En esta información, infoLibre identifica a los militares únicamente con sus iniciales. Aunque sus nombres completos aparecieron en la documentación desclasificada por un fallo en la anonimización, este medio ha optado por no reproducirlos por razones legales y de protección de datos.

Tres oficiales del Ejército a los que se situaba dentro de la corriente progolpista tras el 23-F acabaron ascendiendo a los niveles más altos del escalafón militar. Todos ellos aparecían señalados en una nota del Ministerio del Interior, que forma parte de los documentos que acaban de ser desclasificados por el Gobierno, como partidarios de un golpe de coroneles. Algo que, sin embargo, no lastró su carrera. Los tres militares terminaron llegando a generales. Es decir, a la cúpula del Ejército.

Tras la asonada protagonizada por Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, los servicios de información se pusieron manos a la obra. Y empezaron a tomar el pulso en los cuarteles, donde el ruido de sables seguía siendo atronador. "Lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra", advertía al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) –los servicios secretos de la época– el coronel José Faura. En una misiva fechada un año después de la intentona golpista, el oficial avisaba que el ambiente se estaba "enrareciendo" y recomendaba vías de actuación para "disiparlo".

Labores de inteligencia que también se pusieron en marcha desde el Ministerio del Interior. Prueba de ello es una nota informativa con el asunto "Involucionismo político provocado por un posible golpe militar. Su incidencia en Valladolid". A lo largo de tres páginas se describen corrientes progolpistas a nivel nacional. Y se hace una valoración de riesgos en la provincia. En este sentido, el informe recoge media docena de militares partidarios de un "cambio fascista" con acciones violentas, ocho a favor de un "golpe de Coroneles" y tres que aspiraban a un "Gobierno de Gestión" con "militares y tecnócratas", si bien en este último se repetía uno de los oficiales del grupo anterior.

A la hora de desclasificar el documento, el Gobierno tachó los diecisiete nombres. Pero un fallo en la censura, posteriormente corregido, permitió durante algunas horas tener acceso a las identidades. El informe no está fechado, si bien por la redacción del mismo y por los rangos que tenían en el momento de su elaboración algunos de los citados podría situarse en los meses posteriores al 23-F. Tampoco cuenta con firma o sello que permita trazar su origen, pero un apunte a mano en la esquina superior derecha hace pensar que procedía de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Valladolid.

Enrique Berzal, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, ha investigado a fondo cómo se vivió el 23-F en la provincia castellana y la incidencia del golpismo en la misma. Y da "bastante fiabilidad" al contenido del documento desclasificado. ¿Por qué? Porque varios de los nombres que se citan en la nota informativa coinciden con los que hace años le señaló como parte de la línea dura del Ejército un viejo comandante que en 1981 trabajaba en el Servicio de Información. "Los documentos desclasificados corroboran lo que yo había señalado", resalta a infoLibre.

Entre esos nombres que ahora aparecen en el informe estaba G.N., un coronel de Caballería. Y también C.R., del Arma de Infantería. El documento los ubicaba dentro del segundo grupo, aquel que ansiaba un "cambio 'a la turca' por un movimiento casi exclusivamente militar (golpe de coroneles), aunque con apoyos civiles exteriores".

Pese a la inclusión en el citado informe, ambos continuaron haciendo carrera en el Ejército. Y alcanzaron la cúpula. El primero de ellos fue ascendido a general de brigada unos meses después de la intentona golpista. Un puesto al que el segundo llegó algunos años más tarde. Con el socialista Narcís Serra como ministro de Defensa, ocupó un puesto destacado en una de las regiones militares en las que se dividía por aquel entonces el territorio. Y recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

Algo más alto que ellos en el escalafón llegó otro de los militares que se incluyen en el documento en el grupo de partidarios de un "golpe de Coroneles". Se trata de R.G., un nombre que no se encontraba entre los que confiaron en su momento al historiador vallisoletano. En los ochenta, fue promovido a general de brigada. Y en los noventa ascendió a general de División, cuarto nivel en el escalafón –solo por detrás del rey, el JEMAD (Jefe de Estado Mayor de la Defensa), el JEME (Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra) y los tenientes generales–. Una escalada al generalato en la que coincidió, por ejemplo, con Javier Calderón, quien luego ocuparía durante un lustro la dirección del CSID –ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI)–.

Cuando alcanzaron el generalato, el ascenso se concedía por elección de la Junta de Clasificación de Mandos, dependiente del Consejo Superior del Ejército. No obstante, cualquier promoción exigía una serie de "condiciones de aptitud": cumplir con tiempos mínimos de servicios y condiciones psicofísicas, superar los cursos exigidos y no tener un informe negativo de la Junta de Clasificación –en caso de existir, podía recurrirse ante el ministro de Defensa, que tenía la última palabra–. "Como no actuaron el 23-F y sus nombres no salieron en el juicio, pudieron seguir ascendiendo tranquilamente", sostiene Berzal.

Si finalmente no se movieron las tropas en Valladolid en aquellas horas de 1981 fue, precisamente, porque el entonces capitán general de la VII Región Militar –la que englobaba entonces la práctica totalidad de Castilla y León y Asturias–, Ángel Campano, no se atrevió a dar el paso. Asegura Berzal que estuvo a punto de sumarse al entonces teniente general Jaime Milans del Bosch, el cual le llegó a remitir el bando que él había lanzado en València. Pero que, al final, le disuadió el coronel auditor, Virgilio Peña Peña. Él fue, según el historiador, quien desactivó el golpe en Valladolid.

"Valladolid fue un ejemplo paradigmático de lo ocurrido en el resto de las regiones militares durante el golpe de Estado. La élite militar se dividió entre partidarios de Milans del Bosch –Campano, Engo Morgado y Navarro Figueroa–, dispuestos a sacar las tropas a la calle, y los contrarios a hacerlo –Mejías, Peña Peña y Gómez Rico–, lo que no implicaba que todos ellos estuvieran en contra de la 'Solución Armada'. Esta segmentación fue la causa fundamental de que no se movilizaran las tropas en esta región militar, como ocurrió en otras capitanía generales", explica en uno de sus artículos el historiador Roberto Muñoz Bolaños, profesor del CEIE de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad del Atlántico Medio.

Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

Hablemos de documentos. Y aquí, en los que se nos han presentado, hay muchos que carecen de trazabilidad, es decir de los códigos que los identifican para saber que son verdaderos; igualmente hay también muchas copias sin firmar y sin sellar, lo que en mi opinión induce a desconfianza; precisamente los que mejor están identificados son aquellos que en mi opinión tienen menos relevancia: las crónicas de las vistas orales del juicio, los del Ministerio de Exteriores, las comunicaciones de recursos y procesamientos, y los informes policiales.

Sin embargo, los más interesantes, por ejemplo el manuscrito de un plan establecido en noviembre de 1980, de más de veinte páginas con profusión de detalles, sólo sabemos que procede de la Guardia Civil porque lo suponemos custodiado ahí, pero nada más, no se nos proporciona ningún dato más; igualmente, otro importante, como el titulado Campaña contra S.M. El Rey en relación con el 23-F con número de referencia: C/DI 3, del Ministerio del Interior, se trata de una copia, sin firma, sin fecha y sin sello. Igualmente, desde el punto de vista documental resulta lamentable que haya bastantes documentos recortados que resultan ilegibles en algunas líneas; no se entiende cómo no han sido escaneados en su integridad.

Hasta aquí una primera aproximación. Suele suceder que cuando pasa tanto tiempo y los testimonios van aumentando, las incógnitas suben exponencialmente, por lo que me temo que seguiremos estando entretenidos con el tema; como con el asesinato de Kennedy, permanecerá entre los misterios de la historia, en el saco de las verdades históricas, es decir en el saco de las verdades que han pasado a mejor vida.

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Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre.

La desclasificación de los documentos del 23-F ha generado gran revuelo mediático desde que fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 23 de febrero, a los 45 años de los acontecimientos. Todos investigan la culpabilidad o inocencia del rey Juan Carlos ya que su papel estuvo en cuestión, a pesar de que su actuación le valió el respaldo social que no había tenido como heredero de Franco y a falta de un plebiscito previo que lo legitimase. De hecho, el mismísimo Adolfo Suárez se lo reconoció a Victoria Prego, afirmando que incluyeron la monarquía en la Ley de Reforma Política porque hacían encuestas internas y la República ganaba como forma de gobierno. Recordemos que en el imaginario colectivo de entonces era apodado como Juan Carlos I el breve. Otros medios buscan su exoneración y ascenso a los altares con portadas similares a las que salieron a los pocos días del fracaso del golpe de Estado en aquel frío febrero de 1981. Pero no esperen encontrar grandes titulares reales porque algunos hechos que se presentan como novedades ya han sido publicados anteriormente en libros por los historiadores expertos en el tema. En este sentido, como decía don Manuel Azaña, la mejor manera de guardar un secreto en España es incluirlo en un libro. Por otro lado, hay que mirar detenidamente toda la documentación, y aunque no haya exclusivas importantes los historiadores saben interpretar en los márgenes y en las zonas grises, contextualizando y contrastando con otras fuentes, pero se necesita tiempo y trabajo de investigación. También falta por conocer la documentación que el Tribunal Supremo custodia en una caja fuerte, y que suponemos bajo llave de Manuel Marchena. Tampoco podemos obviar que a lo largo de todos estos años se ha expurgado y destruido documentación sensible o relevante. Incluso la referencia a las familias que financiaron el golpe en su trama civil aparece con un gran tachón en un documento de los que han visto la luz. 

Lo que parece fuera de toda duda es que resulta imposible que Juan Carlos de Borbón, que instauró Franco en el trono y que por pura supervivencia apostó por democratizar el régimen de la mano de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, no supiera nada del malestar en los cuarteles, y más teniendo en cuenta que era jefe de las Fuerzas Armadas. Ni es creíble conociendo su relación de amistad y confianza con su preceptor Alfonso Armada, uno de los principales implicados en la intentona golpista. Resulta extraño que no hubiera oído hablar del famoso gobierno de concentración del que sería presidente el propio Armada y por lo que se desplazó al mismo Congreso de los Diputados con la autorización del mismo Juan Carlos de Borbón y de Sabino Fernández Campo, secretario general entonces de la Casa Real. Por estos motivos y otras cuestiones, a estas alturas podemos señalar que el rey incitó, animó, o jaleó el golpe con su imprudencia, irresponsabilidad y frivolidad. Estaba harto de Adolfo Suárez, quería echarlo a toda costa, esto es conocido por todos, no descubro nada nuevo. Él habló mal de Suárez delante de todos los militares que quisieron escucharle y demás personas poderosas y de confianza. Consideraba que Suárez estaba yendo demasiado lejos en la construcción de la democracia desde la legalización del PCE, el desarrollo del Estado de las autonomías, a lo que había que sumar el constante goteo de asesinatos de ETA a militares y guardias civiles en 1980.

Una vez que Suárez ganó las elecciones de 1977 y de 1979 se sintió respaldado democráticamente y desligado de las exigencias del jefe de Estado, que le había elegido a dedo en julio de 1976, siguiendo las enormes prerrogativas que el monarca tenía al haber heredado todos los poderes de Franco a su muerte. Obviamente el rey contribuyó a parar el golpe o las varias tramas del golpe de Estado al no sumarse y desautorizar a Jaime Milans de Bosch, que sacó los carros de combate a las calles de Valencia y era otro viejo conocido del monarca. Pero Juan Carlos I tardó siete horas en salir públicamente ante todos los españoles a través de los televisores con una intervención leída en la cadena pública. En realidad, quien paró el golpe de Estado veinticinco días antes fue Adolfo Suárez al dimitir para sorpresa de los golpistas y del propio jefe de Estado, el 29 de enero de 1981.

Juan Carlos I no podía sumarse al golpe por varios motivos: si salía mal su corona correría la misma suerte que la de su abuelo Alfonso XIII o la de su cuñado Constantino de Grecia, tras más de cuarenta años del exilio de su abuelo y saltarse a su padre en el escalafón dinástico; además, la motivación principal del golpe ya había desaparecido porque Suárez había dimitido; y la entrada de Antonio Tejero a tiros en el Congreso de los Diputados era demasiado. De hecho, los agujeros en el techo del hemiciclo y, sobre todo, en las paredes nos recuerdan que la tragedia estuvo a punto de consumarse, ya que las marcas están a unos pocos metros por encima de los asientos de los diputados que se situaban en los escaños más altos. Nunca se ha reconocido suficientemente el papel de Adolfo Suárez, ahora empañado por la denuncia de agresión sexual, porque fue él quien más contribuyó a parar el golpe o al menos lo neutralizó. Ni el ducado de Suárez ni el Toisón de Oro fueron suficientes reconocimientos y más después del trato que recibió por parte del monarca. Ha sido el único presidente de gobierno en ejercicio de esta etapa democrática que ha dimitido y sin explicar bien sus motivos. Estaba completamente solo, ya que la plataforma electoral que se había constituido para que se presentase a las elecciones en 1977 y 1979 –la UCD– ya había saltado por los aires. Estaba apoyado únicamente por el veterano vicepresidente y ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, antiguo jefe del espionaje franquista en Madrid durante la Guerra Civil, que además tuvo una actuación muy digna ante los guardias civiles golpistas por lo que fue zarandeado y sacado del Congreso a la fuerza. Pero el Alzheimer y la falta de unas memorias del propio Suárez hicieron que se desconociese su versión de los hechos y que su figura se diluyera hasta su muerte física en 2014. 

Con lo que sabemos hasta ahora, la sombra del rey sigue siendo alargada en el 23-F y se vio obligado a no secundarlo por las circunstancias señaladas. Adolfo Suárez tuvo un papel crucial en el fracaso del golpe de Estado, intentó incluso evitarlo con su dimisión. Recordemos la famosa frase que pronunció en su discurso de despedida de diez minutos a la nación retransmitido por televisión: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Sin olvidar la actuación de Antonio Tejero, que cuando se enteró de las intenciones de Armada y su gobierno de concentración con socialistas en carteras ministeriales quedó espantado y no le dejó pasar al hemiciclo.

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas. 

Entre la documentación desclasificada en torno al Golpe de Estado del 23-F, además de informes policiales sobre las reacciones políticas, sindicales y estudiantiles en Galicia, figura un informe del Ministerio de Defensa “sobre la amenaza interior”, fechado el 10 de febrero, dos semanas antes del golpe, en el que se tienen en cuenta “las hipótesis de acciones involutivas” con respaldo militar.

En ese informe se analizan también otras amenazas, entre las que aparece “el separatismo en Galicia”. El documento lo minimiza y señala, sobre la posibilidad de un separatismo violento, que “puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”.

El Informe semestral sobre la amenaza interior, del Centro Superior de Información de la Defensa, con fecha de 10 de febrero de 1981, destaca el origen “esencialmente interno” de las principales amenazas para España. Entre ellas señala como la más probable el terrorismo, seguida de “brotes más o menos generalizados de desobediencia civil separatista” y añade que “en tercer lugar deben considerarse las hipótesis de acciones involutivas, bien por medio de maniobras políticas extraconstitucionales con respaldo militar, o por acciones armadas de entidad limitada”.

En su desarrollo, el documento analiza la situación política y sindical, la “amenaza revolucionaria” y diversos separatismos, con especial atención al terrorismo de ETA. Las 21 páginas del documento dedican medio folio a analizar “el separatismo en Galicia”, del que afirma que “al igual que en Cataluña, el separatismo violento gallego encuentra por el momento poco eco, aunque puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”. Sería en 1987 cuando el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive iniciaría su actividad violenta.

Al margen de ese pronóstico sobre el separatismo violento, el informe militar de dos semanas antes del 23-F señala que “el espectro separatista gallego” estaba formado, “principalmente”, por cuatro entidades. La primera citada es el Bloque Nacional Popular Galego (BN-PG), del que afirma que “su apoyo electoral ronda el 3% del censo electoral de la región”. La segunda organización es el Partido Obreiro Galego, “integrado en Esquerda Galega, cuyo respaldo popular no está cuantificado por no haber participado hasta el momento en elecciones pero que, a tenor de su apoyo en la calle, parece mínimo”.

Frente a esas consideraciones del informe militar, unos meses después, en las primeras elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981, la coalición de BN-PG y PSG obtuvo el 6,2% de los votos y 3 diputados, encabezados por Bautista Álvarez, que no llegaron a tomar posesión por su negativa a jurar lealtad a la Constitución. Por su parte, Esquerda Galega obtuvo el 3,4% de los votos y un escaño, ocupado por Camilo Nogueira.

El informe también cita como formaciones menores al Partido Galego do Proletariado, partido que presenta como “partidario de la lucha armada” y que “mantiene relaciones con ETA”. Y, de pasada, a la Irmandade Galega, con “escasa militancia”.

El informe considera que “a medio plazo, solo en Vascongadas y Cataluña podrían originarse hechos o actitudes separatistas susceptibles de provocar una decisión del Gobierno en relación con algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas”.

El documento comienza señalando que las principales amenazas para el Estado eran internas, “lo cual no impide que determinados grupos cuenten con apoyos exteriores ni que sus actividades favorezcan de modo más o menos indirecto los intereses de otras potencias, en particular los del bloque soviético”. Y concluye advirtiendo de la posibilidad de interrelación entre esas amenazas y señalando la “mutua influencia entre posibilidades involutivas y posibilidades revolucionarias, viéndose cada una de ellas estimulada por el crecimiento de la otra”.

Con él se apaga la última respiración de aquel ruido metálico que estremeció el Congreso de los Diputados en la tarde del 23 de febrero de 1981. En su retiro silencioso, como buen nacionalcatólico se arrepintió sólo ante Dios y sin dar explicaciones.

Y, sin embargo, su nombre vuelve a resonar porque el país, más de cuarenta y cinco años después, y en el mismo día de desclasificarse documentos, sigue sin conocer toda la verdad de aquella jornada que separó el miedo de la democracia.

El 23-F fue mucho más que un golpe fallido. Fue un espejo que el Estado colocó frente a sí mismo y en el que, al verse reflejado, decidió guardar silencio. Aquel día, Tejero irrumpió en el hemiciclo pistolón en mano, ejecutando lo que creía una orden legítima. Detrás de él había sombras más altas, más discretas y más viejas que la suya. Hombres de galones dorados, de despachos amplios, de teléfono directo con Zarzuela.

Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch. Dos nombres que, sin Tejero, no se entenderían, y sin los cuales Tejero habría sido un loco solitario. El primero, tutor y consejero del rey. El segundo, veterano de la División Azul, símbolo de una vieja España que no acababa de marcharse. Ambos fueron condenados, ambos fueron después perdonados. Los juristas lo llamaron amnistía, los viejos coroneles lo llamaron justicia entre iguales.

El rey, según la versión oficial, salvó la democracia. Lo hizo con un uniforme de capitán general y un mensaje televisado que todavía se estudia como un acto de firmeza constitucional. Pero bajo ese uniforme había, también, una red de amistades, de antiguos afectos militares, de silencios de familia. Y ahí empieza el territorio del misterio.

Nadie puede afirmar que Juan Carlos I conociera la trama. Tampoco puede afirmarse, con la misma rotundidad, que no la oliera. Dejemos que los historiadores, después de conocer algunos documentos considerados secreto de Estado, despejen dudas y se puedan hallar respuestas.

A los españoles nos enseñaron pronto a convivir con lo no dicho, nos educaron para olvidar. El pacto de la Transición no sólo fue político: fue también emocional. Una democracia que no quiso reabrir heridas decidió también cerrar los ojos. Tejero fue condenado, sí, pero su figura cumplió otra función: la del villano visible. Mientras su imagen quedaba fijada para siempre en el fotograma del Congreso, otros nombres se diluían en el aire de la historia. El hombre que gritó “¡Quieto todo el mundo!” se convirtió en el guardián involuntario del secreto de todos.

Cuando salió de prisión en 1996, Tejero se retiró a su casa de Torre del Mar. Vivió sin entrevistas, sin arrepentimiento, sin ruido. España, ya instalada en su normalidad europea, apenas lo recordó.

Pero de vez en cuando, un aniversario, un documental, una frase del rey emérito, y el fantasma volvía a pasar.

El 23-F es una herida sin sangre: una historia congelada en el tiempo, cubierta por el barniz del mito y la necesidad de no incomodar a los cimientos del régimen del 78. Falleció Tejero, sí. Pero no murió el silencio.

Los secretos de Estado 47 años después siguen intactos, la inviolabilidad del monarca sigue escrita en mármol. La democracia española no teme ya a los sables, sino a las preguntas.

Y quizá esa sea la verdadera herencia del 23-F: no el fracaso de un golpe, sino la consolidación de un pacto de silencio que aún hoy nos protege de nosotros mismos.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

El Gobierno ha desclasificado la documentación sobre el 23-F. Entre los archivos están las transcripciones de las conversaciones telefónicas de la casa de los Tejero desde el mismo día del intento de golpe de Estado. Las conversaciones, intervenidas por la Guardia Civil, están protagonizadas, principalmente, por Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero.

Díez aseguró que el rey y el Ejército estaban detrás del golpe que estaba dando su marido en el Congreso. "A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el rey detrás", le asegura en un momento a su propia madre, que llamó a casa de su hija cuando ya había empezado el intento de golpe de Estado.

"El Ejército estaba detrás de todo", insiste en otro momento Díez, que se queja de que, finalmente, no habrían seguido a su marido en el plan. "¡Mira que es tonto este hombre! Se fía de, se fía de los militares…" responde la suegra de Tejero, y su hija le cuenta que el militar ha asumido él solo la responsabilidad de los hechos. "Claro que la asume, como siempre haciendo el primo", apostilla la madre.

En una conversación que parece posterior —las transcripciones no van acompañadas de fecha y hora—, Carmen Díez se vuelve a reafirmar sobre el papel del Ejército hablando con otra mujer, a la que llama Elvira, y que, por tanto podría ser una de las hijas del matrimonio: "El Ejército detrás que estaba [...] y no ha ido nadie, le han dejado solo". Y luego añade sobre su marido: "¡Qué desgraciado es! Cómo ha confiado... la cárcel, Elvira".

También se lo cuenta a su hijo, Antonio Tejero 'Antoñito', que estaba en la Academia Militar de Zaragoza. La madre llama a la academia y le pasan con su hijo:

—Antoñito, soy tu madre. 

—Hola, ¿qué tal madre?

—Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejado a tu padre tirado como una colilla. 

—Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

—Todo el Ejército estaba detrás, hijo mío.

—Y, ¿qué ha pasado?

—Pues que el Ejército se ha rajado.

—¡Hijo putas!

—Eso ha pasado, hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo.

El convencimiento de que Tejero contaba con el apoyo del Ejército y del rey Juan Carlos I para el golpe de Estado se ve aún más claro en las llamadas que protagonizan las hijas del matrimonio.

"Tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada", explica una de las hijas a un interlocutor que ha contactado con la casa familiar y se identifica como Paco. Las transcripciones de la Guardia Civil no señalan quién es quién en todas las llamadas y los diálogos entre los interlocutores no siempre permiten identificar a ambas personas. En este caso la persona que coge el teléfono habla de Tejero como su "padre" y de ella mismo en femenino, pero no se puede saber de cuál de las tres hijas se trata.

El matrimonio Tejero Díez tuvo seis hijos. Tres hombres (Antonio, Ramón y Juan) y tres mujeres (Carmen, Dolores y Elvira). En otra conversación sí queda claro que quien coge el teléfono es Elvira Tejero, ya que ella misma se identifica al recibir la llamada de una persona que dice ser María Antonia. "Pues tenía todo el Ejército respaldándole, María Antonia", asegura la hija. "Lo único que necesito es que hubieran ayudado a mi padre, lo demás ya me importa tres pitos, así que…", añade la hija.

En otro momento quien llama es Fina, suegra de una de las hijas del matrimonio. Una de las hijas le responde también en la misma línea: "Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifica "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981", según informa EFE.

En el texto del acuerdo, adoptado el martes en el Consejo de Ministros, se recuerda que se han cumplido 45 años del intento de golpe de Estado con el que se pretendió desestabilizar el régimen inaugurado con la Constitución Española de 1978. "El 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional", señala. 

Añade que la intentona golpista "evidenció la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad".

El Gobierno considera que "la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", por lo que estima que "comprender las lecciones del 23-F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático". Subraya que los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar en 1983, permiten que la información se desclasifique sin generar "ningún riesgo real y presente".

Para el Ejecutivo, la desclasificación de la documentación relativa al 23-F no solo supone un ejercicio de transparencia institucional propio de una democracia madura, sino que permitirá abordar el estudio de la historia de España con mayor rigor, profundidad y precisión.

Además, destaca, responde a una demanda reiterada en el ámbito parlamentario, donde diversos grupos han presentado en diferentes legislaturas proposiciones no de ley reclamando avances en esta materia apelando, entre otras cuestiones, a la necesidad de mayor transparencia frente a una percepción de opacidad o al derecho de investigadores y especialistas a un acceso adecuado a las fuentes.

En su virtud de estos argumentos, el Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación del material relacionado con el 23-F, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa e Interior. Son 153 "unidades documentales", según la terminología utilizada por el Ejecutivo, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora.

En 1936 , la república, con la legitimidad que le dieron las urnas ese año, fue abandonada por una parte de las potencias europeas ante el auge fascista, por lo que fue aplastada militarmente y moralmente para dejarla a los “pies” de la alianza de las dictaduras de Alemania e Italia, fundamentalmente. Así mismo vemos que hoy, pese a la falaz paz firmada entre Israel y Palestina propuesta por EEUU, Palestina continúa sufriendo un aislamiento, una ocupación continua, bombardeos todos los días, además de la negación de todos sus derechos, mientras una gran mayoría de estados miran hacia otro lado o justifican irracionalmente y mezquinamente la realidad. Como vemos, una situación muy similar a la de 1936 respecto a España. 

Otro punto similar, desde mi opinión personal, es que en 1936 miles de voluntarios se unieron a las Brigadas Internacionales para defender la república española, mientras las que se denominaban “democracias occidentales” no intervenían. Así vemos hoy que, ante una parecida situación en Palestina, observo una fuerte movilización de la sociedad civil mundial, con numerosas acciones,  para acabar con el cruel ataque y genocidio a Palestina, y mientras esto ocurre, la mayoría de las grandes potencias y determinados estamentos internacionales siguen prestando apoyo a Israel, escondiendo la cabeza o apoyándola militarmente, a través  de sus medios informativos y económicamente, para que los genocidas  Netanyahu y Trump consigan ejecutar sus planes expansionistas y económicos. Por último, otra comparación sería que, en 1936, el golpe de Estado y por tanto esa mal llamada guerra civil se percibió como un anticipo de la lucha mundial entre el fascismo y la democracia. Por lo cual la república se convirtió en símbolo de  una causa universal. Y lo mismo ocurre con Palestina, pues se está convirtiendo en símbolo de la lucha contra la opresión, el colonialismo y la ocupación ilegal y genocida.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

Los documentos secretos del 23F cel Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloauya desclasificación ha acordado este martes el Gobierno incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas y pertenecen a los ministerios de Interior, Exteriores y Defensa, ha confirmado la ministra portavoz, Elma Saiz, quien no ha aclarado detalles sobre quiénes son los interlocutores implicados, informa EFE.

Entre lo que se conocerá no estará el sumario del juicio ya que el Gobierno aclara que no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes citadas han asegurado que el Gobierno, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento de lo que hay en esos documentos, pero tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional, y han explicado que antes de que se anunciara la decisión de la desclasificación, se informó a la Casa Real.

Algunas de las incógnitas que persisten sobre la intentona golpista giran en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981 entre el Congreso, tomado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada.

No ha concretado mucho más la ministra sobre las revelaciones de las 153 "unidades documentales" que este miércoles serán públicas y entre las que no ha descartado que haya "alguna imagen", además de informes y las transcripciones de conversaciones.

De hecho, ha reconocido que no ha visto la documentación, cuando se le ha preguntado si su contenido puede hacer cambiar la visión histórica sobre el papel de Juan Carlos I como artífice para el fracaso del golpe de Estado.

También ha apuntado que lo que se va a dar a conocer son "todos" los documentos clasificados que el Ejecutivo "ha encontrado hasta el momento", procedente de diversos órganos e instituciones, y de lo que hay "constancia", sin comentar nada sobre la posibilidad de haya documentos destruidos.

Elma Saiz ha explicado que, una vez decidida la desclasficación, el Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloa y de hecho ha pedido "paciencia" ante la expectación que se ha creado en torno a una información a la que se ha reclamado acceder insistentemente en los últimos años.

Ha argumentado que con su decisión el Ejecutivo trata de "impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación" para "difundir teorías" sobre la democracia española y "desinformar" a los jóvenes que "piensan que con Franco se vivía mejor y van cantando el Cara al sol por nuestras calles".

Mantener el secreto en torno a aquel importante episodio histórico al amparo de una ley franquista es una "anomalía democrática" que el Gobierno quiere corregir, sobre todo cuando, pasados 45 años del 23F, su conocimiento ya "no supone un riesgo real y presente", y los expertos coinciden en que ha pasado "tiempo suficiente" para sacarlos a la luz, ha asegurado.

Por otro lado, ha recordado que otros países han adoptado medidas similares sobre acontecimientos históricos relevantes, como Italia o Grecia, y ha citado el caso de Alemania, que 2012 reveló documentos diplomáticos sobre la interpretación del 23F que hizo en su momento el embajador alemán acreditado en España.

A primera hora de la madrugada del 24 de febrero el rey Juan Carlos I aparece en TVE y acaba con el golpe de Estado que, a las seis y veinticuatro de la tarde anterior, había perpetrado con la toma del Congreso de los Diputados el teniente coronel Tejero. El rey se convierte así en ‘el salvador’ de la aún débil democracia que había instaurado poco más de un lustro antes, con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Ese decisivo papel, jaleado por la inmensa mayoría de la sociedad española, otorga a Juan Carlos una total impunidad que tendría consecuencias décadas después.

Sin embargo hay en ese desenlace una tremenda paradoja: el rey acaba con un golpe de Estado que había alentado durante el año anterior, tal y como documenta el periodista e investigador Carlos Estévez en su libro Cuando la verdad te alcance, recién editado. El autor, miembro del equipo de Nacional de los Informativos de TVE durante la transición, pasa más tarde a Antena 3 como jefe del equipo de investigación de la cadena, en la que dirige reportajes de gran formato sobre los años anteriores: Así murió Franco, 23 F: se rompe el silencio, Montejurra, Carrero Blanco: un caso cerrado, etc. El primero de ellos fue medalla de plata en el más importante festival de documentales (New York Festival). Durante cuarenta años se ha entrevistado con figuras relevantes de aquellos días, como el general Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa Real durante más de veinte años, pero se ha apoyado también en múltiples testimonios de personas sin relevancia política, pero que vivieron en primer plano los acontecimientos de aquella jornada, como el cámara que grabó el mensaje real para TVE. Una grabación en la que conviene detenerse, y que diversos autores han denominado como "el inexplicable retraso en la emisión del mensaje del Rey". De hecho, los equipos de la única televisión que había entonces parten de Prado del Rey en torno a las nueve de la noche y el mensaje se emite cuatro horas más tarde, a pesar de que toda España se sume en la zozobra, pegada a las radios a transistores, y sin noticias ciertas de lo que estaba pasando.

Carlos Estévez relata, en base a los testimonios de miembros de los dos equipos profesionales que se desplazaron al palacio de la Zarzuela —distante de Prado del Rey a poco más de diez minutos— cómo al llegar al complejo fueron retenidos, primero en los accesos, y desplazados después a una sala distinta a donde se encontraba el Rey y se grabaría muy posteriormente el mensaje... Que no tuvo lugar hasta las doce y media de la noche, muy poco después de que el general Armada comunicara a Sabino Fernández Campo desde el Congreso "he fracasado" en su intento "a título personal" de que Tejero depusiera su intentona y reconociera a un nuevo gobierno presidido por el propio Armada y con representantes de los principales partidos políticos. 

Antes del relato de esa jornada, el autor desgrana las múltiples vicisitudes que tuvieron lugar durante el año anterior: los desencuentros entre Juan Carlos y Adolfo Suárez ("uno de los dos se tiene que marchar, y no voy a ser yo", llegaría decir el monarca); las reuniones y contactos de los golpìstas; las frecuentes visitas a Zarzuela de militares relevantes, y las maniobras del general Armada para obtener la jefatura del Gobierno. También, y en la primera parte del libro, examina la Transición y cómo esta tuvo lugar en el terreno exclusivamente político, sin que afectara en ningún momento al estamento militar alineado con la figura y el régimen de Franco. 

El Gobierno ha decidido desclasificar los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23F, 45 años después del asalto de Antonio Tejero. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes el Consejo de Ministros adoptará esa iniciativa "saldando así una deuda histórica con la ciudadanía". Se trata de una demanda que viene de lejos de formaciones como el PNV y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había aplazado de manera recurrente pero que estaba obligado a cumplir tras la ley aprobada en julio del año pasado para eliminar el secreto de los documentos del franquismo y de la Transición.

Sin embargo, para el Partido Popular y Vox se trata de una "cortina de humo", un argumento que utilizan recurrentemente desde las derechas para definir los asuntos que consideran que no le son favorables. "Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos para el colapso total", señalaba a primera hora de este lunes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Al mismo argumento recurrió el número dos de Vox, Ignacio Garriga, que añadió que es una forma de tratar de encubrir la agresión sexual del exdirector adjunto (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González. Para el ultraderechista es una "auténtica tomadura de pelo" que el Gobierno decida desclasificar estos documentos con los Sánchez, según sus palabras, quiere protagonizar una "huida hacia adelante". Así, garantizó que Vox no va a contribuir a esos "fuegos de artificio".

La derecha sigue así el mismo manual de los últimos meses. En el PP y Vox han tachado de "cortina de humo" prácticamente cualquier asunto que el Gobierno o sus socios parlamentarios han tratado de situar en la agenda a través de declaraciones públicas, iniciativas legislativas o propuestas, entre ellas el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, el aborto, la reducción de la jornada laboral o la ampliación de permisos. Con esta iniciativa, el presidente del Gobierno cree que se puede "construir un futuro más libre".

También lo ha criticado la vicesecretaria de Acción Institucional del PP, Cuca Gamarra. "En lo que a nosotros respecta no creemos que vayamos a descubrir nada más", señaló en rueda de prensa desde Génova 13. "Lo que España necesita son explicaciones sobre el presente y el pasado más cercano", prosiguió, en referencia a lo ocurrido "en los últimos ocho años" del mandato de Sánchez. "Esas son las informaciones que nos interesan", prosiguió.

Para Gamarra, ya tenemos suficiente con la producción audiovisual que hay sobre el 23F y en lo que hay que poner el foco ahora es en "las conversaciones" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en El Pardo "con personas que están siendo investigadas en procedimientos mercantiles", en "el apagón" de abril del pasado año o en "los escándalos" del mandato de Sánchez. "Creo que es gracioso que nos dicen hoy que vamos a poder saber lo que pasó 45 años, hemos visto películas y series etc., pero igual dentro de 45 años nos entrenamos de lo que ocurrió con el apagón [...] o de todos los escándalos que estamos viviendo".

Pero ahora han pasado unos días y, gracias a su decisión, de la que se sigue hablando, he tenido tiempo para recordar que hoy siempre existen opciones para construir un mañana que no esté limitado por lo peor del ayer y, lo más importante, nunca hay que dejar pasar la oportunidad de ganar una batalla no cruenta, pues son las que casi siempre pierden quienes terminan recurriendo a la violencia porque les gusta más el ruido de los disparos y las bombas que el de los debates que se ganan o se pierden con palabras.

Porque es muy cierto que, desde hace poco más de dos años, la amenaza de golpe de Estado se cierne con más fundamento que antes sobre una sociedad española siempre vigilada porque, para aprovechar la ocasión e ir poniendo nombres a quienes sí ganaron la guerra, ni siquiera dejaron que eligiera por separado la forma del Estado, como si la que restauró el golpista del 18 de julio durante su dictadura fuera la única compatible con una democracia que tras el 20N de 1975 era inevitable, y todos lo sabían. Además, y ya que mientras leemos también tenemos en la cabeza la revalorización de las pensiones, no le voy a prohibir a usted que piense que la Constitución del 78 sea la madre de todos los ómnibus, tan tentadores que después hay que deconstruirlos.

Aprovecharé para abrir un paréntesis entre interrogantes: ¿no será que esa “madre” ya está muerta y es por eso que resulta imposible reformarla?

En cualquier caso, y al margen de que la forma que adopte el golpe de Estado en construcción siempre dependerá de las estrategias de quienes buscan conseguir el poder de forma que parezca un accidente y con urnas para disfrazarlo, seguro que a estas alturas usted ya sabe que estoy hablando de “el que pueda hacer que haga”, seis palabras que son mucho más una consigna que una frase y tan vigentes que si usted le pregunta a su buscador “Cuándo dijo Aznar”, sólo estas tres palabras, lo primero que la pantalla le ofrece para seguir escribiendo es “el que pueda hacer que haga” y, acto seguido, y sin pedirle nada, la IA se despierta para decirnos que “José María Aznar ha realizado diversas declaraciones destacadas a lo largo de su trayectoria, siendo una de las más recientes y polémicas su llamamiento en julio de 2025 a la ‘rebelión nacional’ contra el gobierno de Pedro Sánchez, además de utilizar la consigna ‘el que pueda hacer, que haga’ en el contexto político actual. Otras frases y momentos notables de Aznar incluyen: ‘El que pueda hacer, que haga’ (2023-2025): Una consigna interpretada como una llamada a la acción contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.”

El caso es que Uclés estaba convocado a debatir y, ahora que he tenido tiempo para pensarlo, he llegado a la conclusión de que podría haber ganado ese debate por goleada anticipándolo, tanto al marco creado por un título contrario a la verdad histórica como a un Aznar que, al margen de lo franquista que siga siendo, resulta hoy mucho más peligroso cuando anima a golpistas potenciales porque no le gusta el Gobierno nacido de los votos depositados en las urnas.

Por lo tanto, y aunque no es fácil que David Uclés sea tan flexible como un Pedro Sánchez al que no le han dolido prendas por tener que romper en pedazos su último “ómnibus”, creo que él y quienes como Antonio Maíllo o Carmen Calvo siguieron su ejemplo, incluido Pablo Iglesias a quien Pérez Reverte ha dicho que invitará para un nuevo intento en octubre, lo que tienen que hacer es decidir la condición que debe cumplir Aznar para merecer un asiento cerca de ellos en cualquier debate, toda vez que un evento como este no sería posible si hubiera según quienes que decidieran seguir al pie de la letra la más famosa de las consignas lanzadas por Aznar.

Si yo fuera Uclés y los demás, enviaría a Pérez Reverte una carta abierta que, más o menos, diría lo siguiente:

“Ante la nueva convocatoria anunciada por usted, queremos poner en su conocimiento que nuestra condición para participar consiste en que José María Aznar emita un comunicado público en el que manifieste que, cada vez que dijo “el que pueda hacer que haga”, o siempre que vuelva a decirlo en el futuro, o también si recurre a otra versión de la misma consigna, deberá entenderse, sin lugar a la menor de las dudas, que, de las personas a las que convoca para que ‘hagan’, siempre estarán excluidos militares y jueces de cualquier rango o categoría, y que condena y condenará con todas sus fuerzas cualquier acción, omisión, o simple gesto, que se pueda interpretar como actividad contra el gobierno que preside Pedro Sánchez si no respeta el marco legal establecido para la crítica política en la Constitución de 1978”.

P.D. No quiero terminar sin destacar el hecho de que Carmen Calvo también se haya sumado al rechazo a debatir bajo un titular embustero. Ella es, hoy, la presidenta del Consejo de Estado y no la diputada que sólo era el 9 de febrero de 2022, cuando se atrevió a desvelar que Felipe VI, a quien le puso el nombre de “Casa Real”, se había negado a renunciar al privilegio del 56.3 que le permite, tal como a su padre, cometer delitos con total impunidad. Y también nos informó Calvo que Sánchez y Casado –¿sería por casualidad?– tampoco quisieron iniciar la reforma de ese blindaje criminal y contrario a la igualdad de todos ante la Justicia que también disfrutó el dictador que había ganado la guerra. Y eso que Gobierno y oposición son quienes deben plantear las reformas. Sí, la de 1978 es la madre de los ómnibus que agarrotan la democracia.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El problema no es sólo averiguar la verdad, sino saber qué hacer con ella. Se trata de una frase muy significativa de Miguel de Unamuno con la que Luis García Jambrina abrió su acercamiento narrativo al rector de la Universidad de Salamanca, fallecido en 1936, tal vez de muerte natural, tal vez víctima de un asesinato político. Interesado por las raíces de la verdad, apasionado en su compromiso con el conocimiento, comprometido con las repercusiones sociales de las ideas y los hechos, el autor de Amor y pedagogía (1902) estaba esperando a que García Jambrina lo convirtiese en detective privado en una novela que se tituló El primer caso de Unamuno (Alfaguara, 2024). Después de criticar en un artículo de periódico la explotación caciquil de Boada en 1905, uno de los oligarcas del pueblo apareció muerto, numerosos campesinos fueron acusados del asesinato, una autoridad poco honesta quiso cerrar cuanto antes el caso para sancionar cualquier síntoma de rebeldía y don Miguel se sintió responsable y asumió la investigación para descubrir la verdad, una apuesta que le acarreó muchos peligros y desprecios.

¿Qué hacer con la verdad? Unamuno podría desentenderse, evitar las amenazas contra él y su familia, seguir tranquilo en su cargo universitario. La cultura siempre ha tenido implicaciones sociales, eso es así, y el catedrático podía cerrar los ojos o comprometerse con la dimensión humana de sus conocimientos. Mientras indagaba también en las dimensiones poéticas del amor y el deseo, acabó por aceptar la implicación política de su actividad humanista y asumió los peligros no sólo del odio ajeno y los poderes mezquinos, sino de la tentación de su propia soberbia, el peligro de caer en la egolatría hasta el punto de creerse un protagonista indispensable y meterse donde nadie lo llamaba. Pero las víctimas sí lo estaban llamando, la injusticia no lo dejó indiferente, y el carácter intrahistórico de su sabiduría le hizo luchar por la verdad. Así que la verdad exige conocimiento, vigilancia ante los peligros de la propia soberbia y compromiso, mucho compromiso, con la realidad social. La verdad íntima desemboco años después en un libro de poemas titulado Teresa (1924).

Luis García Jambrina publica ahora El último caso de Unamuno (Alfaguara, 2026), la investigación sobre un asesinato en la Salamanca franquista de 1936 que acaba siendo una investigación sobre la propia muerte de Unamuno. Las dos novelas pueden leerse juntas, porque el frío de diciembre unifica los asesinatos, aunque la ferocidad de los represores franquistas sea mucho más amenazante que los comentarios de casino en 1905 y las incomodidades de un Gobernador Civil. La personalidad trazada por el primer caso de Unamuno –soberbia, humanismo y honestidad profunda– están muy presentes en su último caso.

Luis García Jambrina y el cineasta Manuel Menchón intensificaron las dudas sobre el fallecimiento del escritor en la película documental Palabras para un fin del mundo (2020) y en el libro La doble muerte de Unamuno (Capitán Swing, 2021). La polémica está abierta con argumentos a favor y en contra sobre la desaparición de un referente intelectual que apoyó en un primer momento el golpe de Estado de 1936 y que denunció después con valentía las crueldades injustas del autollamado ejército nacional que podría vencer, pero ya no podría convencer. Más que una ejecución pública de muy malas consecuencias en la prensa internacional, las autoridades franquistas que se habían adueñado de Salamanca pudieron interesarse en una muerte de apariencia natural. 

Pero El último caso de Unamuno va más allá de esta polémica. La literatura tiene la capacidad de meterse por dentro de la vida para hacernos entender lo que late en el interior de los seres humanos. ¿Fue asesinado Unamuno? La respuesta humana es que Unamuno quiso en cualquier caso morir y no dudó en arriesgar su vida en una investigación que lo separaba de manera tajante de una primera y equivocada complicidad con aquel bárbaro golpe militar. A la violencia general, se fueron juntando las ejecuciones de amigos, hasta el punto de que Unamuno levantó de manera arrojada su voz el 12 de octubre de 1936, en un acto universitario, contra Millán-Astray y las autoridades sublevadas. Don Miguel pudo tener diferencias personales y políticas con el Gobierno de la República, pero no podía participar de aquella violencia criminal contra la legalidad republicana. 

La apuesta narrativa de Luis García Jambrina nos hace vivir dentro de Unamuno aquellos meses finales de 1936. ¿Fue asesinado? Tal vez sí, tal vez no, pero la personalidad del escritor, vigilante de su conocida egolatría, partidario apasionado de la verdad, hizo que el autor de Paz en la guerra (1897) fuese leal a sí mismo, fiel a su historia, a los campesinos de Boada y a su defensa de la libre valentía intelectual, para colocarse entre las personas que el franquismo necesitaba asesinar en 1936, junto a Daniel Carbajo, Salvador Vila y Federico García Lorca.

Los lectores de Unamuno le damos una vez más las gracias a Luis García Jambrina.

La intervención estadounidense en Caracas durante la noche del sábado 3 de enero ha marcado el inicio de una ruptura que ya se había iniciado en el año 2025. Ahora Washington no oculta el aspecto económico de su imperialismo. Aunque el secuestro de Nicolás Maduro se justificó a posteriori por la “libertad” del pueblo venezolano y la lucha contra el tráfico de drogas, la Administración Trump puso inmediatamente de relieve el expansionismo económico.

El sábado, el presidente estadounidense anunció: “Nuestras grandes compañías petroleras, las más importantes del mundo, irán allá y gastarán miles de millones de dólares”. Luego afirmó: “Vamos a extraer del suelo una cantidad colosal de riquezas”.

Y, de hecho, apenas unas horas después del ataque, una de las figuras de Wall Street, Charles Myers, presidente de la consultora Signum Global Advisors, declaró a Business Insider que en marzo viajará a Caracas con una delegación de veinte personas representativas de los sectores financiero, energético y de defensa para buscar “oportunidades de inversión”.

Oportunidades que ya valoran entre 500.000 y 750.000 millones de dólares. Según él, es una forma de “reincorporar rápidamente” al país al “hemisferio occidental”. Porque, añade, “el nuevo Gobierno se comprometerá a abrir las puertas a los inversores extranjeros desde el primer día”.

Por supuesto, hay continuidad en este asunto. La guerra de Irak de 2003 también fue una guerra por el petróleo, pero las diferencias son notables. El proyecto de George Bush Jr. ocultaba esta realidad tras argumentos morales y jurídicos, ciertamente falsos, pero que pretendían afirmar que Estados Unidos actuaba en el “bando del bien”. Al sacrificarse por la democracia, era lógico, por tanto, que Washington se recompensara a sí mismo defendiendo sus intereses económicos. Recordemos que, en aquella época, parte de la opinión pública occidental apoyó la acción de Bush.

Pero esa apariencia no era insignificante. Había que asumirla manteniendo un ejército sobre el terreno, apoyando a un Gobierno y asegurando un lugar para los aliados en el reparto de los despojos del régimen. En definitiva, esas operaciones respondían a una lógica neoliberal. Se trataba de integrar a los países recalcitrantes en el orden de la globalización, del que Washington era garante y guardián. Su lógica era que todo el mundo debía beneficiarse de esas guerras porque abrían mercados para todos.

Pero, en realidad, esas operaciones suponían unos costes gigantescos para un rendimiento de inversión, en definitiva, reducido. Desde hace muchos años, Donald Trump se ha posicionado en contra de este tipo de intervenciones costosas y de resultado incierto. Su lógica es diferente: la intervención militar (a ser posible breve, brutal y selectiva, sin atascos) debe garantizar la creación de una zona de influencia estrictamente controlada que permita servir únicamente a los intereses estadounidenses.

Es el resultado de un cambio en el mundo: según Trump, el neoliberalismo ha debilitado a Estados Unidos. Por lo tanto, es necesario cambiar de estrategia y centrarse en los intereses directos de su capital nacional, en lugar de en la apertura global de los mercados y la expansión de la “democracia”.

Ya no es necesario, pues, escudarse en grandes principios. E incluso el argumento de la lucha contra el tráfico de drogas tiene, ante todo, una función interna, ya que se centra en un problema cotidiano que viven los ciudadanos de Estados Unidos. La acción militar en sí misma se aborda desde un punto de vista puramente “económico”, es decir, en términos de una relación coste-beneficio óptima: una intervención reducida, pero lo suficientemente fuerte como para abrir las puertas del mercado objetivo al capital estadounidense.

Se acabaron las grandes guerras costosas con debates en la ONU y negociaciones con los aliados. En este caso, el objetivo no es abrir un mercado al mundo bajo un pretexto democrático, sino asegurarse el control de los recursos de un Gobierno sometido por el miedo. En este contexto, el criterio no es la naturaleza del régimen, sino el interés económico de Estados Unidos.

El propio Donald Trump así lo confirmó al amenazar el domingo a Dinamarca con una intervención similar en Groenlandia. Para comprender la diferencia entre 2003 y 2026, basta con señalar este simple hecho: el secuestro de Nicolás Maduro hace ahora temblar a la primera ministra socialdemócrata danesa. A pesar de las tensiones durante la guerra de Irak, la negativa franco-alemana a seguir a George W. Bush nunca dio lugar a este tipo de amenaza.

El imperialismo trumpista es de otra naturaleza. Para hacer frente a la rivalidad china, el presidente estadounidense pretende ante todo construir un hinterland amaestrado en el que el capital y el ejército de Estados Unidos dispongan de un acceso seguro e incondicional a los recursos y mercados que consideren necesarios. Su primera tarea es, por tanto, infundir temor a sus aliados y a su feudo latinoamericano. Para Trump, esta es la condición que hará que Washington sea fuerte frente a Pekín.

En este contexto, era imposible que Donald Trump se olvidara de Venezuela. A priori, se podría pensar que el petróleo del Orinoco era poco interesante para las grandes empresas estadounidenses. La falta de inversión del régimen chavista en el sector petrolero, que sin embargo le permitía financiar su política de redistribución, redujo la producción de crudo venezolano a solo 900.000 barriles diarios, es decir, algo menos del 1% de la oferta mundial.

Reactivar la producción requerirá mucho dinero y las grandes empresas estadounidenses no han mostrado mucho entusiasmo por volver a Venezuela. Desde 2007, solo Chevron ha permanecido en el país como accionista minoritario. El crudo venezolano es “ultrapesado” y, por lo tanto, difícil de extraer y refinar. Además, el precio del petróleo es actualmente bastante bajo, por debajo de los 60 dólares, lo que hace que este tipo de inversiones sean poco rentables.

Pero lo esencial está en otra parte. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, con 303.000 millones de barriles. Esto representa el 17% de las reservas mundiales verificadas y es más de lo que hay en Arabia Saudí. Por lo tanto, el reto para Trump era no dejar estas reservas en manos hostiles o “neutrales”, lo que, para él, es lo mismo.

En una entrevista con la NBC el domingo, el secretario de Estado Marco Rubio lo expresó de la forma más clara posible. “No necesitamos el petróleo venezolano, tenemos mucho petróleo en Estados Unidos”, afirmó. Pero precisó: “Lo que no queremos aceptar es que la industria petrolera esté controlada por los adversarios de Estados Unidos”, como China, Rusia o Irán.

En otras palabras, lo que está en juego no es el uso inmediato del petróleo venezolano. Lo que está en juego es privar a los rivales de Estados Unidos del acceso a ese petróleo. Washington podrá entonces utilizar esas reservas como una espada de Damocles sobre sus enemigos y sus amigos.

Si Trump no quisiera hacer nada con el petróleo venezolano, no habría anunciado la llegada de las compañías petroleras al país. El domingo indicó que, si las empresas deseaban obtener compensaciones por las expropiaciones chavistas, deberían invertir en el país. Lo que no excluye el apoyo federal a esas inversiones. Una vez mejorada la herramienta de producción venezolana gracias a esas inversiones, el petróleo podría procesarse en las refinerías de Luisiana o Texas, adaptadas a este tipo de crudo.

Las reservas venezolanas dejarían entonces de ser puramente teóricas. Podrían convertirse en un medio para hacer bajar el precio del crudo y, por tanto, los ingresos públicos de otras potencias petroleras. Eso es válido, por supuesto, para Rusia o Irán, pero también para países como Arabia Saudí, cuyos dirigentes se ven tentados a firmar acuerdos con China. El control de las reservas de Venezuela es, por lo tanto, un arma frente a los rivales de Washington, pero también un arma para disciplinar a algunos aliados.

Por supuesto, la caída de los precios también puede afectar a la rentabilidad del petróleo de esquisto estadounidense, cuyo límite se sitúa en 80 dólares por barril. Pero esto precisamente le da más flexibilidad a Estados Unidos: si su propio petróleo es menos rentable, puede recurrir a las reservas de Venezuela y disponer de petróleo barato a nivel mundial. Ahora bien, ese acceso es crucial para Washington en el marco de la rivalidad con China.

Cada vez más, la rivalidad entre China y Estados Unidos toma la forma de un duelo entre dos modelos: un capitalismo “verde” centrado en el desarrollo de la electricidad y las energías renovables liderado por China (pero que sigue consumiendo muchos hidrocarburos) y un capitalismo “pardo” centrado en el petróleo liderado por Estados Unidos. Estos dos modelos tienden a excluirse mutuamente.

El discurso anti ecológico de Washington tiene como objetivo principal rechazar los productos “verdes” chinos basados en la sobreproducción y los precios bajos. Pero para que su propio modelo resulte “atractivo”, Washington puede verse tentado a reproducir el modelo chino: garantizar un precio bajo del petróleo mediante subvenciones públicas masivas, control de los recursos y mercados cautivos.

Ese es el sentido de las presiones de Estados Unidos para levantar las regulaciones ecológicas en Europa o América Latina, en particular a través de sus aliados de extrema derecha. La operación llevada a cabo en Caracas tiene por objeto facilitar la construcción de este “hemisferio occidental” vasallo de Washington y basado en el uso masivo de la energía petrolera.

Su objetivo es contrarrestar el dominio chino en las energías renovables y las herramientas de electrificación de la producción y el transporte. Dos mundos rivales y competidores, pero que a veces compiten directamente: en ambos modelos, los minerales y las tierras raras son fundamentales y Groenlandia, rica en esos elementos, se convierte entonces en un nudo estratégico, además de ser una zona potencial de transporte dentro del propio “hemisferio occidental”.

Por cierto, y tal vez sea uno de los elementos que influyeron en el desencadenamiento de la operación de Caracas, este “orden pardo” impulsado por Trump también tiene una función interna. En un momento en que su poder se ve presionado en los propios Estados Unidos por la cuestión del nivel de vida (lo que allí llaman affordability), la promesa de Trump es ofrecer un precio bajo garantizado para el petróleo. Y como, al mismo tiempo, quiere volver al “todo petróleo” en la producción nacional, ese precio bajo ofrecerá, en teoría, un mejor nivel de vida a los estadounidenses.

Esta nueva política exterior se inscribe entonces en un nuevo tipo de relación entre el Estado y el capital. En el neoliberalismo, el poder estatal hegemónico ofrecía a su capital acceso a los mercados mundiales. Las multinacionales eran entonces el brazo armado del orden mundial estadounidense, al tiempo que garantizaban la rentabilidad del capital nacional. Con la emergencia de China y la crisis de 2008, ese modelo se derrumbó.

El capital, ahora a la defensiva, depende más del poder militar estadounidense. Pero, al mismo tiempo, el Estado federal solo actúa en el estrecho ámbito de los intereses de sus capitalistas. La estrategia imperial estadounidense se confunde entonces con la creación de una zona económicamente sometida, que se percibe como la condición para la victoria contra un rival chino que es ante todo un rival económico.

Se establece una forma de hibridación entre el Estado y el capital, en la que la rentabilidad sustenta el poder y la agenda imperial viene determinada por las prioridades económicas. En este contexto, las antiguas normas del derecho internacional o los sistemas de alianza como la OTAN quedan obsoletos. Y un posible ataque a Nuuk, la capital de Groenlandia, puede suceder al golpe de mano a Caracas.

Traducción de Miguel López

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, informa EFE.

La elección de Flávio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado en enero de 2023, según aseguró el dirigente del PL.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", comentó Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

En las elecciones de octubre de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para aspirar a un mandato de cuatro años que se iniciará en enero de 2027.

Su elección como candidato despeja las dudas que se habían abierto en la derecha tras la inhabilitación política de su padre, por haber cometido delitos electorales en 2022, y su posterior condena de cárcel por liderar un golpe de Estado para tratar de retener el poder tras su derrota en los comicios de ese año.

Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.

La serie proporciona interesante información sobre el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 pero borra en escena el papel de la mujer.

Tres traidores salvaron la democracia según la tesis del libro de Cercas y de esta producción audiovisual.

El instante elegido por Javier Cercas en el relato que da origen a la serie y que tiene el mismo título es perfecto para contar la transición española. La entrada como un venado del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso al soez grito de: “Se sienten, coño”.

A partir de ahí se llega por vía rápida a militares nostálgicos de la dictadura; al golpe brutal y cotidiano de ETA; a un presidente, Suárez, desbordado por la complejidad de los problemas; y una sociedad radicalmente a favor de la democracia.

Aquella tarde del 23 de febrero de 1981, esa noche y la siguiente mañana se pasó por el virus tan arraigado en España del golpismo militar y se fortalecieron los anticuerpos para luchar contra ello durante una buena temporada.

Movistar+ ofrece la serie de cuatro episodios sobre este momento histórico y despliega una enorme cantidad de talento en ella. Alberto Rodríguez, Fran Araújo y Rafael Cobos firman el texto de la adaptación a la pantalla del libro.

De la dirección se encargan Paco R. Baños y también Alberto Rodríguez, siempre asociado a la memorable La isla mínima. Y a su cargo unos protagonistas que bordan estas caracterizaciones tan difíciles cuando se trata de personajes recordados al milímetro por gran parte de la audiencia, la más vieja.

Álvaro Morte está irreconocible como Adolfo Suárez y, sin embargo, no parece un muñeco lleno de prostéticos. Enseguida recuerda al que fuera presidente de Gobierno. El director no creía que fuera el idóneo, el propio actor tampoco, pero las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, insistieron hasta convencer a ambos y se marcaron un enorme tanto con la selección.

Tres traidores protagonizan esta serie, como explica su propia voz en off. Acompañan a Suarez, Santiago Carrillo, interpretado por el gran Eduard Fernández, y Gutiérrez Mellado, por un Manolo Solo que también desaparece detrás de su interesante personaje. David Lorente intenta no transmitir su bonhomía a Tejero y Óscar de la Fuente borda la bravuconería del sublevado Milans del Bosch.

Un elenco impecable que se pone al servicio de contar unos hechos críticos. Porque la serie no lo es tanto de personajes, estos se utilizan como mero vehículo del relato. No se llega a inventar, a lo “nuevo periodismo”, una psicología profunda, una tridimensionalidad. La intimidad se cuenta al mínimo, posiblemente unas pinceladas documentadas históricamente.

Una opción legítima, pero que al ser tan apocada en la creación de verdaderos individuos deja el relato como algo con intención objetiva y, por tanto, algo frío. A pesar de ello, tanto quienes no recuerden los hechos como quienes repasan la lección disfrutarán de esta recreación.

Esclarecedor es el perfil de Gutiérrez Mellado, el menos conocido de los tres, que trata de explicar su temerario heroísmo del día del intento de golpe de Estado. Muy interesante también resulta el resumen de un juicio que no fue retransmitido en su día y del que no había imágenes ni sonido grabados.

Los episodios se ven del tirón porque avanzan a muy buen ritmo y los hechos dicen mucho de un país que acababa de afrontar sus primeras elecciones democráticas en las que tenía que permitirse la participación del hasta entonces ilegal Partido Comunista.

Sin embargo, todo el conjunto va creando una sensación de incomodidad creciente al constatar el papel que se ha dado a las mujeres en esta especie de obra canónica de aquellos años.

Ningún papel. Menos que ninguno. Las mujeres, pocas y con poco tiempo en pantalla, están al fondo, trayendo un café, o diciendo a sus parejas que no se esfuercen tanto, como la esposa de Gutiérrez Mellado.

Tiene delito en el caso de la semblanza de Carmen Díez de Rivera, una política fascinante que quien vea la serie sin mayor información confundirá con una servicial secretaria sin mayores atribuciones.

El delito se agrava teniendo en cuenta que la chispa del golpe de estado se considera la legalización del PCE, de la que Suárez no estaba convencido y que ella consideraba esencial para la homologación de la democracia española en Occidente. Y no lo pensaba para sus adentros, sino que como contó expresamente presionó una y otra vez para que así fuera.

Si tan fieles se pretende ser a la realidad el coche en el que Carrillo vino a España estaba conducido por la esposa de Teodulfo Lagunero, no por él mismo como se retrata en escena en otro borrado más de la mujer.

Aquí el famoso test de Bechdel que analizaba la brecha de género y requería personajes femeninos con conversaciones que no trataran de hombres ni está ni se le espera, como al general Armada en el palacio de la Zarzuela el día de autos.

Una pena, una desgracia en una serie que oficializa un periodo histórico del que somos herederos en la actualidad. Hacen falta más series como esta, que cuenten nuestra historia reciente. De esta se puede entresacar lo bueno, hay mucha profesionalidad involucrada, pero si no hay mujeres no es mi historia de la transición.

La Policía Federal de Brasil detuvo de forma preventiva este sábado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria, informaron medios locales, informa EFE.

Un grupo de agentes acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestó al líder ultraderechista, quien inmediatamente fue trasladado a dependencias policiales.

Según el grupo Globo, la Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".

La Policía Federal de Brasil informó en una escueta nota de que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema", aunque no especificó contra quién.

La detención del ex jefe de Estado se produce un día después de que sus abogados solicitaran al alto tribunal poder cumplir la pena de 27 años de cárcel que recibió por intento de golpe de Estado bajo régimen domiciliario por motivos de salud.

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro fue condenado por la Primera Sala del Supremo por intentar "perpetuarse" en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder ultraderechista, de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de esa causa.

Según medios locales, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, lo que se esperaba para las próximas semanas, tras el rechazo por parte del Supremo de los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro y quien igualmente fue condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos.

Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.