Soy consciente de que la supresión de la acción popular llevaría aparejada una modificación de la Constitución, tarea imposible en estos momentos. Además, sería nociva porque supondría el cercenamiento del derecho de participación en la justicia que junto con el jurado y la iniciativa legislativa popular son los únicos resquicios que deja nuestro texto constitucional a la democracia participativa.  Somos varios los que desde hace muchos años venimos denunciado los abusos y subterfugios de los que se dedican profesionalmente a utilizarla exclusivamente con fines políticos.   

Tanto en la Constitución como en la ley de Enjuiciamiento Criminal, se configura la acción popular como un derecho de los ciudadanos españoles, sean o no perjudicados por el delito para ejercitarla en toda clase de delitos, salvo los que la ley reserva a la iniciativa particular. Gran parte de la proliferación de estas acciones se debe al incumplimiento de las previsiones legales por parte de los jueces y juezas que las reciben. Para valorar su admisibilidad es ineludible la presentación de una querella que deberá contener los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, entre ellos una relación circunstanciada de los hechos con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecuten si se supiere. El querellante asume que los hechos son verdaderos. Si resultasen falsos se deben eliminar los obstáculos que establece el Código Penal para proceder el delito de acusación falsa. La ley impone a los jueces la obligación de desestimar la querella cuando los hechos en que se funde no constituyan delito.  

El Grupo Parlamentario Socialista, el 10 de enero de 2025, ha presentado una "Proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". La iniciativa me parece inoportuna y desafortunada, no solo por adoptar la forma de Proposición de ley, sino también porque, con un título alambicado, trata de envolver una drástica reducción de la acción popular.

En la Exposición de Motivos, se alude –y lo comparto– al uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos. Por su contenido obliga a los jueces y magistrados a posicionarse políticamente.  

Nada que objetar a la extensión de la posibilidad de ejercitar la acción popular a los ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea que tengan su residencia en España. También, a las entidades y organizaciones privadas que tengan por objeto la protección o defensa de intereses difusos o generales relacionados con el bien jurídico tutelado en la norma penal.   

Comparto la prohibición de ejercitarla a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. El campo de actuación de los partidos políticos discurre fundamentalmente en los órganos parlamentarios a través de las mociones de censura, de confianza, reprobación, los controles parlamentarios y las Comisiones de investigación, por lo que no deben judicializar sus debates y controversias. Si se intenta eludir la prohibición utilizando personas físicas o jurídicas encubiertas, se debe rechazar por considerar que existe un fraude de ley. 

A partir de este último párrafo comienzan las restricciones. La persona que ejercita la acción popular debe acreditar ante la autoridad judicial la relación o vínculo personal, social o profesional con el interés público que motiva su intervención en el procedimiento, así como la relevancia y suficiencia de dicho vínculo. Se exige además que se acredite documentalmente. En la práctica se hace casi imposible –y en cualquier caso aleatorio– acreditarlo. En el caso de las personas jurídicas, se puede y se debe acreditar acudiendo al objeto social establecido en sus estatutos.  Por supuesto se debe rechazar la querella cuando carezca manifiestamente de fundamento.

Si se supera este primer impedimento, si el que ejercita la acción popular instase la práctica de alguna diligencia, el órgano judicial tendrá dicha petición por no formulada. Por si no había quedado claro, no tendrá acceso al procedimiento judicial ni se le permitirá desarrollar actuación alguna durante la fase de instrucción. Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano judicial conferirá traslado al acusador popular del auto de conclusión del sumario o de la resolución dictada. La acusación popular podrá impugnar, menos mal, el sobreseimiento libre que hubiera sido acordado por el órgano judicial con arreglo a esta ley. 

El coste que supone la asistencia de Abogado y Procurador, requisito indispensable para presentar una querella, para después convertirse en un convidado de piedra que tiene el mismo protagonismo que cualquier ciudadano que siga los acontecimientos a treves de los medios de comunicación, es un elemento desincentivador muy eficaz. Esta inconstitucional medida atenta contra el principio de igualdad de armas, parte esencial del derecho a un juicio justo y con todas las garantías en el que cada parte debe tener una oportunidad razonable para presentar sus pretensiones en condiciones de igualdad con todos los demás participantes. El Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que el principio de igualdad de armas está implícito en el artículo 24 de la Constitución.

Otro tajo importante a las posibilidades de ejercitar la acción popular se materializa en su limitación a once categorías de delito elegidas, en mi opinión, arbitraria o intencionadamente seleccionados. La Exposición de Motivos justifica la limitación a aquellos delitos que merecen un especial reproche o que por su repercusión social resultan idóneos "para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio fiscal, puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política como ejemplos más representativos". Contemplar la posibilidad de ejercitar la acción popular en los casos de los delitos de rebelión o los que corresponden a la Corte Penal Internacional (genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra) me parece una decisión extravagante. Si cualquiera de estos delitos (rebelión y delitos de lesa humanidad) se llega a hacer realidad y es necesario acudir a la acción popular, es que ha desaparecido la estructura institucional del Estado. En definitiva, se debe extender a todos los delitos públicos y corresponde al juez valorar su viabilidad en cada caso.

Especial extrañeza produce la exclusión de la posibilidad de perseguir, mediante la acción popular, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Sospechosamente el debate surgió con ocasión del caso Nóos (Urdangarin-Infanta Cristina). Su defensa sostenía que no habiéndose ejercitado contra ella acusación por el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado, procedía archivar por aplicación de la que se conoce como doctrina Botín. La Audiencia Provincial de Baleares consideró que dicha doctrina no es aplicable a la Infanta, acusada de ser cooperadora necesaria de un delito contra la Hacienda pública, porque considera que: "El bien jurídico protegido por el tipo previsto en el artículo 305 del Código Penal (Delito contra la Hacienda Pública) por el que se le acusa, es de naturaleza supraindividual, colectiva o difusa. Se resume en el eslogan “Hacienda somos todos”. Todo ello permite considerar legitimada a la acusación popular para accionar en solitario en este caso."

La Abogacía del Estado esgrimió para oponerse a la acusación contra la Infanta Cristina un argumento que podríamos calificar, como mínimo, de pintoresco. Sostuvo que la expresión “Hacienda somos todos” era un simple eslogan publicitario, pero sin contenido jurídico. Es evidente que la Abogacía del Estado no tuvo en cuenta el texto de la Ley General Tributaria, en el que se recuerda que "el sistema tributario se basa en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria." El fraude fiscal afecta a la posibilidad de realizar una política redistributiva e impacta sobre la capacidad de las Instituciones para ofrecer los diferentes servicios (educativos, sociales, sanitarios, becas, vivienda de protección oficial…). Espero que no se haya tenido en cuenta la existencia de una querella contra el Rey Emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública.  

Por último, la disposición transitoria única, que puede tener apoyo en los principios generales que rigen la retroactividad o no retroactividad de las leyes procesales, suscita, como es lógico, serias reticencias y desconfianzas por su aplicación a procesos en curso de notoria relevancia política. Se podían haber seguido las pautas que marcaron las disposiciones transitorias de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las que se estableció que no se aplicará a los procesos en curso. Pienso que el Proyecto debe retirarse a la espera de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya lo decía San Ignacio de Loyola: “En tiempos de tribulación no conviene hacer mudanza”.

_________________________

José Antonio Martín Pallin es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).

La comisión que está tramitando la ley de amnistía en el Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la norma con el veto del PP y lo ha mandado ya al Pleno, de modo que ha dado ya su penúltimo paso en la Cámara Alta y se votará el próximo martes, después de las elecciones catalanas, según ha recogido Europa Press. La mayoría del PP hará que el texto vuelva al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios levanten este veto y se apruebe definitivamente.

Como era previsible, los de Alberto Núñez Feijóo han optado por dilatar al máximo la tramitación de la ley de amnistía, que se vetará en el Pleno del martes 14 de mayo, una sesión que no estaba prevista inicialmente ya que el día siguiente, el 15 de mayo, es festivo en Madrid.

La ponencia de la comisión que está tramitando la ley de amnistía en el Senado aprobó el pasado lunes su dictamen en base al informe de los letrados, que denuncian la inconstitucionalidad de la norma y los derechos que "entran en conflicto con la arquitectura jurídica" de la Unión Europea.

A partir de ahí, este dictamen ha sido refrendado y ya vetado este jueves en una reunión de esta comisión creada ad hoc para tramitar la ley de amnistía, de modo que el veto definitivo del PP a esta norma será votado en el Pleno del 14 de mayo.

La proposición de ley de amnistía, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Senado el pasado 15 de marzo con el trámite de urgencia tras ser aprobada por el Congreso.

Sin embargo, la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP dio potestad a la Mesa de la Cámara Alta para eliminar la vía de urgencia de esta norma, de modo que la amnistía ha pasado por el Senado como un texto ordinario.

De esta manera, el plazo máximo de tramitación de la ley de amnistía en el Senado es de dos meses, como cualquier norma ordinaria, por lo que la Cámara Alta dispone hasta el 16 de mayo para votar esta norma en el Pleno.

Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría popular, ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.

Los primeros en emitir su informe fueron los letrados del Senado, que concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como "reforma encubierta de la Constitución".

Eso sí, el PP también solicitó un informe para ver las consecuencias de no tramitar esta ley en el Senado, como insistía Vox, aunque los letrados de la Cámara sostienen que se tenía que tramitar, aunque abrían la puerta a un conflicto de competencias con el Congreso.

En este contexto, el Senado aprobó este choque institucional inédito con el Congreso impulsado por el PP en el que se solicitaba formalmente que la Cámara presidida por la socialista Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una reforma encubierta de la Constitución.

Este choque institucional fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió al Senado que no iba a retirar la proposición de ley de amnistía. De esta manera, el PP tiene ahora la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque todo parece indicar que acudirá a este órgano cuando la ley de amnistía se apruebe definitivamente.

Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no ve conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso.

Eso sí, en su informe, el organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Asimismo, el Senado encargó a la Comisión General de las Comunidades Autónomas un informe sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía, que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.

En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.

La tan esperada ampliación de la justicia universal está un paso más cerca de convertirse en realidad. Una década después del golpe que el Gobierno de Mariano Rajoy asestó a dicha jurisdicción, el Congreso de los Diputados acaba de dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Sumar con la que se busca, precisamente, corregir los aspectos más nocivos que trajo consigo la reforma conservadora. Todos los partidos del bloque de investidura se han mostrado a favor de regresar al modelo previo a 2014, mucho menos restrictivo. Una vuelta al pasado que, en caso de culminarse en los términos previstos, permitiría reabrir investigaciones judiciales sobre crímenes que quedaron impunes. Causas que acabaron en un cajón como consecuencia del recorte del Ejecutivo del PP.

España ha sido un país pionero en el desarrollo y aplicación del principio de justicia universal. El mismo ya se incluyó en 1985 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero la amplitud que se recogía en aquella versión inicial se ha ido limitando con el paso de los años. La reforma de 2009 de la norma introdujo en dicha jurisdicción la necesidad de acreditar determinados “puntos de conexión” o un “vínculo” relevante con España para que nuestros tribunales pudieran hacerse cargo de determinados delitos. Y luego llegó la modificación conservadora de 2014, que terminó dando la puntilla final a la jurisdicción universal con la introducción de nuevos condicionantes que limitaron todavía más la competencia para perseguir hechos de gran gravedad fuera de nuestras fronteras.

Aquella reforma se tramitó de manera exprés tras la decisión del juez Ismael Moreno de dictar una orden de detención internacional contra el expresidente de China Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población del Tíbet en los ochenta y noventa. De ahí que tanto en la judicatura como a nivel político se diera por hecho que el cambio solo buscaba destensar relaciones con el gigante asiático. A partir de la reforma, nuestros tribunales sólo pueden conocer casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando el autor es español o extranjero residente en España. Y en los de tortura, es necesario que el procedimiento se dirija contra un nacional o que la víctima tenga nacionalidad española y el autor esté en nuestro país.

Ahora, una década después, el bloque de la investidura parece dispuesto a regresar al modelo anterior, el que permitía a nuestros tribunales asumir cualquier caso relacionado con hechos de este tipo cometidos fuera del territorio nacional por personas físicas españolas o extranjeras, sin necesidad de que estas últimas residan en nuestro país o se encuentren en nuestro territorio. Una vuelta al pasado que, coinciden los expertos consultados por infoLibre, permitiría reabrir aquellas causas que el cambio normativo del PP obligó a archivar —porque la reforma conservadora vino acompañada de una disposición transitoria que obligaba a sobreseer los procedimientos en tramitación que no se ajustasen a los nuevos requisitos—.

“En principio, y siempre que se apruebe en los términos previstos, no debería haber ningún obstáculo para reiniciar las investigaciones que estaban abiertas en aquel momento si sobre las mismas no se decretó el sobreseimiento libre, que tiene fuerza de cosa juzgada”, apunta al otro lado del teléfono el exmagistrado de la Audiencia Nacional y director del despacho de abogados Ilocad, Baltasar Garzón. Coincide Manuel Ollé, abogado, profesor y uno de los expertos en derecho internacional que formó parte del consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal durante la etapa de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia: “Podría dar lugar a la reapertura de los casos siempre que concurran los requisitos que finalmente queden fijados en la nueva ley”.

La reforma planteada ahora por Sumar, cuya tramitación acaba de arrancar en la Cámara Baja y aún debe superar todo el proceso de enmiendas, trata de dejar esto bien atado. De ahí que la proposición incluya una disposición transitoria que obliga a los juzgados o tribunales a reabrir “de oficio” todos aquellos procesos que fueron sobreseídos o archivados tras el recorte impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con independencia de “su estado, de los recursos presentados y del tribunal que conociera su resolución”. Uno de ellos es el caso Couso, centrado en el asesinato del cámara español José Couso en un ataque del Ejército de Estados Unidos contra el Hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

No fue, sin embargo, el único procedimiento que acabó metido en un cajón una vez entró en vigor la reforma impulsada por el Gobierno conservador. La misma suerte corrió la investigación por el genocidio chino en Tíbet, que generó una crisis diplomática con el gigante asiático y precipitó el recorte de la jurisdicción universal del PP. O el caso Falun Gong, que tuvo su origen en una querella presentada por varias víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo religioso por parte de las autoridades chinas desde finales de los noventa. Cambios normativos que también afectaron al caso Ruanda, que se siguió por genocidio, torturas, terrorismo y crímenes contra la humanidad en ese país y el Congo en los noventa.

El sobreseimiento de todos estos procedimientos se acordó con base en lo establecido en la disposición transitoria que incluía la reforma del PP. Una modalidad que, se encargó de señalar el Supremo, tiene “unos efectos similares” al “sobreseimiento provisional”, lo que implica que tales carpetazos no deben entenderse como definitivos. Eso fue lo que pasó también con la causa abierta en su día por el ataque que el Ejército israelí perpetró en 2010 contra activistas de la Flotilla de la Libertad, en el que murieron nueve personas, tres de ellas españolas. Tras el recorte de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional tuvo que decretar el sobreseimiento provisional del caso. Y lo mismo ocurrió con la investigación centrada en las torturas producidas en la cárcel de Guantánamo.

Ollé pone también el ojo en los crímenes cometidos por el Ejército de El Salvador a finales de los ochenta. A pesar de la reforma de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional continuó con la investigación del asesinato de cinco jesuitas españoles —Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo— agarrándose al delito de atentado terrorista. Y la justicia española llegó a condenar a 133 años de cárcel al coronel salvadoreño Inocente Montano por estos hechos. Sin embargo, impunes quedaron el resto de responsables y los asesinatos de tres ciudadanos salvadoreños que había sido ejecutados aquel mismo día. La Audiencia Nacional solo pudo hacerse cargo de sus nacionales.

Desde que comenzó la legislatura la ley de amnistía ha acaparado todo el foco mediático, tanto dentro del Congreso como fuera. Fue la primera proposición de ley que registró el grupo parlamentario socialista, en solitario, el pasado mes de noviembre. Tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confiaban en que se tramitara rápido —la Mesa de la Cámara aceptó que se hiciera de urgencia para acortar los plazos—, pero tras la negativa de Junts a aprobar el texto se devolvió a la Comisión de Justicia por un plazo de quince días que este martes se amplió a otros quince. Por el momento, la negociación está atascada a la espera de alguna solución "inédita" acordada entre el grupo independentista y el PSOE para reconducir la situación.

Aunque Junts condicionó la duración de la legislatura a la aprobación de la ley, hay más normas, una veintena, que ya han pasado su primera prueba —la toma en consideración— en el Pleno y que siguen su tramite en la Cámara Baja. Aunque algunos grupos como el PNV a través de su portavoz, Aitor Esteban, advertían esta semana de los riesgos de la "fiebre legislativa" del Ejecutivo en una legislatura en la que las mayorías no son fáciles de alcanzar, en el PSOE se muestran dispuestos a seguir adelante con la legislatura incluso sin la ley de amnistía.

Actualmente hay 20 iniciativas tramitándose al margen de la amnistía: ocho proyectos de ley del Gobierno, tres proposiciones de los grupos —dos de Sumar y una de Esquerra Republicana—, cuatro normas que provienen del Senado —todas del Partido Popular— y cinco iniciativas que vienen de las comunidades autónomas —dos de la Asamblea de Murcia, una del Parlament de Cataluña, otra de Galicia y una última de la Comunidad de Madrid—. Las comisiones encargadas de tramitarlas son Igualdad, Justicia, Hacienda, Agricultura, Educación, Sanidad, Economía, Trabajo y Derechos Sociales, mientras que hay cinco proyectos pendientes de ser asignados a su comisión correspondiente.

Una vez el Consejo de Ministros aprueba una ley, el trámite continúa. El Gobierno tiene dos posibilidades: tramitarla vía decreto-ley o vía proyecto de ley. En el primer caso entra en vigor cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después se manda al Congreso para que en el plazo de un mes la Cámara Baja lo convalide o no. Es lo que sucedió, por ejemplo, el pasado mes de enero con los decretos ómnibus y de medidas anticrisis aprobados in extremis tras una votación con Junts. Si el decreto-ley consigue mayoría necesaria y no se introducen cambios, el trámite parlamentario termina ahí y la norma se aprueba.

Sin embargo, en el caso de los decretos anteriormente citados se acordó tramitarlos vía proyecto de ley y ambos están en la Comisión de Justicia. En ese caso el proceso es más largo y complejo, con pasos que van desde la admisión a trámite —con su correspondiente votación en Pleno—, las enmiendas de los grupos —parciales o a la totalidad— la fase de comisión, ponencia y finalmente su debate y votación el Congreso. Si la norma cuenta con el respaldo suficiente se traslada al Senado, que tiene dos meses máximo para convalidarla. En total, todo el trámite puede durar meses o incluso más de un año.

Actualmente se están tramitando proyectos como el de la ley de paridad, que sigue su trámite parlamentario después de que el Congreso rechazara el jueves la enmienda a la totalidad de Vox, la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se presentó la pasada legislatura pero que decayó por el adelanto electoral, lo mismo que sucedió con el proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública y la norma para regular las Enseñanzas Artísticas Superiores. Asimismo, el Ejecutivo también ha llevado ya al Congreso la ley del derecho de defensa y una reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y otras disposiciones en materia laboral para la transposición de una directiva europea.

Los grupos también pueden presentar sus iniciativas, lo que se conoce como proposiciones de ley, que pueden ser registradas por cualquier diputado con las firmas de otros 14 o un grupo parlamentario, con la firma de su portavoz. Tras calificar una proposición de ley, la Mesa ordena su publicación en el Boletín del Congreso y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio y su conformidad o no a la tramitación, en función de si supone un desajuste de los créditos presupuestarios. Una vez superado esa fase, su trámite es similar al del proyecto de ley.

Actualmente hay tres iniciativas, dos presentadas por Sumar y otra por ERC, que han superado su primera prueba. En el caso de coalición liderada por Yolanda Díaz se trata de una propuesta para reformar hasta seis delitos del Código Penal sobre libertad de expresión y otra para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España. En el de los republicanos su ley busca acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes, de tal manera que sólo sea una opción voluntaria.

Además, el Senado también tiene potestad para enviar leyes al Senado. El Partido Popular ha sacado partido de su mayoría absoluta en la Cámara Alta con cuatro iniciativas: una para rebajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10%, otra contra la ocupación ilegal, también para asimilar la situación de personas con dependencia a las que tienen discapacidad y una cuarta para ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable.

Las asambleas de las comunidades autónomas también pueden presentar iniciativas legislativas y la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo, que gobierna en 12 de las 17 autonomías, se sirve de su mayoría para llevar iniciativas a la Cámara Baja. Actualmente hay cinco normas que provienen de los parlamentos autonómicos y, a excepción de Cataluña, el resto proceden de comunidades lideradas por la formación conservadora.

La del Parlament catalán propone que haya cajeros automáticos en los municipios en riesgo de exclusión financiera, la de Galicia reclama la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a su comunidad, en Murcia demandan tanto el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura como la modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el establecimiento de la custodia compartida de manera preferente en menores y, por último, desde la Asamblea de Madrid piden reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial, como también reclama el PP nacional.

La justicia abre una nueva brecha en relación con la aplicación de la futura amnistía a las puertas de la votación definitiva de la norma en el Congreso. Si en las últimas semanas el gran escollo se encontraba en el llamado caso Tsunami, este lunes el asunto se ha complicado algo más con el impulso de Volhov, otra causa más en la maraña judicial derivada del procés. El instructor de este procedimiento sitúa bajo la lupa las supuestas conexiones entre el entorno del expresident Carles Puigdemont y el Gobierno ruso tanto antes como después de la famosa declaración de independencia. Algo que puede poner en jaque la aplicación de una amnistía que, en su última versión, deja fuera los delitos "de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional".

La causa deriva de las conocidas oficialmente como Diligencias Previas 111/2016, referentes a un supuesto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona. Y explotó un año después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, cuando la Guardia Civil llevó a cabo una veintena de detenciones en la llamada Operación Volhov. Desde entonces, los investigadores han rastreado las supuestas relaciones del independentismo con el Kremlin. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, cree que es necesario más tiempo para profundizar en una causa de "extraordinaria complejidad" que acumula decenas de miles de folios y "voluminosos" informes policiales. De ahí que haya decidido prorrogar la instrucción medio año más.

En su auto de prolongación de las pesquisas, el magistrado habla de "estrechas relaciones personales" entre algunos de los investigados "con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos". Tipos que tenían interés en "establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Cataluña, si éste se independizaba de forma unilateral de España". "Los contactos con altas instancias del Kremlin se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella", apunta la resolución, que considera necesario seguir indagando en el "soporte" que pudo haber dado Rusia al procés "a cambio" de "contraprestaciones en pago por tal ayuda"

El instructor se apoya en conversaciones grabadas, chats intervenidos o declaraciones judiciales. De una de ellas se deduce, siempre según el magistrado, que había interés en conseguir que la futura república catalana "desarrollara una legislación propia" sobre criptomonedas "adecuada a los intereses rusos". También se mencionan viajes a Rusia de personas del entorno del expresident. Una de ellas es el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, quien según el magistrado se desplazó a Moscú para "tratar" con Jordi Sardà, supuesto intermediario con los rusos, y "altos cargos del Kremlin". Otra, Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont, cuyas conversaciones por mensajería instantánea "revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes" del Kremlin.

El juez también sostiene su hipótesis en un par de reuniones a las que habría asistido Elsa Artadi, quien fuera directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat. Encuentros que ella misma se encargó de describirle. La primera se habría producido a finales de octubre de 2017 en la cafetería del Hotel Colón, y a ella acudieron Terradellas y "dos personas más que hablaban ruso". "Asistió por indicaciones que le habían dado de ir a escuchar y luego informar al president", apunta el magistrado. La segunda, se habría celebrado en la Casa dels Canonges –dependencias privadas del jefe del Ejecutivo catalán– en fechas similares y en ella habría participado el propio Puigdemont, Terradellas y dos personas que hablaban ruso.

Todos estos indicios, que ya habían ido conociéndose a cuentagotas, se vieron reforzados a finales del pasado mes de diciembre, cuando se recibió en el juzgado una "carta anónima" que contenía "recortes de prensa" del consorcio internacional de periodistas de investigación OCCRP –Organized Crime and Corruption Reporting Project–, del que forma parte infoLibre. En ellos se identifica a uno de los asistentes a esta última reunión, en la que supuestamente se habría ofrecido apoyo militar y económico a una Cataluña independiente, como "un antiguo diplomático ruso" que "aparece identificado por los servicios secretos franceses" como "un actor de la diplomacia en la sombra" que actúa a las órdenes del presidente ruso, Vladímir Putin.

La hipótesis deslizada por el magistrado en su auto puede acabar convirtiéndose en un obstáculo para que la futura amnistía despliegue sus efectos en este caso concreto. Al fin y al cabo, la última versión de la norma deja fuera del ámbito de aplicación los "delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional". Eso incluye más de una veintena de artículos del Código Penal. Entre ellos, el 592, que castiga con entre cuatro y ocho años a quienes "con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España" mantengan "inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".

El magistrado, por el momento, no ha hecho mención alguna a este tipo penal. Es más, ni siquiera lo ha deslizado. Sin embargo, algunos penalistas consultados por este diario apuntan que el 592 sería el único de los contenidos en el ámbito de "delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional" en el que, si se quisiera, se podrían intentar encajar los hechos descritos. "En este delito cabe casi todo lo que se quiera", sostiene Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, al tiempo que recuerda que este tipo penal, que considera "inconstitucional", tiene su origen en la Ley de Seguridad del Estado franquista de 1941 –artículo octavo–.

Aunque se dictó hace tres días, la resolución del magistrado se ha dado a conocer a pocas horas de la votación definitiva sobre la amnistía. Este martes, el Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar el dictamen de la Comisión de Justicia y las enmiendas que aún se mantienen vivas. Una de ellas es, precisamente, la número 29 de Junts, que plantea sacar de las exclusiones de la ley los "delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional". Otra, la transaccional pactada por Junts y PNV que aunque mantiene fuera de la aplicación de la amnistía los de traición y contra la Defensa Nacional, saca los que "comprometen la paz o la independencia del Estado" –es decir, deja fuera de las exclusiones el artículo 579–. Dos cambios que, a priori, blindarían la amnistía en Volhov.

Los socialistas, por el momento, están "satisfechos y cómodos" con el texto que ha salido de la Comisión de Justicia, que consideran "suficientemente robusto e impecable". Ahora bien, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, se ha negado a dar el texto por cerrado totalmente: "De aquí a mañana seguiremos hablando con todos los actores, pero la realidad es que ahora mismo no hay ningún cambio al respecto. No estamos negociando y lo único es la evidencia de que quedan veinticuatro horas para votar". Junts, por su parte, tratará de negociar hasta el último minuto e incluso dejó abierta la posibilidad de votar en contra del dictamen, de forma que volvería a Comisión y se abriría un nuevo plazo de un mes para seguir negociando.

Desde el PSOE, no obstante, critican en privado que algunos jueces "muevan ficha" cada vez que la Cámara Baja da algún paso en relación con la amnistía. También Podemos ha cargado con dureza este lunes contra la "ofensiva" del sector reaccionario de la judicatura. Y ha dejado claro que dará su respaldo a las enmiendas a la amnistía que aún siguen vivas. "Vamos a apoyarlas. En torno a la amnistía hay, evidentemente, un debate democrático. Y lo que se trata aquí es si en España quien manda es la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos en el Congreso o si quien manda son los sectores reaccionarios del Poder Judicial", ha apuntado el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández.

La del caso Volhov no es la única grieta alrededor de la amnistía. Se suma a la que en los últimos meses ha ido abriendo el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el denominado caso Tsunami, cuya instrucción ha alargado también este lunes medio año más. Lo hace, dice, al estar pendientes algunas diligencias de investigación acordadas recientemente.

Esta causa, centrada en el papel del movimiento Tsunami Democràtic en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, lleva marcando la agenda política nacional desde el pasado 6 de noviembre, cuando en plenas negociaciones para la investidura el instructor emitió un auto que ponía bajo la lupa, entre otros, a Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por un delito de terrorismo. Una calificación que, sin embargo, rechaza la Fiscalía.

Aquella resolución, que se situaba al expresident en el vértice más alto de Tsunami Democràtic, cayó como una bomba sobre las conversaciones que entonces mantenían PSOE y Junts. Y no solo por el tipo penal que se ponía sobre la mesa, sino también porque el magistrado trazaba una posible vinculación entre las protestas que hubo en el Aeropuerto de El Prat y el fallecimiento de un turista francés. Poco importó que la Guardia Civil ni siquiera mencionase en su informe final esa muerte o que la jueza que se encargó de aquel caso hubiera archivado las pesquisas al no apreciar indicios de delito tras una autopsia que concluyó que la causa "fundamental" del fallecimiento fue una "cardiopatía isquémica crónica".

Los tres últimos meses han estado marcados por el goteo continuo de pronunciamientos en el marco de esta causa. Resoluciones que, en muchos casos, se interponían a los avances de la amnistía en el Congreso. La semana pasada, por ejemplo, el magistrado emitió un auto en el que señalaba que las lesiones que sufrieron dos policías en los disturbios posteriores a la sentencia del procés son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física" que reconoce la Constitución y el "artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Cuarenta y ocho horas antes, Junts y PSOE habían acordado retocar el texto de la amnistía para dejar fuera de su ámbito de aplicación los delitos de terrorismo cuando hubieran violado, entre otros, el citado artículo del CEDH.

No es la única vez que una resolución del magistrado ha coincidido con un momento político concreto. El mismo día que la Comisión de Justicia de la Cámara Baja debatía las primeras enmiendas a la ley de amnistía, García-Castellón incluía dentro de ese ámbito del terrorismo una acampada y una concentración no comunicada en la jornada de reflexión de las generales del 10N. Y su exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo del caso Tsunami –un asunto que aún no se ha resuelto– se elevó el mismo día que la Mesa del Congreso de los Diputados dio luz verde al inicio de la tramitación de la amnistía.

Cuatro meses después de las elecciones generales, la atención de los medios y de los partidos de la derecha sigue dominada por la amnistía y las mesas de diálogo abiertas por el PSOE con los partidos independentistas. La proposición de ley que sirve de soporte a las medidas de gracia será, de hecho, la que el martes abrirá las sesiones ordinarias de una legislatura que todo el mundo coincide en que está llamada a ser una de las más broncas desde la restauración de la democracia en España.

La iniciativa socialista demuestra que las urgencias del PSOE pasan por dar cobertura a los acuerdos con Junts y Esquerra que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez y el inicio mismo de la legislatura. Del mismo modo, las proposiciones de ley presentadas en el registro del Congreso retratan dónde están las prioridades del resto de los partidos.

Y es ahí donde se hacen visibles algunas paradojas. Como, por ejemplo, que el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, dedica prácticamente todas sus intervenciones públicas a criticar la amnistía y a cuestionar la legitimidad del Gobierno, solamente ha presentado una proposición de ley en estos cuatro meses. Una sola, a pesar de ser el grupo más numeroso de la Cámara, y con ETA como tema principal argumento.

La suya es una iniciativa que propone, entre otras cosas, “la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas”. Así como de “actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas”.

Y trata, al mismo tiempo, de cerrar la puerta a la progresión ordinaria de grado para los presos de ETA que no colaboren en la resolución de los casos pendientes.

Si la prioridad del PP es ETA, la de Vox es “la unidad de España”. Una peculiar iniciativa pensada para ilegalizar a las formaciones independentistas en la que proponen obligar a todos los partidos a defender la unidad de España, así como reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndums y el de ofensas a España, incluida la exhibición de símbolos independentistas. También, por supuesto, defienden el endurecimiento del delito de sedición. Y aprovechan, de paso para incluir la privación de la nacionalidad para los nacionalizados que cometan determinados delitos.

Los de Santiago Abascal son, con el PNV, los diputados que más iniciativas han presentado en el Congreso. A la de la unidad nacional, los ultras suman otra que trata de cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial —en el sentido que defiende el PP y que ya fue rechazado por el Congreso hasta en dos ocasiones en la anterior legislatura—, otra que trata de imponer la toponimia en español en las comunidades bilingües y una tercera que propone utilizar a las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de migrantes a las costas españolas.

Vox también ha presentado una proposición de ley dirigida a endurecer el castigo de los delitos de agresión sexual y, al mismo tiempo, retomar la diferenciación entre la agresión y el abuso sexual.

Las prioridades de Sumar en este inicio de la legislatura no pueden ser más distintas. El grupo capitaneado por Yolanda Díaz, del que se acaban de escindir los cinco diputados de Podemos, ha presentado en el registro cuatro proposiciones de ley. Dos de ellas se ocupan de asuntos como la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española y la regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial. La tercera busca sacar del Código Penal los delitos contra los sentimientos religiosos y las ofensas a la Corona, a España o a sus símbolos.

Sumar también ha presentado una iniciativa que trata de recuperar la jurisdicción universal de la justicia española. Una iniciativa que rema en la misma dirección de otra formulada por el PNV, partido que también ha recuperado varias de las iniciativas que presentó en la anterior legislatura y que decayeron con la convocatoria anticipada de elecciones.

Los nacionalistas vascos empujan, una vez más, para que el Congreso apruebe una nueva ley de Secretos Oficiales que ponga fin a las restricciones que siguen vigentes sobre hechos acaecidos hace décadas, una reforma del Tribunal Constitucional para dar a las comunidades autónomas la capacidad de intervenir en el nombramiento de magistrados o la modificación de la norma que rige el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para someter su actividad a control judicial previo.

En el registro del Congreso constan también sendas iniciativas de Junts y de Esquerra. ¿Sobre la independencia? ¿Sobre la defensa de la identidad o de la lengua? Nada parecido. La del partido que lidera Carles Puigdemont es tan prosaica que trata de garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Y la de los republicanos propone garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los deportistas o, lo que es lo mismo, su derecho a rechazar convocatorias oficiales de las selecciones sin objeto de sanción.

No existe sistema judicial en el mundo completamente libre de una cierta influencia que los inevitables sesgos ideológicos de jueces y magistrados ejercen a la hora de aplicar e interpretar el ordenamiento jurídico, en particular sus normas de contenido más abierto y axiológico (sobre todo las constitucionales). Ni es posible evitar de raíz esa influencia ni es deseable. Son consustanciales a cualquier ciencia social, también al Derecho. La ciencia jurídica no está desconectada de las ideologías, y es por ello profundamente plural. Esa pluralidad está presente en todas las profesiones jurídicas. Negarla no sólo es inútil, sería contraproducente. Aceptar la pluralidad ideológica de la ciencia jurídica (y de todas las ciencias sociales) es un imperativo de transparencia. Ahora bien, eso no significa que la interpretación y aplicación del Derecho sean meros ejercicios instrumentales al servicio de las convicciones ideológicas de los juristas (y, en particular, de los jueces). La ciencia jurídica es ciencia —ciencia social pero ciencia al cabo— con un componente decisivo de saber técnico que embrida sustancialmente (aunque sin eliminarla del todo) la influencia de los sesgos ideológicos.

Dicho lo anterior, el concepto de lawfare resulta ciertamente expresivo pero, como ha puesto recientemente de relieve el jurista venezolano José Ignacio Hernández en este artículo, su valor añadido es escaso. No es un concepto jurídico (carece desde luego de un contenido jurídicamente delimitado y delimitable) y, por tanto, no aporta nada relevante en este plano. Jurídicamente la única cuestión que se plantea en los casos que intuitivamente (y en términos siempre opinables) se adscriben al terreno del lawfare es si el ejercicio de la función jurisdiccional incurre o no en delito de prevaricación judicial. Si no incurre en prevaricación, la aplicación judicial del Derecho podrá ser técnicamente discutible en el plano doctrinal, pero carecerá de una dimensión institucionalmente patológica, que es lo que la noción de lawfare pretende expresar. Es cierto que la subsunción de una determinada aplicación o interpretación del Derecho en el tipo penal de la prevaricación (“El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta”, art. 446 del Código Penal) puede ser controvertida desde el punto de vista jurídico-dogmático, pero el contorno de esta infracción penal se halla acotada en lo esencial por la doctrina y la jurisprudencia.

Cuestión distinta es que se emplee el lawfare como (mero) concepto de análisis político o sociológico. Sin embargo, tampoco parece que aporte mucho al binomio de conceptos ya acuñados desde hace años, a saber:  judicialización de la política y politización de la Justicia. Como no son conceptos normativos, la determinación de su contenido y alcance es una vez más enteramente convencional. Significan lo que quieran que signifiquen quienes los usan como categorías de análisis y crítica.

Hecha esta advertencia, puede decirse que la noción de judicialización de la política se emplea normalmente para describir situaciones en las que los actores políticos propenden a trasladar la confrontación política —inherente a una democracia liberal pluralista— al ámbito judicial, ejerciendo con carácter habitual (y no solo extraordinario) toda clase de acciones judiciales —constitucionales, contencioso-administrativas o incluso (y crecientemente) penales— contra decisiones políticas de los correspondientes órganos constitucionales. En cambio, pese a que suele estar aparejado con el de judicialización de la política, el concepto de politización de la justicia se emplea para describir situaciones caracterizadas por el hecho de que un número significativo de jueces destacan o sobresalen en la opinión pública —por razón del sesgo sistemático de sus decisiones jurisdiccionales, de su trayectoria pública o la expresión recurrente de opiniones políticas en el debate público— por su adscripción o cercanía notorias a un determinado espacio político. Ambos fenómenos no son exclusivos de países de baja calidad institucional; también existen manifestaciones en países que no se discute que sean, pese a algunas disfunciones o deficiencias, Estados democráticos y de Derecho.

En mi opinión, en España el ejercicio genuinamente desviado (prevaricador) de la función jurisdiccional en asuntos que presentan trascendencia política es un fenómeno marginal y, cuando aflora, suele ser corregido en vía de recurso (y a veces también sancionado) por la propia jurisdicción. En cambio, es difícilmente negable que existe judicialización de la política (el uso de la querella criminal contra el adversario político se ha convertido en una herramienta ordinaria del combate político) y politización de la justicia (el cariz ideológico del asociacionismo judicial y la actitud y el estilo crecientemente desinhibidos con los que algunos jueces —y, en particular, los representantes del asociacionismo judicial— emiten cotidianamente opiniones políticas en el debate público no dejan lugar a muchas dudas).

En suma, los conceptos de lawfare, judicialización de la política y politización de la justicia presentan todos ellos contornos difusos y sus límites son tenues y fluidos. Aunque no son conceptos jurídicamente aprehensibles, no carecen de toda utilidad para el análisis político y de sociología jurídica. No obstante, el de lawfare (últimamente más de moda, aunque no es nuevo) añade poco a los conceptos más asentados en España (judicialización de la política y politización de la Justicia), plenamente consolidados en el debate público español desde la legislatura 1993-1996.

____________________________

Mariano Bacigalupo es profesor de Derecho Administrativo en la UNED.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del sólo sí es sí, vuelve a colocarse en el primer plano de la agenda política nacional. Los partidos tenían hasta este lunes para poner sobre la mesa sus modificaciones a la reforma planteada por los socialistas para acabar con los "efectos indeseados" de la norma –más de siete centenares de reducciones de condena–. Y Unidas Podemos, como era de esperar, ha dado un paso al frente. Los morados han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas, coincidentes con las planteadas por otros socios del Ejecutivo, orientadas a endurecer el castigo para las agresiones sexuales. Cambios que, aunque persiguen lo mismo, los socialistas rechazan con contundencia.

La norma es, desde hace meses, un foco importante de tensión entre las dos almas del Ejecutivo de coalición. Ambas formaciones son partidarias, a día de hoy, de llevar a cabo un endurecimiento de las penas contra este tipo de delitos. Ahora bien, difieren en la fórmula. Los socialistas apuestan por subtipos agravados en cada uno de los artículos básicos de las agresiones sexuales. Sus socios de Gobierno y de investidura, sin embargo, quieren que ese endurecimiento se haga a través del precepto vinculado a las circunstancias agravantes, sin alterar los llamados tipos básicos. En ambos casos, y a efectos prácticos, se consigue lo mismo. Pero en el fondo hay un debate más político que técnico que complica el avance de las negociaciones.

Las enmiendas planteadas tanto por Unidas Podemos como por ERC y EH Bildu son idénticas a grandes rasgos. Los tres partidos proponen dejar los tipos básicos de las agresiones sexuales como están: de uno a cuatro años para aquellas sin penetración –artículo 178 del Código Penal– y de cuatro a doce años cuando exista acceso carnal –artículo 179 del Código Penal–. Y endurecer el castigo a través del artículo 180, el de las agravantes. Para ello, retocan el agravante de la "violencia extrema" para dejarlo en un simple "violencia o intimidación". De esta manera, cuando la agresión se produce en ese contexto las horquillas se elevarán: dos a ocho años para la agresión sexual sin penetración y de siete a quince para aquella con acceso carnal.

Los socialistas, por su parte, plantean en su reforma que este endurecimiento de las penas no se haga a través de las agravantes, sino introduciendo subtipos en cada precepto básico para situaciones de violencia. De esta manera, se incluye en el artículo 178 del Código Penal –recordemos, penas de uno a cuatro años– un punto en el que se establece que el castigo será de uno a cinco años –sólo se incrementa un año la máxima, dejando la mínima sin tocar– cuando la agresión se haya producido "empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad". Y lo mismo sucede en el 179: se mantiene la horquilla básica de cuatro a doce años y se añade un punto por el que pasa a ser de seis a doce cuando haya violencia o intimidación.

Para Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, las diferencias entre ambas fórmulas, la morada orientada hacia el modelo sueco y la roja escorada más hacia el alemán, son mínimas. El debate, desde su punto de vista, tiene más de político o ideológico que de técnico, algo que en parte reconocen también desde el propio Ministerio de Igualdad. "No responde a un problema tan esencial como se está escenificando", dice a infoLibre el también vocal permanente de la Comisión General de Codificación, el órgano superior colegiado de asesoramiento del Ministerio de Justicia. Y completa: "Si se sentaran cinco minutos sin pensar en lo del consentimiento sería fácil llegar a un acuerdo".

Es ahí, justo ahí, donde se encuentra el epicentro de la discusión. Para el departamento que dirige Irene Montero, el hecho de incluir la violencia como subtipo en cada uno de los tipos básicos haría que la misma pasase a formar parte del "elemento definitorio" del delito, diluyendo la falta de consentimiento como núcleo de la norma. Es decir, consideran que meter dos escalones en cada artículo diferenciados por la existencia o no de violencia o intimidación supone volver al esquema previo. Por eso, lo que proponen es no tocar los tipos básicos para que el consentimiento sea lo único e incluir ese elemento definitorio al final, como una agravante que no destaca sobre otra cualquiera.

Cancio, no obstante, cree que la opción a la alemana puesta sobre la mesa por los socialistas, con ese subtipo agravado dentro de cada artículo, deja menos margen a la interpretación de los jueces. "El hecho de regresar a ese esquema anterior obliga a los tribunales a moverse en esos márgenes que existían antes con el abuso y la agresión, con una jurisprudencia ya consolidada. Con la propuesta de Unidas Podemos, los tribunales van a tener que ver cómo acomodan esos agravantes a los diferentes supuestos que existen", explica.

Pero más allá de la fórmula, una de las diferencias sustanciales entre ambas propuestas radica también en la progresividad de las penas. "La de Unidas Podemos es más dura en este sentido", explica Cancio. Esto es algo que se puede ver bien con un supuesto concreto. Imaginemos una agresión sexual sin penetración en la que ha habido violencia o intimidación y ningún agravante más. En ese caso, con la propuesta morada o de los socios de investidura se saltaría directamente de una horquilla de uno a cuatro años –la básica– a otra que se movería entre los dos y los ocho años, mientras que con lo que plantean los socialistas el castigo oscilaría entre uno y cinco años.

¿Quiere esto decir que con la propuesta socialista no serían posibles penas más altas? No, ni mucho menos. En un supuesto de agresión sexual sin penetración con violencia o intimidación, por ejemplo, se podría alcanzar una horquilla de cinco a diez años. Ahora bien, para ello la violencia empleada tiene que ser "de extrema gravedad" o debe darse también algún otro agravante: agresión conjunta, contra una persona vulnerable, con uso de armas, con voluntad anulada de la víctima o cuando para la comisión del delito el agresor se hubiera prevalido de una situación de convivencia, parentesco o superioridad con respecto a la víctima.

Esos saltos tan importantes en las horquillas pueden terminar, a ojos de los expertos consultados, convirtiéndose en un problema. "Eso puede llevar a algunos jueces a contenerse a la hora de apreciar determinadas circunstancias de intimidación que puedan ser más leves", considera Cancio. "Hay que tener mucho cuidado a la hora de elevar las penas porque eso puede llevar a algunos jueces a dar un paso atrás a la hora de imponer penas elevadas porque las consideran injustas", resalta también Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal, quien también recuerda que acercarse a los castigos contemplados para el homicidio puede resultar peligroso porque puede llevar a que el agresor decida asesinar también a la víctima.

Las enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu también plantean otros cambios. Por ejemplo, que se incluya el concepto "persona allegada" a la agravante relativa a la utilización de una situación o relación de convivencia, parentesco o superioridad respecto a la víctima. Y también plantean retocar la de la anulación de la voluntad. Actualmente, se circunscribe a los fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea para tal efecto. Sin embargo, los partidos quieren que se incluya la expresión "cualquier medio": "Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima por cualquier medio, incluyendo el suministro de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química".

Pero más allá de Unidas Podemos, los socios parlamentarios también plantean en solitario que se introduzcan dentro del catálogo de agravantes dos nuevas: valerse de la condición de funcionario, personal público o agente de cualquier organismo para cometer la agresión o el registro de la violación mediante dispositivos tecnológicos. Además, los dos partidos plantean incluir a la definición de consentimiento que ya figura en la norma –artículo 178.1 del Código Penal– la siguiente frase al final: "No se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa".

Cancio cree que no resulta necesaria la incorporación de dicha frase porque el consentimiento, en su redacción actual, está perfectamente definido. "Eso es algo que ya está implícito en la definición", resalta el penalista, que considera que dicha aportación refleja que ambos partidos siguen sin fiarse de los tribunales en este sentido: "Se parte de esa idea de que los jueces siguen culpabilizando a las víctimas".

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo del PP contra la reforma del Gobierno de coalición para desbloquear la renovación del tribunal de garantías. El Pleno del órgano ha decidido, tras horas de debate, aceptar el escrito de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo y quitarse de encima por el momento las recusaciones planteadas por Unidas Podemos y el PSOE. Ambas cuestiones se han decidido por seis votos conservadores frente a cinco progresistas, lo que implica que los propios recusados han participado tanto en la propia admisión a trámite como en la decisión de que no se aborden ahora sus propias recusaciones, según informan fuentes del tribunal de garantías. Con todo esto resuelto, el Pleno afronta ahora su última etapa: decidir si paraliza por primera vez en su historia la tramitación de una norma en las Cortes Generales.

En el epicentro del debate jurídico se encontraban los cambios normativos que los dos socios del Gobierno han impulsado en forma de enmiendas a la reforma del Código Penal para desbloquear la renovación del propio Tribunal Constitucional, que el bloque conservador lleva meses dilatando. En concreto, PSOE y Unidas Podemos incorporaron a la proposición de Ley dos modificaciones. La primera, para retocar la Ley Orgánica del Poder Judicial de forma que se rebaje de tres quintos a mayoría simple la barrera necesaria para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden. La segunda, para modificar la Ley del Constitucional para permitir que Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puedan renovar en solitario cuando alguna de las dos partes no realice su propuesta.

El recurso del PP que dio inicio a la mayor crisis político-jurídica que se recuerda en democracia se dirigía contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia por el que se admitieron las enmiendas y contra el acuerdo del presidente de ese mismo órgano de no convocar a la Mesa de esa comisión para resolver la reconsideración que pidieron los conservadores sobre la admisión a trámite de esas enmiendas. Los conservadores alegaban en su escrito que de no aceptarse sus peticiones se produciría "un perjuicio irreparable" a sus diputados. Por eso, solicitaban la adopción de unas cautelarísimas para frenar el procedimiento.

La aceptación de una medida de estas características implicaba en la práctica que el Constitucional frenase por primera vez en su historia una tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Para toparse con algo similar es necesario remontarse al procés. A comienzos de octubre de 2017, el tribunal de garantías acordó por unanimidad admitir a trámite un recurso de amparo del PSC y suspender cautelarmente un Pleno convocado en el Parlament para valorar los resultados del referéndum del 1-O. Por aquel entonces, el TC ya había paralizado cautelarmente la Ley del Referéndum y los decretos firmados para la celebración de la consulta.

El primer asalto se saldó el pasado jueves con un aplazamiento a petición del bloque progresista, lo que permitió que la norma superase la votación en el Congreso de los Diputados. Pero la proposición de Ley todavía debe pasar por el Senado. Y con esos mimbres los magistrados se presentaron este lunes a primera hora de la mañana en Domenico Scarlatti, calle donde se ancla el Constitucional, cargados de una ingente cantidad de documentación en relación al caso informes de letrados del tribunal de garantías –tanto del cuerpo oficial como de los de confianza de los diferentes magistrados– con posiciones enfrentadas, recursos de la derecha o escritos de los abogados de los dos socios del Gobierno.

A diferencia de lo que sucedió la pasada semana, en esta ocasión el cónclave ha arrancado sin grandes retrasos. Los magistrados han dedicado toda la mañana a debatir, como paso previo, sobre si tenía que ser el Pleno el que estudie el asunto, lo que ha salido adelante por siete votos a cuatro –uno de los progresistas se ha alineado con los conservadores–. Esto no es baladí. De haber correspondido a una Sala, la cuestión habría recaído en la Segunda, en la que hay un empate a tres entre bloques pero donde los progresistas cuentan con el voto de calidad del presidente, Juan Antonio Xiol.

Tras una pausa para comer, el cónclave se retomó a primera hora de la tarde para entrar, ahora sí, en lo fundamental: si se frenaba o no la tramitación de la proposición de Ley. Al final, el Pleno admitió a trámite el recurso del PP con el voto a favor de los magistrados del llamado sector conservador, por seis a cinco. El mismo número de votos sirvió también para tumbar directamente que se aborden las recusaciones planteadas por parte de Unidas Podemos y el PSOE, cuya personación en el procedimiento ha sido aceptada, para intentar apartar de la resolución del asunto a los dos magistrados del Constitucional con el mandato caducado cuya renovación corresponde al Gobierno: el presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

Este era uno de los aspectos fundamentales. Al fin y al cabo, las salidas amenazaban con alterar por completo la correlación de fuerzas. Pero el bloque conservador ha forzado que no se aborden en este momento al considerar que, según fuentes jurídicas, "no está constituida la relación jurídico procesal" para admitir dichas medidas.

Con este escollo resuelto, el debate ha entrado ya en su última fase: si acepta o no las cautelarísimas y paraliza la tramitación en las Cortes Generales de la norma.

El Gobierno aprovecha la apertura del Código Penal que eliminará la sedición y modificará la malversación para introducir determinados ajustes técnicos con la vista puesta en la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la conocida como ley del sólo sí es sí. Las dos formaciones que sostienen el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, han acordado este martes introducir una enmienda a la reforma penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para recoger en su exposición de motivos que las disposiciones transitorias incluidas en las reformas anteriores del Código Penal –una figura a la que no recurrió el legislador en la ley del sólo sí es sí– siguen vigentes en la actualidad. Un cambio que, según coinciden los penalistas y constitucionalistas consultados por infoLibre, no frenará el goteo de rebajas de penas para algunos delincuentes sexuales.

Desde que se empezaron a revisar las condenas tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, el debate sobre esta cuestión se ha situado alrededor de la vigencia y posible aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal: "En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código". Algunas audiencias provinciales, como la de Cantabria, han entendido que dichos criterios no serían aplicables a una norma aprobada veintisiete años después, mientras que otras, como la de La Rioja, entienden que sí aunque la ley del sólo sí es sí no incluyera una transitoria de estas características. Una posición, esta última, que mantiene también la Fiscalía.

Esta última interpretación, que comparte la Fiscalía, es la que los dos socios del Gobierno han querido dejar plasmada este martes con su enmienda. En concreto, ambas formaciones han acordado introducir un párrafo en la exposición de motivos de la proposición de Ley sobre la sedición y la malversación para señalar que las disposiciones transitorias contenidas en otras reformas del Código Penal se encuentran "vigentes" en la actualidad. "Por consiguiente, aun cuando no se estableciera régimen transitorio en esta Ley, se llegaría a las mismas conclusiones por aplicación del artículo 2.2 del Código Penal y de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 10/1995", recoge la enmienda. No obstante, completa, lo más recomendable sería una "introducción expresa".

Los juristas, sin embargo, resaltan el escaso alcance del cambio planteado. Fundamentalmente, porque de lo que se está hablando es de un cambio en la parte explicativa de la norma. "Las exposiciones de motivos no tienen fuerza normativa", resaltan varios catedráticos de Derecho Penal y Derecho Constitucional. Estos preámbulos, explican, pueden ofrecer "una pauta de interpretación" que "en ningún caso" obliga a los propios tribunales. "Lo que se hace es aclarar cuál es para el legislador la interpretación que debería hacerse, pero eso no vincula a los jueces. Lo importante es el articulado", resume un constitucionalista. "No se puede decir a través de una exposición de motivos lo que tienen que hacer los jueces", coincide otro penalista consultado por este diario.

El Tribunal Constitucional ha negado, desde hace décadas y en repetidas ocasiones, que tengan fuerza jurídica. De ahí que, como norma general, el TC no suela admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra los mismos. Eso es lo que hizo, de hecho, hace justo un año con el que interpuso el PP en relación a algunos párrafos incluidos en el preámbulo de la ley que despenalizaba las coacciones de los piquetes. En la resolución, los magistrados recordaban que solo tienen cabida los recursos en aquellos casos en los que "los conceptos y categorías que se contienen se proyecten sobre su articulado posterior" que el tribunal haya declarado inconstitucional. Por tanto, la doctrina del TC da a las disposiciones de motivos o preámbulos un valor interpretativo.

Pero incluso sobre el valor interpretativo algunos expertos ponen sobre la mesa más problemas. El hecho de que se trate de una enmienda a la reforma del Código Penal que ahora se tramita en en relación a la sedición o la malversación limitaría, a ojos de algunos juristas, la interpretación exclusivamente a los artículos incluidos en esta proposición de Ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. "Y aunque fuese aplicable a la Ley del Sí es Sí, lo sería desde ahora, de modo que la normativa vigente hasta ayer (sin limitaciones de disposiciones transitorias y sin esta nueva exposición de motivos) seguiría siendo la norma más favorable al reo", ha resaltado en redes sociales el abogado penalista José María de Pablo.

Desde el Gobierno sostienen que lo que se busca con la modificación pactada es "recordar" a los tribunales que el espíritu con el que el legislador hace las leyes es de no reducir la condena si puede imponerse con la nueva horquilla, el criterio al que también se ha agarrado el Ministerio Público. En esa línea se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Es un ajuste técnico que busca reforzar lo que venía siendo la interpretación habitual en ese régimen transitorio de una legislación penal a otra". Y el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López: "Es un toque de atención a los tribunales para que no vayan por ahí, porque esta ley también permite compatibilizar penas y que no haya rebajas de condenas si entran dentro de la horquilla".

En el Gobierno no descartan la posibilidad de introducir cambios en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual si al final se determina que son necesarios. Y siguen pendientes de lo que vaya dictaminando el Supremo, que continúa analizando caso a caso. Desde finales de noviembre, el Alto Tribunal se ha pronunciado en un par de ocasiones sobre la aplicación de la llamada ley del sólo sí es sí. La primera fue a finales de noviembre, cuando subió la condena en el caso Arandina pero recordando que la pena que imponía era un año menor que la solicitada como consecuencia de la reforma. La segunda, de fechas similares, se conoció este mismo martes. En este caso, los magistrados mantienen los 15 años de cárcel a un padre que violó a su hija al considerar que el caso no estaba afectado por la reforma porque al condenado se le impuso la pena máxima prevista en la anterior legislación, que coincide con la actual.

Ninguno de los penalistas consultados, no obstante, da por hecho que el goteo de rebajas, que ya superan el medio centenar, se vaya a poder taponar con una simple reforma normativa. Al fin y al cabo, aunque haya una modificación que vuelva a endurecer, por ejemplo, el marco normativo, seguiría siendo más beneficiosa la actual ley en determinados casos. Por tanto, una posible contrarreforma sólo afectaría a aquellas agresiones sexuales producidas con posterioridad a la entrada en vigor de unos futuribles cambios. Incluso, consideran, aunque ahora se introdujera la famosa disposición transitoria. "Seguiría rigiendo la ley penal más favorable", consideran.

Lo que en un principio no iba a ser más que una reforma centrada en la eliminación del delito de sedición del ordenamiento jurídico ha terminado por convertirse en un retoque más amplio del Código Penal. En pleno debate sobre la conveniencia o no de meter mano a la malversación por el riesgo de que los cambios acaben beneficiando a los corruptos, los socios de Gobierno han decidido dar un paso al frente planteando la creación de un nuevo tipo: el enriquecimiento ilícito. La implantación de este delito, presente en algunos países de Latinoamérica para castigar los incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades, lleva años siendo reclamada por Naciones Unidas y los fiscales. Y ya fue propuesta por algunos grupos parlamentarios cuando se llevó a cabo la reforma del Código Penal de 2015, si bien terminó cayendo en saco roto por el rechazo de un PP entonces acorralado por los escándalos de corrupción.

El PSOE y Unidas Podemos han puesto sobre la mesa la creación de este nuevo tipo penal en las enmiendas conjuntas registradas este viernes en el Congreso a la proposición de Ley que busca acabar con la sedición. En concreto, proponen incluir un artículo nuevo en el capítulo dedicado a los "fraudes y exacciones legales" que permita castigar a "la autoridad" que "durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado" haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas "por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados" y se niegue "abiertamente" a dar el "debido cumplimiento a los requerimientos" destinados a comprobar "su justificación". Las penas, de seis meses a tres años de cárcel, multa e inhabilitación de dos a siete años.

La necesidad de incorporar este delito a los ordenamientos jurídicos lleva décadas sobre la mesa. Y es algo que piden desde hace años algunas organizaciones internacionales de primer nivel. Es el caso de Naciones Unidas, quien en su Convención contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General en el otoño de 2003, resaltaba que cada uno de los Estados parte debe considerar la "posibilidad" de "adoptar las medidas legislativas y de otra índole" necesarias para "tipificar" como delito, cuando se cometa intencionalmente, "el enriquecimiento ilícito". "Es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él", completa el instrumento que sean necesarias", completaba.

España ratificó la convención en 2006. Sin embargo, dieciséis años más tarde sigue sin haber incluido este tipo delictivo en el ordenamiento jurídico. No es porque no se haya intentado. De hecho, varios grupos trataron de hacerlo cuando el Gobierno de Mariano Rajoy abrió el melón de la reforma del Código Penal en 2015. Durante la tramitación parlamentaria de aquel proyecto de Ley, tanto socialistas como CiU y UPyD registraron enmiendas para crear un nuevo delito que castigase el enriquecimiento injustificado. Ninguno ponía un mínimo de enriquecimiento, a diferencia de lo que ahora se establece con 250.000 euros. Y solo los magentas buscaban perseguir el incremento patrimonial más allá del ejercicio del cargo. En concreto, lo extendían los dos años siguientes al cese –PSOE y Unidas Podemos proponen ahora cinco–.

Todas aquellas propuestas incluían distintas horquillas de penas. La más dura era la de CiU –de cuatro a seis años de cárcel–, seguida de la de UPyD –de tres a seis años– y la del PSOE, que contemplaba un castigo de uno a tres años de prisión –ahora rebajan el mínimo a seis meses–. Pero ninguna de estas enmiendas (puedes consultarlas aquí bajo el número 501, 587 y 757) fue aceptada. El PP, entonces acorralado por los escándalos –con un caso Púnica que acababa de estallar y una Gürtel y unos papeles de Bárcenas que no dejaban respirar–, utilizó su mayoría absoluta para impedirlo. Un año y medio después, sin embargo, no tuvo problema en incluir esta misma cuestión en el acuerdo al que llegó con Ciudadanos para la investidura de Rajoy.

Más allá de la convención de Naciones Unidas, también los fiscales han puesto el acento en este tipo delictivo. En concreto, Anticorrupción, que lleva desde 2017 pidiendo al legislador en que lo incluya en el Código Penal. En el Ministerio Público consideran que la incorporación del enriquecimiento ilícito "llenaría las pocas lagunas punitivas que quedan en materia de corrupción". "La impropia solución sancionadora viene con frecuencia de la mano del delito fiscal, que permite castigar de manera residual conductas que poco tienen que ver con la evasión fiscal y sí con la imposibilidad de acreditar conductas de corrupción, de modo que el beneficio producto de tales delitos queda reducido a una ganancia de patrimonio no justificada sujeta a tributación", explicaba Anticorrupción en su memoria anual del año 2018.

Uno de los casos mediáticos en los que se pudieron ver las consecuencias de la ausencia de este tipo penal es el relativo a Carlos Fabra. A pesar de que los magistrados de la Audiencia Provincial apreciaron un incremento patrimonial sin justificación, no pudieron más que condenar a cuatro años de cárcel por delito fiscal al expresidente de la Diputación de Valencia por no poder demostrar la existencia de un cohecho. Pero no es el único caso. De hecho, tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos ponen el foco también en la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo marido está procesado por organización criminal y blanqueo del narcotráfico. La regidora, según desveló elDiario.es, acumula más de 12 millones de euros de patrimonio habiendo trabajado desde hace dos décadas en política.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre dejan claro, no obstante, que la reforma planteada, en caso de llegar a buen puerto, no podría aplicarse de forma retroactiva. Es decir, que no podría utilizarse este nuevo tipo, por ejemplo, en relación con el millón de euros encontrado en casa de los suegros del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. "Sería para la corrupción del futuro, para cuando entren en vigor los cambios en el Código Penal", explican esas mismas fuentes. Además, muestran alguna duda sobre la redacción del tipo propuesto vía enmienda. En concreto, sobre la expresión "negarse abiertamente" a justificar el incremento. "¿Qué se deberá entender por abiertamente? Puede haber estrategias dilatorias que no nieguen expresamente el cumplir con esto, subterfugios, recursos...", tratan de explicar.

No es el único problema que los expertos asocian con este delito. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, Isidoro Blanco, avisaba en un artículo publicado en 2017 de los riesgos de utilización política "con fines espurios" o de las dificultades para atribuir este delito cuando los bienes no están a nombre de la autoridad sino de una tercera persona: "Si no se acredita que el dinero pertenece al empleado público difícilmente va a ser de aplicación el enriquecimiento ilícito". Y luego está el debate sobre su encaje constitucional en relación con la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En este sentido, Anticorrupción ha defendido que no se invierte la carga de la prueba por cuanto sigue correspondiendo a la acusación "probar el incremento patrimonial".

Los dos socios del Gobierno han puesto sobre la mesa el enriquecimiento injustificado pocos minutos después de que ERC registrase en el Congreso de los Diputados su enmienda sobre la malversación, un delito que, al igual que la sedición, arrastran los principales protagonistas del procés. Al final, como era de esperar, los republicanos han planteado una vuelta a la modalidad anterior a 2015. Aquella reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aprobada pocos meses después de la consulta del 9N impulsada por Artur Mas, permitió castigar con la misma pena la sustracción de caudales públicos llevada a cabo por una autoridad "con ánimo de lucro" y el uso indebido de fondos que generase un perjuicio al patrimonio público administrado.

Lo que propone ahora Esquerra es volver a separar la malversación apropiatoria de la malversación de uso. Así, en la enmienda registrada, la formación independentista recupera una definición casi calcada a la que había antes de la reforma de 2015 en relación al primer delito, si bien disminuyendo de tres a dos años la pena mínima contemplada en el tipo básico. Y plantea meter un nuevo artículo que establezca un castigo atenuado –de seis meses a tres años– en los casos en los que la autoridad, sin ánimo de apropiarse de nada, "destinare a usos particulares y ajenos a la función pública" el patrimonio público puesto a su cargo. En este sentido, ni PSOE ni Unidas Podemos han querido dar aún por buena la enmienda, que ahora estudiarán para ver si puede beneficiar a imputados y condenados por corrupción, una línea roja.

La reforma de la sedición también ha servido al Gobierno para preparar el desbloqueo del Constitucional. Las enmiendas conjuntas de los dos socios incluyen, por un lado, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la necesidad de una mayoría de tres quintos para el nombramiento de los dos magistrados que corresponden al órgano de gobierno de los jueces, una barrera que ha permitido al bloque conservador del CGPJ dilatar durante meses la renovación del TC. Ahora, con la propuesta de socialistas y Unidas Podemos, serán elegidos los dos candidatos que obtengan un mayor número de votos. Además, para salvar el escollo de la renovación por tercios –es decir, que CGPJ y Gobierno tengan que nombrar al mismo tiempo–, los socios plantean retocar la Ley del Constitucional para que una de las partes pueda renovar en solitario cuando la otra no realice su propuesta.

Apenas unas horas después de darse a conocer públicamente las enmiendas, los vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial han firmado un escrito en el que piden al presidente del órgano que convoque un Pleno extraordinario para abordar cuanto antes el nombramiento de los magistrados del Constitucional, el mismo que ese sector lleva dilatando desde septiembre. Según el reglamento del CGPJ, Rafael Mozo, quien lleva provisionalmente la batuta del órgano caducado, debe convocar el cónclave en los tres días siguientes al envío de la petición. Por tanto, el Pleno se celebrará antes de la entrada en vigor de la reforma.

La izquierda buscará finalmente blindar la protesta social en la reforma del delito de sedición. Tanto Unidas Podemos como Más País ya han tomado la decisión de enmendar la proposición de Ley registrada hace un mes en el Congreso de los Diputados para intentar evitar que las modificaciones planteadas en el Código Penal puedan terminar convirtiéndose en un arma de doble filo que acabe por criminalizar todavía más los actos de protesta pacífica. Retoques en los que también se trabaja desde las filas socialistas. Los diferentes grupos tienen hasta este viernes para registrar en la Cámara Baja sus enmiendas a una reforma penal que se espera que esté lista antes de que finalice el año y que borrará de un plumazo el delito de sedición.

Desde que se presentó la proposición de Ley hace casi un mes, algunas formaciones políticas y colectivos habían mostrado su preocupación por si los cambios planteados podían terminar laminando de alguna manera el derecho de reunión y manifestación. Cuarenta entidades firmaron la pasada semana un manifiesto resaltando que la propuesta generaba "graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta, dejando en manos de los tribunales la interpretación y aplicación de conceptos jurídicos demasiado ambiguos". También colectivos como Amnistía Internacional han mostrado su preocupación por la falta de "precisión" en la redacción del articulado.

El tipo básico que consta en la reforma del delito de desórdenes públicos, donde ahora se pretenden meter todos aquellos hechos que pudieran tener encaje en la vieja sedición, no se ha movido ni un ápice en relación al castigo: de seis meses a tres años. Ahora bien, sí que ha variado respecto a su redacción. En la actualidad, se reserva para quienes "alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo". La reforma, sin embargo, vincula el tipo no solo a "actos de violencia", sino también de "intimidación". E incluye, dentro de estos, también la obstaculización de las vías públicas "ocasionando un peligro grave para la vida o salud de las personas" o la invasión de "instalaciones o edificios", dos cuestiones que no figuran en el articulado actual. Todo ello, en un intento de "atentar contra la paz pública".

Algunos juristas no creen que la nueva redacción vaya a suponer un problema. Al fin y al cabo, seguirían sin tener encaje en este tipo delictivo cualquier acto de desobediencia civil –es pacífico por naturaleza– o manifestación, siempre que se desarrolle en un clima de tranquilidad. Sin embargo, tras estudiar el texto, desde Unidas Podemos han decidido que introducirán enmiendas para intentar tapar cualquier agujero y blindar todo lo posible la protesta social en la reforma. Así lo confirman a este diario fuentes parlamentarias, que explican que se están ultimando los cambios que se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados. Modificaciones de las que, por el momento, evitan dar detalles.

En el grupo confederal no se cierra la puerta a la posibilidad de ir de la mano de sus socios de Gobierno en este tema. "Si el PSOE está de acuerdo, no creo que hubiera ningún problema en firmarla conjuntamente", se limitan a decir. En las filas socialistas, tal y como señaló el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también están trabajando en algunos cambios al texto a fin de dejar fuera del delito de desórdenes públicos las movilizaciones sindicales, sobre todo en lo relativo a los piquetes en una huelga. Un anuncio que llegó después de que los principales sindicatos alertaran también de los riesgos que los cambios planteados podían tener para la actividad sindical.

Quien ya ha puesto sobre la mesa del Congreso sus enmiendas en este sentido ha sido Más País. Según ha desvelado Europa Press, los de Íñigo Errejón plantean, entre otras cuestiones, que la pena de seis meses a tres años por desórdenes públicos sólo pueda ser impuesta en los casos de violencia grave o certificable sobre las personas o las cosas o cuando se invadan instalaciones o edificios pero ocasionando "un peligro grave para la vida o la salud de las personas".

Del mismo modo, se plantea la eliminación del artículo vinculado a la ocupación de sedes, algo que se introdujo en la reforma penal de 2015 y contra el que piden actuar colectivos como Amnistía Internacional. Se hace al considerar que "penaliza los actos no violentos y atenta contra derechos fundamentales de protesta, reunión y manifestación".

Más allá de lo relativo a los desórdenes públicos, el otro punto clave del proceso de enmiendas estará en la malversación. El pasado martes, el Gobierno abrió la puerta a estudiar la introducción de retoques en este tipo penal, que mantiene atados a los líderes del procés porque fueron condenados por sedición en concurso con malversación. Eso sí, siempre y cuando la propuesta que ponga sobre la mesa ERC no resulte beneficiosa en los casos de corrupción.

Los republicanos se plantean regresar a la modalidad de este delito previa a la reforma del Código Penal impulsada por el PP en 2015, en la que se diferenciaba una malversación apropiatoria, con ánimo de lucro, de una malversación de uso. En principio, la enmienda buscaría añadir un nuevo artículo para castigar a quien emplee el dinero público para "usos ajenos a la función pública" con entre seis meses y tres años de cárcel.

Pero aún no está nada cerrado. A última hora de este jueves, socialistas y ERC seguían negociando. El PSOE busca corregir la enmienda republicana para evitar que políticos condenados por corrupción puedan terminar beneficiándose de los cambios normativos, según recoge el diario El País.

En plena pandemia mundial provocada por un virus que ha acabado, solo en nuestro país, con la vida de más de 90.000 personas y en medio de una crisis económica y social sin precedentes desde la Guerra Civil, las prioridades legislativas del PP de Pablo Casado durante la primera mitad de la legislatura siguen siendo Cataluña, el orden público y el control de la justicia.

 El PP ha presentado en la primera mitad de la legislatura 30 proposiciones de ley (31 si se suma la que acaba de firmar de común acuerdo con Cs para extender a la cadena perpetua, que en España se llama prisión permanente revisable, a los asesinos que no revelen el paradero de sus víctimas). De ellas 13 se tramitaron durante la etapa de Cayetana Álvarez de Toledo al frente del grupo parlamentario (hasta el verano de 2020) y el resto ya con Cuca Gamarra como máxima responsable de los diputados del PP. 

Su contenido resulta muy revelador de cuáles son las prioridades del PP. En primer lugar, Cataluña. Los conservadores han presentado en el registro hasta cuatro iniciativas legislativas relacionadas con el conflicto político en la comunidad catalana. 

De ellas, de momento, sólo ha decidido llevar una al Pleno del Congreso: la que pretendía limitar el derecho de gracia del Gobierno con el fin de que no pudiese conceder indultos a los condenados por el procés. Y a cualquiera que en el futuro sea condenado por los delitos de rebelión y sedición. La propuesta fue rechazada por una amplísima mayoría: 192 votos en contra (los de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, Compromís, Más País, BNG, PNV, EH Bildu y la CUP), 149 a favor (PP, Vox, Cs, UPN y Foro) y tres abstenciones (Teruel Existe, PRC y Coalición Canaria).

Las otras tres iniciativas siguen a la espera de que el PP decida una buena ocasión de someterlas a debate en el pleno del Congreso. La primera quiere devolver al Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegales y la segunda propone modificar la ley electoral para que los huidos de la justicia, como Carles Puigdemont, no se puedan presentar a ningún proceso electoral.

Con la tercera el PP pretende cambiar la ley de partidos para establecer un mecanismo que permita suspender temporalmente o limitar de manera parcial la financiación con fondos públicos estatales que reciben aquellas formaciones en cuyo seno haya personas condenadas por delitos contra la Constitución, el orden público, la comunidad internacional o por traición.

La segunda gran prioridad de los de Casado en lo que va de legislatura es el orden público y la justicia. En este capítulo han presentado hasta ocho iniciativas de las que cinco ya se han debatido. Todas fueron rechazadas.

En primer lugar, dos que trataban de reformar los mecanismos de elección del Fiscal General del Estado y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para adecuarlos a las preferencias del PP. La primera sólo obtuvo 160 síes (PP, Vox, Junts, Cs, Foro, UPN, CC) frente a 185 noes (PSOE, UP, ERC, Compromís, PDeCAT, Más País, PNV, EH Bildu, CUP y Nueva Canarias) y dos abstenciones (Teruel Existe y Esquerra). La segunda fue derrotada por una diferencia aún mayor: 154 síes (PP, Vox, Cs, UPN, Foro, CC) y 190 noes (todos los demás).

La tercera que ya se ha debatido y ha sido rechazada es una que trataba de poner el foco en la okupación ilegal de viviendas. Sólo logró el respaldo de 157 diputados (PP, Vox, Cs, PNV, UPN, Foro, CC). Votaron en contra 179 (PSOE, UP, ERC, BNG, Más País, EH Bildu, CUP y Nueva Canarias) y se abstuvieron ocho (Junts y Teruel Existe). Y la cuarta pretendía crear un estatuto específico para los funcionarios de prisiones: tampoco mereció el respaldo de la Cámara baja y fue rechazada: 157 síes (PP, Vox, Cs, Más País, Compromís, UPN, CC y Foro) y 191 noes (todos los demás).

La quinta y más reciente en estrellarse en el pleno de la Cámara baja es la que proponía igualar las retribuciones de policías y guardias civiles con las de mossos y ertzainas mediante el procedimiento de prohibir que ninguna comunidad pueda subir los salarios de los policías autonómicos por encima del de los agentes que dependen de Interior. 

Pendientes tienen otras tres. En primer lugar, la que plantea que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad (un cambio normativo que PSOE y Unidas Podemos quieren hacer aprovechando la reforma de la ley mordaza). 

Las otras dos son la ya citada que plantea extender la cadena perpetua cuando el asesino no revele el paradero de su víctima y una modificación legal para permitir la prohibición de homenajes o actos de bienvenida a expresos de ETA cuando salen de la cárcel.

El PP también ha presentado tres iniciativas en materia energética. La más conocida es la que planteaba que el Gobierno renunciase a determinados ingresos para facilitar la reducción del recibo de la luz. Fue rechazada por 169 votos en contra, 154 síes (PP, Vox, Cs, UPN, Foro, y CC) y 25 abstenciones (ERC, PDeCAT, BNG, PNV, Teruel Existe y PRC). Meses después volvieron a presentarla para replantear el debate, pero el Gobierno hizo uso del derecho a veto que le reconoce el reglamento de la Cámara cuando se presentan iniciativas que pueden descuadrar los Presupuestos.

Las otras dos están pendientes de debate: la primera busca rebajar la factura de la luz a sectores económicos estacionales de la agricultura, la hostelería, el turismo y el comercio; y la segunda busca regular la producción de hidrógeno para, entre otras cosas, garantizar que pueda seguir utilizándose combustibles fósiles.

La segunda versión de la reforma legal para bajar el recibo de la luz no es la única proposición de ley del PP que el Gobierno rechazó amparándose en su derecho a impedir el debate de normas que puedan afectar a las cuentas públicas. También se ha opuesto a la tramitación de una ley para la supresión del impuesto del patrimonio (que en la actualidad está transferido a las comunidades autónomas) y a una iniciativa que proponía la creación de la autoridad independiente de gestión de los fondos europeos que Casado reclama desde el verano de 2020. 

El PP presentó una única proposición de ley relacionada con la pandemia: una norma con la que los de Casado pretenden que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones que afectan a derechos fundamentales sin tener que recurrir a los tribunales, algo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que ni siquiera puede hacerse con la declaración del estado de alarma.

Fue rechazada nada menos que por 249 diputados (PSOE, Vox, UP, ERC, Junts, BNG, MP, Compromís, PDeCAT, Cs, EH Bildu, CUP, ERC y Nueva Canarias), la derrota más abultada del PP en lo que va de legislatura. Los de Casado sólo lograron 98 votos a favor (PP, PNV, UPN, Foro y CC) y el único diputado de Teruel Existe se abstuvo.

A pesar de que el juego de mayorías en el Congreso sigue siendo el mismo, el PP ha vuelto a presentar la iniciativa en el registro del Congreso, a la espera de una oportunidad de plantear una vez más el mismo debate. 

Los de Casado tienen otras nueve proposiciones de ley en el Congreso pendientes de que el PP les dé prioridad y las incluya en el orden del día del PP dentro del cupo al que tiene derecho. Entre ellas están la ley de cuidados paliativos que defienden como alternativa a la de eutanasia, una propuesta para que los animales dejen de ser considerados como cosas o una iniciativa que trata de prolongar el derecho a cazar en los parques nacionales donde va a dejar de ser posible.

También hay propuestas para cambiar la regulación de los registros civiles, asumir gastos de los afectados por el terremoto de Lorca, regular la publicidad sanitaria, promocionar el mecenazgo o garantizar durante la pandemia las asignaciones a las entidades de interés social en la declaración de la renta y gobernar la transformación digital de España.

Con el año, acaba de terminar también un nuevo período de sesiones en el Congreso de los Diputados. De lo que allí ocurre trasciende sobre todo la verborrea, las salidas de tono, los insultos. La ciudadanía suele quedarse, medios de comunicación mediante, con lo más llamativo, que acostumbra a coincidir con lo más banal y, en demasiadas ocasiones, con lo más vergonzante del noble arte de la política.

Pero son, en cambio, muchas las cosas buenas, las acciones y actuaciones nobles que ocurren entre las cuatro paredes de la sede del parlamentarismo español. Lo que sucede es que muchas no son noticia o lo son menos. En el Congreso se trabaja mucho y bien, contrariamente a lo que circula por el imaginario colectivo. Se negocia y se transa, esto es, se cede a uno y otro lado de los escaños, para llegar a acuerdos y que estos redunden en una ley mejor, en una propuesta más beneficiosa para el mayor número de gente posible. Y eso se consigue más veces de lo que pudiera parecer. Es la política en mayúsculas. Lo que trasciende, insisto, es otra cosa, a pesar de ser solo una pequeña parte de lo que sucede en sede parlamentaria.

Hemos aprobado muchas leyes en este período de sesiones y han entrado para su tramitación muchas otras no menos trascendentales. Los Presupuestos Generales del Estado para este recién estrenado año, la nueva Ley de Pensiones, la de Residuos para la protección ambiental, la de Estabilidad en el Empleo Público, la Ley contra el Dopaje, la nueva Ley de Formación Profesional, la Ley de protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, la Ley de la cadena alimentaria o la de Seguridad Vial son solo algunos ejemplos de normativas que han visto la luz en las últimas semanas.

Y también, en el último pleno ordinario antes de Navidad, la Proposición de Ley de mejora de la protección de personas huérfanas de violencia de género. Esta Proposición de Ley es, además, un ejemplo de colaboración estrecha y efectiva entre la sociedad civil comprometida con los derechos de las mujeres y el Partido Socialista. Nació a partir del informe de Fundación Mujeres en el que se ponían de manifiesto impedimentos y se apuntaban posibles soluciones para que un mayor número de huérfanos y huérfanas pudieran acceder a las pensiones y prestaciones y salvasen las trabas de tipo burocrático o fiscal con las que se encuentran en algunas ocasiones. La ley 3/2019 ya mejoró las pensiones de estas personas a quienes un asesino machista les había arrebatado a su madre. Esta nueva ley mejora aún más el acceso a esas prestaciones, así como a posibles herencias.

David adoptó junto con su mujer a su sobrina cuando esta se quedó huérfana siendo prácticamente una bebé. Su padre había asesinado a su madre. Tras la adopción, la pequeña se quedó sin pensión de orfandad. La nueva norma, que será ley tan pronto como salve el trámite en el Senado, hará compatible la adopción con las prestaciones y pensiones siempre que la familia adoptante no supere ciertos nieves de renta. Se trata, en este como en otros casos en los que incide la legislación, de evitar situaciones de vulnerabilidad sobrevenidas o agravadas a raíz de un asesinato por violencia de género. David cree que su hija, la hija de su hermana asesinada, nunca dejará de ser huérfana de violencia de género, a pesar de que tiene un padre y una madre que le quieren. Y está convencido de que esta proposición de ley supone reparación del daño para su hija. 

Son muchas las personas huérfanas de violencia machista que, como Ivana y Edgar, pueden estudiar gracias al Fondo de Becas Soledad Cazorla que gestiona Fundación Mujeres junto con la familia de la desaparecida y añorada fiscal. Estos dos hermanos pasaron por la durísima experiencia de presenciar cómo su padre asesinaba a tiros a su madre. Reparar ese daño moral es poco menos que imposible pero sí podemos mejorar la legislación para que, al menos, ellos u otros huérfanos en su situación puedan sortear los problemas de acceso al patrimonio, a seguros y a cuentas bancarias con que se están encontrando.

El feminismo ha empujado históricamente grandes reformas legales que ha impulsado el Partido Socialista. En este caso, además, se han sumado todos los partidos con la única excepción, siempre deplorable, de los negacionistas de la ultraderecha, que se han abstenido. El feminismo combativo, reivindicativo, junto con el socialismo transformador y comprometido formamos una ecuación que hace avanzar a las mujeres en derechos y libertades. El Pacto de Estado, del que también da cumplimiento esta nueva norma, es fruto de esta fenomenal entente. Juntas somos imparables. 

_______________________________________________

Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.

El pasado 21 de mayo fue constituido el Congreso de los Diputados Congreso de los Diputadosde la XIII Legislatura. A día de hoy todavía no se han formado las comisiones, por lo que no puede decirse que la Cámara Baja –lo mismo es aplicable al Senado– funcione a pleno rendimiento. Pero los grupos parlamentarios sí han comenzado ya a presentar proposiciones de ley y no de ley. También, preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito. Es la forma que tienen los partidos de intentar marcar el discurso, mientras el presidente del Gobierno tantea a sus posibles socios con la vista puesta en una sesión de investidura que casi todas las fuentes ubican en las primeras semanas de julio.

Desde el mismo día 21 de mayo hasta este viernes, la Mesa del Congreso ha calificado 15 proposiciones de ley de los grupos y cinco proposiciones no de ley. Son las proposiciones de ley las que tienen efectos reales si llegan a Pleno y se aprueban. Las proposiciones no de ley, aunque se aprueben, no tienen efectos vinculantes, sino políticos. Nada ocurre, pues, si, aprobada una proposición no de ley en el Pleno , la Cámara no da los pasos necesarios para que sea una realidad.

A vueltas con el indulto

El Grupo Parlamentario Popular es el que lidera la presentación de proposiciones de ley y proposiciones no de ley en lo que va de legislatura: siete y dos, respectivamente.

En plena pelea con Ciudadanos por el liderazgo del bloque de la derecha, el partido de Pablo Casado quiere que el Pleno del Congreso debata sobre la modificación de la ley del indulto, para que éste no se pueda aplicar a los condenados por rebelión. No pasa inadvertido el contexto en el que recuperaron esta iniciativa de la campaña y de los últimos meses de la legislatura anterior: el juicio del procés, que la semana pasada quedó visto para sentencia.

Otras iniciativas del PP son la proposición de ley de modificación de la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal para el complemento de destino en circunstancias especiales. O la que propone incluir un apartado en in real decreto de 2014 para "fomentar la Formación Profesional Dual". Se trata de una bandera tradicional de los conservadores que no es una realidad pese a que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015.

También hay iniciativas de los conservadores en materia de supresión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y de supresión o limitación de la "financiación estatal de partidos políticos".

Bandera electoral del equipo de Casado en campaña fue la lucha contra la ocupación ilegal y, en consonancia con ello, el registro del Congreso ya cuenta con una proposición no de ley contra la ocupación ilegal y "para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios".

La proposición de ley más reciente del PP, calificada por la Mesa este mismo jueves, es una reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El PNV: control del Gobierno en funciones

El siguiente grupo en número de iniciativas es el del PNV con cinco. La formación nacionalista reclama la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, la de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, la del Código Penal y la de Secretos Oficiales. También quiere el PNV que el Congreso debate sobre el control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno, incluido el Gobierno en funciones.

Como el resto de partidos, el PNV retoma iniciativas que, en la pasada legislatura decayeron con la disolución de las Cortes. Así, el 21 de marzo de 2018, el Pleno de la Cámara Baja ya había aprobado iniciar la tramitación de esta proposición sobre el control del Gobierno en funciones, un asunto de máxima actualidad ahora si se tiene en cuenta que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez está en funciones.

El texto propuesto por el PNV tiene como objetivo someter al Gobierno al control político de las Cortes Generales en todos sus actos y omisiones: que "todos los actos y omisiones del Gobierno, incluso del que esté en funciones, están sometidos al control político de las Cortes Generales".

Por su parte, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley integral de protección y apoyo a las familias y Vox otra sobre la protección de los denunciantes de corrupción.

Protección de los alertadores

Completa el listado de proposiciones de ley ya calificadas por la Mesa la presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví (Grupo Mixto) de protección integral de los alertadores. 

Esta iniciativa puede convertir a España en el primer país que traslade a su legislación la directiva europea que protege a los alertadores, ciudadanos que revelan información sobre posibles irregularidades o delitos cometidos en sus empresas o en las administraciones  que perjudiquen el interés general.

El texto obliga a empresas y administraciones a abrir canales internos de alerta y establece sanciones de hasta 300.000 para quien imponga represalias a los filtradores o vulnere su anonimato.

Proposiciones no de ley

Las proposiciones no de ley (PNL) las copan los Grupos Parlamentarios Popular y de Unidas Podemos, con dos iniciativas cada uno.

Las dos de la formación liderada por Pablo Iglesias tienen que ver con la industria. La primera, con la reforma "del sistema de interrumpibilidad y ayudas". Se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

La segunda es sobre las medidas "pare evitar el desmantelamiento industrial" en España.

El PP, por su parte, aboga por desarrollar un programa nacional de ayudas a las familias con personas en situación de dependencia. Y con la implantación de una prueba única en todo el territorio español de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad.

La PNL de Ciudadanos es muy similar en el fin que pretende a la de los conservadores: demandan la "armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas de EBAU".

¿Qué ocurrió la XII Legislatura?

La XII Legislatura arrancó el 19 de julio de 2016. En el primer mes, la Mesa del Congreso de los Diputados calificó 18 proposiciones de ley y 89 PNL.

Como ocurre ahora, el principal partido de la oposición, ahora el PP y antes el PSOE, es el que lidera el listado de proposiciones de ley calificadas por el órgano de gobierno de la Cámara: doce. A los socialistas les seguía Esquerra Republicana de Catalunya, con cuatro, y Ciudadanos y el Grupo Mixto, con una iniciativa cada uno.

Los socialistas estaban interesados en reformar el tratamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social en el Código Penal, en modificar la ley relativa a la Justicia Universal, en la supresión de las tasas judiciales y en la despenalización del derecho de huelga.

Del primer mes son también iniciativas que después a avanzarían como la de “recuperar la independencia de la Corporación de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. O la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

ERC coincidía con el PSOE en la reforma de la ley de Justicia Universal. Y además, planteó iniciativas legislativas para la “despenalización del derecho de huelga”, la reforma de la ley de contratos del sector público para controlar la morosidad de la grandes empresas contratistas adjudicatarias de obra pública con las Pymes suministradoras y subcontratistas.

La proposición de ley de Cs tenía que ver con medidas urgentes para el fomento del autoconsumo eléctrico. Quedó en nada. Caducó con el fin de la legislatura. Lo mismo ocurrió con una del Grupo Mixto para reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

89 PNL

En el mismo periodo, los grupos parlamentarios registraron 89 proposiciones no de ley. El grueso de ellas no llegaron ni a debatirse en Pleno y caducaron el pasado mes de marzo, cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes para la convocatoria electoral.

Como ocurre en el caso de las proposiciones de ley, el Partido Socialista es la formación que más PNL tenía calificadas por la Mesa un mes después de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura: 34 iniciativas. Le seguía ERC con 27, el Mixto con 14, Podemos con 12 y Ciudadanos con dos.

Son casi sesenta proposiciones de ley de la oposición, la mayoría de ellas firmadas por PSOE y Unidos Podemos, las que ambos partidos quieren que la Mesa del Congreso reactive y someta a trámite a la vista de que en su día el Gobierno las vetó indebidamente, tal y como acaba de dejar claro una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Un enorme paquete legislativo que, si llegara a tramitarse al mismo tiempo, colapsaría la agenda de la Cámara baja pero al que los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no quieren renunciar.

Esta semana, en una sentencia de enorme trascendencia para las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, el TC dejó claro que el Ejecutivo no puede vetar la tramitación de iniciativas de la oposición invocando de forma genérica la capacidad que le otorga la Constitución cuando considere que una propuesta vaya a suponer un incremento de gastos o una disminución de ingresos del Presupuesto en curso. Mariano Rajoy lleva toda la legislatura bloqueando por esta vía el debate de las propuestas de sus adversarios políticos.

A partir de ahora, a los grupos parlamentarios les bastará con dejar claro —como ya estaban haciendo— que sus propuestas no serán de aplicación al presupuesto actual para sortear el veto del Gobierno. Pero PSOE y Podemos, y seguramente otras formaciones afectadas, no quieren quedarse ahí y reclama a la Mesa que reconsidere la aceptación de todos los vetos que el Ejecutivo ha planteado en lo que va de legislatura.

El primero en solicitarlo ha sido el PSOE. En una iniciativa presentada este jueves, los socialistas subrayan que el recurso al veto “por parte del Gobierno está siendo tan extraordinariamente habitual que se ha revelado como uno de los factores determinantes de la actividad legislativa del Congreso en la presente legislatura”.

Los socialistas aseguran que, a la vista del fallo del TC, “es necesario que la Mesa del Congreso reconsidere los acuerdos adoptados en relación con las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios”, no sólo las del PSOE.

Entre las que presentó este grupo y el Gobierno vetó destaca un buen número de reformas legales de ámbito social: universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, revalorización de las pensiones para el año 2017, modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones a efectos del pensiones no contributivas, mejora de la pensión de viudedad para personas perceptoras con 65 o más años de edad y menores ingresos, creación de un fondo de accesibilidad universal y adaptación de la ley de Propiedad Horizontal a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

También quieren reactivar sus propuestas de supresión de tasas judiciales de modificación el IVA cultural, de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico y de reconocimiento y ampliación de los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Las iniciativas de Podemos

Podemos todavía no ha presentado un escrito dirigido a la Mesa, pero fuentes del grupo que dirige Pablo Iglesias han confirmado a infoLibre que tiene intención de hacerlo en los mismos términos que los socialistas.

La propuestas de la formación morada que el Gobierno vetó —algunas de las cuales coinciden nominalmente con las del PSOE— son muy variadas. En el ámbito de la justicia piden desde la modificación de las tasas judiciales a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pasando por la adopción de medidas de agilización procesal y en favor de la asistencia jurídica gratuita.

En el ámbito de los derechos sociales también quieren que se reactive la tramitación de la proposición de ley de revalorización de las pensiones para el año 2017, la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores, la reforma de la Ley General de la Seguridad Social para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo, la creación de un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, la rebaja de la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas, la regulación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud o la aprobación de una ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito de la pobreza energética.

Podemos también propuso en su día, y quieren que se vuelva a tramitar ahora, la modificación de la ley de Educación para regular el proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos.

En el ámbito medioambiental, quieren rescatar sus proposiciones de ley de fomento del autoconsumo eléctrico, la que propone el cierre escalonado de las centrales nucleares, la creación de un Estatuto Básico de Bomberos Forestales o la reforma de la Ley de Aguas en coherencia con la Directiva Marco del Agua y el contexto de Cambio Climático.

Podemos también se propone exigir el levantamiento del veto a sus propuestas económicas, que incluyen desde cambiar la reforma laboral del PP y fortalecer la negociación colectiva, a establecer un “recargo de solidaridad” a las entidades de crédito, pasando por la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la comunidad gallega.

Otros grupos políticos en el Congreso podrían seguir el mismo camino, Esquerra Republicana de Catalunya confirmó a infoLibre que estudiarán en detalle la sentencia del TC antes de tomar una decisión. En su caso, el Gobierno vetó dos proposiciones de ley: la reforma de la ley de Memoria Histórica y una ley que reconociese las lenguas del Estado y protegiese los derechos de sus hablantes.

La Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, tendrá que decidir ahora qué respuesta da a las peticiones de la oposición, a la vista de que la aceptación de los vetos del Ejecutivo fue contraria a la Constitución.

El Gobierno no puede vetar la tramitación de iniciativas de la oposición en el Congreso invocando de forma genérica la capacidad que le otorga la Constitución cuando considere que una propuesta vaya a suponer un incremento de gastos o una disminución de ingresos del Presupuesto en curso. Así lo acaba de establecer con toda claridad el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia en la que valida la decisión de la Cámara baja, adoptada el pasado mes de octubre, de rechazar el veto del Gobierno a una proposición de ley del PSOE que pretende paralizar la implantación de la reforma educativa del PP.

El fallo del TC, adoptado por unanimidad de todos sus magistrados, pone las cosas más difíciles al Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de bloquear la tramitación de iniciativas de la oposición, porque desde este momento estará obligado a justificar detalladamente qué partidas concretas del presupuesto en curso se verían afectadas si las propuestas acabasen siendo aprobadas y, lo que es más importante, le impide vetarlas si expresamente demoran su entrada en vigor a presupuestos futuros.

Utilizando este mecanismo, el Ejecutivo del PP ha impedido en lo que va de legislatura la tramitación parlamentaria de 57 iniciativas de la oposición, una cifra que duplica el uso que el anterior Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, hizo de la misma prerrogativa. El Ejecutivo, que sólo cuenta con el apoyo parcial de Ciudadanos, trata así de impedir que el resto de los grupos alcances acuerdos que le obliguen a modificar sus políticas.

El Constitucional afirma que “el Gobierno debe justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios” porque “cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o una disminución de ingresos”. Por ese motivo no basta con invocar sin más el derecho de veto; es necesario alegar una “conexión directa e inmediata, actual, por tanto, y no meramente hipotética”. Y “debe además referirse al Presupuesto” en vigor, “sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos y gastos públicos”. Si no fuese así, concluye el fallo del TC, el Gobierno dispondría de una “potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución”.

La sentencia valida la decisión que adoptó en octubre la Mesa del Congreso de tramitar una proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de implantación de la LOMCE, la reforma educativa impulsada por José Ignacio Wert cuando estaba al frente del Ministerio de Educación. El Gobierno alegaba que ponía en peligro fondos europeos comprometidos para tal fin. El fallo no tiene consecuencias directas para las otras 56 iniciativas vetadas por el Gobierno, aunque sí obligará a partir a ahora al Ejecutivo a tener que argumentar de forma mucho más precisa sus vetos e impedirá a Mariano Rajoy frenar cualquier iniciativa que expresamente se remita a ejercicios futuros y no tenga consecuencias directas sobre los Presupuestos en vigor.

La oposición celebra el fallo

El PSOE celebró inmediatamente la sentencia del TC. Su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, animó a Ciudadanos a tomar nota y facilitar desde su puesto en la Mesa del Congreso la tramitación de las iniciativas (PP y Cs tienen mayoría en este órgano). “Es un correctivo muy importante para el Gobierno”, subrayó Robles, que “va a dar oxígeno a esta legislatura".

En parecidos términos se pronunció también la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. PP y Ciudadanos, declaró, deben cesar “en el empeño de paralizar los debates” y abrir la puerta a la tramitación de una propuesta de su grupo, recientemente vetada, para garantizar la subida de las pensiones.

Ciudadanos, a través de su portavoz adjunta, Melisa Rodríguez, consideró el fallo un “toque de atención” al Ejecutivo de Rajoy, “que aún no ha entendido que no tiene mayoría absoluta”. Eso sí, advirtió, su grupo está dispuesto a seguir apoyando al PP para que la Mesa no se oponga a los vetos del Gobierno si los fundamenta correctamente y entiende que si realmente hay una afectación presupuestaria, lo apoyarán.

El PP, sin embargo, no dio muestra alguna de preocupación a la vista de la decisión del TC. Su portavoz, Rafael Hernando, se limitó a aconsejar al Gobierno que de ahora en adelante utilice argumentaciones “más sólidas” para vetar las iniciativas de la oposición.

La aceptación de los vetos por parte de la Mesa, sin embargo, no es el único mecanismo que están utilizando PP y Cs para bloquear las iniciativas del resto de los grupos. Cuando no han tenido más remedio que aceptar el trámite de una propuesta con la que discrepan, han recurrido a dilatar indefinidamente los plazos de presentación de enmiendas, de manera que, en la práctica, el debate de las propuestas no puede comenzar.

Entre las leyes que el Gobierno ha vetado en lo que va de legislatura —desde octubre de 2016— se encuentran una proposición de Unidos Podemos para cerrar las centrales nucleares que no afectaba al ejercicio presupuestario en curso y que, de acuerdo a los criterios fijados por el TC, debería haber sido tramitada con normalidad. De hecho, la formación de Pablo Iglesias está pendiente de que el tribunal se pronuncie también sobre esta cuestión.

Otras propuestas notables vetadas por el Gobierno durante estos meses son la que pretendía poner fin al denominado impuesto al sol (que expresamente también demoraba su eventual entrada en vigor a ejercicios presupuestarios futuros), la que reclamaba la recuperación del derecho universal a la sanidad, la supresión de las tasas judiciales o el abono de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura franquista. En principio, ninguna de ellas podría ser vetada por el Gobierno a menos que su articulado afectase al Presupuesto del año en el que fueron presentadas o que el Ejecutivo hubiese alegado detalladamente qué ingresos se verían disminuidos o qué gastos sufrirían un incremento.

Una decisión trascendente

El fallo del TC tiene gran trascendencia porque es la primera vez que aborda la interpretación del artículo 134.6 de la Constitución —el derecho de veto a las proposiciones que afecten a ingresos o gastos fijados a través de los Presupuestos— en el marco de un conflicto entre el Gobierno y el Congreso. Un conflicto que, subraya la sentencia, “refleja con nitidez el sistema de contrapoderes que se proyecta sobre el Presupuesto en nuestro sistema parlamentario”.

En su razonamiento, el TC recuerda que el “papel preponderante del Gobierno en el Presupuesto” no implica “un desplazamiento de los Parlamentos” en sus competencias a la hora de aprobar las cuentas anuales e incluso los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Las iniciativas parlamentarias, señala la sentencia, “rara vez serán enteramente neutrales en relación con las cuentas públicas, de modo que cualquier propuesta de medida legislativa es susceptible de tener un impacto sobre el volumen de los ingresos y gastos públicos, siquiera de forma hipotética o indirecta o, en todo caso, un impacto económico sobre alguna política pública”.

Por eso el derecho de veto del Ejecutivo “se ciñe a aquellas medidas cuya incidencia sobre el Presupuesto del Estado sea real y efectiva”, de manera que “no podrá ejercerse por relación a presupuestos futuros, que aún no han sido elaborados por el Gobierno” ni sometidos a la aprobación del Congreso.

Ni siquiera, precisa el TC, puede alegarse la “lógica” conexión entre presupuestos pasados y futuros, porque “no desnaturaliza el carácter anual del Presupuesto”. De manera que “el Gobierno podrá oponerse sólo en aquellos casos en los cuales la medida propuesta, enmienda o proposición”, incida directamente en el Presupuesto en vigor. Y “la motivación del Gobierno debe expresar tal incidencia, precisando las concretas partidas presupuestarias que se verían afectadas”.

El TC reconoce además a la Mesa de la Cámara la facultad de “ejercer una función de calificación del criterio del Gobierno” y rechazar el veto “del Ejecutivo en aquellos casos en los cuáles el Gobierno no haya concretado la afectación al Presupuesto”. No tiene que juzgar “el impacto” sobre las cuentas, “sino tan sólo constatar que el mismo es real y efectivo, y no una mera hipótesis”.

En el caso de la proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de aplicación de la LOMCE, el TC no tiene dudas: el Gobierno no precisó que la iniciativa legislativa afecte a los presupuestos, se limitó a plantear como hipótesis que podría causar la pérdida de subvenciones comprometidas por parte del Fondo Social Europeo.

La Mesa del Congreso ha acordado este martes poner fin a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas de nueve iniciativas legislativas, la mayoría de la oposición, con lo que podrán continuar su tramitación, que ha estado bloqueada durante meses. En el listado figuran la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza por sus detractores), del Estatuto valenciano, de la prisión permanente y de la Justicia Universal, informa Europa Press.

Esta decisión se ha adoptado por no haber peticiones de ampliación de plazo o, en la mayoría de los casos, al quedarse el PP en minoría defendiendo la prórroga en la Mesa del Congreso.

Ciudadanos, cuyos dos puestos en el órgano de gobierno de la Cámara resultan claves en la mayoría de votaciones, asegura que no ha cambiado de posición y que simplemente rechaza apoyar más prórrogas en iniciativas donde ya tiene listas sus propias enmiendas, según ha indicado el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas.

Sin embargo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sí ve un cambio y lo considera "una buena noticia", y espera que se amplíe a otras proposiciones de ley de corte social. También el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, percibe un "movimiento" en Ciudadanos, que a su juicio ha ayudado al PP a estar "secuestrando un gran número de leyes durante un montón de meses por motivos políticos".

Un estatuto pendiente desde varias legislaturas

En concreto, los grupos ya podrán presentar este martes, antes de las 20 horas, sus enmiendas al articulado de las dos proposiciones de ley registradas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro Jorge Fernández Díaz, una del PSOE para derogarla y la del PNV para modificarla.

También ha acabado el plazo de enmiendas parciales a la reforma del Estatuto valenciano, que estaba congelada desde noviembre de 2016 y cuya tramitación venían reclamando formalmente desde hace semanas tanto Compromís como el PSOE.

Se desbloquean asimismo una proposición de ley del PP de reforma puntual de la Ley del Poder Judicial sobre permisos y licencias y otra de Unidos Podemos contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

Por último, ha terminado igualmente el plazo de enmiendas parciales al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, que sigue un trámite de urgencia.

Además, se ha puesto fin a las prórrogas del plazo de enmiendas de totalidad —aún quedarán las parciales— a otras tres proposiciones de ley que en su día ya fueron tomadas en consideración por el Pleno del Congreso y que, para frenarlas, será necesario presentar un texto alternativo porque no basta con pedir su devolución.

Otro debate sobre la prisión permanente revisable

Una de ellas es la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable, donde Ciudadanos ya anunció la presentación de un texto alternativo para, sin abordar el concepto de la pena máxima hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, se aboga por endurecer el acceso a los beneficios penitenciarios.

Las otras dos son una proposición de ley de ERC destinada a revocar la limitación de la justicia universal que aprobó el PP cuando tenía mayoría absoluta, y una del PSOE para la reforma de la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas para permitir la rectificación de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales.

El Estado es la organización de los ciudadanos para garantizar o alcanzar una serie de valores como la justicia, seguridad, etc. Este sistema de valores se organiza por medio del derecho; las leyes determinan cuales son nuestros derechos y deberes, qué límites se establecen a nuestras acciones y como se nos sancionara en caso de sobrepasarlos. Esta estructura social obedece a la racionalidad. Desde el momento de nuestro nacimiento nos vemos inmersos en un Estado que facilita nuestra aparición y desarrollo.

La patria es una de las formas de satisfacer la necesidad primaria del individuo de adscribirse a un grupo. Se puede articular en relación al pasado común, la lengua, etc. Obedece a los sentimientos, por lo que carece de una regulación. No se nace en ninguna patria, el individuo se siente en algún momento de una, varias o ninguna.

Cuando para hablar de derechos y deberes introducimos el término patria estamos provocando una reacción emocional, positiva o negativa, en nuestro interlocutor. No buscamos un acuerdo racional y consciente sobre intereses comunes, buscamos una adhesión o separación emotiva. La fuerza de las pasiones no garantiza su durabilidad de la adhesión y con frecuencia aparece acompañada de violencia porque favorece la pérdida de control sobre las acciones.

En el terreno personal la coherencia y racionalidad son deseables, pero en el político son necesarias. Las decisiones que afectan a muchos no pueden tomarse atendiendo a los sentimientos. El Estado se sostiene con las leyes, la patria con poesía.

Natividad Pérez es socia de infoLibre

El PNV está negociando con el Gobierno sobre la aplicación del Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba y, si esas negociaciones fructifican, podría apoyar su convalidación en el pleno del Congreso de este jueves, según indicó el portavoz de su grupo parlamentario, Aitor Esteban, y recogió Europa Press.

"Estamos hablando con el Gobierno y estamos negociando a ver si es posible que se puedan dar algunos pasos más y se concrete un poquito la situación final, el cuadro final en el que pueda quedar todo esto", explicó Esteban en los pasillos del Congreso, quien eludió dar detalles sobre sus conversaciones con el Gobierno.

El portavoz sólo ha anticipado que, por el momento, su grupo no descarta "ninguna posición" sobre el sentido de su voto del jueves.

"Vamos a ver si verdaderamente se puede buscar una salida y a ver si determinadas cosas que se han comentado de manera privada al final se pueden llevar adelante", ha señalado Esteban.

Además, ha sugerido que su negociación con el Gobierno no tiene por qué implicar que el Decreto Ley tenga que tramitarse como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos introducir enmiendas. "Ya veremos cómo se vehiculiza si es que hay algo", dijo, sobre un eventual acuerdo con el Gobierno.