El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha denunciado este lunes el "internamiento muteado" de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como su "ausencia" del debate político durante el año 2023, según Europa Press.

Así se desprende de su informe de 2023 Internamiento "muteado". Personas cuyo sufrimiento queda oculto a la sociedad, que ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados. En él, el SJM aboga por la "supresión definitiva" de todos los CIE.

En este sentido, SJM señala en el documento que, en los últimos 15 años, viene constatando que, desde 1985, los CIE se encuentran "entre las herramientas más aflictivas y represivas de la política migratoria española (y europea), aunque no sea la más utilizada". "Parece que las cifras de los últimos 15 años muestran un recurso decreciente al internamiento hasta un umbral relativamente reducido: como si se quisiera ponerle sordina o, en el lenguaje digital, como si se quisiera dejar el internamiento 'muteado'", destaca.

En esta misma línea, el autor del informe y director de la asociación Claver-SJM, Josep Buades Fuster ha dicho que en el 2023 el internamiento estuvo "totalmente ausente" del debate político. Además, ha señalado que este año "tampoco es un asunto que haya ocupado ni las preguntas al gobierno, ni el interés legislativo".

"Tenemos cifras bajas, tenemos la ausencia del debate político en el Congreso y, cuando observábamos la elaboración del nuevo pacto europeo sobre inmigración y asilo, que fue aprobado en 2024, nos damos cuenta de que toda su atención se vuelca en lo que acontece en las fronteras, en lo que es el cruce ilegal de las fronteras y en formas de privación o de limitación de responsabilidad", ha subrayado.

Asimismo, el SJM indica en el informe que en 2023 estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Valencia; el de Madrid en la segunda quincena de diciembre, finalizadas las obras de reforma; y el de Tenerife permaneció inactivo todo el año por obras.

También refleja que fueron internadas en los CIE 2.085 personas, de las que 64 eran mujeres, una de ellas identificada como objeto de trata. Además, añade que se practicaron diez pruebas de determinación de la edad y que dos fueron identificados como menores. Del total, 877 personas solicitaron protección internacional.

"Entonces, si observábamos una tendencia muy satisfactoria a limitar al máximo el internamiento de mujeres, pues ahora vemos que se vuelve a ampliar", ha apuntado Buades sobre las mujeres internadas, que ha dicho que tienen "perfiles muy complejos".

Respecto a los internamientos, 1.488 tuvieron causa de expulsión (71,37%), 557 de devolución (26,71%) y 40 de salida obligatoria (1,92%). "Muchas personas internadas tenían procedimientos de expulsión "cualificados" por la posesión de antecedentes penales o policiales. En cualquier caso, la mayoría presentaba perfiles muy complejos, con arraigo", apunta.

En este sentido, Buades ha señalado que les da la "impresión" de que "hay más dificultad para devolver que para expulsar". "Que las políticas de los países de origen, a la hora de readmitir a sus nacionales, ponen más trabas cuando se trata de devoluciones que de expulsiones", ha afirmado.

En esta misma línea, expone que un 29,73% de las 3.091 expulsiones ejecutadas fueron desde CIE (919), así como un 33,67% de las 597 devoluciones y salidas obligatorias (201). Un 54,82% de las salidas de CIE fueron por ejecución de la repatriación forzosa (1.120), el 42,58% por libertad (870), y el 2,59% por otras causas (53).

"Las cifras transmiten la imagen de un internamiento con sordina: oculto por números que se mantienen relativamente bajos desde la pandemia, que trata de justificarse al aplicarse más frecuentemente a personas con antecedentes penales o policiales, pero que trunca trayectorias de arraigo, la vida familiar, y su carácter azaroso, injusto, en las personas con acuerdo de devolución", subraya SJM en el documento.

Asimismo, explica que, "aunque las cifras de internamiento relativamente bajas y la ausencia de noticias den a entender que reinó la calma, los policías de servicio advertían de un ambiente más hostil entre internos, que atribuían al aumento proporcional de quienes tenían antecedentes penales o policiales".

En el informe, SJM también cuenta que se produjo un caso de agresión entre internos "ligado a una mala práctica policial en el CIE de Algeciras". Además, precisa que fue "obstaculizada" y critica que "no fue debidamente investigada por el juzgado de control".

Por otro lado, ha denunciado que hay CIE en los que "siguen poniéndose trabas" a las visitas de las entidades de la sociedad civil, de la capellanía y a la orientación jurídica de Extranjería. "Sigue faltando privacidad en las consultas médicas y en las visitas", añade. En esta línea, recomienda reformar "cabalmente" los servicios médicos-sanitarios de los CIE, tanto en sus prácticas, como en el diseño que revelan los pliegos de prescripciones técnicas en los procedimientos de licitación.

"Nos siguen preocupando los casos para los que no procedería la medida del internamiento. Precisamente, porque son personas que sufren problemas graves de salud mental a los que el servicio médico-sanitario no puede hacer frente", ha apuntado en la presentación la abogada y coordinadora del equipo de visitas en el CIE de Valencia, María Morell.

En este sentido, Morell ha precisado que la detención "genera un daño psicológico a largo plazo, manteniéndose a menudo síntomas negativos como la sensación de inseguridad, de depresión, de ansiedad o incluso pensamientos intrusivos durante un largo periodo de tiempo tras su puesta en libertad". Por ello, ha recomendado un acompañamiento psicológico dentro del CIE y "avanzar en los determinantes sociales de la salud mental".

Por su parte, la voluntaria en el CIE de Aluche, Paloma Aguilera, ha denunciado que muchos de los internos se quejan de "incidentes violentos" y "trato autoritario" por parte de algunos funcionarios, en los que observan una "actitud muy provocativa y racista". "Les insultan y les pegan en las zonas que están sin cámaras", ha lamentado.

Igualmente, ha agregado que también han recibido quejas de internos cuando están en aislamiento tras una revuelta o pelea. "Uno refirió que le expulsaron con las manos atadas atrás durante toda la noche y no pudo dormir del dolor. También tuvo que dormir en el suelo por no haber suficientes camas de aislamiento", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha destacado que los CIE, a juicio de su formación, "no deberían existir". "Desde nuestro punto de vista, no coincide ni con los tratados de derechos humanos en el ámbito internacional, ni con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni por supuesto con la Constitución, esa es la posición que hemos tenido", ha apuntado.

Por otro lado, respecto a cuál es el motivo por el que se mantienen los CIE, Buades ha respondido que se trata de "cosmética política". "Es simplemente generar una sensación de seguridad, de confianza, porque hay personas privadas de libertad. Personas, instintivamente, percibidas como potenciales amenazas. ¿Amenazas a qué? Al bienestar, a la identidad, a lo que sea. Pero creo que esta es la razón principal, cosmética-política", ha asegurado.

Finalmente, ha explicado que para cerrar los CIE "sería cuestión de modificar la Ley de Extranjería, para eliminar esa medida cautelar". En todo caso, ha añadido que el informe se ha centrado "mucho más" en las modificaciones internas, ya que no considera que haya "un caldo de cultivo suficiente como para lanzar esa iniciativa".

Unidas Podemos solicita explicaciones al Ministerio del Interior ante quejas sobre el mal estado de la comida en centros de internamiento de extranjeros (CIE) y en salas de solicitantes de asilo en los aeropuertos, recoge Europa Press.

Así lo trasladan los diputados del grupo confederal Ismael Cortés y Enrique Santiago mediante una serie de preguntas parlamentarias, donde demanda también conocer si se garantiza en todos los centros las horas adecuadas de descansos y paseos diurnos estipuladas por reglamento.

Los dos parlamentarios argumentan en su iniciativa la publicación en Reino Unido sobre las condiciones de vida de las personas refugiadas que están en recursos estatales, realizada por la ONG Refugge Action, así como informaciones en medios relativas a malas condiciones de los internos en el CIE, relativas a aspectos como condiciones climatológicas o alimentación.

De esta forma, señalan que el Real Decreto 162/2014 contempla el reglamento de funcionamiento y régimen interior de estos centros, con indicaciones respecto a los horarios, comunicaciones o actividades recreativas que recaen en cada instalación, previa conjunta con la Junta de Coordinación.

Concretamente, los dos diputados han lanzado varias cuestiones al Ministerio del Interior como detallar los horarios que tienen los CIE para sus distintas actividades y si se garantiza que hay al menos ocho horas de descanso nocturno y al menos cuatro de paseos diurnos.

En materia de alimentación quieren que el Gobierno concrete si se asumen las sugerencias de los internos a la hora de elaborar los menús, si se contempla dietas especiales para casos y si se dota de al menos un litro y medio de agua potable al día a estas personas.

Finalmente, interrogan a Interior si tiene constancia de las quejas sobre la comida en estos centros y si, en caso afirmativo, ha optado por abrir una investigación o si ha tomado medidas contra las empresas adjudicatarias de los contratos.

Agresiones de policías a personas internas y trabas para denunciarlas e investigarlas, deficiencias crónicas en la atención médica y sanitaria, y obstáculos a las visitas de las organizaciones de la sociedad civil. Estas son las tres formas de hostilidad que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) observa en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tras la publicación este lunes de su informe anual [ver aquí] sobre estos centros, Territorio Hostil. Formas de hostilidad en los CIE, publicado este lunes.

La organización muestra su preocupación por los testimonios de deficiencias de la atención médico-sanitaria que, a su vez, sacan a la luz otras formas de hostilidad, como la falta de intérpretes, descoordinación con otras instituciones sanitarias o menosprecio por parte de los trabajadores de los centros hacia los internos, entre otros. También denuncian otros problemas como la salud mental. Ejemplifican, por ejemplo, que en febrero hubo un intento de suicidio de un interno que sufría depresión, sometido a aislamiento en ese momento.

Además de estas actuaciones, también observaron negligencia de los servicios médicos cuando atienden a alguna persona interna con lesiones, puesto que no se emiten los partes correspondientes. También es frecuente que estallen conflictos donde se producen agresiones físicas y verbales entre policías y las personas internas. A su vez, advirtieron de algunos casos de trato irrespetuoso, agresiones físicas y morales por parte de los guardias.

Denuncian, asimismo, la aceleración de la ejecución de la repatriación de las personas víctimas o testigos de la violencia, a menudo sin comunicación previa, lo que coincide con la falta de diligencia en la tramitación de solicitudes de protección internacional dentro de los CIE.

El informe también aborda qué efecto ha tenido el coronavirus en los CIE. Como critica la organización, los protocolos de prevención contra el covid no impidieron que hubiese brotes en Murcia, Tenerife y Madrid. La Confederación Española de Policía denunció la falta de equipos de protección, la insuficiencia de los protocolos de prevención y las malas condiciones estructurales y materiales de los CIE. 

Además, para el SJM, 2021 fue un año singular al haber CIE vacíos o con ocupación reducida durante largos periodos de tiempo. La organización afirmaba que "España sobrevivió sin internamiento de personas extranjeras", e instaban a que desapareciesen estos centros. Sin embargo, comenzaron a reabrirse.

Desde entonces, en numerosas visitas a los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia observaron un mayor equilibrio entre los que se encontraban internados por devolución y expulsión, mientras que hace cinco años casi el 90% de los que se encontraban en los centros eran por causas de devolución.

Los internados por expulsión son personas que se encuentran en situación irregular en el país en un plazo mayor a tres meses, o que han cometido algún delito. En este caso la pena privativa de libertad se conmuta por su expulsión. Su estancia en un CIE suele ser de larga duración, y no debe superar los seis años, sin embargo, en ocasiones se supera este límite de tiempo. El caso de los internos por devolución se trata de migrantes que entran ilegalmente en el país y que han sido expulsados previamente, estando en los centros 72 horas antes de ser enviados a su país de origen, salvo que por medidas de internamiento deba permanecer más tiempo.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) detallan los planes de inversión para financiar las actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras policiales para la inmigración y para los CIE. El Consejo de Ministros acordó el plan de obras de los CIE en una reunión en enero de 2019, que se extiende desde ese año hasta 2024 y suma 33.627.379 euros. Los PGE para 2022 desglosan la inversión en 2021 y la programada para 2022 y 2023.

Estos reflejan una inversión total de 36.921.000 euros, de los que 7.132.000 euros fueron ejecutados en 2021. La previsión para 2022 sube a 13.696.000 euros, fundamentalmente por la construcción del nuevo CIE de Algeciras-Botafuegos y por la remodelación del suprimido CIE de Fuerteventura-Matorral. De cara a 2024 se prevé mantener la inversión en 13.094.000 euros para finalizar las obras y acondicionar el CIE de Algeciras.

El Gobierno ha resuelto de forma favorable la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por la familia de Samba Martine, una mujer congoleña que falleció en 2011 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, según informa Europa Press. 

La mujer falleció tras pasar 39 días en el CIE madrileño para proceder a su expulsión del país tras pasar por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde se le detectó que era portadora de VIH.

Sus allegados demandaron al Estado al entender que la mujer pasó por diversas consultas de los servicios médicos del CIE por dolores, pero no fue derivada al hospital y el expediente médico no llegó al centro madrileño.

El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid instruyó el caso y el año pasado absolvió al único acusado al entender que sería "injusto" cargar al acusado en exclusiva del fallecimiento de Samba Martine. "Tanto las omisiones de otras personas como las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento debido", argumentó el juez en su fallo.

Ahora, el Ministerio de Presidencia ha concluido en una resolución administrativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, que procederá a indemnizar a la familia porque hubo una "falta de coordinación" de administraciones implicadas.

En este caso entre el CIE de Aluche, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla (dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y de la empresa entonces responsable de la atención médica del citado CIE.

Se pudo mejorar la asistencia

Concretamente, Presidencia expone que de haberse realizado "un simple análisis", se hubiera sabido que era portadora de VIH y se le hubiera dado el "tratamiento adecuado", algo que si bien no puede afirmarse que "hubiera evitado el deceso, sin lugar a dudas habría determinado una mejor asistencia".

También detalla que el CITE de Melilla, que conocía la patología que sufría, debía haberse asegurado de que esa información llegaba a la interesada o al centro de internamiento que iba a acoger su traslado. Además, recalca que el CIE de Aluche debería haber reclamado ese informe médica al apreciar que no había sido entregado.

Por otro lavo, ve relevante reseñar que la fallecida no hablaba español y que en su estancia en el CIE solo estuvo asistida por un traductor en una sola ocasión de las diez veces que demandó asistencia médica. En esta línea, "no consta" en la documentación aportada que se ofreciera por parte del centro dicho servicio ni que fuera demandado por los facultativos que la evaluaron.

Deficiente actuación

En cuanto a la empresa encargada de los servicios sanitarios, la resolución del Ministerio de Presidencia determina que hubo una "deficiente actuación" ya que ningún facultativo "interesó realizar un análisis clínico" a Martine "a pesar de las numerosas dolencias que padecía".

Todo ello unido a que en ese momento se encontraba "en una relación de sujeción especial" con el CIE de Aluche, dado que la administración tiene el "deber especial de velar por la vida, integridad y salud" de los internos desde el momento en que se encuentran bajo su tutela.

Por tanto, el Ministerio de Presidencia reconoce que había falta de coordinación a través de un protocolo de transmisión de datos entre ambos centros, lo que habría permitido conocer sus datos clínicos y prestar "una mejor atención".

Diversas entidades sociales que han apoyado a la familia han recibido con satisfacción esta resolución y valoran que el Estado haya reconocido su responsabilidad "por cuanto tiene de reparación a la familia de Samba y también a su recuerdo".

Además, quieren que esta resolución "sirva para evitar casos como el de Samba en el futuro" aunque aseguran que nueve años después de su muerte "sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de València, Joan Ribó, han insistido por carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su petición de cerrar definitivamente todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Estado, después de que retomaran su actividad el pasado 23 de septiembre.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Colau ha hecho pública la misiva, con fecha de este lunes, en la que los dos alcaldes aseguran que les preocupa la reapertura de los CIE durante la pandemia del covid-19.

"Nos parece como mínimo incompatible a nivel de salud, de dignidad y de respeto a los derechos humanos que mientras sigamos teniendo restricciones de movilidad y aforo en espacios al aire libre, se interne a personas que no han cometido ningún delito", han defendido.

Los alcaldes han resaltado que estos centros "no cuentan con la infraestructura suficiente como para afrontar la posibilidad de un solo contagio", y han apelado a la obligación de cualquier gobierno progresista de velar por los intereses de los colectivos más vulnerables.

"Reactivar la actividad en los CIE con el objetivo de retomar las políticas de retorno es incompatible con el contexto actual de cierre de fronteras, además de ser una política que ya se ha demostrado fallida para la regulación de flujos migratorios", han añadido.

En la carta, han lamentado que se sigan destinando "cientos de millones de dinero público" a estas políticas de migración, y han reiterado que el funcionamiento de los CIE contraviene directamente la Directiva europea de retorno y la Ley española de asilo.

Políticas de acogida 

Han afirmado que la situación actual requiere de políticas de acogida, solidarias y basada en la cohesión social, y han llamado a un acuerdo del gobierno de coalición de PSOE y Podemos para concretar la dotación del Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Colau y Ribó han tendido la mano al Gobierno central para colaborar, y han hecho énfasis en la experiencia de Barcelona y Valencia como ciudades de acogida, con una políticas de atención independientes de la situación administrativa de las personas.

Organizaciones que trabajan con migrantes han censurado y lamentado la decisión del Gobierno de reabrir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se cerraron en abril por el covid19, y advierten, en este sentido, que las instalaciones no permiten cumplir con las condiciones sanitarias contra el coronavirus.

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) esto es una "nueva decepción" y creen que el Gobierno ha pedido una buena oportunidad para mantener los centros cerrados tras la pandemia.

CEAR recuerda al Ejecutivo que este sistema "semipenitenciario" ha demostrado "ser inútil para los fines que pretende" y que son muchas las organizaciones e instituciones, como el Defensor del Pueblo o la ONU, que también abogan por su cierre.

La organización lamenta que Interior decida la reapertura "justo en una segunda ola de rebrotes", ya que las estancias de los CIE no están, a su juicio, preparadas para evitar contagios. CEAR ha señalado a Europa Press que los migrantes están hacinados en espacios son condiciones adecudas, por lo que, se puede intuir que habrá brotes y contagios que, advierte, será "responsabilidad del Estado" porque no se ha atendido a las necesidades de los internos de forma adecuada.

Critican las "prioridades" del gobierno 

Desde SOS Racismo condena también la decisión. "Ya en marzo exigimos el cierre definitivo", explica la organización que cree que la crisis del covid-19 ha demostrado "la crueldad del trato y las constantes violaciones de los derechos sanitarios y humanos que sufren las personas migrantes encerradas" allí.

"Esta política migratoria confirma una creciente tendencia racista y contraria a los derechos humanos en España y Europa", apunta, antes de señalar que esta medida se pone en marcha un día después del Nuevo pacto Migratorio de la UE y dos días después de que el Congreso rechazara una proposición no de ley para pedir al Gobierno una regularización masiva de extranjeros.

Tampoco aprueban que la reapertura de centros se realice "durante el pico de contagios de la segunda ola de la pandemia" con la "insalubridad característica de éstos centros" y "contraviniendo las medidas de seguridad contra el covid". "Deja claro qué prioridad tiene el Ministerio del Interior", ha indicado.

"Nos oponemos frontalmente al reinicio de las detenciones en estos espacios de vulneración de derechos y sufrimiento", manifiesta Servicio Jesuita a Migrantes en España (SJM-E), uniéndose al resto de organizaciones.

Espacios opacos

La organización lamenta que la "tregua" que el coronavirus dio en este tema haya acabado y advierte que los centros españolas "incumplen" la normativa y diferentes disposiciones judiciales que, además, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que se encuentra el país.

"Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros", denuncian.

A su juicio, Interior tiene una "estrategia clara", que "persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania" y que muestra "el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria", utilizando "el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección".

"Apelamos a la responsabilidad de las autoridades competentes para que tomen medidas adecuadas para garantizar todos los derechos de las personas migrantes en España con independencia de su situación administrativa", declaran.

Vulneran derechos a la salud

De forma similar se expresa Médicos del Mundo. Su portavoz en esta materia, Ana Pérez, ha explicado a Europa Press que su rechazo a la apertura de estos centros tiene también que ver con que no cumplen con el derecho a la salud. Durante la pandemia, ha insistido Pérez, "no han hecho falta" los CIE.

Desde Médicos del Mundo no quieren esta reapertura y que el Ejecutivo "vuelva a utilizar sus políticas de control migratorio", como "las expulsiones express". Además, exige al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que mejore las condiciones de los Centros de acogida temporal (CETI) para garantizar las medidas de protección y aislamiento ante casos positivos de covid-19.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha denunciado este viernes, 24 de enero, que el Gobierno español repatría a ciudadanos de origen subsahariano a Mauritaria, especialmente a personas malienses, en cuyo país existe un conflicto bélico desde 2012.

Tal y como señala la entidad de la Iglesia, esta práctica supondría una forma de "devolución indirecta" a una región de conflicto y "contraviene" el principio de no devolución.

Tal y como apunta SJM, . Precisamente en 2019 se ha producido un considerable aumento de personas que llegan a Canarias en patera (se han duplicado con respecto a 2018).

Así, SJM denuncia que mediante estos vuelos de deportación –sobre los que el Ministerio del Interior no ofrece información– con destino Mauritania, se ha expulsado de España a ciudadanos malienses. Esto, según remarca la entidad citando la posición de ACNUR, "contraviene" el principio de no devolución de personas a lugares de origen donde existe un conflicto armado, como es el caso de las regiones del norte y centro de Mali.

Así, SJM ha mostrado su "indignación" ante esta práctica que ha documentado el Defensor del Pueblo mediante el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura (MNP). En concreto, la institución ha constatado dos casos "especialmente preocupantes" de repatriaciones a Mauritania desde los CIE de Canarias.

Uno de ellos fue el pasado 19 de septiembre, cuando 17 personas, todas ellas no mauritanas, fueron repatriadas en un vuelo de Frontex que partió del aeropuerto de Tenerife Norte hacia la ciudad mauritana de Nuadibú.

Otro fue un vuelo que ha tenido lugar recientemente, el pasado 20 de enero de este año, con 46 personas a bordo, con recorrido Las Palmas de Gran Canaria-Nuadibú. Del total de personas expulsadas, la gran mayoría (34) procedían de Mali, además de Senegal (4) y Costa de Marfil (1).

Personas susceptibles de necesitar protección

Tal y como ha incidido la entidad de la Iglesia, desde ACNUR han denunciado que estas prácticas de devolución a las regiones y comarcas del norte y centro de Mali "son contrarias al principio de no-retorno forzado" de personas malienses.

Estas personas serían susceptibles de necesidad de protección internacional, según la Convención de la Organización de Unidad Africana de 1969 que ratifica los criterios de refugio de la Convención de Ginebra de 1951.

Además, para SJM, esta práctica de devolución "se agrava más aún" si se efectúa a través de un tercer país como Mauritania, donde según diferentes organizaciones de sociedad civil, "no se garantizan los derechos humanos".

Devolución sin comprobar que previamente habían estado en Mauritania

En junio de 2019, el Defensor del Pueblo identificó un tercer vuelo entre Tenerife Norte y Nuadibú a través de que, a pesar de no comprobar que las personas habían estado en territorio mauritano con anterioridad, se ejecutó la devolución de ciudadanos senegaleses y mauritanos a dicho país.

Desde SJM apuntan que la devolución de nacionales de terceros países está amparada en virtud del acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania del año 2003, pero la entidad ve "preocupante que se lleve a cabo sobre la simple presunción de haber transitado por su territorio", sin constatarlo previamente.

Además, la entidad de la Iglesia incide en que la República Islámica de Mauritania es un país donde, según señalan organizaciones como Amnistía Internacional, "no se cumplen los derechos humanos": los activistas y defensores de derechos humanos han sido perseguidos, atacados, enjuiciados y encarcelados; la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica está restringida; y la tortura y malos tratos bajo custodia "han sido habituales". Asimismo, allí "la población harratín y afromauritana sufre discriminación sistemática y contraria al derecho internacional".

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, ha dicho este viernes que los migrantes que ocupan un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) están "en peores condiciones" que en un centro penitenciario, más aún cuando no han cometido ningún delito.

"No es justo que sigan muriendo personas en el mar por buscar un mundo mejor, para sí y su familia, por buscar la felicidad. Ellos no han elegido el mundo en el que les ha tocado vivir, un mundo de pobreza, de discriminación o de violencia", ha indicado en un discurso pronunciado en la apertura del año judicial, recogido por Europa Press, en el que ha invitado a las autoridades políticas a visitar las instalaciones.

El magistrado ha recordado la tragedia del buque Valbanera hace 100 años, que partió de las islas hacia América con canarios "que buscaban una vida mejor" y naufragó en las costas de Cuba, dejando 488 muertos. En este sentido, se ha preguntado si se puede "hacer algo" para ayudar a los migrantes que llegan desde África en "cayucos miserables", por lo que ha pedido redoblar los esfuerzos en ayuda al desarrollo pues no es un "iluso" y tiene claro que la llegada masiva de migrantes genera un "efecto desestabilizador" en las sociedades de acogida.

El presidente de la Audiencia ha reivindicado en su discurso el derecho que tienen los ciudadanos "a la felicidad", lo mismo que la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia o la seguridad, reclamando a los poderes públicos que "remuevan los obstáculos" para garantizarla. "Todos esos valores son los que conducen a la felicidad y de entre ellos la justicia que es la que permite alcanzar los demás", ha indicado.

Asimismo, ha incidido en que "no es justo" que sigan muriendo mujeres "por el mero hecho de serlas", lo mismo que ocurre con su "discriminación" en ámbitos laborales o privados, en el mismo hogar y en la mente del hombre.

Los derechos de la mujer no pueden "arrasar" la presunción de la inocencia

"Cuando desde algunos sectores se pretende ignorar esta triste realidad, 46 mujeres han sido víctimas de homicidios por su pareja en lo que va de año y 1021 desde 2003 –a fecha 24 de septiembre de 2019–, siendo nuestra Comunidad la que tiene el macabro honor de ser la segunda en número de fallecimientos, tras una Comunidad mucho mayor", ha comentado.

No obstante, ha precisado que "tampoco es justo que se confunda justicia con venganza" y se pretenda lograr "penas desproporcionadas" que convertirían a la agresión sexual en un delito de mayor gravedad que el propio asesinato, "poniendo de esa forma en mayor peligro la vida de la mujer agredida". "No es tampoco justo que la defensa de los derechos de la mujer arrase con el derecho a la presunción de inocencia que asiste a todos los ciudadanos", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que la defensa de la igualdad y la no discriminación de la mujer no se pueden "pretender depositar" en el poder judicial, que actúa siempre en última instancia y conforme a sus tiempos. Según Astor Landete, "la violencia de género no es fácilmente detectable, la mayoría de las veces el agresor carece de antecedentes penales y actúa escondido en el hogar familiar".

Sobre el cambio climático, ha lamentado que se esté "destrozando" el planeta con una "devastadora política consumista" que mata al "único mundo" que hay para vivir e hipoteca el futuro de los hijos. "Estamos traicionando su esperanza", ha apuntado.

Fiscalía: "Abrir las ventanas y que entre la luz"

La Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Carmen Almendral, ha destacado el "trabajo imprescindible" de su departamento en defensa de los derechos de los ciudadanos, y ha aprovechado su intervención para pedir una reforma procesal sobre el ámbito penal en línea con las de los principales países de la Unión Europea.

Además, ha criticado la congelación de las plantillas y el aumento del volumen de trabajo –hay 55 fiscales en la provincia– y alertado de que la "crisis continuada" en la administración de justicia y su "escasez de recursos" generan un "distanciamiento" de la sociedad de los poderes públicos.

En esa línea, ha dicho que es "nocivo" que la justicia se vea "cuestionada", y por ello, ha pedido una "reflexión global" para modernizarla y "abrir las ventanas y que entre la luz", y con el fin de acercarla a los ciudadanos.

Los obispos españoles han reclamado el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que se da una "reclusión doliente y dura" y han pedido que se pongan en marcha "alternativas claras y legales", informa Europa Press.

Así lo indican los obispos de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra el próximo 29 de septiembre.

El director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla, ha explicado este miércoles 18 de septiembre en una rueda de prensa en Madrid que los obispos ya se habían peonunciado en los últimos años contra los CIE y habían reclamado en sus mensajes "alternativas" a ellos, pero ahora piden su cierre de manera "conjunta".

Según recoge Europa Press, dos tercios de las personas internadas durante el año pasado en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) procedían de Marruecos y de Argelia, según denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E), que avisa de "la discriminación de origen" del sistema de internamiento de los migrantes que llegan de manera irregular a España.

Así lo refleja en el informe de 2018 que esta red realiza de forma anual sobre estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Para su elaboración, varios equipos del SJM visitaron cinco de los ocho CIE que operan en España (Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa).

El análisis, que ha sido presentado este jueves, 6 de junio, revela que las personas que pasaron por un CIE el año pasado procedían de 90 países distintos, pero en número destacan los 2.801 internos de Marruecos (35,66%) y los 2.511 de Argelia (31,99%).

Según sostienen desde SJM, el internamiento en estos centros se utilizó como parte de la "gestión y control" de fronteras. Durante una rueda de prensa, así lo ha recalcado la coordinadora de SJM, María del Carmen de la Fuente, quien ha aseverado que los CIE son "lugares de sufrimiento inútil, donde se vulneran derechos" y que se erigen sobre todo como "una herramienta para gestionar" las devoluciones de migrantes a sus países de origen desde la frontera sur, especialmente los de origen magrebí.

"Buscan la remisión a origen de los desplazados, de los que buscan un futuro mejor", ha incidido el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia, que ha llamado a "revisar con plena urgencia" estos centros "ilegales, ilegítimos e inmorales".

Tal y como revela el informe, el 92% de las personas argelinas y el 79% de las marroquíes fueron internadas en los CIE después de que la apertura de un expediente de devolución. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior incluidos en el documento, 7.855 personas --7.676 varones y 179 mujeres-- fueron recluidas en los CIE durante 2018, una cifra inferior a la de 2017, cuando fueron recluidas 8.814.

La juez de Instrucción número 19 de Madrid, encargada del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, ha solicitado que se deduzca testimonio contra varios agentes de Policía que custodian a internos por un delito de torturas a raíz de varias quejas que denunciaban "tratos vejatorios y degradantes".

Así consta en un auto del pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la magistrada Mª Inmaculada Iglesias Sánchez acuerda remitir los hechos al Decanato de los Juzgados para que por reparto lo investigue un juez de instrucción. Las quejas llegaran a la mesa de la juez a través de la ONG Observatorio De Derechos Humanos Samba Martine.

La magistrada pide que se abra una investigación tras comprobar que este centro "incumple el deber legal de velar por el respeto de la integridad física y salud de las personas internas, sin que puedan en ningún caso ser sometidas a tratos denigrantes y vejatorios".

Los días 30 de abril y 6 de mayo, se realizó una visita para investigar las quejas formuladas. Se comprobó entonces lo sucedido en el patio de hombres el día 18 de abril, cuando varios agentes de policía del Centro obligaron a los internos a permanecer más de media hora bajo una fuerte lluvia para ser cacheados en "unas condiciones inhumanas".

Vox quiere que los migrantes en situación irregular que hay en España sean internados de forma indefinida en centros específicos, como es el caso de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), según se refleja en el programa para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo del partido que lidera Santiago Abascal, informa Europa Press.

"Se garantizará el uso por parte de las autoridades competentes de las medidas coercitivas que estimen oportunas, incluyendo el ingreso en centros específicos sin limitación de plazos máximos", señala el documento hecho público este martes y recogido por Europa Press. Una vez se produce una entrada irregular al territorio español y se incoa un expediente sancionador, puede proponerse la expulsión y solicitar el ingreso del extranjero en un centro de internamiento, en tanto se realiza la tramitación de dicho expediente.

En la actualidad en España operan siete CIE, unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas precisamente para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. La duración máxima de internamiento es de 60 días y no puede acordarse una nueva reclusión por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Así las cosas, existen casos en los que se produce la no ejecución de la expulsión, ya que España no consigue averiguar de qué país es el extranjero en el plazo máximo de esos 60 días que puede mantenerle privado de libertad, cuando no tiene convenio con ese país de origen o cuando se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, como un menor de edad tomado por adulto, una víctima de trata o un posible refugiado, entre otros.

Vox propone "tolerancia cero con la inmigración ilegal"

En materia de inmigración, Vox propone más de una veintena de medidas, entre las que se incluye la "tolerancia cero con la inmigración ilegal". Para acabar con el efecto llamada, Vox quiere imponer "una prohibición de entrada a fin de evitar futuros reingresos". También propone "procedimientos de retorno más eficientes para que la información se ponga rápidamente a disposición de las autoridades competentes".

Asimismo, pretende "imponer la obligación de que los nacionales de terceros países cooperen con las autoridades nacionales en todas las fases de los procedimientos de retorno, en particular para establecer y verificar su identidad a fin de obtener un documento de viaje válido y garantizar la correcta ejecución de la decisión de retorno". Vox también quiere promover nuevos acuerdos de readmisión con diferentes terceros países y reforzar el sistema de fronteras inteligentes.

En materia de asilo, Vox aboga porque cada nación "decida libremente la manera de ayudar a las personas que realmente se encuentren en situación de necesidad con un mínimo restrictivo que impida que una legislación tibia favorezca la entrada de asilados que luego puedan moverse libremente por el Espacio Schengen". Así, expresa que se opone "frontalmente a cualquier intento de imponernos cuotas obligatorias desde Bruselas", en detrimento de la seguridad y soberanía. Asimismo, señala que "la mejor manera de ayudar a estas personas es hacerlo en sus lugares de origen", donde "se compartan sus costumbres y valores para facilitar su posterior integración".

El Defensor del Pueblo recuerda al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche que tiene el deber legal de "velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos", tras su visita al mismo a raíz de las quejas formuladas por el centro Pueblos Unidos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y de la asociación Karibu, que habían denunciado "graves vulneraciones de derechos", informa Europa Press.

El SJM denunció en su momento "la violencia que generan estos centros", tras el intento de fuga del 19 de octubre que dejó heridos a muchos internos y policías. "En este caso lo que se recuerda es que no es una violencia puntual, sino estructural, incrementada por una gestión deficiente que obstaculiza la intervención social y prima medidas represivas", asegura el SJM.

Tras los incidentes ocurridos el 19 de octubre, el pasado 5 de noviembre de 2018, un técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y un técnico del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo se presentaron en el CIE de Aluche sin previo aviso para comprobar las condiciones de los internos. Mantuvieron entrevistas con ellos, así como con personal adscrito al centro y examinaron el sistema de solicitud de protección internacional en este centro. Tras la visita, la institución abrió una investigación de oficio respecto al incidente ocurrido días antes, así como por "problemas para la presentación de solicitudes de protección internacional". Además, comprobó que a varias personas no les fue notificada la materialización de la repatriación, según el informe.

Asimismo, los técnicos del Defensor del Pueblo constataron que "un gran número de internos puso de manifiesto la existencia de malos tratos y vejaciones por parte de los agentes de custodia" por lo que solicitaron información acerca de si en el CIE existe un protocolo de actuación de quejas por malos tratos referidos por los internos. Además, observaron la presencia de efectivos policiales provistos de elementos tales como escudos, defensas, etcétera, días después de los incidentes, lo que, según precisan, "contribuye a la prolongación de un ambiente de tensión".

En este sentido, la institución recuerda al CIE de Aluche "el deber legal que le incumbe de velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad".

Por otro lado, en el informe señalan que en el momento de la visita al centro, las visitas de familiares y allegados se encontraban restringidas, mientras que las visitas de ONG se encontraban suspendidas. Sobre este punto, el Defensor del Pueblo recuerda al centro "el deber legal que le incumbe de garantizar el derecho de la persona interna a comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial, así como a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales".

Investigaciones sobre la situación de violencia 

Según informa el Servicio Jesuita a Refugiados, en las últimas semanas, los juzgados de control del CIE de Aluche han realizado visitas al centro, "llevando a cabo investigaciones sobre los aspectos que centraban la reciente queja de 101 internos sobre la situación de violencia y degradación que se vive: falta de preaviso en los procesos de expulsión, carencias en el acceso a la solicitud de protección internacional o aislamientos injustificados y tratos vejatorios a algunas personas internas".

"Todo ello hace que sigamos afirmando que los CIE son espacios de desprotección que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad, y que vulneran de forma continua los derechos de las personas internas", subrayan desde el SJR. Por ello, consideran que es "urgente la inmediata revisión de las políticas de internamiento de extranjeros y la puesta en marcha de medidas alternativas a la privación de libertad que garanticen la seguridad y el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas". "¡No más CIES!", reclaman.

Un total de 18 migrantes de los más de 50 llegados a Ibiza en patera quedarán en libertad ante la imposibilidad de encontrar un centro de internamiento con plazas disponibles, según ha confirmado a Europa Press el director de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, Ramón Roca.

El director insular ha explicado que su situación será comunicada a Cruz Roja para que se les dé alojamiento, comida o mantas. A estos migrantes se les va a abrir un expediente de expulsión, aunque el trámite es "más lento", según ha declarado Roca.

Por su parte, los nueve menores interceptados continuarán por ahora en el centro Padre Morey en Sa Coma, en el pabellón habilitado tras su llegada. Esta semana, el Consell, que es quien tiene la tutela, podrá decidir sobre el destino de estos jóvenes.

Asimismo, 24 de los migrantes localizados parten este sábado en barco a València para dirigirse a un centro de internamiento.

La filósofa y activista Angela Davis ha visitado el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), donde se entrevistó con Josbylle Yrure, una joven mujer de origen filipino privada de libertad desde hace más de 12 días. Tras su visita, ha lanzado un mensaje al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Deberían reconocer que nadie debe ser tratado de esta manera. Es totalmente inhumano y vergonzoso", ha manifestado.

Davis estuvo en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en una visita organizada por la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG. Al finalizar, denunció la privación de libertad de las personas inmigrantes.

"Deberían reconocer que nadie debe ser tratado de esta manera. Es totalmente inhumano y vergonzoso. España y todos los otros países de Europa deben asumir la responsabilidad histórica por la situación en la que nos encontramos hoy", ha dicho Davis, quien ha reclamado la liberación de Josbylle Yrure y de todas las personas migrantes encerradas en "cárceles como ésta, a las que se disfraza con otros nombres".

"Centros de internamiento como este indican que aquellos que están en el poder ven a las personas que buscan una nueva vida en Europa, aquí, como criminales", ha declarado la activista. Su presencia en Madrid se debe a su reciente participación en el ciclo de conferencias internacionales Mujeres contra la impunidad coordinado por la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG y acogido por La Casa Encendida.

Davis ha recalcado que "Europa no sería lo que es hoy sin todo el proceso de colonialismo, sin toda la riqueza que fue extraída de muchos de los países de los que las personas huyen hoy buscando en países como España la posibilidad de una vida mejor".

Más de 12 días en el CIE

Josbylle Yrure, de origen filipino, fue privada de libertad hace más de 12 días y quiere que se sepa que salió de Filipinas con apenas 18 años huyendo de las múltiples formas de violencia que soportan las mujeres en su país por el sólo hecho de ser mujeres, según ha señalado la Asociación de Mujeres de Guatemala. "Expulsarla a Filipinas significaría devolverla a manos de sus verdugos", sostiene.

"Tiene una hija menor en la Unión Europea y aunque separarlas es una grave violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a Josbylle aún no se le ha garantizado siquiera el derecho básico a asistencia jurídica con comunicación eficaz, en su idioma o en inglés, menos aún a solicitar una protección internacional real y efectiva, que garantice su seguridad y la posibilidad permanecer cerca de la niña", denuncia la organización.

La visita al CIE de Madrid fue organizada por la AMG, a través de su directora, la activista guatemalteca Mercedes Hernández, quien considera que "las y los inmigrantes encarcelados son los verdaderos presos políticos de España, ya que nada hay más político que encerrar a las personas por lo que son y no por lo que hacen".

SOS Racismo ha afirmado este martes que situaciones como la que se dio este viernes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche son "protestas legítimas frente a uno de los elementos más graves del racismo institucional en nuestra sociedad, como son los Centros de Internamiento de Extranjeros".

"En estos lugares exigir la libertad es la forma de luchar contra el racismo", ha señalado la organización en un comunicado tras investigar el suceso, que ha sido calificado como un intento de fuga. Además, SOS Racismo ha denunciado las "agresiones y verbales" que varios internos les han relatado "y que viene por parte de los efectivos de la policía nacional que custodian el CIE de Aluche". "Algunas de las personas, cuyo testimonio hemos podido recabar, informan de las agresiones sufridas a diario, que se han intensificado durante el pasado fin de semana. Consideramos estos incidentes como claros casos de maltrato policial y tortura contra personas privadas de libertad, contraviniendo de este modo la normativa nacional e internacional", añaden.

Les han prohibido las visitas familiares a los internos

Por otro lado, la organización antirracista ha criticado que desde que ocurrieron los hechos se han prohibido las visitas de los familiares a los internos, "provocando de este modo una situación de incomunicación de graves consecuencias entre las personas internas y sus familiares". "Cuando estos últimos han podido realizar las visitas, el trato no ha sido el adecuado, con niños esperando durante varias horas o una flagrante ausencia de información", añaden.

Otra de las consecuencias de las restricciones en las visitas ha sido, según SOS Racismo, que los activistas no han podido realizar sus labores de acompañamiento. Por ello, han puesto en conocimiento de estos hechos tanto del Juzgado de Control del CIE como del Defensor del Pueblo.

De este modo exigen que se pongan, con la mayor urgencia posible, todos los mecanismos para "indagar, rastrear y denunciar las múltiples violaciones de derechos que verificamos, así como evitar las expulsiones de las personas internas agredidas que se encuentran actualmente en el CIE de Aluche, como ha ocurrido en otras ocasiones".

Once agentes de la Policía Nacional han resultado heridos, dos de los cuales han precisado traslado hospitalario, y un interno ha sufrido lesiones leves tras un intento de fuga en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El intento de fuga por parte de un grupo de internos, la mayoría de ellos de origen argelino, se ha producido sobre las 21.30 horas durante el reparto de la medicación, según han explicado a Europa Press fuentes policiales.

Como consecuencia del incidente, dos agentes de la Policía Nacional han precisado traslado hospitalario a un centro privado. Uno de ellos ha sufrido una fractura en una mano y su compañero presentaba una brecha en la cabeza, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Además, otros nueve policías han sufrido contusiones de diversa consideración cuando trataban de impedir la fuga. Igualmente, uno de los internos presentaba una brecha en la cabeza y ha sido trasladado por la Policía al Hospital Gómez Ulla, donde ha ingresado con pronóstico leve. Asimismo, una de las enfermeras que trabaja en el CIE ha precisado atención médica debido a una crisis nerviosa, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

En el CIE de Aluche hay 170 internos y, en el momento del intento de fuga, trabajaban en el lugar una decena de agentes. Según fuentes policiales, los internos han utilizado bancos como arietes y han atacado con gran violencia a los agentes. Este centro de internamiento de extranjeros, con capacidad para hasta 280 internos, ha sido escenario de varios incidentes por motines y fugas a lo largo de los últimos meses, uno de los últimos registrado el pasado mes de agosto cuando 13 menores lograron fugarse del centro.

Según un informe elaborado por la ONG SOS Racismo Madrid hecho público el pasado mes de julio, los internos del CIE de Aluche han protagonizado entre 2014 y 2017 -ambos incluidos- al menos 15 huelgas de hambre, tres protestas colectivas o motines pacíficos, así como 7 intentos de suicidio y 11 intentos de fuga. Uno de los incidentes más graves se registró en octubre de 2016, cuando un grupo de unos 39 de inmigrantes permanecieron durante más de diez horas amotinados en la azotea del centro.

Otro incidente registrado la noche 31 de julio de 2017, en protesta por las malas condiciones del centro, motivó que la Asociación SOS Racismo Madrid presentara una denuncia ante el Juzgado de Guardia de plaza de Castilla, en la que pedía que se investigara la supuesta agresión y castigo sufrido por un interno del mismo. Tras ello, el Defensor del Pueblo trasladó las quejas al Ministerio Fiscal de 13 internos del CIE de Aluche que afirman ser menores de edad.

"No son centros de acogida: son cárceles"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido que se cierren los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras el intento de fuga en el centro de Aluche en el que once agentes de la Policía Nacional resultaron heridos y un interno ha sufrido lesiones leves. 

"Este tipo de cosas se acabarían si cerramos los CIE, que no son centros de acogida: son cárceles", ha señalado Echenique, que ha incidido en que si se cierran los CIE este tipo de situaciones "no tendrán porqué vivirse" y no tendrá que "ponerse en peligro" la seguridad de los inmigrantes, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a su juicio, no deberían estar para eso.

El ingreso de migrantes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) aumentó en 2017 en más de 1.200 personas, con respecto a 2016, según ha destacado la Fiscalía en su Memoria Anual del año pasado, en la que, además, denuncia la "baja eficacia" de las resoluciones de expulsión del país.

En la estadística confeccionadas por las distintas fiscalías territoriales se hace constar que se emitieron 6.074 informes (5.994 a favor y 566 en contra) sobre internamiento cautela, pero el Ministerio Fiscal reconoce que estos datos "no son precisos" y remite a la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras desde donde señalan un "importante ascenso" en el número de extranjeros ingresados en CIE.

En este sentido, las cifras apuntan a un total de 8.814 personas internadas, mayoritariamente argelinos (3.351), marroquíes (1.609) y de Costa de Marfil (1.215).

Pero, además, el documento destaca que "existe una importante diferencia entre el número de internamientos y el de efectivas expulsiones ejecutadas", ya que, según indicado, "sólo fueron repatriados 3.041 extranjeros" de los más de 8.800 trasladados a los CIE. A su juicio, esta situación es consecuencia de "un bajo nivel de eficacia de la medida cautelar (34.5%)".

En el informe, se señala a la solicitud de asilo o protección internacional que ha ido aumentando "drásticamente" y que, aunque es un derecho en materia de extranjería, permite "obstaculizar" la repatriación. También impide la expulsión del país los casos en los que los migrantes aseguran que son menores y se deben someter a los exámenes médicos pertinentes que lo acrediten.

Las deficiencias de los CIE

El CIE de Barcelona ha expuesto, en este sentido, que el porcentaje de expulsiones efectivas que se registran entre sus internos que, tras un periodo de tiempo en el centro, son puestos en libertad es bajo. "Esto debería dar lugar a una profunda reflexión en torno a si el internamiento realmente se corresponde con la verdadera naturaleza y finalidad de esta privación de libertad y de estos centros", apunta la memoria.

Del mismo modo, denuncia que la convivencia del CIE "es cada vez más problemática", habiendo aumentando los episodios conflictivos. En total, se registraron en 2017 cinco motines, aunque se resolvieron "sin grave afectación al funcionamiento" del centro.

No son los únicos problemas del CIE de Barcelona que recoge el informe. La Fiscalía ha visto "deficiencias", como la falta de servicios de interpretación, la ausencia de un facultativo médico en el centro en horario de tarde y fin de semana, la necesidad de acondicionar las dependencias para la permanencia y seguimiento de internos que no requieran de hospitalización, o la mejora de la habitabilidad y equipamiento de habitaciones y zonas comunes, entre otros aspectos.

En cuanto al de Madrid, el problema es la "sobresaturación" y, por ello, se propone "la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones, compuesto de instalaciones amplias adecuadas a las necesidades de los internos, para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar". Mientras, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, hay "defectos estructurales" que exigen "una profunda remodelación".

Sin problemas en Archidona

"La asistencia letrada de los internos es muy deficiente", denuncia también el Ministerio Fiscal, aunque también atribuye este problema al centro de Santa Cruz de Tenerife y al CIE de Murcia. En Algeciras, las denuncias se deben al cierre de patios y habitaciones debido a su mal estado.

Finalmente, la Fiscalía se refiere al CIE de Archidona (Málaga), una cárcel acondicionada de forma temporal para acoger migrantes, en la que, según ha apuntado "no se apreciaron graves problemas de funcionamiento".

"No se relacionan quejas sobre las direcciones de los centros y los funcionarios de policía encargados de su custodia. En términos generales se valora muy positivamente la actuación de las ONG en los CIE en su labor asistencial de todo tipo, incluido el ocio y la traducción", concluye.