Asturias registraba a última hora de la tarde de este miércoles 14 incendios forestales, de los cuales diez estaban activos y cuatro se daban por controlados en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en una docena de concejos asturianos: Amieva, Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Llanes, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque el localizado en la zona de Antoñana, en el concejo de Belmonte, que aún sigue activo, destaca por su extensión.

Este miércoles, los 78 concejos asturianos han estado en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas máximas han quedado en torno a 24-25 grados y en la que apenas ha habido precipitaciones y las rachas de viento han amainado, mientras que mañana, jueves, toda Asturias seguirá en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas volverán a subir.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias contabilizó en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media afectada de diez hectáreas.

En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó el martes el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas. En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.

El Servicio de Minas del Principado de Asturias llevó a cabo una actuación instructora "insuficiente e inadecuada" a la hora de acreditar la capacidad y solvencia de Combayl y Blue Solving, las dos empresas del mismo entramado familiar que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo, en la que el 31 de marzo del pasado año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.

También mantuvo "inactividad administrativa" en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, la protección del medioambiente y su restauración, y se caracterizó por la "ausencia de apertura, tramitación y finalización" de procedimientos relacionados con las solicitudes o documentación relativas a estas empresas.

Así se recoge en el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, órgano encargado de velar por el buen funcionamiento de la administración autonómica, sobre el funcionamiento del Servicio de Minas que encargó el Gobierno asturiano a raíz del accidente de Cerredo.

El informe, hecho público este lunes, destaca también que Minas tampoco tuvo en cuenta el hecho de que Combayl, que traspasó los derechos de explotación a Blue Solving —ambas forman parte del entramado societario del empresario leones conocido como Chus Mirantes—, estuviera entonces inmersa en dos procedimientos sancionadores, "uno de ellos por actividad clandestina en la misma explotación".

Asimismo, concluye que "no se ha conseguido conocer de forma clara y expresa" la calificación y el alcance de las actividades que ambas empresas podían realizar en la explotación, porque Minas no hizo ni un informe técnico relativo a las mismas ni pidió aclaraciones a las memorias presentadas en cuanto a las toneladas de carbón, pese a que había discrepancias.

De "especialmente grave" tacha el hecho de que Blue Solving, a los dos días de hacerse con la titularidad de la mina, pidiese la conformidad de la administración asturiana al contrato de prestación de servicios que había suscrito con la anterior propietaria "para la realización por parte de esta última de todo tipo de trabajos de explotación/extracción de carbón en Cerredo".

Recepcionada dicha solicitud por parte de Minas, esta no mostró "oposición o disconformidad a la legalidad de dicha contratación, en la que se evidencia la intención e inminencia de actividad extractiva" y sin que se hiciese inspección alguna a la mina hasta diez meses después.

Por este motivo, la Inspección ha enviado a la Fiscalía su informe y ha recomendado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que realice las actuaciones necesarias para "determinar responsabilidades" relacionadas con la "ausencia, tanto de tramitación procedimental como de actuación inspectora".

No obstante, el consejero Borja Sánchez ha señalado durante la presentación del informe que no es el momento de hablar de responsabilidades políticas, sino de asumir y llevar adelante las once recomendaciones que ha planteado la Inspección General en su informe.

La consejera asturiana de Educación, Lydia Espina, ha anunciado este lunes su "decisión irrevocable" de dimitir tras la multitudinaria manifestación que se celebró este domingo en el centro de Oviedo, en la que miles de docentes exigieron mejoras salariales y laborales, y ante el inicio de una huelga indefinida en todas las etapas educativas no universitarias, según informa EFE.

En una carta remitida al presidente del Principado, Adrián Barbón, Espina ha admitido que "los acontecimientos que se han venido desarrollando en las últimas semanas", en las que los sindicatos realizaron varios paros y protestas, le han supuesto "un enorme desgaste emocional y personal que ha llegado a su límite".

"Siento que el ruido y los ataques han traspasado los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal. Y se han impuesto a cualquier posibilidad de diálogo desde el respeto que todos y todas merecemos. Esto es algo que resulta imprescindible para avanzar en pro de ese objetivo común que es mejorar la educación pública", ha manifestado Espina.

La hasta ahora consejera, que ocupaba el cargo desde julio de 2021 y que con anterioridad fue directora general del Planificación e Infraestructuras Educativas, ha considerado que estas circunstancias no pueden ser parte de una solución de la que se ha mostrado "convencida" de que terminará por alcanzarse.

La manifestación convocada la víspera por todos los sindicatos docentes, que este lunes inician una huelga indefinida convocada de forma unitaria, congregó en el centro de Oviedo a unas 30.000 personas según los organizadores y a unas 19.000 según la Delegación del Gobierno.

Espina ha dicho que le preocupa "que este conflicto acabe deteriorando la confianza y la percepción de la sociedad asturiana sobre la educación pública", cuando se trata de "un sistema que está en la actualidad a la cabeza de todas las evaluaciones nacionales e internacionales, no solo en éxito académico sino también por su equidad".

La hasta ahora titular de Educación, que ocupaba el cargo desde julio de 2021, ha admitido que ha cometido "errores, como los comete cualquier ser humano", pero ha precisado que "nunca" ha tomado una decisión "para agraviar ni despreciar a nadie", ya que "todas y cada una han tenido como objetivo reforzar un sistema educativo que potenciará las capacidades de todo el alumnado, atendiendo también a su bienestar emocional, acompañando a las familias y a los docentes y respondiendo a las necesidades de la sociedad asturiana".

El conflicto en la educación pública asturiana comenzó hace unas semanas tras la decisión de la consejería de suprimir la reducción de jornada en los meses de junio y septiembre ante la extensión del servicio de comedor a dichos periodos, aunque los sindicatos también exigen una batería de medidas para mejorar la educación pública asturiana. Algunas de estas reivindicaciones son una subida salarial, un aumento de las plantillas, la reducción de la burocracia y la dotación de más personal para atender la diversidad del alumnado.

La de Espina es la segunda dimisión que se produce en el Gobierno de Barbón en los últimos meses, tras la anunciada el pasado 15 de abril por la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, tras el accidente de la mina de Cerredo que el 31 de marzo provocó cinco muertos.

El Parlamento asturiano constituirá una comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo que el pasado 31 de marzo le costó la vida a cinco trabajadores, después de que la diputada del Grupo mixto Covadonga Tomé, anteriormente en Podemos, haya anunciado que apoya la iniciativa, según ha recogido EFE.

La constitución de esta comisión había sido solicitada por PP y Foro, y la medida había sido apoyada por Vox, aunque estos tres grupos aún requerían un voto más para que saliera adelante.

En rueda de prensa, Tomé, que fue expulsada de Podemos hace un año por su enfrentamiento con la dirección de la formación morada, ha dicho que ha tomado la decisión porque así lo han decidido por unanimidad las bases de Somos Asturies, plataforma recién creada en torno a su figura.

Tomé había anunciado ya la semana pasada su intención de apoyar la comisión propuesta por la derecha, pero a raíz de que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, presentase su dimisión irrevocable, decidió someter su posición a la votación de las bases de Somos Asturies.

"Ante la falta de explicaciones que no solo evidencian posibles irregularidades en el caso Cerredo sino también en el conjunto de la consejería, la decisión de nuestra gente ha sido unánime", ha remarcado Tomé, quien ha considerado, no obstante, que lo que mueve a los grupos de la derecha es "sacar rédito político", mientras que su objetivo es el de "garantizar la transparencia en la comisión" porque solo le mueve "el interés de conocer la verdad".

Preguntado por esta decisión, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido que la comisión, aún "sin nacer, está siendo utilizada ya por la derecha y la extrema derecha para desgastar al gobierno progresista" sin cumplir "con el objetivo principal, que es saber la verdad".

Barbón ha evitado pronunciarse sobre la decisión de Tomé —"no voy a comentar lo que decida cada grupo", ha dicho—, pero sí que ha asegurado que la respuesta que ha dado su gobierno en materia de investigación "es la del sentido común" y ha defendido que "lo prudente" es esperar al resultado de la "triple investigación" abierta.

Además de la investigación del Juzgado de Cangas del Narcea, en la que el Principado se personará como acusación particular, desde el Ejecutivo autonómico se ha iniciado una auditoría del servicio de minas por parte de la Inspección General de Servicios y se ha constituido una comisión especial de Seguridad Minera para investigar el accidente, ha recordado Barbón.

Por su parte, el secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares, uno de los promotores de la comisión, se ha preguntado "qué teme" el presidente del Principado que se "descubra" en la investigación parlamentaria en torno al mayor accidente en la minería asturiana en los últimos 30 años.

La consejera asturiana de Transición Ecológica, Industria y Comercio, ha anunciado este martes su "dimisión irrevocable" tras haber dado en el pleno de la Junta General del Principado explicaciones sobre el accidente minero que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, en Degaña, según informa EFE.

La consejera ha señalado que presentó el lunes por la tarde su dimisión al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha agradecido la confianza que depositó en ella para el cargo que ocupaba desde el pasado mes de febrero.

No obstante, ha afirmado que si aceptó asumir esa responsabilidad fue porque "quería trabajar por y para Asturias" y que, aunque desde el accidente minero su único objetivo era "investigación, verdad y justicia", a la oposición no le interesa conocer por qué se produjo la explosión y tan solo ejercer "un ataque permanente y personal" contra ella que ha dicho no merecer.

"En ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, para conocer la verdad y para que se haga justicia", ha señalado antes de finalizar su intervención desde la tribuna del hemiciclo y en presencia del presidente asturiano, con quien se ha fundido en un abrazo.

Las peticiones de cese o dimisión de la titular de Industria se venían repitiendo desde los grupos de oposición desde la semana pasada, tras las primeras explicaciones dadas por la consejera en sede parlamentaria sobre lo sucedido el 31 de marzo en la mina del suroccidente asturiano en la que murieron cinco trabajadores leoneses y otros cuatro mineros resultaron heridos.

Partido Popular, Foro y Vox, pero también para IU-Iniciativa por Asturies, socio de los socialistas en el Gobierno regional, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (anteriormente de Podemos) habían criticado la falta de transparencia de la consejería y puesto en duda la gestión llevada a cabo por la consejera, que, hasta su nombramiento en febrero, había estado siete años al frente de la Dirección General de Minas del Principado.

La dimisión de la consejera socialista se produce en un momento en el que ya hay una mayoría parlamentaria conformada por el PP, Vox y los dos diputados del Grupo Mixto para activar una comisión especial de investigación en la Junta General del Principado con la que dirimir responsabilidades políticas por el accidente, al margen de las penales que se deriven de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Cangas del Narcea.

IU-Iniciativa por Asturies también viene reclamando desde hace días la necesidad de "abrir puertas" y exigir responsabilidades políticas, en contra de lo que defiende el ala socialista del gobierno, que considera que se está actuando con transparencia y dando todas las explicaciones ante las dudas que han surgido en torno a las licencias y denuncias de extracción ilegal que pesan sobre la mina.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo, según todos los indicios, por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de la guardería rural en la que se advertían de que se estaba sacando carbón de la mina y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad. 

La dirección de Podemos ha comunicado este sábado la propuesta de expulsión de la única diputada de la formación en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, por parte la instructora de su expediente disciplinario ante la Comisión de Garantías Estatal. Una propuesta de resolución que es "meramente informativa" y contra la que "no cabe recurso alguno", según ha informado Europa Press.

No obstante, desde el entorno de Tomé afirman que "esta propuesta de expulsión aún debe ser evaluada y ratificada por la Comisión de Garantías Estatal, algo que podría suceder en los próximos días".

En la resolución se hace referencia a varias entrevistas y declaraciones públicas en medios de comunicación y redes sociales "arremetiendo contra personas, órganos y decisiones del partido", así como a "acciones contrarias" a los estatutos de Podemos o el hecho de no haber efectuado "donaciones de retribución al partido".

También se formula propuesta de expulsión de los miembros del equipo colaborador de la diputada Covadonga Tomé y que fueron como números dos y tres de la candidatura autonómica de Podemos, Xune Elipe y Laura Tuero. También se propone la expulsión de Jorge Fernández y la suspensión de afiliación durante nueve meses para una veintena de miembros de la organización.

Para ellos, esta medida "evitaría que se presenten a las Primarias que comienzan el martes", según apuntan en nota de prensa tras conocer la decisión.

Al respecto, Tomé pide a Ione Belarra y a Irene Montero "que rectifiquen" y señala que "aún hay tiempo para unas primarias sin vetos y para cambiar el rumbo del partido". "Reclamamos un proceso de primarias transparente, democrático y respetuoso con el libre derecho de participación de todas y de todos", añade.

La siembra es la primera fase natural para luego recoger una cosecha. Sin sembrar es difícil alcanzar luego una vendimia, un provecho. Hace tiempo que los Gobiernos del Principado de Asturias pusieron las simientes. Ahora recogen los frutos. 

Se habla hoy de la región como la que menos ha sufrido los problemas de la pandemia del covid-19. Argumentos varios se han barajado para explicar esa bonanza. Algunos más imaginativos que presuntamente reales. Otros más cercanos a la realidad. Pero no solamente la escasa incidencia del virus hizo que Asturias disfrutara de un buen verano. Otros factores han contribuido a la afluencia de visitantes de las últimas semanas. La siembra fue anterior, más allá de la llegada del coronavirus. Porque muchos turistas aprovecharon la baja extensión de la enfermedad para disfrutar de otros atractivos de la comunidad.

Asturias lleva bastantes años preservando su naturaleza de la invasión del ladrillo. Y en algún caso ha tenido la suerte del ejemplo, como el rápido cumplimiento de sentencias contra edificaciones ilegales. Las leyes aprobadas por la Junta General del Principado han defendido una conservación del entorno natural que hoy día se muestra en una costa bastante limpia de edificaciones, una montaña preservada de construcciones y unas normas que protegen la vida natural.

Por eso la abundante llegada de visitantes tenía diferentes argumentos. Playas naturales con apenas edificaciones a su alrededor, sin masificación de alojamientos y establecimientos hosteleros; unos montes de gran belleza y bien controlados; una fauna autóctona protegida. Y, por qué no decirlo, una población disciplinada y en general acogedora.

Se esgrimieron argumentos como el del aislamiento para justificar la menor incidencia del virus. Unas comunicaciones viales anticuadas -la vía ferroviaria de entrada a la comunidad data del siglo XIX y una red de Cercanías casi abandonada por falta de inversiones y mantenimiento- y obsoletas, acceso por carretera difícil o caro debido a peajes, enlaces aéreos precarios y negado acceso por vía marítima. Pero todos esos argumentos se invalidan o se resisten a la hora de evaluar los valores naturales y las medidas sanitarias protectoras que el Gobierno de la comunidad tiene implantadas. Playas, montañas, monumentos naturales, ancestral arte arquitectónico único, osos, lobos, cérvidos, bovinos, buena cocina son algunos de los emblemas de un panorama verde y unas temperaturas no agobiantes. 

Destinar más recursos a la cobertura sanitaria -Asturias es la segunda comunidad en el ranking que más presupuesto destina a sanidad por habitante-, decretar medidas preventivas que eviten la extensión de la pandemia -alerta naranja preventiva, establecida en señalados municipios ante la avalancha turística programada por las agencias de viajes-, realizar rigurosos seguimientos precisos de los brotes víricos surgidos en zonas puntuales, decretar de manera inmediata las recomendaciones emanadas de los expertos y las autoridades sanitarias, o limitar el acceso a destinos vulnerables ante la masiva llegada de visitantes -ruta del Desfiladero del Cares, Cuevas con arte prehistórico como Tito Bustillo-, son algunos de los ejemplos que han incidido en la bonanza veraniega que ha disfrutado el Principado de Asturias. La siembra de diferentes medidas preventivas, aunque algunas representasen un sacrificio para los autóctonos, tiene como recompensa una buena cosecha. 

El Ejecutivo comunitario ha sido uno de los pocos que defendió todas las medidas recomendadas por los expertos del Ministerio de Sanidad y las estableció en su ámbito competencial. Según declaró el jefe del Gobierno astur en varias ocasiones, Adrián Barbón, fue partidario del cumplimiento de las decretadas sin reclamar competencias que no le correspondían. Ejercer las propias competencias y “no llorar ante el Estado” fue uno de los valores que reiteradamente, dice, reclamó en las videoconferencias que se celebraron entre presidentes autonómicos y el presidente Pedro Sánchez. El epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegaba a señalar a Asturias como ejemplo para algunos países europeos. A buena siembra, excelente cosecha.

Fernando Granda es socio de infoLibre

El Tribunal de Cuentas ha desvelado el descontrol que sufren las millonarias subvenciones públicas destinadas a reactivar las deprimidas comarcas mineras del carbón en España. Los 1.786 millones de euros asignados a los Planes del Carbón entre 2006 y 2017 “carecían de los elementos esenciales para surtir los efectos” de lo que debería haber sido un esquema estratégico, ya que no definían “ni objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos”, ni cuantificaban el impacto que se esperaba conseguir.

De hecho, las deficiencias de esos planes eran tales que incluían iniciativas que “no se concretaron en ninguna actuación” ni siquiera se gastaron los recursos a ellas consignados, como es el caso de las medidas para restaurar el medio ambiente y la seguridad minera previstas en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012, o las medidas de apoyo a la formación y para seguridad en los trabajos de minería del Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018.

Además, las irregularidades y las deficiencias de control interno salpican la actividad del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), dependiente ahora del Ministerio para la Transición Ecológica y encargado de gestionar las subvenciones, así como de los ayuntamientos y fundaciones que las recibían.

De forma que de unos planes iniciados en realidad en 1990 no se ha realizado hasta el momento ninguna evaluación de eficacia. Pero la fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas revela que el grado de ocupación de las infraestructuras financiadas con estas subvenciones –en polígonos industriales, por ejemplo– es “reducido” e incluso algunos edificios dotacionales –como residencias de ancianos– en los que se invirtieron fondos públicos no están siquiera en uso. El tribunal concluye que su análisis de los planes expone, por tanto, “una gestión escasamente orientada a alcanzar una aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos”.

Así, el informe del Tribunal de Cuentas explica también que el número de sociedades constituidas por habitante en Asturias, León y Teruel, las zonas beneficiadas por las ayudas públicas, es menor en las zonas mineras que en las no mineras, al menos en cifras absolutas. En términos relativos, no obstante, sólo entre 2009 y 2011, el número de nuevas sociedades fue “ligeramente superior”, coincidiendo con algunas convocatorias de subvenciones. Sobre el empleo generado, el informe asegura que su aumento no se puede relacionar “única y directamente” con las ayudas, al tiempo que descarta que éstas hayan mitigado la despoblación de las áreas subvencionadas.

El órgano fiscalizador critica la “excesiva ambigüedad y falta de rigor” de la regulación legal de las subvenciones al carbón. Lo que permitió “múltiples deficiencias” a la hora de justificar la ejecución de las obras por parte de los beneficiarios. El informe encontró “incidencias” en la justificación del 51% de los convenios que analizaron sus auditores. Si a esa laxitud legal se le une la falta de medios técnicos y humanos del Instituto para la Reestructuración de la Minería –cuatro funcionarios para gestionar las ayudas de infraestructuras y 12 para las ayudas a proyectos empresariales–, el resultado no sólo son retrasos en la tramitación de un año y siete meses de promedio, y hasta tres años en algún caso, sino también una considerable inseguridad jurídica.

Alcaldes que presiden fundaciones y cobran ayudas

Entre las muestras de control inadecuado de los fondos públicos, el tribunal detalla las irregularidades descubiertas en algunos ayuntamientos. El IRCM concedió una subvención de 509.000 euros al Ayuntamiento de Berga (Barcelona) en 2007 a través de un convenio que firmó con la Generalitat de Catalunya. Su fin era adquirir un “edificio plurifuncional” y rehabilitarlo. Con ese dinero, el consistorio compró un inmueble a una fundación privada de la que era presidente el alcalde la localidad. En Espiel (Córdoba), la subvención ascendía a 5,48 millones de euros y debía destinarse a infraestructuras en su polígono industrial. Las obras se realizaron, pero en una zona fuera del perímetro que constaba en el proyecto presentado al IRMC.

En 2009 la Junta de Castilla y León recibió 600.000 euros para comprar dos camiones para extinción de incendios, una actuación no incluida en la lista de las financiables con este tipo de ayudas. Pero es que, además, el dinero sirvió también para comprar tres vehículos todoterreno, por 62.384 euros, que no habían sido mencionados en el proyecto presentado al IRMC. Y que se mandaron a León, un municipio que queda fuera de las comarcas mineras de la provincia. Con la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento de La Robla (León) el Instituto para la Reestructuración de la Minería firmó entre 1997 y 2010 un total de cinco convenios para desarrollar y ampliar suelo industrial. El Tribunal de Cuentas ha sido incapaz de “reconstruir la pista de auditoría de la ejecución y justificación” de las cinco subvenciones, destaca en su informe, por la falta de documentación aportada por el ayuntamiento.

Otra de las anomalías frecuentes se refiere a que los consistorios no son propietarios de los terrenos sobre el que se ejecutan las obras subvencionadas. Ocurrió en Puertollano (Ciudad Real), cuyo ayuntamiento percibió un total de 12,33 millones de euros para construir un palacio de congresos y exposiciones y “recuperar entornos mineros”, además de otros seis millones para construir un parque urbano rehabilitando escombreras de carbón. Los terrenos sobre los que se iba a construir el palacio de congresos no eran de propiedad municipal, sino que el ayuntamiento los adquirió a dos empresas en una fecha posterior a los convenios que firmó con el IRMC.

Todas las irregularidades de la residencia de ancianos de Fernández Villa

Pero el mayor cúmulo de irregularidades se produjo en la construcción de una residencia de ancianos en Aller (Asturias). Para su construcción, el instituto concedió 30,91 millones de euros al Montepío y Mutualidad de la Minería AsturianaMontepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, una mutualidad con 16.000 miembros cuyo presidente en 2009 era José Antonio Postigo, exsecretario de Acción Sindical del sindicato minero SOMA-UGT detenido en 2017 junto a su secretario general José Ángel Fernández Villa, por desvío de fondos. Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de 2012: precisamente el origen del dinero que habían ocultado a Hacienda, 1,2 millones de euros, lo sitúa la Guardia Civil en el proyecto de la residencia de Aller. La que fue bautizada como Operación Hulla se encuentra aún pendiente de resolución en los tribunales, que han imputado a ambos sindicalistas. El Tribunal de Cuentas ha examinado ahora el expediente de las subvenciones a petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Según su informe, la ayuda pública se otorgó pese a que no se había elaborado ningún estudio técnico que justificara la necesidad de subvencionar la residencia, para 297 residentes y con biblioteca y centro hidrotermal. Fue construida entre 2009 y 2012 y en la actualidad es explotada por una empresa, La Residencia SL, participada al 100% por el Montepío. Además, se concedió la subvención a esta mutualidad, pese a que este tipo de entidades tiene vedada la actividad objeto de la ayuda, destaca el tribunal. El montepío tampoco era el dueño de los terrenos –que tenían la calificación de “rurales de uso agropecuario– e incluso carecía de licencia de obra.

El IRCM financió el 100% del proyecto, que el montepío encargó construir a una empresa sin concurso público. La constructora, Alcedo de los Caballeros, presentó la oferta económica más elevada de las cinco que optaron al contrato, firmado nueve meses antes de que el instituto suscribiera el convenio para subvencionarlo. Para rematar la lista de anomalías, la subcontratación de la explotación de la residencia a la sociedad propiedad del montepío se hizo sin autorización, indica el Tribunal de Cuentas. El montepío no tuvo reparo en enviar al IRCM facturas procedentes de otras residencias propiedad del montepío –posee un apartahotel en Roquetas de Mar (Almería), un complejo de viviendas en Los Alcázares (Murcia) y un balneario en Ledesma (Salamanca)– y de la empresa que explotaba la de Aller, por un total que superaba el millón de euros, para que se las pagase.

Es más, el coste total de la construcción ascendió a 32,48 millones de euros, casi 1,5 millones por encima del coste inicialmente previsto, y el montepío incluso reclamó al IRMC 3,3 millones de euros al saldar el convenio en 2011. Según un informe emitido por el Ministerio de Hacienda, los costes de construcción por residente y metro cuadrado fueron en la residencia asturiana entre un 31% y un 61% superiores a otras similares, y los gastos generales y beneficio industrial del proyecto se elevan al 51%, cuando la ley no permite que se supere el 20%. Sin embargo, las calidades de la obra son inferiores a las que figuraban en el proyecto.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas critica que la residencia se dedique al termalismo para el público en general, porque el hecho de haber sido subvencionada al 100% supone un trato de favor respecto a los proyectos privados que compitan con ella. Pero es que aun abriendo sus puertas a no mutualistas su grado de utilización deja bastante que desear: no ha alcanzado el 30% de su capacidad. El IRMC está personado en el proceso penal abierto por este caso como perjudicado.

Fundaciones sin ánimo de lucro que construyen infraestructuras

A juicio del Tribunal de Cuentas, las múltiples irregularidades destapadas en la residencia asturiana no son más que una muestra de los problemas que ocasiona subvencionar a entidades sin ánimo de lucro para construir infraestructuras.

En concreto, menciona los casos de la Fundación Tecnológica y Formativa en Alimentación (Futeca), que recibió en 2011 un total de 523.415 euros para una planta piloto I+D en el centro de formación profesional de industrias cárnicas de Mieres (Asturias). Pero que se emplearon para comprar maquinaria de la industria cárnica por un importe 100.000 euros superior. La factura fue emitida por una empresa cuyo administrador único era también el presidente de Futeca. El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón ni advirtió esta infracción legal ni pidió la devolución de la ayuda.

En Villablino (León), el IRMC subvencionó a la Fundación Sierra Pambley con 3,5 millones de euros la construcción de un centro residencial, albergue y guardería, que ahora está abierto al público en general, lo que para los auditores del tribunal supone una ventaja competitiva frente a sus competidores. A la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma), el IRMC le concedió 3,67 millones de euros para adecuar varios de sus edificios. La fundación se los ha alquilado por un periodo de 20 años al Principado de Asturias; es decir, está desarrollando una actividad empresarial, resalta el informe.

El Tribunal de Cuentas recrimina al IRMC que, pese al largo listado de anomalías, no haya impulsado “suficientemente” las reclamaciones para que le sean devueltas las subvenciones mal ejecutadas. De hecho, asegura que algunas no se podrán recuperar ya tras haberse declarado la caducidad de los procedimientos de reintegro por transcurrir el plazo legal sin resolución. Además, tampoco ha abierto el IRMC ningún procedimiento para sancionar a las entidades y particulares que han cometido faltas graves o leves.

El socialista Adrián Barbón ha sido elegido este lunes presidente del Principado de Asturias por mayoría simple del pleno de la Junta General, con el respaldo de los 20 diputados del PSOE y los 2 de IU, tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones, como recoge Europa Press.

Barbón, secretario general de la FSA-PSOE y único candidato, se convierte así en el noveno presidente de la comunidad autonómica en su actual etapa democrática, al contar con la mayoría suficiente en la segunda votación del Pleno de Elección.

En su intervención final, Barbón ha querido compartir su "emoción y gratitud" por la confianza otorgada por los parlamentarios de PSOE e IU y al pueblo asturiano, ya que la investidura es "consecuencia de sus votos".

Igualmente, ha reiterado su voluntad de "diálogo" para la presente legislatura a todas las fuerzas representadas en la Cámara autonómica. "La mano sigue tendida", ha afirmado.

También ha hablado de la "responsabilidad" que supone su elección y ha destacado su compromiso para llevar a cabo una gestión "cercana, rigurosa, seria y consciente" de todo lo que se juega Asturias los próximos años.

Un futuro al que quiere inyectar "ilusión" y "trabajo" para estar "a la altura" de sus predecesores, desde el presidente en funciones, el también socialista Javier Fernández, a los primeros en ocupar la presidencia, Rafael Fernández y Pedro de Silva. "Trabajar, trabajar y trabajar, no conozco otra receta", ha apuntillado.

Adrián Barbón ha remarcado que no será el primer presidente en varios aspectos ya que no es el más joven, dado que tanto Pedro de Silva como Antonio Trevín tomaron posesión con 37 años; tampoco será el primer alcalde, ya que lo fueron también Vicente Álvarez Areces y el propio Trevín; ni tampoco el primer secretario general de la FSA-PSOE en asumir la Presidencia, ya que lo hizo Javier Fernández.

"Sí soy el primer presidente nacido después de la aprobación de la Constitución española", ha resaltado, apuntando su pertenencia a una "nueva generación" que "afronta la necesidad de gobernar Asturias". Para Barbón, ese cambio generacional "tiene que significar gobernar de una manera mejor; si es para peor no merece la pena". De este modo, asume el reto con "responsabilidad" en un cambio de ciclo para una generación nacida bajo la norma fundamental de la democracia.

Con ese propósito, hizo suyas las recomendaciones de Pedro de Silva en las que apunta que un gobernante no puede "perder osadía" ni tener "miedo a cometer errores". "Quien no decide no va a cometer errores pero tampoco va a transformar nada", ha argumentado.

De este modo, ha pedido a todos los miembros de la Junta General y a la sociedad asturiana en su conjunto que no se dejen "ahogar" por "los vapores de la vieja Asturias". "Entre todos y todas, construyamos la mejor Asturias", ha concluido.

Toma de posesión el sábado

Está previsto que el presidente electo tome posesión del cargo este sábado, día 20 de julio, en un acto solemne en la Junta General. Será el domingo o el lunes, según apuntaba el propio Adrián Barbón este fin de semana, cuando dé a conocer los nombres de las consejeras y consejeros del nuevo Gobierno.

Durante el Pleno de Elección, que se ha celebrado desde el pasado jueves en el parlamento asturiano, Barbón explicó las prioridades de su programa de gobierno centradas en fomentar el empleo de calidad; impulsar la industria competitiva, con la ciencia como gran aliada; defender la igualdad y el reconocimiento de la diversidad; reforzar los servicios públicos de calidad; y afrontar el reto demográfico.

Además, ha apelado al diálogo tanto con los agentes sociales como con el resto de formaciones y con todas las administraciones para trabajar desde la colaboración y el consenso por el futuro de Asturias.

Entre los avances del organigrama, Adrián Barbón ha resaltado que la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad será una "apuesta fundamental" del nuevo Ejecutivo, que contará también con una consejería exclusiva para el área de Cultura.

Elegido en segunda votación

En la sesión plenaria del viernes no alcanzó la mayoría absoluta, fijada en 23 de los 45 escaños de la Cámara asturiana, al no disponer del apoyo de los cuatro diputados de Podemos, que optaron por la abstención después de días de negociaciones infructuosas. También se abstuvieron los 10 diputados del PP, los cinco de Ciudadanos, los dos de Foro y los dos de Vox.

El sistema de elección asturiano favorece la gobernabilidad a la candidatura que cuente con más apoyos, ya que permite la abstención o el voto a favor pero no en contra. De este modo, pese a no alcanzarse mayoría absoluta en primera votación, el candidato ha resultado elegido por mayoría simple en segunda ronda.

Así ha ocurrido este lunes, cuando se celebró la segunda votación y Adrián Barbón Rodríguez (Laviana, 4 de enero de 1979) resultó elegido nuevo presidente del Principado, con los 22 votos de PSOE e IU.

Alcalde de Laviana entre 2008 y 2017, además de diputado en el Congreso en 2015, Barbón se convertirá en el noveno presidente asturiano y será el tercero más joven en el cargo, solo por detrás de Pedro de Silva y Antonio Trevín, ya que ambos tomaron posesión con 37 años.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ve "legítimo" que Ciudadanos cuestione la Ley de cupo vasco y reclama más contribución de Euskadi a la solidaridad entre comunidades autonómicas.

Fernández se ha mostrado respetuoso con la posición del partido de Albert Rivera y no ha querido comentar las críticas realizadas por la vicesecretaria general del PSOE y diputada por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra. "Ha pedido disculpas y no hay nada más que decir", ha puntualizado, añadiendo que es "legítimo" que el partido "cuestione lo que considere oportuno".

Además, durante una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, el presidente asturiano ha reclamado que el cálculo del cupo vasco se haga bien para que resulte "neutral" y favorezca que el País Vasco amplié su contribución a la solidaridad.

En este sentido ha indicado que mientras la comunidad foral aporta del orden de 27 millones, otras autonomías del régimen común con similar o incluso menor renta media aportan unos 200 millones, como Baleares, o más de 1.000 millones en el caso de Cataluña o Madrid.

"Hay que insistir en ello: nadie cuestiona el concierto vasco y navarro. Está en la Constitución. Pero sí es verdad que no contribuyen lo suficiente al Fondo de solidaridad", ha incidido.

Para Javier Fernández, "debería haberse hecho simultánea" la nueva Ley del cupo y la reforma del sistema de financiación para las comunidades del régimen común, apelando a la existencia de "equilibrio" entre autonomía y solidaridad.

Respecto a la posibilidad de una "quita" de la deuda para Cataluña o para otras, como Comunidad Valenciana o Andalucía, el presidente del Principado ha exigido que ese debate se desarrolle en un "marco multilateral" dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "No admito que nadie lleve ventaja en esto", ha advertido, aprovechando para reclamar una reforma para que el Senado sea efectiva como "cámara territorial".

En cuanto a la reforma de la Constitución, Javier Fernández sostiene que es necesaria para dar encaje a las comunidades autonómicas y el reparto de competencias. "Hay que hacerlo porque han pasado 40 años", ha señalado, asegurando que sería "un lastre" pensar que debe modificarse la Carta Magna por la situación de Cataluña.

Asimismo, en cuanto a la decisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de apoyar al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el que fue presidente de la gestora socialista sostiene que su partido está en este asunto "donde tiene que estar".

Se trata de una "decisión adecuada" para Javier Fernández, que no hace "ningún reproche" a Sánchez por respaldar al Ejecutivo después de defender el "no es no" a la investidura de Rajoy. El presidente asturiano dice que en política "hay que tener paciencia, algo de sentido del humor y sobre todo mucha amnesia; y yo me aplico mucho a la amnesia y, en ese sentido, estoy cultivando el olvido".

El Gobierno regional achica el agua y se esfuerza por revisar cada expediente y mitigar los daños, pero los familiares se sienten "estafados", "engañados" por la Administración y agobiados por las cifras que les reclaman desde el organismo público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), en el epicentro de un conflicto que quita el sueño a más de mil familias.

El origen del problema se remonta a la legislación autonómica anterior a 2007, que fue el año en el que se aprobó la Ley de Dependencia. El ERA, un servicio público pero no gratuito, establecía con los ancianos un contrato mediante el cual los usuarios pagaban el 75% de su pensión, independientemente del nivel de sus ingresos. Cuando fallecían, si no contaban con ningún ingreso o bien a su nombre, el organismo no les cobraba la deuda.

Pero en 2007 entró en vigor la norma estatal de dependencia, que establece que las comunidades autónomas deberán fijar en un decreto cuál será la fórmula de copago a establecer con las personas mayores a las que legalmente se les reconoció el derecho a tener una prestación o servicio y señala que en todo caso el copago debe ser acorde con la capacidad económica de cada beneficiario.

La cuestión es que entre 2007 –cuando se aprueba la ley estatal– y 2011 –cuando se da luz verde el desarrollo autonómico– el ERA no aplicó el copago a las familias de los usuarios fallecidos porque estaba a la espera precisamente de que se publicara el decreto autonómico que lo iba a fijar. Durante este periodo su residencia siguió, por tanto, regida por el contrato anterior. Y esas facturas llegaron años después, con los beneficiarios ya fallecidos. 

1.287 afectados 

La Plataforma de Afectados por la Deuda del ERA asegura que no les notificaron ese importante matiz. Ángel Rodríguez es su portavoz y fue de los primeros que, en 2013, comenzó a denunciar lo que considera un engaño. "Cuando fui yo a recoger el papel donde venía reconocido que tenía derecho a la Ley de Dependencia me dijeron que estaba todo cubierto. Después, a los tres años de fallecer mi madre, unos meses antes de que prescribiera, me dicen que tengo que pagar el importe completo. El 100% de la plaza, más allá de lo que ya habíamos pagado", lamenta.

El ERA reconoce a 1.287 personas en esta situación. 1.287 familias que tienen que afrontar pagos de miles de euros, en principio, a la espera de una resolución definitiva del Ejecutivo regional. Hay un caso de 90.000 euros y varios de 50.000, según Rodríguez. "Siempre se nos dijo, desde el colectivo de trabajadores sociales, que no tendríamos que pagar nada", critica. "Es una barbaridad. Hay mucha gente en las asambleas que vamos haciendo y es un cuadro ver a gente llorando, diciendo que los dejan en la ruina, en la calle", añade.

El Gobierno de Asturias ya está en marcha para abordar la situación, según explica la gerente del ERA, Graciela Blanco. En marzo de este año, la Junta General del Principado aprobó una iniciativa de Podemos para suspender las liquidaciones en marcha y auditar la deuda de manera individual.

El organismo elaboró un informe, indica Blanco, que proponía otra solución: revisar el expediente de cada afectado y recalcular la liquidación teniendo en cuenta la capacidad económica de cada uno. "Estuvimos buscando la fórmula jurídica que nos permita abordar esta situación. Está hecho el informe y estamos pendientes de que el Consejo Consultivo de Asturias nos diga que, efectivamente, lo que planteamos es la fórmula adecuada, o nos dé una alternativa", afirma la gerente.

La revisión se está alargando en el tiempo porque, según Blanco, hay que solicitar datos a la Agencia Tributaria y comprobar exhaustivamente en qué situación se encuentran las cuentas de cada afectado: propiedades, ingresos, bienes, etcétera.

Para la Plataforma de Afectados por la Deuda del ERA esta solución tampoco es la ideal. Consideran que establecer como criterio para la renegociación la cuantía de la herencia que recibieron los familiares no es del todo justo. "Le dijimos a la consejera que qué pasa con el que nunca cotizó ni dio un palo al agua, que recibió una herencia y lo quemó todo en vida, y como nada tiene nada paga, y el que tiene un par de pisos que le costó sangre, sudor y lágrimas conseguirlo sí que paga", dice Rodríguez.

La asociación sigue al pie del cañón porque ni están plenamente convencidos ni se fían de la solución que propone el Principado. "No podemos estar con esta incertidumbre hasta que la Administración decida mandar las nuevas liquidaciones. Tenemos que ponernos las pilas y meterles toda la presión del mundo", asegura Rodríguez. "A seguir con la lucha, porque es una barbaridad", sentencia. 

Amancio López Seijas, dueño del grupo Hotusa y amigo de Mariano Rajoy, fundó su imperio hotelero desde Barcelona, pero nunca levantó del todo el pie de Galicia, donde nació hace 60 años. Allí empezó a poner en práctica, cuando Manuel Fraga acababa de aterrizar en la presidencia de la Xunta, su principal fórmula de negocio: la gestión de hoteles de propiedad ajena.

En 1992 –López Seijas tenía 37 años– Hotusa fue la única empresa que se presentó al concurso convocado por la Xunta para explotar el complejo hotelero del Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. El Gobierno gallego se había gastado unos 30 millones de euros en expropiar los terrenos –60 hectáreas– y construir sobre ellos un auditorio, piscinas, un cámping, un restaurante, una cafetería, un aparcamiento, un hotel de tres estrellas y un albergue –2.000 plazas en total–. Se lo adjudicó a Hotusa a cambio de un canon anual de 20 millones de pesetas –120.500 euros– durante 25 años. Fue la única empresa que concursó.

El pasado mes de agosto, dos años antes de lo previsto, la Xunta le retiró la concesión por incumplimiento del contrato. Las instalaciones estaban abandonadas, incluso la maleza cubría buena parte de los pabellones. En invierno están cerradas y en agosto, cuando mayor es la llegada de turistas y peregrinos, de las 2.000 plazas no se ocupan más de 150. En realidad, el Monte do Gozo sólo disfrutó de cifras óptimas de ocupación durante los años 90. Después sufrió un lento declive que ni siquiera los grandes conciertos de rock –por su auditorio han pasado desde Rolling Stones y Bob Dylan o Bruce Springsteen hasta Iggy Pop, The Cure o Red Hot Chili Peppers– y los posteriores Xacobeos consiguieron frenar.

Además, la adjudicación fue polémica. La ganó Hotusa, pero enseguida ésta subcontrató la gestión del hotel y el cámping a Estrela de Santiago, una sociedad creada exclusivamente para ese fin y participada por la propia Hotusa, otras dos sociedades propiedad de Amancio López Seijas y un empresario hotelero compostelano, Luciano Blanco. Hoy figura como administrador único Cesio Hotels, una de las empresas de López Seijas, quien ha declinado hablar con infoLibre sobre su trayectoria empresarial. Como informó en su día el diario El País, la ley exigía que la sociedad adjudicataria hubiera explotado las instalaciones durante cinco años antes de cederlas a una tercera.

En 2008 la Xunta se gastó 400.000 euros en reparar el aislamiento de los pabellones y la cafetería; en 2009 tuvo que desbrozar, mejorar la iluminación y ejecutar otro tipo de obras de acondicionamiento para que Bruce Springsteen pudiera cantar en el auditorio. Pero el complejo no levantó cabeza. Ni con conciertos de rock ni con los Años Santos –el último fue en 2010–. En enero de 2012 la Consellería de Traballo se negó a autorizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Estrela de Santiago presentó para suspender los contratos de la plantilla durante los seis meses de invierno. Dos meses antes, sin embargo, la Xunta le había permitido a la empresa cerrar las instalaciones hasta febrero, lo que supuso el despido de 25 trabajadores contratados a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT).

Así que desde el pasado verano, ya rescindido el contrato con Hotusa, la Xunta vuelve a gestionar el albergue de peregrinos, la única instalación que sigue abierta. Y el pasado diciembre ha aprobado un plan de 1,2 millones de euros para devolver las instalaciones a su antiguo esplendor. El deterioro del complejo es tal que los trabajos incluirán desde la plantación de especies vegetales, una nueva señalización y la reposición del mobiliario urbano hasta la mejora de los accesos, la rehabilitación del auditorio y las piscinas, la creación de nuevas zonas de descanso, merenderos… todo ello para volver a sacar a concurso la gestión del complejo antes del verano.

Monasterio y spa de vinoterapia

Mucho más tranquila le ha resultado a López Seijas la gestión del Monasterio de San Clodio, en plena comarca del Ribeiro, en Ourense. El modelo se asemeja, no obstante, al descrito en el Monte do Gozo. Cuando fue declarado Monumento Nacional en 1981, el monasterio se encontraba casi en estado de ruina. La Xunta lo adquirió en 1994 e invirtió tres millones de euros en rehabilitarlo como hotel. En 2000 le encargó su gestión a Hotusa, a cambio de un canon anual de un millón de pesetas –6.000 euros– durante 25 años prorrogables, por periodos de cinco, hasta 50 años.

Como propietaria del monasterio cisterciense, cuyo origen hay quien sitúa en el siglo VI, la Xunta ha seguido sufragando reparaciones y mejoras: 144.500 euros en 2007 y 200.000 euros más en 2012, cofinanciados por el programa FEDER de la Unión Europea. Además, acaba de adjudicar por casi un millón de euros la conversión de las antiguas bodegas y cuadras del monasterio en el primer spa de vinoterapia de Galicia. En San Clodio Hotusa gestiona 25 habitaciones con categoría de cuatro estrellas. A su oferta se añadirá ahora la instalación termal.

Pousadas do Salnés, sin estrenarse año y medio después

Una tercera concesión pública gallega cayó en manos de Hotusa en abril de 2014. La Diputación de Pontevedra, gobernada entonces por el PP y presidida por Rafael Louzán, adjudicó a Arlea Hotels, del grupo de López Seijas, las cuatro Pousadas do Salnés. Lo hizo mediante un procedimiento negociado al que fueron invitadas, además de Arlea, otras cuatro empresas: Grupo Mar Costas, Millán Servicios Turísticos, STC Serveis Turistics y Rafael Hoteles. “Resulta difícil encontrar un mejor gestor para este gran proyecto”, proclamó Rafael Louzán al anunciar la adjudicación. El también presidente de la Federación Gallega de Fútbol es amigo y compañero habitual de ocio de Mariano Rajoy, al igual que López Seijas, con quien pasa los veranos en Sanxenxo (Pontevedra).

Durante 12 años López Seijas explotará estas cuatro instalaciones hoteleras, por las que deberá pagar a la Diputación pontevedresa el 11% de los beneficios que obtenga. Se trata de cuatro establecimientos de cuatro estrellas ubicados en Armenteira –dedicado a la gastronomía–, Meaño –centrado en el vino–, Ribadumia –salud y deporte– y A Lanzada –turismo–. Un total de 100 habitaciones. Su construcción se presupuestó en tres millones de euros, de nuevo cofinanciados con el FEDER, pero ha terminado costando 21 millones, de los que la Diputación ha puesto 14. Al menos es lo que denuncia la nueva presidenta de la Diputación, la socialista Carmela Silva, quien ha puesto el proyecto en manos de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas. Según explica, el anterior gobierno provincial hizo pagos irregulares a las cuatro constructoras mediante “reconocimientos extrajudiciales de facturas”. La Diputación ha sufragado hasta el mobiliario de las cuatro Pousadas: 1,4 millones de euros.

También el BNG denunció en su día ante la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) el proyecto de las Pousadas por un supuesto mal uso de las ayudas comunitarias y porque benefició a “promotores y familiares del PP”.

Las Pousadas deberían haber abierto sus puertas al público en el verano de 2014, pero a día de hoy siguen cerradas a cal y canto. Carmela Silva asegura que ninguna de ellas tiene licencia y que Arlea Hotels no ha presentado el plan de explotación. El PP, por su parte, acusa al nuevo gobierno provincial de bloquear un proyecto que estaba “listo” sólo a falta de “algún fleco administrativo”.

En total, Amancio López Seijas gestiona o posee ocho hoteles en Galicia. Aparte de los citados, explota dos en Santiago –uno de ellos el Araguaney, de cinco estrellas–, uno en A Coruña y otro en Ourense, así como otro Vigo y el de la isla de A Toxa donde celebró la Nochevieja el empresario con el presidente del Gobierno y su esposa, Elvira Fernández.

Despidos en el Hotel Reconquista

Además, en Asturias gestiona otra instalación de propiedad pública. La empresa autonómica Hostelería Asturiana (Hoasa) adjudicó a Hotusa en julio de 2014 la gestión del Hotel Reconquista, donde se celebra cada año la entrega de los Premios Princesa de Asturias. La firma de López Seijas fue la única presentada después de haber quedado desierta una primera convocatoria. Durante los próximos 30 años se hará cargo del histórico hotel de Oviedo a cambio de una renta fija de 440.000 euros al año y otra variable que no tendrá que pagar durante el primer quinquenio. También ha comprometido inversiones de un millón de euros en el establecimiento durante los próximos cinco años.

En Asturias sus problemas han sido laborales. Según el contrato, Hotusa debía hacerse cargo de los 60 trabajadores fijos del hotel, antes gestionado por el grupo Meliá. La empresa que preside Gabriel Escarrer abandonó el histórico establecimiento a los cinco años de haberle sido adjudicado y 10 años antes de que terminara la concesión. Perdía un millón de euros anuales. En teoría, Hotusa sólo podía extinguir contratos en caso de jubilación anticipada, incapacidad o despido disciplinario. Sin embargo, al mes de asumir la gestión, Hotusa comenzó a despedir. A día de hoy, se ha deshecho ya de 14 trabajadores, el 23% de la plantilla. Los jueces han declarado improcedentes tres de los despidos, y la Inspección de Trabajo ha impuesto a Hotusa al menos tres sanciones por otras tantas infracciones de las leyes laborales.

Pide un “Gobierno fuerte”

López Seijas lleva dos años organizando el Foro de Innovación Turística, que se celebró este lunes en uno de sus hoteles, el Eurostars Suites Mirasierra de Madrid.  Asistieron unos 400 representantes de empresas e instituciones relacionadas con el sector turístico. La ministra Ana Pastor inauguró la primera edición, el año pasado, y la segunda fue clausurada por el titular de Industria, José Manuel Soria. En una entrevista en el diario El Mundo este mismo lunes, López Seijas reclama “un Gobierno fuerte, estable y de amplia base, comprometido con el Estado liberalun Gobierno fuerte, con la economía social de mercado y que prosiga y consolide las reformas”.  También atribuye la creación de empleo en el sector turístico a la reforma laboral que, a su juicio, “contribuyó al saneamiento financiero y a la reducción del déficit”.

Ya antes el empresario de Chantada había criticado la “inseguridad jurídica” que, según dice, ha provocado la moratoria hotelera decidida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero ni en la entrevista ni a través del lobby Exceltur, que preside, se ha pronunciado sobre la posible independencia de Cataluña.

Este mismo martes, además, Exceltur abre su Foro de Liderazgo Turístico, que inaugurará Mariano Rajoy. Con ésta, el presidente ha inaugurado ya las tres últimas ediciones de este evento organizado por el lobby que dirige López Seijas. Tanto el foro de Hotusa como el de Exceltur son el preludio de Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra entre el 20 y el 24 de este mes en Madrid.

El Ejecutivo del socialista Javier Fernández ya está definido y supone la renovación de la mitad de los consejeros. Los nuevos rostros del Gobierno autonómico son Francisco Blanco, al frente de Empleo, Industria y Turismo; Pilar Varela, en Servicios y Derechos Sociales; Genaro Alonso, en Educación y Cultura, y Francisco Busto, en Sanidad.

Siguen en sus carteras el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez; la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo; la responsable de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, y la titular de Medio Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez.

La composición del nuevo Gobierno asturiano, que incluye novedades en la denominación de varias carteras, se conoce dos días después de la toma de posesión de Javier Fernández, que asume su segundo mandato como presidente tras un acuerdo de elección con Izquierda Unida, formación que supo la composición del Ejecutivo este lunes, antes de que el Principado anunciase los nombramientos, a las 16.00 horas, a través de nota de prensa.

Con este nuevo organigrama dejan sus responsabilidades de Gobierno Faustino Blanco, en Sanidad; Ana González, en Educación, Cultura y Deporte; Graciano García, en Economía y Empleo, y Graciela Blanco, en Bienestar Social y Vivienda.

El socialista Javier Fernández fue reelegido presidente del Principado de Asturias este martes en la tercera votación del pleno de elección, con los 19 votos que suman los 14 diputados del PSOE y los 5 de IU, según informó Europa Press.

De este modo, el pacto superó las cifras de la candidatura de la líder del PP asturiano, Mercedes Fernández, que contó con el apoyo de los 11 parlamentarios de su grupo y los 3 diputados de Foro Asturias.

Por su parte, los 9 parlamentarios de Podemos y los 3 diputados de Ciudadanos optaron por la abstención, tras no alcanzar acuerdos que favoreciera dar su apoyo a ninguna de las dos candidaturas y ante la imposibilidad de votar en contra en el proceso de elección.

Javier Fernández, jefe del Ejecutivo en funciones, ha tenido que esperar a la tercera votación para ser de nuevo el presidente asturiano. El Principado es así la última comunidad en elegir presidente tras los comicios autonómicos del pasado 24 de mayo.

La Cámara asturiana se constituyó en esta décima legislatura el pasado 16 de junio. Una semana después, el martes día 23, comenzó el pleno de elección con los discursos de los tres candidatos proclamados: el socialista Javier Fernández, la conservadora Mercedes Fernández y el cabeza de lista de Podemos en Asturias, Emilio León.

En la primera votación cayó la candidatura de Podemos al ser la menos votada, con 9 apoyos frente a los 14 del PSOE y los 11 del PP, ante la abstención de los grupos de IU, Foro y Ciudadanos.

En la segunda votación, celebrada el viernes 3 de julio, se produjo un empate a 14 escaños entre las candidaturas socialista y conservadora al votar los tres diputados de Foro a Mercedes Fernández, algo que no estaba previsto y que obligó al PSOE a retomar las negociaciones para lograr el voto de otros partidos.

Tras reuniones con Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, finalmente fue esta última formación la que decidió dar su apoyo al candidato socialista tras alcanzar un acuerdo programático revalidado en consulta por la militancia.

Javier Fernández afronta su segunda legislatura como jefe del Ejecutivo autonómico con el compromiso alcanzado con IU de defender los intereses de Asturias a nivel nacional tanto en financiación autonómica como en infraestructuras, así como garantizar los servicios públicos y la protección social, generar empleo y combatir la crisis para favorecer la recuperación económica.

El grupo parlamentario de IU apoyará con sus votos la elección del socialista Javier Fernández como presidente del Principado de Asturias, lo que garantiza su nombramiento, siempre y cuando las bases de la organización refrenden el acuerdo alcanzado este martes por ambas partes, en una consulta que se celebrará este fin de semana.

Así lo han indicado el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, y el coordinador general de la coalición en Asturias, Manuel Gonzalez Orviz, que ha comparecido a la finalización del encuentro con los socialistas, acompañados por la diputada autonómica Concha Masa.

Posteriormente, ha comparecido el propio Javier Fernández, para confirmar la ratificación del acuerdo. Los socialistas también debe someter el documento del pacto a la aprobación de su Comité Ejecutivo. Llamazares y Orviz han dejado claro que el pacto es únicamente "puntual" para la investidura y han descartado una posible entrada de la organización en el Gobierno autonómico. El presidente en funciones, por su parte, espera que el pleno de elección se celebre a mediados de la próxima semana.

El pacto incluiría, además de las ya conocidas medidas de rescate social, actuaciones en favor de la "regeneración democrática", como la frustrada Ley de Transparencia o la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en el puerto de El Musel.

También habría un compromiso de reforma del sistema electoral, en los mismos términos que la planteada en la anterior legislatura por PSOE, IU y UPyD, y que los socialistas finalmente no apoyarán al contar únicamente con el apoyo de la mitad más uno de los diputados y no con un más amplio. En este caso, Fernández ha recordado que en estos momentos si existe ese consenso más amplio (la suma de los diputados de PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos es de 31).

Por otra parte, uno de los puntos en los que más se ha centrado Llamazares ha sido en el compromiso, confirmado posteriormente por el propio Fernández, de que el Ejecutivo socialista no recurrirá la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el Plan de Residuos por no haber sometido a información pública la sustitución de la planta de reciclaje por la incineradora de Serín.

Tanto el portavoz de IU como el propio líder socialista han coincidido en explicar que se revisará todo el plan y se estudiarán medidas alternativas a la planta incineradora, si bien ninguno de los dos ha aclarado si se renunciará definitivamente a esta instalación.

Recientemente, la Consejería de Medioambiente señalaba que, en aplicación de la sentencia, el Gobierno asturiano únicamente tenía que volver a realizar el proceso de información pública para "subsanar" el "error", pero dejando claro que el plan no estaba anulado, y que el asunto estaría solucionado en cuestión de meses.

El pacto incluiría la puesta en marcha, "de manera inmediata", en palabras de Llamazares, del área central metropolitana, y el compromiso del PSOE de que todas las reformas fiscales que se lleven a cabo sean aplicando el principio de progresividad.

Llamazares ha destacado que en el único asunto en el que no hay acuerdo, porque ambas partes están en las "antípodas", es en el de la reforma del Estatuto de Autonomía y la oficialidad de la lengua asturiana.

No obstante, ha afirmado que los socialistas se han comprometido a aplicar mejoras en el tratamiento, el respaldo y el refuerzo, así como la promoción del idioma.

Llamazares ha hecho un llamamiento a Podemos para que se sume a este acuerdo. Javier Fernández, por su parte, no descarta una nueva reunión con la formación que lidera Emilio León, si bien no hay ningún nuevo encuentro previsto.

El presidente en funciones ha incidido en que el acuerdo alcanzado este miércoles está abierto a albergar a otras fuerzas políticas, y en este sentido se ha referido a la reunión prevista con Ciudadanos para este mismo martes.

Al albur de la crisis, la derecha ha convertido nuestro sistema público de salud en un sistema de aseguramiento. Y lo ha hecho a través de real decreto 16/2012, que quiebra la universalidad de nuestro sistema publico de salud, dejando fuera de cobertura a cientos de miles de personas en nuestro país y estableciendo barreras de acceso como es el sistema de copagos, que establece un modelo injusto de sanidad en el que el acceso está limitado a aquellos que puedan financiárselo.

En esta situación, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Andalucía y Asturias, hemos mantenido la universalidad del sistema y la cartera de servicios, y no hemos aplicado los copagos en el ámbito hospitalario, garantizando un sistema igualitario donde todas las personas tengan el mismo derecho en el acceso a los tratamientos y a los servicios

Ante esta quiebra del sistema publico de salud provocada por las decisiones del Gobierno del Partido Popular, nuestro compromiso es revertir esta realidad y adoptar las medidas que eviten que el futuro se desmonte nuestro Sistema Nacional de Salud, para lo que blindaremos el sistema constitucionalmente como un derecho fundamental, promoviendo una nueva Ley de Sanidad que permita la cobertura publica universal y gratuita en la asistencia sanitaria. Con una financiación adecuada y sostenible, para lo que estableceremos que se destine a la sanidad un porcentaje estable de financiación de, al menos, el 6,5% del PIB. Esta medida estatal se complementará a nivel autonómico, y allí donde gobernemos aprobaremos una Ley de Sostenibilidad del Sistema Público de Salud que garantice su financiación.

La equidad en el acceso a los tratamientos también es una prioridad para el Partido Socialista, y para ello restableceremos la cartera común de prestaciones y servicios sanitarios, derogando la decisión injusta de excluir medicamentos de la cobertura pública, que aprobó el PP, y eliminando los copagos, que tanto daño están haciendo a las familias españolas.

Queremos un modelo sanitario transparente, con indicadores clave para conocer parámetros como los tiempos de espera. Una sanidad que evalúe el impacto en salud de todas las políticas y que cuente con una atención primaria fuerte y que atienda de manera particular a la cronicidad. Una sanidad en la que, en definitiva, la iniciativa pública lidere el sistema y que cuente con una nueva gestión en la que los profesionales se sientan reconocidos y respaldados, dotándolos de los medios para promover la investigación biomédica y la excelencia como un elemento importante del sistema sanitario.

En sanidad tampoco somos iguales allí donde gobernamos, y donde gobernemos. Los socialistas garantizamos la sanidad como un derecho irrenunciable y como una de las bases fundamentales de la igualdad entre las personas y los territorios.

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*María José Sánchez Rubio es secretaria de Sanidad de la ejecutiva federal del PSOE y consejera en funciones de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucíasecretaria de Sanidadconsejera en funciones de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la condena a siete años de inhabilitación especial para el exdiputado de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y exviceconsejero de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno autonómico Ángel González (IU) por ser autor de un delito de prevaricación.

La sentencia, recogida por Europa Press [puedes consultarla aquí en PDF], ratifica la misma pena para el ex alto cargo de la Consejería de Bienestar Social Roberto Moro, como "cooperador necesario" de la prevaricación.

El Alto Tribunal rechazó así los recursos de casación presentados por ambos y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 6 de mayo de 2014.

Esta resolución considera probado que González y Moro, siendo viceconsejero de Bienestar Social y Secretario General Técnico de la consejería respectivamente, realizaron un "fraccionamiento ilegal de un contrato" para instalar hitos conmemorativos, los denominados monolitos, para señalizar lugares donde se localizaron fosas comunes en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Para el Supremo, la prevaricación no se les atribuye sólo por la fragmentación del contrato, sino por la combinación de esa fragmentación, para evitar el procedimiento negociado, y la simulación de la presentación de tres presupuestos, encargando todos ellos a un único contratista a quien previamente ya se había decidido adjudicar el contrato, prescindiendo de la posibilidad de que pudiesen presentarse opciones más favorables a los intereses generales.

"Accesoria" la colocación de hitos

"La contradicción con el derecho se manifiesta tanto en la omisión de trámites esenciales del procedimiento como en el propio contenido sustancial de las resoluciones, y es de una entidad tal que no puede ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable, ya que la ilegalidad es contundente y manifiesta", sostiene el Supremo.

El Tribunal afirma que, como destaca "acertadamente" el Ministerio Fiscal, es manifiesto que "nos encontramos ante un contrato de suministro, pues lo relevante era la adquisición de las placas o hitos conmemorativos, siendo absolutamente accesoria su colocación".  

El diputado en el Congreso de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, respaldó este miércoles al coordinador federal de la formación, Cayo Lara, después de que infoLibre publicara en exclusiva el audio de su intervención a puerta cerrada ante sus dirigentes en la reunión de la Presidencia Federal del domingo. "Comparto su preocupación", dijo, haciendo referencia al "excesivo nerviosismo" que se vive en IU ante la irrupción de los nuevos partidos.

Lara protagonizó el pasado domingo un acalorado alegato ante sus compañeros, a los que abroncó por los conflictos internos que vive la organización desde los últimos meses y a la que reclamó "paz" y "reflexión" de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

"IU se ha dejado llevar por una dinámica" que le daña

El coportavoz de Izquierda Abierta, diputado asturiano y candidato a la Presidencia en el Principado de Asturias defendió así a Lara durante una rueda de prensa en Oviedo, asegurando que dentro de Izquierda Unida existe un "excesivo nerviosismo" ante el "terremoto político" que están provocando los partidos emergentes.

"Es verdad que nos afecta, pero estoy seguro de mi organización y creo que vamos a aguantar perfectamente el tirón", subrayó. Para Llamazares, las declaraciones del coordinador federal no han sido "extemporáneas", sino que se corresponden a situaciones vividas en algunos territorios como Madrid, donde "IU se ha dejado llevar por una dinámica que no favorece a la formación".

Los problemas "forman parte más del PCE" que de IU

También opinó sobre la grabación el aspirante de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el poeta Luis García Montero, también militante de Izquierda Abierta. Para el candidato, son "inaceptables las disputas internas" dentro de la formación en año electoral, pues sacan "lo peor" de la organización, y frente a ello quiere reivindicar sus "señas de identidad" basadas en la izquierda, ya que IU no puede "liquidarse con discursos difusos" donde "no se sabe si se es de izquierdas o de derechas".

Aseveró también que se siente "muy solidario" con Cayo Lara, y entiende que la "unidad" es la primera tarea que debe tener una organización, pues los militantes (5.000 en la Comunidad de Madrid) están al margen de esos problemas. En declaraciones en Al rojo vivo, en La Sexta, recogidas por Europa Press, García Montero dijo estar preocupado, "como es lógico", por la situación que ha vivido IU pero considera que es un "debate ya zanjado", en línea con lo que ha venido afirmando IU-CM.

"Las diputas internas sacan lo peor de nosotros mismos y oculta lo mejor de nosotros", indicó el poeta y candidato de IU a la Comunidad de Madrid para asegurar que, de cara a superar esas disputas e impulsar la campaña, la federación debe centrarse "en lo mejor" que tiene. García Montero considera que los problemas internos forman parte más del PCE que de IU y cree que hay que hacer caso a Lara, dejarse de "enfrentamientos" y centrarse en la unidad.

Montero apuntó que la federación ha atravesado una situación entre los "compañeros que piensan que hay que liquidar IU y pasarse a otros proyectos" y los que creen, como él, que IU tiene una misión que cumplir. Por ello, defiende la necesidad de IU dentro de la regeneración democrática que vive España.

Asegura el candidato de IU a la Comunidad de Madrid que él apuesta por la convergencia porque comparte ideas con los "amigos" de Podemos, como es el caso de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón –máximos dirigentes de esta formación– y de otros como la excandidata de IU Tania Sánchez o la coportavoz de Equo, Inés Sabanés. En este sentido, García Montero cree que tienen que las fuerzas progresistas tienen que ponerse a hablar en conjunto pero teniendo claro que la "defensa del espacio de IU es importantísima".

El diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ofreció un pacto al coordinador de la formación en el Principado, Manuel González Orviz, para acordar los detalles de la campaña de las elecciones primarias que ambos van a protagonizar y también la futura lista electoral a las autonómicas y la dirección regional de Izquierda Unida.

Llamazares y González Orviz competirán en primarias para decidir quién será el candidato de Izquierda Unida a las elecciones autonómicas en Asturias de mayo de 2015.

En rueda de prensa en el Congreso, Llamazares dijo estar dispuesto a competir y expresado todo su respeto por la candidatura de González Orviz, a quien considera "un gran coordinador" de IU en Asturias, informa Europa Press.

Eso sí, quiere que el proceso se desarrolle con consenso y para ello propuso celebrar una reunión entre ambos para pactar los detalles de la campaña, como los medios de cada uno y la celebración de debates, y también otros asuntos como la futura candidatura electoral y la dirección regional de la federación.

Críticas al "mal estilo" del PSOE asturiano

El diputado aprovechó también su primera jornada de campaña para criticar el "mal estilo" del PSOE asturiano por organizar un acto en Gijón con exmilitantes de IU que anuncian su apoyo a la candidatura socialista.

Tras recordar que esos antiguos miembros de IU, entre ellos exdirigentes de IU como Rubén Fernández (su número dos cuando él era coordinador federal) y Melania Álvarez, Llamazares se quejó de la "actitud beligerante" del PSOE y de su "injerencia" en asuntos internos de Izquierda Unida, una actitud que, en su opinión, contrasta con "la actitud dialogante y dispuesta al acuerdo" que su organización ha mostrado tanto en Gijón como en el conjunto de Asturias.

Aunque Izquierda Unida sigue enredada (y atrapada) en el bucle del caso Bankia y de sus primarias en Madrid, sus federaciones intentan centrarse en sus propios procesos de primarias y en poner a punto la maquinaria electoral para una convocatoria clave: las municipales y autonómicas de mayo de 2015. En IU, a diferencia del PSOE, por ejemplo, no hay una fecha cerrada a la que se sumen los territorios. Cada uno de ellos tiene autonomía para marcar sus ritmos y tiempos. Pasado el nombramiento de los candidatos de Andalucía, Valencia, Madrid, Murcia y Canarias, queda una segunda tanda de elecciones internas. En Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Navarra. Pero el foco más jugoso está en Asturias, una de las federaciones de mayor peso en toda IU y donde se enfrentan el actual diputado en el Congreso por Asturias, Gaspar Llamazares, y el coordinador regional, Manuel González Orviz. Una pugna en la que ninguno parte como un claro vencedor.

Para Llamazares (Logroño, 1957), se podría decir que es su tercera vida política. Porque comenzó su trayectoria en su tierra de acogida, Asturias, a los 24 años, en el Partido Comunista (PCA) y siete años más tarde se convirtió en el coordinador regional de IU en esa comunidad, y en 1991 fue elegido ya diputado en la Junta General del Principado –la Cámara autonómica– y en 1995 y 1999 concurrió como candidato a la Presidencia de la comunidad. En 2000 comenzó su segunda etapa, ya en Madrid, al ser aupado al liderazgo federal de IU. En 2008, tras el batacazo en las generales, cedió las riendas de la coordinación a Cayo Lara. Pero preservó su acta de diputado. Esta es, de hecho, su cuarta legislatura en el Congreso (2000-2004, 2004-2008, 2008-2011 y 2011-2015). El parlamentario consideró agotado su ciclo en la capital y decidió, por sorpresa, competir en las primarias asturianas, que se celebrarán el 24 de enero. 

Intentó una candidatura "de consenso", pero no pudo ser. González Orviz, que nunca ha ocupado un escaño en la Junta General, se postuló. Él fue elegido coordinador de IU Asturias en julio de 2012, tras una tortuosa asamblea en la que se enfrentaron tres sectores: el crítico (el de Orviz) y las dos facciones que integraban la dirección anterior, la de la diputada autonómica Noemí Martín –a quien apoyó Llamazares– y la del exsecretario de Organización Ángel González. Este al final respaldó a Orviz como líder regional. 

Disposición al "acuerdo"

El coordinador tiene a su favor el aparato de IU Asturias, y el apoyo de varios líderes locales, de su antecesor en el cargo, el senador Jesús Iglesias, y de Ángel González, pese a que este ha perdido peso institucional y orgánico, al tener que dejar su acta tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa cometido en su etapa como viceconsejero de Bienestar Social. Llamazares, a su vez, tiene el respaldo del grupo parlamentario en la Junta General al completo (empezando por su actual portavoz, el exconsejero Aurelio Martín), y de los dirigentes de las grandes ciudades, además de su conocimiento social. El excoordinador conserva aún un ejército fiel de militantes en su federación, que trasciende las fronteras del partido que él colidera en el seno de IU, Izquierda Abierta (IzAb). 

Llamazares hizo oficial este viernes la presentación de su candidatura a través de su cuenta de Twitter, presentó su postulación por escrito (tenía de plazo hasta el día 22) y mandó una carta al coordinador regional comunicándole su voluntad de concurrir en el proceso. "Unas primarias que, a tenor de la numerosa inscripción de simpatizantes, pueden ser un éxito de movilización y de encuentro de Izquierda Xunida [marca asturiana de IU] con su entorno de activistas sociales, a la par que un indicador electoral en un contexto complejo pero esperanzador para la izquierda real de Asturias". El diputado le insistió en que cuenta con su "lealtad" a la organización y a la dirección regional, y le reiteró su "disposición al acuerdo en todo el proceso de primarias, para garantizar la información, el debate, el fortalecimiento y la cohesión de IU, pero también el llamamiento a los trabajadores y a los ciudadanos asturianos". 

Orviz celebró el "reto" de competir contra Llamazares, un "valor" de IU. Las primarias, ha ido recalcando en los últimos días, deben servir para "movilizar" la organización. En el proceso están llamados a participar tanto los más de 2.500 militantes de IX como los simpatizantes inscritos. A partir del 7 de enero, los precandidatos dispondrán de diez días para recabar los avales necesarios –el 10% de los afiliados o el 15% de los registrados–. Después se abrirá la campaña y la jornada de votación, el 24 de enero. 

Candidatos ya muy asentados en varias federaciones

El fin de semana siguiente, tocarán las primarias de Aragón, también abiertas a simpatizantes. Los candidatos deberán recoger el aval de al menos el 15% del censo de militantes y nunca más del 25%, entre el 22 de diciembre y el 9 de enero. Lo previsible es que quien puje por la cabecera de cartel autonómica sea Patricia Luquin, portavoz de IU en las Cortes regionales. El coordinador desde 2002 y parlamentario desde 2003, Adolfo Barrena, le cedió el puesto institucional en septiembre de 2013, una señal del relevo. Luquin pertenece a la nueva hornada de dirigentes de IU, más jóvenes, bien conectada con el diputado por Málaga en el Congreso, Alberto Garzón, único candidato por ahora a las primarias federales. 

Para febrero serán los siguientes procesos previstos, en torno a la fecha de la elección, precisamente, del aspirante a la Moncloa, el día 15. Es el caso de Castilla y León, donde por ahora su coordinador y procurador en las Cortes autonómicas, José María González, emerge como el aspirante más claro. Lo esperable habría sido que encontrara como rival al secretario general del PCE regional y líder burgalés de IU, el joven Pedro María de Palacio, con quien ya se enfrentó por el liderazgo de la federación castellanoleonesa en la asamblea de 2013. Este obtuvo el 40,6% de apoyos. Pero De Palacio dejó todos sus cargos en IU y en el PCE hace unos días por "no tener una posición rupturista clara con el régimen de 1978 y por no apostar por una convergencia clara". El proceso se abre a afiliados (unos 1.200) y todos los ciudadanos que quieran inscribirse. Se podrá votar en las asambleas, por correo y a través de Internet. 

En Castilla-La Mancha, la elección del candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades será también a mediados de febrero. Será en primarias abiertas a los simpatizantes. El coordinador regional, Daniel Martínez, un hombre alineado totalmente con el líder federal, Cayo Lara, es el candidato natural. La dificultad, en cualquier caso, radicará en el cambio de la Ley Electoral aprobada en solitario por el PP de María Dolores de Cospedal, que reduce a la mitad el número de diputados, hasta los 33, lo que dificulta el acceso a la Cámara a las terceras fuerzas.

El caso singular de Extremadura

Para el 22 de febrero se conocerá el nombre del candidato de IU en Extremadura, la federación rebelde, la que en 2011 desafió a la dirección de Cayo Lara y, con su abstención, acabó con 28 años de Gobiernos socialistas y abrió la puerta de la Junta al PP de José Antonio Monago. Desde entonces, la cúpula regional ha funcionado como un verso suelto, un dolor de cabeza que recurrentemente volvía sobre Lara. Extremadura es, de nuevo, la federación que se desmarca del resto en la forma de designación de su número uno a las autonómicas. El Consejo Político del pasado 14 de diciembre, aprobó hacerlo por el sistema de primarias cerradas, sólo para militantes. Hasta el 13 de enero se pueden presentar las candidaturas, que deberán contar con "el aval de al menos un 25% de miembros del Consejo Político, un 10% de la afiliación" –hay 810 militantes– o a propuesta de la Presidencia de IU Extremadura. 

Los afiliados podrán votar sólo por correo, y se recogerán "todas las cartas que lleguen hasta el 22 de febrero", cuando un Consejo Político Regional ampliado abrirá las papeletas y contará los sufragios. 

En IU Extremadura, según fuentes de la dirección, se debatió si abrir o no las primarias a los simpatizantes. En las europeas, este fue el sistema pero, explican, "hubo que anular el voto telemático porque la misma persona podía votar diez veces". "Entonces se ha buscado un sistema más lento y restringido, pero que ofrece más garantías". Es decir, que se optó por un procedimiento cerrado "por falta de infraestructura para elaborar un censo y para evitar impugnaciones". 

El candidato seguro es el coordinador regional y portavoz en el Parlamento autonómico, Pedro Escobar. La corriente crítica autodenominada La Mayoría considera "muy improbable" su participación en las primarias, según su portavoz, Margarita González-Jubete. El sector reclamaba un procedimiento abierto a simpatizantes y que Escobar no se presentase a la reelección. Condiciones que no se dan. "Tenemos poca confianza en el carácter democrático de estas primarias. Y no tenemos interés en avalarlas con nuestra presencia". 

Conflicto aún abierto en Madrid

En Navarra, la situación es peculiar. Allí, IU y su socio en las últimas elecciones, la formación vasquista Batzarre, han impulsado un proceso de primarias abiertas de forma conjunta, para elegir al cabeza de lista y a los otros nueve miembros de la candidatura. Ambas fuerzas hicieron ya un llamamiento a Equo y Podemos, pero ninguna ha respondida hasta ahora. No hay aún reglamento ni tampoco candidatos, porque la fecha prevista de votación es "entre finales de febrero y principios de marzo", según el dirigente de Batzarre Txema Mauleón. Él y José Miguel Nuin, coordinador regional de IU, tienen asiento en la Cámara foral y son los dos principales referentes de la coalición. Para evitar que la lista sea monocolor, se introducirán elementos de corrección que garanticen la representación de los dos aliados. Se permitirá el voto telemático y presencial. 

En Asturias (5 diputados), Aragón (4), Navarra (3) y Castilla y León (1), IU tiene representación en esta legislatura que concluye en 2015. En las Cortes manchegas, la federación está fuera desde el cuatrienio 1995-1999.

Los aspirantes de Andalucía (12 diputados en 2012), Valencia (5 en 2011), Madrid (13), Murcia (1) y Canarias (ningún escaño) ya están elegidos. La federación andaluza fue la que antes hizo sus deberes, pese a que no tendrá comicios autonómicos, salvo si hay adelanto, hasta la primavera de 2016. Eligió, en primarias abiertas, a su coordinador, Antonio Maíllo. En Valencia, ganó el joven Ignacio Blanco frente a la líder autonómica, Marga Sanz, que cedió al vencedor el puesto de portavoz en Les Corts. En Murcia, se impuso el coordinador y único diputado, José Antonio Pujante, frente a Candi Marín y Víctor Egío. En Canarias, sólo se presentó el jefe de filas, Ramón Trujillo.

Y en Madrid, es donde el proceso ha sido más complejo y tormentoso, por el grado de enfrentamiento. Se hizo con la candidatura a la Comunidad la diputada Tania Sánchez Melero, y con la del Ayuntamiento, su compañero Mauricio Valiente. Ambos del sector crítico, opuesto al grupo que tradicionalmente ha gobernado la federación, cuya cabeza visible es el actual portavoz municipal, Ángel Pérez. Sánchez y Valiente ganaron tanto en la urna de militantes como en la de simpatizantes, de forma incontestable, pero ninguno ha sido aún ratificado. Sin alternativas contra GarzónIU-CM, de hecho, está paralizada

. La dirección no tiene jefe, porque el coordinador, Eddy Sánchez, dimitió a las pocas horas de conocerse el resultado. Pero las dos partes no han logrado pactar una comisión colegiada que le reemplace. Y el núcleo de Pérez, SomosIU, se ha encastillado y se niega a que este y el portavoz en la Asamblea, Gregorio Gordo, paguen con su cargo su responsabilidad política por la participación de IU en Caja Madrid y Bankia, como reclamó la Presidencia Federal. La guerra sigue abierta y el abismo, cada vez mayor. A día de hoy, la ruptura, fatal para toda IU, no es descartable. 

Mientras, las primarias federales, abiertas a simpatizantes, ya están en marcha. El 26 de diciembre acaba el plazo para que los posibles candidatos comuniquen a la dirección su voluntad de competir. Y, hasta el momento, sólo lo ha avanzado Garzón. Si nadie más da el paso, él será virtualmente ya el aspirante a la Moncloa. Si alguien decide rivalizar contra él, tendrán que lograr los avales: entre el 3% y el 15% del censo (compuesto por 30.000 militantes). Si los dos pasan la prueba, comenzaría la campaña y la votación, por correo postal, voto telemático o en urna, hasta el 15 de febrero. Todavía podría haber sorpresas en los siguientes días, pero cada vez la posibilidad de un competidor de Garzón se diluye. Izquierda Abierta sigue sin ver condiciones (quería que la votación fuera en marzo, y una campaña más larga) y es consciente de que la candidatura del parlamentario por Málaga, empujada por la mayoría de federaciones y por el líder del PCE, José Luis Centella, cuenta con muchas fortalezas. Con todas las de ganar.