "reforzar la crítica política de fondo" y "una práctica habitual" en otros parlamentos tanto autonómicos como internacionales".

"Si alguien se ha sentido ofendido, no era nuestra intención", ha subrayado Cuadra, si bien ha reiterado que no cree que tenga que rectificar su comportamiento, "entendido como ejercicio normal y normalizado de la libertad de expresión que debe reinar en el Congreso por encima de todo". Y así se lo hará saber al presidente del Congreso en la reunión a la que este jueves le va a convocar.

Pide "sensatez" a la Mesa del Congreso

Preguntado sobre si teme que le vayan a castigar ante su negativa a rectificar, Cuadra ha respondido que no le da igual que le castiguen, pero ha enfatizado que espera que "la sensatez reine" en la Mesa del Congreso y que su comportamiento, "que fue una decisión colectiva de Amaiur", sea entendido como "un ejercicio normal de la libertad de expresión" que, en su opinión, debe reinar en estos foros.

De hecho, ha recordado que el día que protagonizó este incidente ya explicó en el Pleno del Congreso cuál era su posición cuando Posada le llamó al orden, y entonces el presidente dio por zanjado el asunto. "Espero que el sentido común que entonces manifestó (el presidente) continúe en la Mesa del Congreso", ha concluido.

Jesús Posada convoca al diputado de Amaiur

El presidente del Congreso, Jesús Posada, citó a Sabino Cuadra y al portavoz de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, a reunirse el próximo jueves para que el diputado abertzale se disculpe. De lo contrario, la Mesa de la Cámara se reserva la posibilidad a adoptar medidas más severas.

El órgano de gobierno de la Cámara ya advertió de la dificultad de sancionar a un diputado con efectos retroactivos y este martes se reunió para decidir los pasos a seguir, teniendo ya en la mano el informe de los letrados.

En una resolución aprobada por unanimidad (ya sólo hay diputados del PP y del PSOE), la Mesa manifestó su "total rechazo" a la conducta de Cuadra por suponer una "inaceptable ofensa" a todos los ciudadanos, un "ultraje" a un "símbolo de la libertad" en tanto que la Constitución es "la base de nuestra democracia, protege nuestro sistema de libertades y garantizar la convivencia de todos los españoles".

Actuación "censurable" 

Asimismo, expresó su "apoyo" a la reprimenda que Posada hizo a Cuadra cuando le llamó al orden por una actuación "inadmisible" y "censurable" como es romper, aunque sea "simbólicamente", la Constitución.

Del mismo modo, el órgano de gobierno de la Cámara solicita al diputado de Amaiur que retire la ofensa proferida en el hemiciclo advirtiéndole de que, si no fuera así, adoptará "la más severas" medidas disciplinarias previstas en el Reglamento, entre las que se encuentra la suspensión de la condición de diputado. Y será el presidente el que llevará adelante las gestiones oportunas a tal fin. "Ha habido una ofensa y lo que pretendo es que se repare", señaló Posada.

Posada comentó que él "siempre" ha defendido que en la tribuna los diputados puedan decir "lo que les parezca" y que el único límite sea la ofensa, bien sea individual o colectiva, o de otro tipo, esto es, "cualquier conducta o expresión que pudiera resultar ofensivas al decoro de la Cámara o de las instituciones del Estado", reza el acuerdo.

La Mesa del Congreso cree que será muy difícil sancionar este martes, con carácter retroactivo y sin consenso, al diputado navarro de Amaiur, Sabino Cuadra, por romper la Constitución en la tribuna del hemiciclo durante el debate sobre la reforma exprés del Tribunal Constitucional.

El órgano de gobierno del Congreso se reunirá este martes para tomar una decisión al respecto, y lo hará en base al informe que el presidente del Parlamento, Jesús Posada, solicitó a los servicios jurídicos de la Cámara tras recibir escritos de PP, PSOE y UPyD pidiendo que se tomaran medidas disciplinarias contra el diputado de la izquierda abertzale.

El episodio en cuestión tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, durante el debate de la reforma exprés del Tribunal Constitucional impulsada por el PP, cuando Cuadra rompió dos hojas de la Constitución para protestar contra aquellos artículos que tienen que ver con la unidad de España.

En ese momento, Posada declinó llamar la atención a Cuadra pero, ante la indignación que esta actitud estaba ocasionando, el presidente del Congreso tomó la palabra al término del debate para llamar al orden al diputado tildando de "inadmisible y censurable" su comportamiento y advirtiéndole de que suponía un incumplimiento del artículo 103.1 del Reglamento, que permite llamar al orden a quienes profieran palabras ofensivas al decoro de la Cámara.

En el escrito que envió a Posada para protestar por el incidente de Cuadra, el PP recordaba al presidente que el artículo 106 del Reglamento permite suspender de su condición de diputado hasta un mes al parlamentario de Amaiur. Por su parte, UPyD abogó por dejarle sin empleo y sueldo, mientras que los socialistas aconsejaron "medidas de disciplina parlamentaria".

A estos escritos se añadió el presentado por la mayoría de los partidos del Grupo Mixto del Congreso, en los que Amaiur, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromís y Geroa Bai, pedían a la Mesa no sancionar al diputado navarro.

En ese contexto, Posada comunicó que sería este martes 29 de septiembre cuando los miembros de la Mesa del Congreso tomarán una decisión sobre el caso de Sabino Cuadra, ya teniendo en la mano el informe de los servicios jurídícos.

Previsiblemente no habrá consenso

No obstante, en la Mesa subrayan la dificultad de tomar alguna medida contra Cuadra dos semanas después del incidente, que el propio Posada dio por "saldado" en ese momento. Pero además, y según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, parece improbable que se dé el consenso al que apeló el presidente cuando apuntó como "esencial" que la decisión que se tome al respecto debe ser unánime. "Está colaborando todo el mundo para que esto sea por unanimidad, estemos en lo acertado y no cometamos errores", dijo la semana pasada.

El PP mantiene que Cuadra debe rectificar y mostrar arrepentimiento por su comportamiento o, de lo contrario, debe ser sancionado. El PSOE también está de acuerdo con castigarle pero siempre que la decisión se adopte "por consenso".

A Pujalte no se le sancionó

Los precedentes juegan también en contra de la sanción. Desde la Constitución solo se ha dado un caso de expulsión del hemiciclo tras haber sido llamado tres veces al orden, como así lo establece el Reglamento, y no tuvo como consecuencia ninguna sanción ni la pérdida de la condición de parlamentario. Fue durante la Presidencia del socialista Manuel Marín cuando el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, fue obligado a abandonar el hemiciclo tras interrumpir en diversas ocasiones la sesión fue obligado a abandonar el hemiciclo. Entonces no se adoptó medida disciplinaria alguna.

Con independencia de que Mesa del Congreso no acabe de imponer sanciones a Sabino Cuadra, se da por hecho que le caerá otra reprimenda y que se censurará su actuación en el hemiciclo. Al mismo tiempo, se fijarán criterios para garantizar que no vuelva a ocurrir un episodio como este contra los símbolos nacionales.

La imagen del diputado de Amaiur Sabino Cuadraarrancando páginas de un ejemplar de la Constitución mientras intervenía en el pleno del Congreso en defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña molestó a algunos grupos parlamentarios. PP, PSOE y UPyD consideran que ni la libertad de expresión ni la inviolabilidad parlamentaria pueden justificar una conducta como la de Cuadra. Y así se lo han hecho saber estos días al presidente de la Cámara, Jesús Posada, en sendas cartas en las que –aunque con diferentes matices– coinciden en pedir a la Mesa del Congreso que examine este conducta y decida tomando como referencia lo que marca el Reglamento de la Cámara. 

Posada, por su parte, solicitó un informe a los servicios jurídicos del Congreso. Y está previsto que la Mesa –el "órgano rector", según lo define la legislación– analice el asunto en su reunión del próximo jueves. En sus misivas, los citados grupos reclaman que conforme a lo previsto en el Reglamento se tomen las medidas oportunas para que lo que los conservadores definen como "ignominia" y "ultraje a la Constitución" no se vuelva a repetir. 

El Reglamento establece en su artículo 106 que el presidente puede suspender, durante hasta un mes, la condición de diputado a un parlamentario si considera que éste ha promovido "un desorden grave con conducta de obra o de palabra". No obstante, prevé también que esta sanción pueda ampliarse o agravarse si así lo decide la Cámara. En cualquier caso, el PP tiene mayoría absoluta tanto en la Mesa como en el pleno, así que bastarían sus votos para sancionar al parlamentario de Amaiur. 

Los socialistas, según confirma a infoLibre un portavoz, todavía no han decidido si respaldarán la petición de sanción de PP y UPyD. No obstante, en la carta enviada a Posada señalan que la "intolerable" conducta de Cuadra produjo "indudablemente" una "ofensa" a todos los ciudadanos españoles. E insisten en que ni la libertad de expresión ni la inviolabilidad parlamentaria pueden justificar la conducta del diputado abertzale ni favorecer que esos comportamientos puedan quedar fuera de las medidas de disciplina parlamentaria.

UPyD va más allá y reclama que se investiguen los hechos por si pudieran haber sido constitutivos de delito en base al artículo 543 del Código Penal, en el que se tipifican "las ofensas o ultrajes" a símbolos representativos de la nación. "A nuestro juicio, la prerrogativa de inmunidad de que gozan los diputados y la inviolabilidad por las expresiones proferidas en el ejercicio de sus funciones, bien entendida en un Estado democrático avanzado como debería ser el español, no puede servir de cobertura para la posible comisión de delitos, como lo es, en todos los órdenes, el atentado contra los símbolos de España", puede leerse en la carta que firma Rosa Díez.

Escasos precedentes 

No obstante, si llega a producirse, la sanción de Cuadra no sería la primera a un diputado del Congreso. Existe un precedente que data de 1991, cuando tres parlamentarios de Herri Batasuna vieron suspendidos durante un año sus derechos económicos "ante la reiterada y notoria falta de asistencia voluntaria a comisiones y plenos". La sanción permitía a los representantes abertzales seguir asistiendo al Parlamento, aunque sin recibir remuneración alguna. En esa ocasión la Mesa del Congreso lo decidió por unanimidad, aunque con la ausencia de Izquierda Unida. En esta ocasión, la formación de izquierdas ha dicho que el acto de Cuadra fue "un gesto político". De hecho, su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, señaló que "quien ha roto la Carta Magna" ha sido el PP con sus reformas. 

Una situación similar de no asistencia a plenos se había planteado antes en la Cámara navarra y, entonces, los diputados de HB recurrieron al Tribunal Constitucional con el resultado de un auto desestimatorio. Cuando la situación se reprodujo en el Parlamento Vasco, no hubo recurso. De forma más reciente ha habido, aunque con motivos dispares, otros casos de sanciones en otras cámaras regionales.

Por ejemplo, la ahora vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mònica Oltra, fue expulsada en junio de 2014 de Les Corts por un periodo de un mes. La expulsión –decidida en un pleno que, por primera vez en 31 años, se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación– fue el desenlace de un rifirrafe parlamentario que había tenido lugar un mes antes en el que Oltra se negó a abandonar el hemiciclo tras ser expulsada por el presidente de la Cámara, Juan Cotino, alegando que no había oído sus apercibimientos. Antes se había producido cruce de acusaciones entre ella y diputados del PP desde sus escaños. 

Un año antes, en 2013, había sido suspendida de sus funciones durante un mes la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Maru Menéndez. El entonces presidente de la cámara regional madrileña, José Ignacio Echevarría, la sancionó después de que llamara "corrupto" al ahora ex presidente de la Comunidad, Ignacio González, durante un pleno del que también había resultada expulsada. Tras la decisión, IU reclamó la misma sanción para González, que también se había referido a la diputada como "corrupta". Tanto los socialistas como UPyD solicitaron la dimisión del presidente de la Asamblea. 

Las expulsiones de las cámaras, más recurrentes 

Más frecuentes han sido en los últimos años los episodios de expulsiones de diputados en sesiones parlamentarias. Ese fue el caso, por ejemplo, del parlamentario del PP Vicente Martínez Pujalte, que fue expulsado del Congreso en mayo de 2006 por proferir gritos en insultos contra el entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso. Aunque en esa sesión se debatía sí reforzar el contingente español en Afganistán, los conservadores, con Pujalte a la cabeza, organizaron una sonada bronca para boicotear la intervención Alonso, al que responsabilizaban de la detención de dos militantes del PP cuando era titular de Interior. Cuando tuvo lugar ese incidente, los servicios de prensa de la Cámara aseguraron que se trataba de un episodio inédito hasta la fecha. 

También tuvo que abandonar a la fuerza un parlamento –en este caso, el gallego– el diputado de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) David Fernández Calviño. Fue en febrero de 2013 después de ser llamado al orden tres veces por ironizar sobre la "corrupción" en el PP. Debido a lo ocurrido, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, pidió la palabra para criticar la actuación de Santalices, tras lo que abandonó el hemiciclo. Tras ello, también dejaron el hemiciclo el resto de los parlamentarios de esta formación. El rércord, no onbstante, parece tenerlo Mònica Oltra que, según publicó el diario Levante, aglutinaba a fecha de junio de 2014 tres de las trece expulsiones que había registrado Les Corts en 31 años. 

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha anunciado este jueves que va a solicitar un informe a los Servicios Jurídicos de la Cámara antes de que la Mesa de la institución adopte cualquier decisión sobre la posible aplicación de sanciones al diputado de Amaiur Sabino Cuadra por haber arrancado varias páginas de la Constitución en la tribuna de oradores del hemiciclo.

Así lo ha anunciado Posada tras recibir un escrito del PP y otro de UPyD instando al órgano de gobierno de la institución a estudiar medidas contra el diputado de la coalición abertzale. También el PSOE ha pedido la "máxima contundencia" contra el parlamentario por Navarra.

Posada ha rehusado avanzar qué sanciones podrían imponerse a Cuadra insistiendo en que son los Servicios Jurídicos los que deben determinar qué margen hay para castigar su comportamiento, pero sí ha subrayado que la decisión la adoptará la Mesa del Congreso y se ha mostrado convencido de que lo hará de forma "unánime".

En el órgano de gobierno de la Cámara, que tiene prevista su próxima reunión para el próximo jueves, sólo están representados en este momento el PP y el PSOE, puesto que desde el pasado mes de junio está vacante la plaza que dejó el diputado de Convergéncia (CDC), Jordi Jané.

Lo que se dice aquí es del legislativo

Aunque no ha querido anticipar qué sanciones podrían impulsarse contra Cuadra, Posada ya ha mostrado su oposición a emprender acciones legales contra él, como ha propuesto UPyD. "No soy partidario de llevarlo a la Fiscalía; creo que lo que se dice en estos muros pertenece al Legislativo", ha dicho.

Además, ha aprovechado su comparecencia ante los medios para enfatizar que tras el incidente, una vez finalizó el debate sobre la reforma exprés del Tribunal Constitucional en el que intervino Cuadra, él tomo la palabra para reprenderle.

"Quiero que quede claro que ayer censuré gravemente esa actitud inadmisible y censurable", ha remarcado, añadiendo que ya le advirtió de que había "contravenido el artículo 103.1 del Reglamento", que permite llamar al orden a quien profiera conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, sus miembros o las instituciones del Estado.

Preguntado por qué no apercibió a Cuadra mientras rompía la Carta Magna, Posada ha explicado que no lo hizo porque fue el final de su intervención y después de ese gesto abandonó la tribuna. "Le iba a decir que le llamaría al orden, pero continué (con el debate) porque se iba y para no influir en el debate", ha comentado, reconociendo, no obstante que después "reflexionó" y quiso censurar su actuación dejando claro que "no era adecuada".

Estaba claro que muchos diputados se ofendieron

El presidente ha admitido que tuvo "en cuenta" la opinión de algunos diputados, pero que no reprendió a Cuadra "por eso" y que, en cualquier caso, estaba claro sólo con ver las caras de algunos parlamentarios su desacuerdo con la actitud del diputado de Amaiur.

Además, Posada ha hecho hincapié en que él ha "defendido siempre la libertad de la tribuna" donde se puede defender "cualquier teoría e idea de cualquier tipo".

"He intervenido cuando se ofende a una persona o un grupo de personas determinado y creo que el gesto de Cuadra es ofensivo. En la tribuna se puede decir, naturalmente, que no es partidario de la Constitución, pero no hacer un gesto que ofende a muchos de los que estaban allí y de los que lo vieron por televisión", ha explicado.

El diputado de Amaiur por Navarra, Sabino Cuadra, ha irritado a representantes de UPyD y del PP por romper la Constitución en la tribuna del Pleno del Congreso durante el debate de la reforma exprés del Tribunal Constitucional planteada por el Grupo Popular. Algunos diputados han reprochado incluso la falta de respuesta del presidente de la Cámara, Jesús Posada.

Cuadra, que ha subido a la tribuna del hemiciclo ataviado con una camiseta estampada con una enorme bandera independentista catalana, ha acabado su intervención arrancando hojas de la Constitución en las que figuraban artículos que denosta, como la indisoluble unidad de España. "La solución es que esto y esto desaparezca", ha proclamado, levantando murmullos de protesta de numerosos diputados.

Posada ha declinado llamar la atención al diputado de Amaiur pero la indignación de los diputados se ha acabado plasmando en las redes sociales salpicando incluso al presidente del Congreso y al Grupo Socialista.

Así, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha calificado de "indignante" tanto la actitud del diputado abertzale como el hecho de que Posada haya permanecido "impasible".

"El de Amaiur ha roto en la tribuna del Congreso un ejemplar de la Constitución y la presidencia no dice nada. Este país es un circo malo", ha indicado su compañero Carlos Martínez Gorriarán en otro mensaje de Twitter recogido por Europa Press. "El simbolismo es aterrador y debería ser intolerable", ha añadido Julio Lleonart, del mismo grupo.

También en el PP han surgido protestas, en su caso intentando implicar al PSOE. La asturiana Carmen Rodríguez Maniega asegura que los socialistas "pactan con estos" de Amaiur y la segoviana Beatriz Escudero habla de "intransigencia" y "desprecio" mientras "el PSOE asiente".

Otros, como la gallega Ana Vázquez apunta a Posada: "El diputado de Amaiur exhibe una estelada, rompe una constitución delante de las narices del presidente del Congreso ¿y no pasa nada?", se pregunta. Y José Alberto Martín Toledano, diputado del PP por Ciudad Real pide abiertamente "que se tomen medidas contra el portavoz Bildu que en la sede de la soberanía nacional española y vestido con una estelada rompe la Constitución".

El diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, ha subido a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados ataviado con una camiseta con una estelada, la bandera de los independentistas catalanes. Ha sido durante el pleno sobre la propuesta del PP para reformar el Tribunal Constitucional de modo que pueda sancionar a quienes incumplen sus sentencias, una iniciativa legal que parece tener como objetivo al president de la Generalitat catalana, Artur Mas. Desde la bancada popular se han podido ver los gestos de disgusto del diputado popular José María Bermúdez de Castro señalando con sus manos a la camiseta de Cuadra. Pero la cosa no ha quedado ahí. El parlamentario abertzale ha terminado su discurso rompiendo unas páginas de la Constitución y gritando "Visca Catalunya Lliure".

El Pleno del Congreso ha avalado el presupuesto de la Casa del Rey para 2016 con los votos de PP, PSOE, Unió (UDC), Coalición Canaria (CC), Foro Asturias y UPN, mientras que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Convergència (CDC), PNV, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Nueva Canarias lo han rechazado.

Según el proyecto de cuentas públicas presentado por el Gobierno, el presupuesto de la Casa del Rey para 2016 representa 7,86 millones de euros, con un aumento con respecto a presente año ya que se aplica a su personal la subida del 1% prevista el próximo año para todos los trabajadores públicos. Se trata de la primera vez en seis años que las cuentas de la Casa del Rey suben con respecto al año anterior. Esta partida comenzó a bajar a partir de 2010 y llevaba dos años congelada.

Además, el PP y el PSOE han rechazado las enmiendas de grupos minoritarios que pedían rebajar en distinta medida la cuantía de la partida presupuestaria a disposición del Rey.

Así, el BNG planteaba rebajar un 30% este presupuesto, mientras que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) apostaba por un recorte del 20%. Esquerra Republicana, por su parte, proponía suprimir toda la partida a cambio de poner un sueldo fijo a Felipe VI como jefe del Estado, con una retribución similar a la que percibe el presidente del Gobierno.

Varias formaciones reclaman la ilegalización de la entidad, una demanda a la que se suman asociaciones de víctimas. Todos ellos señalan además que, en otros países europeos que han sufrido dictaduras en su Historia reciente –Alemania e Italia son los ejemplos más mencionados–, no sería admisible la existencia de organizaciones que hicieran apología de los respectivos regímenes. Los representantes de los jueces, en cambio, opinan que con las leyes actuales sería complicado prohibir la actividad de la organización franquista.

El secretario de Política Federal del PSOE y portavoz de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas, exige al Gobierno que investigue "si la fundación ha cometido algún ilícito" y aclare "si ha recibido cualquier tipo de subvención". La Fundación Franco recibió más de 140.000 euros de dinero público entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar. Pradas también señala que la entidad tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". "Su encaje con la ley parece contradictorio", subraya.

El representante del PSOE pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley y muestre el mismo "rigor" con la Fundación Franco que "con otras asociaciones y fuerzas políticas que han promovido la violencia". Su compañero de partido, el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, agrega que los objetivos de la FNFF son "claramente contrarios a la Ley de Memoria Histórica" y pide acabar con lo que considera "una asignatura pendiente" y "un síntoma de tardofranquismo". "Habra que plantear iniciativas para que el Gobierno y los partidos se definan al respecto" de la existencia de la fundación, añade Elorza.

Una anomalía en Europa

Joan Josep Nuet, diputado de la Izquierda Plural y también portavoz en la Comisión Constitucional, afirma que la actividad de la polémica entidad es consecuencia del poder de "los hijos del franquismo" en "papeles destacados de la economía y la política". "No quieren juzgar a sus padres", resume Nuet, para quien "las instituciones que promueven el odio, como esta fundación, deberían ser ilegales". El parlamentario ve en la FNFF una "anomalía histórica" que "ni en Italia ni en Alemania sería posible".

El portavoz adjunto de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco Gorka Maneiro, asegura que "no tiene sentido que la fundación pueda seguir siendo legal" y que "parece evidente que claramente incumple la Ley de Memoria Histórica". "Los derechos y libertades, la dignidad de las víctimas de la dictadura y el recuerdo a todas las personas perseguidas por el régimen deben estar por encima de todo eso", apunta. Maneiro también critica la "opacidad absoluta" de la entidad franquista, que no presente sus cuentas desde 2009.

Otro de los partidos que piden la ilegalización de la organización franquista es Amaiur. Jon Inarritu, diputado del partido en la Cámara baja, sostiene que la existencia de la entidad es "nauseabunda" y "humillante para las víctimas", además de un síntoma de "la connivencia entre el Gobierno y el antiguo régimen". "La fundación va contra la Ley de Memoria Histórica y el Gobierno se muestra permisivo", añade el parlamentario, que apuesta por "buscar cauces para que desaparezca" cuanto antes.

"Las de la Fundación Franco son ideas que no deberían caber en una sociedad avanzada", coincide Joan Tardà, diputado de ERC, para quien la organización es una "anomalía" en Europa y busca "mantener viva a la bestia" para, en una situación "convulsa, como la actual", tratar de "resucitar" las ideas de la dictadura. Sobre la legalidad de la entidad, Tardà lamenta que existan "puntos de intersección entre lo legal y lo ilegal por los que haya podido colarse" la FNFF, y apuesta por reforzar la Ley de Memoria Histórica para actuar contra "la apología del fascismo, los crímenes de Estado y los de guerra".

En el BNG, su diputada Rosana Pérez subraya que la mera existencia de la organización es "escandalosa" y que su declación de objetivos incumple la citada Ley de Memoria Histórica. "Una fundación así no tiene cabida en un Estado democrático, pero con este Gobierno goza de total impunidad", dice Pérez, quien recalca que una entidad así "no puede seguir existiendo". "Es inaudito, realmente preocupante. En otro país no pasaría", apunta el diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví. Baldoví manifestó que "debería comprobarse si la fundación cumple estrictamente la ley" y que, si no es así, "deberían tomarse cartas en el asunto".

Finalmente, desde las filas de Geroa Bai su portavoz en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, califica la existencia de la FNFF de "inconcebible" y pide "combatir" las ideas que propugna, así como la "suspensión" de su actividad con carácter inmediato. A preguntas de infoLibre, tanto el PSOE como la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y Compromís barajaron la posibilidad de plantear iniciativas en el Congreso de los Diputados para preguntar por la entidad franquista, mientras que UPyD admitió que su representación "no le permite llegar a todos los asuntos", pero agregó que llegado el caso apoyaría las propuestas de otros grupos.

Las víctimas se sienten despreciadas

Las asociaciones de víctimas de la dictadura y vinculadas a la recuperación de la memoria histórica también se muestran indignadas por la existencia de la fundación. El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, señala que "defender la herencia de un dictador cruel y sanguinario" es "incompatible con el ideario democrático de la Constitución Española, que establece como valores a defender por cualqueir fundación la defensa de valores democráticos".

"No entendemos que se ignore y desprecie a las víctimas mientras que el Gobierno no hace nada contra las organizaciones que exaltar la figura de un dictador: con las víctimas del terrorismo no pasaría algo así". Tanto Ruiz como Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, creen que debería ilegalizarse la entidad. "La FNFF es la típica anomalía que deriva de la transición española. El Estado debería ilegalizar la fundación y borrarla del registro de fundaciones, pero falta voluntad política", dice Peinado.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincide con esa demanda y denuncia que el Estado mantiene la desgravación en el IRPF para las donaciones que particulares entregan a la Fundación Franco lo que, a su juicio, implica "que se sigue dando dinero público" a la entidad franquista. "Como fundación no debería existir, un Estado no puede permitir el enaltecimiento de ideas que legitiman una dictadura y el uso de la violencia. Para ser demócrata hay que ser antifranquista", zanja.

Los jueces ven insuficiente la ley

Las asociaciones de jueces, por su parte, creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito a la vista de los estatutos de la organización y las leyes españolas. Marcelino Sexmero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "la regulación de la Ley de Memoria Histórica es insuficiente" para actuar contra la entidad franquista porque en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".

Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide y expresa que la posible ilegalidad de la fundación vendría, en todo caso, derivada de algún acto concreto que desarrollara, y no del contenido de sus estatutos o de declaraciones de intenciones genéricas. "Habría que hacer un análisis de lo concreto, de los hecho, para ver si conculca la Ley de Fundaciones o la Ley de Memoria Histórica", apunta.

Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, asegura que "analizar los fines específicos de la fundación para perseguirla" supondría vulnerar "la libertad de opinión y pensamiento", y califica de "hecho objetivo" que "Franco gobernó durante 40 años", por lo que "la Ley de Memoria Histórica no puede impedir puntos de vista sobre ese hecho u opiniones sobre el significado de nuestro pasado".

Ahora han eviado la ley al Senado para que continúe allí su tramitación y pueda estar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura el próximo otoño.

Populares y socialistas, que caminaron de la mano en la tramitación de esta ley, negaron que este proyecto tenga el objetivo de quitar competencias a la Administración autonómica y defendieron que la seguridad nacional debe ser "competencia exclusiva" del Estado.

Además, el portavoz del Grupo Socialista, José Enrique Serrano, rechazó que este proyecto esté relacionado con la situación en Cataluña, como defendió ERC, y recordó que comenzó su andadura legislativa en el año 2009.

El diputado del partido republicano catalán Joan Tardà denunció que este proyecto pretende "aumentar el aparato legislativo del Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27 de septiembre".

A su juicio, el PP está "lubricando la maquinaria represiva" con esta iniciativa. "Muy mal les veo si sólo son capaces de ir afilando el armamento, el armamento jurídico", recalcó.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet afirmó que este proyecto de ley es "un aviso a navegantes" por parte del PP "con tintes autoritarios" como respuesta a la "crisis económica y política" que vive España.

Convergencia y el PNV no vincularon esta ley al proceso soberanista, pero sí denunciaron que pretende "expropiar" competencias a las comunidades autonómicas. "Es una nueva excusa para laminar y sustraer competencias", denunció el portavoz de Convergencia, Antonio Picó.

Los representantes de ERC, BNG, CC-NC, Compromís-Equo y Amaiur en el Congreso criticaron este miércoles la insolidaridad que la Unión Europea ha mostrado hacia Grecia y acusaron incluso a Gobiernos como el español de "electoralismo" y de utilizar el acuerdo con el Ejecutivo de Alexis Tsipras para "humillar" al pueblo heleno.

Durante el debate sobre el último Consejo Europeo en el Pleno del Congreso, el diputado de ERC Joan Tardà subrayó que el pueblo griego ha dado "una lección de democracia y de dignidad" con el referéndum mientras Gobiernos como el español está con los "dirigentes más hooligans y los mamporreros políticos que provocaron la crisis, la están gestionando y pretenden salir mucho más enriquecidos de ella" convirtiendo a la Europa del Mediterráneo en la "maquila" de los países del norte.

Además, acusó a la UE de "chantajear" a Grecia "condenándolo a la miseria y poniendo el estado social en venta". "Están dinamitando el sueño europeo", advirtió, criticando que ningún Ejecutivo europeo reclame "justicia" para los "tiranos" y "sátrapas" helenos que fueron los que "vendieron a su pueblo", porque lo que buscan es "amenazar con que el bienestar de los pueblos de Europa no puede entrar en contradicción con los beneficios económicos".

Derrotar a Tsipras

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, acusó a los líderes comunitarios de "estar más empeñados en derrotar políticamente al Gobierno de Tsipras que en aportar soluciones al drama griego". "Por eso se mostraron inflexibles y se empeñaron en humillar al Ejecutivo para que perdiera la confianza de su pueblo", insistió.

Además, rechazó las condiciones "leoninas" e "insufribles" incluidas en el acuerdo y reprochó al Gobierno de Mariano Rajoy que "defienda al poder económico" mientras se muestra "sumiso" a las órdenes de la troika pese a que tampoco los españoles están "conformes con unas políticas que están llevando al empobrecimiento de toda la población".

En la misma línea, Joan Baldoví (Compromís-Equo) tiene la impresión de que Mariano Rajoy "siempre se pone del lado de los mentirosos, de los poderosos y de los banqueros" que "luego acaban pegándole una bofetada" en decisiones como la elección del presidente del Eurogrupo, que perdió el español Luis de Guindos. "Pero con mentirosos y banqueros nunca construiremos una Europa social", advirtió.

Actuar en clave electoral

Por su parte, la nacionalista canaria Ana Oramas acusó al Ejecutivo conservador de actuar "en clave electoral" tanto en 2010, cuando no apoyó los recortes aplicados por el PSOE, como ahora, cuando respalda "aplazar" la solución al problema griego poniendo un simple "parche" y abocando al país al "suicidio".

"Grecia tiene que permanecer en Europa, y hay que pedirle los sacrificios necesarios pero con esperanza al final. Tomemos las decisiones con solidaridad y no aplacemos por cuestiones electorales lo que hace falta hacer", insistió, subrayando que pese a estar de acuerdo con que los griegos deben hacer "los mismos esfuerzos" que el resto de países que le están ayudando también hace falta tener en cuenta sus capacidades reales de devolver la deuda.

El portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, cree que los actuales dirigentes europeos están "traicionando" el espíritu inicial de los padres fundadores de la UE al "convertir el mercado, que era un medio para construir una Europa solidaria, en un fin en sí mismo", avanzando en una deriva "insolidaria" y dando "la espalda" a la ciudadanía y a sus necesidades.

"Jean Monnet no se vería en absoluto identificado con la Europa que están construyendo", apuntó, señalando que en Grecia "se está debatiendo el modelo de Europa" y advirtiendo de que el acuerdo alcanzado no resolverá los problemas de la economía ni de los griegos porque sólo se dirige a solucionar los problemas de los bancos y los estados acreedores de una deuda "impagable" ante la que sólo se ponen "parches" cuando lo que hace falta es una "ley de segunda oportunidad para Grecia".

Falta de liderazgo

Finalmente, el diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, criticó la falta de relevancia y liderazgo de España en esta negociación, a pesar de que podría ser un "ejemplo para los países del sur" por las medidas que ha puesto en marcha para atajar la crisis.

No obstante, puso en valor que el asunto se haya "encauzado" y tenga visos de acabar solucionado, aunque también abogó por que la "confianza, la solidaridad y la austeridad" coexistan con la construcción de la UE. Finalmente, el diputado asturiano valoró la decisión del Gobierno de someter a debate y votación en la Cámara Baja el rescate griego.

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, dirige un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial en el que participarán representantes de los principales partidos de la izquierda española en pleno proceso de negociaciones para la construcción de las candidaturas para las elecciones generales.

Durante los tres días que dura el curso, del 13 al 15 de julio, manifestarán su postura sobre El proceso constituyente. izquierda, ciudadanía y participación [aquí puedes ver el programa en PDF], entre otros, el coordinador federal de IU, Cayo Lara; el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero; el líder de Anova, Xosé Manuel Beiras; la de Compromís, Mònica Oltra; el de Equo, Juan López Uralde, el diputado de ERC Joan Tardà y el de Amaiur Sabino Cuadra. También asistirán un político de la izquierda alemana y un dirigente latinoamericano.

Garzón explicó que el objetivo de las jornadas es hablar sobre los retos de la izquierda y abordar asuntos de actualidad, como por ejemplo la posibilidad que tienen las candidaturas de unidad popular para "resolver los problemas cotidianos" o la posibilidad de ofrecer programas de transformación económica.

El candidato de IU insistió en su mensaje de unidad para lograr transformación en las próximas elecciones generales ante el hecho de que fuerzas políticas diferentes comparten "elementos fundamentales para crear una sociedad distinta". Este mensaje lo lanzó junto al codirector del curso, el catedrático de Sociología Lorenzo Fernández Franco, y el secretario del curso, Israel Mogrovejo.

Dejar de lado diferencias menores

"Vamos a hablar de política con mayúsculas y dejar de lado diferencias menores de cara a enormes retos en los próximos meses y años", sostuvo, reconociendo que el acuerdo con Podemos está difícil por la negativa de sus dirigentes y su secretario general, Pablo Iglesias.

Sin embargo, insistió en que en esta unidad popular "no sobra nadie" ni se puede "excluir a nadie" e, igual que se están construyendo mareas ciudadanas en Galicia o Cataluña, el resto de España "se llenaran de mareas donde los partidos tuvieran un rol secundario".

A su juicio, las primarias anunciadas por Podemos no deberían ser un obstáculo en este camino, ya que recordó que IU también hizo sus primarias para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno y cada organización tiene "sus ritmos". "Veo más impedimento en que Iglesias haya dicho que no quiere estar con nosotros", asumió.

Para Garzón, las diferencias sobre la fórmula en la que presentarse a las elecciones podrían ser "salvables" y las "más preocupantes" son aquellas que tienen que ver con "la voluntad política". A su juicio, Monedero sí que tiene voluntad política aunque tenga diferencias con IU en los aspectos "operativos", a diferencia de Pablo Iglesias, que ha dicho que no cuenta con la federación de izquierdas.

IU está "mejor que nunca"

Este mismo jueves en una entrevista en La cafetera de Radiocable recogida por Europa Press, Garzón repitió que confía en que Podemos "cambie de opinión" respecto a la posibilidad de unirse con IU en una candidatura de unidad popular, como sucedió en el proceso de Ahora Madrid.

Al margen de eso, sostuvo que IU está "mejor que nunca", ya que siempre han sido "una fuerza muy heterogénea" y a menudo "se ha exagerado con una continua crisis interna". Además, remarcó que "hay una línea muy marcada que es la unidad popular", que tiene el apoyo del 90% de la organización, no sólo de la dirección federal.

A pesar de que reconoció que, en el ámbito autonómico, los resultados de las elecciones del pasado 24 de mayo fueron malos para IU salvo en Asturias, recordó que la formación ha mantenido un millón de votos, incrementó su número de concejales hasta más de 2.000 y tuvo una fuerza determinante en muchas de esas candidaturas unitarias. "Hay que tener una visión de todo ello para entender que IU va a estar viva", resumió.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado contratos por un importe de 17.094.465 euros a la empresa de armas Instalaza SA, entre los años 2012 y 2014, según datos del propio departamento a los que ha tenido acceso infoLibre. Se da la circunstancia de que el máximo representante del ministerio, Pedro Morenés, estuvo ligado como consejero a esta compañía al menos hasta marzo de 2009. Su llegada al ministerio se produjo en diciembre de 2011, después de que Mariano Rajoy ganara los comicios en noviembre de aquel año.

En total, esos 17 millones resultan de la suma de 32 contratos, todos firmados entre 2012 y 2014. Ni el departamento de Morenés ni la plataforma de la contratación del Estado aportan expediente alguno correspondiente al año 2015. Es decir, en lo que va de este último año de legislatura Defensa no ha suscrito todavía acuerdo alguno con la empresa de la que su máximo responsable fue consejero.

Desde el departamento que dirige Morenés precisan a infoLibre que Instalaza SA no es una empresa nueva para el ministerio. Y que muchos de los contratos que en estos tres años han sido firmados por órganos de contratación dependientes de Defensa "son de compra de munición o de repuestos y reparaciones de sistemas de armas adquiridos hace muchos años". En definitiva, son adjudicaciones para el mantenimiento de equipos adquiridos bajo otros Gobiernos. También destacan que el ministro "no es el responsable de la firma de los contratos", sino los diferentes órganos adjudicadores.

Los datos por legislaturas

La información facilitada por el ministerio indica que en la segunda y última legislatura de José María Aznar (PP) –los cálculos han sido efectuados sumando los contratos de 2000 a 2003–, el departamento de Defensa realizó 34 adjudicaciones a Instalaza por valor de 19,5 millones. En el periodo 2004-2007, en la primera etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, la cantidad ascendió a 30,3 millones repartidos en 50 contratos. En su segunda legislatura (2008-2011), el Ejecutivo de Zapatero otorgó a Instalaza 25 contratos por un importe total de 18,4 millones.

Y ese es otro dato en el que insisten los portavoces del actual Ministerio de Defensa: "Todos los Gobiernos contratan con Instalaza. Y resulta que los 17 millones de esta legislatura son una cantidad más baja que en periodos anteriores".

No obstante, para que la extrapolación sea exacta, es preciso calcular la media de adjudicaciones por cada año de legislatura ya que la actual no ha concluido. En el periodo 2000-2003, Defensa firmó contratos con Instalaza por una media anual de 4,8 millones de euros. Esa cifra ascendió a 7,5 millones en los años 2004-2007 y se redujo hasta 4,6 millones anuales entre 2008 y 2011. En el periodo 2012-2014, desde que Morenés está al frente del ministerio, la media anual de adjudicaciones a su antigua empresa se elevó a 5,7 millones. Es decir, que la media anual de adjudicaciones a Instalaza en esta legislatura sólo se ha visto superada por la primera de Zapatero.

En los datos del ministerio que obran en poder de infoLibre algunas de las cantidades de los contratos figuran con IVA y otras sin IVA, sin que esté claro cuál es el criterio utilizado en cada caso.

Puerta giratoria

La vinculación del ministro de Defensa con el sector armamentístico ha estado en el punto de mira desde su aterrizaje en el Ejecutivo. Aunque la ley no lo impide, el resto de partidos políticos pusieron el foco en el origen empresarial de Morenés. La cuestión fue uno de los ejes de la primera Comisión de Defensa en la que compareció en enero de 2012.

Las formaciones de la oposición abrieron el debate sobre la idoneidad de que un hombre vinculado profesionalmente al sector del armamento hubiese tomado las riendas de Defensa. ¿Había otro tipo de intereses? ¿Cuál era la vinculación real entre Instalaza y el hombre al que Rajoy había confiado ese ministerio? Morenés señaló entonces en sede parlamentaria que su relación con Instalaza fue "del año 2005 a 2007". El ministro mantuvo que en el Registro Mercantil constaba que había abandonado la empresa en 2007. Unas declaraciones que chocaban con el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), donde figuraba que había estado vinculado con Instalaza hasta el 4 de octubre de 2011.

Morenés fijó en 2007 el fin de su relación con Instalaza. Pero esa no era exactamente la realidad. Su baja como consejero fue cubierta por una sociedad denominada Boguillas SL, una empresa que le tenía a él como socio y administrador único. Pese a que la baja de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante no fue publicada en el Borme hasta octubre de 2011, la fecha real de su dimisión como consejero fue el 30 de marzo de 2009. Así figura en una anotación ampliatoria que el ministro hizo en su declaración a la toma de posesión. Esta nota lleva fecha del 1 de marzo de 2012.

En el citado documento, el ministro de Defensa asegura que salió de esta empresa el 17 de marzo de 2006, pero que ese mismo día fue designado representante de Boguillas SL en la misma. Y que el 30 de marzo de 2009 presentó su dimisión como consejero de Instalaza y que así consta en una certificación del Registro Mercantil que se acompañaba junto a su declaración.

Este último año, el pasado de Morenés en el sector armamentístico ha vuelto a estar presente en los debates del Congreso de los Diputados. De hecho, los 32 contratos adjudicados a Instalaza en la presente legislatura figuran en un listado, que arranca en 2000, y que fue facilitado por el Gobierno a Amaiur después de que el diputado Jon Iñarritu solicitara un informe completo de dichas adjudicaciones. En este listado no figuraba el precio de los contratos. Sólo se ofrecía el año, un número de referencia y el órgano de contratación responsable.

En la información en poder de este diario figura, además, el procedimiento de adjudicación de cada uno de los contratos. De los 32 de esta legislatura, 13 de ellos son menores –de una cantidad inferior a los 18.000 euros–, 13 negociados sin publicidad y 6 negociados.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no descartó este miércoles acometer en el futuro cambios en el seno del partido y recalcó que el PP irá "poco a poco" tomando las decisiones "más convenientes" para ir a las generales de final de año en la "mejor forma posible".

Así se pronunció Rajoy después de que algunos barones del PP exijan cambios y renovación, al tiempo que anuncian su retirada, tras el retroceso electoral sufrido por el Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo.

Estas palabras de Rajoy se producen dos días después de que afirmase exactamente lo contrario: que no haría cambios ni en el PP ni en el Gobierno.

"En cuanto al partido, lógicamente iremos poco a poco tomando las decisiones que creamos que son más oportunas y convenientes para poder presentarnos a las elecciones de la mejor forma posible y para pedirle a los españoles que vuelvan a darnos su confianza", afirmó Rajoy en los pasillos del Congreso, tras responder a las preguntas de control de la oposición.

Preguntado expresamente si va a hacer cambios como le reclaman algunos de sus barones, respondió que "los cambios, sean en el partido o en el Gobierno, se anuncian una vez que se han producido como es perfectamente entendible".

Su Gobierno es "legítimo y "democrático"

Durante el Pleno del Congreso de este miércoles Rajoy defendió que, pese a los resultados cosechados por el PP en las elecciones del pasado domingo, su Ejecutivo sigue siendo "legítimo" y "democrático" porque en 2011 recibió el respaldo de 11 millones de votos y dejó claro que va a seguir adelante con su política económica porque está dando resultados y se siguen precisando reformas.

Así lo aseguró en respuesta al diputado de la coalición abertzale Amaiur, Sabino Cuadra, quien le acusó de "pucherazo" y le avisó de que la mayoría que logró el PP en las últimas generales "ha caducado", por lo que, los populares están "usurpando un poder que no les corresponde".

Ante estas críticas, Rajoy replicó que su Ejecutivo tiene un mandato de cuatro años y piensa cumplirlo, por lo que no va atender a quienes, como Amaiur, le han pedido que renuncie a aprobar todo el paquete legislativo que tiene en agenda hasta la disolución de las Cortes.

Amaiur, formación integrada en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, acusa al Ministerio de Defensa de ocultar información de sus contratos con la empresa Instalaza SA Se da la circunstancia de que el titular de Defensa, Pedro Morenés, estuvo ligado como consejero a esta firma de la industria armamentística, al menos, hasta marzo de 2009. Su llegada al ministerio se produjo en diciembre de 2011.

La queja de Amaiur viene en forma de pregunta parlamentaria. Fue el pasado 8 de mayo cuando el diputado Jon Iñarritu registró una cuestión al Gobierno para su respuesta por escrito, en la que pide los "expedientes no incluidos por el Gobierno en la respuesta a su solicitud de informe al Ministerio de Defensa, recabando el listado de contratos de dicho ministerio a Instalaza y empresas del grupo desde el año 2000, así como la razón de la exclusión de los mismos y contenido de los contratos no incluidos". La pregunta fue calificada por la Mesa de la Cámara baja en su reunión del 12 de mayo.

infoLibre intentó este miércoles, sin éxito, obtener una respuesta del Ministerio de Defensa sobre la pregunta registrada por este parlamentario del Grupo Mixto.

Iñarritu se refiere a una respuesta previa del Gobierno relacionada con Instalaza. Con fecha del pasado 3 de marzo, el Ejecutivo remitió a Amaiur un documento con el que, en teoría, facilitaba toda la información sobre los contratos del Ministerio de Defensa desde 2000 a día de hoy con esta firma ubicada en Zaragoza. Era el resultado de una gestión demandada por Iñarritu a finales del año pasado.

Había sido el 2 de diciembre de 2014 cuando el diputado de Amaiur reclamó el listado de contratos del departamento que dirige Morenés con Instalaza y "empresas del grupo, si existieren desde el año 2000 hasta fecha de hoy, incluyendo contratos en negociación, separando aquellos relacionados con las bombas de racimo y el resto". 

En su respuesta, el Gobierno ofreció un listado de 140 contratos firmados entre Defensa e Instalaza entre los años 2000 y 2014. La información facilitada viene estructurada en tres columnas: año, número de referencia y órgano de contratación. Si se tiene en cuenta esta legislatura, el número de contratos suscritos entre los órganos de contratación dependientes de Defensa e Instalaza, era, en el momento de la respuesta, 32. Esta información fue adelantada por Público.

A tenor de la pregunta de Amaiur, en ese listado hay "contratos no incluidos".

El pasado del ministro

La vinculación del ministro con el sector armamentístico no ha estado exenta de polémica desde su aterrizaje en el Gobierno. Esta cuestión fue uno de los ejes de la primera Comisión de Defensa en la que compareció en enero de 2012. Los partidos de la oposición abrieron el debate sobre la idoneidad de que un hombre vinculado profesionalmente al sector del armamento hubiese tomado las riendas de Defensa. Morenés señaló entonces en sede parlamentaria que su relación con Instalaza fue "del año 2005 a 2007". El ministro mantuvo que en el Registro Mercantil constaba que había abandonado la empresa en 2007. Unas declaraciones que chocaban con el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), donde figuraba que había estado vinculado con Instalaza hasta el 4 de octubre de 2011.

Morenés no erró cuando fijó en 2007 el fin de su relación con Instalaza. Pero no dijo toda la verdad: su baja fue cubierta por una sociedad denominada Boguillas SL, una empresa que le tenía a él como socio y administrador único. Pese a que la baja de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante no fue publicada en el BORME hasta octubre de 2011, la fecha real de su dimisión como consejero fue el 30 de marzo de 2009. Así figura en una anotación ampliatoria que el ministro hizo en su declaración a la toma de posesión. Esta nota lleva fecha del 1 de marzo de 2012.

Instalaza denunció al Gobierno de Zapatero

En 2010, Instalaza denunció al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reclamando más de 40 millones de euros por daños y perjuicios por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín.

Recientemente, la Audiencia Nacional dio la razón al Gobierno y rechazó la indemnización reclamada por Instalaza.

3,9 millones de euros

Hasta la fecha, la adjudicación conocida más cuantiosa del departamento de Morenés a Instalaza ha sido la publicada en el BOE del 13 de enero de este año: 3.999.957 millones de euros para la adquisición de material sistema Alcotán, un sistema de lanzagranadas con alcance superior a los 500 metros.

Desde que Morenés aterrizó en este ministerio, fuentes de su departamento han insistido en que no existe ningún motivo ni incompatibilidad que impida que se suscriba contratos con Instalaza. Asimismo, han precisado que el ministro no ha intervenido en ninguno de estos expedientes porque parten de órganos con capacidad plena de contratación.

El Pleno del Congreso rechazó este jueves la posibilidad de convocar un pleno monográfico y específico sobre las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, tal y como solicitaba Amaiur con el apoyo del resto de grupos de la oposición, y tampoco solicitará a Bruselas un referéndum en los estados miembros previo a la ratificación del tratado.

La Cámara Baja votó este jueves por puntos la moción de la izquierda abertzale sobre el TTIP (por las siglas en inglés del tratado de libre comercio) que se debatió ayer, y que ha sido rechazada en su totalidad por la mayoría absoluta de los populares.

Así, algunas iniciativas, como celebrar un debate monográfico y específico en el Congreso sobre el estado y contenido de las negociaciones o pedir al Gobierno que se reúna con los sectores afectados para conocer su punto de vista, fueron respaldadas por todos los grupos de la oposición.

Otras propuestas, como coordinarse con las comunidades autónomas y recavar su opinión respecto a temas sobre los que tienen competencias o debatir en sede parlamentaria cada iniciativa que el Ejecutivo quiera llevar a la mesa de negociación, no contaron con el apoyo de UPyD, mientras que la posibilidad de pedir a la UE un referéndum previo a la ratificación del acuerdo fue rechazada por PSOE y UPyD mientras que CiU se abstuvo.

A filo de las 22.00 horas se registraba la votación. El trámite parlamentario sigue. Pero con la fuga de cinco votos del PP. Los tres diputados del partido de Gobierno que habían anunciado que no votarían (José Eugenio Azpiroz, Lourdes Mendez y Javier Puente), cumplieron su advertencia. A ellos se sumó su compañero Antonio Gutiérrez Molina. Eva Durán, diputada por Madrid, por su parte, votó en contra. Y el socialista Pedro Sánchez se equivocó y votó a favor. Minutos después, el secretario general se disculpó a través de su cuenta de Twitter y resaltó que su compromiso con la libertad de las mujeres menores de 18 años es "firme".

De la oposición, el PP contó, además, con el apoyo de los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y los cinco parlamentarios de Unió. El resto de formaciones que subieron a la tribuna a fijar posiciones a lo largo de la tarde acusaron a los conservadores de estar guiados por intereses electoralistas y presionados por grupos ultras y por la Conferencia Episcopal.

"No hay motivos para la reforma", se quejó la socialista Carmen Montón. "No nos toquen la ley. No mercadeen con los derechos de las mujeres", exigía mientras decenas de mujeres se concentraban a las puertas de la Cámara baja en protesta por lo que estaba ocurriendo dentro.

Para la izquierda parlamentaria esta reforma deja a las menores más vulnerables en una situación de desprotección. "Obligan a que una joven maltratada por su padre tenga que pedir permiso [para interrumpir su embarazo] a ese padre maltratador", consideró Montón.

"Por un puñado de votos"

"Ustedes legislan contra la libertad, contra el sentido común y todo por un puñado de votos. Dos millones y medio de niños en riesgo de pobreza. Ahí en donde tienen que legislar". Fue el principal argumento del diputado de Compromís Joan Baldoví.

Mariano Rajoy lleva desde comienzos de legislatura intentando hacer malabarismos con esta promesa electoral. Y no ha conseguido el equilibrio buscado. El malestar interno existente entre sus filas no es grande en lo numérico pero las fuentes de PP y del Gobierno consultadas por infoLibre admiten que este tipo de divisiones genera "mucho daño",este tipo de divisiones genera "mucho daño" sobre todo en un partido como este que presume de discurso único. Para llegar hasta aquí, el debate en el seno del Consejo de Ministros ha sido muy intenso. Primero, se desechó la ley de Ruiz-Gallardón. "Falta de consenso", esgrimieron. Y después, ningún ministro –ni el Sanidad ni el de Justicia– quiso hacerse cargo de enmendar la iniciativa al exalcalde de Madrid, por lo que Rajoy optó por derivar el trabajo a Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué consiguió? Evitar el desgaste directo del Ejecutivo en este asunto y, de paso, saltarse la correspondiente fase de informes consultivos que acarrea cualquier tipo de proyecto de ley. Ambos hechos no pasaron inadvertidos para los partidos de la oposición en la primera fase parlamentaria de esta reforma.

"Ningún ministro ha querido hacerse cargo de ella [de la ley]. Lo ha hecho el Grupo Parlamentario para evitar informes. Es una reforma de trueque", lamentó la diputada socialista.

En su discurso, Montón intentó derribar uno a uno los argumentos que el PP esgrime a la hora de defender su iniciativa. El primero, la esencia: el de la prohibición de que las menores de 16 y 17 aborten sin el consentimiento paterno. En este sentido, recordó que la ley en vigor, la de 2010, sólo permite la interrupción voluntaria del embarazo en menores "cuanto estén en situación de peligro cierto, violencia familiar, malos tratos, desarraigo". "Aboca a las mujeres al aborto clandestino e inseguro", advirtió.

Ascensión de las Heras (Izquierda Plural) insistió en que la proposición de ley de los conservadores "pone en riesgo" a las mujeres más débiles . "Ustedes serán responsables. Solamente cabe echarles de manera democrática en las urnas", añadió tras considerar esta reforma como un "nuevo atropello a los derechos de las mujeres".

Una propuesta desconectada de la realidad

Las expectativas del PP en lo que se refiere a movilización de su electorado con esta iniciativa son inversamente proporcionales a su alcance real. Estudios de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Protección del Embarazo (ACAI) señalan que el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una interrupción voluntaria del embarazo es del 3,6% [913]. Y que, de ellas, tan sólo el 12,38% [113] no pudieron informar a sus padres. "Con respecto al total de mujeres que acceden a un aborto, este grupo tan solo representa un 0,44%", señalan desde la asociación. Los datos corresponden a los meses de enero a septiembre de 2014. Y sólo a clínicas privadas. Pero son estas las que practican el grueso de los abortos, por lo que sirven para hacerse una idea bastante fiel del panorama.

Estos datos fueron esgrimidos por los portavoces de los partidos de la izquierda para denunciar lo que, a su juicio, es una reforma electoralista.

La defensa del PP

Por parte del partido del Gobierno, la encargada de defender la posición fue la diputada Marta González. La parlamentaria arrancó recordando que la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero no gustó no en sus propias filas.

González sostuvo que, pese que legislar sobre el aborto "no es fácil", la intención de su grupo es "eliminar, en lo posible, el recurso al aborto".

“Se ha hecho [en el pleno] repetidas referencias a razones electorales de mujeres como moneda de cambio [...] También se ha hablado de cálculos electorales”, dijo al tiempo que contestaba a la oposición: "Es conocido que el programa electoral del PP de noviembre de 2011, incluía explícitamente la revocación de este punto relativo a las menores”.

En este sentido, añadió que su partido entiende “que la mención a las razones electorales es incluso apropiada" si se tiene en cuenta que "se trata de un compromiso" del PP con sus votantes.

Respecto a la situación en la que quedan las menores más vulnerables con esta ley, la parlamentaria subrayó que “el Código Civil. al que la Proposición de Ley recurre, ya aporta soluciones a este tipo de problemáticas". "Por supuesto en esos casos las menores no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres”, señaló.

Tras la intervención del PNV, con la que se abrió la segunda jornada del debate del estado de la nación, siguió el Grupo Mixto. Aunque con matices, casi todos sus integrantes criticaron al Gobierno por su gestión de la crisis y por la corrupción, nada que ver con el "país maravilloso" que representó el presidente en la primera sesión. Le salvó, en cambio, Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, con el que el PP se presentó en las generales de 2011 en Navarra. Pero lo que marcó el arranque de la mañana fue el mareo del diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que obligó a interrumpir el pleno algo más de cinco minutos. 

Debutó en la tribuna por el Mixto Sabino Cuadra, de Amaiur. Su valoración de la gestión de la crisis fue coincidente a la de la mayoría de sus compañeros de grupo. A saber: una recuperación que sólo sienten unos pocos –"las multinacinoales del Ibex 35 siguen forrándose"– y no para la mayoría, un Gobierno que mostró primero su "cara antisocial" con los recortes y que después procedió a "blindar el régimen frente a la oposición social, política y soberanista". Es un "Estado de desecho, no de derecho", lanzó. El portavoz le recriminó que no dijera nada de la Ley del Aborto, que el presidente se tuvo que "comer con patatas" y que apenas le dedicó tiempo a hablar de la corrupción. Cuadra subrayó que esta es "estructural" como uno de los males del Estado, pero fue además el primero que sacó a colación la Casa del Rey, recordando el primer discurso de Navidad de Felipe VI. "Que la única persona en todo el Estado que no tiene que declarar su fortuna, negocios e ingresos nos sermonee con temas de corrupción, tiene tela". 

Capítulo aparte, la política penitenciaria y ETA. Cuadra remarcó que "sólo queda un tipo de violencia política, la del Estado: ilegalizaciones, detenciones, cárceles", puesto que la banda armada cesó en su actividad. El diputado abertzale le acusó de ser "sádico", de "vengarse de los presos" al no permitirles acercarse al País Vasco. El Gobierno, dijo, busca "reventar el proceso de paz", porque se sentía "más cómodo" con ETA activa, cuando a juicio de Amaiur lo que hace falta es explotar la vía del "diálogo y el reconocimiento mutuo de la violencia habida". "Olvídense de la política franquista de la victoria", avisó. También hiló con el proceso soberanista en Cataluña. "Los anclajes autoritarios y centralistas siguen vigentes. Niegan una mera consulta". "Esto no es una democracia, es una francocraciafrancocracia", remachó, para pedir una "ruptura democrática", asentada en un cambio social y el sí al derecho a decidir. 

La valoración sobre la supuesta "comodidad" del PP con el terrorismo de ETA soliviantó al jefe del Ejecutivo. "Es una afirmación repugnante", sentenció, despertando una ovación sostenida de su bancada. "No tiene un ápice de humanidad. ¿Qué pueden pensar las familias de las víctimas del terrorismo?", inquirió, pidiéndole que se "abstenga" de hacer ese tipo de comentarios. Rajoy ni se molestó en contestar más a Cuadra. Se limitó a expresar que la "grandeza" de la democracia es que políticos como los de Amaiur puedan ocupar sus escaños. Cuadra le respondió que aprovecha el asunto de la violencia etarra para "tapar" el resto de cuestiones. "Hacemos nuestros todos los dolores, los sufrimientos, las víctimas del conflicto vasco, todas, sin excepción", subrayó, mientras volvió a urgir al diálogo y a tachar de "ilegal" la dispersión de presos terroristas. 

"Se lo digo con el corazón... ¡independícese!"

"Adiós con el corazón, que con el alma no puedo", arrancó Alfred Bosch, portavoz de ERC. Para él era su último debate del estado de la nación, porque el 24 de mayo será el candidato a la Alcaldía de Barcelona, y confió en que también lo sea para Rajoy, a quien definió como "el faraón Mariano I" por dibujar un "festival de luz y de ilusiones, un espectáculo son et lumière". Sin embargo, su gestión de la crisis ha sido "nefasta". Respecto a la corrupción, le recomendó que haga como Artur Mas, que comparezca como él en la comisión de investigación abierta en el Parlament. Envite al que replicó reprochando a ERC que sólo apoyara la comisión para indagar sobre el origen de la fortuna del expresident Jordi Pujol para "molestar a CiU". 

Bosch felicitó al presidente, con retranca, por haber admitido que la consulta del 9-N había "sucedido" y que no pudo hacer nada para impedir "esa fiesta democrática". Le apremió a dar un paso más: que reconozca que el 27 de septiembre, cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas, habrá un "referéndum de independencia", y si ganan los partidarios del sí, se aplicará una hoja de ruta para la "Constitución democrática de la República catalana". "Y ante eso, ustedes no harán nada, no podrán hacer nada". El portavoz republicano le dijo que, ya que lamenta tanto la "pesadilla catalana", suelte lastre. "Libérese, se lo digo con el corazón... ¡independícese! Seguro que podremos seguir siendo grandes amigos. Usted en el reino maravilloso del Candy Crush –ironizó, refiriéndose a la pillada a la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que ayer martes jugaba con su tableta mientras contestaba el presidente a Izquierda Plural– y yo de vuelta a Barcelona. Adiós, Mariano Rajoy, adiós. Nos vemos en la ONU". 

En su réplica, Bosch hizo alusión a una noticia que se acababa de conocer: la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de dos preceptos de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del 9-N. La bancada del PP respondió con un aplauso. "Aplauden que declaren ilegales los actos de 2,3 millones de personas que acudieron a votar. Eso les gusta. Gente que se regodea en prohibir que la gente vote lo que quiera. Es muy triste", observó el portavoz de ERC. ha declinado comentar las sentencias judiciales, pero sí ha recordado que se debe respetar la ley y las decisiones de los tribunales, aunque algunas veces no gusten. Rajoy contestó que cuando un tribunal anula por unanimidad el referéndum soberanista es que "algo pasa", y recordó la obligación de los gobernantes de cumplir la ley, porque de lo contrario se manda "un mal mensaje a los ciudadanos". El presidente emplazó a plantear "si quiere y se atreve" una reforma constitucional. 

"Nulo e incumplidor" con Galicia

Tampoco fue nada complaciente el examen que le hizo la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila. Pintó a Rajoy como un presidente al frente de un Gobierno "en contra de la polación", de un Ejecutivo "demoledor" y "devastador para con los derechos y el bienestar de las personas", "únicamente obsesionado con rescatar a la banca y reducir el déficit", mientras la mayoría social se ha "empobrecido". Resultado; un panorama "desolador", con peor sanidad, un "decadente y desigual sistema educativo", con una dependencia eliminada, con unos servicios sociales dañados, más parados, más emigración, más desahucios, más represión. Fernández Davila se felicitó de la "permanente movilización" de la sociedad civil frente a las políticas "injustas" del PP. 

El balance tampoco es positivo para el BNG en lo concerniente a Galicia. Ha sido, para empezar, "nulo e incumplidor", ha practicado "pura propaganda" en todos los Presupuestos del Estado, ha "sacrificado sectores productivos" en los que la comunidad fue puntera, ha impedido crear un sistema financiero público o semipúblico gallego, ha hecho una "nefasta gestión" del accidente de tren del Alvia –como le recordó el año pasado– y ha "negado y obstaculizado el derecho a decidir". Fernández Davila le dedicó una contundente despedida: "Esperamos que no repita Gobierno, ni usted ni su partido, por el bien de la ciudadanía". 

Coalición Canaria lamenta los incumplimientos con las islas

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, se quejó de los incumplimientos del Estado con el archipiélago, de no haber tenido en cuenta los "sobrecostes de la insularidad", como sí ha hecho, en cambio, la Unión Europea. La diputada señaló que se trata en muchos casos de "voluntad política". Subrayó que "Canarias tiene muchas posibilidades de aportar el Estado", que ha cumplido con el objetivo de déficit, que ha firmado la mejor temporada turística. "Trabajemos para que salga en igualdad de condiciones", pidió. El presidente no estuvo de acuerdo. En circunstancias "difíciles", defendió, su Gabinete ha realizado un "esfuerzo de atención" a las islas, culminado con el cierre del acuerdo "razonable" sobre la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

A Oramas le sucedió en la tribuna Joan Baldoví, el diputado de Compromís-Equo. Entonces se produjo el sobresalto de la jornada, con su inesperado mareo. Comenzó a ironizar sobre el caloret de Rita Barberá, con el discurso de ayer de Rajoy –una "ruidosa mascletà de cifras", propia de los "mundos de Yupi"– y se dispuso a detallar su "abecedario de olvidos". Le dio tiempo a hablar de la A (amnistía fiscal), la B (Bárcenas, Bankia, las tarjetas black), la C (corrupción), la D (desigualdad) y en la E (emigración) se sintió mal. "Discúlpeme", dijo a Villalobos, apartándose de la tribuna, mientras sufría el desvanecimiento. La vicepresidenta, asustada, requirió la presencia de los médicos, mientras la socialista Carmela Silva, secretaria segunda de la Cámara, ayudó a Baldoví a sentarse.

La sesión se suspendió algo más de cinco minutos y se reanudó con Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, porque el diputado de Compromís-Equo seguía "recuperándose". 

El diputado del partido de Francisco Álvarez-Cascos dio una de cal y de otra manera: aunque felicitó al Ejecutivo por algunos “logros” económicos, le dijo que su visión era “demasiado optimista”. Le demandó “un nuevo modelo de Gobierno y, especialmente, un nuevo modelo de dirigirse a los electores con la verdad por delante y sin más promesas” que luego pueda incumplir. Sostres también hizo referencia a la inestabilidad política, a los datos del CIS, a los casos de corrupción y a la supuesta financiación ilegal del PP.

Y también aludió a Podemos, al mentar, sin mencionarlos, a la aparición de “líderes visionarios educados en las consecuencias de un capitalismo radical y con un objetivo fácilmente vendible desde el Gobierno. “Los nuevos predicadores y comunicadores de marca marxista-leninista de corte latinoamericano prometen alcanzar la utopía con la bandera del 'indignados del mundo, uníos'”.

Salvador, contra los "secesionistas y antiforalistas"

Carlos Salvador sí defendió las políticas del Gobierno. Su grupo, dijo, ha apoyado las reformas que consideraba que servirían para dejar "un país mejor", ha presentado enmiendas y ha ayudado a "alcanzar acuerdos que afectan positivamente en Navarra". El diputado centró en la Comunidad foral su intervención, de hecho: advirtió contra un Ejecutivo de Bildu tras las próximas elecciones autonómicas de mayo, porque supondría la integración "en el gulag euskaldún".

Salvador alertó de que el candidato abertzale es Adolfo Araiz, que en el pasado, como miembro de Herri Batasuna, "votó a favor de socializar el terror". "¿Se ha arrepentido? Qué va, está tan orgulloso. Seguro que piensa: 'Ya toca un Gobierno afín a ETA en Navarra. Ya toca recoger las nueces'". El parlamentario de UPN defendió el marco constitucional ante "los ataques de los secesionistas y de los antiforalistas" y prometió que su partido no se va a quedar "en el burladero de la historia". Rajoy correspondió con ese aviso. Navarra, sostuvo, "se juega mucho" en los próximos meses, y no le convienen"operaciones que nada tienen que ver con la sensatez y la lógica". "Donde mejor está Navarra es donde está, con su estatus de territorio foral y una de las grandes regiones españolas", añadió. El jefe del Ejecutivo agradeció a UPN su apoyo "en los momentos difíciles y a las decisiones más difíciles" en esta legislatura.

Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai, acusó a Rajoy de haber trenzado en el Congreso un discurso para “levantar el ánimo de sus tropas”, sin hacer un “balance real” de la legislatura. La diputada culpó al presidente de haber aplicado “el austericidio” en esta legislatura. También le afeó que haya negado “el pan y la sal” a Navarra, al recurrir sus normas ante el Tribunal Constitucional y al castigarla “presupuestariamente”. Barkos acabó su intervención con unas palabras en euskera, como signo de reivindicación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.