El alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha aclarado este viernes que "todavía no" ha tomado la "decisión" de si aspirar o no a un nuevo mandato y presentarse de esta manera a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, según ha informado Europa Press.

Así se ha expresado el dirigente político después de que este pasado jueves fuentes de IU indicasen que Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda desde 1979, no concurriría a las elecciones, toda vez que el veterano dirigente cuenta ya 74 años de edad y 44 años de trayectoria ininterrumpida como primer edil.

En Marinaleda, municipio de la Sierra Sur sevillana bastión de la izquierda, las últimas elecciones municipales de 2019 se saldaron con la victoria de la candidatura a la reelección que entonces encabezaba Sánchez Gordillo.

En concreto, obtuvo un 48,53% del respaldo electoral y seis concejales, frente a los cinco logrados por Avanza, con un 46,13% de los respaldos, con lo que el veterano líder del movimiento jornalero conservó una vez más el poder.

Además de su papel como alcalde, Sánchez Gordillo ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía entre 1996 y el año 2000 y entre 2008 y 2014. La asamblea de su formación en Marinaleda tiene aún pendiente celebrar una reunión, al objeto de aprobar la candidatura a la Alcaldía por la federación de izquierdas.

Juan Manuel Sánchez Gordillo, del Colectivo Unidad de los Trabajadores (CUT) y alcalde de Marinaleda (Sevilla) desde 1979, no concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, según han informado a Europa Press fuentes de IU, toda vez que el veterano dirigente cuenta ya 74 años de edad y 44 años de trayectoria ininterrumpida como primer edil.

En Marinaleda, municipio de la Sierra Sur sevillana bastión de la izquierda, las últimas elecciones municipales de 2019 se saldaron con la victoria de la candidatura a la reelección que entonces encabezaba Sánchez Gordillo.

En concreto, la candidatura a la reelección de Sánchez Gordillo obtuvo un 48,53% del respaldo electoral y seis concejales, frente a los cinco logrados por Avanza, con un 46,13% de los respaldos, con lo que el veterano líder del movimiento jornalero conservó una vez más el poder.

Además de su papel como alcalde, Sánchez Gordillo ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía entre 1996 y el año 2000 y entre 2008 y 2014. La asamblea de su formación en Marinaleda tiene aún pendiente celebrar una reunión, al objeto de aprobar la designación de quien le sucederá como candidato a la Alcaldía por la federación de izquierdas.

Una espada de Damocles pende sobre la "utopía" de Marinaleda, como la llaman los propios cooperativistas. El municipio sevillano, de menos de 3.000 habitantes y gobernado desde 1979 por el alcalde jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha basado su singularidad social en el trabajo cooperativo en la finca de El Humoso, símbolo de los logros en la lucha de los braceros del sur. Tras años de movilización y reivindicación, la finca fue expropiada por la Junta de Andalucía a un latifundista, el duque del Infantado, y cedida a los jornaleros a principios de los 90. En sus casi 1.200 hectáreas se emplean ocho cooperativas, agrupadas en la Cooperativa Humar-Marinaleda, que produce aceite, alcachofas, habas, pimientos... Ahora este modelo, que ha convertido a Marinaleda y a Sánchez Gordillo en iconos de la izquierda rural andaluza, está en riesgo. La Junta ha advertido a los cooperativistas y al Ayuntamiento que la cesión ha caducado y que, o adquieren las tierras, o a partir de que comience 2017 estarán en situación de "alegalidad", apuntan desde la Consejería de Agricultura.

La cesión inicial de las tierras por parte de la Junta fue por 12 años. No obstante, los términos de la misma nunca estuvieron demasiado claros, coinciden ambas partes. "Siempre se le ha ido dando cobertura legal y la actividad ha continuado allí", apuntan desde Agricultura. Pero ahora el Gobierno andaluz reclama a los cooperativistas un canon atrasado que, según fuentes de la Junta, supera los 5 millones de euros.

Desde el entorno del alcalde Sánchez Gordillo se lamenta que la Junta jamás haya reclamado ese canon y ahora lo exija de sopetón al tiempo que reclama la compra de los terrenos. Los cooperativistas creen incluso que, de haber deuda, podría estar prescrita. El propio alcalde afirma: "Nosotros hemos invertido mucho más de 5 millones allí. No nos pueden pedir eso". Por su parte, la Consejería defiende la necesidad de formalizar la relación entre las partes y sentar las bases de un acuerdo estable y claro. Desde Agricultura insisten en que tanto el Ayuntamiento como las cooperativas llevan más de un año recibiendo alertas y llamamientos de la Consejería, indicándoles la necesidad de regularizar su situación para acceder a la propiedad de la tierra.

"Nos cedieron la tierra por 12 años. Pasaron los 12 años y no dijeron nada. Y ahora les entran todas las prisas. Se quieren quitar las tierras de encima. Sólo les interesa el dinero", señala Juan Antonio Prieto, presidente de las cooperativas. "Marinaleda vive de las cooperativas. Si la gente que está aquí va a la calle, es gente que queda en desempleo, pero eso no lo tienen en cuenta", añade. Este modelo cooperativista está en la base del bajo índice de paro del pueblo, cuyo alcalde presume de alcanzar el "pleno empleo". El índice de desempleo suele estar por debajo del 8%, unos 20 puntos por debajo de la media de Andalucía. En las cooperativas trabajan, dependiendo de la época, desde 60 trabajadores a 400, durante las recolecciones. Pero este modelo necesita de la colaboración o, al menos, de la complicidad de la Junta. El conflicto ha puesto de relieve que el modelo de Marinaleda tiene problemas de autosuficiencia.

Una reunión del alcalde y la consejera

El 14 de diciembre el alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo (Candidatura Unitaria de Trabajadores, CUT, una de las organizaciones fundadoras de IU en Andalucía), se reunió con la consejera de Agricultura, la socialista Carmen Ortiz. El mensaje de la Junta fue claro: la cesión sin compromiso ni contraprestación de la tierra tiene como fecha tope el 31 de diciembre; si los cooperativistas quieren seguir en ella con tranquilidad legal, deben adquirirla; la cesión gratuita no es una opción. "Nosotros no queremos la propiedad. La tierra no tiene dueño. Queremos el uso. Sólo el uso", señala Sánchez Gordillo, que reivindica el historial de lucha que llevó a la conquista de aquella tierra, así como la modernización en la producción y comercialización de los productos que han introducido las cooperativas.

No obstante, vista la postura de la Junta, Gordillo se abre a la posibilidad de que la titularidad la ostente "una fundación", que contaría entre sus participantes con los propios jornaleros, desempleados y jubilados. Agricultura se opone a esta fórmula. Gordillo aseguró este miércoles a INFOLIBRE que el Defensor del Pueblo Andaluz podría implicarse en la búsqueda de una solución.

Las partes aún no han abordado cuál sería el coste de la finca, según afirman. "A esa parte llegaríamos si finalmente comprásemos, que está por ver", responde el cooperativista Prieto. ¿Pero se plantean comprar? "Yo no quiero. Sólo si nos obligan", concede Prieto, que niega tajantemente que existan diferencias sustanciales entre la posición del regidor –radicalmente contrario a la posesión de la tierra– y la de algunos cooperativistas, en principio más abiertos a estudiar fórmulas para dar mayor estabilidad a la situación.

La cooperativa, que desde el principio introdujo entre los criterios para seleccionar su producción que fueran cultivos que reclamasen abundante mano de obra, ha sobrevivido con estragos a los precios bajos que fijan las grandes compañías. Ahora, afirma Sánchez Gordillo, el panorama es esperanzador tras una difícil tarea de modernización productiva. Pero el 1 de enero está ahí, como una sombra amenazante.

Una nueva fase de la negociación

El Gobierno andaluz insiste en una línea de firmeza. A partir del 1 de enero, advierte, los jornaleros estarán en la finca sin cobertura legal. ¿Significa eso que se verá un desalojo de El Humoso, como en el pasado se ha visto de fincas ocupadas por el SAT y líderes jornaleros como el hoy diputado Diego Cañamero? No es en absoluto previsible un desalojo, admiten fuentes conocedoras de la situación. Pero sí se entrará en una nueva fase de negociación, más agónica.

La Junta recuerda que los cooperativistas, a partir de que se cruce la línea del ultimátum, no podrán acceder a ayudas europeas. Según el presidente de la cooperativa, Juan Antonio Prieto, la posibilidad de que el Ayuntamiento asumiese la titularidad de la finca no está sobre la mesa porque ésta se encuentra en el término municipal de Écija.

¿Y la posibilidad de que la Junta venda las tierras a un tercero? Las partes no lo consideran concebible. Todos coinciden en que lo que se avecina es una compleja negociación en la que entrarán en juego variables como las condiciones en que se quedan los cooperativistas, la deuda acumulada... En paralelo, está previsto que en 2017 llegue al Parlamento la nueva Ley de Agricultura, largamente esperada. Uno de los puntos en los que discrepan PSOE y Podemos-IU es en el papel que dar a las tierras públicas.

Un pueblo simbólico

Gordillo siempre se ha mostrado dispuesto a dar la batalla por el modelo al que ha dedicado su vida, y esto incluye la carta de unas movilizaciones que podrían ser sonadas. Marinaleda es un símbolo para Izquierda Unida y para sectores de Podemos.

La web de la cooperativa dice: "La Cooperativa Humar-Marinaleda, nacida de las luchas jornaleras, es un proyecto colectivo cuyo objetivo no es el beneficio privado, sino la creación de empleo [...]". Y bajo el epígrafe "Utopía" añade: "Las tierras de Los Humosos, situadas en la Vega del Genil, no son propiedad de nadie, sino de toda la comunidad y de un pueblo que lleva años luchando por la utopía de una sociedad y un mundo mejor [...]". La Junta cree que esa "utopía" se asienta sobre una cesión insostenible. Y pretende pasar las factura. Al otro lado de la mesa hay jornaleros difíciles de doblegar. "No creo que nadie rompa la baraja", dice el presidente de la cooperativa.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) combina dos actividades frecuentes. Una es voluntaria: la lucha. O "las luchas", como dicen sus dirigentes, en un plural épico que intenta dar idea de persistencia y de historia. La otra es obligada: el paso por los juzgados. El sindicato está ahora en boca de todos por la afiliación al mismo de Andrés Bódalo, concejal del Ayuntamiento de Jaén y cabeza de lista de Podemos en la provincia en las últimas generales, que está a punto de entrar en prisión por atentado contra la autoridad en el contexto de una protesta pidiendo trabajo para los jornaleros en Jódar. Pero Bódalo no es el primero, ni probablemente será el último, con problemas legales por la actividad del SAT.

El SAT, fundado en 2007 a partir de la unión de varias organizaciones, entre ellas el aguerrido Sindicato de Obreros del Campo (SOC) el Foro Sindical Andaluz y Autonomía Obrera, suma un total de 313 sindicalistas investigados (antes imputados) en procesos penales. A ellos se añaden 28 condenados por delitos, en la mayoría de ocasiones vinculados a choques en protestas, manifestaciones, piquetes... Además hay 296 sancionados con faltas administrativas, siempre según los datos ofrecidos por el SAT.

En total, son 637 los sindicalistas con problemas legales por delitos o faltas. Las peticiones de cárcel que alcanzan los 313 imputados suman 416 años y 11 meses de prisión. Las condenas en firme, 18 años y 9 meses. Las peticiones de multa en los procesos penales llegan a 537.000 euros. Y las ya abonadas por los condenados, a 47.000. En cuanto a las sanciones administrativas, las multas abonadas son de 147.000 euros; y las pendientes, de 12.000.

Rodea el Congreso

Bódalo es el primer miembro del SAT que entra en prisión. Pero puede correr la misma suerte Francisco Molero, condenado a cinco años y una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones en el contexto de la protesta llamada Rodea el Congreso de 2013. Molero, al igual que Bódalo, se declara inocente.

El propio líder del sindicato, el llamado "portavoz nacional", Óscar Reina, tiene ante sí un futuro muy incierto. "Me piden de 3 a 5 años por distintas acciones, como fueron las ocupaciones de la finca de las Turquillas, la expropiación de alimentos en Mercadona, y de material escolar en Carrefour", afirma Reina. Con 25 años, Reina sustituyó el pasado mes de octubre en el liderazgo del SAT al emblemático Diego Cañamero, de 60 años.

Asaltos a supermercados

Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo –alcalde de Marinaleda y líder del partido nacionalista de izquierdas CUT, aliado con IU– han sido la imagen histórica del SAT. Gordillo está ya en retirada, centrado en Marinaleda. Y Cañamero ha cedido el testigo a Reina, que está convencido de que el SAT, "por mucho acoso y persecución que sufra, sigue y seguirá en pie", según sus palabras. No obstante, el alejamiento del foco de Gordillo y Cañamero ha restado protagonismo mediático al sindicato, que tuvo su culmen con motivo de los asaltos a los supermercados en agosto de 2012, siendo el primero de ambos parlamentario andaluz de IU cuando la coalición gobernaba junto al PSOE en Andalucía.

Otras acciones sonadas del SAT han sido la manifestación en la finca del conde Cayetano Martínez de Irujo tras unas declaraciones despectivas de éste sobre la supuesta falta de voluntad de trabajo de los andaluces (Martínez se retractó); las ocupaciones de las fincas Somonte (propiedad de la Junta) y Las Turguillas (de Defensa); y las "expropiaciones" –según la terminología del SAT– de alimentos y material escolar para necesitados, caso de las familias ocupantes de la conocida como Corrala Utopía, en Sevilla, desalojada en 2014.

El "único liberado"

"El castigo de las condenas y las multas es duro para un sindicato de parados, que es lo que somos, porque hay muchos trabajadores que lo que están pidiendo es poder trabajar. Es complicado que la gente pueda pagar incluso las cuotas" de la organización, afirma Reina. El dirigente afirma que el SAT tiene "5.000 afiliados que pagan, y otros 5.000 que van pagando". Es decir, que pagan cuando pueden, y casi nunca pueden. A esa red el SAT suma más de 20.000 "militantes", que son gente que se suma a las luchas, protestas, manifestaciones, redes de colaboración y recogidas de alimentos, que el sindicato realiza con asiduidad. Alrededor del 25%-30% de los afiliados son mujeres, un número que no para de crecer, según Reina.

Reina afirma que es "el único liberado" del sindicato, y que gana 850 euros al mes. Tiene estudios de Bachillerato y ha trabajado "en lo que ha salido", poco y precario. Antes de líder del SAT fue concejal en su pueblo, Gilena (Sevilla), ahora gobernado por IU con el apoyo de Alternativa por Gilena, la agrupación de electores de la que él formó parte (dimitió al considerarlo incompatible con su cargo sindical). El SAT tiene su mayor fuerza en zonas rurales de las provincias de Sevilla y Cádiz, aunque su presencia no es desdeñable en ninguna provincia de Andalucía. Su actividad está fundamentalmente vinculada al campo, pero también tienen cierto empuje en comercio, construcción, enseñanza, hostelería y telemarketing. En Almería se han destacado en la defensa de los trabajadores inmigrantes.

Dos parlamentarias andaluzas

Es un sindicato enormemente heterogéneo. El propio Reina rehúsa adscribirse a ninguna de las cuatro corrientes que –admite– existen en el SAT: cristianos de base, marxistas, nacionalistas y anarquistas. Reina puntualiza: "Las etiquetas dividen en un momento en que no nos podemos permitir divisiones, con una Andalucía subdesarrollada por culpa de unas políticas de paro y pobreza". Tradicionalmente vinculado a IU, ahora el SAT aparece más próximo a Podemos, aunque Reina subraya que el sindicato es independiente.

De los 15 diputados autonómicos de Podemos, dos son del SAT: Libertad Benítez (Cádiz) y María del Carmen García Bueno (Sevilla). Sus dos anteriores diputados, Juan Manuel Sánchez Gordillo y Álvaro García Mancheño, lo fueron por IU. De los dos líderes históricos, Cañamero y Gordillo, el primero se ha situado cerca de Podemos, mientras que Gordillo es fiel –siempre desde la crítica– a Izquierda Unida.

Reina, que acudió con la bandera del SAT a Logroño a recibir a Arnaldo Otegi a la salida de prisión, subraya que el sindicato no se queda en el "conflicto laboral", ya que también es "movimiento social". Insiste en su vocación de lucha contra la "injusticia" y la "represión", así como de dar voz a los que no tienen voz. Estos días los dirigentes y técnicos del SAT no ocultan ni su tristeza por Bódalo ni su voluntad de seguir ganando fuerza y dando que hablar.

Sobre Bódalo, que fue cabeza de lista de Podemos por Jaén en las últimas elecciones generales, pesa una orden de ingreso en prisión para este martes día 29 de marzo por una condena a tres años y medio por un delito de atentado contra la autoridad durante una protesta en 2012. La agresión, producida durante un tumulto y que Bódalo niega insistentemente haber cometido, causó al agredido, Juan Ibarra, "dolor costal" y "un hematoma", lo cual tardó "cuatro días" en curar. El agredido era una autoridad pública, concretamente teniente de alcalde de Jódar por el PSOE. A ello se suma una condena anterior a Bódalo por altercados durante un piquete en la huelga general de 2002.

Bódalo afirma que su encarcelamiento es "una represalia" que sufre por sus tareas como sindicalista y como concejal del Ayuntamiento de Jaén por la agrupación de electores Jaén en Común, que recibió el apoyo de Podemos. Aún conserva cierta esperanza de evitar la prisión mediante el recurso de amparo presentado al Tribunal Constitucional y la petición de indulto solicitada por su familia ante la Subdelegación del Gobierno, para que dé traslado a la Audiencia Provincial. En caso de que estas iniciativas no prosperen, Bódalo entrará en la prisión de Jaén II, a las afueras de la ciudad. El sindicalista intentó presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, pero llegó fuera de plazo por un error de la procuradora, según explica.

Bódalo, de 42 años en la actualidad, vive en Jaén en una vivienda con su "compañera", tres hijos de 22, 19 y 12 años y una nieta de siete. Su hija mayor es madre soltera. La entrada en la cárcel de Bódalo, según explica, dejará como únicos recursos económicos a su familia 745 euros de ingresos mensuales de su compañera. Bódalo afirma que sus ingresos hasta la fecha han sido de 1.150 euros al mes, ya que el resto lo tiene "embargado" por las multas impuestas como resultado de su actividad con el SAT, un sindicato combativo en la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y en el que ha sido compañero de movilizaciones de Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo. "Si entro en prisión, será una tragedia familiar", afirma Bódalo, que considera su condena "una injusticia increíble".

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha prohibido la concentración convocada por el SAT para el martes en solidaridad con Bódalo por no haberse solicitado con diez días de antelación. El pasado 19 de marzo una manifestación en su apoyo reunió en Jaén a unas 2.000 personas –según los organizadores–, entre ellos miembros de Podemos, IU, Equo, el SAT, Ustea, CGT y la PAH.

Bódalo cuenta con el apoyo expreso de Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, y Pablo Iglesias, secretario general del partido. "Es una vergüenza que al tiempo que miles de corruptos se van de rositas, Andrés Bódalo pueda ir a la cárcel. Solidaridad con los que luchan", escribió Iglesias en Twitter el pasado 7 de marzo. El Consejo Ciudadano de Jaén, en cambio, se desvinculó públicamente de Bódalo el pasado mes de febrero.

Encierro pidiendo jornales

Los hechos arrancan con un encierro que duró 21 días de trabajadores y familiares de éstos en la Casa de la Cultura de Jódar solicitando al Ayuntamiento empleo para los jornaleros del municipio, muchos de ellos en situación precaria, más aún en un año (2012) con escasos días de trabajo en la vendimia. También solicitaban al Gobierno el fin del requisito de un mínimo de peonadas anuales para que los jornaleros pudieran cobrar el subsidio agrario de algo más de 400 euros al mes para paliar la escasez de los años con poco trabajo en el campo.

Eran días de pancartas y gritos del SAT contra el PSOE. El Ayuntamiento les abrió un expediente sancionador por incumplir una ordenanza municipal sobre uso de megafonía. "Fue una vulneración de la libertad de expresión. Nos querían poner multas de entre 1.500 y 3.000 euros", cuenta Bódalo. El 27 de septiembre de 2012 Bódalo y otros sindicalistas fueron citados por el Ayuntamiento para comparecer ante el instructor de los expedientes sancionadores. En la puerta se les informó de que no podían pasar todos juntos, sino de uno en uno. La sentencia dice que se produjo "una discursión entre los comparecientes y la policía local sobre dicho extremo".

Una sentada de 70 personas

La discusión derivó en una sentada de 70 personas, que obligó a un corte de tráfico y que "se estaba desarrollando por cauces pacíficos", señala la sentencia, que sostiene que los actos violentos se produjeron cuando Juan Ibarra, teniente de alcalde, regresaba de "tomar un café" y quiso entrar de nuevo en el edificio consistorial. Entonces, afirma el fallo, Bódalo y otro hombre lo golpearon "con los puños". Además, Ibarra recibió "patadas" de dos mujeres (no de Bódalo).

"La Policía Local al ver los anteriores hechos formó rápidamente un cordón de seguridad para proteger al concejal, logrando introducirlo en el Consistorio e impidiendo a los allí reunidos entrar en dichas dependencias, si bien finalmente se calmaron los ánimos y desistieron de su actitud, volviendo al encierro en la Casa de la Cultura, donde fueron finalmente desalojados el 5 de octubre", señala la sentencia, que añade que dos policías locales y dos manifestantes resultaron "lesionados [...] con diversas contusiones".

Cuatro condenados de 18

Bódalo fue condenado a tres años y medio de prisión, además de a nueve meses de multa pagando 6 euros al día por atentado, así como a un mes de multa a razón de 6 euros el día por una falta de lesiones. La Fiscalía pedía para él seis años y medio de prisión. Hubo otros tres condenados (el otro hombre que golpeó a Ibarra con los puños y las dos mujeres que le dieron patadas, según la sentencia). Sus penas son menores y no tendrán que entrar en prisión. Otros 14 acusados fueron absueltos.

El concejal de Jaén en Común afirma que la sentencia supone en la práctica que la Audiencia ha creído la palabra de Ibarra y de la Policía Local, y no la de los manifestantes. "No hay ni una sola prueba. No puede haberla", afirma Bódalo, que sí señala que cuando Ibarra intentó entrar de nuevo en el Ayuntamiento tras tomar su café hubo "empujones", pero no agresiones, y que él siempre intentó "calmar las cosas" y nunca agitar los ánimos. El SAT ha colgado en Youtube varios vídeos de la protesta ante el edificio del Ayuntamiento aquel 27 de septiembre.

"He sentido la sangre derramada de todos los sueños", escribe Juan Manuel Sánchez Gordillo (Marinaleda, Sevilla, 1952). El emblemático alcalde acaba de publicar su primer libro de poesía, La cárcel y otros poemas, en Atrapasueños, que ultima además un ensayo político donde ofrece también su visión de la actualidad. Parecen actividades de un dirigente en retirada prendido de cierta nostalgia. Y en parte lo son, aunque no del todo. Gordillo ha abandonado el escaparate político andaluz, donde desempeñaba el rol de agitador irredento como líder de la CUT, un partido nacionalista y de raíz jornalera integrado en Izquierda Unida. Ya no asalta supermercados con su antes inseparable Diego Cañamero, de quien se ha distanciado políticamente. Las tertulias políticas han dejado de contar con él para que convulsione el debate con su discurso aguerrido. Ni The New York Times ni ningún otro periódico en busca de algo de exotismo revolucionario acuden a entrevistarlo para sus reportajes de color sobre aldeas rojas y pañuelos palestinos. Pero, aunque no se le ve desde su salida del Parlamento andaluz, Gordillo sigue ahí, impenitente.

Alcalde de Marinaleda desde 1979 –el único en Andalucía que lleva desde el inicio de la democracia–, al final del mandato Gordillo alcanzaría los 40 años en el cargo. Castigado por una vida política larga y extenuante, sus próximos señalan que vive centrado en su pueblo, empeñado en mantener su singularidad política en tiempos de cambio. Porque hay cambios en Marinaleda, de menos de 3.000 habitantes. Hay más distensión política y menos polarización. Y en el plano político se ha producido una modificación sustancial: una división entre partidarios de Podemos y de IU que ha calado entre los seguidores del alcalde, que con sus más y sus menos se mantiene fiel a la coalición de izquierdas, a la que critica por su tibieza –a su juicio– en el combate contra el capitalismo.

En 2015 Gordillo ganó las elecciones municipales obteniendo 9 concejales de 11 con la marca IU-CUT. Pero entonces no se presentó Podemos. Cuando lo hizo, en las autonómicas, obtuvo el 29,01% de los votos, frente al 43% de IU. Y en las generales se produjo el sorpasso, a pesar de que Gordillo se implicó en la campaña repartiendo propaganda en apoyo al proyecto que lidera Alberto Garzón. Hubo 653 votos para Podemos (37,44%) frente a 568 para IU (32,57%). Es curioso: en el caso de Marinaleda, con Podemos ha llegado el bipartidismo. Hasta entonces IU disfrutaba de una hegemonía política total. La derecha, eso sí, sigue desaparecida: el PP, que sólo es capaz de presentar cuneros en las municipales, únicamente ha obtenido un concejal en toda la historia democrática, en 1999.

Semana Santa no, Semana por la Paz

En su empeño por consolidar su legado, el alcalde ha logrado resolver –al menos de momento– su principal quebradero de cabeza, los problemas de la mítica cooperativa El Humoso, que llegó a acumular impagos durante el pico máximo de la crisis. Y mantiene su emblemática política de vivienda, que ofrece a los trabajadores alquileres casi simbólicos. Estos días celebra –o más bien no celebra– la Semana Santa de una forma casi inconcebible en los más de 770 pueblos de Andalucía: con la llamada Semana por la Paz. El programa no tiene nada que ver con procesiones ni estaciones de penitencia. Tiene sentido. En su poema Cristo –Jesús aparece con frecuencia como "comunista" y revolucionario en sus versos–, escribe: "Oíd lo que dice el Cristo en estos momentos / Bajadme de la cruz".

La Semana por la Paz es sintomática del microcosmos sociopolítico de Marinaleda. Allí, en medio de la Sierra Sur de Sevilla, Gordillo y Anna Gabriel, dirigente de la CUP, participaron este miércoles en la mesa redonda El derecho de autodeterminación de los pueblos. Este jueves Mario Isea, embajador de Venezuela, y Alejandro Castro, cónsul general de Cuba en Sevilla, debatirán sobre Venezuela y Cuba en la encrucijada actual. El viernes actuará el cantaor flamenco El Cabrero, otro emblema de la izquierda rural. Y el Sábado Santo, mientras en Sevilla se suceden las procesiones, en Marinaleda hay concierto de A sako Pako, Hermanos Bastardos y Balanegra. Rock y Hip-Hop en la Semana Santa, cuya pequeña versión local no cuenta ni con participación ni con financiación del Ayuntamiento. En Marinaleda la cultura oficial es contracultura.

El alcalde de Marinaleda (Sevilla) y líder nacional de la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, encabezan una candidatura denominada Utopía y Dignidad que se ha conformado para participar en el proceso de primarias abierto por Podemos para las próximas elecciones generales, y con la que aspiran a "complementar" la que lidera el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias.

Según ha informado en un comunicado la Candidatura Unitaria de Trabajadores, esta candidatura se ha inscrito este viernes y está compuesta por 60 mujeres y hombres representantes en su mayoría de la CUT, el andalucismo, movimientos sociales, mareas y el SAT, entre otros, y entre sus miembros más destacados también figura, como número tres, el director de cine sevillano Benito Zambrano.

Este acuerdo se ratificó en la Asamblea Nacional de la CUT, celebrada este viernes por la noche en Osuna (Sevilla), "sin ningún voto en contra y tan solo nueve abstenciones", y donde Cañamero defendió que "Pablo Iglesias es el mejor candidato para optar a la presidencia del Gobierno", de forma que la referida candidatura inscrita este viernes "no se presenta con candidato a la presidencia".

"Nuestra intención es complementar la candidatura que presenta Pablo para hacerla más plural y representativa. Queremos que Pablo sea presidente, pero también queremos un Congreso de los Diputados plural y representativo de la realidad del país; por eso somos necesarios", ha manifestado Cañamero.

Por su parte, Sánchez Gordillo –número uno en la candidatura– y varios miembros de la asamblea se mostraron "muy críticos con los tiempos, mecanismos y el proceso de primarias abierto por Podemos", considerando que éste tendría que haberse realizado de manera "más horizontal, participativa, inclusiva y en pro de la unidad popular". "No entendemos las prisas cuando las elecciones con toda probabilidad serán a finales de año", apostilló.

No obstante, estos han apoyado la participación en el proceso de primarias con la intención de complementar la lista "oficial" para que "se incluya en ésta el espíritu de las Marchas de la Dignidad, las demandas del medio rural, las mareas, etcétera".

El gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, pagó el aceite de oliva de la cooperativa de Marinaleda, el pueblo andaluz gobernado por Juan Manuel Sánchez Gordillo durante 35 años, al doble de su precio de mercado, según publica la revista Interviú esta semana. La cooperativa ingresó un total de 6,7 millones de euros con la operación.

El acuerdo, según la citada publicación, se firmó el 14 de enero de 2013 en Caracas meses después de que el exalcalde de Marinaleda visitara Venezuela invitado por el gobierno de Nicolás Maduro para impartir charlas sobre el proyecto anticapitalista desarrollado en la localidad andaluza.

El contrato de abastecimiento de aceite está rubricado por Carlos Alberto Osorio Zambrano, uno de los hombres fuertes de Maduro y actual ministro de Presidencia. Zambrano se compromete por escrito a comprar hasta 12.000 toneladas métricas de aceite a un precio de 6.504 euros por tonelada. En esos momento, según las bases de datos de referencia para mayoristas, el precio del aceite de oliva era de 2.988 euros por tonelada.

Según relata la revista, la cooperativa fue incapaz de atender con su producción anual el contrato firmado con el Gobierno latinoamericano y decidieron comprar aceite a una gran firma del sector y venderlo después a Venezuela con otra marca. Aún así la rentabilidad, descontando todos los gastos, fue del 73 por ciento, cinco veces por encima de la media del sector. La cooperativa compró 1,4 millones de botellas de aceite a una gran aceitera española y las envió a Venezuela con otra etiqueta. 

La Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), organización liderada por el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y cofundadora de Izquierda Unida, ha decidido abandonar definitivamente IULV-CA y no integrarse en ningún otro partido político, incluido Podemos. No obsante, dos militantes de base de la CUT figuran en las candidaturas del partido de Pablo Iglesias a las elecciones autonómicas del 22 de marzo.

Así lo ha acordado tras un "intenso debate interno" la Asamblea Nacional de la CUT en una reunión celebrada en Osuna (Sevilla), en la que también han estudiado la posibilidad de concurrir en solitario a los comicios del 22M, opción que finalmente han descartado por falta de tiempo para elaborar candidaturas propias, han informado a Europa Press fuentes de la CUT.

La formación que lidera Sánchez Gordillo, que apuesta "por la construcción de la unidad popular para llevar a las instituciones la lucha de la calle", asegura en un comunicado que las razones para abandonar IULV-CA "no son nuevas" y responden a su "oposición constante" a la "política de pactos" con el PSOE-A puesta en marcha por la "actual mayoría de IU representada por el PCE". Como ejemplo más evidente, subrayan el pacto en el Gobierno andaluz que "representaba entregarse a una parte de la Troika para administrar recortes por imperativo legal y quebrar un proyecto político que dice ser anticapitalista".

En su opinión, la "ruptura unilateral del bipartito" por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras votar los presupuestos y la "expulsión humillante" de los consejeros de IULV-CA "tendría que haber representado una catarsis interna". Sin embargo, la CUT subraya esto ha ocurrido sin que "nadie haya presentado su dimisión ni se haya producido autocrítica alguna por parte de la dirección", por lo que considera que la dirección de IULV-CA "no ha sacado lecciones de esta experiencia nefasta de gobierno con el PSOE" y, en consecuencia, "no está descartado que se vuelva a repetir".

En cualquier caso, la CUT expresa su "máxima consideración a la militancia de base de IULV-CA, combativa, luchadora y con la que seguiremos manteniendo vínculos en la movilización y en la calle", pero abandona las filas de IU para "poner en valor el proyecto propio como fuerza andalucista, de izquierda anticapitalista, nacionalista y soberanista, ecologista y feminista, antiimperialista y antimilitarista".

Las diferencias de la CUT con la dirección de IULV-CA se han venido acentuando en las últimas fechas y esta misma semana había rechazado participar en las primarias convocadas para elegir a los candidatos a las elecciones del 22 de marzo, como protesta a que el coordinador general y candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, concurra por Sevilla, provincia que tradicionalmente venía encabezando la CUT con Sánchez Gordillo.

Congeló su participación hace mes y medio

La CUT ya anunció el pasado 28 de diciembre que "congelaba" su participación en los órganos de IULV-CA tras calificar como "antidemocrática" la asamblea de balance celebrada una semana antes. En ella, la propuesta del coordinador general, Antonio Maíllo, de posponer a junio un posible referéndum sobre la continuidad del pacto de gobierno con el PSOE-A en la Junta, en caso de que no se aprobase una batería de leyes, tuvo el respaldo del 77 por ciento.

En aquel momento ya anunciaron su marcha de las filas de IULV-CA significados dirigentes de la CUT como el líder jornalero del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, o el ya exportavoz de IULV-CA en la Diputación Provincial de Sevilla, Manuel Rodríguez Guillén, entre otros.

Tras especularse durante semanas con la entrada de Cañamero en las listas de Podemos a las elecciones autonómicas junto a su candidata a la Junta, Teresa Rodríguez, con la que ha protagonizado varios actos públicos, que finalmente no se concretó, las candidaturas de Podemos al 22M sí han incorporado a miembros de la CUT como María García por Sevilla y Libertad Benítex por Cádiz.

No obstante, la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de la CUT ha sido no integrarse "en ninguna otra fuerza política o partido" tras abandonar IULV-CA y "seguir apostando por la construcción de la unidad popular para llevar a las instituciones la lucha de la calle, de los de abajo".

Las encuestas realizadas hasta el momento en la comunidad sitúan al partido liderado por Pablo Iglesias como tercera fuerza política, por detrás de PSOE y PP, con entre el 13,5% y el 17,4% de los votos. “Posiblemente sea cierto que un pinchazo en Andalucía, y esos porcentajes efectivamente lo son para una fuerza que se plantea llegar a la Moncloa, podrían desinflar en buena medida sus expectativas en toda España”, añade Torres.

Atendiendo a los ánimos, el hartazgo de los ciudadanos y las encuestas, puede que nada venga mejor a Podemos que un adelanto electoral para sus aspiraciones de gobierno un adelanto electoral . Las entre 100.000 (según la Policía) y las 300.000 (según los convocantes) que acudieron este sábado a la Marcha por el Cambio en Madrid lo confirman. Sin embargo, puede que nada haya podido venir peor a Podemos que al final ese adelanto se haya dado en Andalucía.

Las reacciones públicas en el nuevo partido a la decisión de la presidenta de la Junta no muestran una excesiva preocupación, pero tampoco una excesiva tranquilidad. De todas, Andalucía no es la mejor plaza para medir por primera vez en las urnas, tras las europeas, el efecto real de un fenómeno que ha roto los esquemas de los hasta ahora dos partidos mayoritarios. Primero, porque no disponen aún ni de estructura ni de una candidatura sólidauna candidatura sólida que pueda hacer frente al liderazgo de Susana Díaz, ganadora en todas las encuestas. Segundo, porque tendrán que demostrar con un programa solvente y propuestas concretas que del diagnóstico pasarán a aplicar recetas, una de las mayores críticas que les hacen sus adversarios. Y tercero, porque saben –y así lo reconocen– que esos dos partidos hasta ahora mayoritarios en nada se parecen de Despeñaperros para arriba y de Despeñaperros para abajo.

“En Andalucía es más complicado competir con el PSOE que con el PP, eso está claro”, admiten desde Podemos, que no eligió por casualidad Sevilla para celebrar su primer aniversario, hace dos semanas. En este contexto, ¿qué se juega Podemos en Andalucía? ¿Dependerá de lo que salga de las urnas el próximo 22 de marzo la evolución de su ola de entusiasmo? ¿Crecerá su efecto, se mantendrá o comenzará a desinflarse?

Los precedentes

Ningún partido ha ganado unas elecciones generales con el porcentaje ahora mismo atribuido a Podemos en Andalucía, confirma Manuel Pérez Yruela, profesor de Investigación de Sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA): “El PSOE obtuvo su peor resultado en 1994, legislatura en la que se produjo la complicidad entre PP e IU conocida como la pinza. En las elecciones de ese año, el PSOE obtuvo 45 diputados; el PP, 41; IU, 20, y el Partido Andalucista, 3. Ninguno obtuvo mayoría absoluta. En las cinco ocasiones en las que el PSOE ha conseguido mayoría absoluta de las nueve legislaturas habidas desde 1982, la ha obtenido en todos los casos con una proporción de votos válidos en urna superior al 47%”.

El PP obtuvo un porcentaje bajo de votos en las tres primeras legislaturas (1982, 1986 y 1990), con resultados del 17%, 22,2% y 22,4%, respectivamente. Fue a partir de la cuarta legislatura, en 1994, cuando pasó a tener más del 30%. Y en 1996, con ese porcentaje superior al 30% en Andalucía, ganó las generales. "Los resultados electorales en Andalucía tienen más influencia a nivel nacional", explica López Yruela. Por eso considera, "aunque es difícil de saber", que Podemos se juega más en esta comunidad que, por ejemplo, en Cataluña.

Para el profesor del IESA, sin embargo, el punto de partida de Podemos no debe situarse en las encuestas, sino en las elecciones europeas, las primeras a las que se presentaron: “No se puede desinflar lo que todavía no se ha inflado. Es decir, Podemos no se ha presentado aún a ninguna elección autonómica y no se puede valorar si se desinfla o no”. En las europeas, Podemos obtuvo el 7,11% de los votos en Andalucía, algo por debajo del 7,98% alcanzado en España.

“El porcentaje que se le atribuye para las autonómicas es significativamente mayor que el resultado de las europeas. Sí puede conjeturarse que este adelanto electoral deja poco tiempo para preparar toda la logística organizativa y de comunicación que unas elecciones conllevan. No obstante, está por ver si eso lo pueden compensar con el uso de las redes sociales y de la comunicación instantánea que puede hacerse a través de ellas y que tan bien manejan”, añade Pérez Yruela, quien señala que es conveniente esperar a alguna encuesta preelectoral más, como la del CIS, para comprobar si esa intención de voto entre el 13,5% y el 17,4% se mantiene o varía al alza o a la baja. “En los últimos días han sucedido cosas que pueden influir para ello: el propio adelanto electoral, el resultado de las elecciones en Grecia y los primeros pasos del nuevo Gobierno, los problemas que se está conociendo de algunos miembros significados de Podemos…”, advierte el profesor.

Andalucía no está en el camino a La Moncloa

La eurodiputada Teresa Rodríguez, posible candidata de Podemos a presidir la Junta, resta importancia a las encuestas e insiste en que su camino en Andalucía va por otro lado: “Las generales son las generales y las autonómicas, las autonómicas. Nosotros vemos en Andalucía la primera etapa para echar del Gobierno a la derecha. Pero no nos planteamos ganar en Andalucía como un paso intermedio para llegar a la Moncloa. Claro que nos jugamos cosas, pero en términos de cambiar la realidad de Andalucía, de dar una alternativa a la comunidad con más paro donde lleva gobernando el PSOE 35 años y huele a viejo”, explica a infoLibre. Asegura que en Andalucía son ya más de 50.000 las personas inscritas en Podemos frente a los aproximadamente 46.000 militantes del PSOE andaluz.

Joaquín Urías, que perdió su batalla por la Secretaría General de Sevilla frente a la lista oficialista de Begoña Gutiérrez, incide en la línea de la eurodiputada: “El éxito ciudadano de Podemos no está relacionado con convocatorias electorales, sino con una situación de hartazgo popular. La gente está deseando votar a Podemos en las generales y ese ansia no varía por la convocatoria autonómica. En Andalucía, a mi modo de ver, Podemos se juega menos. A pesar de las políticas de recortes del gobierno PSOE-IU, que han dañado gravemente el Estado del bienestar andaluz, aún hay andaluces que ven al PSOE o a IU como partidos de izquierda. Seguramente, debido a que el PP gobierna en el Estado y a la falsa imagen de confrontación con él. Por eso, Podemos aquí no debe tener grandes expectativas ni se juega nada. Es un partido nuevo que se enfrenta a una coyuntura política compleja. Cualquier resultado que nos haga decisivos para gobernar será un éxito. Y estoy convencido de que será mejor que ese 18%”.

Teresa Rodríguez atribuye la fortaleza del PSOE andaluz a la resistencia que existe en esta comunidad a una derecha vinculada a la oligarquía terrateniente y a la decisión de los andaluces de votar “el mal menor”, por lo que confía en que Podemos se convierta ahora en el vehículo del cambio con dos ejes: la lucha contra el desempleo y la lucha contra la corrupción con un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes: “Para que no tengan que coger, como hicieron sus abuelos, las maletas e irse para Alemania”.

Lejos de la realidad andaluza

Algunos militantes y personas cercanas al partido sitúan, sin embargo, el mayor obstáculo de Podemos en Andalucía en el propio Podemos. “Nuestro principal problema es la falta de transparencia y participación en el diseño de las listas electorales. Prácticamente se van a imponer desde Madrid, primando la lealtad al aparato sobre la preparación. Nuestros diputados no serán los mejores, sino los más fieles a Pablo Iglesias y eso traerá muchos problemas a medio plazo. Por otro lado, la incorporación de personalidades muy conocidas vinculadas al SAT y a la CUT nos alejará de la centralidad del tablero”, sostiene un destacado militante que prefiere no decir su nombre.

Juan Torres, aunque valora las reivindicaciones históricas del sindicato liderado por Diego Cañamero, admite también esa dificultad: “Es una evidencia que la organización de Cañamero [el SAT]  refleja a una parte muy reducida, aunque es cierto que requiere una gran atención, de la sociedad andaluza y de sus problemas. No creo que sea por casualidad que después de tantos años la CUT [la formación encabezada por Juan Manuel Sánchez Gordillo] se haya limitado a ser una parte muy pequeña de la militancia de IU y, además, muy concentrada espacialmente”.

No obstante, lo que Torres cree que complica el camino a Podemos es la forma de enfrentarse a la propia realidad de Andalucía: “Creo que los dirigentes de Podemos en Andalucía están haciendo un discurso bastante alejado de la realidad y de los sentimientos mayoritarios de los andaluces. Se está manifestando claramente en las declaraciones recientes de algunos de ellos y en el mitin que organizaron hace poco en Sevilla, donde predominaron los estereotipos y una forma vieja de hacer política que a mí no me gusta, a base de chistes fáciles e insultos personales".

El Tribunal Supremo ha absuelto al alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), del delito de desobediencia por el que había sido condenado a una pena de siete meses de cárcel por ocupar la finca militar Las Turquillas de Osuna en julio de 2012.

La Sala de lo Penal ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por Sánchez GordilloSánchez Gordillo, que recientemente renunció a su acta de diputado autonómico; el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Diego Cañamero; y los otros dos acusados Juan Vega y José Rodríguez Núñez al exonerarles del delito de desobediencia grave a la autoridad.

El alto tribunal mantiene el delito de usurpación de inmueble que se les imputa y que lleva aparejada una multa de 1.200 euros. Los magistrados remarcan que no cabe apreciar el delito de desobediencia grave pues la negativa de los ocupantes a abandonar voluntariamente la finca es "precisamente el contenido de injusto que integra el delito de usurpación".

Conde-Pumpido

"El acto simbólico de protesta social -atípico- se convierte en delictivo porque los acusados habían configurado la ocupación como indefinida, acordando no abandonar la finca hasta que fuesen obligados a ello por la fuerza", recoge la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Los hechos se remontan al 24 de julio de 2012 cuando, a las 10.00 horas y convocadas por el SAT, se concentraron en las inmediaciones del acceso lateral de Las Turquillas unas 500 personas, que llegaron hasta el lugar en siete autobuses y unos 80 vehículos particulares.

El grupo iba encabezado por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate! Las Turquillas para los trabajadores'. Al frente de la comitiva estaban Cañamero, Sánchez Gordillo y otros dos militantes del SAT que contestaron a la Guardia Civil que "pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y querían entrevistarse con los responsables de la Yeguada Militar".

El diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo renunciará finalmente al Parlamento andaluz en lugar de dejar la alcaldía de Marinaleda, algo que anunció hace unos días a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la Ley Electoral andaluza y que declara incompatible el puesto de parlamentario con el de alcalde.

Así lo confirmaron este domingo a Europa Press fuentes cercanas a Sánchez Gordillo, que explicaron que el nuevo anuncio del todavía diputado se produjo minutos antes de que tuviera lugar el pleno extraordinario que se había convocado este sábado en el Ayuntamiento de Marinaleda y que, a última hora, fue suspendido.

Sánchez Gordillo ha sido alcalde de Marinaleda durante 35 años. Accedió al cargo en 1979, año en el que se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en España. Desde 2008 es diputado por Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, cargo que también ostentó entre 1994 y 2000.

La decisión del TC ha afectado a un total de siete alcaldes-diputados, seis del PP-A y uno de IULV-CA. Salvo Esperanza Oña, el resto ha renunciado al acta de diputado para continuar al frente de sus respectivos ayuntamientos.

Además de Sánchez Gordillo, se trata de los alcaldes de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; de Córdoba, José Antonio Nieto; de Huelva, Pedro Rodríguez; de Valverde del Camino (Huelva), Dolores López Gabarro; y de La Mojonera (Almería), José Cara.

"Un circo" para el PSOE

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marinaleda, Mariano Pradas, consideró el cambio de decisión de Sánchez Gordillo como "un circo". "Se ha reído de los andaluces y de sus vecinos", criticó.

Y es que, según explicó Pradas a Europa Press, desde que se conoció el fallo del TC "el pueblo ha estado en vilo por la inquietud que supone que cambiara el alcalde después de tantos años", y ahora, "cuando solo faltaban dos horas para que expirare el plazo, vuelve a cambiar de parecer".

A su juicio, el cambio de actitud de Sánchez Gordillo corresponde a "una estrategia para estar en los medios de comunicación, un montaje para ser el protagonista". "Es un circo", zanjó Mariano Pradas.

¿A qué se debe esta renuncia?, ¿se habrá cansado el siempre polémico Gordillo de mandar en el pueblo? Casi con toda seguridad, la respuesta es no. En realidad, al archiconocido alcalde no le ha quedado otra alternativa tras el fallo del Tribunal Constitucional, que considera incompatible ser regidor y diputado en el Parlamento autonómico.

Pocos confían sin embargo en que Gordillo se vaya a quedar en segunda línea de la política municipal, sobre todo porque tiene intención de mantener el acta de concejal.

Algunos tuiteros no se les ha pasado por alto que Gordillo no percibe sueldo alguno por ejercer de regidor, pero sí que cobra por su condición de diputado:

El diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha presentado este martes en el Parlamento andaluz su renuncia como alcalde de Marinaleda (Sevilla), una decisión que adopta tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la Ley Electoral andaluza que declara incompatible el puesto de parlamentario con el de alcalde, según han informado a Europa Press fuentes del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Sánchez Gordillo ha sido alcalde de Marinaleda durante 35 años. Accedió al cargo en 1979, año en el que se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en España. Desde 2008 es diputado por Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, cargo que también ostentó entre 1994 y 2000.

El también líder nacional de la CUT, formación integrada en IULV-CA, ha tomado esta decisión después de haberse reunido con miembros de su partido y también con sus personas de confianza en el ayuntamiento, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento, que se reunió el pasado día 5, dio de plazo hasta este miércoles 12 para que los diputados que en ese momento seguían siendo también alcaldes, Sánchez Gordillo y Esperanza Oña (PP-A), formularan oficialmente su renuncia a uno de los dos cargos. La diputada conservadora ha renunciado este mismo miércoles a la Alcaldía de Fuengirola (Málaga).

Desde que se conoció el fallo del TC, en el pasado mes de septiembre, la dirección de IULV-CA ha asegurado que la decisión de Sánchez Gordillo sería "personal". El coordinador general, Antonio Maíllo, decía tener la "sensación" de que optaría por la Alcaldía y abandonaría su escaño en el Parlamento.

El vicepresidente de la Junta y excoordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha dicho que prefiere que Sánchez Gordillo siga en el Parlamento porque le aprecia y conoce sus valores, una opinión que es compartida por la CUT, que cree que debe continuar en la Cámara, donde tiene "más proyección y visibilidad".

Tanto Valderas como fuentes de la CUT, consultadas por Europa Press, han destacado que Sánchez Gordillo podría continuar en el Ayuntamiento de Marinaleda como concejal, dado que este cargo no es incompatible con el de diputado autonómico.

La decisión del TC ha afectado a un total de siete alcaldes-diputados, seis del PP-A y uno de IULV-CA. Salvo Esperanza Oña y Sánchez Gordillo, el resto ha renunciado al acta de diputado para continuar al frente de sus respectivos ayuntamientos.

Se trata, en concreto, de los alcaldes de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; de Córdoba, José Antonio Nieto; de Huelva, Pedro Rodríguez; de Valverde del Camino (Huelva), Dolores López Gabarro; y de La Mojonera (Almería), José Cara.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza que declara que los cargos de alcalde, presidente de Diputación Provincial y presidente de las mancomunidades de municipios es incompatible con el mandato de diputado autonómico, por lo que, en el caso de que se acumulen ambas condiciones, debe optarse por una de ellas.

Según han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal, la desestimación del recurso del Gobierno por parte del TC implica el levantamiento de la suspensión cautelar que pesaba sobre la norma andaluza, por lo que la decisión del TC afectará directamente a siete diputados que actualmente simultanean sus escaños con sus cargos al frente de alcaldías.

En concreto, los afectados son seis parlamentarios del PP-A, los alcaldes de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; Córdoba, José Antonio Nieto; Huelva, Pedro Rodríguez; Valverde del Camino (Huelva), Dolores López (secretaria general del PP-A); Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña (vicepresidenta segunda de la Cámara); y La Mojonera (Almería), Francisco Cara, y uno de IULV-CA, el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.

La sentencia, hecha pública este viernes y de la que ha sido ponente el magistrado conservador Antonio Narváez, rechaza que la ley recurrida (la ley 9/2011) prive a las personas que ejercen los cargos declarados incompatibles del derecho de sufragio pasivo, pues no se les impide presentarse a las elecciones al Parlamento autonómico sino únicamente, una vez elegidos, "adquirir la condición de parlamentario".

Cabe recordar que la norma fue aprobada por el Parlamento andaluz en noviembre de 2011 (con el respaldo del PSOE, el voto en contra del PP y la abstención de IU) para reformar la Ley Electoral de la comunidad y las otras normas que regulan el estatuto de los expresidentes de la Junta y el régimen de incompatibilidades de los altos cargos. Contra la ley, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó, tras haber recibido el informe del Consejo de Estado favorable para ello, un recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno consideraba la ley "desproporcionada y arbitraria"

El Ejecutivo entendía que la ley andaluza era desproporcionada y arbitraria, en tanto que no justifica el distinto trato que se da a alcaldes, presidentes de Diputación y de mancomunidades, en relación con los restantes altos cargos de las distintas administraciones públicas, es decir, considera que limita el derecho de sufragio pasivo que reconoce la Constitución.

El recurso fue admitido a trámite en abril, unas horas antes de la constitución del Parlamento andaluz y, con ello, la norma, suspendida. Ahora la sentencia del Constitucional mantiene que la ley recurrida no afecta a la elegibilidad de quienes quieran presentarse a las elecciones sino a la incompatibilidad en que puedan incurrir los candidatos, una vez adquieran la condición de electos.

"En la disposición controvertida –explica el pleno– no está en juego el derecho de sufragio pasivo de los cargos incluidos en la misma. El derecho de sufragio pasivo guarda íntima relación con la inelegibilidad; pero la incompatibilidad, sustancialmente, no guarda relación con el Derecho electoral, sino más bien con el Derecho parlamentario, por cuanto afecta a la propia organización interna del órgano parlamentario".

En la misma línea, recoge que "la incompatibilidad parlamentaria no tiene propiamente reflejo en el proceso electoral, sino más bien en la adquisición plena de la condición parlamentaria –y conservación, en su caso, de la misma– una vez que el candidato haya resultado electo".

"No está afectado el derecho a la igualdad"

Tampoco considera el Constitucional que resulte afectado el derecho a la igualdad y señala que la jurisprudencia del tribunal establece que el principio de igualdad "no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables".

Así las cosas, la sentencia añade que si lo que se pretende en este caso concreto, como así lo destaca la exposición de motivos de la norma andaluza, es que los parlamentarios desempeñen sus funciones con "transparencia" y "plena dedicación", "la causa de incompatibilidad prevista en el precepto impugnado resulta justificada y proporcionada".

Por último, el Tribunal descarta que la norma recurrida sea arbitraria, pues su finalidad "en modo alguno resulta ajena a la finalidad de las incompatibilidades parlamentarias". Y cita de nuevo la exposición de motivos de la ley recurrida, donde se señala que su objetivo es la mejora "del funcionamiento de nuestras instituciones de tal forma que sean más transparentes y cercanas a la ciudadanía, combatiendo el desapego creciente que muestra la ciudadanía hacia la actividad política y hacia aquellos que la ejercen".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivó este viernes las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez-Gordillo, por el uso de dinero del Ayuntamiento para el desplazamiento en autobús de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

De este modo, y en un auto consultado por Europa Press, el magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, archiva la denuncia presentada contra el primer edil por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, pues considera que los hechos no son constitutivos de los delitos de malversación y prevaricación administrativa en el ejercicio de su actividad municipal por los que se abrieron las diligencias.

Manos Limpias denunció que "dinero público del presupuesto del Ayuntamiento de Marinaleda se ha destinado al pago del servicio prestado por Autobuses Morales para desplazar a las huestes del SAT a ocupar fincas de propiedad pública –entre ellas Las Turquillas– y otras de propiedad privada".

En su resolución, el instructor decretó el sobreseimiento libre de la causa respecto al imputado aunque "sin perjuicio de la validez o nulidad de las resoluciones adoptadas ni de la responsabilidad contable en que pudiera estar incurso el Ayuntamiento de Marinaleda", por lo que ordena la remisión de una copia de las actuaciones al Tribunal de Cuentas por si considera oportuno investigar la existencia de dicha responsabilidad contable.

En virtud de las actuaciones instructora realizadas, el magistrado consideró que, al menos desde 2009 y hasta los primeros meses de 2013, "ha sido habitual" que el Ayuntamiento de Marinaleda contratase los servicios de la mercantil Grupo Morales-Sánchez Cervilla para fletar autobuses de cara al transporte de ciudadanos de la localidad "para muy diversos fines deportivos, culturales y políticos o reivindicativos".

El TSJA aseveró que "no existe un contrato marco" entre el Ayuntamiento y la citada mercantil para la prestación regular de tales servicios, sino que la contratación se efectuó "de manera verbal" por diferentes responsables municipales para cada uno de los transportes, "de carácter discrecional, sin más tramitación que la exigida para los denominados 'contratos menores de servicios'" y con adjudicación directa por parte del alcalde o del concejal delegado, "que es posible si no se supera el límite de 18.000 euros".

"Ninguna de las facturas investigadas alcanza dicha cifra; sin embargo el importe total de las mismas sí supera tal cuantía", señala el auto, que indica que cada factura fue refrendada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, "aprobando a posteriori el gasto", mientras que "en algún caso ha sido el propio Pleno municipal el que, sin objeciones, ha aprobado el gasto" y en otros casos "se aprobó el gasto por decreto del alcalde, después refrendado por la Comisión de Gobierno".

"Desviación presupuestaria"

El instructor relató que "una parte considerable" de los servicios de transporte contratados "han coincidido con movilizaciones sindicales, marchas obreras y jornaleras, actos reivindicativos y de protesta, manifestaciones por asuntos políticos de interés general, o concentraciones en sedes judiciales", añadiendo que "la participación y apoyo del Ayuntamiento en tales eventos, y los presupuestos anuales, suelen venir acordados en asambleas ciudadanas abiertas a todos los vecinos de la localidad, que generalmente después son asumidas como decisión propia por la Comisión de Gobierno, conforme al peculiar modo de funcionamiento del referido municipio".

Para concluir, aseguró que "no constan objeciones ni informes negativos por parte del secretario interventor sobre la contratación de estos servicios, ni sobre las órdenes de pago correspondientes a las facturas analizadas hasta la fecha de la interposición de la denuncia" por parte de Manos Limpias.

El TSJA dijo que, en este caso, "existen razones para considerar que se ha podido producir, al menos en algunas facturas, una desviación presupuestaria", ya que "parece evidente que el gasto en servicio discrecional de autobuses para acudir a las referidas concentraciones o movilizaciones políticas o sindicales no puede asignarse" a determinadas aplicaciones presupuestarias.

Tribunal de cuentas 

Dichas "desviaciones presupuestarias", según el TSJA, "pueden generar alguna responsabilidad contable", por lo que accede a la petición planteada por la Fiscalía para que se remita testimonio de las actuaciones al Tribunal de Cuentas.

Frente a ello, no obstante, "debe insistirse en que no puede apreciarse una flagrante ilegalidad procedimental, porque el servicio de transporte, aunque indiciariamente comporte beneficio de las entidades convocantes –el SAT–, se acuerda en beneficio de los vecinos, cualesquiera que sean, que decidan participar en tales convocatoria".

"Ninguna de las actividades o convocatorias fomentadas por el imputado en su condición de alcalde del Ayuntamiento eran en sí mismas delictivas, sin perjuicio de que con motivo de su realización algunas personas hayan sido imputadas, e incluso condenadas, por hechos concretos realizados con ocasión de las mismas", dijo el TSJA, que archivó las diligencias en un auto que puede ser recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Izquierda Unida sigue sin tener el OK final a la candidatura a las elecciones europeas que aprobaron sus órganos de dirección, pero ya está algo más cerca. La jueza que estudia si el procedimiento de confección de la lista se ajustó a la ley y a los estatutos de IU ya tiene su auto redactado, aunque no se notificará hasta hoy miércoles. Y, según creen la cúpula federal de Cayo Lara y, en menor medida, las dos formaciones que interpusieron la demanda –Izquierda Abierta y la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT)–, lo previsible es que la magistrada decida no modificar la candidatura y desestimar, así, las medidas cautelares pedidas. Eso es precisamente lo que desea la Fiscalía. 

Ayer martes, tal y como adelantó infoLibre, se celebró la vista oral en el juzgado de primera instancia número 14 de Madrid. Duró poco más de una hora. Cada una de las partes se pronunció a través de sus respectivos abogados, a lo que se sumó la intervención del ministerio público. Los dirigentes de IU –Miguel Reneses, secretario federal de Organización– y la CUT –Manuel Rodríguez– sólo entraron a la sala en el último tramo de la vista, después de que la jueza rechazara que prestasen declaración como testigos. 

La demanda civil fue presentada por IzAb y la CUT a mediados de marzo. Ambas formaciones se sentían agraviadas por el modo de confección de la candidatura europea. Ambas protestaron primero en el Consejo Político Federal (máximo órgano de poder de IU entre asambleas), el pasado 1 de marzo, cuando la mayoría que sustenta a Lara presentó una lista encabezada por Willy Meyer y en la que bloqueó varios puestos de salida: para sus potenciales socios políticos, tres (el 3 para ICV, el 5 para Anova y el 8 para Chunta Aragonesista), y para los "referentes sindicales y sociales", otros dos (el número 2 se lo asignó directamente a Paloma López, de CCOO, y el 7 para el activista Javier Couso). IzAb y la CUT se consideraron excluidas y presentaron lista alternativa, en este caso liderada por Tasio Oliver, el ganador de las primarias abiertas del partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, seguido por Carmen García Bueno –de la CUT, la formación de Juan Manuel Sánchez Gordillo–, y por el gasparista Pedro Chaves. Meyer ganó, con un 77,4%. Oliver se hizo con el 22,6%. Los estatutos de IU sentencian que cuando hay confrontación de candidaturas, se deben repartir los puestos proporcionalmente en tramos de cinco, pero como había un total de cinco reservados (el 2, el 3, el 5, el 7 y el 8), Oliver sólo consiguió ascender del 11, el número asignado por la dirección, al 9. 

Ya desde el principio IzAb y la CUT anunciaron que acudirían a los tribunales internos de IU (la Comisión Federal de Garantías), sin descartar el recurso judicial. Pero ambas, públicamente, sólo dijeron haber activado la primera vía. Así, Oliver, García Bueno y Chaves firmaron una primera impugnación, a la que sucedió una segunda suscrita por la cúpula gasparista. La argumentación jurídica era semejante: los demandantes consideraban que se había violado el "pluralismo" interno, e incumplidos los estatutos. Por eso, creían que Oliver debía ocupar el puesto 4 de la lista (el 6 si se suman los aspirantes de ICV y Anova); García Bueno, el 9 y Chaves, el 14. Garantías no se pronunció. Hay que tener en cuenta que la federación, según las encuestas, podría saltar de los dos eurodiputados que ganó en 2009 (uno, de los ecosocialistas catalanes) a entre siete y nueve. 

La firma del pacto con IzAb

Entretanto –y ya estamos a finales de marzo–, la dirección federal retomó los contactos con IzAb. Una vez evaporada la posibilidad de acudir a las europeas del 25 de mayo con Chunta, ya que esta pegó un portazo y decidió aliarse con Equo y Compromís, Reneses, en una reunión con su homólogo de Izquierda Abierta, Antonio Cortés, ofreció el puesto ocho para Oliver. Los gasparistas aceptaron, a cambio de más concesiones del equipo de Lara: más recursos materiales y humanos, presencia en el grupo parlamentario en la Eurocámara y en el Partido de la Izquierda Europea (PIE), integración de Llamazares en la dirección del grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, participación más activa e intensa en los debates de IU y creación de una comisión de seguimiento de las dos direcciones. A cambio, IzAb se comprometía a desistir de sus recursos.

El principio de acuerdo se cerró en la Presidencia Federal de IU –su órgano intermedio, compuesto por una setentena de miembros–, el pasado 29 de marzo, lo que posibilitó que se ratificase la candidatura europea por un 95%. El pacto se acabó sellando días más tarde, el jueves 10 de abril. Aunque se anunció a los medios y colgado en su web ayer.

Pero de lo que nunca informó IzAb fue que había llevado a término su amenaza de llevar a los tribunales a IU. Lo hizo por seguridad, para "garantizar la defensa" de los derechos de sus candidatos, y sobre todo porque veía que el tiempo se echaba encima y Garantías no había dicho ni palabra. Aunque en su ánimo no estaba, según sus dirigentes, "hacer daño a IU". 

De aquel acuerdo con el equipo de Lara nunca participó la CUT. Así que se negó a retirar la demanda judicial y el recurso presentado por García Bueno. La formación consideraba que a su candidata le correspondía el puesto 9 dentro de la lista de IU (el 11 en la candidatura real, contando con ICV y Anova). 

No se impugnó el acuerdo del Consejo Político

Este martes, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo primero que expusieron los abogados de IzAb y la CUT, Miguel Rollón y Francisco Borge, era el acuerdo alcanzado entre los gasparistas y Reneses, razón por la cual Oliver y Chaves desistían de su escrito. Pero la jueza se opuso. Como García Bueno quería seguir adelante, el procedimiento debía seguir adelante en sus términos. Así que Rollón y Borge tuvieron que defender las posiciones de los dos partidos demandantes. No sólo de la CUT. 

Durante la vista no se entró al fondo del asunto –el proceso de confección de candidatura–, porque se trataba de dirimir si procedía o no adoptar las medidas cautelares solicitadas: la reordenación de la lista. No obstante, ni IzAb ni la CUT habían impugnado "el acuerdo del Consejo Político Federal" del 1 de marzo –la madre del cordero–, ni cuestionaban toda la candidatura ni su cabeza de cartel, Willy Meyer. Todo con el objetivo, de nuevo, de "no dañar a IU". Apoyaron su recurso en la presunta vulneración del principio de proporcionalidad que recogen los estatutos. 

La representante de la Fiscalía argumentó que, en caso de que se hubieran cometido irregularidades, estas no habrían supuesto una violación de derechos fundamentales, por lo que manifestó su oposición a la adopción de medidas cautelares, según narraron desde las dos partes enfrentadas. Además, sostuvo que al no haberse impugnado el acuerdo del Consejo Político, la defensa era más débil. 

La coalición, ya presentada

Los letrados que defendieron a IU, Enrique Santiago y Enrique López Cáceres, esgrimieron que en este caso no se trata de una lista sólo de la federación, sino de una candidatura de una coalición de partidos, por lo que no cabía la aplicación estricta de los estatutos. Santiago recordó que IU, de hecho, ya presentó la semana pasada su alianza para el 25-M (Izquierda Plural), que componen un total de 12 fuerzas: IU, ICV, EUiA, Anova, Espazo Ecosocialista, Batzarre, Federación Los Verdes, Els Verds del País Valencià, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo La Izquierda-Alternativa Socialista e Iratzarri-EKI. Coalición, agregó, que ya ha sido reconocida por la Junta Electoral Central (JEC). 

La dirección federal salió bastante más satisfecha de lo que encontró, ya que al oponerse la Fiscalía a la adopción de medidas cautelares, veía poco probable que la jueza soportase las tesis de los demandantes. IzAb también apuntaba en esa dirección. Fuentes de la acusación reconocían que por la posición del Ministerio Público se podía traslucir ese resultado, también porque en este tipo de causas, "los jueces suelen no interferir en las candidaturas, salvo que sean casos muy flagrantes". "Pero todo puede pasar, no hay que descartar nada". De cualquier modo, Rollón y Borge presentaron, tras la vista, el desistimiento de IzAb al recurso de fondo, la pieza principal (la que se estudiará después). Si la magistrada lo aceptara, podría obligar a la CUT a buscarse nuevo letrado y procurador. "No queremos tener nada que ver ya con esto. Hemos firmado el acuerdo con Reneses y somos consecuentes con ello. Por nuestra parte, no hay causa", recalcaban ayer desde la jefatura gasparista. 

La incógnita quedará despejada este miércoles, 16 de abril, sobre las doce de la mañana, cuando el juzgado número 14 notifique la decisión a las partes. Resolución que, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), está ya totalmente redactada. Sólo entonces se podrá registrar la candidatura ante la JEC, ya que el plazo legal finaliza el 21 de abril. Después tocará la gestión política de ese autopolítica . Y ya se barrunta que la cúpula federal podría mover ficha incluso aunque se fallase a su favor, porque siente que IzAb traicionó de alguna forma su parte del acuerdo. Si la Justicia no respalda a la federación, el conflicto, presumiblemente, adquirirá una mayor envergadura. 

No había trascendido hasta ahora. Una vez remansadas las aguas con Izquierda Abierta y ratificada la lista europea de Izquierda Unida, el pasado 29 de marzo, por un 95% de la Presidencia Federal, parecía que todo estaba hecho y que la sangre no iba a llegar al río. Pero no. El conflicto no está liquidado del todo. Y la opción más delicada para la dirección de Cayo Lara, el recurso ante los tribunales, está viva. Este martes, según pudo confirmar infoLibre, se celebrará una vista previa en un juzgado de primera instancia de Madrid, en el que se sentarán IU, de un lado, y la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), la formación del líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, por otro. Si no hay acuerdo previo, el juez podría ordenar, como medida cautelar, una reordenación de la lista que encabeza Willy Meyer. O, por el contrario, no atender la petición de los demandantes. 

El motivo es la disputada ordenación de la candidatura . En el Consejo Político Federal (máximo órgano de poder entre asambleas) del pasado 1 de marzo, la mayoría que sustenta a Lara bloqueó varios puestos de salida: tres para los socios (el 3 para ICV, el 5 para Anova y el 8 para Chunta Aragonesista) y otros dos para los "referentes sindicales y sociales": el 2 para la dirigente de CCOO Paloma López y el 7 para el activista Javier Couso. Ello hizo que, frente a la lista de Meyer, IzAb y la CUT presentaran una candidatura alternativa. Esta estaba encabezada por Tasio Oliver –el ganador de las primarias del partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz–, Carmen García Bueno (CUT) y el gasparista Pedro Chaves. Obtuvo un 22,6%, frente al 77,4% de Meyer. El resultado permitió ganar dos puestos a Oliver, del 11 que le había reservado la dirección, al 9, pero IzAb aspiraba al 7. 

La espiral de enfrentamiento fue creciendo durante todo marzo. Los gasparistas y la CUT presentaron dos recursos ante la Comisión Federal de Garantías: uno lo presentaron Oliver, García Bueno y Chaves, y otro firmado por IzAb. No hubo resolución de ninguno de ellos. Las dos formaciones amagaban a su vez con ir a los tribunales. 

Varios puntos en el pacto

Finalmente, Izquierda Abierta y la dirección federal de IU –representadas ambos por sus secretarios de Organización, Antonio Cortés y Miguel Reneses– se sentaron a hablar y llegaron a cerrar un principio de acuerdo para la Presidencia Federal del 29 de marzo. Un pacto que terminó de sellarse el jueves pasado, 10 de abril. IzAb aceptaba el puesto ocho para Oliver –CHA pegó la espantada y dejó su hueco vacante– y arrancaba de IU el compromiso de representación en la Eurocámara y en el Partido de la Izquierda Europea (PIE). Además, ganaba más recursos y lograba que, a partir de junio, se reestructure la dirección del grupo de Izquierda Plural para permitir la entrada de Llamazares. Entonces se marchará quien ocupó el puesto uno en la lista del Congreso, Chesús Yuste, de CHA, y llegará el número dos, Álvaro Sanz, de IU. IU, asimismo, se comprometía a garantizar la participación de la militancia y la preservación de la pluralidad en siguientes procesos electorales. Los gasparistas, a cambio, firmaban la paz y desistían de sus recursos. 

Y ahí está parte de la historia no contada. Porque siempre se hablaba de los dos recursos antes Garantías. Pero hasta ahora no se conocía que también existía una impugnación ante los tribunalestambién . Y que estaba presentada. 

La demanda judicial se registró poco antes de la Presidencia Federal del 29 de marzo, y fue suscrita por Oliver, Chaves y García Bueno, como pudo confirmar este diario. Los tres dirigentes redactaron un escrito que tomaba como plantilla su impugnación ante la Comisión Federal de Garantías. O sea, se quejaban de que el Consejo Político había "despreciado" la democracia, confeccionado la lista en "fraude de ley" y vulnerado derechos fundamentales, al violar el pluralismo de IU. Y pedían que se adoptasen medidas cautelares. En concreto, la reordenación de la candidatura conforme a la ley y los estatutos de la federación. 

Registrada la coalición, no la lista

IzAb, al cerrar su acuerdo con Reneses la pasada semana, se retiró de la demanda. Pero la CUT se negó, pese a la presión ejercida por los gasparistas y por la dirección federal, que intentó sortear el envite judicial a través de la negociación. La formación de Sánchez Gordillo rechaza ocupar el puesto número 13. Quiere para García Bueno el 9. 

De modo que la demanda quedó viva. Además, la Fiscalía, según fuentes conocedoras del caso, se mostró partidaria de analizar el expediente, porque entendía que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales. Por eso hoy martes se celebrará una vista en el juzgado de primera instancia número 14 de Madrid, en la calle del Capitán Haya. Si la conciliación entre las partes no es posible, entonces el juez decidirá qué hacer, si adopta o no medidas cautelares. No entrará al fondo del asunto, porque no hay tiempo, ya que las candidaturas para los comicios del 25 de mayo al Parlamento Europeo han de registrarse ante la Junta Electoral Central desde este miércoles, 16 de abril, hasta el próximo lunes, día 21. IU, hasta que no tenga la resolución judicial en la mano, no podrá formalizar su lista. Lo que sí registró la semana pasada fue la coalición con la que comparecerá el 25-M, Izquierda Plural (y que forman 12 socios: IU, ICV, EUiA, Anova, Espazo Ecosocialista, Batzarre, Federación Los Verdes, Els Verds del País Valencià, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo La Izquierda-Alternativa Socialista e Iratzarri-EKI). 

"Reneses nos ha ofrecido lealtad para los siguientes comicios. Pero no nos basta –se queja un dirigente de la CUT–. Queremos tener un europarlamentario. Somos uno de los partidos fundadores de IU. No aportamos tanto en cantidad, en número de militantes, pero sí cualitativamente, por nuestro entronque con la sociedad civil. Esperemos que recapaciten". La formación, no obstante, "no descarta" llegar a algún tipo de acuerdo este martes. Otra responsable reconoce las "presiones de uno y de otros" que han llegado a la CUT: "Es normal que se quiera que no se acuda a los tribunales. Pero imaginemos si no lo que puede pasar para las municipales del próximo año". 

Vivo también uno de los dos recursos ante Garantías

IzAb prefirió ayer no hacer declaraciones y permanecer apartada. No obstante, su abogado, Miguel Rollón, irá hoy a los juzgados para explicar, precisamente, su acuerdo con la dirección. Sin embargo, diversos cuadros consultados por este periódico explican que si se presentó la demanda judicial era para "forzar" el acuerdo con la mayoría, a la vista además de que la Comisión de Garantías no resolvía. O sea, que IzAb actuó para evitar su "indefensión", pero procurando "no hacer daño a IU" y sin cuestionar al cabeza de cartel, el eurodiputado Willy Meyer.

Sin embargo, cuando acercó posturas con el aparato, prefirió no airear su escrito, precisamente para no enturbiar las negociaciones y no torpedear el pacto. Menos aún al sellarlo. Pero al no desistir la CUT, esa demanda permaneció a flote. Como también sobrevive el escrito ante Garantías suscrito por Oliver, Chaves y Bueno, al renunciar esta a aparcarlo.

El secretario de Organización también evitó pronunciarse, pese a los reiterados requerimientos de infoLibre. En la cúpula federal, no obstante, según diversas fuentes consultadas, se podía sentir ayer lunes el malestar y la indignación por que al final haya llegado el conflicto por la lista europea a los tribunales. La demanda es la última piedra en el zapato. Y, tal vez, la más importante y complicada. 

La dirección de Izquierda Unida no se esperaba el revés. Todo el debate de la Conferencia sobre el Modelo de Estado estaba canalizándose con normalidad, incluso más rápido de lo previsto, con un altísimo nivel de consenso en las piezas nucleares del documento presentado por la ponencia. Pero al final la quiebra de la unidad emergió, insospechadamente, en torno a la consulta. O, más en concreto, en torno al "marco legal" de la consulta. La resolución resumen que IU sometió a votación encontró un notable rechazo de los delegados (un 52,78%, entre abstenciones y noes) debido a que el texto especificaba que cualquier referéndum de autodeterminación deberá respetar la legalidad. 

Cerca de las tres de la tarde de ayer sábado, el tono general era de satisfacción. Sí, IU había superado el reto: había conseguido ponerse de acuerdo en torno a un proyecto de Estado federal, republicano, laico, solidario, plurinacional, democrático y participativo, con un reconocimiento pleno del "derecho a decidir de los pueblos". La ponencia, que coordinaba Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, había asumido de partida 1.076 de las 1.178 enmiendas presentadas, y había con ello engrosado el documento, incorporando cuestiones que habían quedado más cojas, como el feminismo, la memoria histórica o el pacifismo. Pero, junto al texto largo, el que desarrolla todo el modelo que defiende IU, y que fue aprobado por amplísima mayoría –116 votos a favor (72,95%), 17 en contra y 26 abstenciones–, se pidió el respaldo a una resolución, cuya redacción venía a resumir el espíritu de la Conferencia. Y ahí fue donde la dirección tropezó. 

El texto de la resolución, de apenas dos páginas y a la que tuvo acceso infoLibre [léelo aquí en PDF], es una síntesis de los ejes capitales del documento amplio. El último de ellos es la "transición al Estado federal mediante un proceso constituyente", que genere "una fuerte alianza social y de clase". 

"El principio democrático implica abrirse a la posibilidad de consulta para que la ciudadanía manifieste sus preferencias sobre la relación jurídico-política entre las unidades territoriales federadas y el Estado español –reza el texto–. En este sentido, cualquier consulta deberá realizarse en el marco legalcualquier consultadeberá realizarse en el marco legal". Este último inciso provocó la discordia. Algunos delegados, como la excoordinadora valenciana Glòria Marcos o el andaluz José Antonio Mesa, plantearon que aceptar este punto implicaba transigir con el sistema nacido en la Transición y que IU quiere combatir. La ponencia, en cambio, defendía que ese respeto a la legalidad ya venía recogido en el acuerdo firmado, en mayo de 2013, por IU y su federación catalana, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y sus socios de ICV, pacto por el que la formación de Cayo Lara asumió solemnemente el derecho a decidir. Este debe basarse, se decía en aquel escrito, en la "voluntad de negociación con el Estado utilizando los mecanismos legales existentes o acordando su reforma". 

Había otro argumento que esgrimían los miembros de la ponencia, según las distintas fuentes consultadas por este diario: la necesidad de respetar el "marco legal" a la hora de celebrar la consulta ya había sido refrendada por el Consejo Político Federal, el máximo órgano de dirección. O sea, que esa posición ya estaba "asumida y digerida". 

La oposición a ese extremo se visualizó en el escrutinio. La resolución recabó 85 votos a favor (47,22%), 60 en contra (33,33%) y 35 abstenciones (19,44%). Un respaldo más que justo al texto original. El caudal de desaprobación se concentró en parte de Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña, Izquierda Abierta –el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz– y el Colectivo de Unidad de Trabajadores (CUT), la formación del líder jornalero y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. 

"Quizá terminamos demasiado rápido"

"Quizá ha habido confusión. O falta de explicación", reconocían los colaboradores de Lara. En realidad, apenas hubo defensa de ese punto, porque una de los miembros de la ponencia, la valenciana Marga Sanz, se limitó a leer la resolución, y después apostilló José Luis Centella, mano derecha del coordinador. Lo que quería defender la dirección, indicaron todas las fuentes consultadas, es que un referéndum no puede realizarse si no está permitido, que no se pueden sacar las urnas a la calle si hay una prohibición expresa del Tribunal Constitucional –como seguramente pasará si Artur Mas convoca la consulta para el 9 de noviembre de 2014–. A eso hace referencia, argumentaban, "el marco legal". Ello no quita para que IU defienda, por otro lado, el cambio del sistema, un proceso constituyente que construya de nuevo el Estado, que articule un nuevo modelo de convivencia y en el que se recoja explícitamente el derecho a decidir de pueblos, naciones, nacionalidades y regiones de España. Las tesis de la dirección eran compartidas por EUiA y, de hecho, su coordinador, el diputado Joan Josep Nuet, era uno de los miembros de la ponencia.

"El único elemento que ha sido cuestionado ha sido esa frase. Pero es verdad, no esperábamos esta contestación. Lo que ha subyacido es que la legalidad no puede bloquear la voluntad de un pueblo. La votación significa rebelarse contra ello", reflexionaba un integrante de la ponencia. Uno de los asistentes atribuía el patinazo a una "falta de comprensión" que utilizó la "minoría independentista". Ricardo Sixto, secretario federal de Comunicación, lamentaba la "mala interpretación" que se había hecho de ese punto del texto. "Quizá lo teníamos que haber explicado más, haber buscado una redacción que se acomodase más a todos. Quizá terminamos demasiado rápido". Se preveía que la Conferencia concluyera sobre las cinco de la tarde. Y se remató dos horas antes. 

"Lo vimos al final y sin un debido debate. Y no podemos hablar de aspirar a una república federal, que sería trascender por completo el actual marco legal y luego enmarcar dentro de él esa resolución. El derecho a decidir está por encima de leyes temporales o parciales", razonaba uno de los delegados que votó en contra. "Ha sido un fracaso de la dirección. Políticamente ha perdido –añadió un integrante del CUT–. No lo explicaron y por eso perdió más votos. Se merece el revolcón por presentar iniciativas sin contar con los demás". 

Un "borrón" que la dirección relativiza

Los componentes de la ponencia sintieron el revés de la votación final como un "borrón" en un cónclave que se había desenvuelto hasta entonces sin sobresaltos. Aunque advertían de que una cuestión "anecdótica", dentro de una discusión que había concitado un consenso muy amplio. De hecho, algunos de los debates que se sustanciaron en el plenario discurrieron sin confrontación. Por ejemplo, había quien planteaba que era mejor un sistema unicameral (al final se votó la propuesta inicial: dos Cámaras, aunque reforma profunda del Senado), o que los territorios debían tener representación internacional (extremo que se rechazó). 

En efecto, la cuestión del "marco legal" de la consulta era el punto negro de una resolución que, por lo demás, sintetizó el espíritu del documento largo. IU escribe que quiere formular un "nuevo proyecto de Estado ante un modelo exhausto, incapaz de dar respuesta a la realidad plurinacional que avanza como seña de identidad de un Estado compuesto". La formación de Lara aspira a construir "una España federal, en un proceso constituyente donde el debate territorial se vincule al debate de clase, donde los derechos de ciudadanía se liguen indisociablemente a la arquitectura del Estado". Ya lo dijo el coordinador en su discurso de apertura de la Conferencia: el problema de fondo en el conflicto territorial es que "unas clases sociales expolian a otras clases sociales". 

Diego Valderas y el eurodiputado Willy Meyer, en la Conferencia sobre Modelo de Estado de IU, ayer sábado, 8 de febrero en el hotel Convención de Madrid | EFE

El objetivo central de la alternativa de IU es "llamar a un proceso constituyente, democrático y participativo que represente y defienda los intereses de la mayoría social trabajadora". El federalismo, indica el texto, pivota sobre la idea de "pacto y negociación multilateral", para ir avanzando hacia un "Estado plurinacional en el marco de la capacidad de decisión de los pueblos, desde la asociación libre y voluntaria". IU siempre subraya que el derecho a decidir no sólo se refiere a la autodeterminación de los territorios (que también) sino a que los ciudadanos puedan votar sus "derechos sociales, políticos, laborales, territoriales y culturales". 

Una alternativa frente a los "métodos guerracivilistas" del PP

Tres ejes vertebran la resolución. El primero es la justificación, alude al "agotamiento de la Constitución de 1978", de todo el régimen nacido en la Transición –monarquía, modificación del artículo 135 de la Carta Magna para establecer el pago de la deuda como "prioridad absoluta", el cansancio del modelo autonómico y la "crisis de representatividad política–, lo que exige la apertura del citado proceso constituyente. El segundo es la definición de la alternativa, el Estado "plurinacional, federal, solidario, laico y republicano", que reconozca las "realidades nacionales de los diversos pueblos de España", que "garantice la igualdad de derechos y la integración de toda su ciudadanía, vivan donde vivan", que se contemple una fiscalidad progresiva y justa y un sistema de financiación que prime la equidad, la suficiencia, la solidaridad interterritorial y la eficiencia y que se apueste por una amplia "descentralización política y administrativa". 

El último pilar es el que atañe al derecho a decidir. IU entiende que la segregación de un territorio no debe producirse con una mayoría ajustada, del 51%, sino que ha de ser consecuencia de "un pacto que establezca reglas claras del juego democrático y de mayorías cualificadas". 

El derecho a decidir, en sí mismo, no suscita controversia en IU. Sostiene que ello posibilitará el encaje de las distintas pretensiones. "Estamos convencidos de que con un proyecto común mejor vamos a convencer a los pueblos para que vivan juntos –explicó a los medios Nuet, líder de EUiA, mediada la Conferencia–. La clave de ese convencimiento es el amor, es la propuesta, no es la amenaza, la violencia o la obligación. Lo que no tiene futuro en España es volver a los métodos de la Guerra Civil, que es lo que nos está planteando el PP. Por eso nosotros planteamos el convencimiento de que vivir juntos es mejor, pero haciendo cambios. Con la España de Rajoy mucha gente se asusta, pero con el proyecto de IU mucha gente se va a ilusionar. Un proyecto común vale la pena y puede ser mayoritario, y vamos a luchar por él". 

Todo pasa ahora por el Consejo Político Federal

En resumidas cuentas, el modelo de IU se alza como una alternativa frente al planteamiento del PP, que "rompe y disgrega"; el del PSOE, que representa el "centralismo federal", y el de los independentistas. Según esgrimió Nuet, el de la federación ejemplifica la propuesta del "punto de encuentro" y del pacto por un nuevo país sumado a un "proyecto democrático y social de altura". "Lo social y lo democrático son indivisibles. El derecho a decidir y el modelo de país desde el punto de vista social, contra la austeridad y la troika, son dos caras de la misma moneda". 

Las enmiendas asumidas "completan y mejoran" el documento largo, como se encargó de apuntar uno de los miembros de la ponencia, José Miguel Nuin, coordinador de IU en Navarra. Las modificaciones ahondan en la igualdad, el feminismo, el pacifismo, la memoria histórica, la denuncia del Concordato con el Vaticano, el fin de los privilegios fiscales de la Iglesia, la defensa del municipalismo, el empoderamiento de la ciudadanía "frente a las élites", el desarrollo de instrumentos de "democracia económica" (sector público "fuerte")... 

"No ha habido divisiones ni grandes elementos nuevos", resumió Nuin. Aunque sí la china en el zapato de la resolución, la comidilla que se extendió tras la clausura de la Conferencia. Ahora, todos los documentos, la ponencia –con las enmiendas incorporadas– y la resolución final deberán pasar por el filtro de la próxima reunión del Consejo Político Federal. Será el 1 de marzo. Una cita que se prevé clave por otro asunto que ayer no asomó en el debate: la aprobación de la candidatura para las elecciones europeas de mayo. El cabeza de la lista, por cierto, sigue sin estar claro. Aunque el nombre de Willy Meyer es por el que se inclinan las apuestas. Él ni se ha postulado oficialmente.