“Tal y como están las cosas, no creo que vaya a tener jubilación” o “la idea es ir poco a poco hasta poder irme de viaje un par de meses a Australia”. Estas dos opiniones son de Daniela y de Javier, dos jóvenes de 22 años que, preocupados por su futuro, han empezado a invertir en bolsa o en carteras automatizadas.  

“Ya de comprar piso ni hablamos”, cuenta Antonio, un joven que vive con sus padres y trabaja en una fábrica en Madrid, porque para poder acceder a la compra se requieren, según ese informe, unos 14 años de sueldo íntegro. 

El informe de la plataforma digital de inversión eToro, Gestión de la riqueza, patrimonio e inversión 2025, confirma que los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en los últimos dos años y se acercan al 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo poblacional representa al 8,5% de los adultos en España.

Hay datos que hacen posible entender este momento inversor entre la Generación Z –aquellos nacidos entre 1996 y 2010–. De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, cerca del 85% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, mientras que el Informe España 2025 señala que alquilar una vivienda en solitario consume cerca del 92% del salario juvenil.

En este contexto, cada vez más jóvenes recurren a la inversión. Empujados por influencers de todo tipo (incluidos los llamados finfluencers) y por la descarga de adrenalina, han ido pasando del ‘day trading’ –compra-venta de acciones en tiempo real y en el día–, a la inversión a largo plazo. 

Según un informe de Fidelity International, la franja de 18-35 años espera unos retornos a corto plazo del 5,1% y a largo, del 6,7%. El estudio apunta además a que este grupo presenta una mayor tolerancia al riesgo, que tiende a reducirse con la edad.

Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School e Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa y Latinoamérica de Revolut destacan para infoLibre otro factor clave y es que la tecnología ha transformado la inversión, “la Generación Z la lleva en el ADN”. 

García, que ve a cientos de jóvenes pasar por las aulas cada año, cree que tienen la sensación de que el ahorro de toda la vida no funciona, porque “han crecido escuchando dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y durante años han visto depósitos con rentabilidades muy bajas, a menudo por debajo de la inflación”, asegura.

Lo que están viendo expertos y entidades es que esta generación invierte para “intentar que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo”. Zunzunegui, además, habla de la ‘democratización de la inversión’ porque ahora se puede invertir desde un euro, y “lo que para generaciones anteriores era un terreno opaco, exclusivo de grandes patrimonios o que generaba cierto temor, hoy es una herramienta cotidiana”.

Esa sensación también la tiene Lucía Álvarez, estudiante de Economía, que se inició en el mundo de las finanzas y la Bolsa gracias a su padre. Con 21 años, esta joven, representante de la Generación Z cuenta en el documental de Arte.tv ‘Generación Z y la Bolsa’ que “ahora mismo no entra en mi visión ni un coche ni una Vespa”, pese a que muchos influencers “prometen hacerte rico en dos días con el ‘day trading’”, eso no sucede. Buena cuenta de ello da Pablo que “hasta hace dos días no he podido comprarme una casa, pese a estar algunos años jugando con el corto”. 

Porque, como recuerdan desde ESIC, la exposición y acceso a información financiera, no garantiza un mayor conocimiento. Zunzunegui desde Revolut es claro: “Tener la información a un clic no siempre se traduce automáticamente en un conocimiento profundo”.

Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, trata de alertar a los jóvenes inversores novatos a través de ‘sus lenguajes’ como Instagram y TikTok de los riesgos de las inversiones.

Pritchard contó en el programa de radio Business Daily de la BBC su preocupación porque "nuestras investigaciones muestran que las personas de entre 18 y 40 años tienen el doble de probabilidad de invertir en inversiones de alto riesgo, pero cuando indagas sobre su tolerancia para el riesgo es, de hecho, baja", señaló.

Pablo, que no quiere desvelar su trabajo actual, ya ha pasado la treintena pero empezó a trabajar a los 22. Hasta hace pocos meses vivía con sus padres y “todo el dinero que ganaba lo invertía en cuentas remuneradas”. 

Comenzó a trabajar como becario en una consultora de las llamadas ‘big four’ y terminó en un banco. Ahora, “aprovechando los productos del banco, los compañeros y la información que manejamos tengo más diversificados todos mis ahorros” y me puedo permitir “fondos indexados, roboadvisor o acciones”, pero “siempre a largo plazo, antes me encantaba el corto, lo sentía como un juego”. 

La Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España cada cinco años muestra que sólo un 19% de los adultos responde correctamente a las tres preguntas financieras básicas que tienen que ver con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Esto muestra que hay mucho margen de mejora”, asegura Patricia Stupariu, economista en la División de Educación Financiera del Banco de España.

Y Martins Sulte, CEO de Mintos, una plataforma de inversión con sede en Letonia, insiste en que “la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente” porque existe “una necesidad clara de formación en conceptos básicos como riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación o horizonte temporal”. 

Según las investigaciones del FCA, muchos jóvenes empiezan a realizar inversiones de riesgo como forma de competir con amigos o familiares, o motivados por lo que ven en redes sociales. 

Esto convierte la inversión en un juego y, por tanto, en un peligro cuando se confunde con entretenimiento porque, como recuerda García, “cuando el objetivo es la adrenalina, la probabilidad de tomar malas decisiones aumenta”

Este auge de inversiones ha puesto en alerta a expertos y autoridades que temen que este creciente interés, unido a la especulación financiera, pueda provocar una crisis, como la llamada "burbuja de las puntocom", cuando se derrumbó el índice bursátil Nasdaq, hace dos décadas.

Muchos de estos nuevos inversores tienden a ignorar las estrategias tradicionales, y apuestan por acciones de empresas tecnológicas y de internet, aupadas por los avances en inteligencia artificial o por gustos personales. 

Lesley-Ann Morgan dirigió un estudio global que analizó las tendencias de inversión en más de 20 países para la inversora Schroders Wealth Manahement.

En ese estudio se pregunta qué hay que hacer si los jóvenes, pese a vivir con sus padres, están dispuestos a soportar una caída del 20%, 30% o 40%, como es el caso de las criptomonedas.

Y García alerta del peligro porque desde ESIC y otras entidades financieras “vemos interés por la cripto, por su narrativa tecnológica y por su potencial, pero conviene recordarlo: sigue siendo un activo de alta volatilidad y debería ocupar, si acaso, un porcentaje pequeño dentro de una cartera diversificada”. 

Las cripto se han convertido en una de las inversiones más atractivas para los nacidos entre 1996 y 2010, por su alta volatilidad y por la adrenalina que les provoca “jugar” con un producto tan cortoplacista. Se necesita más conocimiento sobre este activo como recuerdan desde Revolut, que ofrecen cursos teóricos para temáticas concretas como cripto o fraude.

Y otra pregunta interesante, es de dónde sale el dinero: "Si es dinero que necesitas para pagar la renta, por ejemplo, y lo estás usando para lo que, en esencia, es una apuesta, eso es un problema", dice Morgan.

En el Foro Mundial de Davos ya se advirtió del auge de los jóvenes que comienzan a invertir incluso antes de incorporarse al mercado laboral. Según explicaban expertos internacionales, esto está impulsado por la democratización tecnológica, la creciente educación financiera y las redes sociales. Desde Suiza subrayan que el 36% de la generación Z inicia sus inversiones antes de trabajar, una cifra muy superior a la registrada por generaciones anteriores y que ilustra un cambio profundo en la relación de los jóvenes con el dinero y el riesgo.

Sulte plantea los problemas de la Generación Z: “Hablamos de gente joven que entiende cómo el ahorro tradicional pierde valor con la inflación, cómo la vivienda se ha alejado de su alcance y cómo depender solo de un salario ya no garantiza estabilidad financiera”.

Por lo que ahora, los jóvenes buscan opciones para reunir capital y afrontar grandes gastos, como la compra de una vivienda, un vehículo, estudios o viajes.

En la actualidad, esta generación –que es netamente tecnológica– tiene una relación mucho más natural con las plataformas digitales, los comparadores y la información financiera online, “accede con facilidad a productos que antes resultaban más complejos o menos accesibles”, recuerda Sulte.

Y es que hace una década el panorama era diferente porque como explican desde Revolut, “invertir o buscar rentabilidad para los ahorros requería pasar por la sucursal, firmar papeleo interminable y someterse a unas comisiones que, en muchos casos, penalizaban al cliente medio” y ahora desde la llegada de las fintech “cualquiera puede empezar a rentabilizar su dinero o comprar acciones con dos clics desde su propio teléfono móvil y de forma totalmente transparente”. 

García se atreve con una recomendación para los jóvenes “lo más razonable suele ser construir una base a largo plazo con fondos o ETF indexados de renta variable global (por ejemplo, índices amplios), mediante aportaciones periódicas y con comisiones bajas. Eso permite aprovechar el tiempo y el interés compuesto. A partir de ahí, si hay afición y formación, se puede destinar una parte minoritaria a estrategias más tácticas o temáticas”. 

España pasará a formar parte del grupo de países que cuenta con fondos soberanos. La medida ha sido confirmada por el presidente Pedro Sánchez en su intervención en el Spain Investors Day, celebrado en Madrid, en la que ha anunciado la creación de 'España crece'. Con una dotación de 10.500 millones de euros y el objetivo de llegar a movilizar hasta 120.000 millones, este nuevo fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tratará de tomar el testigo de los 'Next Generation'.

A través de avales, préstamos e instrumentos de capital, 'España Crece' centrará su actividad financiera en varios sectores: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. De esta forma, España se unirá a países como Noruega, China o Arabia Saudí, cuyos fondos soberanos tienen inversiones en una amplia variedad de actividades.

Este tipo de fondos se constituyen con dinero de un Estado, lo que los convierte en parte de su propiedad y se destinan a distintas actividades económicas para conseguir una rentabilidad a largo plazo. Los fondos soberanos son habituales en países exportadores de materias primas cuya actividad financiera se desarrolla, sobre todo, más allá de sus fronteras.

El fondo soberano más grande actualmente es el de Noruega —llamado Fondo de Pensiones Global del Estado—, que utiliza los ingresos recaudados de la explotación del petróleo y gas para invertir en acciones, inmobiliario o infraestructuras renovables. Con la mirada puesta en las generaciones venideras, este fondo fue creado en los años 90 y ahora sus recursos están valorados en 2 billones de dólares.

Al igual que en el caso noruego, el fondo Abu Dhabi Investment Autority ha encontrado su fuente de ingresos en los combustibles fósiles del país, con un valor total de activos de 1,19 billones de dólares. Este fondo, propiedad del emirato que lleva su nombre, ha centrado su inversión en América del Norte, con el 45-60% de sus recursos, según explican en su página web.

Por su parte, China también cuenta con varios. Destaca el China Investment Corporation (CIC), con un 1,33 billones de dólares en activos. Otros fondos importantes de la región son el de Kuwait —Kuwait Investment Authority— y el de Arabia Saudí —Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita—, con un valor de 1 billón y de 925.000 millones de dólares, respectivamente.

Estos fondos han llegado a estar envueltos en luchas entre grandes compañías, como la batalla entre Paramount y Netflix de finales de 2025 por el control de Warner Bros, en la que la primera vio su oferta apoyada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA).

“Redy, set, invest” o lo que es lo mismo “preparados, listos, a invertir”. Es el lema con el que comienza este martes The District World Summit 2025, “el mayor congreso inmobiliario de Europa”, según se presentan en su página web oficial. Este encuentro reúne en Barcelona a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año pasado) y 2.500 inversores internacionales “de los principales fondos” para hablar del mercado inmobiliario y de las oportunidades que ofrece. Y es en este punto, justo en las oportunidades que brinda este mercado, donde los colectivos sociales de vivienda y la percepción ciudadana chocan con la narrativa inversora. 

El año pasado la apertura de este congreso estuvo marcada por las protestas de sindicatos y asociaciones que clamaban contra la especulación y en esta edición las críticas se sostienen. "Aquí no nos encontramos con un problema de vivienda, sino con un conflicto. Los intereses de quienes se reúnen estos días para potenciar su negocio inmobiliario son contrarios al derecho a la vivienda de la mayoría", señala Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. "No se puede hablar de hacer políticas de vivienda y acoger este tipo de encuentros", puntualiza.

De hecho, los datos del mercado de la vivienda no dan tregua. El esfuerzo de compra en el tercer trimestre de este año ha crecido dos décimas, hasta el 34,8%, según un informe de la consultora Tinsa publicado este martes. Por otro lado, los cálculos del análisis apuntan que en las ciudades de Cádiz, Madrid, Málaga, San Sebastián y Barcelona, "es necesario destinar más del 50% de la renta disponible para pagar la hipoteca".

En la feria inmobiliaria se comienzan a reunir ―desde hoy hasta el jueves― diferentes empresas de toda la cadena de valor del sector, desde fondos de inversión e inmobiliarias a despachos de abogados, bancos, consultoras o socimis. Para acceder a este foro de negocios, las entradas oscilan entre 150 euros (el pase básico de un día), hasta los 1.990 del platinum pass, que da acceso a todo el recinto y a “dos almuerzos de liderazgo”, entre otras cosas.

En el otro lado se sitúan colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, año tras año, levanta la voz contra este evento, al que define como “un festival de especulación” y sostiene que el enfoque de este encuentro profundiza “en las dinámicas de expolio y acumulación que nos han llevado al escenario actual”. 

Este martes, las ponencias trataban sobre cambios en el mercado, regulación, tipos de interés o políticas sobre vivienda, pero también sobre modelos de negocio inmobiliario que han crecido al calor de unos precios que cada vez se alejan más de la clase media trabajadora. 

Un ejemplo es la compra por habitaciones, un modelo en el que lo que se adquiere es una habitación en un piso que es propiedad de varias personas. “Compra una habitación. Empieza a construir tu patrimonio”, reza el eslogan de una de las start-up ponentes. En las ofertas que aparecen en la web, los precios por hacerte propietario de un cuarto van desde los 62.600 euros por un dormitorio de 14 metros cuadrados en Fuenlabrada (Madrid), hasta, por ejemplo, 88.700 euros por otro cuarto de 29 metros en Alcalá de Henares, también en Madrid.

En otra de las charlas se presenta el denominado “crowdfunding inmobiliario”. Un modelo de inversión en el que se pueden aportar cantidades desde 100 euros a promociones inmobiliarias que prometen rentabilidades de hasta los dos dígitos. Todo por medio de una web repleta de gráficos intuitivos y sin moverte de tu casa.

“Construye tu patrimonio, recibe tus rendimientos y paga menos impuestos”, reza la consigna de otra de las empresas que se presenta este primer día. Y es que, en un mercado de la vivienda que aumenta de precio sin parar, poner el dinero en ladrillos, aunque sean digitales, es casi un sinónimo de ganancias. Eso sí, una pequeña nota al pie advierte a navegantes: "Cuanto mayor es la rentabilidad ofrecida, mayor es el riesgo de pérdida de capital o de impago de los intereses", por lo que existe "el riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido", concluyen en su web una de estas empresas.

Además de start-up y nuevas tendencias de inversión, en Barcelona también se reunirán nombres conocidos del sector inmobiliario. Entre los grandes inversores está el fondo alemán Patrizia, uno de los más grandes de Europa y que el año pasado vendió una cartera de 540 viviendas en Cataluña. Otro nombre que aparece es TPG Europe, un fondo de capital riesgo con nacionalidad estadounidense que en 2019 entró en el consejo de la socimi creada por Sareb, la entidad pública denominada como el "banco malo" que se quedó con miles de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

También la gestora de fondos francesa, Tikehau Capital, con una cartera amplia de inversiones inmobiliarias, aparece representada entre los ponentes. La compañía se ha asociado en 2025 con la española Almond Real Estate para lanzar una socimi especializada en coliving (o vivienda granular, como se denomina en la jerga del sector al alquiler de corta duración por habitaciones). Esta entidad poseía a comienzos de este año alrededor de 2020 y, tal como informaba el periódico Expansión, su objetivo era alcanzar una cartera de 500 casas por un valor de entre 200 y 250 millones.

Starwood Capital Group, es otro de los grandes fondos que participan. Con sede en Miami, estuvo a punto de adquirir a comienzos de este año la promotora inmobiliaria española Aedas por 1.250 millones, aunque lo que iba a ser una de las mayores operaciones inmobiliarias desde la burbuja se frustró en medio de la tormenta comercial desatada por los aranceles de Trump y terminó en manos de Neinor por 1.070 millones, otra promotora que no se ha perdido el evento de The District y que posee suelos con capacidad para construir 43.000 viviendas.

La propia Aedas, que no figura entre los ponentes, pero sí entre los partners del evento, es una de las promotoras más importantes de nuestro país y sus números marean. Ingresó 185 millones en los primeros tres meses de su ejercicio fiscal, entregó 423 viviendas a particulares y el precio medio de estas fue de 404.000 euros, según detallan sus cuentas.

La lista de fondos, bancos, promotoras o socimis, entre otras, llega hasta un total de 357 (medio centenar más que el año pasado), todas ellas vinculadas al ámbito inmobiliario de alguna forma. Entre los patrocinadores institucionales, aparece el ministerio de Vivienda junto con la Comisión Europea y, además, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Estos últimos, en una nota de prensa, anunciaban también su participación como ponentes para dar a conocer "el Modelo Madrid y las medidas que estamos desarrollando, como la movilización de todo el suelo disponible o la flexibilización de la normativa urbanística". Para el Sindicat de Llogateres la contradicción es manifiesta: "esos encuentros sirven para ver como estas grandes empresas pueden hacer frente a las pocas leyes que hay y que, de alguna manera, protegen a los inquilinos", protestan.

Liliana Molina era una estafadora profesional que trabajaba en un locutorio de Tiflis (Georgia). A lo largo de varias semanas de marzo y abril de 2024, pasó horas al teléfono con Mark, un animoso comerciante británico, para convencerle de que hiciera una gran inversión en criptomonedas y acciones con las que, insistía, era imposible perder. “Si haces lo que digo, créeme, vamos a ganar mucho dinero”, le dijo. Finalmente, Mark accedió a enviarle la cantidad que le pedía.

Pero, ¿cómo iba ella a recibir esos fondos? Los bancos comerciales tienen estrictas políticas de detección del fraude y, si Mark se limitaba a transferir el dinero a los estafadores, podía ser rastreado fácilmente. Así, que Liliana abrió Telegram y envió una solicitud al departamento financiero del call-center dedicado a las ciberestafas para el que trabajaba: “Necesito datos de Reino Unido para 7.000 libras [8.311 euros], por favor”, escribió. En cuestión de minutos, recibió una factura por 7.000 libras dirigida a Mark con una cuenta en el banco digital lituano-británico Revolut a nombre de una empresa búlgara. Liliana se la remitió a Mark y éste transfirió el dinero.

Al final, Mark –pidió que se le mencione con un seudónimo, porque no quiere que las personas de su entorno sepan que le estafaron– perdió al menos 25.000 libras –29.791 euros–, y no fue el único. Liliana y sus colegas se embolsaron un total de más de 35 millones de dólares –33 millones de euros– entre 2022 y 2025, según han descubierto OCCRP y 30 medios de comunicación de todo el mundo tras recibir una nueva filtración sin precedentes de documentos y archivos de audio de ese call-center de Georgia. Otra organización similar, pero de mayor tamaño con sedes en Israel y Europa del Este, se hizo con 240 millones de dólares –222 millones de euros– de 32.000 víctimas repartidas en 34 países. Es el proyecto Scam Empire.

Pero, como revelan las interacciones entre Mark y Liliana, llevar a término una estafa requiere ayuda para sacar el dinero de las cuentas bancarias de los clientes –a menudo abiertas en grandes bancos comerciales con controles antifraude– e ingresarlo en las de los estafadores sin ser descubiertos. Los call-centers intentan asegurarse el éxito instando a sus víctimas a abrir cuentas en bancos digitales que creen que serán menos estrictos a la hora de vigilar el fraude. Luego, para recibir los fondos, los estafadores contaban con la asistencia de lo que ellos denominaban internamente “proveedores de servicios de pago”. 

Los proveedores de servicios de pago legales (PSP) son entidades financieras reguladas que ayudan a otras empresas a recibir dinero de sus clientes, proporcionándoles acceso al sistema bancario mundial.

Los documentos filtrados de Scam Empire han puesto al descubierto el lado oscuro de este sector: un enorme y misterioso ecosistema de proveedores no regulados de servicios de pago que ayudan a mover el dinero mediante métodos cuestionables y engañosos. Así funcionaba el sistema:

Los documentos financieros hallados en Scam Empire muestran que varios de estos proveedores de servicios de pago clandestinos fueron utilizados por las dos redes investigadas, la georgiana y la israelí-europea, que los mencionan entre cientos de proveedores –junto con exchanges [plataformas de intercambio] de criptomonedas, empresas de transferencias bancarias y otros– en las hojas de cálculo donde registraban los pagos de las víctimas.

Algunos de estos proveedores parecen estar especializados en determinados países, como los denominados Britain Local, Australia Local y Canada EasyWires. Otros tenían nombres más genéricos, como Anywires y Bankio. Muchos no parecen corresponder a entidades jurídicas reales. Los documentos internos revelan que los proveedores cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio de pago convencional legítimo: PayPal, por ejemplo, cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales.

Además, era frecuente la aparición –y posterior desaparición– de nuevos proveedores que ofrecían a los call-centers material promocional con diversas “soluciones” para transferir dinero. A veces los centros de llamadas recibían avisos de que estaban fuera de servicio.

Kathryn Westmore, que dirige los trabajos del Royal United Services Institute (RUSI) sobre delincuencia financiera, asegura que era habitual ver sistemas de este tipo al servicio de narcotraficantes, pero no tanto en “el mundo del fraude”, y los expertos aún no saben mucho sobre cómo funcionan. Helena Wood, responsable de políticas públicas de Cifas, una organización de prevención del fraude en el Reino Unido, explica a OCCRP que los proveedores de servicios de pago permiten a los estafadores externalizar sus operaciones financieras. “Se trata de un servicio de blanqueo de dinero a todos los efectos”, asegura Wood

Los documentos hallados en la filtración revelan que los estafadores presionaban con frecuencia a las víctimas para que abrieran cuentas bancarias en instituciones financieras específicas, normalmente bancos digitales o entidades de dinero electrónico, supuestamente porque suelen hacer menos preguntas sobre el cumplimiento de la normativa bancaria.

Los estafadores, por ejemplo, decían a las víctimas que no confiaran en los grandes bancos comerciales, ya que intentan evitar que sus clientes se enriquezcan o no son “criptoamigables”. En algunos casos, ese argumento se utilizaba para empujar a las víctimas a abrir cuentas en neobancos, entidades 100% digitales, pero sin licencia bancaria.

Revolut, un banco exclusivamente online, fue con diferencia el más utilizado por las víctimas para transferir fondos al centro de llamadas de Georgia: de las 5.040 transacciones en las que intervino un banco identificado, 598 se realizaron a través de Revolut.

“Como usted sabe, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en criptomonedas, ¿verdad?”, le dijo un estafador a una potencial víctima. “Así que, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”. Preguntado al respecto por OCCRP, el banco lituano-británico respondió que se toma “increíblemente en serio el fraude y el riesgo en toda la industria de la delincuencia organizada y sofisticada” y que cuenta con “procedimientos robustos para prevenir el uso indebido de Revolut con fines ilícitos”.

Otro estafador indicó a una víctima que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar los pagos a la plataforma de criptomonedas Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en un papel: ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o mi familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar en otros países y tiene un reintegro muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”. Wirex no respondió a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

En el caso de Mark, el estafador le instó a abrir una cuenta en la sucursal digital de Chase en el Reino Unido. “Es mucho más fácil hacerlo con Chase”, le escribió por WhatsApp. También le dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacer si Chase cuestionaba la transacción: debía decirle que las 7.000 libras eran para comprar “entradas para ir al teatro”. “Ella estaba literalmente al teléfono diciéndome exactamente lo que tenía que decir a Chase para conseguir que el dinero pasara”, contó Mark más tarde a los periodistas. Chase se ha negado a responder a las preguntas que sobre la cuenta de Mark le ha formulado OCCRP, acogiéndose a cuestiones de privacidad, pero también a contestar a preguntas generales sobre sus procedimientos de compliance.

Una vez que Liliana envió a Mark la factura falsa, éste transfirió los fondos a la cuenta búlgara de Revolut ese mismo día. El banco lituano-británico ha declinado responder a preguntas concretas sobre este caso, amparándose en la confidencialidad de sus clientes y la protección de datos. “Pensándolo ahora, fue una estupidez por mi parte, estaba transfiriendo dinero a cuentas aleatorias”, confiesa.

Mark se había dejado convencer por la versión de la realidad creada por su estafador mostrándole un sitio web falso donde parecía que su dinero estaba siendo bien invertido en lo que Liliana llamaba “beneficios garantizados”: “En la plataforma todo parece real, ¿me entiendes? Estaba ganando mucho dinero”.

Pero, entre bastidores, la factura falsa de 7.000 libras de Mark había sido fabricada por un proveedor de servicios de pago llamado Bankio. Los chats internos hallados en la filtración permiten ver lo que ocurría en la trastienda del call-center:

Todo esto ocurrió en apenas ocho minutos.  

Se trata de un ejemplo típico de cómo funciona el procesamiento de los pagos en los centros de llamadas de Scam Empire. Las capturas de pantalla incluidas en la filtración muestran la constante comunicación que mantienen con un auténtico ejército de gestores, normalmente en canales especiales de Telegram. Tras contactar con un proveedor y darle el nombre y la nacionalidad de una víctima, recibían rápidamente los datos de una cuenta.

También era habitual que surgieran nuevos proveedores de servicios para ofrecer a los centros de atención telefónica material promocional con diversas “soluciones“ para transferir dinero, que luego desaparecían: los centros de atención telefónica recibían a veces avisos de que estaban fuera de servicio. 

Los documentos de la filtración revelan que estos proveedores de servicios de pago cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio legal pero en consonancia con las comisiones típicas del blanqueo de capitales. Por establecer una comparación: PayPal cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales. 

Bankio tiene un sitio web rudimentario, así como documentos de marca que distribuye a los call-centers. Uno de los encontrados en la filtración, que expone su “flujo de trabajo”, promete que, tras la solicitud de asistencia, Bankio preparará una factura, seleccionará el “mejor banco disponible según el importe y el país del cliente”, recibirá el ingreso y, a continuación, enviará el dinero una vez que haya recibido el pago por sus servicios a través de un “informe de liquidación”.

Aunque Bankio tiene su propia marca, no hay ninguna entidad corporativa registrada con ese nombre y los periodistas no pudieron determinar quién está detrás. Pero los documentos de la filtración sugieren claramente que está conectado con un proveedor de servicios similar, Anywires, que también fue utilizado por los estafadores israelí-europeos. Ambos servicios comparten un número de teléfono móvil en el Reino Unido y una dirección en Edimburgo, la capital escocesa. Además, los call-centers facturaron a Bankio para recibir el dinero de víctimas que habían enviado dinero a través de Anywires según sus propios documentos internos.

Entre Bankio y Anywires proporcionaban datos de docenas de empresas fantasma en países europeos como Estonia, Hungría, Bulgaria y el Reino Unido.

Hasta el mes pasado, Anywires tenía un sitio web de aspecto profesional, en el que decía colaborar con Revolut y Wise, entre otros. Revolut contesta a OCCRP que nunca ha contratado a Anywires y que ésta utiliza su logotipo sin permiso. También dice que le envió una carta de cese y desistimiento. Después, el sitio web de Anywires desapareció. Por su parte, Wise declara que nunca ha mantenido relación comercial alguna con Anywires.

El sitio web de Anywires también indicaba una dirección de contacto en los suburbios de Riga, la capital de Letonia, pero sólo conduce a un apartamento en el primer piso de un desgastado bloque de apartamentos de la era soviética. Un periodista de Re:Baltica, medio de comunicación asociado a OCCRP, llamó a la puerta en dos ocasiones, pero nadie respondió.

Los materiales promocionales hallados en la filtración también vinculan a Anywires con una empresa letona ya disuelta registrada anteriormente en esa dirección, SIA VNV Group, que declara oficialmente ser un mayorista de “productos especializados”. El único accionista de VNV Group antes de su liquidación, el estonio Sergei Sidorenko, señaló a Delfi Estonia que nunca había oído hablar de Anywires. Añadió que VNV Group nunca hizo ningún negocio y ni siquiera tenía una cuenta bancaria.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a una dirección de contacto de Anywires encontrada en los documentos filtrados. Un número de teléfono móvil del Reino Unido anunciado anteriormente tanto por Anywires como por Bankio ya no funciona.

Unos meses antes de que convencieran a Mark para que enviara los ahorros de su vida a Liliana, un cirujano español tomaba una decisión similar 1.000 kilómetros más al sur.

El doctor. M es un destacado cirujano que dirige su propia clínica en Barcelona. A principios de 2023, tras una serie de conversaciones telefónicas, dos estafadores de un call-center ubicado en Sofía (Bulgaria) le convencieron de que se podía hacer una fortuna con inversiones en petróleo y gas. “Tenía allí unos ahorros que estaban sin hacer nada y quería ponerlos a trabajar para ver si podía obtener algún beneficio”, explicó a OCCRP y a infoLibre.

El médico terminó enviando casi un millón de euros a una agencia de valores suiza, fraccionados en pagos más pequeños. O al menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, los documentos internos de los estafadores revelan una realidad distinta: los pagos del doctor M iban directamente a una empresa fantasma, a través de un proveedor de servicios de pago denominado internamente LWires, formado por al menos 13 empresas diferentes, 11 registradas en España y dos en el Reino Unido.

Las empresas de LWires utilizaron 18 cuentas bancarias durante el periodo examinado por OCCRP, cinco de las cuales se abrieron en el Santander y otras cinco en el BBVA. El Santander rechaza comentar casos concretos, pero dice estar “seguro” de haber cumplido con sus “obligaciones como institución financiera responsable”. El BBVA también declina hablar sobre casos específicos, pero pone en valor las “numerosas medidas de control” con que cuenta “para evitar que sus servicios se utilicen en actividades ilícitas”.

Las empresas de LWires movieron más de 4,9 millones de euros de 600 personas que enviaron dinero a la organización israelí-europea en menos de dos años, entre enero de 2023 y noviembre de 2024. Scam Empire contiene extractos de cuentas bancarias de un subconjunto de las empresas de LWires, lo que proporciona una imagen inédita de cómo funcionaba.

Así funcionaba LWires:

Un grupo inicial de siete empresas –seis registradas en España y una en el Reino Unido– recibe dinero directamente de los supuestos inversores a través de transferencias bancarias. Estas empresas suelen enviarse fondos entre ellas, e incluso hacen pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, una táctica para parecer menos sospechosas ante las autoridades, pero en general los ingresos de las víctimas fluyen desde ellas hacia un segundo grupo de empresas, la mayoría registradas en el Reino Unido.

De este segundo grupo de empresas, tres firmas londinenses fueron las que más dinero recibieron. Dos de ellas estaban registradas en la oficina de una gestoría en las afueras de Londres, situada encima de un balneario tailandés. Ambas son propiedad de ciudadanos húngaros de la ciudad fronteriza ucraniana de Uzhhorod, que parecen ser testaferros –uno es una peluquera que dice no saber nada de esa empresa británica–. Desde allí, parte del dinero fluye a empresas de Macedonia del Norte, Chipre, Hungría y Bulgaria, que facturaban a las empresas británicas por el trabajo realizado.

Y así funcionó con el dinero del cirujano barcelonés:

1. El doctor M. pensaba que estaba haciendo pagos para invertir a través de Rivobanc, una plataforma de negociación que indicaba una dirección en Suiza. En realidad, es una firma fantasma: ya había sido objeto de varias advertencias oficiales desde abril de 2023, incluida una de las autoridades suizas porque la empresa no estaba debidamente registrada.

2. En octubre de 2023, el médico envió 12.535 euros a una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa española, Selterico SL.

3. Los estafadores le habían dicho que Selterico SL, cuyo domicilio social debía ser, según el Registro Mercantil, The Shed, un coworking en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una sociedad de inversión vinculada a Rivobanc.

4. En realidad, Selterico SL se había creado sólo unos meses antes. Su propietaria nominal era una mujer que parece ser un testaferro.

5. Al día siguiente de que ese dinero llegara a las cuentas de Selterico SL, fue transferido a otra empresa, ésta con sede en el Reino Unido, Greencode Connection Limited.

6. Greencode es propiedad de Mihaly Cserepanya, un húngaro cuya dirección figura en un pueblo de la frontera ucraniana, otro testaferro.

7.  Cada vez que el doctor M enviaba una transferencia de dinero a Selterico, la misma cantidad se enviaba inmediatamente a Greencode.

8.  A mediados de noviembre, 138.000 euros del cirujano habían ido a parar esa empresa británica.

9. En este punto es donde LWires impide seguir el rastro del dinero. Los fondos de otras víctimas de estafas también fluyen hacia Greencode, mezclándose entre sí.

10. ¿Cómo retiraban el dinero los estafadores? Aquí entra el tercer grupo de empresas. Enviaban facturas a las empresas británicas por servicios no muy definidos que supuestamente prestaban: servicios informáticos, cumplimiento normativo y alquiler de oficinas. 

11. Pero no todo el dinero salía de esa manera: los fondos también se enviaban de una empresa de LWires a otra de formas tan complejas que a los periodistas les ha resultado imposible rastrearlos todos hasta un destino final. 

Ésa parece ser la cuestión. Los repetidos intentos de OCCRP para contactar con Selterico SL y Greencode Connection Limited y contactar con sus propietarios sobre el papel han sido infructuosos.

Mientras LWires movía el dinero por todo el mundo a través de múltiples capas de empresas pantalla, otro proveedor de servicios, Britain Local, parece haber conectado a los estafadores directamente con cuentas bancarias británicas a través de al menos cinco ciudadanos o residentes del Reino Unido que actuaban como testaferros. Todos ellos eran dueños de sociedades que tenían cuentas en los principales bancos del Reino Unido, incluidos HSBC y Lloyd's.

Britain Local no tiene presencia en internet, y los periodistas no pudieron determinar si el nombre corresponde a una empresa del mundo real, ni identificar quién controla el sistema. Sin embargo, Britain Local ganaba una comisión del 13% por el dinero que pasaba por el sistema, al menos 650.000 dólares entre septiembre de 2023, cuando parece que empezó a trabajar con la organización israelí-europea, y mayo de 2024.

Los estafadores contactaban con Britain Local a través de Telegram con información sobre su víctima y la cantidad que querían enviar, y se les facilitaban los datos de la cuenta bancaria.  

Nigel Sizer, de 74 años, es propietario de dos empresas registradas en una zona residencial de Nottingham. Sus datos bancarios fueron facilitados a los estafadores en el canal de Telegram de Britain Local. Estas dos sociedades, Penta Pacific Group Limited y NRG Applied Sciences Limited, están registradas como empresas de comercio al por mayor, pero recibieron miles de libras en transferencias electrónicas de las víctimas del call-center, que creían que estaban haciendo inversiones a través de plataformas llamadas Equitiz, Equistak y Saturn4u, según consta en las hojas de cálculo internas y los registros bancarios encontrados en la filtración. Estas tres supuestas plataformas de inversión están ahora sujetas a advertencias emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Una de las víctimas, una mujer residente en el Reino Unido que perdió alrededor de 250.000 euros con la plataforma Equitiz, relata que le ordenaron enviar 25.000 libras a una de las empresas de Sizer para “desbloquear” su propia cuenta, una táctica frecuente usada por los estafadores. Desesperada por recuperar el dinero que ya había enviado a los estafadores, ella y su marido intentaron pagar estas supuestas tasas de “desbloqueo” en tramos de 5.000 libras. Una vez efectuado el primer ingreso, el banco bloqueó las transferencias posteriores, por lo que su gestor de cuentas senior del call-center le envió por correo electrónico tres facturas que podía utilizar para justificar los pagos, supuestamente por la compra de materiales de construcción. 

Cuando las transferencias no se desbloquearon, se le facilitaron otras cuentas bancarias en las que hacer ingresos, a las que envió otras 22.000 libras en las semanas siguientes. Pero los estafadores nunca liberaron sus fondos, sino que volvieron a ponerse en contacto con ella para pedirle más dinero.  Finalmente, confiesa, no pudo aguantar más. “Ven a sacarme la sangre y véndela, porque es lo único que me queda en el cuerpo. Me lo has quitado todo”, recuerda haberle dicho al estafador. Después denunció los hechos a la policía, pero al poco tiempo recibió una carta en la que ésta le informaba de que no se llevaría a cabo ninguna investigación.

“Sinceramente, espero que esa señora pueda recuperar todos sus fondos, y realmente no creo que nada del dinero de esas facturas llegara realmente a mi cuenta”, respondió Sizer cuando se le preguntó por esta víctima y por lo que había ocurrido con su dinero.

En otro caso, en diciembre de 2023, una víctima que también creía estar invirtiendo a través de Equitiz recibió una factura de la organización israelí-europea con la marca de la empresa de Sizer don de se solicitaba el ingreso de 2.850 libras en la cuenta de HSBC de la empresa de Nigel Sizer, supuestamente por la compra de cátodos de cobre, una materia prima de gran demanda. Un recibo de la transferencia bancaria hallado en la filtración de Scam Empire muestra que la víctima envió fondos a la cuenta de la empresa de Sizer tres días después de la fecha de la factura.

Sizer asegura a OCCRP que no tiene nada que ver con los call-centers de la estafa y que su empresa había participado en un negocio de cobre que finalmente fracasó. También relata que le habían presentado a un ciudadano israelí a quien sólo conocía como John, que le envió los nombres y direcciones de personas que él entendía que eran inversores en la operación. Sizer añade que preparó facturas dirigidas a esas personas y se las envió a John por WhatsApp.

También explica a los periodistas que todas las facturas de su empresa correspondían a inversiones en cátodos de cobre y que las facturas de los materiales de construcción habían sido manipuladas “con el propósito de estafar”. Sin embargo, añade, como había perdido el ordenador portátil donde tenía copias de las facturas, no podía aportar ninguna documentación. Además, asegura que John borró más tarde su chat de WhatsApp. Sizer no aportó ninguna prueba del supuesto acuerdo sobre el cobre. 

Sizer afirma igualmente que HSBC contacó con él en una ocasión para decirle que las personas que habían transferido dinero a su empresa creían que estaban invirtiendo en criptomonedas. Según dice, también se puso en contacto con él la policía, que le informó de que esas personas habían sido estafadas por una empresa que identificó como Saturn 4, probablemente una referencia a la plataforma Saturn4u, que ocupa un lugar destacado en la filtración y es una plataforma señalada por el regulador del Reino Unido.

No está claro si las cuentas asociadas a Sizer utilizadas por Britain Local siguen activas. Según indicó él a los periodistas, la Policía había conseguido una orden judicial para bloquear la cuenta y le había embargado 34.000 libras esterlinas, pero no pudo aportar ninguna prueba. A preguntas de OCCRP, el banco HSBC rehusó entrar en detalle sobre clientes específicos, pero destacó que busca “actividad inusual y toma medidas apropiadas y oportunas cuando las cuentas de los clientes están siendo utilizadas para facilitar delitos financieros“. 

Las empresas de Sizer tenían una cuenta en la entidad británica Banking Circle, que apuntó a OCCRP que las empresas pantalla que recibían fondos de las víctimas no eran clientes directos suyos, sino clientes de sus clientes. Esto es posible gracias a un servicio que ofrecen estos bancos denominado Número Virtual de Cuenta Bancaria Internacional, o VIBAN. LHV, una entidad con sede en Estonia, también asegura que las empresas utilizan sus VIBAN.

Tradicionalmente, los bancos se asocian con los IBAN, que están vinculados a una cuenta específica en cada entidad. Un VIBAN, sin embargo, permite a ciertos clientes –otras entidades financieras o procesadores de pagos– crear una subcuenta conectada a su cuenta principal.

“Un VIBAN reproduce algunas funciones asociadas a una cuenta bancaria estándar”, explica LHV Bank a OCCRP. Eso significa que un cliente del banco estonio “puede asignar a su propio cliente directo un VIBAN [y] se pueden enviar y recibir pagos utilizando el VIBAN”.

Banking Circle sostiene que las cuentas de las empresas pantalla eran VIBAN que “habían sido asignadas” en sus sistemas a un proveedor de servicios de pago. El banco dice que le está prohibido por ley dar el nombre del proveedor de servicios de pago. Tanto Banking Circle como LHV Bnak insisten en que se toman muy en serio su responsabilidad en la lucha contra el fraude y rechazan cualquier sugerencia de que no han actuado con la diligencia debida.

Otro aparente testaferro de Britain Local era Timothy Griffiths, un inglés de 70 años propietario de una empresa llamada Giricon Limited. Él insiste en que no tiene relación alguna con estafas de inversiones, pero un extracto bancario de Giricon de diciembre de 2023 muestra cómo recibió miles de libras de varias personas que creían estar invirtiendo a través de plataformas de trading que ahora están en la lista negra de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Poco después de que esos fondos entraran en las cuentas de Giricon, fueron transferidos a otra empresa del Reino Unido también propiedad de Griffiths, tal y como muestran los recibos bancarios hallados en la filtración.

Los registros bancarios obtenidos por OCCRP muestran que durante un periodo de tres meses a finales de 2023 y principios de 2024, Giricon recibió transferencias por valor de más de 162.000 libras de al menos 22 individuos. El dinero se ingresó en las cuentas de Giricon en Lloyd's, Revolut y LHV Bank. Sin embargo, en los documentos contables que envió al Registro Mercantil, Griffiths declaró que la compañía estaba “inactiva” en 2023 y 2024, lo que significa que no tuvo transacciones significativas durante esos años.

El británico explicó a los periodistas que el dinero provenía de inversores inmobiliarios y que no era “consciente de que fueran pagos fraudulentos”. También niega haber hablado con los inversores y rechaza explicar cómo su dinero fue ingresado en las cuentas bancarias de la empresa. No aportó pruebas del supuesto negocio inmobiliario.

Kathryn Westmore, la experta en delitos financieros de RUSI, apunta que los bancos deberían haber marcado como sospechosas las transacciones de importes elevados en las que participaba una empresa supuestamente inactiva. “Yo esperaría que los bancos se hubieran dado cuenta antes de que estas empresas no tienen otro propósito que recibir un montón de fondos sin ninguna prueba de que realmente estuvieran haciendo algo para justificarlo... Una de las cosas que hay que buscar cuando se supervisan las transacciones es cuando se reciben cargos y abonos en rápida sucesión, porque eso sugiere que podría haber blanqueo de dinero”.

Preguntado por este caso, Lloyd’s contesta que no hace comentarios sobre clientes actuales o antiguos. Revolut responde a OCCRP que restringió la cuenta de Giricon e informó de sus sospechas a las autoridades tras identificar “actividad potencialmente fraudulenta” a finales de 2023. “Todas las cuentas se someten a una supervisión continua para detectar actividades inusuales. Nuestros sistemas están diseñados para detectar anomalías y poner en marcha investigaciones según sea necesario”, añade. “Asumimos nuestra responsabilidad de prevenir y detectar delitos financieros y fraudes con la máxima seriedad”, replica por su parte LHV Bank, pero declina hacer comentarios sobre clientes específicos, amparándose en su confidencialidad.

Una de las víctimas que envió dinero a Giricon fue Stuart Daburn, un rico hombre de negocios que vive en una zona rural de Inglaterra. Entre los aproximadamente 32.000 supuestos inversores identificados en Scam Empire, ninguno perdió más dinero que él, que transfirió enormes sumas a los estafadores, tanto en criptomonedas como desde su cuenta en Chase Bank.

A diferencia de muchas víctimas del fraude de estos call-centers, Daburn llevó a sus estafadores a los tribunales. Ante el ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusa a un grupo de empresas –entre ellas una que formaba parte de LWires y dos propiedad de Griffiths–, a carteras de criptomonedas y a “personas desconocidas” de declaración dolosa. No ha querido hablar con OCCRP para este proyecto de investigación, alegando que el caso está sub iudice. Griffiths califica la demanda de Daburn de “montón de basura”, pero el mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Justicia condenó a Giricon y a otros acusados, incluida una empresa de Griffiths, a pagar más de cuatro millones de libras a Stuart Daburn.

Para quienes carecen de recursos económicos con los que llevar a los estafadores ante los tribunales, la justicia es aún más esquiva. Mark, que perdió los ahorros de toda su vida por culpa de Liliana, denunció la estafa al servicio especializado en fraudes Action Fraud de la policía británica, pero no le sirvió de nada. Más tarde recuperó parte de su dinero a través de Refundee, una empresa privada que se dedica a cobrar el dinero perdido en fraudes. Mark confiesa que la terrible experiencia le ha dejado muy angustiado y estresado. Ahora está hasta el cuello de deudas. No le ha contado a nadie lo que le ocurrió, salvo a su novia y a otro amigo.

Aun así, se siente feliz recordándose a sí mismo que sus pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Pero cuando los periodistas le preguntaron qué les diría a sus estafadores si alguna vez pudiera enfrentarse a ellos, Mark se enfadó. “¿Por qué creen que merecen el derecho a destruir la vida de la gente?”, exige saber.

Los documentos de la filtración muestran que Daburn recibió instrucciones para enviar dinero a una empresa polaca llamada 4Word Solutions Sp.zoo, con el fin de comprar criptodivisas, según un formulario de consentimiento firmado por el propio Daburn. Los registros muestran que hizo tres pagos por un total de más de 62.000 libras a esa empresa.

En 2023, la Policía Nacional española abrió una investigación por fraude sobre 4Word Solutions, tal y como consta en un oficio emitido por la unidad de ciberdelitos de Zaragoza y dirigido a esta empresa. Un ciudadano español había denunciado que le habían estafado, 23.000 euros de acuerdo con los documentos de Scam Empire.

Los chats de la filtración muestran que 4Word Solutions era una de las empresas que los proveedores de pagos ofrecían a los estafadores que buscaban recibir fondos de las víctimas, y que aparentemente operaban con criptodivisas. La primera de estas empresas se llamaba Erith Global y fue creada en Estonia por el israelí Michael Ohayon en 2020, pero cesó en sus operaciones en 2022 después de que ese país báltico endureciera su normativa sobre criptomonedas.

Los documentos de la filtración muestran que Erith fue sustituida por dos firmas lituanas, Mirha Traders UAB e Insights Group UAB. Un documento interno informaba a los estafadores de que las cuentas de Erith habían sido cerradas y les indicaba que utilizaran en su lugar las de una de las empresas lituanas.

En el otoño de 2023, Mirha Traders fue multada por las autoridades lituanas por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, y la operativa parece trasladarse de nuevo, esta vez a Polonia, con 4Word Solutions. Los documentos de la filtración muestran que los estafadores recibieron instrucciones para empezar a dirigir los pagos a esta empresa.

Los documentos filtrados sugieren que Erith y las empresas que la sucedieron movieron importantes sumas de dinero. Una hoja de cálculo con informes financieros indica que la red israelí-europea manejó más de 2,7 millones de euros a través de más de 260 transferencias en 2023, todas etiquetadas como “Erith C2B”. Los pagos se realizaron en dólares estadounidenses y canadienses, euros, libras esterlinas y rands sudafricanos.

Aunque estas empresas parecían ofrecer una vía de acceso al mundo poco regulado de las criptomonedas, también necesitaban cuentas en instituciones financieras para aceptar dinero de víctimas en moneda fiduciaria. Mirha tenía cuentas separadas en el proveedor de pagos británico Clear Junction y en la empresa de dinero electrónico CFS-Zipp para las personas que pagaban en euros. A las víctimas de Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia o Latinoamérica, que realizaban transferencias en dólares estadounidenses, se les indicaba que enviaran los pagos a las cuentas de Mirha en Clear Junction o en el Metropolitan Commercial Bank de Nueva York.

A preguntas de OCCRP; Clear Junction contesta que restringió la cuenta de Mirha en 2022 tras recibir quejas, pero rehúsa dar más detalles. Dice que mantiene “un nivel excepcionalmente alto de cumplimiento [de la normativa]” y que trabaja “incansablemente para llevar a cabo controles rigurosos de diligencia debida [y] controles apropiados contra el blanqueo de dinero y KYC [Know Your Client, Conoce a Tu Cliente]”. CFS-Zipp se limita a responder que cumple con “la legislación y la normativa aplicables en materia de detección y notificación de actividades sospechosas”.

Michael Ohayon y Metropolitan Commercial Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por OCCRP. 

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Con información adicional de Greete Palgi (Delfi Estonia), Inese Braže (Re:Baltica), Anastasiia Morozova (VSquare.org / Frontstory.pl), Šarunas Černiauskas (Siena.lt).

El crimen es ahora tan global como la economía. Bien lo saben los cárteles de la droga, delincuentes arquetípicos del siglo XX, y los ciberestafadores, una nueva generación de bandidos de guante blanquísimo. Desde la pandemia, el fraude online se ha desbocado, advierten las fuerzas de seguridad: internet proporciona a los criminales 2.0 un campo de operaciones planetario y el camuflaje perfecto. La red Sapir, dirigida desde ese edificio del distrito de Tel Aviv y destapada por Scam Empire, es un magnífico ejemplo. Gestionada desde Israel –la tecnología–, y Chipre –la sede financiera–, ha abierto sus centros operativos en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y –hasta la guerra– Ucrania, donde los controles administrativos son mínimos y la corrupción política funciona como catalizador del delito. La trama también ha aprovechado la flexible regulación financiera de Lituania y Estonia, hacia donde canalizan el dinero robado a los estafados.

Pues bien, en España la red criminal levantó un sistema único para mover el dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta los bolsillos de su secreta cúpula directiva. Las enormes cantidades que manejan cada día cientos de teleoperadores en sus respectivos departamentos lingüísticos no pueden ingresarse directamente en las cuentas de los estafadores, sino que es necesaria una cortina de humo lo bastante densa para dificultar el rastreo, en caso de que las autoridades lleguen siquiera a sospechar del fraude.

Así que en España los estafadores crearon un entramado de 61 empresas fantasma, al menos desde marzo de 2022, que sirvieron para abrir cuentas en los grandes bancos españoles. Banco Santander, BBVA y Sabadell fueron sus favoritos, aunque no los únicos que aparecen en los documentos de la filtración que ha dado lugar a Scam Empire, obtenida por la televisión pública sueca SVT y coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Esas cuentas no sólo les han servido para ingresar el dinero de las víctimas, incluso pagando facturas falsas, también para hacer devoluciones de pequeñas cantidades –no más de 500 euros– a algunas de ellas y hacerles creer que podían retirar sus supuestas ganancias en cualquier momento, e incluso para contratar informáticos ucranianos como controladores de calidad de los sistemas empleados en sus call-centers. Además, las han utilizado para firmar contratos con empresas de marketing afiliado, que proporcionan a la red Sapir falsos anuncios en internet para atraer a sus víctimas.

Según ha podido comprobar Scam Empire, el dinero salió de estas cuentas españolas en dirección a empresas de Reino Unido, Hungría, Estonia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Sólo en nueve cuentas del Santander y el Sabadell, entre el 20 de octubre de 2022 y el 10 de mayo de 2024, entraron 1,28 millones de euros. De esa cantidad, casi 1,1 millones salieron rápidamente hacia empresas del Reino Unido en 163.000 transferencias. Otra buena parte del dinero se ha movido en círculos entre las empresas españolas de la red.

Además, para recibir depósitos de sus víctimas, empresas de Sapir ubicadas en Estonia –Asterisk Media OU, Linerum OU–, Lituania –Venidicta SRO–, Hungría –Mediana Group KFT– o Reino Unido –Intellivision Ltd– abrieron sus propias cuentas en Easy Payment and Finance EP, una entidad española de pago autorizada y supervisada por el Banco de España, que ofrece “una plataforma de pagos rápidos y costes bajos”, según puede leerse en su página web. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Easy Payment and Finance procesó un total de 2,4 millones de euros para las empresas de la red de ciberfraude destapada por Scam Empire.

Easy Payment And Finance EP no ha contestado a las preguntas al respecto que le ha enviado OCCRP.

Las entradas y salidas de dinero en las cuentas bancarias de estas empresas han sido numerosas y muy rápidas. Con la información obtenida por Scam Empire resulta imposible calcular la cantidad total que han movido las 61 empresas de la trama criminal en los principales bancos españoles.

Pero, tomando una muestra de seis empresas con cuentas en BBVA, cinco en el Santander y tres en el Sabadell, resulta que las empresas fantasma de la trama de ciberestafas movieron un poco más de dos millones de euros entre septiembre de 2023 y mayo de 2024: ingresaron 2,07 millones de euros y sacaron 2,06, prácticamente la misma cantidad. Aunque ese cálculo sólo es completo y abarca los ocho meses para el Santander: 935.435 euros en depósitos y 931.867 euros en salidas. El BBVA, sólo entre enero y abril de 2024, ingresó 998.329 euros y transfirió 987.057 euros. El Sabadell, entre febrero y mayo de 2024, dio entrada a 142.541 euros y sacó 142.513.

Hay que tener en cuenta que, de las 61 empresas pantalla, 31 tenían cuentas en el BBVA, 20 las abrieron en el Santander y 12 en el Sabadell –algunas tenían cuenta en más de uno de estos bancos–.

Tanto el Banco Santander como el BBVA y el Sabadell se han negado a confirmar a OCCRP siquiera que las empresas sean clientes suyos. Tampoco desvelan si las autoridades les han solicitado datos para alguna investigación policial o judicial, amparándose en razones de confidencialidad. “La normativa bancaria nos obliga a mantener confidencialidad sobre posibles análisis de operaciones sospechosas realizadas, de su comunicación o no a las autoridades, de la recepción o no de requerimientos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o estamentos judiciales, y sobre si determinadas personas o sociedades son o no clientes de nuestra entidad”, detalla el banco presididio por Josep Oliu. Los tres grandes bancos coinciden en poner de relieve la bondad y cantidad de sus protocolos antiblanqueo y antifraude. “Los aplicamos de forma continuada tanto en la captación de clientes como a lo largo de toda la relación ellos”, asegura el BBVA.

El Sabadell describe su sistema de scoring de riesgo y explica que utiliza “programas informáticos desarrollados en colaboración con una empresa especializada” para detectar “operaciones sospechosas”.

Todas estas empresas figuran en el Registro Mercantil a nombre de ciudadanos extranjeros. Son a la vez administradores y dueños del 100% del capital, siempre la cantidad mínima necesaria para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La mayoría tiene domicilio social en Alicante –donde reside una nutrida comunidad extranjera–, pero también en Madrid y apenas un par de ellas en Barcelona. Las personas al frente de estas sociedades proceden de países del Este de Europa y muchas son mujeres. Las hay húngaras, checas, lituanas, letonas, búlgaras y ucranianas, entre otras nacionalidades. Algunas son holandesas. Y todas parecen testaferros. Scam Empire ha podido acceder a las escrituras públicas autorizadas por los notarios con las que se constituyeron algunas de esas sociedades. Los “empresarios” acudieron acompañados de intérpretes –al ruso, pese a que eran de nacionalidad húngara, checa y búlgara– porque no sabían castellano.

Los nombres de las sociedades resultan a veces de la combinación caprichosa de los nombres de sus creadores: Nagynardo SL (Dora Nagy), Jankausko SL (Alexandra Jankauska), Morlantina SL (Kristina Morlan), Staronela SL (Nela Starova), Novaktrevel SL (Eva Novak), Janahorak Publicidad SL (Jana Horak), Janderico SL (Jan Sbovoda) son sólo algunos de ellos.

Sobre el papel, se trata de agencias de publicidad y de viajes, o consultorías. Pero carecen de plantilla. Es más, ni siquiera tienen oficinas. Al registro facilitan como dirección física la de espacios de coworking o centros de negocios, incluso les basta en algún caso un buzón privado de los que alquila una empresa como Mail Boxes Etc. Según ha podido comprobar infoLibre en los coworkings y centros de negocios donde deberían funcionar las sedes de estas empresas, o nunca han llegado a estar allí o desaparecieron al cabo de un par de meses de haberse registrado. Es el caso de Nagynardo SL, Larta Makota SL, Selterico SL, Ensonia Far SL, Andolantra SL, Pinolitex SL y Velentardo en Madrid, y Centorina Data SL en Barcelona. La Policía ya había acudido a preguntar y solicitar documentación a las sedes declaradas por Nagynardo SL, Ensonia Far SL y Centorina Data SL, según confirmaron los gerentes de esos espacios de trabajo.

Es más, ni siquiera son auténticos los domicilios particulares que los creadores de las empresas facilitaron a los notarios y figuran en las escrituras públicas, como ha comprobado este periódico en las direcciones de Madrid.

OCCRP ha intentado contactar con estas empresas para preguntarles por su actividad; sin embargo, no ha recibido respuesta de ninguna.

Pero sí ha localizado en Sofía a uno de estos empresarios, un ciudadano búlgaro llamado Boris Atanasov Kodzhov, quien aparece en el Registro Mercantil como administrador y socio único de Kodgeria SL, una agencia de publicidad creada el 18 de diciembre de 2023. Su nombre también figura como dueño de varias sociedades de la cibertrama en Sudáfrica, Bulgaria y Rumanía. Kodzhov explica a Bird.bg, socio de OCCRP en Bulgaria, que un hombre que conocía “de ir al pub” en Sofía le ofreció viajar a España para constituir una empresa de marketing digital en Madrid. “Sólo tenía que darle un poder notarial a un abogado, luego él se encargaría de la empresa y a mí me pagarían un tanto por ciento de los beneficios al mes, yo sólo debía registrar la sociedad”, asegura. Esa misma persona le pagó el billete de avión y el hotel en Madrid, además de 50 euros de dieta. Le prometió que recibiría un mínimo de 500 euros al mes a cambio. También le dijo que la empresa iba a publicitar “productos dentales y médicos, que son baratos en Bulgaria y caros en España”.

Ya en Madrid, acudió al notario con un abogado español, que a su vez llevó a una traductora al ruso. Esta explicó a Kodzhov que el documento que debía firmar era un poder “general”. “¿Pero no iba a ser sólo para registrar la sociedad?”, protestó el búlgaro. El abogado le dijo que firmara igualmente: “No significa nada”. “Yo no quería firmar”, se defiende ahora Kodzhov, “aunque también pensé que, ya que había viajado hasta allí y había gastado mi tiempo… así que firmé”.

Pero los 500 euros mensuales prometidos nunca llegaron, lamenta el búlgaro. “Por eso quería ir a España a revocar el poder”, se justifica, “pero no puedo, tengo que cuidar a mi madre, que está enferma”. Cuando le contactó aquel hombre en el pub, recuerda Kodzhov, trabajaba en un servicio de limpieza por 1.500 levas búlgaras al mes –unos 766 euros–. Repite que no sabe nada de la red de ciberestafas de la que forma parte la empresa registrada a su nombre. Y sostiene que una oferta similar –registro a cambio de una cantidad mensual– le llevó a poner a su nombre una empresa sudafricana llamada Matrix Vision, que también pertenece a la cibertrama dirigida desde Israel.

A pesar de la extensión de la red Sapir y de la intensidad del tráfico en las cuentas de estas 61 empresas, los bancos aparentemente no detectaron ninguna anomalía. Según la normativa europea y española, las entidades financieras deben saber quiénes son sus clientes, de dónde procede su dinero y para qué lo utilizan. Pero, además, deben aplicar una vigilancia “reforzada”, hacer comprobaciones adicionales, “si un cliente no reside en España o una empresa parece no tener actividad real”, explica Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi Abogados, un despacho especializado en derecho bancario y en protección de los clientes de las entidades financieras.

También están obligados los bancos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de cada transacción financiera internacional, “independientemente de que el país implicado esté dentro o fuera de la UE”, advierte el abogado. Las transferencias de las empresas pantalla creadas en España se realizaron con otras situadas en países comunitarios y Reino Unido, en su mayor parte. Pero Juan Ignacio Navas sostiene que, incluso en Estados miembros de la UE, ciertas “particularidades” justifican una diligencia reforzada. “Por ejemplo, los países donde es más fácil constituir empresas con estructuras opacas –empresas fantasmas–, zonas con un historial de sociedades ficticias utilizadas para fines ilícitos o zonas que han tenido problemas previos con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es el caso de Bulgaria que, aun siendo miembro de la UE, entró en octubre de 2023 en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G8, los ocho países más ricos del planeta), advierte por su parte Edo Bakker, consejero delegado de Agile Control Solutions, una consultora experta en gestión de riesgos y en ayudar a las empresas a aplicar controles antiblanqueo. Macedonia del Norte, otro de los países donde Sapir ha instalado sus call-centers, es el 40º país más corrupto de los 180 que integran el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En su último informe sobre el país, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales pidió a Macedonia del Norte que reforzara su lucha contra el blanqueo de capitales, tras calificar de “modestos” sus resultados hasta el momento.

Georgia también figura en la lista de los países que incumplen las normas para combatir el blanqueo de dinero que elabora el Consejo de Europa, junto con otros miembros de la UE como Lituania, Estonia, Hungría, Chipre o la República Checa.

“Aunque un país no aparezca en ninguna lista negra, los bancos tienen tanto el derecho como la obligación de aumentar sus controles si aprecian indicios o patrones que justifiquen medidas más estrictas”, sostiene Juan Ignacio Navas. Así, deben “intensificar la búsqueda de los verdaderos titulares del dinero, especialmente cuando hay empresas con estructuras complejas de por medio”, resalta. Bajando los umbrales de alerta, continúa, deben generar un “análisis manual” para hacer “un seguimiento más exhaustivo”.

Porque los bancos ya cuentan con sistemas automáticos de alerta, que “ayudan”, precisa el abogado, “pero a veces generan tantos avisos que los importantes pueden perderse entre los falsos positivos”.

Eddo Bakker cree, no obstante, que como en España los bancos están obligados a hacer primero una investigación, un informe con fuentes públicas y pedir información al cliente, antes de denunciar posibles irregularidades ante el Sepblac –la autoridad financiera contra el blanqueo–, el trabajo le llega a este órgano “más masticado, con más indicios”, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde las entidades financieras deben “comunicar cualquier cosa inusual que detecten, importes inusuales a partir de cierto umbral, por ejemplo”.

En todo caso, Bakker apunta que la obligación legal de los bancos es “prevenir el blanqueo de dinero, no prevenir el delito; en este caso, el fraude”. “Es imposible”, precisa, “que el banco detecte un fraude que afecta a muchas personas con cantidades pequeñas, informan sólo de los casos más graves”.

Otro problema estriba en que, si un cliente está catalogado como de bajo riesgo, “puede ser que el banco no actualice el KYC en tres o cinco años”, advierte el CEO de Agile Control Solutions. El formulario conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) es obligatorio cuando se abre una cuenta bancaria o se accede a cualquier producto financiero. Pero la normativa de la UE sólo obliga a actualizarlo cada año a las empresas de alto riesgo. Y una empresa de reciente creación siempre tiene más riesgo, aclara Eddo Bakker. “Pero la ley europea no establece cada cuánto tiempo debe actualizarse el KYC de una empresa de riesgo bajo o moderado”, añade, “eso lo decide cada banco”.

Eso sí, Bakker no cree que las entidades financieras españolas sean más laxas en la aplicación de controles antiblanqueo que otros países europeos. “Según la clasificación del GAFI, España es uno de los que tiene calificaciones más altas; su única queja es que hay pocas condenas por blanqueo”, expone.

Mención aparte merecen los organismos supervisores. Tanto el Banco de España como la CNMV aseguran que las estafas bancarias no son de su competencia. De hecho, en la Memoria de Reclamaciones que publica cada año, el supervisor bancario desvía a las víctimas hacia las autoridades de consumo y los tribunales. El Banco de España informa a los ciudadanos de que, “para resolver estas controversias, pueden acudir a las autoridades de consumo o a los tribunales civiles o penales, que son los que, en última instancia, deben establecer los hechos y las consecuencias jurídico-patrimoniales que puedan derivarse para las partes”. A continuación, remite a su Portal del cliente bancario, donde hay un apartado denominado "Protéjase contra el fraude".

Como no es de su competencia, el organismo supervisor rechaza la mayoría de las reclamaciones que les envían los clientes de un banco cuando han sido víctimas de una estafa. En 2023, último año sobre el que ha publicado la memoria, el Banco de España recibió 8.696 reclamaciones de ciudadanos por fraude, el 26,2% del total. De estas 8.696 reclamaciones, rechazó 4.831, es decir, más de la mitad (55,5%). De las 33.191 reclamaciones recibidas en 2023 —de todo tipo, desde hipotecas hasta tarjetas de crédito—, 2.982 fueron reclamaciones por transferencias bancarias, que aumentaron casi un 38% respecto a 2022. De hecho, son el segundo tipo de queja que más creció ese año, y el aumento se debió a “incidencias relacionadas con operaciones de pago presuntamente fraudulentas”, según admite el propio Banco de España.

Por su parte, la CNMV destaca, a preguntas de infoLibre, que su competencia es, por ejemplo, abrir expediente a la red X por difundir publicidad de entidades no autorizadas, los conocidos como chiringuitos financieros, pero no perseguir presuntos delitos. “Somos el supervisor que más chiringuitos detecta, sólo por detrás de nuestros colegas británicos. En 2024 la CNMV publicó 522 advertencias, y los organismos supervisores internacionales, 725 advertencias”, enumera. El regulador reconoce que han aumentado “los casos de fraude financiero por la extensión de las redes sociales y las ofertas fraudulentas de activos como las criptomonedas”, por lo que ha puesto en marcha un Plan de Acción contra el Fraude Financiero, (PAFF), al que se han adherido 21 organizaciones públicas y privadas.

Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el Sepblac, la unidad que lucha contra el blanqueo de capitales, se remiten a la MICA (Markets in Crypto Assets Regulation, por sus siglas en inglés), de la UE cuando se le pregunta por sus actuaciones contra el ciberfraude de inversiones. “Garantiza la protección de los ciudadanos”, resalta. También señala que la normativa de blanqueo de capitales se ha adaptado para “tener en cuenta toda la casuística en torno a los criptoactivos”. Y, finalmente, apunta hacia la CNMV, “que alerta de los fraudes” y hacia la educación financiera de los ciudadanos, de la que se encarga también el Banco de España.

No es extraño, por tanto, que el cliente estafado se sienta muy solo. A Joaquín –nombre supuesto– la cibertrama le robó 125.000 euros en dos meses. Los ahorros de toda su vida, con los que planeaba comprarse una casa. Tiene 30 años. Licenciado en Administración en Empresas y con dos másters, pinchó en un anuncio, publicado en la web del diario Marca, donde Fernando Alonso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión basada en un algoritmo. Ni 10 minutos después recibió la primera llamada. Una mujer que decía ser Salomé Vinuez y tenía acento latinoamericano le explicó las lucrativas inversiones que podía hacer a través de Virgobanc, una entidad suiza con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera de la confederación helvética. Empezó comprando acciones de empresas del Íbex 35 y materias primas, que pagó mediante transferencias a una empresa de Sudáfrica –Xago Techonologies Ptyltd– y a un procesador de pagos irlandés –Paysafe Payment Solutions Ltd–. Después pasó a las criptomonedas, de la mano de un asesor financiero llamado Martin Coppola, que hablaba español con acento rumano, asegura Joaquín. Su supervisora era otra latinoamericana, María Avilés.

Hasta aquí una historia muy similar a la que han contado a infoLibre otras víctimas de la cibertrama. Joaquín tenía dos cuentas en el Banco Santander. Desde una de ellas hizo todas las transferencias que le pidieron Coppola y Avilés. Un mes después de darse cuenta de la estafa y negarse a hacer un ingreso más, pese a la insistencia de los timadores, fue el Santander el que le llamó. Para preguntarle por qué había hecho un número inusual de operaciones con cantidades tan elevadas en tan poco tiempo. “Porque me han estafado, les contesté”, relata ahora el joven. Para entonces ya había presentado dos denuncias, una en la Guardia Civil y otra en la Policía Nacional, que envió al banco.

La respuesta del Santander no consistió en interesarse por su cliente, sino en bloquearle la cuenta durante cuatro meses. “Me daban a entender que era sospechoso de blanqueo”, explica muy enojado. “Ni siquiera podía ingresar mi nómina”, añade, “tenía que hacerlo presencialmente en la sucursal”. Mientras, estaba devolviendo un crédito de 20.000 euros que había pedido al banco para seguir invirtiendo en la plataforma de los estafadores. Aún no ha terminado de pagarlo.

Joaquín describe la misma presión implacable ejercida por los teleoperadores que han relatado a OCCRP otras víctimas. “María Avilés era la peor”, recuerda horrorizado. Cuando exponía sus reparos a seguir metiendo dinero, le llamaban “fracasado” y utilizaban el pánico de la víctima a perderlo todo: “Si no inviertas más, no vas a recuperar el dinero”. También le dijeron que tendría que pagar impuestos si se retiraba. Pese a que lo reclamó a las direcciones de correo de Virgobanc y de Xago Techonologies que le facilitaron, los estafadores le siguen llamando a día de hoy. “Te vamos a estar llamando toda la vida”, le amenazaron Coppola y Avilés.

Joaquín, que necesitó ayuda psicológica y confiesa que ha tenido ideas suicidas fruto de la desesperación y la vergüenza –“esto me ha pasado por buscar el camino fácil”, concede–, da por perdido el dinero, pero quiere “averiguar quién está detrás” del engaño. Sabe que no son ni Avilés ni Coppola. “Contigo he ganado 15.000 euros”, le dijo en una de sus llamadas el agente con acento rumano y apellido de cine. Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire confirman que, al menos con su salario, Coppola no mentía. En febrero de 2024, su nómina fue de 12.461 euros –3.143 de sueldo base y 9.318 de bonus–. La de María Avilés ascendió a 16.985 euros –2.619 de sueldo base y 14.366 de bonus–.

Tras la amarga experiencia, Joaquín dice estar “decepcionado” consigo mismo. Pero no tanto como con el Santander, del que ya no es cliente. Preguntado por las ciberestafas que aprovechan sus cuentas bancarias, el banco de Ana Patricia Botín responde que sus procesos para identificar y prevenir delitos financieros son “amplios y robustos”. “Estamos seguros”, recalca, “de que hemos cumplido plenamente con nuestras obligaciones como institución financiera responsable”. 

Muchas de las empresas fantasma identificadas en la investigación de OCCRP aparecen también en la demanda que 72 víctimas españolas han presentado en la Audiencia Nacional y ya ha sido admitida a trámite. En ella también se menciona a un banco luxemburgués, Banking Circle, que a su vez figura en los documentos de Scam Empire. Sólo esta entidad es responsable de transacciones por importe de 730.000 euros con esos estafados españoles, según la investigación que ha llevado a cabo Reporter.lu, socio de OCCRP en Luxemburgo.

Fundada en Dinamarca, en 2013, como una start-up, Banking Circle se ha hecho un nombre en todo el mundo. Con sucursales en la UE, Liechtenstein, Londres y Singapur, Banking Circle es lo que se conoce como un neobanco –100% digital sin licencia bancaria–. En 2018, fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT. Entonces trasladó su sede a Luxemburgo, donde también la tiene el fondo. En 2024, la CSSF, el supervisor financiero del Gran Ducado, concedió al banco una licencia para “tokens [representación digital de un activo] de dinero electrónico”. Y poco después, el neobanco lanzó su propia criptomoneda, Eurite.

A preguntas de OCCRP, Banking Circle explica que sólo “presta servicios de procesamiento de transacciones para proveedores de servicios de pago y otros bancos, y no tiene clientes particulares”. Además, sus cuentas poseen un IBAN virtual que se utiliza como referencia para que los pagos puedan redirigirse a otra cuenta bancaria física.

Así, Banking Circle no tiene conocimiento de los saldos individuales de los clientes finales: esas cuentas son responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por ese motivo, ya hace tiempo que las autoridades consideran un problema los IBAN virtuales. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió en mayo de 2024 del riesgo de blanqueo de capitales que implican, ya que los clientes finales no son conocidos por los proveedores de servicios financieros y, por tanto, falta información para controlar la cadena de transacciones. Las autoridades financieras luxemburguesas, por ejemplo, dicen desconocer el número de IBAN virtuales en circulación en el Gran Ducado.

En el caso de las víctimas españolas, el control de Banking Circle está bajo cuestión. Según los documentos de Scam Empire, el cliente bancario de las transacciones era Paysafe Payment Solutions Ltd, una entidad de dinero electrónico y proveedor de servicios de criptoactivos supervisada por el Banco de Irlanda. Banking Circle confirma que es su cliente. Con sucursales en todo el mundo, Paysafe Payment Solutions Ltd pertenece a sociedades holding con sede en Londres. En el Registro Mercantil británico, aparece como “persona con control significativo” una sociedad de Bermudas. Sin embargo, Banking Circle niega tener relación alguna con esa firma en el paraíso fiscal caribeño, según ha respondido a preguntas de Reporter.lu.

El caso es que Banking Circle posee una licencia bancaria en Luxemburgo desde 2019. Pese a que el Banco Cenral de Irlanda confirma a Reporter.lu que una entidad sólo puede recibir una licencia si revela quiénes son sus accionistas.

Marcel Deschamps estaba desesperado. Empleado en una fábrica canadiense, llevaba meses acosado por una sucesión de estafadores que se habían ganado su confianza y convencido para que invirtiera grandes sumas de dinero en criptoactivos falsos, pero nunca le dejaron retirar ni un céntimo. Como resultado, apenas le quedaba dinero para comprar comida para su gato ni casi para él. Entonces, la última estafadora que le había contactado, se hacía llamar Mary Roberts y se presentaba como una profesional experta en criptoactivos, volvió a telefonearle.

Marcel ya se había dado cuenta de que ella también le estaba estafando, por lo que amenazó con denunciarla a la policía canadiense. Ella soltó una carcajada. “Eres tan ridículo”, cacareó en un inglés con mucho acento. “Eres tan estúpido. Aunque llames a la policía de Canadá, a la de Quebec, a la de Alberta, a la de Calgary, a la de Ontario o a la de todo el mundo, nunca encontrarás mi verdadero pasaporte. Eres un puto imbécil”.

Mary tenía razón en que sería difícil localizarla: era una profesional. La joven, de 26 años, trabajaba en un centro de llamadas de Tiflis (Georgia), uno de los destapados en Scam Empire. Siguiendo el protocolo, había tomado precauciones para ocultar sus huellas al tratar con Marcel. Las fotografías personales que había compartido con él eran falsas. La imagen del pasaporte que le había enviado era falsa. El nombre Mary Roberts era falso.

Pero ahora, tras una investigación de seis meses sobre la industria de las ciberestafas de inversiones, basada en una extraordinaria filtración de 1,1 terabytes de datos del call-center de Tiflis, OCCRP ha identificado a Mary y a muchos de sus colegas.

Scam Empire es una investigación del consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados obtenidos por SVT, los periodistas han puesto al descubierto dos redes con call-centers en Israel, Europa del Este y Georgia, cuyos empleados indujeron al menos a 32.000 personas de todo el mundo a hacer “inversiones” por al menos 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Todos utilizan seudónimos anodinos –entre los compañeros de Mary figuran Anthony Adams, Alexander Richards y Carl Green– y recurren a toda una serie de documentos falsificados para hacerse pasar por asesores financieros británicos, franceses o españoles. Pero entre bastidores, todos ellos son jóvenes georgianos con estudios universitarios, políglotas, con ganas de ascender y sedientos de dinero.

Desde sus discretas oficinas en el centro de Tiflis, este grupo de 85 estafadores y su personal de apoyo ingresaron 35,3 millones de dólares –33 millones de euros– procedentes de más de 6.100 clientes de todo el mundo entre mayo de 2022 y febrero de 2025, según sus propias hojas de cálculo internas, utilizadas para hacer un seguimiento de los fondos recibidos y los gastos de oficina.

Se autodenominaban abiertamente “estafadores” (skameri en georgiano) y publicaban en las redes sociales sus lujosas vacaciones y carísimas compras. Unos meses después de su airado enfrentamiento con Marcel, Mary se fue de vacaciones a una isla griega. Otra skamer de primer nivel llegó a su boda en helicóptero, lo que abrió todo tipo de especulaciones en las redes sociales georgianas. “¿Qué boda millonaria es ésta?”, preguntaba un comentarista.

Pero estas exhibiciones públicas de riqueza fueron también su perdición. OCCRP y sus colaboradores en Georgia, Studio Monitori, iFact y GMC, lograron identificar a los skameri relacionando sus conversaciones entre bastidores –especialmente las referencias a vacaciones, coches y a sus cónyuges– con el contenido que publicaban en internet. Al final, incluso encontraron el verdadero pasaporte de Mary: lo había publicado en Instagram.

Mary Roberts es, en realidad, Mariam Charchian y tiene 26 años. Publicó esta imagen en su Instagram Stories cuando estaba a punto de subir a un avión. Se puede ver su nombre en un billete de avión asomando por su pasaporte.

Los periodistas no sólo han averiguado sus nombres. También han podido echar un vistazo al interior de su organización y escuchar grabaciones de las llamadas telefónicas con las que intentaban sacar a sus clientes todo el dinero que podían, desde Canadá hasta Estonia, desde España hasta Noruega. Además, los periodistas han visto cómo celebraban cada transferencia que hacían sus víctimas, derrochaban en compras caras y se animaban mutuamente a aplicar tácticas cada vez más duras para exprimir a sus clientes y robarles aún más dinero.

En muchos aspectos, se parecen a los jóvenes trabajadores de cualquier empresa tecnológica. El centro de llamadas de Tiflis es como cualquier otra oficina moderna, con paredes de ladrillo visto y decoraciones cromadas. Lo gestiona una compañía llamada AK Group, registrada como empresa de telemarketing y propiedad de Meri Shotadze, una georgiana aparentemente corriente de 36 años.

Los teleoperadores suelen quejarse de su horario y de sus jefes. Reciben evaluaciones detalladas de su rendimiento y se les clasifica en función del volumen de ventas que hacen, con una lista online que registra quién tiene más éxito. Los mejores pueden ganar más de 20.000 dólares al mes y competir por premios como iPhones y BMW.

Pero en ese cuadro se deslizan detalles mucho más inquietantes. Las evaluaciones de rendimiento de los trabajadores se basan en lo bien que mienten. Cuando son reprendidos por sus supervisores, es porque no han acosado a sus clientes con la suficiente agresividad: “Este cliente se ha dado cuenta de que es una estafa. No te vayas hoy sin llamarle. Llama y consigue el dinero”.

Y, en sus conversaciones internas, hay un claro reconocimiento de que están destrozando vidas.

Como la mayoría de los oficinistas jóvenes de hoy en día, los empleados de AK Group mantienen un flujo constante de conversaciones en chats privados mientras trabajan. En grupos de Telegram con nombres como Back Office y AK-ers, intercambian GIF animados de famosos de Hollywood, memes locales y, de vez en cuando, fotos de mujeres con poca ropa. Hablan de lo que van a comer. O se quejan del trabajo.

Emma: Vamos a hacer un descanso a las cuatro, tengo mucha hambre.

Sasha: Tres personas de nuestro equipo se van a tomar un descanso a las cuatro.

Emma: Uhh!

Sasha: ¡Es el destino del estafador!

Emma: ¡Mierda de vida!

Además, celebran las “ventas” con imágenes de champán estallando o copas chocando. También es popular el GIF a cámara lenta de Leonardo DiCaprio aplaudiendo en El lobo de Wall Street.

Y, a veces, se saltan las normas. A pesar de las estrictas instrucciones de referirse a los demás sólo por sus nombres falsos, los estafadores más entusiastas cometen algún desliz de vez en cuando y utilizan los nombres reales de los demás mientras hacen el tonto en internet. “¡Nos van a detener!”, dice uno medio en broma, después de compartir una fotografía suya con dos colegas.

Mary Roberts chatea con los demás, pero es muy prudente. Se abstiene de compartir información sobre su vida y borra los mensajes personales casi tan pronto como los envía. De hecho, su afición a borrar mensajes parece ser una broma de oficina: “¡Mary, no borres esto o te pego!”, la amenazó un colega tras enviarle un GIF de la película Spiderman. Cuando alguien sube la foto de una mujer desnuda en un chat, Mary responde con el emoji del beso: “Espero que esto nunca ocurra en el lugar de trabajo de mi marido”.

En la oficina, su estatus es la de alumna favorita del profesor. No sólo cumple las normas, sino que además, durante muchos meses, fue una de las estrellas del mejor equipo de AK Group, el equipo Koen.

Este grupo, que reunía a siete de los mejores agentes del centro de llamadas, lo dirigía Kseniya Koen, el seudónimo de una muy motivada mujer especializada en el trato con clientes de habla rusa. Koen, o KK, como muchos la llamaban, era una jefa exigente: “Antes de que acabe el mes, tenemos que procesar 30.000 al día. Hasta que no alcancemos los 30.000 diarios, sabed que no saldré de la oficina. Hay siete agentes de ventas de primer nivel dedicados a esta tarea: 30.000 al día no debería ser un problema para vosotros. No repitamos la misma conversación una y otra vez. Presionad a vuestros clientes y conseguid esas ventas. Levantaos, presionad a vuestros clientes, y hacede que fluya el dinero. Si no, tendré que intervenir”·.

Los chats filtrados revelan que Koen imponía normas a otros equipos del centro de llamadas. En una conversación el año pasado, reprendió a un colega llamado Fabio Bravo, que dirigía un grupo de agentes de habla alemana, por no dedicar suficiente tiempo a llamar a clientes.

–“Tus agentes no deberían dedicar menos de cuatro horas a hablar. Controla esto, por favor”.

–¿Cuatro horas?

–Deberían tener un mínimo de tres horas.

–Está bien. Cuatro horas es ridículo. De acuerdo.

–¿Cuántas horas de trabajo tenemos?

–Entiendo que son ocho, pero no me pidas un imposible.... Tú no hablas con alemanes todos los días. Créeme, es imposible.

–Por nueve horas, la empresa paga un sueldo fijo que engloba las llamadas y, además, si el agente tramita algo, cobra una prima. Es así, ¿no? Si un agente se sienta a hablar durante una hora, ¿crees que alguien me dará una palmadita en el hombro y me dirá: “Buen trabajo, Koen. Tus agentes trabajan bien”? ¿De verdad crees que es así?

–Entendido, Koen.

En cambio, Koen tenía debilidad por Mary Roberts, que a menudo encabezaba la clasificación diaria del centro de llamadas.

En febrero de 2024, el equipo Koen tenía la tarea de recaudar 420.000 dólares al mes, y cada agente tenía asignado su propio objetivo personal. El de Mary era uno de los más altos: 80.000 dólares. “Sabes, cuento contigo este mes”, envió Koen un mensaje de texto a Mary entonces, después de comprobar una hoja de cálculo de objetivos de ventas que mostraba que el equipo tenía mucho camino por recorrer. Mary respondió con un gran corazón rojo, como diciendo: “Es cosa mía”.

Scam Empire muestra que los agentes de los centros de llamadas suelen dividirse en dos grandes grupos. Así es también como está organizado AK Group. Un equipo de “conversión” se ocupa de los objetivos justo después de que hayan sido captados por los estafadores al hacer clic en un anuncio. Normalmente se trata de recién contratados que acaban de aprender el arte de la estafa, y prometen pasar al nuevo cliente a un bróker experimentado que le “ayudará” a ganar dinero.

Estos estafadores más veteranos forman parte del equipo de “retención” y se dedican a sacar el máximo dinero posible a los clientes. En “retención”, los subequipos se especializan en zonas geográficas, cada uno con un objetivo de ventas diferente, dependiendo de lo lucrativo que sea el mercado. Cada equipo tiene un jefe y varios agentes, que son los que hacen las llamadas.

En AK Group, hay pequeños equipos de “retención” dedicados a hablantes de alemán, español, ruso y árabe, así como tres equipos distintos de habla inglesa, que suelen ser los que más dinero aportan, según las hojas de cálculo que muestran clientes e ingresos. El año pasado, el servicio de atención telefónica en inglés ganó más de 15,6 millones de dólares –14,4 millones de euros–.

Al contrario que en su lugar de trabajo, la cara que Mary presentaba a sus clientes era emocional, cercana, y exigente. Solía describirse a sí misma como madre soltera con una hija pequeña llamada Alice. A veces tenía que mantener a sus padres ancianos. Otras, era una emigrante polaca en el Reino Unido que se había abierto camino en el mundo de las finanzas a base de coraje y determinación.

También parecía guapa. En sus primeros intercambios, solía buscar una excusa para enviar una fotografía de su supuesto aspecto: una mujer impresionante de piel aceitunada y ojos

verdes. Los periodistas de OCCRP rastrearon la imagen hasta la página de Instagram de una modelo ucraniana. Resultó que Mary tenía una carpeta entera de fotos de esa mujer guardadas en su ordenador del trabajo.

Cuando sus objetivos le respondían, era rápida y pródiga en cumplidos. “Qué guapo eres”, le dijo a uno. “No pareces tener más de 40”, piropeó a otro.

Mary se puso en contacto por primera vez con Marcel, el trabajador canadiense, en febrero del año pasado, el mismo mes en que se le encargó a ella sola recaudar 80.000 dólares. Para entonces, varios estafadores del centro de Tiflis ya habían llamado a Marcel, de 59 años, que vive en la pequeña comunidad rural de Alexandria, a unos 100 kilómetros al este de Ottawa, la capital de Canadá.

Una, que se hacía llamar Veronika Nowak, le había convencido para que hiciera una pequeña inversión a través de una plataforma falsa llamada Golden Currencies. “Está muy interesado y motivado... quiere hacer inversiones para el futuro”, escribió Veronika en una nota interna después de hablar con él. Veronika también anotó que Marcel ya había sido estafado antes, y que estaba teniendo problemas para recuperar los fondos que había perdido, que según dijo ascendían a unos 200.000 dólares canadienses –128.785 euros–.

La siguieron varios colegas más, entre ellos algunos que pretendían representar a Golden Currencies, y otros que decían pertenecer un organismo regulador británico que podía ayudarle a recuperar su dinero. Algo que nunca ocurrió. En lugar de eso, siguieron convenciéndole para que pagara más, si quería ecuperar sus fondos.

Finalmente, Mary se puso en contacto con él. Le dijo que era de Blockchain y que había encontrado sus 200.000 dólares perdidos. También encontró rápidamente una excusa para enviar a Marcel una imagen de la modelo ucraniana. Él compartió un selfie a cambio. “¡¡¡Pareces un adolescente!!!”, exclamó ella. Ese mismo día, Mary tecleó una nota en el programa informático que el centro de llamadas utilizaba para hacer un seguimiento de sus objetivos: “Ya ha empezado a quererme”.

Mary era “simpática, amable”, recuerda Marcel, y tenía todas las respuestas que él buscaba tras haber sido presa de estafas en el pasado. Él era escéptico sobre sus credenciales, pero ella le tranquilizó enviándole una copia escaneada de su pasaporte. Finalmente, le convenció de que, si le enviaba un poco más de dinero, podría ayudarle a desbloquear su criptomonedas perdidas.

“Confié en ella”, admitó más tarde. “Parecía muy convincente. Y me dijo que iba a recuperar mis fondos. O sea, me pedía dinero para liberar los fondos”.

Pero después de enviar unos 3.500 dólares canadienses y de que le pidiera más, se dio cuenta de que le habían estafado de nuevo. Cuando Mary volvió a llamarle, se enfrentó a ella, provocando el enfrentamiento en el que se burló de él diciéndole que nunca lo localizaría. “Me acabas de joder el crédito. No tengo ni un puto dólar para las próximas dos semanas. ¿Cómo coño voy a vivir? Podría suicidarme ahora mismo....”. le espetó Marcel a Mary en esa llamada. “Vale, adelante, suicídate”, le contestó ella. “Puedo timar a quien quiera y no es asunto tuyo, joder. Tu vida está arruinada. Y me alegro mucho, porque eres una persona espantosa”.

Dos meses después de aquella escalofriante conversación, Mary Roberts estaba preparando un viaje a Grecia. Habló de sus planes con otra agente, la misma Veronika Nowak que antes se había puesto en contacto con Marcel.

–Tengo que comprar los billetes a Grecia.

–Creo que ya no vamos a Mykonos.

–Tengo que adelgazar antes, si no, acabaré en un ataúd. No quiero trabajar más.

–No estás gorda. Yo también perderé peso, poco a poco.

–El dinero se me escapa de las manos tan rápidamente…

Mary no se sinceraba con mucha gente en el call-center, pero estaba claro que Veronika y ella eran algo más que compañeras. Hablaban a menudo de trabajo y se quejaban de sus jefes. La mayoría de las veces escribían en georgiano, pero entre ellas a veces añadían palabras en armenio. Y esa relación resultó ser la clave para desentrañar la verdadera identidad de Mary Roberts.

A diferencia de Mary, Veronika no era especialmente cuidadosa a la hora de ocultar su identidad: dejaba pequeñas migas de pan por todos los chats de grupo del centro de llamadas. En uno de ellos, mencionó que tenía 21 años y que había estudiado en Ozurgeti, una ciudad del extremo oeste de Georgia conocida por su producción de té negro. En otra ocasión, a un colega se le escapó que su verdadero apellido era Charchian.

Los periodistas empezaron a rastrear las redes sociales en busca de mujeres con este perfil. Rápidamente encontramos una candidata: Mariam Charchian, una mujer de Ozurgeti aficionada a publicar imágenes suyas con ropa de diseño en las principales ciudades de interés turístico de Europa. Pero su edad no encajaba: era mayor de 21 años. Entonceslos periodistas cayeron en la cuenta de que Mariam tenía una hermana menor, Veriko.

Cuanto más estudiaban sus conversaciones en el trabajo, más claro quedaba que Veronika y Mary no eran sólo colegas, sino hermanas. Eso significaba que la Mariam que habíamos encontrado inicialmente en internet no era otra que la propia Mary Roberts.

Veriko y Mariam, que ahora tienen 22 y 26 años, crecieron en una familia de etnia armenia en Ozurgeti. Sus perfiles en las redes sociales muestran que vivían modestamente hasta hace unos años. Cuando Mariam se anunció para buscar compañera de piso en 2018, compartió fotos de un apartamento escaso.

Pero hace unos dos años las hermanas empezaron a hacer ostentosas demostraciones de riqueza en internet, enseñando joyas caras como pulseras con incrustaciones de diamantes de Cartier y Van Cleef & Arpels.

Veriko celebró su 21º cumpleaños en Dubái y el 22º en París. Mariam suma viajes a Chipre, París, Grecia, Dubái y Milán. “Compras de ensueño, hecho”, publicó en Instagram mostrando la imagen de una caja que contenía una pulsera Cartier de 6.000 euros.

Y los viajes de Veriko encajaban a la perfección con lo que Veronika contaba a sus compañeros ellos. Cuando Veronika mencionaba un próximo viaje a Dubái, Veriko Charchian publicaba en Facebook imágenes suyas en el emirato. Cuando Veronika decía que iba a comprar billetes para volar a Grecia, Veriko Charchian posaba con ropa de diseño en Santorini y Mikonos.

Ni Mariam ni Veriko Charchian han respondido a los correos que OCCRP les ha enviado con preguntas sobre su trabajo en el centro de llamadas o su enriquecimiento.

“No puedo entender por qué alguien puede hacerle eso a alguien”, expuso Marcel Deschamps tras conocer las verdaderas identidades de Mariam y Veronika durante una entrevista con CBC/Radio-Canada en su casa de Ontario el mes pasado. Los periodistas enseñaron a Marcel algunas de las publicaciones en las redes sociales que mostraban a las mujeres viajando por el mundo. “Llevan una vida de lujo”, aseguró con gran pesar. “Y no escatiman nada.... gracia a mi dinero”.

Al igual que los propios estafadores, AK Group ha mantenido un perfil bajo. Desde fuera, es como si el centro de llamadas no existiera. No tiene página web y, aunque está registrada como empresa de telemarketing, no hace publicidad de su trabajo. No hay carteles en el exterior de su oficina principal en la calle Kavtaradze de Tiflis, ni de una oficina auxiliar que tiene en la calle Shartava.

Y estas direcciones no tienen ningún vínculo oficial con la empresa. En su lugar, ambas oficinas son alquiladas en su nombre por otras empresas propiedad de testaferros: un desplazado interno de la región separatista de Abjasia y su anciana suegra. Estas empresas también pagan las facturas de internet.

Las dos oficinas principales de AK Group en Tiflis están alquiladas por empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: uno es un desplazado interno de Abjasia, una empobrecida región secesionista que ha sido escenario de estallidos periódicos de violencia desde la caída de la Unión Soviética y ha sido ocupada por Rusia.

Este hombre, Zaza Izoria, ni siquiera tiene casa: su domicilio es un centro de acogida para desplazados internos en Zugdidi, una ciudad a cuatro horas al oeste de Tiflis. La empresa que alquila la oficina de la calle Kavtaradze, Za Traiding, también está registrada en este centro de acogida.

Izoria, que no respondió a los correos enviados por OCCRP, estaba en nómina de AK Group, del que recibió entre 400 y 800 dólares al mes desde 2023 hasta principios de este año, a pesar de que su empresa pagaba más de 20.000 dólares al mes por el espacio de oficinas de la empresa, según las facturas de la filtración.

Otra sucursal de AK Group opera en otro lugar de Tiflis, en la calle Shartava. El alquiler lo paga una empresa completamente distinta, propiedad de la suegra de Izoria, de 71 años, que también vive en Zugdidi y no tiene otros intereses comerciales ni propiedades.

Después de que las facturas ayudaran a los periodistas a localizar las oficinas del centro de llamadas, un documento inesperado, encontrado en la filtración, ayudó a descubrir el nombre de la empresa que lo gestionaba: una carta de recomendación en la que se elogiaba el rendimiento de un empleado en AK Group. A pesar de haber tenido tanto cuidado en pasar inadvertido, AK Group había cometido un grave descuido: una empresa de fotografía que había utilizado en su fiesta de fin de año de 2023 colgó automáticamente todas las imágenes en internet, en forma de llamativos GIF animados.

Estas fotografías en movimiento fueron una mina de oro para los periodistas, ya que proporcionaron las pruebas definitivas que necesitaban para confirmar las identidades reales de otra docena de georgianos que trabajaban en el call-center, además del nombre del propio centro.

Los GIF animados muestran las luces rosas que iluminan el salón de baile de un hotel mientras los empleados, engalanados con diamantes y lentejuelas, posan para las fotos agarrados a botellas de whisky. Detrás de ellos, la imagen ondulante de un logotipo corporativo gigante se proyecta en una pantalla: “AK Group”, se lee.

Uno de los empleados es Meri Shotadze, de 36 años, que aparece contoneándose con un vestido de encaje negro en muchos de los GIF. Aunque los periodistas ya sabían que Shotadze figuraba como propietaria de AK Group en el Registro Mercantil de Georgia, verla riéndose y abrazando al personal de la empresa en una imagen tras otra dejaba claro que también estaba involucrada en la vida del propio centro de llamadas.

Posando junto a Shotadze en los GIF aparece Akaki Kevkhishvili, de 33 años, que no figura en ninguno de los papeles del call-center pero que, cada vez estaba más claro, dirigía la organización entre bastidores. Incluso parece haber prestado sus iniciales dar nombre a la empresa.

Los chats internos revelan que es Kevkhishvili quien decide los salarios de los trabajadores y sus ascensos. Los teleoperadores le llaman “jefe”. En los grupos de Telegram de la empresa, siempre utiliza la misma foto de perfil: un león con corona. También es quien mueve el dinero de las cuentas de AK Group. Según las hojas de cálculo financieras internas, que desvelan que retiró más de 130.000 dólares de febrero a mayo de 2024. Además, tiene un servicio de seguridad privada pagado por la empresa, según consta en las cuentas.

En la actualidad, Kevkhishvili conduce un flamante Range Rover y ha publicado imágenes en sus redes sociales al volante de un Rolls-Royce y un Lamborghini.

Pero, al igual que las hermanas Charchian, la riqueza de Kevkhishvili parece ser sólo de fechas recientes. En los registros no constan a su nombre ninguna propiedad, terreno o negocio sustancial en Georgia hasta 2024, cuando compró acciones en dos empresas, una que fabrica muebles y otra que comercia con frutos secos. Los miembros de su familia tampoco tenían propiedades ni negocios hasta hace poco.

En pocos meses, la madre de Kevkhishvili, Mzevinar Kurtanidze, de 56 años, pagó más de 740.000 dólares por una casa de nueva construcción y un apartamento en Tiflis. Los periodistas no han encontrado ningún negocio o terreno de su propiedad que explique el origen de los fondos. En uno de los documentos de la compra, Kurtanidze también indicaba la dirección de correo electrónico de su hijo como información de contacto.

En sus publicaciones más antiguas en las redes sociales, Kevkhishvili aparece posando con armas de fuego y luciendo tatuajes de estrellas de ocho puntas en las rodillas, un símbolo del submundo criminal postsoviético.

Si Kevkhishvili es el rey de AK Group, Shotadze es la reina. En su cuenta de Telegram también aparece la imagen de una corona, y los periodistas han descubierto que es una persona cercana a Kevkhishvili.

Fuera del call-center, es su socia en la empresa de muebles de la que es copropietario. También es la dueña registrada de un Range Rover con una matrícula personalizada con las iniciales de Kevkhishvili, que los periodistas vieron aparcado frente a su casa en varias ocasiones. Su propio coche, un Toyota más modesto, tiene una matrícula personalizada que sugiere su identidad dentro del centro de llamadas: CO777EN.

Resulta que era Shotadze la que se ocultaba tras el seudónimo Kseniya Koen, la mujer que presionaba a los empleados del centro de llamadas a trabajar más horas y presionar más a sus clientes. Los chats internos dejan claro que, además de hacer cumplir las normas, Shotadze ayudaba a Kevkhishvili a gestionar el call-center, actuando como colchón entre él y su joven plantilla, a veces protestones. “Kaki es nuestro jefe. A veces discute con nosotros, a veces es muy amable, [pero] quiere a su equipo”, aseguró a una empleada que se había enfadado tras recibir una reprimenda.

No está claro si Shotadze y Kevkhishvili son las únicas personas que se lucran gracias a AK Group o si hay otras figuras que les respaldan. Ninguno de los dos ha respondido a las solicitudes de comentarios que les ha enviado OCCRP. Cuando los periodistas intentaron entrevistarse con Kevkhishvili en su domicilio, los guardias de seguridad les echaron.

Tras recibir preguntas de los periodistas, la Fiscalía georgiana asegura que está investigando a AK Group. “En caso de detectar cualquier actividad delictiva, responderá de acuerdo con la legislación georgiana”, indicó la acusación pública en un breve comunicado.

Hasta hace unas semanas, los skameri de AK Group seguían disfrutando de la buena vida. Su fiesta de Nochevieja para celebrar la llegada de 2025 fue aún más extravagante que la del año anterior: costó 107.000 dólares, según sus propios registros internos. Contó con dos celebridades georgianas de renombre como presentadores y con un elaborado espectáculo de cabaret con bailarinas ataviadas con tocados brillantes y máscaras que se contorsionaban en el escenario y se descolgaban del techo. Al final de la noche, se sirvió una enorme tarta envuelta en oro y coronada con un diamante de azúcar hilado y las letras AK fundidas en chocolate.

Además, seguían con sus estafas. Mary Roberts robó 31.000 dólares a unas víctimas ancianas a principios de febrero, según los registros internos del call-center, mientras que su colega Alex Davis convenció a un canadiense de 78 años para que le enviara más de 50.000 dólares.

Pero el pasado 15 de febrero, OCCRP y sus socios solicitaron por correo electrónico a AK Group, Kevkhishvili, Shotadze y otras figuras relacionadas con el centro de llamadas sus comentarios sobre la investigación que habían llevado a cabo.

OCCRP no ha recibido aún respuesta de ninguno de ellos, pero casi inmediatamente después de enviar las preguntas, empezaron a desaparecer de internet pistas sobre su identidad. Meri Shotadze borró rápidamente una imagen suya con un reloj Rolex por el que los periodistas le habían preguntado por correo electrónico. Pocos días después, desactivó por completo su cuenta de Telegram.

Los días 24 y 25 de febrero Shotadze vendió dos apartamentos de su propiedad en Tiflis. También se deshizo de su matrícula CO777EN, según los registros oficiales de Georgia, lo que sugiere que pudo haber vendido también su coche.

Lana Vakhtangadze, también conocida como Lana Lehmans, la agente que había llegado a su boda en helicóptero, cerró su cuenta de Facebook. Lo mismo hizo Takhir Sultanovi, alias Barry Anderson, que el año pasado sustituyó a Shotadze al frente del equipo de “retención” del centro. El guardaespaldas de Kevkhishvili borró de su cuenta de Facebook imágenes en las que aparecía su jefe.

En cuanto a Mariam Charchian, Marcel pudo llamarla y enfrentarse a ella un día de mediados de febrero. Le preguntó si sus familiares sabían a qué se dedicaba y le recordó su nombre. “¿Marcel? No, no me acuerdo de ti”, respondió ella. “¿Eres Mariam Charchian? ¿O eres Mary Roberts?”, le preguntó. Ella colgó. Aun así, consiguió lo que esperaba: la sensación de que, por una vez, tenía ventaja sobre la estafadora.

“Me siento muy bien”, confesó a los periodistas, mientras se relajaba en la cocina después de la llamada. “Soy un blando y no guardo rencor a nadie, pero... lo que me hizo a mí, sé que se lo está haciendo a todo el mundo. Espero que pare pronto”. “Es divertido estar al otro lado de la mesa por una vez”, concluyó.

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Con la colaboración de CBC/Radio-Canada 

Martes, día de pago. Ben –un alias– entró en un chat de la aplicación de mensajería encriptada Telegram y recordó al grupo de comerciales a los que ayudaba a supervisar que reclamaran sus ganancias. “Compartid la factura, por favor”, escribió en un chat. “Por favor, hacedlo lo más rápido posible”, escribió luego en otro. “Necesitamos enviaros dinero”.

Mientras llegaban las facturas, Ben subió a Telegram un gif de Robin Hood, la película de dibujos animados de Disney de los años 70, en el que aparece el personaje, vestido de mendigo, pidiendo unas monedas. Las facturas correspondían a clientes potenciales que los comerciales habían proporcionado a Ben y sus colegas. “Leads” es un término que se refiere a clientes potenciales, pero en este caso era mucho más siniestro: se trataba de víctimas potenciales.

Ben y sus colegas trabajaban para un grupo de call-centers que dedicados a las estafas. Los teleoperadores empleados en esos centros de llamadas engañaban a sus víctimas asegurándoles que obtendrían grandes beneficios invirtiendo en criptodivisas u otros productos financieros de sus plataformas. Pero se trataba de una cortina de humo: en realidad, su dinero sencillamente desaperecía.

Una filtración sin precedentes desde el corazón de esta despiadada industria del fraude de inversiones ha puesto al descubierto la existencia de un ecosistema de empresas de marketing que facilitan datos de contacto a los estafadores a cambio de lucrativas comisiones. Obtenida por la televisión pública sueca SVT y compartida con el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, y con otros 30 medios de comunicación internacionales, la filtración que constituye la base de la investigación Scam Empire revela el funcionamiento interno de dos grupos de call-centers, uno en Georgia, y otro mucho mayor en Israel y Europa, con al menos siete oficinas en Bulgaria, Chipre, Ucrania y España.

Los documentos filtrados revelan que las personas que proporcionaban pistas a esta industria, conocida como marketing afiliado o marketing de afiliación, estaban muy bien pagadas. Por lo general, estos profesionales del marketing afiliado son terceros contratados para promocionar los servicios de otros y a los que se paga una comisión. Igual ocurre con quienes proporcionan clientes potenciales a las redes de ciberfraudes: cada cliente potencial que hace un depósito con los estafadores vale entre 200 y 2.350 dólares –entre 185 y 2.180 euros– para el comercial, dependiendo del país del que proceda el posible inversor. Las víctimas de países más ricos, como Países Bajos, Suecia o Bélgica, valen más dinero.

En los siete primeros meses de 2024, los profesionales del marketing afiliado que trabajaban con la organización de Ben, una red dirigida desde Israel y Chipre, cobraron al menos 7,3 millones de dólares –6,8 millones de euros– por clientes potenciales, según muestran los documentos filtrados de la organización israelí-europea. En el mismo periodo de 2023, ganaron más de 10,3 millones de dólares –9,6 millones de euros–.

Muchos de los detalles sobre estos comerciales proceden de esta red israelí-europea, porque la filtración contenía cientos de miles de documentos relacionados con el trabajo de su personal administrativo, como Ben. Esos archivos desvelan cómo el propio Ben y el resto de los directores de marketing reclutaba y supervisaba las actividades de los vendedores afiliados. Este equipo firmaba contratos de redacción bastante vaga con los comerciales y mantenía sus propios registros financieros, haciendo un seguimiento de los clientes potenciales y organizando sus pagos semanales, que siempre se hacían en criptomoneda.

No está claro el número exacto de empresas de marketing que colaboraban con esta red de ciberestafas: aunque en los documentos filtrados aparecen más de 300 nombres, a menudo una misma empresa de marketing facturaba bajo varias marcas diferentes. Para complicar aún más las cosas, la red utilizaba nombres en clave para algunas de estas empresas.

Pero los periodistas pudieron utilizar los documentos filtrados para conectar a varias víctimas de estafas, algunas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida, con las empresas que habían cobrado por recopilar sus datos de contacto.

Las tácticas de estas empresas para captar a víctimas potenciales seguían un patrón muy similar:  Anuncios de falsos planes de inversión para hacerse rico rápidamente, colocados en los principales sitios web y plataformas de redes sociales, atraían a las víctimas a páginas de registro donde se ofrecían productos de inversión complejos. Una de sus estrategias favoritas eran noticias falsas que ofrecían el supuesto apoyo de celebridades. Si el potencial inversor se registraba, sus datos se enviaban a los estafadores.

En los documentos filtrados no siempre queda claro quién es el responsable de crear los anuncios de las marcas falsas, pero en los acuerdos publicitarios tradicionales los afiliados son los responsables de crear, colocar y promocionar los anuncios, así como las páginas de destino a las que estos anuncios redirigen a las personas.

Tampoco está claro hasta qué punto las empresas de marketing de afiliado son conscientes de que están prestando servicios a estafadores, pero las señales de alarma sobre estas organizaciones eran múltiples, incluido el uso de afirmaciones falsas o el respaldo no autorizado de celebridades, y el hecho de que las marcas y productos que aparecían en los anuncios no coincidían con las marcas de las plataformas de inversión reales ofrecidas por los estafadores: la mayoría de ellas carecían de licencia y estaban señaladas por los reguladores financieros de todo el mundo.

Nino Goldbeck, fiscal superior del estado alemán de Baviera especializado en ciberdelincuencia, afirma que el suministro diario de nuevos clientes potenciales es crucial para los estafadores. “Todas estas redes de delincuentes dependen del suministro constante de nuevos datos de clientes potenciales que se les transmiten”, explica. “Y toda la maquinaria de marketing online, que por supuesto funciona de la misma manera en ámbitos de reputación intachable, también es de gran importancia en este ámbito ilegal”.

Ben fue bien recompensado por su trabajo, ganó casi 85.000 euros sólo en primas en los 12 meses que van de marzo de 2023 a febrero de 2024. Su bonus se calculaba en función del número de clientes potenciales, entregados por los vendedores afiliados que supervisaba, que hacían un depósito a los estafadores.

Todo el equipo, incluido Ben, utilizaba alias en sus conversaciones en Telegram, y los periodistas no pudieron averiguar su identidad real. En los chats de Telegram, los miembros del equipo hablan en hebreo e inglés, lo que sugiere que pueden ser de Israel o tener su base en ese país.

El equipo de Ben estaba dirigido por un hombre que utilizaba el alias James Collins, cuyo nombre figura en contratos firmados en nombre de EM Develop. Operando bajo la marca Opulent Allies, parece ser la división de marketing de la red de estafas. La empresa tiene una dirección ucraniana, y en sus registros figura como propietaria Daryna Reznik. Cuando los periodistas se pusieron en contacto con ella, un vecino dijo que Reznik había fallecido.

Mientras Ben permanece oculto tras su alias, los periodistas encontraron pistas que sugieren que la verdadera identidad de James Collins es Ronen Kapeika: en una tabla titulada Datos de los empleados, James Collins aparece como el apodo de un hombre llamado Ronen. Y en una conversación de Telegram, cuando un empleado de marketing parece pedir a James Collins que aprobara el envío de “10k”, el mensaje “Aprobado” procede de otro mensaje enviado por un usuario llamado Ronen.

El nombre completo de Kapeika también aparece, en hebreo, en una hoja de cálculo interna, junto a la palabra “sede”, y en un registro de prestaciones de los empleados. Según su perfil de LinkedIn Kapeika trabajó anteriormente como gestor de afiliados en ROICollective, una de las empresas de marketing que también ha trabajado para la red de call-centers.

Ni Kapeika ni ROICollective no respondieron a la solicitud de comentarios que le ha enviado OCCRP.

En total, los periodistas han contactado con 182 personas que fueron objetivo de los centros de llamadas israelí-europeos y georgiano, tras utilizar la información contenida en la filtración para localizarlas. Más del 90%, 166, confirmaron que habían sido estafadas. Sus pérdidas totales también confirmadas superaron los 21 millones de dólares –19,5 millones de euros–, y 85 informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Una de ellas es una arquitecta de Sevilla, que pidió ser identificada únicamente por sus iniciales, I.G.P. Estaba navegando por internet cuando se topó con un anuncio que prometía grandes beneficios con inversiones modestas. La oportunidad parecía estar respaldada por el presentador Pablo Motos, pero en realidad se había utilizado su imagen sin su conocimiento ni permiso. El truco funcionó e I.G.P. decidió dar el paso.

“Hice clic en el enlace e introduje mis datos, correo electrónico y número de teléfono, e inmediatamente, a los tres segundos, me llamaron”, contó a infoLibre. La persona que la llamó, dijo ser Álvaro Enrique Álvarez y la animó a hacer un primer depósito de 250 euros. Como parecía que ganaba dinero, aumentó su inversión. Pero con el tiempo, Álvarez –otro alias– se volvió evasivo cuando se le pidieron las credenciales de su empresa y otros documentos, según explica ella, que no tardó mucho más en darse cuenta de que la habían estafado. Perdió 400.000 euros en un par de meses.

Los documentos filtrados revelan que los datos de I.G.P. fueron recogidos por una empresa de marketing llamada Zeus Media, que los pasó a la organización israelí-europea. Sus agentes hicieron el resto.

OCCRP ha preguntado a Pablo Motos por el uso de su imagen en estos anuncios, pero no ha obtenido una respuesta. El presentador ya había denunciado hechos parecidos en el pasado.

Según los registros contables de la filtración, Zeus Media recibió 1.100 dólares –1.020 euros– por los datos de I.G.P.

Esta empresa es un ejemplo típico de la escurridiza naturaleza de muchos de las firmas de marketing afiliado que aparecen en la filtración: su trabajo lo llevan a cabo personas ocultas tras nombres de usuario de Telegram, alias en internet y empresas fantasma.

Zeus Media no es una empresa propiamente dicha, sino un nombre comercial o marca de una empresa llamada Sierra Media Ltd, con sede en Sofía, la capital búlgara, que también explota al menos otras dos marcas, Gladio y KOI Ads, cuyos nombres aparecen en las facturas de la filtración.

El contrato de Sierra Media, hallado en la filtración, describe vagamente los servicios que presta. La empresa lleva a cabo “campañas de marketing...[y] recopila y procesa información estadística y de marketing a través de la promoción de productos”. El contrato también dice que se pagará a Sierra Media previa presentación de una factura que describa los “servicios prestados”. Muchos de los contratos de marketing encontrados en la filtración son aún más vagos en su redacción, limitando a veces las descripciones a la prestación de unos genéricos “servicios”.

Varias empresas de marketing afiliado mencionadas en la filtración tienen su sede en jurisdicciones como Hong Kong, Chipre o Singapur, lo que dificulta la identificación de las personas reales que están detrás de ellas. Pero en el caso de Sierra Media, los periodistas descubrieron que es propiedad, al menos sobre el papel, del gerente de una empresa israelí con sede en Bulgaria.

El contrato de Sierra Media con la división de marketing de los estafadores, EM Develop, fue firmado por Moti Yeruham, cuyo nombre aparece como Mordehay Moti Yeruham en el registro mercantil búlgaro de Sierra Media. Y un Mordehay Yerucham figura como administrador principal de otra empresa con sede en Sofía llamada Calista Services, que ayuda a sus clientes “a construir call-centers de ventas en Bulgaria”, según anuncia en su sitio web.

Yerucham no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

Sierra Media era una empresa de marketing afiliado relativamente activa, según los datos financieros de la filtración. En los nueve primeros meses de 2023, recibió más de 260.000 dólares, según revela un informe interno de gastos. Pero esa cifra se queda pequeña comparada con la de una empresa llamada CRYP, que fue la que más dinero ganó –casi 850.000 dólares– durante ese mismo periodo de tiempo.

Ni Sierra Media ni CRYP han respondido a las preguntas que les envió OCCRP.

Muchas víctimas quedaron atrapadas tras hacer clic en anuncios que hacían un uso no autorizado de imágenes de famosos para dar un falso aval a plataformas de inversión igualmente falsas. Estos anuncios usan famosos que parecen dirigidos a países concretos. En el caso de la arquitecta sevillana fue Pablo Motos. En el caso del científico finlandés jubilado Helmer Södergård, se utilizó a la ex primera ministra de su país Sanna Marin y el expresidente Sauli Niinistö. Södergård contó a los periodistas que clicó en el anuncio de un plan de inversión falso después de ver imágenes de los dos políticos que parecían respaldarlo. “Todo mi mundo se derrumbó”, declaró el finlandés, de 72 años, en una entrevista a la televisión finlandesa Yle. La estafa vació sus cuentas bancarias, privándole de unos ahorros que pretendía compartir con sus seis hijos adultos.

Södergård cayó en una profunda depresión, era incapaz de comer o cuidar de sí mismo, pero ahora se está recuperando con la ayuda de su familia. Denunció el caso a la policía finlandesa, pero ésta abandonó la investigación alegando que las técnicas empleadas en este tipo de delitos hacían “muy improbable que se pudiera encontrar la identidad del delincuente”.

Por su parte, la ex primera ministra finlandesa Marin aseguró a OCCRP que no respaldaba ninguna plataforma de inversión, que no había autorizado el uso de su imagen en el anuncio y que no había tenido conocimiento de su existencia. Según indicó la secretaria del expresidente finlandés Niinistö, éste desconocía casos en los que su imagen hubiera sido “utilizada ilegalmente”, pero que los habían denunciado a las plataformas implicadas. “Este tipo de fraudes son difíciles de rastrear”, añadió.

Las grabaciones de llamadas telefónicas entre las víctimas y los agentes del centro de llamadas, los chats y otros documentos de la filtración muestran que el falso apoyo de Elon Musk parece ser también una herramienta especialmente popular para captar a víctimas potenciales. Una grabación revela que un inversor le dijo al teleoperador que había clicado en un supuesto anuncio respaldado por Musk en Facebook “de algo llamado Quantum AI”. “Eso es de lo que quiero formar parte... lo del algoritmo cuántico que Elon Musk ha anunciado en Facebook y YouTube”, explica una víctima en otra conversación grabada por los estafadores.

Según un comunicado de prensa de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong del pasado mes de mayo, la imagen de Elon Musk se utiliza a menudo de forma indebida para promocionar plataformas de negociación con la marca Quantum AI, mediante anuncios que utilizan vídeos y fotos deepfake de Musk generados por inteligencia artificial en páginas web y redes sociales.

Los anuncios de Quantum AI suelen hacer afirmaciones falsas sobre el uso de la informática cuántica y el software basado en inteligencia artificial para que los inversores obtengan mejores resultados. Según los documentos internos de la filtración, Gladio, una de las marcas de Sierra Media Ltd, promocionó Quantum AI incluso después de que fuera ampliamente desacreditada y de que los reguladores de varios países emitieran advertencias ya en 2021, entre ellos Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong y España.

Hay muchas versiones diferentes de las plataformas online de Quantum AI, y muchas empresas de marketing y estafadores diferentes vinculados a ella, aunque no está claro si las están conectadas o coordinadas de forma centralizada.

También se han utilizado imágenes de otros famosos para intentar captar víctimas, a veces en noticias falsas poco creíbles. Un artículo inventado, encontrado entre los documentos de Scam Empire, simulaba proceder de una cadena de televisión canadiense y afirmaba falsamente que la actriz Sandra Oh –Anatomía de Grey, Entre copas– había revelado “detalles de una plataforma secreta con ánimo de lucro” en lo que parecía una entrevista en el programa de la televisión estadounidense Late Show with Stephen Colbert. El artículo afirmaba que la “Comisión Canadiense de Seguridad” había clausurado el programa en directo a instancias del multimillonario malasio Robert Kuok para mantener en secreto la plataforma. Al final del artículo, se invitaba a los lectores a “rellenar el formulario de registro proporcionado por Sandra Oh”.

Elon Musk, Robert Kuok, Sandra Oh y The Late Show with Stephen Colbert no han respondido a las solicitudes de comentarios que les envió OCCRP.

El anuncio que llevó a Helmer Södergård hasta los estafadores había aparecido en Facebook. No es raro: muchas víctimas de estafas hicieron clic en anuncios de Facebook u otras plataformas de redes sociales. Según los documentos financieros internos y chats de la filtración, una empresa de marketing de afiliación llamada Oray Ads cobró a la red israelí-europea más de 105.000 dólares en los primeros siete meses de 2024, en concepto de “presupuesto de publicidad en Facebook”. También le proporcionó clientes potenciales exitosos: Oray Ads le facilitó más de 160 clientes potenciales por valor de más de 146.000 dólares´en 2023 y 2024. Aunque esa no es la foto completa.

Oray Ads también trabajó en Georgia a partir de octubre de 2023. Según las facturas halladas en la filtración, Oray Ads empezó a trabajar con los georgianos en octubre de 2023. Para la red de Tiflis, la empresa se concentró primero en ciudadanos suecos y noruegos como objetivo, antes de enfocar hacia Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Algunos meses, la empresa ganaba entre 20.000 y 30.000 dólares del centro de llamadas de Georgia.

Entre las víctimas cuyos datos fueron vendidos a los estafadores por Oray Ads se encuentra Annika Gustafson, periodista jubilada que fue estafada por el call-center georgiano. Al final perdió todos sus ahorros, se vio sumida en deudas e incluso pensó en suicidarse.

Oray Ads no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

Aunque Oray Ads factura utilizando su propio nombre, aparece en los registros internos de la red israelí-europea como G. H.

G. H. es también el nombre de usuario en Telegram de Haibin Lin, quien aparece en el sitio web de Oray Ads como propietario de la empresa. Oray Ads parece tener su sede en Estados Unidos, aunque no está claro exactamente dónde: publica un número de teléfono de contacto de Nueva Jersey en su sitio web y facilita un número de Colorado Springs en sus facturas, mientras que su sitio web y su perfil de LinkedIn la sitúan en Lewes, en el estado de Delaware.

En algunos chats de Telegram de la filtración, los empleados del call-center le llaman se refieren a Lin como el “jefe”. No tiene mucha huella en internet, pero en 2022 un tal Haibin Lin, con el nombre comercial de Oray Ads Limited, fue demandado con éxito por más de 73.000 dólares en concepto de daños y perjuicios por el American Express National Bank ante el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, por impago. Los registros judiciales muestran que los extractos de su tarjeta de crédito comercial se enviaron a una dirección residencial en el condado de Los Ángeles, aunque él no figura en la escritura de esa propiedad. El perfil de LinkedIn de Lin lo ubican en Newark, en California.

La página web de Oray Ads menciona además a otros tres empleados, y anteriormente mostraba como directora de marketing a una mujer llamada Natalie Gorman. Según una cuenta de LinkedIn de Gorman, trabajaba para Oray Ads y residía en la zona metropolitana de Filadelfia.

Sin embargo, el perfil de Oray Ads en Google Business incluye una reseña de hace cuatro años de Natalie Gorman donde ella afirma que esa empresa le “robó” el nombre y la foto que tenía en Facebook y la “incluyó como miembro del equipo en su sitio web”.

Contactada por los periodistas, Gorman confirmó que había dejado la reseña, dijo que nunca había trabajado para Oray Ads y repitió su afirmación de que la empresa había utilizado su imagen sin permiso. “No tengo ninguna relación con Oray Ads”, confirma Gorman, que denunció el robo de identidad a LinkedIn, pero la red profesional no lo eliminó, aunque su nombre sí ha sido retirado del sitio web de la empresa.

Gorman también explica que llamó a Oray Ads para comunicarles que había denunciado a la empresa a LinkedIn y pedriles que dejaran de utilizar su nombre. “Colgaron sin responder”, asegura Natalie. “Dejé la reseña en Google para tratar de advertir a la gente sobre la empresa, ya que no quería que me asociaran con lo que estuvieran haciendo, era claramente engañoso”.

LinkedIn responde que retiró la cuenta falsa de Gorman después de recibir las preguntas sobre ella que le había mandado OCCRP. “Utilizamos tecnología y equipos de expertos para encontrar y eliminar cuentas falsas... Trabajamos cada día para detectar y detener el fraude y seguimos mejorando nuestras defensas para prevenir y eliminar cuentas maliciosas”, añade un portavoz del portal de empleo.

El sitio web de Oray Ads también ha sido desconectado, mientrasa que Lin ha eludido responder a la petición de comentarios hecha por OCCRP.

Meta, la matriz de Facebook e Instagram, se ha enfrentado a muchas críticas por haber sido incapaz de impedir la difusión de publicidad fraudulenta en sus plataformas. La empresa ha sido demandada en Estados Unidos, Irlanda y Polonia, y un organismo australiano de protección de los consumidores la ha denunciado ante el Tribunal Federal de Australia por su gestión de los anuncios de estafa. En el Reino Unido, el conocido comentarista financiero Martin Lewis –cuya imagen ha sido utilizada sin autorización por estafadores– llegó a un acuerdo con Meta tras demandarla en 2019 por no acabar con la publicidad de estafas después de que la empresa de Mark Zuckerberg acordara añadir un botón de denuncia de estafas con un solo clic y donar tres millones de libras a un proyecto contra estafas en el Reino Unido.

Pero Lewis sigue advirtiendo sobre las amenazas que plantean estos anuncios y aclara a OCCRP que los gobiernos, los reguladores y las compañías tecnológicas necesitan “negar a estos criminales el oxígeno de la promoción que obtienen en la actualidad”. “Esto continuará hasta que hagamos que a las empresas de las redes sociales les resulte más caro publicar anuncios que ganar dinero por permitir que todo el mundo publique anuncios rápidos”, sostiene.

Ben Fogle, famoso aventurero británico cuya imagen también se ha usado sin autorización para promocionar estafas, también subrayó la responsabilidad de las redes sociales a la hora de impedir la promoción de anuncios que utilicen indebidamente imágenes de famosos. “Creo que es responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, que están ganando cantidades ingentes de dinero, emplear a personas que se encarguen de vigilarlo”, declara a OCCRP.

Goldbeck, el fiscal de Baviera, apunta que estas plataformas han tomado medidas para combatir los anuncios fraudulentos y que “las cosas ya han mejorado significativamente con respecto a hace tres, cuatro o cinco años”. Meta asegura que los anuncios que promueven o facilitan estafas van en contra de sus normas. “Estos delincuentes se dirigen a personas y servicios de todos los sectores utilizando sofisticadas estratagemas, y hacer frente a esto requiere la colaboración transversal de bancos, gobiernos, fuerzas de seguridad y telecomunicaciones”.

El año pasado, Meta anunció que estaba probando la tecnología de reconocimiento facial para combatir los anuncios fraudulentos que hacían un uso no autorizado de personajes públicos famosos. La política publicitaria de la empresa prohíbe la promoción de “planes u ofertas que utilicen prácticas engañosas o equívocas identificadas, incluidas las destinadas a estafar dinero o información personal”.

El problema “ocupa un lugar destacado en la agenda” de las plataformas de redes sociales, destaca Goldbeck. “Pero creo que todavía se puede mejorar. [Las plataformas] saben que también tienen una responsabilidad y que todo esto no es más que una gran puerta de entrada para esta máquina del fraude. Y en este sentido, esperamos de verdad que se siga abordando activamente y que estas fórmulas se limiten lo mejor posible”.

Preguntada al respecto por OCCRP, Google señala que tiene políticas estrictas que prohíben la publicidad fraudulenta en sus plataformas y que suspende las cuentas infractoras. Según explica, ha actualizado sus políticas para permitir a sus equipos “tomar medidas más serias y rápidas con las cuentas de quienes ponen anuncios fraudulentos”. Pero este tipo de anunciantes ha comenzado a “operar con mayor sofisticación y a mayor escala, utilizando una variedad de tácticas para eludir su detección”, añade. Google utiliza una combinación de “revisión humana y sistemas automatizados” para combatir estos anuncios, con la que ha “eliminado más de 5.500 millones de anuncios, restringido más de 6.900 millones de anuncios y suspendido más de 12,7 millones de cuentas de anunciantes” en 2023, el año de su informe más reciente sobre anuncios fraudulentos.

Aunque los profesionales del marketing afiliado no publiquen sus nombres en los anuncios que promocionan, sí tienen un perfil más público en las conferencias del sector que se celebran cada año en todo el mundo. Una de las más destacadas se llama Affiliate World. Decenas de empresas de marketing identificadas en la filtración asisten a sus eventos periódicos.

Más de un tercio de los patrocinadores oficiales de la conferencia de Affiliate World Asia de 2023 aparecen en los registros internos del call-center. Gladio, la marca de Sierra Media que facilitó los datos de la arquitecta sevillana, copatrocinó un evento de Affiliate World Dubai en 2023. Affiliate World replica que, “categóricamente”, no “promueve, respalda ni fomenta actividades ilegales” y que exige a “todos los asistentes, expositores y patrocinadores” que cumplan la ley. “La participación en nuestras conferencias no debe interpretarse como una aprobación o validación de ninguna persona, empresa, producto o servicio”, añade.

Otra empresa de marketing que aparece en la filtración es MGA Team, que merece ser destacada por haber facilitado los datos de contacto de una víctima especialmente lucrativa: el cirujano de Barcelona que llegó a perder un millón de euros a manos de los estafadores. MGA Team, que no ha respondido a las preguntas enviadas por OCCRP, patrocinó varias conferencias Affiliate World y eventos asociados en Bangkok y Dubái en 2023 y 2024.

La empresa también copatrocinó una fiesta exclusiva denominada Fridman Tower –“un evento único para líderes del marketing de afiliación y altos ejecutivos del sector”– en un hotel de cinco estrellas de Bangkok, no lejos del Affiliate World del año pasado. El sitio del evento prometía “fiestas épicas, networking de primer nivel y un ambiente inolvidable”. Los portavoces de Fridman Tower tampoco han contestado a la solicitud de comentarios que le ha mandado OCCRP.

Una de esas “fiestas épicas” se llamó Sin City –Ciudad del Pecado–. Un vídeo promocional publicado en la cuenta de instagram de Fridman Tower y que abre con la leyenda “MGA Team Presents Sin City”, muestra a multitudes de fiesta y a mujeres en lencería de vinilo retorciéndose en un escenario.

El cirujano barcelonés cuyos datos fueron facilitados a la red israelí-europea por MGA Team, y que pidió no ser identificado, contó a infoLibre que los estafadores le llamban sin descanso después de su primer depósito, presionándole para que siguiera invirtiendo y engañándole con promesas de grandes beneficios. “Ese dinero eran los ahorros de mi vida”, confesó.

Horas después de ser descubiertos por los periodistas, el pasado miércoles, los estafadores que operaban desde un call-center de Tiflis (Georgia) borraron todos sus perfiles en las redes sociales, donde habían alardeado de lujosas compras y fastuosas vacaciones.

El centro de llamadas de Tiflis, en el que trabajaban unas 85 personas y que robó 35,3 millones de dólares –33 millones de euros– a más de 6.100 víctimas de todo el mundo, es una de las redes destapadas en Scam Empire, la investigación del consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, basada en una filtración conseguida por la televisión sueca SVT y compartida con otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Apoyándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han identificado dos redes que operaban desde Israel, Europa del Este y Georgia. Sus empleados convencieron a 32.000 personas de 34 países distintos para que hicieran –falsas– “inversiones” por un total de al menos 275 millones de dólares –unos 265 millones de euros–.

En Tiflis, los agentes de los centros de llamadas se autodenominaban abiertamente “estafadores” –o skameri en georgiano– y utilizaban identidades ficticias, documentos falsificados y publicidad engañosa para estafar a las víctimas y sacarles sus ahorros. Pero OCCRP y sus socios en Georgia –Studio Monitori, iFact y GMC– han identificado a algunos de ellos cotejando los mensajes de chat internos de la filtración con sus publicaciones en las redes sociales.

Ahora que sus identidades reales han salido a la luz, varios agentes han tomado medidas para borrar sus huellas digitales, eliminando contenidos de Facebook e Instagram o borrando sus cuentas por completo.

Entre ellas están las hermanas Mariam y Veriko Charchian, de 26 y 22 años, que operaban bajo los alias Mary Roberts y Veronika Nowak. Ambas eran las empleadas de mayor rendimiento del centro de llamadas de Tiflis.

Una de sus víctimas, Marcel Deschamps, trabajador de una fábrica canadiense, fue engañado por Mary Roberts, quien se hizo pasar por experta profesional en criptomonedas y le convenció para que invirtiera grandes sumas en activos digitales falsos, sin permitirle nunca retirar su dinero. Veronika Nowak había identificado previamente a Marcel como un objetivo prometedor. Cuando se dio cuenta de que le habían estafado, Roberts se burló de él, llamándole “puto imbécil” y afirmando que su alias nunca saldría a la luz.

Los perfiles de las hermanas Charchian en las redes sociales sugieren que vivían modestamente hasta hace unos dos años, cuando empezaron a exhibir joyas de lujo, ropa de diseño y un estilo de vida de gran nivel. Sus cuentas fueron borradas hace sólo unos días.

“Llevan una vida de lujo”, recalca Marcel, tras ver en las redes sociales publicaciones de las hermanas viajando por el mundo. “Y no escatiman nada... gracias a mi dinero”.

Algunos de los estafadores de Tiflis aún siguieron captando víctimas el mes pasado. Mary Roberts consiguió 31.000 dólares de víctimas ancianas a principios de febrero, según los registros de la filtración, mientras que su colega Alex Davis convenció a un canadiense de 78 años para que le enviara más de 50.000 dólares.

Ni Mariam ni Veriko Charchian han respondido a las preguntas que OCCRP les ha mandado sobre su participación en el centro de llamadas de Tiflis o sobre su rápido enriquecimiento.

Otros empleados del call-center también han borrado su presencia en las redes sociales, entre ellos los agentes Alex Davis, Noah Sharples y Marina Novikova, cuyos nombres reales son Davit Kvachantiradze, Tornike Gogsadze y Anjelika Chkapelia. El director financiero, Nika Basaria –alias Neal Cassidy–, y el empleado del departamento informático Zviad Urushadze –alias Luke Wade– también han desaparecido de las redes sociales.

Cuando Annika Gustafson y Anthony Adams empezaron a hablar por teléfono, congeniaron de inmediato: “Llámame Tony”. Para él, ella siempre fue “querida”. Le dijo que soñaba con ver la aurora boreal antes de morir y prometió visitarla algún día en Suecia. Annika, una periodista jubilada que vive en el norte del país nórdico, estaba preocupada por el dinero. Necesitaba una cara operación dental y no tenía suficiente para pagarla, así que respondió a un anuncio en Facebook que ofrecía un novedoso plan de inversión en octubre de 2023. Encontró a Anthony al otro lado del teléfono. Él se presentó como asesor financiero con sede en el Reino Unido, al que le encantaba trabajar con inversores “principiantes”. Anthony le explicó que, ayudado por un equipo experto, la ayudaría a invertir su dinero en criptomonedas y acciones. Annika no tardó en confiar en él.

Pero cinco meses más tarde ella había perdido todos sus ahorros, incluso se había endeudado y estaba pensando en suicidarse. Resultó que Anthony Adams no era en absoluto un educado asesor de inversiones británico, sino un estafador profesional con base en un centro de llamadas de Tiflis, la capital de Georgia.

Estafadores como Anthony llevan años operando con relativa impunidad, envalentonados por la facilidad para establecer centros de llamadas en la era de internet y por el hecho de que las fuerzas de seguridad tienen dificultades para perseguir estafas transfronterizas tan complejas. Las estimaciones sobre su prevalencia varían mucho, pero los expertos coinciden en que cada año se pierden cientos de miles de millones de dólares en estafas online como la que sufrió Annika.

“El ordenador portátil, por así decirlo, es ahora la espada más afilada del arsenal de los grupos delictivos”, afirma Jürgen Stock, ex secretario general de Interpol.

Pero ahora un equipo de periodistas ha podido ver desde dentro cómo funcionan estas estafas, gracias a una filtración sin precedentes de dos grupos de call-centers. Scam Empire es una investigación conjunta de OCCRP, la televisión pública sueca (SVT) y otros 30 medios de comunicación

El enorme archivo, 1,9 terabytes, contiene documentación interna, registros de los flujos de dinero, capturas de pantalla de los ordenadores de los estafadores e incluso más de 20.000 horas de llamadas telefónicas grabadas, lo que permite a los periodistas escuchar cómo los estafadores se ganaban la confianza de sus víctimas antes de destruirles la vida.

Los documentos filtrados analizados por OCCRP y sus socios procedían de dos organizaciones distintas, una con sede en Georgia y otra con oficinas en Israel y varios países europeos. Aunque los reporteros no encontraron pruebas de que ambas estén controladas por el mismo grupo, operan de forma muy similar, y siempre a escala masiva.

Según los registros financieros mantenidos por los gestores de la organización georgiana, ésta recibió 35,3 millones de dólares –33,5 millones de euros– de más de 6.179 clientes entre mayo de 2022 y febrero de 2025.

La organización israelí-europea registró cifras mucho mayores: recibió 240 millones de dólares dólares –231 millones de euros– de posibles inversores entre enero de 2021 y diciembre de 2024, según registros internos de transacciones. El dinero procedía de más de 26.000 personas de 33 países, la mayoría de de Canadá, España, Australia, Reino Unido y Sudáfrica.

En total, engañaron al menos a 32.000 personas de todo el mundo para que hicieran inversiones por más de 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Pero los periodistas no se limitaron a echar un vistazo a las finanzas de los estafadores, sino que entraron en su mundo. Pudieron ver cómo chateaban entre sí en Telegram y Skype, intercambiando chistes y animándose mutuamente con GIF animados cuando convencían a una víctima para que enviara más dinero. Los chats internos también muestran a los estafadores regodeándose de la angustia de los clientes una vez se dan cuenta de que han sido engañados, momento en el que a menudo pasan a las víctimas a otros agentes, que fingen pertenecer a las fuerzas del orden y a las autoridades fiscales y les engañan para que paguen aún más, supuestamente para liberar sus fondos perdidos.

Los documentos filtrados también revelan que estas estafas despiadadas son facilitadas por todo un ecosistema de proveedores de servicios que hacen posible montar –y escalar– estas operaciones.

Algunos de estos proveedores son empresas legales que los estafadores pueden utilizar fácilmente, como los neobancos online y los servicios de voz sobre IP. Otros parecen dedicarse principalmente a los estafadores, como una empresa que ayuda a las víctimas a eludir los trámites de cumplimiento de las obligaciones bancarias mediante la elaboración de facturas falsas y facilitando a estas organizaciones datos de empresas ficticias y cuentas bancarias listas para recibir fondos. Un próspero sector del marketing online también les ayuda a atrapar a las víctimas con anuncios falsos, recopila sus datos de contacto y los vende a los estafadores.

“Estos centros de atención telefónica están estructurados y organizados de forma extremadamente profesional y se gestionan en consecuencia”, explica Nino Goldbeck, fiscal superior del Estado alemán de Baviera especializado en ciberdelincuencia. “Bien equipados, buena informática, buenos equipos... a menudo nos hemos quedado realmente asombrados de lo bien que funcionan, de lo bien que se controla y registra todo. En nuestra opinión, la contabilidad en este tipo de empresas es a veces casi mejor que en muchas empresas completamente legales”.

El sector también prospera por su capacidad para eludir a las fuerzas de seguridad cruzando fronteras: los estafadores pueden abrir empresas en cuestión de minutos, mover dinero mediante transferencias internacionales y captar víctimas en países lejanos.

Según un investigador de los Mossos d'Esquadra especializado en redes de inversión fraudulenta, para los grupos delictivos que buscan beneficios puede ser más lucrativo gestionar un locutorio que traficar con drogas, ya que los márgenes son mayores y los riesgos de ser descubiertos mucho menores. “Los beneficios que obtienen sin arriesgar nada son enormes”, resalta el investigador, que no está autorizado a hablar públicamente de su trabajo.

Mientras, al otro lado de la línea telefónica hay personas que se ven empujadas al borde de la ruina financiera. Y a menudo también psicológica.

Los periodistas han hablado con cientos de personas que fueron contactadas desde los call-centers georgiano e israelí-europeo, utilizando los datos de la filtración para localizarlas. Casi todos –166 clientes de la organización israelí-europea y 40 de la georgiana– confirmaron que habían sido estafados. Sus pérdidas totales superaron los 18 millones de dólares, y 65 víctimas dijeron a los periodistas que habían acudido a la policía.

Aunque muchas de estas víctimas perdieron sumas relativamente pequeñas, a algunas les estafaron cantidades de dinero que les cambiaron la vida. Una de ellas fue Annika, que vive de una pensión y confiesa que nunca se recuperará económicamente de su encuentro con Anthony. “Estaba destrozada, absolutamente destrozada”, admitió a OCCRP: “Me sentí estúpida, traicionada y avergonzada. No se lo conté a nadie durante mucho tiempo. No quería seguir viviendo”.

La fuente de la filtración señaló la aparente impunidad de los estafadores como motivación para difundir los documentos en una declaración compartida con la televisión sueca SVT: “Los estafadores pueden operar casi a cara descubierta, sin que nadie los detenga. Casi ninguno de estos delitos llega a resolverse debido a las dificultades para investigar delitos transfronterizos. Muchos de los delincuentes utilizan servicios de teléfono móvil, chat y correo electrónico para permanecer en el anonimato y tienen su base en países donde las autoridades se niegan a cooperar”. “Investigar siquiera una de estas estafas supondría un enorme esfuerzo para la policía, y un solo estafador suele cometer varios de estos delitos cada día. Por si fuera poco, miles de estafadores lo hacen a diario. Sin un verdadero cambio internacional, esto nunca desaparecerá”.

Como decenas de otras víctimas con las que ha hablado OCCRP, Annika cayó en la trampa a través de un anuncio que vio mientras navegaba por Facebook. Con formato de noticia, afirmaba que una famosa presentadora de televisión sueca había encontrado una forma de ganar dinero mientras dormía. “Al principio pensé: ‘Esto es un bulo”, declaró a la SVT en una entrevista. “Pero luego vi que era algún periodista serio de Aftonbladet [el principal periódico sueco] el que había comprobado esto... y pensé que sí, ¿por qué no?”. Al fin y al cabo, Annika estaba desesperada por arreglarse los dientes, y no sabía de qué otra forma podía conseguir el dinero. Así que introdujo sus datos de contacto en la página.

Fue una decisión fatídica. Annika había pasado a ser cliente de Golden Currencies, una plataforma de inversión completamente falsa. Aunque Golden Currencies tenía un logotipo, un sitio web y un lema –Consigue más por menos–, los periodistas no pudieron identificar una empresa real detrás de la marca. Pero los reguladores británicos habían emitido una advertencia en noviembre en la que la calificaban de empresa “clon” creada para suplantar a una empresa con licencia.

En realidad, era una empresa de marketing la que estaba detrás del anuncio de Facebook. Cuando rellenó el formulario de contacto, Annika se convirtió en un “cliente potencial” que esta empresa de marketing podía vender a un centro de llamadas fraudulento.

Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire revelan que se trata de una táctica típica: cientos de empresas de marketing facilitan los nombres de personas como Annika a redes de estafadores, que luego les llaman directamente para ofrecerles sus productos. A cambio, las empresas de marketing reciben un pago por cada “cliente potencial” que puedan convertir en “cliente”. La tarifa por una víctima sueca rondaba los 1.350 dólares, la segunda más alta del mundo, según las hojas de cálculo con pagos de marketing halladas en la filtración.

No hay pruebas de que estas empresas fueran conscientes de que estaban prestando servicio a estafadores, pero sí había varias señales de alarma sobre estas organizaciones, incluido el hecho de que las plataformas financieras que se anunciaban carecían en muchos casos de licencia, y algunas habían sido señaladas por reguladores de todo el mundo. Los anuncios utilizaban a menudo avales falsos de famosos y sitios de noticias falsos, como en el caso de Annika. Además, la remuneración por “cliente potencial” era también extremadamente alta para el sector. 

Los registros internos de la red georgiana muestran que el nombre de Annika fue facilitado a los estafadores por una empresa de marketing llamada Oray Ads Limited, que dirigió a cientos de “clientes potenciales” a centros de llamadas.

En el sitio web de Oray Ads figura como propietario Haibin Lin, y la empresa parece tener su sede en Estados Unidos, aunque no está claro dónde: publica un número de teléfono de Nueva Jersey en su página web e indica un número de Colorado en sus facturas, mientras que su página web y su perfil de LinkedIn dicen que está en Delaware.

Según las facturas halladas en la filtración, Oray Ads empezó a trabajar con los georgianos en octubre de 2023, lo que convirtió a Annika en uno de sus primeros éxitos. Al principio, la empresa se centró como público objetivo en ciudadanos suecos y noruegos, antes de enfocarse en Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Algunos meses, la empresa consiguió entre 20.000 y 30.000 dólares del centro de llamadas georgiano. Ni Oray Ads ni Lin han respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

El nombre de Annika, pues, acabó en la red georgiana, dirigida por una empresa llamada AK Group. Con tres oficinas en Tiflis, la capital del país, estaba formada por jóvenes georgianos políglotas que habían recibido formación intensiva para hacerse pasar por asesores financieros que podían ayudar a sus clientes a enriquecerse rápidamente.

Junto con los demás agentes, Anthony trabajaba probablemente en la oficina más grande de AK Group, en la calle Kavtaradze, una frondosa vía que atraviesa un barrio residencial de construcción soviética en el oeste de Tiflis. Los documentos y comunicaciones internos revelan una vida de oficina que, en muchos aspectos, no desentonaría de la de una empresa normal. El personal del call-center fichaba a la entrada y a la salida del trabajo, disfrutaba de fiestas en la oficina, se sometía a evaluaciones de rendimiento e intercambiaba memes y GIF de famosos de Hollywood en los grupos de chat de la plantilla.

Pero también hay indicios de que ocurría algo mucho más turbio. Los empleados empleaban nombres en clave en sus charlas e incluso en las hojas de cálculo internas. Su oficina carece de señalización en el edificio y fue alquilada en nombre de AK Group por una empresa propiedad de un testaferro, un desplazado interno de la vecina República de Abjasia.

Y cuando los empleados recibían primas, sus recompensas estaban vinculadas a la cantidad de dinero que habían extraído de sus clientes. Una hoja de cálculo interna revela que los empleados con alto rendimiento ganaban más de 20.000 dólares algunos meses, en un país donde el salario medio mensual ronda los 750 dólares. Estos ingresos les permitían un estilo de vida de altos vuelos y, en ocasiones, ostentoso, repleto de joyas con diamantes, lujosas vacaciones, bodas fastuosas, Range Rovers y Porsches.

Ganar todo ese dinero requiere un flujo de trabajo organizado. Como muchas empresas de ventas, la organización georgiana se dividía en equipos de “conversión” y “retención”. El equipo de “conversión” estaba formado por recién contratados. Tras recibir lotes de clientes potenciales de una empresa de marketing afiliado, su trabajo consistía en llamarlos uno a uno, medir su interés y nivel de conocimientos y pasarlos rápidamente a un agente con más experiencia si se mostraban dispuestos a hacer una pequeña inversión inicial. Tenían instrucciones de presentarlo como una oportunidad. “[Vender] al superior, presentándolo como una figura de autoridad”, reza un manual de instrucciones hallado en la filtración.

En realidad la encerrona era mucho más seria. Los vendedores más cualificados forman parte del equipo de “retención”, cuyo trabajo consiste en extraer el máximo dinero posible de sus clientes. Divididos en secciones –o mesas– según los idiomas, los agentes del call-center utilizan nombres falsos que coinciden con el país al que tienen que llamar: en el centro georgiano los agentes que llamaban a España tenían nombres como Esteban Fernández, mientras que la mesa rusa estaba dirigida por Kseniya Koen y la mesa inglesa empleaba a Mary Roberts.

Junto con los seudónimos, se daban a sí mismos títulos impresionantes –normalmente “asesores financieros”–, así como perfiles detallados y documentos de identidad falsos que podían enviar a los clientes que dudaban de su legalidad. Algunas de las agentes enviaban a los clientes varones fotografías de una hermosa mujer de ojos verdes, que decían ser ellas cuando, en realidad, las imágenes procedían de la cuenta en las redes sociales de una mujer ucraniana.

Después de enviar sus datos, Annika recibió primero una rápida llamada telefónica de un hombre que hablaba mal inglés –los registros internos muestran que era un agente de conversión que utilizaba el alias Lucas Hoffman–. Él la convenció de que hiciera un pequeño pago inicial de unos 250 dólares para unirse a Golden Currencies y le prometió que la pondría en contacto con un colega en Londres para que la orientara. “No tardó muchos minutos y llamó éste”, recuerda Annika. Era Anthony Adams.

Las grabaciones de las llamadas de Anthony a Annika revelan que tenía un discurso fluido y pulido, y un hábil manejo de su historia como “asesor financiero senior”, aunque su inglés tenía tanto acento que ella le preguntó si realmente era del Reino Unido. ¿La respuesta de Anthony? Había nacido en la ciudad francesa de Toulouse.

En realidad, el hombre que se escondía tras ese seudónimo escribe y habla en georgiano fluido con sus colegas, según muestran los documentos filtrados. En el escritorio de su ordenador, los periodistas encontraron la copia de un pasaporte británico claramente manipulado, con una imagen generada por inteligencia artificial disponible en internet.

En esa primera llamada con Annika, Anthony le preguntó qué haría con la ganancia inesperada que seguramente conseguiría con su inversión, una táctica que los estafadores aprenden en su entrenamiento. “Me encanta que mis clientes estén motivados”, le dijo, sugiriendo que podría comprarse un coche nuevo o irse de vacaciones. Annika contestó que, después de arreglarse los dientes, soñaba con dar sus beneficios a los sin techo. Anthony la felicitó efusivamente y le dijo que era una mujer encantadora. También tenía buenas noticias para ella: ya había obtenido un “beneficio” de 19 dólares.

Pero la cara dulce del estafador desaparecía en las charlas internas con sus colegas e incluso en algunas conversaciones con clientes cuando no cooperaban. En un caso, hizo una broma telefónica a un hombre que se había dado cuenta de la estafa, diciéndole que era un repartidor que llevaba un juguete sexual a su mujer.

“Familia llena de gilipollas”, escribió Anthony en una nota en la aplicación que empleaba para gestionar las relaciones con los clientes, que los estafadores utilizaban para hacer el seguimiento de sus posibles víctimas. En otra ocasión, dejó toda una serie de improperios para denigrar a un objetivo: “Es una puta de mierda […] Dice que no quiere llamadas todos los meses […] cree que voy a operar por ella como un esclavo […] Dice que tiene un plan de inversión para todo el año y no está dispuesta a invertir más […] Dice que invertirá a mediados del año que viene […] Necesita comprar una nueva propiedad como dijo […] Espero que todas sus propiedades se quemen […] Puta imbécil”.

Durante los meses que Annika estuvo en contacto con Anthony, su salud era precaria y él la acosaba con un contacto incesante, a veces llamando varias veces al día. Las grabaciones de las docenas de llamadas que le hizo dan la impresión de ser una mujer cautivada por su persistencia y confianza, que llegó a creer que la estaba ayudando. Al principio de su relación, Annika había permitido que Anthony la guiara en el proceso de descarga de un programa informático de acceso remoto llamado AnyDesk.

Aunque AnyDesk tiene muchos usos legales, los estafadores de los call-centers suelen usarlo para acceder a grandes cantidades de información personal de los ordenadores de sus víctimas. En miles de capturas de pantalla de los ordenadores de los estafadores revisadas por OCCRP, es habitual ver AnyDesk abierto en un lado de la pantalla. Los reporteros incluso vieron a los estafadores chateando con sus víctimas mientras observaban a través de AnyDesk cómo éstas tecleaban sus respuestas, creando una inquietante imagen especular.

AnyDesk ha asegurado a OCCRP que está “trabajando sin descanso para impedir” el uso de su software por parte de estafadores y que colabora estrechamente con las fuerzas de seguridad para luchar contra los call-centers fraudulentos. “Incluso tenemos un mensaje de advertencia para las primeras conexiones desde cuentas sospechosas en las que el usuario final tiene que teclear: ‘He leído esto’», detalla un portavoz de AnyDesk, Matthew Caldwell. “Desgraciadamente”, advierte, “una gran parte de estos ataques se basan en la ingeniería social, que permite a la víctima eludir las contramedidas automáticas que hemos implantado”.

Después de que Annika instalara AnyDesk, Anthony comenzó a guiarla aún más de cerca, explicándole con minucioso detalle dónde debía hacer clic en la plataforma de negociación de la marca Golden Currency para asegurar sus ganancias: “Quiero que muevas el ratón hacia la derecha”, le indicaba en una llamada telefónica. “Bien, hacia abajo ahora mismo. Ve abajo. Abajo. Ve abajo. Para, no, no tanto”. Finalmente, le indicó que pulsara un botón rojo de “cerrar”: “¿Ves 30 dólares? Ese es nuestro beneficio por hoy. ... Enhorabuena. Así que hemos cerrado las posiciones y hemos obtenido este beneficio”.

Tras estas “ganancias” iniciales, llegó el momento de empezar a “invertir” de verdad. A mediados de enero de 2023, Anthony llamó con la noticia de una fantástica oferta VIP: tenía información privilegiada sobre la empresa de vehículos eléctricos Tesla y, si Annika le enviaba sólo 2.500 dólares, él podría ayudarla a hacer una inversión “sin riesgo” en la firma de Elon Musk.

“Uf”, contestó ella al oír la cantidad, que superaba con creces los 650 dólares de que disponía. Pero él le prometió que recuperaría su inversión, y más, en sólo tres días. Ella accedió a enviar el dinero. Los registros internos del centro de llamadas confirman que ella realizó ese pago.

Tres días más tarde, Anthony llamó con grandes noticias. “Vamos a comprobar nuestra plataforma”, la invitó, observando a través de AnyDesk cómo se dirigía al sitio web de Golden Currencies. “Muy bien, aquí estamos”, anunció. “¿Ves ahí abajo? 6.288 dólares. Así que hemos conseguido un beneficio increíble. Hemos hecho aproximadamente 2.700 dólares en una operación con Tesla. Es algo increíble”. 

En realidad, ni un centavo de Annika se había invertido en Tesla. Incluso si lo hubiera hecho, ella no podría haber duplicado su dinero en acciones de Tesla, ya que el precio de las acciones de la compañía estaba cayendo en enero de 2024.

A partir de ese momento, la historia se aceleró. Inmediatamente después de su exitosa operación con Tesla, Anthony le propuso otra: una inversión mucho mayor en Bitcoin. Annika no tenía ni de lejos el dinero suficiente para permitirse lo que él le proponía, así que Anthony le sugirió que pidiera un préstamo. Los registros de sus llamadas desvelan cómo entró en la página web de su banco y rellenó una solicitud de préstamo en su nombre. Cuando eso no salió adelante, la ayudó a solicitar varios préstamos más, hasta que finalmente un prestamista sueco accedió a darle el equivalente a unos 9.000 euros. Entonces llegó el momento de enviar el dinero al estafador.

Annika no recuerda con exactitud cómo realizó los pagos a Anthony, pero los registros internos del centro de llamadas muestran que llegaron a través de intercambios de criptodivisas. Esta es una característica típica de los casos examinados por los periodistas en ambas organizaciones. Indicaban a las víctimas que convirtieran los fondos en criptomoneda y los enviaran a monederos, o que abrieran cuentas en neobancos de internet o en proveedores de servicios de pago online como Wise para agilizar sus transacciones.

En respuesta a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP, Wise explica que sus procesos de verificación, monitoreo de transacciones y desactivación de cuentas le “ayudan a prevenir, detectar y detener posibles casos de delitos financieros y abuso” de sus servicios.

A partir de ahí, el dinero se esfumaba a través de una serie de empresas fantasma registradas en distintas jurisdicciones, a menudo creadas y propiedad de testaferros para disimular su titularidad real. OCCRP ha descubierto que el dinero de las víctimas se movía a través de empresas que, sobre el papel, pertenecían a una modelo de moda y a un vendedor de perfumes, entre otros. Algunas víctimas fueron incluso utilizadas como mulas: sin saberlo, enviaban dinero a otras víctimas a las que los estafadores intentaban engatusar con pequeños ingresos.

Para enviarle su segundo pago, mayor, por la supuesta inversión en Bitcoin, Anthony guió a Annika para abrir una cuenta en Wise, un importante neobanco. Pero su intento de transferencia fue bloqueado.

Neobancos como Revolut o proveedores de servicios de dinero electrónico como Wise no están tan estrictamente regulados como los bancos comerciales. “Como usted sabe, señor, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en las criptomonedas, ¿verdad?”, explicaba un estafador a una víctima potencial. “Así que, por eso, señor, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”, le aconsejaba.

En otro caso, un trabajador del centro de llamadas preguntó a una víctima potencial si había utilizado alguna vez Revolut o Wise, y le aclaró que los bancos digitales y online les “ayudan... a evitar algún mal rato”.

Un tercer estafador sugirió a una víctima potencial que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar las transferencias a la plataforma de pago digital Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en el papel... ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o un familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar allí y tiene un reembolso muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”.

Una víctima lituana, que pidió el anonimato, dijo haber perdido 380.000 dólares a manos de los estafadores a través de transferencias realizadas desde Revolut. A veces, las operaciones fallaban al principio, pero se procesaban cuando lo intentaba de nuevo al día siguiente, recuerda. “Me preguntaron por el origen de mis fondos, pero nunca me preguntaron adónde enviaba el dinero”, indicó a los periodistas.

Los periodistas no han encontrado pruebas de que Wise o Revolut fueran conscientes de que estos estafadores estaban utilizando sus servicios. En respuesta a las preguntas de OCCRP, Revolut asegura que cuenta con “un sofisticado conjunto de sistemas de detección de delitos financieros, incluyendo la debida diligencia del cliente y el seguimiento de las transacciones”, así como “un historial probado de descubrimiento de casos de delitos financieros”.

Wirex, en cambio, no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

Tras renunciar a esa posibilidad, Anthony instó a Annika transferir el dinero de su banco a un oscuro intercambio de criptodivisas, Cratos. Su perfil en X, que sólo tiene un seguidor, asegura que tiene su sede en Estonia, pero su sitio web dice que está operado por una empresa canadiense autorizada, Blue Whale Tech.

A continuación, la instruyó cuidadosamente sobre qué decir si se cuestionaba esta transacción: “Si te preguntan si alguien te ayudó a registrarte en Wise, diles que no. Diles que no, que lo hiciste tú sola, ¿vale? Y existe la posibilidad de que también mencionen AnyDesk, por ejemplo, ¿vale? O cualquier aplicación para compartir pantalla. Diles que no usas nada de eso, ¿vale? Lo has hecho todo tú sola. Y que simplemente estás moviendo el dinero a tu cuenta personal, ¿de acuerdo? ... Así que, si empiezan a hacerte muchas preguntas, no tengas miedo de ser un poco dura, ¿de acuerdo? El dinero no es del banco. El dinero es tuyo, ¿de acuerdo, Annika? Si te preguntan algo. Así que ya sabes toda la historia, ¿verdad?... Incluso si te lo dicen, ha habido casos, para ser honesto, en los que algunos de los bancos dijeron a mis clientes que es una cripto, es una estafa, perderás el dinero, y bla, bla, bla, sólo para amenazarlos, ¿de acuerdo? Porque no les gusta cuando sacas el dinero del banco. Así que no tengas miedo de eso”.

Pero no le pusieron pegas a la transacción. Cratos aparece en documentos internos como la fuente de más de 350.000 dólares enviados por al menos 41 clientes del call-center georgiano, incluida Annika.

En respuesta a las preguntas de OCCRP, Cratos se presenta como “una plataforma de intercambio de cripto que proporciona a sus clientes servicios de intercambio como fiat [el dólar, el euro, el yen] a cripto o cripto a fiat”. “No se nos informa de adónde va el cripto o el fiat después de la transacción... No tratamos con ningún centro de llamadas o clientes empresariales, ya que nuestros clientes son 100% clientes individuales”, sostiene. Cuando los periodistas intentaron enviar a la empresa un nuevo correo con más preguntas un día después, su cuenta de correo electrónico había sido desactivada.

Los registros de transferencias bancarias filtrados muestran que Blue Whale Tech recibió más de 386.000 libras –465.826 euros– y 206.000 euros de más de 20 víctimas, incluidas las del Reino Unido, España e Irlanda, durante un periodo de siete meses hasta abril del año pasado. Los estafados enviaron dinero a la cuenta de Blue Whale en un banco del Reino Unido y a empresas de procesamiento de pagos electrónicos en el Reino Unido y España. Algunos de ellos firmaron impresos con la marca Cratos, donde declaraban que sus transferencias fiat se depositarían como bitcoin en sus cuentas de criptomoneda en el exchange [plataforma de intercambio].

Una víctima residente en el Reino Unido, que envió unas 30.000 libras a Blue Whale y perdió unos 77.000 euros en total, lo explicó a OCCRP: “Se trataba sin duda de una estafa [...] Lo denuncié a la policía, pero como la empresa estaba fuera del Reino Unido no pudieron hacer nada”.

Poco después de la gran inversión de Annika, la ventanilla se cerró. Arruinada, pidió a Anthony que retirara 74.000 euros que creía haber ganado gracias a sus consejos de inversión. Pero Annika recibió entonces una notificación que parecía oficial donde se decía que la transacción había sido señalada por posible blanqueo de dinero. Anthony le explicó que, para recuperar los fondos, tendría que hacer otro gran pago a una “cartera fría” –que no está conectada a internet–. Era un dinero que no tenía.

“Estoy pensando en suicidarme”, le confesó Annika a Anthony cuando le dijo que la transferencia había sido bloqueada. “Vale, tienes que mantener la calma un momento, por favor. El suicidio no va a devolverte el dinero ni va a hacer que te sientas mejor”, le contestó Anthony, antes de animarla a pedir más prestado a quien pudiera –familiares, amigos, vecinos o colegas– para no “perder” su supuesta inversión. “Estoy a punto de llorar y tengo miedo”, le imploró Annika. “¿Asustada de qué?”, le preguntó él. “Tengo miedo de haber perdido todo mi dinero y de deber todavía 100.000 [coronas suecas, unos 8.495 euros] que me han prestado”, respondió ella.

OCCRP y sus socios se han puesto en contacto con cientos de personas como Annika que figuraban como “clientes” en las bases de datos de los centros de llamadas. Muchas contaban historias desgarradoras: habían sido llevados a sus límites mentales y financieros por estafadores implacables que no aceptaban un no por respuesta. 

Las víctimas contaron cómo vaciaron sus cuentas de ahorro, pidieron préstamos bancarios y a amigos y familiares. Las grabaciones filtradas revelan el desprecio absoluto de los estafadores por sus víctimas presas del pánico, a veces sometiéndolas a horribles abusos verbales o burlándose de ellas por haber caído en la estafa. En las llamadas, muchas víctimas que expresaron desesperación o pensamientos suicidas fueron presionadas aún más.

Después de que una estafadora instara a un danés a pedir dinero prestado a su hermano, éste le dijo que ya no quería vivir. “Lo he perdido todo. Voy a hacer una estupidez, pero no puedo más. Lo he perdido todo”, escribió en un mensaje de Telegram, en el que le enviaba la fotografía de una soga. Ella le llamó inmediatamente y empezó a reprocharle que era un “pesimista” y que él mismo se había buscado la desgracia. “Esto ya es demasiado drama”, le espetó. “Son cosas que pasan, eso no significa que tengas que suicidarte”. 

¿Quién está orquestando realmente estas estafas? Tanto la red georgiana como la israelí-europea destapadas en Scam Empire se ocultan tras muchas capas de mentiras. Los empleados de los centros de llamadas utilizan seudónimos incluso en sus comunicaciones internas, recurren a empresas interpuestas para pagar sus facturas y alquileres, y crean documentación falsa para justificar los flujos de dinero.

Tras meses de examinar sus comunicaciones internas, los periodistas consiguieron establecer que la organización georgiana que se llevó el dinero de Annika la dirige Akaki Kevkhishvili. Sobre el papel no tiene ninguna relación con AK Group, la empresa que gestiona el centro de llamadas, pero sus empleados se refieren a él con frecuencia como su jefe. Las conversaciones internas revelan también que es Kevkhishvili quien decide los salarios de los trabajadores y si serán ascendidos.

También es él quien mueve el dinero de las cuentas de AK Group, según las hojas de cálculo financieras internas, que revelan que retiró más de 130.000 dólares de febrero a mayo de 2024. Además, tiene un servicio de seguridad privada pagado por la empresa, según muestran sus cuentas.

No está claro si Kevkhishvili, de 33 años, es el jefe último o si recibe órdenes de alguien que opera entre bastidores. Aunque posee acciones en empresas de muebles y frutos secos, fueron adquiridas recientemente, y no tiene antecedentes de riqueza o actividad empresarial.

Una mujer que parece ser su amiga íntima, Meri Shotadze, es la propietaria oficial de AK Group en el registro mercantil georgiano. Los chats filtrados muestran que Shotadze también ayuda a gestionar los agentes del call-center. Ninguno de los dos ha respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Los documentos de la organización israelí-europea confirman que es mucho mayor y más difusa, pero también muy organizada. Las hojas de cálculo de los costes de personal enumeran a los empleados de Israel, Bulgaria, Chipre y Ucrania, que desempeñan una amplia variedad de funciones: recursos humanos, marketing, compliance, control de calidad e informática, además de los teleoperadores. Las hojas de salarios de agosto de 2023, que recogen los ingresos de todas las unidades de la red, cifran en 480 el número de empleados.

Los cargos directivos, incluido un director de tecnología llamado Mark, y que gana unos 20.000 dólares al mes, figuran en los datos como radicados en Israel, y las pruebas sugieren que la red ha gestionado una oficina en un reluciente rascacielos llamado Sapir Tower en la ciudad de Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv. Pero no está claro quién es el propietario de esta red, quién se beneficia en última instancia, o si siquiera tiene un nombre oficial.

Como muchas víctimas, al principio Annika no denunció sus pérdidas a la policía sueca, se refugió en su caparazón. “No he tenido fuerzas”, admite. Los expertos explican a OCCRP que este tipo de infradeclaración es sólo uno de los retos que plantea la investigación y persecución de las estafas de inversiones.

Además, los estafadores saben cambiar sus métodos. “Se adaptan, crean nuevos métodos, buscan nuevos canales para encontrar a sus futuras víctimas”, destaca Audrius Valeika, subdirector del Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania. “Los delincuentes se adaptan a las medidas aplicadas por las fuerzas del orden, por los organismos de lucha contra el blanqueo de capitales, el sistema bancario y las entidades financieras. Cuando se dan cuenta de que un método que utilizan ya no les reporta beneficios instantáneos, lo sustituyen muy rápidamente”.

Un detective finlandés también indica que muchos estafadores han recurrido a trucos psicológicos del tipo utilizado para atrapar a Annika precisamente porque otros métodos se han vuelto más difíciles. “Los fraudes de phishing puro, en los que se pueden robar las credenciales de una persona, se han reducido gracias a medidas técnicas”, precisa Sakari Tuominen, superintendente de la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos del país báltico. “Pero luego está el delito de fraude mediante ingeniería social, en el que una persona establece primero una relación de confianza y, por supuesto, ninguna herramienta técnica o inhibición ayuda [en ese caso]”.

Annika se sentía impotente ante su situación hasta que los periodistas de SVT se pusieron en contacto con ella para entrevistarla. “Han conseguido que mi vida vuelva a merecer la pena”, aseguró sobre su inclusión en el reportaje: “Porque me siento reivindicada. Y sobre todo, la advertencia va dirigida a todos los suecos para que tengan cuidado”.

Incluso acompañó a los periodistas a Georgia, donde ella y otra víctima de estafa consultaron con abogados locales y presentaron una denuncia formal contra Anthony y AK Group ante la Fiscalía georgiana, que esta semana ha comunicado a OCCRP que investigarán el call-center, aunque no han llegado a decir que hayan abierto una investigación.

Annika también fue con un equpo de SVT a las oficinas de Tiflis donde trabaja Anthony. El equipo de periodistas fue expulsado por un guardia de seguridad, pero Annika dejó una carta para su verdugo. Antes del viaje, OCCRP le preguntó qué iba a poner en la carta: “Me gustaría preguntarle: ‘¿Qué crees que pasará cuando mueras?’. No soy una persona religiosa y no creo en el infierno, pero me gustaría preguntarle... ‘¿Crees que puedes morir en paz y tener la seguridad de que tendrás una hermosa vida después de la muerte?’. Porque no creo que le importe si le digo que ahora soy una persona pobre. Pero creo que haciendo esa pregunta en concreto, quizá le haga despertar”.

1. ¿Qué es la investigación Scam Empire y qué revela?

Scam Empire, el Imperio del Fraude, es una investigación realizada por el consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación de varios países. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han destapado dos grupos de call-centers, con sede en Israel y Europa del Este, el primero, y Georgia, el segundo, cuyos empleados han convencido al menos a 32.000 personas de todo el mundo para hacer “inversiones” por un total de 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Estas operaciones tienen todas las características de una estafa masiva: los teleoperadores utilizan identidades falsas, documentación falsificada y publicidad engañosa; impiden sistemáticamente a los inversores retirar su dinero y casi todos los productos de inversión que ofrecen carecen de licencia y han sido objeto de advertencias oficiales por parte de las autoridades financieras.

Los datos de la filtración ofrecen una visión inédita del funcionamiento interno de una perversa industria del ciberfraude que, según la Policía, cuesta a los ciudadanos cientos de miles de millones de dólares al año.

Los documentos obtenidos, que incluyen más de 20.000 horas de llamadas telefónicas y decenas de miles de capturas de pantalla, muestran cómo los empleados de los centros de llamadas emplean sofisticadas tecnologías comerciales para convencer a sus víctimas de que están a punto de hacer realidad sus sueños financieros. Pero cuando los inversores intentan retirar sus beneficios, los estafadores suelen inventar pretextos para explicar por qué no pueden enviar el dinero, y luego intentan engañarlos para que envíen más.

Aunque los métodos de los estafadores son rudimentarios, su trabajo está muy organizado y funciona a escala comercial desde sus propias oficinas. Utilizan programas informáticos de gestión de clientes, colaboran con profesionales de marketing externos e imparten cursos de formación de varios días de duración al personal de atención al cliente, que además cuenta con el apoyo de departamentos de recursos humanos, control de calidad e informática.

Estas estafas son muy lucrativas. Los estafadores –cuyos esfuerzos se registran en rankings y celebran sus éxitos con gifs animados- son recompensados con lujosas fiestas, salarios generosos y primas por rendimiento.

Mientras, al otro lado del teléfono, hay vidas arruinadas. Algunas víctimas llegan a pensar en el suicidio; muchas acaban con una deuda asfixiante, traumatizadas e incapaces de confiar en extraños. Y la inmensa mayoría no obtiene justicia, ya que es muy difícil encontrar, desenmascarar y procesar a los estafadores.

2. ¿Cuántas estafas ha destapado Scam Empire? ¿Están conectadas entre sí?

Scam Empire pone al descubierto dos call-centers distintos:

● AK Group tenía al menos tres oficinas en Tiflis, la capital de Georgia, y empleaba a unas 85 personas, incluido el personal administrativo, en abril de 2024.

● La segunda organización es mucho mayor y más difusa. Se divide en tres amplias unidades de negocio con sus propias estructuras de gestión, y ha tenido al menos siete oficinas en Israel, Bulgaria, Ucrania, España y Chipre, que empleaban al menos a 480 personas en agosto de 2023. Estas divisiones mantenían una base de datos financiera conjunta y registraban los pagos de los inversores de manera centralizada. Estos call-centers parecen trabajar bajo la dirección de un equipo de gestión ubicado en el área metropolitana de Tel Aviv. Los documentos de la filtración no revelan si detrás de esta organización hay una o varias personas.

Aunque completamente independientes, estas dos organizaciones parecen estar llevando a cabo esencialmente la misma estafa, utilizando materiales de formación, guiones y contratos con proveedores similares. Incluso emplean los mismos proveedores de servicios, incluidos servicios de voz sobre IP (VoIP), soluciones de alojamiento en la nube, empresas de marketing de afiliación y procesadores de pagos.

3. ¿Qué hay en la filtración y cómo surgió la investigación?

Scam Empire se basa en dos series de documentos internos obtenidos de los centros de llamadas: unos 1,14 terabytes del centro de llamadas de Georgia y 765 gigabytes de la organización israelí-europea.

Los documentos consisten principalmente en archivos informáticos internos –y en el caso de la organización georgiana, unas 20.000 capturas de pantalla y más de 20.000 horas de llamadas de audio– y fueron compartidos con periodistas de la televisión pública sueca (SVT) por una fuente anónima.

El tamaño y la extensión geográfica de la filtración pusieron en evidencia que, para llevar a cabo una investigación periodística adecuada sería necesario que unieran sus fuerzas medios de comunicación de múltiples países. Por eso SVT se asoció con OCCRP para organizar Scam Empire, un esfuerzo de colaboración que incluye a otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Los periodistas han pasado más de seis meses estudiando minuciosamente los documentos filtrados para reconstruir cómo funcionan estas organizaciones, contactando y entrevistando a las víctimas, identificando a los estafadores, investigando casos judiciales, hablando con expertos y funcionarios policiales y rastreando, en la medida de lo posible, los enormes flujos de dinero empleados.

4. ¿Quién filtró la información y por qué?

Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima cuya motivación, explicó a los periodistas, fue el deseo de acabar con la impunidad de los estafadores.

“Los estafadores pueden operar casi abiertamente, sin que nadie les detenga”, escribe la fuente. “Casi ninguno de estos delitos llega a resolverse debido a las dificultades que entraña la investigación de delitos transfronterizos... Sin un verdadero cambio internacional, esto nunca desaparecerá”, explica.

“Al entregar el material a los medios de comunicación”, añade, “espero/esperamos que este asunto reciba suficiente atención para que las autoridades tomen medidas contra estos delincuentes. Este problema no es imposible de resolver. Sólo hace falta que a todos nos importe lo suficiente como para hacer algo al respecto”.

5. ¿Cuál es la magnitud de estas operaciones? ¿Cuánto dinero ganan los estafadores?

El alcance de la filtración es limitado, por lo que resulta imposible calcular la magnitud total de estas operaciones. Aun así, las sumas son impresionantes.

Entre mayo de 2022 y febrero de 2025, la organización georgiana recibió 35,3 millones de dólares –33,7 millones de euros– de más de 6.000 personas a través de cuatro secciones lingüísticas: alemán, inglés, español y ruso.

En la organización israelí-europea, los periodistas contabilizaron más de 240 millones de dólares –231,2 millones de euros– enviados por casi 27.000 personas de más de 30 países entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

Los expertos advierten de que es difícil calcular el tamaño global de la industria de la estafa online debido a la infranotificación y a la disparidad a la hora de definir el delito. Pero se dice que rivaliza en magnitud con el tráfico ilegal de drogas. Según Jürgen Stock, ex secretario general de Interpol, las estafas online generan unos 500.000 millones de dólares al año.

6. ¿Qué venden exactamente estos centros de llamadas? ¿Podrían ser verdaderas plataformas de inversión? ¿Qué pruebas hay de que son estafas?

Los call-centers ofrecían a sus víctimas la oportunidad de operar en decenas de plataformas de inversión. Estas plataformas –cada una con su propio logotipo, sitio web y material publicitario– pretendían ser brókers expertos que permitían incluso a principiantes invertir en criptomonedas, acciones de empresas como Tesla u otros productos financieros de moda. Los periodistas identificaron 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea y siete por el grupo georgiano.

Es imposible afirmar con rotundidad qué ocurrió con cada uno de las decenas de miles de clientes que aparecen en los documentos de los centros de llamadas como adheridos a estas plataformas. Pero todo indica que ambas organizaciones fueron diseñadas para estafar a un gran número de personas.

Las estadísticas hablan por sí solas: los periodistas contactaron con más de 200 personas que figuran en los documentos como inversores. Casi todos –166 clientes de la red israelí-europea y 40 de la georgiana– afirmaron que han sido estafados. Sus pérdidas totales confirmadas superaron los 18 millones de dólares –17,3 millones de euros–, y 65 víctimas informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Pero quizá la prueba más contundente del fraude proceda de un conjunto de más de 20.000 horas de llamadas telefónicas grabadas por agentes del AK Group georgiano. En ellas queda al descubierto el engaño y la crueldad que ejercían sobre sus víctimas, en algunos casos burlándose abiertamente de ellas por haber sido estafadas.

Las capturas de pantalla y los archivos informáticos completan el cuadro, mostrando a los teleoperadores del centro de llamadas georgiano mientras usan direcciones de correo electrónico falsas para hacerse pasar por instituciones financieras legítimas y crear documentos fraudulentos. También muestran los chats de los agentes telefónicos, en los que se refieren abiertamente a sí mismos como estafadores y se burlan de sus víctimas.

Una colección más pequeña de cientos de llamadas telefónicas grabadas de la red israelí-europea ofrece una imagen más limitada, pero aún vívida, de las manifestaciones, a menudo fantásticas, de los teleoperadores. En una conversación, uno de ellos le dice a un inversor potencial reticente que su plataforma le haría ganar dinero automáticamente mediante un “sistema basado en Inteligencia Artificial”.  “Opera por ti de forma automática. En realidad, no necesitas entender cómo funciona todo, porque ése es el trabajo del sistema”, explica el agente. “Una vez que el tren esté en la estación”, continúa, “simplemente súbete a él y luego, básicamente, disfruta del viaje. Créeme, vas a ganar mucho dinero”.

Los periodistas también detectaron otras señales de alarma. La gran mayoría de las plataformas no exhibían ninguna licencia que les permitiera ofrecer productos financieros, y muchas decían tener su sede en Suiza, país en el que, según los datos internos disponibles, los call-centers no tienen empleados.

De las 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea, 62 recibieron al menos una advertencia oficial de un regulador, y muchas han sido señaladas más de una vez.

Por último, ambas redes parecen haber echado el cierre cuando los periodistas se han puesto en contacto con ellas. Sus empleados no querían hablar y estaban protegidos por guardias de seguridad. En Georgia y Bulgaria, oficinas enteras parecieron vaciarse después de que los reporteros establecieran contacto con ellas.

7. ¿Alguna de las plataformas puede ser legal?

Hay una categoría de marcas que merece una mención especial. Cuatro de ellas –VPTrade, Finxocap, Finbok y SkyMT– eran explotadas por empresas que sí tenían licencias oficiales en Sudáfrica. Los documentos internos a los que ha tenido acceso Scam Empire muestran que, de los 240 millones de dólares ingresados por la red israelí-europea, 18,5 millones, es decir, algo más del 7%, procedían de estas marcas con licencia.

Los documentos también muestran que, en el caso de estas marcas, los clientes pudieron retirar un mayor porcentaje del dinero recibido: alrededor del 10%, frente al 2% de las marcas no reguladas.

Los periodistas hablaron con varios clientes de Finbok que no se consideraban estafados, aunque pensaban que habían sido mal asesorados e inducidos a invertir cantidades que no podían permitirse. Algunos recibieron reembolsos sustanciales, aunque inferiores al valor de su inversión total. A menudo el reembolso fue fruto de un acuerdo alcanzado tras quejarse directamente a la marca o denunciar a la policía. Y estas transacciones iban acompañadas internamente de una factura a los clientes por “trabajos de marketing” que se correspondía con la suma exacta que habían retirado, aunque ninguno de los clientes había visto semejante trabajo.

Otros clientes de las plataformas sudafricanas autorizadas aseguraron a los periodistas que creían haber sido estafados, y cuatro afirmaron que recordaban haber visto avales falsos de famosos antes de que se pusieran en contacto con ellos. Tres denunciaron sus pérdidas a la policía.

Un documento hallado en la filtración muestra que Finbok está siendo investigada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica por prometer “elevados rendimientos poco realistas”, anunciar prestaciones inexistentes y “acosar” y “manipular” a los inversores.

FINBOK/VECTOR FINANCIAL SERVICES ROR.

Otra de las marcas sudafricanas, SkyMT, ha sido despojada de su licencia La investigación sobre su empresa matriz, Lehumo Securities, había comenzado antes de que fuera adquirida por la red israelí-europea. Fue rebautizada como SkyMT, que también fue objeto de una advertencia reglamentaria oficial].

LEHUMO ROR

Las tres empresas que están detrás de las cuatro marcas sudafricanas con licencia son propiedad de quienes parecen testaferros: una modelo rumana y un ciudadano búlgaro que dijo a los periodistas que no tenía constancia de que su nombre figurara en ningún documento sudafricano.

8. ¿Quién está detrás de estos centros de llamadas?

Los empleados de los call-centers toman amplias medidas para ocultar sus identidades, utilizando seudónimos incluso en sus comunicaciones internas.

En el caso de la red georgiana, los reporteros pudieron identificar a muchos de los estafadores a partir de las pistas que facilitaban en sus conversaciones de chat, cotejándolas con publicaciones en redes sociales y otra información disponible públicamente.

Sobre el papel, la empresa propietaria de esta red, AK Group, pertenece una mujer de 36 años llamada Meri Shotadze. En la práctica, según las comunicaciones internas, parece ser la segunda al mando. El hombre al que se refiere como su jefe tiene 33 años y se llama Akaki Kevkhishvili. Aunque parece disfrutar de un estilo de vida relativamente lujoso, con la reciente adquisición de un Range Rover de 100.000 dólares, no está claro si hay alguien más detrás de la organización. Ni Shotadze ni Kevkhishvili respondieron a las peticiones de comentarios que les ha enviado OCCRP.

AK Group alquila sus oficinas a través de otras dos empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: una es un desplazado interno de la República de Abjasia, la otra es la suegra de Kevkhishvili.

También se desconoce quién está detrás de la organización israelí-europea, que abarca tres unidades de negocio, docenas de entidades corporativas y un número cambiante de oficinas. Hasta abril de 2024, alquiló espacio en la Torre Sapir, un reluciente rascacielos de oficinas en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, que parece ser la sede israelí de la red. Aunque la filtración revela los nombres de muchos de los directivos de la organización, los fundadores o sus principales beneficiarios siguen siendo desconocidos.

9. ¿Cómo efectúan las víctimas los pagos a estos estafadores? ¿Por qué sus bancos no se lo impiden?

Los bancos comerciales no se lo ponen fácil a sus clientes cuando quieren transferir grandes sumas de dinero a países extranjeros porque les han prometido obtener unos rendimientos demasiado buenos para ser ciertos. Pero los estafadores han desarrollado métodos muy creativos para sortear estos obstáculos.

Muchas víctimas hacen sus pagos utilizando criptomonedas. A otras las convencen para que abran nuevas cuentas en instituciones financieras sujetas a regulaciones menos estrictas, como los neobancos digitales. Para asegurarse de que las transferencias de las víctimas no se bloquean, los estafadores les enseñan cómo justificarlas ante el personal bancario. Por ejemplo, pueden indicarles que lo que pagan son entradas para el teatro.

Los estafadores inducen a las víctimas a enviar su dinero a una empresa que forma parte de una red de compañías que se extiende por varios países, lo que hace casi imposible su rastreo. A veces contratan a proveedores de servicios especializados que les proporcionan sociedades pantalla y facilitan las transacciones para eludir los controles bancarios. También utilizan facturas falsas para justificar las transacciones.

Las rutas que sigue el dinero son tan complicadas que suele ser imposible determinar cuál ha sido su destino final. En una de las tramas rastreadas por los periodistas, los fondos de las víctimas se enviaban a un grupo de empresas registradas en España y el Reino Unido, que se los repartían antes de dirigirlos a un segundo nivel de empresas, la mayoría en el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Hungría.

El dinero fluyó después a otras empresas, disfrazadas de consultorías, en Chipre y Macedonia del Norte, antes de que se perdiera su rastro.

10. ¿Cuál es la historia de este tipo de estafa?

La industria moderna de las estafas de inversión en internet tiene sus raíces a mediados y finales de la década de 2000, cuando figuras del crimen organizado –principalmente israelíes, rusas y georgianas– se dieron cuenta de que podían aprovecharse del mercado Forex, una forma de intercambio de divisas legal, pero de alto riesgo, normalmente reservado a inversores expertos. Con el auge de la internet de alta velocidad, algunos operadores empezaron a ofrecer al público el mercado minorista de Forex, vendiéndolo como una oportunidad para que la gente corriente obtuviera beneficios.

Los medios de comunicación israelíes, especialmente Times of Israel, han informado ampliamente sobre esta industria, ya que Israel se convirtió en el epicentro de estas estafas, sobre todo en la década de 2010, gracias al auge en el país del marketing de afiliación y de las apuestas online.

Algunas empresas operaban legalmente, pero se aprovechaban de inversores inexpertos, mientras que otras manipulaban descaradamente sus plataformas para asegurarse de que las víctimas siempre salieran perdiendo. Con el tiempo, estos operadores empezaron a ofrecer opciones binarias [aquellas cuya rentabilidad es, o bien una cierta cantidad fija de algunos activos, o bien nada en absoluto], CFD –contratos por diferencia, un derivado financiero– y, finalmente, estafas basadas en criptomonedas, todas ellas con el mismo esquema: ofrecer un producto financiero supuestamente complejo que, en realidad, no era más que una simulación diseñada para robar el dinero de las víctimas.

Israel prohibió finalmente el comercio de opciones binarias en 2017. Pero la prohibición no desmanteló el sector, sino que simplemente lo obligó a deslocalizarse. Muchos estafadores trasladaron sus operaciones a Europa del Este, estableciendo nuevos centros de llamadas en países como Ucrania, Bulgaria, Georgia y Albania.

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, estas estafas siguen evolucionando. El sector prospera gracias a su capacidad para cruzar fronteras con poco esfuerzo: los estafadores pueden abrir empresas en cuestión de minutos, mover dinero utilizando una maraña de transacciones internacionales y captar víctimas en países lejanos. Plataformas como Google y Facebook también han desempeñado un papel involuntario en el éxito del sector, beneficiándose de los anuncios que canalizan a las víctimas hacia estas estafas. Con las investigaciones policiales fragmentadas por países, la lucha contra el fraude en las inversiones online sigue siendo ardua: por cada red que se desmantela, parece surgir otra.

11. ¿Qué puede hacer para evitar ser estafado?

Los estafadores utilizan técnicas sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de años de trabajo. Reconocerlas es clave para mantenerse a salvo.

La mayoría de las víctimas son atraídas por anuncios en internet que aparecen en los lugares habituales, como Google, Facebook o YouTube. Estos anuncios promocionan productos de inversión complejos y utilizan muchos términos high-tech de moda. Cualquier referencia a la “computación cuántica”, la “inteligencia artificial”, el bitcoin o las criptomonedas –o cualquier insinuación de que estas tecnologías le harán rico– debe ponerle en guardia. Sospeche de inmediato.

Algunas víctimas también son captadas por bulos que promocionan estos mismos productos, a menudo citando el respaldo de un famoso. Compruebe siempre si el famoso ha hablado realmente del producto en sus redes sociales reales. Y si la noticia enlaza con una página para suscribirse al producto anunciado, es una señal de alarma. Compruebe siempre la fuente antes de involucrarse.

Una vez que se haya inscrito, recibirá una llamada de un agente instándole a realizar una “inversión” inicial de unos pocos cientos de euros. Los teleoperadores suelen hacer hincapié en la facilidad de uso de la plataforma de inversión, explicando que su producto –que, de nuevo, probablemente utiliza alguna tecnología avanzada de trading– está pensado para principiantes. Prometen enormes beneficios y pueden intentar aprovecharse de sus preocupaciones o sueños financieros. Tenga cuidado con las ofertas “exclusivas” con límite de tiempo, ya que las empresas de inversión legales no le meten prisa a la hora de tomar decisiones. Si alguien le pregunta por su situación financiera o le presiona para que actúe con rapidez, es una señal de alarma. ¿La mejor respuesta? Ponga fin a todo contacto y denuncie la estafa.

Otra señal de alarma es si su “agente” empieza a ser demasiado creativo sobre cómo enviarle dinero. En concreto, puede desviarle de su banco habitual, enseñarle cómo convencer a su entidad para que aprueben las transacciones, empujarle a abrir nuevas cuentas bancarias online o transferir sus fondos a criptomonedas. Una vez que haya invertido, los estafadores no se detendrán ahí. Inventarán razones para justificar que usted no puede retirar sus fondos, le presionarán para que invierta más o le dirán que se necesitan depósitos adicionales para recuperar lo que ya ha ingresado.

Una vez que se haya dado cuenta del fraude, algunos estafadores se pondrán en contacto con usted haciéndose pasar por funcionarios del gobierno, ofreciéndole ayuda para localizar su dinero, pero utilizando tácticas de intimidación para mantenerle en el engaño. Los verdaderos representantes de los organismos públicos no exigen dinero por teléfono.

Tenga en cuenta que éste es sólo un patrón. Aunque las técnicas aquí descritas han atrapado a decenas de miles de personas, hay muchas otras estafas en el mundo.

Entre enero y septiembre de 2024, las inversiones destinadas a construir residencias de estudiantes crecieron un 449%, hasta los 277 millones, según un informe de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle (JLL). Este aumento responde a la adquisición, por parte de la multinacional financiera estadounidense Morgan Stanley de dos centros en Barcelona. Si se toma el dato hasta diciembre, la cifra llega hasta los 750 millones, diez veces más que en el mismo periodo de 2023. Los fondos continúan siendo los más activos, concentrando más del 50% de la inversión.

Los estudiantes son un negocio rentable: cada vez hay más personas en la educación superior (este curso se matricularon un 2,4% más que el pasado),  el número de universidades privadas no para de crecer (ha pasado de 32 en 2016 a 41 en 2024) y la presencialidad sigue siendo el método mayoritario, por lo que las mudanzas son habituales. Todo esto está atrayendo la atención de los fondos inversores, de hecho, los principales operadores en España pertenecen a multinacionales extranjeras. RESA, asociada al grupo inversor holandés PGGM ofrece 11.000 plazas; la británica GSA-Yugo aporta unas 6.700, aunque tiene proyectado superar las 10.000; y MiCampus, de origen español pero con sede en Luxemburgo, ofrece alrededor de 8.000.

La oferta total en España asciende a 49.000 camas, 117.000 si se suma la pública. Aunque el 76% de las que se encuentran en construcción son de promoción privada. Aun así no son suficientes y los datos de demanda han puesto los dientes largos a los inversores. Así, según los cálculos de la consultora, el número estimado de estudiantes que necesitarán alojamiento actualmente se estima en más de 500.000. “Desde el curso 2015-2016, esta demanda potencial se ha incrementado un 35%, mientras que la oferta de camas ha crecido un 29%”, detalla el documento.

Otro factor que sin duda anima este negocio es un mercado del alquiler cada vez más tensionado. Precios altos, fianzas imposibles o tener los avales necesarios cuando no se dispone de una nómina, son algunos de los problemas que se encuentran quienes cogen la maleta para estudiar. Además, Madrid y Cataluña, las comunidades que más estudiantes reciben, son también las más caras para alquilar, con un precio medio de 18,6 euros /m² y 17,8 euros /m² respectivamente, según Idealista.

Vivir en una residencia tampoco es especialmente barato. Si miramos la oferta de RESA en Madrid los precios oscilan entre los 450 y los 1400 euros, dependiendo de las condiciones y la ubicación. Si buscamos ciudades medianas, como Salamanca o La Coruña, el rango va desde 580 a los 700 euros al mes, aunque la disponibilidad es menor y conseguir una plaza es mucho más difícil. De nuevo, la ley de oferta y demanda juega a favor y la previsión es que los precios de las residencias suban sobre todo en Madrid, Barcelona o Valencia, las ciudades que más estudiantes reciben, tanto nacionales como internacionales.

"El perfil del estudiante en España está cambiando y se está atrayendo, además, a estudiantes internacionales de mayor poder adquisitivo", apuntan en el informe. De hecho, durante el 2023-2024 vinieron a España 156.724 estudiantes extranjeros, de los cuales 51.000 eligieron la universidad privada (el 33% del total).

Todo esto ha llevado a que la adquisición de suelo para construir o la reconversión de locales de otros usos para transformarlos en residencias sea una actividad al alza en el sector. “La falta de producto estabilizado en los principales mercados hace que los inversores estén enfocados en compras de suelo”, puntualiza el informe. Si analizamos el perfil del inversor, los fondos continúan siendo los más activos, concentrando más del 50% de la inversión total en lo que va de año y en 2023.

Más allá de la alta demanda, las residencias resultan rentables por el poco tiempo que tardan en empezar a producir. Según JLL, en algunos casos alcanzan la ocupación máxima en menos de un año y el periodo medio que tardan en estabilizarse oscila entre uno y dos años.

Todo esto ha llevado a que un 67% de las empresas del ramo pretenden aumentar el capital que destinan a la compra de activos. El suelo se presenta como la materia prima más cotizada también porque construir más casas nuevas es una de las soluciones propuestas para hacer frente a la crisis de la vivienda en España. Más combustible, en fin, para un ámbito como es el de la construcción y la vivienda, que fue la principal preocupación de los españoles en 2024.

En España se realizaron 515.810 transacciones inmobiliarias de vivienda entre enero y septiembre, casi 45.000 más que en el mismo periodo de 2023. De todas estas casas, 95.130 fueron adquiridas por extranjeros, lo que supone un 18,4% del total, según los datos de compraventas que elabora el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Del comprador británico o alemán que tradicionalmente adquiría una casa en la playa para veranear o de cara a la jubilación, este mercado ha pasado a atraer inversores que buscan los mejores barrios de las capitales o compradores de segundas residencias que empiezan a mirar hacia la periferia por la saturación de las grandes urbes. Así, los extranjeros compraron un 2,9% más que en 2023 y la tendencia, para los expertos, va al alza.

Ya sea como segunda residencia, como inversión o simplemente para mudarse, son británicos, alemanes y marroquíes los que más compran en España, de acuerdo con los datos de los registradores de la propiedad. Aunque no todos ellos viven aquí, de hecho, de esos más de 95.000 compradores, casi 42.000 son no residentes. “Lo que les atrae de España es una combinación de elementos: un mercado inmobiliario todavía a un precio relativamente bajo y con potencial de crecimiento y un estilo de vida atractivo”, explica Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics. También, el hecho de que aquellos que proceden de países con rentas más altas, pueden vivir de forma más desahogada, ya que los precios son inferiores.

Las tendencias de compra y los perfiles son muy diferentes y han ido cambiando en los últimos años. “En general, los principales compradores de vivienda en España han sido europeos, pero eso ha ido cambiando”, apunta el responsable de Atlas Real Estate. Solían ser personas mayores de 50 años, que buscaban casas en Alicante, la Costa del Sol o en las islas. Pero los compradores americanos —tanto estadounidenses, como latinoamericanos— han ganado peso en ciudades como Madrid: “Desde 2018, aproximadamente, las grandes ciudades se ha convertido en un foco de inversión. La similitud cultural, las grandes perspectivas del mercado español inmobiliario y la economía en general, están atrayendo gente”, concluye.

Y ya no solo es el mercado de la vivienda de lujo el que llama la atención. “Madrid y Barcelona empiezan a tener menos recorrido, porque la demanda es muy alta y la oferta limitada, por lo que este capital está saliendo hacia la periferia y hacia otras ciudades como Valencia, Málaga, Zaragoza o Bilbao”. Allí, explica Bermúdez, ya no se fijan solo en viviendas terminadas, sino que empieza a haber inversión en obra nueva y promociones. “Inicialmente estos inversores buscaban zonas muy buenas, muy seguras, que sabían que no tenían recorrido a la baja en precio, pero eso ha cambiado y están comenzando a diversificar”, concluye.

En este análisis coincide Antonio Priego, gerente de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana. “En el último año, o año y medio, estamos encontrando más gente que busca hacer inversiones. Por ejemplo, perfiles de Estados Unidos o Canadá —que suelen ser inversores puros— antes ponían su dinero en capitales europeas o en ciudades como Barcelona o Madrid, pero ahora están trayendo su dinero hacia la Comunitat Valenciana”, señala.

El valor medio de las transacciones que realizaron los extranjeros residentes en España alcanzó en el tercer trimestre de 2024, último dato disponible en el ministerio de Vivienda, un importe superior a los 191.000 euros. Y precisamente Valencia, está entre las comunidades más populares. Solo en el tercer trimestre de 2024 acumuló más de 9.000 transacciones de extranjeros tanto residentes como no residentes, le siguen Andalucía, con 5.800, y Cataluña, que suma más de 4.700.

“En la zona de Alicante se habla en los últimos años de que ya más del 50% de las compraventas son de extranjeros”, señala Priego. En cuánto al origen de los compradores, apunta que cada vez es más diverso: “antiguamente estaba más concentrado en británicos, alemanes o belgas, pero ahora hay personas que llegan de todas partes”, concluye. Aunque, matiza, siguen predominando los compradores que buscan una segunda residencia para pasar los veranos o su retiro “por el clima y la calidad de vida”.

“En Madrid la compraventa de viviendas por parte de extranjeros está aumentando, durante los últimos años, a razón de un 8% interanual”, explica Jose María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). Y coincide con los demás expertos en que la demanda ya va mucho más allá de pisos de lujo. “En torno al 60% de los que compran son extranjeros residentes y la adquieren como vivienda habitual, lo que está llevando hacia otra tipología de vivienda, de segmento medio y ya no de lujo”, explica Alfaro. “El Barrio de Salamanca ha sido tradicionalmente el área más demandada por compradores extranjeros debido a su exclusividad y servicios de alta calidad, pero poco a poco están migrando a zonas como Chamberí, Chamartín o Retiro”, concluye.

En el caso de la capital madrileña, los estadounidenses cada vez se interesan más por adquirir casas: “Han incrementado su presencia en el mercado inmobiliario madrileño atraídos por la fortaleza del dólar frente al euro”, concreta el presidente de FAI. Aunque también corre al alza la demanda por parte de ciudadanos latinoamericanos “especialmente mexicanos, venezolanos y colombianos”, puntualiza.

En cuanto a los inversores, la tensión que experimentan las grandes ciudades, tanto en precios como en oferta de casas, les ha llevado a desplazar sus preferencias. “Buscan en zonas más premium de Madrid, aunque cada vez más están mirando hacia barrios menos caros, buscando mayor rentabilidad y menor esfuerzo inversor inicial”, concluye.

En noviembre de 2024, Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Mundial Meteorológica (OMM), afirmó que, debido al aumento de las temperaturas, “el ciclo hidrológico se ha acelerado, se ha vuelto más errático e impredecible, y nos enfrentamos a problemas crecientes de exceso o escasez de agua”. Estos cambios reflejan un fenómeno global cada vez más evidente: la intensificación y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Incendios forestales devastadores en Australia en 2020, las inundaciones históricas en Pakistán en 2022, las lluvias torrenciales y desbordamientos en Valencia en octubre de 2024, que cobraron 219 vidas, y las olas de calor extremo que azotaron Europa en 2023, dejando 47.690 muertos, son solo algunos ejemplos de los impactos dramáticos y cada vez más frecuentes del cambio climático.

Estos eventos, aunque devastadores, también nos recuerdan la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Nos enfrentamos a un imperativo global: aumentar significativamente las inversiones en mitigación y adaptación al cambio climático. La transición hacia una energía limpia y baja en carbono, la construcción de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y la protección de la naturaleza requieren, hoy más que nunca, un esfuerzo financiero global sin precedentes.

Este fue, precisamente, uno de los puntos clave de la COP29. El éxito o fracaso de la conferencia dependía de alcanzar un acuerdo ambicioso sobre el nuevo objetivo de financiación climática (NCQG por sus siglas en inglés). Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes si atendemos a las recomendaciones realizadas en el Tercer Informe del Grupo de Expertos Independientes de Alto Nivel sobre Financiación (Raising Ambition and Accelerating Delivery of Climate Finance). Este documento concluye que es necesario invertir anualmente 2,4 billones de dólares en los países en desarrollo (excluyendo a China) para 2030, y entre 3,1 y 3,5 billones de dólares por año para 2035, para mantener el impulso necesario. El nuevo objetivo aprobado en la COP29 quedó muy por debajo de lo requerido.

Hasta ahora, los países se habían comprometido a entregar 100.000 millones de dólares anuales al Fondo Verde para el Clima para los países con menos recursos, que son también los más vulnerables al cambio climático. Se esperaba que el nuevo objetivo, que estará vigente hasta 2035, fuera mucho más ambicioso. Los países más afectados por el cambio climático, como los de África o las islas del Pacífico, reclamaban al menos un billón de dólares anuales para hacer frente a los impactos del cambio climático. Cantidad que resulta mínima si atendemos al estudio antes mencionado. No es de extrañar que la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y el Grupo de Negociadores Africanos hayan expresado su indignación por el acuerdo al que se ha llegado, considerando que no solo es insuficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, sino que también refleja un profundo desinterés hacia las naciones más vulnerables. 

Movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035 está muy por debajo de lo necesario y no representa un avance significativo respecto al antiguo compromiso de 100.000 millones, y parece francamente insuficiente en un momento en que las políticas actuales solo permitirían una reducción de las emisiones del 2,6% para 2030 respecto a los niveles de 2019 (cuando sería necesario que descendieran un 43% para evitar los peores impactos del calentamiento global), situándonos en un aumento de la temperatura de entre 2,6 °C y 3,1 °C (Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024, PNUMA).

Aumentar las inversiones climáticas en los países en desarrollo es crucial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, adaptarse al cambio climático y detener la creciente amenaza a la naturaleza y la biodiversidad. Además, es fundamental promover una transición justa y la igualdad de género en el financiamiento climático para abordar de manera efectiva las distintas limitaciones y oportunidades que enfrentan hombres y mujeres. 

Acelerar las inversiones es una acción inteligente en comparación con la inacción. Contribuye a generar un desarrollo eficiente y de futuro, evitando enormes costos (como los impactos negativos en la productividad y la salud, los daños a activos y la pérdida de biodiversidad) y generando grandes beneficios (como mayor productividad, mejores servicios ecosistémicos y mayor estabilidad social) que, en conjunto, podrían representar entre el 15% y el 18% del PIB global en 2030. Además, una menor inversión y consumo de combustibles fósiles y de la reducción de subsidios perjudiciales para el medio ambiente podría generar ahorros financieros de entre el 11% y el 18% del PIB global, según el informe de expertos independientes.

La COP29 ha puesto de manifiesto la brecha existente entre las promesas y la realidad. Los países en desarrollo necesitan un apoyo financiero y tecnológico mucho mayor para adaptarse a los impactos del cambio climático y construir un futuro más sostenible. Por su parte, los países desarrollados deben asumir su responsabilidad histórica y aumentar drásticamente sus ambiciones climáticas. El propio António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, lamentó que los acuerdos alcanzados no fueran lo suficientemente ambiciosos, señalando que no se incluyó en el acuerdo final ninguna mención específica sobre el compromiso de abandonar los combustibles fósiles, tal como se había estipulado en la COP28 de Dubái. 

Además, no se alcanzaron acuerdos sobre otros temas claves como el diálogo sobre la implementación de los resultados del Balance Mundial (GST) y sobre el programa de trabajo sobre transición justa. Resulta decepcionante, tal como sostienen las organizaciones españolas de la sociedad civil presentes en la COP29, que los derechos humanos y laborales, así como las cuestiones de género, de transición justa de las personas trabajadoras, los pueblos indígenas y la juventud sean completamente omitidos, y se retrasen los debates sobre estos temas a junio de 2025 en Bonn. 

El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para movilizar los recursos necesarios para una transición justa y sostenible. La crisis climática no es un problema lejano, es una amenaza real que ya está afectando a millones de personas, y su solución requiere un compromiso serio y urgente. 

Además, no podemos olvidar que la transición hacia una economía baja en carbono debe ser inclusiva, considerando no solo la justicia social y económica, sino también la equidad de género. Las mujeres y los pueblos indígenas son quienes más sufren los efectos del cambio climático, y sus necesidades deben ser priorizadas en la financiación y en las políticas de adaptación.

Por último, el regreso al poder de líderes climáticamente escépticos, como Donald Trump en Estados Unidos, amenaza con deshacer los avances alcanzados en políticas climáticas globales. Sin embargo, esta situación ofrece una oportunidad para que la Unión Europea refuerce su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, estrechando la cooperación con regiones vulnerables, como América Latina, y promoviendo un compromiso más firme en la movilización de recursos y tecnología.

Una vez más, nos encontramos ante un punto crítico en la lucha contra el cambio climático. Las necesidades de inversión para adaptación, resiliencia y pérdidas y daños aumentarán drásticamente a medida que los riesgos climáticos se intensifiquen. El retraso en la acción solo aumentará la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos. Si no cerramos la brecha de financiación para 2030, será mucho más difícil reducir las demandas financieras futuras y garantizar una transición justa.

El calentamiento global no es una película de ciencia ficción, es nuestra realidad. Nuestro bienestar como especie está íntimamente ligado a la salud de nuestro planeta.

La crisis climática no es solo un problema ambiental, sino una amenaza directa a nuestro bienestar y supervivencia. La transición hacia una economía verde y sostenible es posible, pero requiere tanto de la voluntad política de todos los actores globales, como de la participación activa de los ciudadanos. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, consumidores y votantes, tenemos un papel que desempeñar. Debemos exigir a nuestros líderes políticos que tomen medidas audaces y concretas para garantizar un futuro próspero.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.760 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 85,8% con respecto a los 1.485 millones de euros del mismo periodo de 2023, impulsado por las plusvalías millonarias registradas con la venta de activos en México, informó la compañía y registró Europa Press.

En concreto, la operación de venta de activos en México, cerrada el pasado 26 de febrero, representó una contribución extraordinaria de 1.165 millones de euros en su beneficio neto, mientras que en 2023 tuvo un impacto positivo de 238 millones de euros por su recuperación del déficit en el negocio comercial del Reino Unido. Excluyendo estas partidas recurrentes, el beneficio neto de la energética creció un 28%.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 5.857 millones de euros a cierre de marzo, un 44,1% más que en el mismo periodo del año pasado. Excluyendo la plusvalía de México y la recuperación del déficit de tarifa del Reino Unido, el Ebitda crece un 10%, hasta los 4.140 millones de euros, debido a la mejora de los márgenes y al récord alcanzado de producción renovable en los últimos 10 años en Iberia.

La cifra de negocios del grupo en el periodo de enero a marzo alcanzó los 12.678,5 millones de euros, lo que representa una caída del 18% frente al primer trimestre de 2023.

Estas cifras de la eléctrica se vieron impulsadas por unas inversiones brutas que en el trimestre alcanzaron la cifra de 2.382 millones de euros, un 36% más, con un crecimiento del negocio de redes del 27%, hasta los 1.213 millones de euros debido, principalmente, a los nuevos rate cases en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, distribuyéndose la inversión en un 60% en distribución y un 40% en transmisión.

Por su parte, la inversión en el negocio renovable se impulsaron más de un 50%, hasta los 994 millones de euros, de los que 366 millones de euros se dirigieron a la eólica marina (+70%).

Iberdrola registró también una importante mejora de la generación de caja, con la entrada de caja en el primer trimestre de, aproximadamente, 5.400 millones de euros procedentes de la transacción de México.

El flujo de caja operativo (FFO) reportado por la compañía creció un 5%, hasta los 3.145 millones de euros, y un 14% si se excluye el impacto del déficit de tarifa de Reino Unido registrado en el primer trimestre de 2023.

La deuda financiera neta ajustada de Iberdrola a cierre de marzo se sitúa en 44.998 millones de euros, disminuyendo un 5,9% respecto a diciembre de 2023 gracias al cobro por la venta de México.

El movimiento de la empresa Saudí Telecom Company (STC) para hacerse con el 9,9% del capital social de la española Telefónica en septiembre de 2023 fue para muchos como recibir un impacto y obligó al Gobierno a tomar decisiones y a volver a la compañía, 27 años después de su privatización. Provocó además un debate sobre el desembarco de fondos extranjeros en entidades nacionales. Los investigadores del Real Instituto Elcano Haizam Amirah Fernández y Judith Arnal se han adentrado en las relaciones económico-financieras entre España y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin -ordenados de mayor a menor Producto Interior Bruto (PIB)-; y han sacado algunas conclusiones.

Para arrancar, han constatado que “la abundante riqueza generada por los hidrocarburos es uno de los elementos que determinan la importancia geopolítica de este bloque de países, así como su capacidad financiera para realizar cuantiosas inversiones fuera de su región a través de los fondos soberanos”. Las exportaciones de petróleo sobresalen respecto al resto de las asociadas a mercancías en esos estados, con la excepción reciente de Bahréin, que prácticamente “se ha quedado sin reservas”, según anotan los autores del análisis. Y hay otros indicadores que confirman la fuerte dependencia económica que tienen de los hidrocarburos, como el porcentaje que las rentas del crudo suponen sobre el global del PIB, aunque “ha ido cayendo en los últimos años”. De ahí que algunos de esos territorios se hayan embarcado en “planes para la diversificación de sus economías con el objetivo de reducir dicha dependencia” y se hayan fijado como meta “la sustitución gradual de la producción de petróleo y gas" por la de "bienes y servicios que no dependan de forma directa o indirecta del sector energético”. Buscan el reemplazo de "los ingresos estatales provenientes de los hidrocarburos por otras fuentes” de riqueza. Fue Emiratos el primero en iniciar ese camino y ya “se ha convertido en un hub comercial, logístico y financiero de la región”.

Amirah y Arnal explican en su informe que esas estrategias de diversificación económica están plasmadas en las llamadas “visiones nacionales” y “planes nacionales de desarrollo económico” con plazos temporales concretos hasta 2040 y algunos objetivos comunes. Desde el punto de vista financiero, “la mayor muestra del intento de diversificación son los fondos soberanos creados a partir de los ingresos obtenidos de la venta de hidrocarburos”, indican. En ese sentido, apuntan que seis de los 15 mayores fondos soberanos a nivel mundial pertenecen a países árabes del Golfo y concentran más de 3,4 billones de dólares -más de dos veces el PIB anual español y casi tres veces el volumen de activos del mayor fondo soberano del mundo, el China Investment Corporation-. El papel de esa herramienta para el avance económico es doble: por un lado, “realizan una función de banco de desarrollo local financiando proyectos estratégicos y participando en el capital de algunas empresas públicas que hacen de tractores de ciertos sectores”; y, por otro, “las actividades de inversión internacional de estos fondos están cobrando cada vez mayor relevancia por el creciente y cuantioso volumen de recursos que gestionan”, resumen los investigadores.

Las inyecciones de los fondos soberanos se producirían, a su vez, con otros dos fines: “La pura rentabilidad financiera” o “avanzar una visión estratégica, sea de índole política o económica”. Entre ellas hay que situar la maniobra de STC, cuya propiedad mayoritaria es del Public Investment Fund (PIF), sobre el 9,9% del capital social de Telefónica. Pero esa operación no ha sido la única que se ha producido en territorio español. “Otros fondos del Golfo ya habían adquirido participaciones relevantes en otras empresas estratégicas españolas. Por ejemplo, Mubadala y Qatar Investment Authority (QIA) son los principales accionistas de las empresas estratégicas Cepsa e Iberdrola, respectivamente”, se afirma en el análisis consultado por Infolibre. Es más, los artífices de este deducen, a partir de datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, que “en términos de stock de inversiones en 2021, EAU es el principal inversor con 5.635 millones”, seguido de Qatar “con 3.357”. Y les llama la atención que Arabia Saudí, pese a contar con la mayor economía de la región con diferencia, sea el tercero, "con un stock de 1.009 millones”.

Las cifras reseñadas sólo reflejan la inversión extranjera directa “en la que se ha tomado al menos el 10% del capital social de una empresa”. En relación a ese punto, Arnal expone que la Unión Europea (UE) “se está planteando la posibilidad de explorar un control de inversiones salientes”, que por ahora “no existe”; y respecto a las entrantes, “hay un reglamento de inversiones directas extranjeras que se aprobó en 2020, pero que simplemente es un sistema de coordinación para que haya un cierto control por parte de la Comisión en operaciones que se consideren de carácter transfronterizo”. Se ha propuesto una revisión de éste para “hacer que todos los estados miembros tengan que contar con un régimen de control de inversiones porque hay algunos como Grecia, Chipre, Irlanda o Bulgaria que ni siquiera lo tienen todavía”, desvela. En definitiva, es una materia que, a su juicio, “sigue estando bastante en manos de los estados miembros y con requisitos propios de cada país”. En España, para la investigadora, “como se vio con Telefónica, la normativa ofrece interpretaciones diversas y otorga al Gobierno bastante poder a la hora de decidir si una empresa como STC entra en el capital de otra española o no”.

¿Qué intenciones tienen estos países al introducirse en entidades que pueden ser estratégicas? “Hablando con personas que están sobre el terreno allí –asevera Arnal– nos dicen que a su modo de ver no persiguen tanto un interés de control de la empresa con arreglo a motivos geopolíticos, sino que tienen tal cantidad ingente de fondos soberanos que muchas de las inversiones se llevan a cabo con criterios de rentabilidad”. Amplía el argumento: “Si consideraron que la acción de Telefónica estaba a un precio razonable, que, lo está, no hay más que ver la evolución de la cotización de la compañía en los últimos tiempos, pues es probable que haya sido una decisión guiada por criterios estrictamente de rentabilidad financiera y que no haya ningún motivo geopolítico por detrás”. Pero también cree “importante” señalar que “es difícil conocer con exactitud cuáles son las inversiones reales de estos países en España porque el Registro de Inversiones Extranjeras sólo recoge las que suponen la toma de al menos del 10% del capital de una empresa”. Es más, la llegada de STC a Telefónica, aún no autorizada plenamente por el Ejecutivo, “aunque lo hubiera estado, al ser el 9,9%, no hubiera quedado capturado en esas estadísticas”, avisa. Y añade: “Por eso decimos que sorprende que Arabia Saudí sea el tercer país inversor en España, a pesar de que es el que tiene mayor peso económico”.

En definitiva, “todo lo que cae por debajo del 10%, que puede ser mucho, no se refleja. Ahí hay un agujero de información bastante significativo”, por eso recomiendan “tener datos granulares para conformar una imagen completa y poder ver cuáles son los motivos reales por los que países que, en principio tienen unos valores alejados de los de España, están invirtiendo”. A su entender, si sólo se manejan “datos del más del 10% o de operaciones sonadas como pueden ser las de Telefónica o Iberdrola” cabe "pensar que es una cuestión de rentabilidad financiera”, pero al no tener “todo el dibujo”, no se puede “saber qué sectores les interesan más, por ejemplo”. Y conocer dónde están depositando capital, “puede dar pistas”, lanza. “Si se ve que lo están haciendo en transición ecológica o en determinados tipos de tecnologías, puedes empezar a tener indicios de qué es lo que les interesa, pero esa información no la tenemos”, lamenta. Es más, se plantean pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “datos hasta el 3% del capital social en empresas cotizadas”. Si bien, en cualquier caso, “todo lo que sean participaciones por debajo del 10% del capital social en empresas no cotizadas” seguiría siendo un agujero negro. Y ello, en España, “con todo el mapa empresarial que hay, en el que las empresas habitualmente tienden más a la financiación bancaria que a la alternativa a través de mercados”. “Es un hueco de información importante", recalca la investigadora.

En esa telaraña, de acuerdo al informe desgranado, “más del 86%” de las inversiones de los países árabes “procede del sector público”, lo que encaja con la relevancia que “tienen los fondos soberanos”. Dentro del mapa nacional y desde una perspectiva regional y sectorial, los dos investigadores destacan que “la Comunidad de Madrid recibe más del 80% de los flujos de inversión públicos" de Emiratos, que "se concentran en más de la mitad en el sector de coquerías y refino de petróleo”. De su lado, Cataluña “se beneficia de más del 90%" de la oleada qatarí, "focalizados principalmente en el sector de servicios de alojamiento”. Y la Región de Murcia “es destinataria de más del 90%" del dinero público procedente de Arabia Saudí, que va a parar a "la fabricación de productos de caucho y plásticos”. Los flujos de Kuwait se los reparten entre Madrid y Cantabria y se centran "en el sector del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”.

En términos de seguridad jurídica y riesgo país, la puntuación varía, aunque Arabia Saudí, EAU y Kuwait “obtienen buenas puntuaciones, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, a la luz del documento diseccionado. Más allá de esos parámetros, y a pesar de que se ha progresado, estos países suelen aparecer en estudios de organizaciones como Amnistía Internacional vinculados a vulneraciones de derechos como el de la libertad de expresión y de asociación, a abusos de trabajadores migrantes, o a discriminación de las mujeres y las personas LGBTI.

Dos tipos de noticias brotan del campo. Las primeras muestran impotencia, cabreo, miedo. Las tractoradas son una viva expresión de este humor sombrío. Se habla de márgenes mínimos, fincas entrampadas, falta de relevo. El segundo tipo de noticias es muy distinto. Ya no suena el rugido de los motores, sino el tintineo de la abundancia. El sujeto no es el agricultor apesadumbrado, no digamos el jornalero precario, sino un inversor que pone sus ojos en el agro, seducido por la promesa de altas rentabilidades.

Es un fenómeno global, que se ha dado primero en Estados Unidos: el gran dinero corre hacia el negocio agrícola. Allí el magnate tecnológico Bill Gates se ha convertido en el principal terrateniente del país y meter millones en la agricultura es la moda entre estrellas de la televisión –Oprah Winfrey– o de la NBA –Blake Griffin–. Esos vientos llegan a España. ¿Un ejemplo? Futbolistas como Sergio Ramos. No es el único.

Pero este baile de nombres no es más que la superficie de una corriente mucho más profunda: el frenesí mercantil en torno al suelo rústico. Entre enero y octubre de 2023 las compraventas en España se acercaron a 125.000, un 5,4% por encima de los datos precovid. En noviembre subieron un 10,6% con respecto a octubre. Aunque la mayoría de operaciones, más del 90%, se realizan entre pequeños y medianos propietarios, despunta un tipo de empresa con un papel cada vez más destacado: el fondo de inversión.

Múltiples factores, como la creciente población mundial y la posibilidad de abaratar costes mediante la economía de escala, han convertido al campo en lo que se conoce como un "valor refugio", especialmente tentador en tiempos de inestabilidad geopolítica. Las rentabilidades se sitúan entre el 5% y el 10%, según distintos balances del sector. Algunos números. 1) La inversión de los fondos en España en 2022 superó los 1.000 millones, un 20% que en 2021. 2) Las previsiones para el cierre de 2023 superan los 2.000 millones, todo ello según datos de la consultora CBRE, de las más influyentes en sector.

En España despuntan en el llamado agribusiness fondos tanto nacionales como internacionales. infoLibre ha realizado una selección, tomando como referencia el informe de 2023 sobre el negocio del suelo rústico de la firma especializada Cocampo y la opinión de diversos profesionales del sector.

Entre los campeones nacionales figura Atitlan, el grupo inversor impulsado en 2005 por Roberto Centeno –yerno del presidente y máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, con una de cuyas hijas está casado– y Aritza Rodero, ambos con pasado en Goldman Sachs. A diferencia de la mayoría de sus competidores, Atitlan no invierte dinero de terceros, sino propio. En este caso, suma más de 1.000 millones en activos, repartidos en al menos diez empresas. ¿De qué? De todo. Accesorios de baño y cocina, cría de lenguado, fabricación de pistas de pádel, servicios inmobiliarios y logísticos... Y agricultura. Todo tiene el mismo sello: sectores oportunidad, inversión, tecnificación de procesos, perspectiva de venta con beneficios. Es una rueda que no deja de girar.

También gira en el campo. La empresa agrícola del grupo es Elaia, con sede en Valencia, que desde su nacimiento en 2007 ha desarrollado más de 20.000 hectáreas de cultivos, la mayoría en alquiler, para naranjas, mandarinas, limones, aguacates, almendros y olivos en más de cien finas de España, Portugal y Marruecos. En noviembre Atitlán amplió su apuesta alcanzando un acuerdo con Agnbro Capital, propiedad del empresario José Tomás Pérez, para integrar en Elaia más de 800 hectáreas de pistacho en Castilla La Mancha y pasar así a gestionar 3.200 de este cultivo en toda la Península. Elaia ha pasado a ser "accionista de referencia" de Agnbro, explica un portavoz de Atitlan, que además comercializa cítricos a través de Guillem Export.

Atitlan, con sedes en Madrid, Valencia y Oporto, no sólo compra. También vende. Se trata de eso. La venta de las ramas de almendro y olivo al grupo andaluz De Prado, de una familia histórica de la explotación agraria cordobesa, fue el "hito más importante" y con "mayor impacto" en la cuenta de resultados del grupo en 2022, último año publicado, cuando Atitlan cosechó unos beneficios de más de 73 millones de euros.

Al igual que Atitlan, Beka Finance tampoco se dedica en exclusiva al campo. Esta firma con sede en Madrid y 30.000 millones bajo gestión –no propios– invierte allí donde haya oportunidades de "creación de valor": tecnología, educación, ocio, restauración. Y agricultura. En 2021 la compañía hizo una "apuesta por la agricultura sostenible española con el fichaje de Miguel Arias Cañete" como presidente de honor del comité de inversión de su capital riesgo Beka&Bolschare Iberian Agribusiness Fund, puesto desde el que el exministro asesora sobre "oportunidades de inversión", entre otras materias.

Un portavoz de Beka explica que en el arranque de este fondo agrícola, al estudiar la "normativa europea de sostenibilidad" y ante el "negocio que se puede abrir con los derechos de carbono", se consideró que el extitular de Agricultura con José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2014) y excomisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático (2014-2019) "aportaba bastante" tanto por el "conocimiento del sector" como de las reglas comunitarias. Cañete "sigue ayudando" actualmente, añade.

Beka&Bolschare Iberian Agribusiness Fund surge ante las "revoluciones" que experimenta el negocio agrario, que tiene "mucho recorrido" para la mejora en "eficiencia" y "sostenibilidad", según el portavoz de la compañía, que afirma que su modelo crea "más riqueza, más empleo y de más calidad" que el tradicional. El fondo ha recabado entre 65 y 70 millones euros, de los que están invertidos ya tres cuartas partes para la compra de unas 1.500 hectáreas de olivar en el Alentejo portugués y unas 400 de almendro cerca de Talavera de la Reina (Toledo).

El negocio se basa en un modelo de propiedad de la tierra minoritario en la inversión agrícola en comparación con el alquiler. Beka prevé abrir un segundo fondo para compra agrícola antes de final de año. Los principales nombres de la compañía son Carlos Tejera, presidente y máximo accionista; Carlos Stilianopoulos, director general; y Borja de Roda, director general de la división de gestión de activos.

El nombre de Azora suele ir ligado a la inversión inmobiliaria. Con más de 9.000 millones bajo gestión, el grupo inversor fundado en 2003 por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, ambos provenientes del Grupo Santander, fue noticia en 2023 por la condena a una de sus filiales por cláusulas abusivas, en una sentencia en primera instancia en Barcelona considerada "histórica" por el movimiento por la vivienda digna y que ha sido recurrida. Pero los intereses de Azora, con sedes en Madrid y Miami, van mucho más allá del ladrillo residencial y hotelero. ¿Alcanzan el terreno agrícola? Sí. En 2022 Azora compró el 33% –porcentaje que aún mantiene– de ISFA, empresa con sede en Vitoria (Álava) que explota más de 10.000 hectáreas de almendros en la Península.

Miura Partners, con sedes en Madrid y Barcelona y más de 1.000 millones en activos, juega a múltiples barajas, con participaciones que van de la aceituna de mesa a la formación continua, del ocio al aire libre a los tratamientos por radiofrecuencia, de los seguros a la cocina mediterránea. Porque lo que distingue a estas compañías no es el sector, sino el método. Miura recaba dinero para sus fondos, sean de bancos, fondos de pensiones, sociedades patrimoniales, universidades... En su inmensa mayoría, capital extranjero. Y lo invierte allí donde ve posible rentabilidad.

En el caso del agro, su participación está en Citri&Co, productor y comercializador internacional de cítricos con cuartel general en Sollana (Valencia). Sus números imponen: trabaja sobre unas 30.000 hectáreas y su facturación anual ha alcanzado los 700 millones. El socio fundador y director general de Miura es Luis Seguí, con largo currículo en lo que en jerga se llama fundrasing, es decir, lograr fondos para invertir.

Los fundadores de Portobello Capital, con sedes en Madrid y Luxemburgo y más de 2.000 millones bajo gestión, son Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras y Luis Peñarrocha, que han impulsado la entrada de la compañía en el accionariado de empresas de residencias de mayores (Vitalia Home), servicios jurídicos (Legálitas), inspección de vehículos, supermercados, hoteles o alimentación para mascotas. La relación de Portobello con el campo se traba con la entrada en julio de 2023 en Eurocebollas, donde tiene un 38%. Eurocebollas es una empresa fundada en 1980 por la familia Alberola en Alzira (Valencia) y que se presenta como "líder" en ingredientes listos para usar, sobre todo de cebolla. Eurocebollas, explica un portavoz, prevé plantar en marzo 700.000 hectáreas alquiladas de cebolla y ajo

ProA Capital, el fondo con sede en Madrid dirigido por Fernando Ortiz, ex del BBVA, es otro ejemplo de lo que en el mundillo se llama una "cartera diversificada", que en su caso incluye empresas de componentes de aviación, formación, higiene, servicios ofimáticos o pasta y otros productos de alimentación (Gallo). Entre sus participaciones figura la de Moyca, empresa especializadas en producir, envasar y comercializar uva de mesa sin pepita. La firma explota unas 2.200 hectáreas en Murcia, Alicante, Almería y Badajoz.

¿Y el terreno internacional? En realidad, la pista de algunas de las empresas ya citadas lleva fuera de España. Dos ejemplos:

– Citri&Co, en la que tiene presencia Miura Partners, firmó un acuerdo en 2022 con PSP, una macrogestora de fondos de pensiones de funcionarios públicos de Canadá. El trato consiste en que PSP, que controla activos por unos 200.000 millones de euros, adquiere propiedades agrícolas, mientras que Citri&Co las explota y gestiona sus frutos.

– Eurocebollas, participada al 38% por Portobello Capital, también es en un 7% del grupo francés de ingredientes Solina, del que a su vez es accionista el capital riesgo galo Astorg.

El campo atrae a poderosos capitales internacionales, como el banco británico HSBC, que en 2022 compró 400 hectáreas en Extremadura para almendros. Más. El año pasado el fondo estadounidense Solum Partners entró en el accionariado de Agrupapulpí, empresa nacida en 1981 con origen familiar que tiene más de 2.100 hectáreas propias en Almería, Murcia y Granada para lechuga, brócoli y sandía, entre otros productos. El vendedor fue otro fondo, Magnum Partners, con sedes en Madrid, Lisboa y Luxemburgo.

Una particularidad de Solum: es un fondo vinculado a la Harvard Management Company, gestora de activos de la prestigiosa universidad estadounidense, de la que se escindió en 2020 aunque desde entonces han compartido activos en el terreno agrícola. Con más de 1.700 millones de euros gestionados, Solum está liderada entre otros por al menos cuatro antiguos directivos del fondo de Harvard. Uno de ello es Colin Butterfield, CEO de la compañía.

¿Más nombres internacionales? Fiera Capital, macrogestora canadiense con más de 140.000 millones bajo gestión, posee el 100% de Innoliva, con 8.000 hectáreas en producción agrícola en España y Portugal. Más modesta es Fremman Capital, una boutique inversora con oficinas en Londres, París, Munich, Luxemburgo y Madrid, que tiene una posición en Bollo Natural Fruit. El fondo SLM Partners, con sedes en Reino Unido, Estados Unidos, Australia e Irlanda, especializado en agricultura y que suma 285.000 hectáreas gestionadas en todo el mundo, compró 300 en Murcia en 2022 para almendros, pistachos y olivos.

Distinto es el caso de CVC Capital Partners, una empresa con destacados galones en España, donde es accionista de Naturgy, la Liga de Fútbol Profesional, la Universidad Alfonso X el Sabio y Vitalia Home. Especialmente polémica fue su entrada en La Liga, de la mano de Javier Tebas, en una operación de 2.700 millones que recrudeció la guerra con la Federación Española de Fútbol. A estas posiciones se suma casi un 57% en Deoleo, multinacional con sede central en Madrid que se presenta como "líder mundial del aceite de oliva" y que aunque no produce directamente el oro líquido, tiene un papel destacado como comprador en el campo español. Entre las marcas de Deoleo están las populares Carbonell, Koipe y Hojiblanca. Deoleo lleva meses envuelta en rumores de venta. Ha sonado como posible comprador al grupo emiratí IFFC, si bien Ignacio Silva, presidente de la compañía aceitera, lo ha desmentido.

El juego del gato y el ratón al que se aplican con entusiasmo los evasores fiscales y las autoridades de todo el mundo es una partida interminable. También muy creativa. Pese a los esfuerzos de muchos gobiernos para tapar los agujeros por donde se les escapan los contribuyentes menos inclinados a pagar impuestos, la maquinaria de huida siempre encuentra cómo seguir funcionando. Pero no siempre es necesario recurrir a mecanismos ilegales. Porque los propios gobiernos crean esquemas que facilitan a grandes contribuyentes considerables ahorros en sus facturas fiscales, en principio con el objetivo de aumentar el atractivo económico de su país, acogiendo a trabajadores cualificados, ejecutivos o artistas, por ejemplo, y mejorar así su base imponible captando a contribuyentes ricos de otras naciones.

Es lo que ocurre con los llamados regímenes preferenciales, que se han convertido en una de las nuevas formas de competencia fiscal entre los países para atraer a grandes contribuyentes, junto con los subsidios para productores de energías verdes, según el diagnóstico del Observatorio Fiscal de la UE, una institución cofinanciada por la Unión Europea y alojada en la Paris School of Economics. El informe sobre la Evasión fiscal global de 2024, que firman Annette Alstadsæter, Sarah Godar, Panayiotis Nicolaides y Gabriel Zucman, detalla la evolución de estos regímenes, que han ganado protagonismo con los años.

De hecho, en 1995 sólo existían cinco en la Unión Europea y el Reino Unido, pero en 2023 ya eran 30. El español, el Régimen Fiscal Especial para Impatriados, conocido como Ley Beckham, permite a los extranjeros que se trasladan a España por motivos laborales tributar como no residentes durante un periodo de seis años; es decir, a un tipo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros, y del 47% a partir de esos ingresos anuales. En enero del año pasado, se flexibilizó aún más el régimen, reduciendo de 10 a cinco años la residencia mínima en España, y ampliándolo a los profesionales altamente cualificados contratados por empresas emergentes o que lleven a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, incluyendo los llamados nómadas digitales y los administradores societarios.

Existen tres tipos de regímenes preferenciales: los que ofrecen una fiscalidad especial para los ingresos obtenidos en el extranjero diferente a los tipos impuestos a los que se generen en el país, los que están destinados a determinados grupos de profesionales o actividades, como científicos, artistas y deportistas, y los que ofrecen condiciones fiscales ventajosas para los pensionistas. En total, según el estudio del Observatorio fiscal de la UE, en Europa –incluyendo al Reino Unido– 262.999 personas se benefician de estos esquemas, unos 30.000 más que en 2021. En conjunto los descuentos fiscales que consiguen estos contribuyentes hacen perder a las Haciendas europeas un total de 7.467 millones de euros. De media, cada uno de los beneficiados se ahorra en impuestos 34.300 euros al año.

Para hacerse una idea cabal del volumen de recaudación al que se renuncia, el informe lo compara con el presupuesto anual del programa Erasmus, 3.300 millones de euros o los 9.800 millones que costó el acuerdo del Brexit con el Reino Unido en 2023. Esos 34.300 euros anuales equivalen a tres salarios mínimos franceses –16.214 euros al año, superior a los 15.876 euros del español tras su reciente subida–.

Al régimen de impatriados español se acogieron en 2020, último año del que ha obtenido datos el Observatorio Fiscal de la UE, 9.852 expatriados, a los que Hacienda les ha perdona unos 134 millones de euros anuales. Se trata de una estimación realizada por los investigadores de la institución, puesto que el Gobierno no les ha facilitado sus números. Es decir, cada extranjero obtiene de media un beneficio fiscal de 13.601 euros anuales. Y eso es el cuádruple de la cantidad que paga a Hacienda cada año de media un contribuyente español.

El Observatorio también clasifica los distintos regímenes preferenciales según el perjuicio que ocasionan a sus respectivas haciendas nacionales. España se sitúa exactamente en la mitad de ese ranking. Los más onerosos para las arcas públicas son los de Grecia e Italia –ambos para contribuyentes por encima del medio millón de euros–, seguido del suizo –por encima de 900.000 euros– y del chipriota. Los que más beneficiarios tienen son los de Reino Unido –44.400–, Países Bajos –92.048– y Portugal –27.367–. Y los que más dinero cuestan a sus respectivas Haciendas son el británico, con una pérdida de recaudación de 3.200 millones de euros; el holandés, que se deja unos ingresos de 1.100 millones; y el portugués, con 893 millones de euros menos. Sin embargo, los más generosos per cápita resultan ser el de Grecia –156.896 euros de ahorro fiscal por contribuyente extranjero–, Italia –128.266 euros–, Suiza –72.000 euros– y Reino Unido –69.264–.

No sólo en España el ahorro fiscal para estos contribuyentes privilegiados es un agravio frente a los impuestos que paga el contribuyente medio. En Grecia, el descuento obtenido por un extranjero acogido a su régimen especial equivale a 134 veces la factura fiscal abonada de media por un ciudadano nacional; en Italia, es 30 veces superior y en Portugal, 19 veces. Incluso en Suiza la brecha es considerable: 13,5 superior.

Además, destaca el Observatorio Fiscal de la UE, estos esquemas son regresivos. En ciertos casos permiten a los extranjeros pagar una cantidad fija –el italiano, por ejemplo: 100.000 euros al año y 25.000 por cada hijo– por los ingresos obtenidos fuera del país, mientras tributan con el tipo ordinario por sus ingresos nacionales. O bien el tipo al que tributan es menor que el aplicado a los contribuyentes locales, como en Finlandia, donde los extranjeros pagan un 32% y los finlandeses el 37% o más. Los científicos extranjeros en Italia se ahorran el 90% de sus impuestos por la actividad que desarrollen mientras residan en el país. En Portugal, los pensionistas extranjeros empezaron no pagando impuestos cuando en 2009 empezó a aplicarse el régimen especial, se elevó hasta el 10% en 2020 y se anunció su supresión en octubre de 2023, tras años de polémica. Entre otros motivos, se culpa al Programa para Residentes no Habituales (RNH) de la subida del precio de las viviendas.

En efecto, no se trata sólo de la pérdida de recaudación, estos regímenes preferenciales tienen otros problemas añadidos: también facilitan el fraude –algunos permiten tributar menos a los extranjeros aunque no tengan un contrato o un negocio en el país– o, si están ligados a programas de visas oro –ciudadanía a cambio de la compra de una vivienda o una inversión– pueden suponer un problema de seguridad o disparar los precios de los inmuebles. Viviendas que, a su vez, pueden utilizarse para el blanqueo de capitales o eludir sanciones internacionales.

No obstante, parece improbable que estos regímenes decaigan en popularidad. Al menos es lo que augura el Observatorio Fiscal de la UE. El auge de los nómadas digitales es uno de los motivos. Cada vez son más quienes teletrabajan, por lo que aumenta igualmente el número de quienes pueden hacerlo desde el extranjero. “Así, para los residentes no domiciliados, crece el atractivo de los regímenes fiscales que les permiten no pagar impuestos en su nuevo país de residencia por los ingresos que obtienen en el extranjero. Además, los gobiernos se verán tentados a ofrecer regímenes fiscales preferenciales como complemento de los incentivos en el impuesto de sociedades”, advierte el informe.

Despistados por el incesante carrusel de acontecimientos "históricos" que a la semana son pasto del olvido, no hemos prestado suficiente atención a algo que no me atrevería a calificar de histórico –me resisto a ese adjetivo con tan poca perspectiva–, pero sí desde luego de bastante novedoso. Se ha producido, sin llamar demasiado la atención, el desmentido rotundo –puntual, pero rotundo– de esa extendida creencia según la cual la política jamás roza los intereses de los más poderosos. Esta vez, no ha sido así. Al menos, esta vez.

Al grano. Me refiero al impuesto a las energéticas y a la banca, que el Gobierno ha anunciado que mantendrá, bien es cierto que con un retoque/compensación para las energéticas. Poca broma: hablamos de mucho dinero, casi 3.000 millones sólo en el primer año que han salido directamente de las cuentas de la superélite empresarial española: Santander, Caixabank, Sabadell, Iberdrola, Repsol, Naturgy... Hablamos de la crème de la crème de dos sectores tenidos por inaccesibles para los poderes terrenales. Pues bien, resulta que a todos esos gigantes corporativos el Gobierno les ha tocado el bolsillo –y las narices– con el famoso impuesto.

Y no han sido los únicos bolsillos –y narices– que el impuesto ha tocado. Los lectores de infoLibre, donde venimos publicando una investigación sobre los fondos de inversión internacionales, su penetración en diversos sectores, su capacidad de presión y su alianza con la aristocracia capitalista española, saben que entre los damnificados hay mucho más que pesos pesados del IBEX. Porque detrás de estos hay bestias aún mayores. Como Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, máxima accionista de Santander (que ha pagado 224 millones), BBVA (225 millones), Sabadell (157 millones) y Repsol (450 millones). O como Qatar, cuyo fondo soberano QIA es máximo accionista de Iberdrola (que ha pagado 213 millones). O como Emiratos Árabes, cuyo fondo soberano Mubadala está al frente del accionariado de Cepsa (que ha soltado 323 millones). No es moco de pavo.

Ojo, no querría incurrir aquí en una lectura ingenua. Es innegable que los beneficios de banca y energéticas siguen siendo espectaculares incluso tras pagar los impuestos, y que los dos oligopolios mantienen la misma posición privilegiada. Y también lo es que para las megagestoras estadounidenses y los fondos soberanos árabes la merma de beneficios es casi calderilla. Pero es igualmente innegable –y es justo reseñarlo– que una medida salida de la política, esa que según el tópico jamás le tose a los de siempre, ha mantenido esta vez el pulso a gente muy poco acostumbrada a que le aguanten un pulso.

¿A ustedes no les ha sorprendido? ¿No ha tenido un punto sorprendente, más cuando el Gobierno acredita cierta propensión al temblor de piernas en la escena decisiva? ¿Cuántos, durante la legislatura pasada, cuando el PSOE y Unidas Podemos debatían el impuesto, podían pensar no sólo que acabaría aprobándose, sino que lograría una recaudación masiva? Pocos, me atrevería a decir. ¿Y cuántos, en el momento en que los directivos de las empresas afectadas empezaron a quejarse y a advertir de una reacción contra España de los sacrosantos "inversores", pensaron que el famoso impuesto tenía las horas contadas? Muchos, probablemente.

Y, sin embargo, ahí sigue el impuesto, pese a todas las presiones, todas las advertencias, todos los negros presagios. ¿Se han cabreado los afectados? Mucho. ¿Intentarán resarcirse por otro lado? Ya lo están haciendo. Pero no querría desviarme de lo esencial de este asunto: ahí están las grandes empresas pagando lo que no querrían pagar y Hacienda cobrando. El dinero ha cambiado de sitio. Y nada se sabe de la famosa fuga de inversores. Así que hay que preguntarse: ¿qué otras cosas sorprendentes podrían pasar si, simplemente, se hicieran?

La estrategia de inversión impulsada por China o el desembarco de Arabia Saudí en Telefónica, que derivó en la entrada en la compañía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); o los movimientos de fondos como Blackrock, presente en la propia Telefónica, en Repsol o Iberdrola y que no para de extender sus redes y ha anunciado la compra por 11.413 millones de Global Infrastructure Partners (GIP), con lo que sumará presencia en la gasística española Naturgy; han provocado que se ponga la lupa en este tipo de operaciones, que no siempre siguen un camino predecible.

No está sucediendo sólo en España, es un fenómeno global, del que no se ha escapado la Unión Europea. De hecho, las entradas de inversión directa extranjera recibidas en la UE ascendieron “aproximadamente a 117.000 millones de euros en 2021”, según consta en un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo rotulado como Control de las inversiones extranjeras directas en la UE. La apertura a esas inyecciones económicas procedentes de inversores exteriores, entendiendo éstas como las realizadas por una persona física o empresa, ya sea privada o pública, de un tercer país ajeno a la Unión, es uno de los principios fundamentales del mercado interior común. Pero “las percepciones han cambiado como consecuencia de la preocupación por la falta de reciprocidad y del nuevo entorno geopolítico, así como de una mayor concienciación sobre las vulnerabilidades derivadas de las dependencias de la UE”, admite el equipo auditor que ha llevado a cabo dicho informe.

En el trabajo se advierte de que, a pesar de que esas actuaciones se consideran “en general beneficiosas para las economías de acogida y de origen" y para "las empresas” que las hacen, “ha ido aumentando la gravedad de los riesgos asociados” a las mismas, “especialmente en casos relacionados con la autonomía estratégica y los activos (por ejemplo, centrales nucleares o puertos), sectores sensibles (por ejemplo, aquellos que implican insumos críticos de defensa, como semiconductores o microchips de doble uso), o la transferencia de tecnología sensible a un tercer país cuyas intenciones estratégicas no se ajustan a los intereses de la UE”.

La UE dio un paso adelante en 2020 y armó un cerco para tratar de vigilarlas: el Reglamento 2019/452, que se parió con el fin de garantizar un enfoque coordinado de supervisión de las inversiones extranjeras directas en sectores vitales para la seguridad y el funcionamiento de la economía de la Unión y salvaguardar los intereses europeos en esos ámbitos. Los auditores del Tribunal de Cuentas han analizado su aplicación y han concluido que “la Comisión ha adoptado medidas adecuadas para establecer y aplicar un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la UE”, si bien “siguen existiendo limitaciones significativas en toda" la Unión que "reducen la eficacia y la eficiencia" en "la prevención de los riesgos de seguridad y de orden público”. Hacen notar que seis estados miembros no disponían de un mecanismo de control de la inversión extranjera en septiembre de 2023 y además “existen diferencias de alcance y cobertura en cuanto a la determinación de cuáles son los sectores críticos y a la interpretación de conceptos fundamentales”. Esto crea, a juicio del equipo del Tribunal de Cuentas Europeo, “múltiples ángulos muertos” que “comprometen la protección efectiva de toda la UE”, avisan.

Los autores del informe arrojan luz, asimismo, sobre el hecho de que los países no están obligados a informar a la Comisión ni a los otros estados de “sus decisiones definitivas” en los casos en que estos dos últimos “emitan dictámenes o envíen observaciones que identifiquen posibles riesgos para la seguridad o el orden público”, a lo que se añade que “las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes" para los integrantes de la Unión, "aunque estén en juego los intereses generales de la UE”.

A lo desgranado se suma que el Reglamento puede dar lugar a distintas interpretaciones de conceptos como «impacto probable» y, debido a la concepción de aquél, “no se aplican sistemáticamente normas comparables a situaciones comparables”, en particular, “en el tratamiento del comercio intra-UE de entidades que sean propiedad o estén bajo el control de una entidad extranjera, o de inversiones de cartera -el TJUE ha descrito éstas como adquisición de títulos en el mercado de capitales efectuada con la única intención de realizar una inversión y no de influir en la gestión y el control de la empresa-”. Además, los países “pueden determinar por sí mismos el alcance de la seguridad y el orden público” y no tienen el deber de “informar a la Comisión del resultado de sus decisiones de control”, lo que dificulta “la tarea de la Comisión de supervisar la aplicación del marco” común.

Los consultores detectaron igualmente "divergencias significativas" entre las herramientas de supervisión de las transacciones extranjeras en el mapa europeo, o que la Comisión "no ha completado ninguna evaluación formal del cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en el Reglamento". Esto permite que "buena parte" de esas inversiones se escapen al control y hace que "el sistema se sobrecargue con un número considerable de casos de bajo riesgo o no admisibles". A juicio de los autores del estudio, se han puesto en marcha "operativas, sistemas informáticos y recursos" apropiados para gestionar la actual carga de casos derivada del mecanismo de cooperación y se han elaborado informes anuales, aunque creen que los datos facilitados por la Comisión y los estados "no son suficientes para evaluar la eficiencia y la eficacia del control" de las operaciones extranjeras y la cooperación bajo el paraguas de la UE.

Despiezadas sus observaciones y tras el diagnóstico, los auditores formulan una serie de recomendaciones para implementar en 2024 que pasan por introducir modificaciones en el Reglamento ligado a las inversiones extranjeras para “incluir el requisito de que todos los estados miembros establezcan mecanismos de control” y por aclarar conceptos clave como “la definición de riesgo ‘posible’, adaptándolo claramente al concepto de ‘amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad’". Abogan también por “cubrir explícitamente las inversiones efectuadas en la UE por una empresa de propiedad extranjera económicamente activa" en la eurozona o transacciones mediante las cuales el ente exterior "adquiere un objetivo extranjero con filiales en la UE".

Del mismo modo instan a convertir en obligación el que los países "faciliten a la Comisión y a otros estados miembros, según el caso, observaciones sobre el resultado de sus decisiones de control" y a la "eliminación de los actuales ángulos muertos e ineficiencias". Apuestan, para finalizar, por otras cuestiones como evaluar los engranajes nacionales para velar por el cumplimiento "de las normas reglamentarias" y por "racionalizar algunas prácticas, como el control previo y la armonización de criterios, plazos y procesos" o mejorar el proceso de notificación en el espacio de la Unión.

El director de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha indicado este jueves que el organismo calcula que unos 26.000 millones de euros de los fondos Next Generation son los que por el momento han llegado o están a punto de llegar a la economía real, es decir, a las empresas adjudicatarias.

Gavilán, que ha participado en unas jornadas económicas organizadas por la APIE, ha dicho que este cálculo está sometido a un "elevado grado de incertidumbre", pero que según los datos que maneja el Banco de España, entre 2021 y 2023 se han transferido ya a la economía real unos 26.000 millones de euros.

De esta cifra, ha aclarado que es posible que una parte no esté aún en manos de las empresas destinatarias, pero estas sí conocen ya el importe que se les ha adjudicado y saben que podrán tenerlo a disposición en un "futuro cercano", según recoge Europa Press.

Asimismo, ha precisado que esta estimación está realizada teniendo en cuenta, como ha sucedido en los ejercicios previos, que en los últimos meses del año se acelerarán las adjudicaciones. "Esta estimación de 26.000 millones lo asumen así, si no, el impacto sería menor", ha aclarado.

A la vista de estos datos, Gavilán ha indicado que el Banco de España calcula que los fondos de la UE y las reformas estructurales derivadas de los mismos aportarán medio punto al crecimiento del PIB este año, estimado en un 2,3%, por debajo de las siete u ocho décimas que aportó en 2022 y similar a algo menos de medio punto que mejoró el PIB en 2021. De esta manera, en los tres años de aplicación de los fondos, el PIB habría mejorado alrededor de 1,7 puntos adicionales.

Igualmente, Gavilán ha indicado que si se aprovechan al máximo tanto los fondos de la UE como las reformas estructurales, el crecimiento potencial de la economía española, situado ahora en el 1% de manera inercial, podría pasar al 2% en los próximos años. "Se trata de un incremento del 100% en el caso de que se maximice el potencial transformador de los fondos", ha subrayado.

En cuánto a cómo se están repartiendo los fondos, el director de Economía del Banco de España ha afirmado que son las grandes empresas las que mayoritariamente se están adjudicando la licitación de dichos fondos, pero en cambio, las pymes están liderando las subvenciones, básicamente debido al programa del 'Kit Digital', destinado precisamente a pequeñas y medianas empresas.

Además, ha añadido que están constatando que las empresas que han recibido fondos de la UE están acelerando más sus inversiones que cuando han recibido otro tipo de licitaciones, por lo que, según Gavilán, se está demostrando que otros proyectos no están teniendo tanto "efecto tractor" como los fondos 'Next Generation'. No obstante, ha matizado que se ha analizado a un número pequeño de empresas y habrá que ver que traslación tiene este efecto en términos agregados sobre la inversión total.

Por último, ha indicado que aún es pronto para valorar "con rigor" el impacto estructural de los fondos europeos y de las reformas asociadas a los mismos; ha pedido un mayor y mejor acceso a las estadísticas oficiales para poder analizarlos; ha reclamado una extensión de los plazos para su ejecución y ha apelado a la necesidad de usar estas inversiones extra para acelerar el proceso de consolidación fiscal.