Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas. 

La desclasificación de documentos del 23-F es, sin duda, el tema de la semana, y los usuarios de X y Bluesky se lo han pasado de lo lindo con este asunto. Podemos considerar a Carmen Díez, esposa de Tejero, como una de las grandes protagonistas de esta revelación de secretos de Estado. La transcripción de sus llamadas telefónicas mientras su marido asaltaba el Congreso ha hecho el deleite de todos los que se han asomado a leerlas dando lugar a memes y mofas en redes por el contenido y la forma en la que la señora opinaba sobre su esposo y lo que estaba sucediendo. Como si de una ficción de humor se tratara, Díez habla con amigas, afines al golpe y familiares mientras desacredita al autor del 23-F, que todavía está en las Cortes: "Como siempre haciendo el primo" o "¡Qué desgraciado es!". Estos y otros comentarios similares se pueden leer en los papeles. Este caldo de cultivo ha servido para cocinar este estupendo tuitómetro: ‪"Ahora entiendo por qué tardaron tanto en hacer público lo del 23-F, porque madre mía, madre mía, qué ridículo", valora @wilma78.bsky.social‬, "Lo único que se ha desclasificado con un poco de enjundia es que la señora de Tejero dijo Ay, mi marío es tonto, cosa que ya sabíamos", se ríe @DonMitxel_I. "—Ya están todos sentados, señor Tejero, ¿y ahora qué? —No sé, pregunta a mi mujer", se cachondea @CarlWinslou.

‪"El rey no sabía nada porque esos temas los llevaba su mujer", ironiza @bobestropajo.bsky.social‬. Sobre Juan Carlos I, en infoLibre te contamos que estas revelaciones incluyen testimonios que alargan la sombra sobre su papel aquel día e informes de inteligencia que meses después dejaban entrever comportamientos sospechosos. Además, contienen un plan posterior que lo identifica como enemigo a batir y el relato de cómo detuvo la intentona desde Zarzuela. El emérito también ha recibido su ración de memes en redes sociales, alimentados por el tuit de Feijóo en el que pide su regreso a España: "La desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", posteó el líder del PP. "¿Qué tiene que ver el 23-F con lo que hizo el rey emérito después? Ha venido cuando ha querido. Quizás no viene a residir porque tendría que traerse también su dinero", replica @Merchehb.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

El Gobierno ha desclasificado la documentación sobre el 23-F. Entre los archivos están las transcripciones de las conversaciones telefónicas de la casa de los Tejero desde el mismo día del intento de golpe de Estado. Las conversaciones, intervenidas por la Guardia Civil, están protagonizadas, principalmente, por Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero.

Díez aseguró que el rey y el Ejército estaban detrás del golpe que estaba dando su marido en el Congreso. "A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el rey detrás", le asegura en un momento a su propia madre, que llamó a casa de su hija cuando ya había empezado el intento de golpe de Estado.

"El Ejército estaba detrás de todo", insiste en otro momento Díez, que se queja de que, finalmente, no habrían seguido a su marido en el plan. "¡Mira que es tonto este hombre! Se fía de, se fía de los militares…" responde la suegra de Tejero, y su hija le cuenta que el militar ha asumido él solo la responsabilidad de los hechos. "Claro que la asume, como siempre haciendo el primo", apostilla la madre.

En una conversación que parece posterior —las transcripciones no van acompañadas de fecha y hora—, Carmen Díez se vuelve a reafirmar sobre el papel del Ejército hablando con otra mujer, a la que llama Elvira, y que, por tanto podría ser una de las hijas del matrimonio: "El Ejército detrás que estaba [...] y no ha ido nadie, le han dejado solo". Y luego añade sobre su marido: "¡Qué desgraciado es! Cómo ha confiado... la cárcel, Elvira".

También se lo cuenta a su hijo, Antonio Tejero 'Antoñito', que estaba en la Academia Militar de Zaragoza. La madre llama a la academia y le pasan con su hijo:

—Antoñito, soy tu madre. 

—Hola, ¿qué tal madre?

—Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejado a tu padre tirado como una colilla. 

—Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

—Todo el Ejército estaba detrás, hijo mío.

—Y, ¿qué ha pasado?

—Pues que el Ejército se ha rajado.

—¡Hijo putas!

—Eso ha pasado, hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo.

El convencimiento de que Tejero contaba con el apoyo del Ejército y del rey Juan Carlos I para el golpe de Estado se ve aún más claro en las llamadas que protagonizan las hijas del matrimonio.

"Tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada", explica una de las hijas a un interlocutor que ha contactado con la casa familiar y se identifica como Paco. Las transcripciones de la Guardia Civil no señalan quién es quién en todas las llamadas y los diálogos entre los interlocutores no siempre permiten identificar a ambas personas. En este caso la persona que coge el teléfono habla de Tejero como su "padre" y de ella mismo en femenino, pero no se puede saber de cuál de las tres hijas se trata.

El matrimonio Tejero Díez tuvo seis hijos. Tres hombres (Antonio, Ramón y Juan) y tres mujeres (Carmen, Dolores y Elvira). En otra conversación sí queda claro que quien coge el teléfono es Elvira Tejero, ya que ella misma se identifica al recibir la llamada de una persona que dice ser María Antonia. "Pues tenía todo el Ejército respaldándole, María Antonia", asegura la hija. "Lo único que necesito es que hubieran ayudado a mi padre, lo demás ya me importa tres pitos, así que…", añade la hija.

En otro momento quien llama es Fina, suegra de una de las hijas del matrimonio. Una de las hijas le responde también en la misma línea: "Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás".

Los documentos secretos del 23F cel Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloauya desclasificación ha acordado este martes el Gobierno incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas y pertenecen a los ministerios de Interior, Exteriores y Defensa, ha confirmado la ministra portavoz, Elma Saiz, quien no ha aclarado detalles sobre quiénes son los interlocutores implicados, informa EFE.

Entre lo que se conocerá no estará el sumario del juicio ya que el Gobierno aclara que no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes citadas han asegurado que el Gobierno, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento de lo que hay en esos documentos, pero tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional, y han explicado que antes de que se anunciara la decisión de la desclasificación, se informó a la Casa Real.

Algunas de las incógnitas que persisten sobre la intentona golpista giran en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981 entre el Congreso, tomado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada.

No ha concretado mucho más la ministra sobre las revelaciones de las 153 "unidades documentales" que este miércoles serán públicas y entre las que no ha descartado que haya "alguna imagen", además de informes y las transcripciones de conversaciones.

De hecho, ha reconocido que no ha visto la documentación, cuando se le ha preguntado si su contenido puede hacer cambiar la visión histórica sobre el papel de Juan Carlos I como artífice para el fracaso del golpe de Estado.

También ha apuntado que lo que se va a dar a conocer son "todos" los documentos clasificados que el Ejecutivo "ha encontrado hasta el momento", procedente de diversos órganos e instituciones, y de lo que hay "constancia", sin comentar nada sobre la posibilidad de haya documentos destruidos.

Elma Saiz ha explicado que, una vez decidida la desclasficación, el Gobierno está trabajando para que desde mañana miércoles a mediodía puedan ser consultados libremente en la web de Moncloa y de hecho ha pedido "paciencia" ante la expectación que se ha creado en torno a una información a la que se ha reclamado acceder insistentemente en los últimos años.

Ha argumentado que con su decisión el Ejecutivo trata de "impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación" para "difundir teorías" sobre la democracia española y "desinformar" a los jóvenes que "piensan que con Franco se vivía mejor y van cantando el Cara al sol por nuestras calles".

Mantener el secreto en torno a aquel importante episodio histórico al amparo de una ley franquista es una "anomalía democrática" que el Gobierno quiere corregir, sobre todo cuando, pasados 45 años del 23F, su conocimiento ya "no supone un riesgo real y presente", y los expertos coinciden en que ha pasado "tiempo suficiente" para sacarlos a la luz, ha asegurado.

Por otro lado, ha recordado que otros países han adoptado medidas similares sobre acontecimientos históricos relevantes, como Italia o Grecia, y ha citado el caso de Alemania, que 2012 reveló documentos diplomáticos sobre la interpretación del 23F que hizo en su momento el embajador alemán acreditado en España.

Era una reclamación histórica. A izquierda y derecha. De historiadores, investigadores y archiveros. Una exigencia que ahora, cuarenta y cinco años después, se convertirá en una realidad. El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de documentos vinculados al golpe de Estado del 23F. Un rayo de luz sobre uno de los acontecimientos más delicados –y con más claroscuros– de la Transición. Un levantamiento del velo que, sin embargo, aún sigue pendiente con otros tantos acontecimientos históricos. Todavía queda otra mucha información sobre hechos pasados en la sombra. Telegramas, informes o documentos de distinto tipo guardados en la caja fuerte de la Ley de Secretos Oficiales. Del terrorismo de Estado a la diplomacia. De Palomares a la descolonización del Sahara.

Cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de dicho documento oculto. Porque en nuestro país no hay, como publicó infoLibre, una suerte de catálogo en el que se especifique qué papeles están guardados bajo llave. "Es difícil saberlo. Falta personal y financiación en los archivos para saber qué hay secreto", reconoce el historiador Pablo Alcántara, autor de La secreta de Franco (Espasa, 2022), un completo estudio sobre la Brigada Político Social. Una zona clasificada que puede albergar papeles de todo tipo. El investigador, por ejemplo, relata cómo en una ocasión se le impidió acceder a una simple lista de mineros que estaban en huelga en 1957 por estar el legajo en el archivo sellado como "secreto". "Igual en su momento no, pero ahora sería un documento sin mucha trascendencia", cuenta.

Hubo una época en la que sí existía una pequeña lista. En 1988, por ejemplo, el Ejecutivo de Felipe González aportó al diputado de Coalición Popular José Antonio Trillo una relación de temas clasificados como secretos o reservados desde 1978. En aquel documento constaban más de medio centenar de asuntos, entre los que se encontraban expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones", así como programas de guerra electrónica, proyectos de investigación de bombas guiadas, datos sobre el funcionamiento de la inteligencia militar o información sobre objetos voladores no identificados o el Palacio de Marivent, residencia oficial de verano de la familia real.

Pese a la ausencia de un listado oficial de secretos, hay cierto consenso en que aún quedan documentos clasificados sobre algunos de los acontecimientos históricos de la dictadura, la Transición o la democracia. Es el caso del accidente nuclear de Palomares (Almería), del que casi todo lo que se ha ido conociendo es a través de lo que ha ido desclasificando Estados Unidos. Lo mismo que con el atentado contra Carrero Blanco. "Hay carpetas reservadas, por ejemplo, de la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sahara, la Brigada Político Social, el desarrollo de la Guerra Civil y la actuación de Franco o la lucha contra el terrorismo de toda índole", apuntaba hace cuatro años el historiador Joan Esculies en un artículo en La Vanguardia.

Por aterrizarlo, Alcántara pone el foco, por ejemplo, en las posibles conexiones entre grupos terroristas ultraderechistas en la Transición, como la Triple A o el Batallón Vasco Español, y miembros de las Fuerzas de Seguridad o los servicios de inteligencia. O en la actuación del aparato represor, por ejemplo, en la Matanza de Vitoria de 1976 –cinco obreros murieron por disparos de la policía– o en la muerte de Mikel Zabalza tras su detención por la Guardia Civil. Por esto último se ha preguntado en repetidas ocasiones. Hace cinco años, el diario Público desveló la grabación de una conversación entre el excoronel del ya extinto CESID –los servicios secretos– Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que este último insinuaba que pudo haber muerto en el interrogatorio en Intxaurrondo.

Dentro de este oscuro capítulo también destaca el terrorismo de Estado protagonizado por los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), guerra sucia de la que el Gobierno desclasificó a finales de los noventa un puñado de documentos. Por aquel entonces, a la lucha antiterrorista se le otorgaba con carácter genérico la clasificación de "secreto". Y no es el único asunto repleto de oscuridad. En 2010, por ejemplo, el Consejo de Ministros acordó, a propuesta de Exteriores, que se otorgase "con carácter genérico" la clasificación de secreto a las "posiciones básicas de España" en "negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales" o a la información "sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos" de naturaleza "política, social, económica o comercial" que puedan entorpecer la interlocución con terceros países.

De la existencia de ese documento se enteraron los historiadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena cuando solicitaron en 2012 acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982 o las hispano-alemanas entre 1970 y 1982. Aquel acuerdo, además, colocaba un manto de secretismo sobre aquella información relativa a grupos terroristas o delincuencia organizada "con implicaciones o ramificaciones" en España o países amigos, negociaciones sobre secuestros, mediaciones en procesos de paz, viajes de familia real y presidente del Gobierno o "información relativa a cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y la integridad territorial" de España, entre otros muchos aspectos.

En relación con este último asunto, el estallido del caso Pegasus reveló el espionaje sobre dirigentes independentistas catalanes en los últimos años. Operaciones que, en algún caso, llevó a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la supervisión del Tribunal Supremo. Por el momento, solo se han abierto los autos relativos a la vigilancia del expresident Pere Aragonès.

"La desclasificación de documentos para conocer la historia es importante", apunta Alcántara, quien también recuerda la relevancia de la transparencia en la lucha contra la desinformación. Por eso, el historiador celebra el anuncio del Gobierno en relación con el 23-F. Ahora bien, quiere ver cuál es finalmente el alcance de esa apertura anunciada. Porque, recuerda, el problema no es solo la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma se encuentra encallada en su fase inicial en el Congreso de los Diputados. También está el muro de la Ley de Patrimonio Histórico, que establece que los documentos con "datos personales de carácter policial" no podrán consultarse "públicamente" sin que medie "consentimiento expreso de los afectados" o hayan transcurrido 25 años de su muerte, lo que dificulta el acceso a papeles de Policía o Guardia Civil.

Algunos autores, como el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se han mostrado convencidos de que lo esencial sobre el 23-F "ya se conoce" y de que lo que aún puede quedar "secreto" seguramente sea "irrelevante". Otros, sin embargo, consideran que todavía falta mucho por conocer. El sumario del juicio está disponible para consulta en el propio Tribunal Supremo. Al menos, las partes que no tengan carácter reservado. Clasificados pueden estar, por ejemplo, informes de inteligencia relacionados con el 23-F. O cruces de llamadas. El periodista y escritor Carlos Fonseca, por ejemplo, desliza en su obra que a pesar de que el asalto del Congreso comenzó a media tarde, solo se incorporaron a la causa judicial conversaciones intervenidas de madrugada, cuando el rey ya había condenado el golpe.

Sin embargo, periodistas como Pilar Urbano, otra de las grandes especialistas, aseguran que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado porque así se lo pidió un diputado de UCD que presidía Telefónica al entonces delegado del Gobierno en la compañía. Grabaciones a las que también aludió en su día Alfonso Guerra: "Cuando llegamos en 1982 al Gobierno, las cintas no estaban. No sabemos si están destruidas, si alguien las tiene guardadas o están en la caja fuerte de un banco... El día que se puedan oír, se conocerá exactamente todo lo que pasó".

Pero el que hace más de una década fuera director general de Seguridad, Francisco Laína, negó que existieran: "No hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!".

Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein, según recoge EFE.

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson (en febrero de 2025) fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", dijo McSweeney, hasta ahora jefe de personal en Dowing Street.

"Cuando me consultaron, aconsejé al primer ministro que realizara ese nombramiento y asumo plena responsabilidad por ello", explicó en un comunicado McSweeney, considerado artífice de la victoria electoral de Starmer en las elecciones generales de julio de 2024.

El militante laborista, cuya dimisión reclamaron en los últimos días incluso algunos de sus correligionarios, dijo que continúa apoyando al primer ministro, que "trabaja cada día para reconstruir la confianza, restaurar los estándares públicos y servir al Reino Unido".

McSweeney también reconoció en su nota que hay que mejorar el proceso de selección de cargos públicos e instó a recordar sobre todo a las víctimas de Epstein, muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores.

En los últimos días, numerosos diputados laboristas pidieron el cese del influyente activista, a quien responsabilizan de cometer un error catastrófico al abogar por el nombramiento del exministro Peter Mandelson como embajador en Washington cuando ya se conocía la existencia de su relación con el pederasta estadounidense.

La Policía investiga actualmente al también ex comisario europeo de Comercio para determinar si delinquió al filtrar a Epstein en 2009 información confidencial del Ejecutivo del entonces primer ministro laborista Gordon Brown.

El independentista Partido Nacional Escocés (SNP) y el Partido Verde, así como políticos de todas las formaciones, han pedido además la dimisión de Starmer, quien el viernes aseguró que se mantendrá en el puesto para cumplir su mandato.

Según un sondeo de la firma demoscópica Opinium difundido este domingo, un 55 % de los británicos cree que el primer ministro debería dimitir, si bien varios ministros salieron hoy en su defensa y presumiblemente Downing Street espera que la marcha de McSweeny le proteja por ahora en el cargo

El exministro laborista Peter Mandelson, quien ha renunciado a su escaño vitalicio en la Cámara de los Lores británica tras haber sido destituido como embajador de su país ante Estados Unidos, se ha convertido en el político de más alto rango en caer víctima de la ola de escándalos provocada por la difusión de los llamados archivos Epstein.

Mandelson, a quien se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas, que comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó de la peor manera con Keir Starmer, en el poder desde 2024.

Mamó el laborismo desde su infancia, como nieto de un ministro de Interior y de Exteriores, Herbert Morrison. Con solo 12 años fue invitado a Downing Street y se sentó en la silla del primer ministro Harold Wilson, donde se quedó "deslumbrado". El brillo de la política ya no lo abandonaría.

En el partido era llamado "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. Durante la década de Tony Blair (1997-2007), se le consideraba el motor y cerebro de los ejecutivos laboristas.

Su carrera tuvo incluso continuidad en la Comisión Europea en los tiempos pre-Brexit, cuando ocupó la cartera de Comisario de Comercio entre 2004 y 2008.

En reconocimiento a su papel dentro del laborismo, Keir Starmer le nombró en diciembre de 2024 embajador del Reino Unido en Washington, pero tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein (a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"), fue destituido de manera fulminante nueve meses después.

Sostuvo entonces que desconocía las tropelías que sucedían en las mansiones de Epstein donde era invitado habitual, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido "tal vez porque soy homosexual".

Todavía le quedaba el honorable escaño de lord en la Cámara de los Lores, pero la avalancha de nuevos documentos de Epstein desvelados el pasado fin de semana le obligaron a presentar su renuncia.

El pasado domingo, Mandelson ya reveló que se desvinculaba del Partido Laborista porque no deseaba "causar más vergüenza" a la formación en la que había sido todo. Dijo entonces que consideraba "falsas" las acusaciones de que recibió pagos de Epstein hace 20 años, pero admitió que "no tenía constancia ni recuerdo" y que se necesitaría "una investigación".

La cascada de revelaciones que han comprometido al embajador comenzó con el descubrimiento de su promesa a Epstein de presionar al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Luego se filtró una fotografía en la que aparece sin pantalones, leyendo un documento en una tableta junto una mujer vestida solo con un albornoz, dentro de uno de los apartamentos de Epstein en París.

Y por último, apareció entre esos documentos un mensaje a Epstein en el que le reenviaba información confidencial del Gobierno de Gordon Brown, en el que servía, con datos sensibles sobre la venta de activos del Gobierno. Según algunos expertos, la divulgación de estos secretos de Estado, si se confirma, podría costarle años de cárcel.

El primer ministro ha anunciado que impulsará legislación para quitar formalmente a Mandelson el título de lord por mala conducta en cargo público. Sin embargo, y debido a las particularidades del sistema inglés, podrá conservar el título de "lord" todavía muchos años, y solo una ley de la propia Cámara de los Lores lo podría hacer efectivo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se disculpó el pasado jueves 5 de febrero ante las víctimas del caso Epstein por haber nombrado a Mandelson como embajador en Estados Unidos a pesar de conocerse su vínculo con el magnate estadounidense, mientras crece la presión sobre el líder laborista por parte de sus diputados a raíz del escándalo.

El Gobierno se ha comprometido a divulgar todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como jefe de la misión diplomática en Washington tras la exigencia de los diputados laboristas a fin de conocer qué sabía exactamente Starmer sobre los vínculos del exembajador con el pederasta y millonario estadounidense.

"Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado" embajador en EEUU, dijo el líder laborista, que vive sus horas más bajas, con su popularidad por los suelos.

"Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez", agregó Starmer, en referencia a que la rendición de cuentas de los culpables se les ha negado hasta ahora.

"Quiero decir esto: lamento, lamento lo que les hicieron, lamento que tantas personas con poder les fallaran" y "lamento que incluso ahora se vean obligadas a presenciar cómo esta historia se hace pública una vez más", añadió.

En la sesión de control ayer en la Cámara de los Comunes, el primer ministro alegó que Mandelson "mintió repetidamente" sobre la profundidad de la relación que había tenido en el pasado con Epstein, quien apareció muerto en su celda en agosto de 2019.

Starmer está hoy bajo fuerte presión de las filas de su formación porque, cuando nombró a Mandelson como embajador, ya eran conocidos los vínculos que había mantenido con Epstein.

Algunos diputados laboristas exigen la dimisión de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, a quien culpan de haber impulsado el nombramiento de Mandelson a pesar de las señales de alerta. Otros han evitado defender al mismo Starmer a preguntas de los periodistas.

La popularidad del laborismo está en niveles muy bajos. Un último sondeo sobre intención de voto de la firma YouGov hecha entre 2.330 adultos en todo el país a principios de este mes, otorga a la formación en el poder el 19 % de apoyo, frente al 18 % de los conservadores, el 14 % de los liberal demócratas y el 26 % de Reform UK.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada y la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según han informado esta noche fuentes del Ejecutivo.

Las mismas fuentes explican que este Proyecto de Ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968) y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada, cuando transcurran unos determinados plazos.

La ley establece que el tiempo máximo de clasificación será de 45 años (hasta 1981) prorrogables de forma motivada otros 15 años.

"De esta forma —señalan—, España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada", e incluso, añaden "países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley".

Así mismo, el proyecto de ley estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

En la ley, "se regulan cuatro categorías de información clasificada –"Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido”– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido".

Se introduce también en la ley "un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves".

Consideran las fuentes del Ejecutivo que "con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión".

"El derecho a la libertad de información -añaden- se introduce como criterio de graduación de las sanciones".

Además se crea "la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes".

Una jueza de Madrid ha pedido al Supremo investigar al eurodiputado Luis Alvise Pérez por un presunto delito de revelación de secretos por la difusión en su canal de Telegram de conversaciones del ex número 2 de Interior, Francisco Martínez, en el departamento de Jorge Fernández Díaz en el Gobierno de Mariano Rajoy, en su ámbito privado y con un periodista, que fueron expurgadas en la investigación del caso Kitchen, según informa EFE.

De acceder el Tribunal Supremo a abrir esta nueva causa al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) sería la cuarta investigación que este acumula en el alto tribunal desde que está aforado como eurodiputado. El Supremo ya le investiga por delitos de falsedad e injurias por la difusión de una prueba de covid falsa del actual presidente catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021. También por la presunta entrega de 100.000 euros por parte de un empresario para su formación política en las pasadas elecciones europeas; y la tercera causa que tiene abierta en el alto tribunal es la relativa a los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel acuerda en un auto, al que ha tenido acceso EFE, elevar exposición razonada al Supremo para que le abra esta otra causa, al entender que existen indicios de delito en la difusión de dichas conversaciones contenidas en unos chats que le fueron intervenidos judicialmente a Martínez durante la instrucción del caso Kitchen en la Audiencia Nacional.

La investigación sobre estos hechos partió de una denuncia interpuesta el pasado 31 de enero de 2024 por el periodista de El Confidencial José María del Olmo, en la que señalaba que el 10 de julio de 2023 se habían filtrado en el Telegram de Alvise esas conversaciones expurgadas judicialmente y que mantuvo con el que fuera secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016. Dichas conversaciones, y otras que mantuvo Martínez en su ámbito privado, y que también fueron filtradas, formaban parte de los 23 chats íntegros que fueron expurgados tras ser intervenidos en la causa en la que se investigó al exnúmero 2 por el caso Kitchen, relativo al presunto espionaje al que se sometió al extesorero del PP Luis Bárcenas, asunto que está pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional.

Como consecuencia de la divulgación de esos chats, señala la juez, "no sólo se quebrantó el secreto sumarial y las órdenes de expurgo acordadas judicialmente, sino que se hicieron públicas conversaciones privadas de ambos interlocutores, y se difundieron datos privados de los ahora denunciantes" con el consiguiente perjuicio. En concreto, quedó expuesto el número de teléfono personal del denunciante, se revelaron conversaciones entre un periodista y su fuente, "lo que afecta a la confianza que debe generar en su actividad profesional; y se difundieron conversaciones del ámbito estrictamente privado y familiar del que fuera Secretario de Estado de Interior".

Para el esclarecimiento de los hechos, la juez relata que tomó declaración tanto al periodista como a Francisco Martínez, quien compareció el pasado lunes, y corroboró que, entre otros, se revelaron chats que tenían que ver con sus hijos menores de edad. Además, con carácter previo a ser aforado, se tomó declaración como imputado a Alvise el 8 de mayo de 2024 y se comprobó, a través de pesquisas policiales, que las publicaciones de los chats en Telegram podían tener ánimo de lucro en cuanto que en ese mismo canal se instaba a que se realizaran aportaciones a una cuenta bancaria en la que el ahora eurodiputado recibía donaciones.

También se comprobó que en las fechas en las que se publicaron esas conversaciones en el canal de Telegram de Alvise se hacían comentarios relativos a la difusión de secretos de estado, y que el contenido ya había sido borrado. La Policía informó además de que Telegram "no facilita información alguna en esclarecimiento de hechos de esta naturaleza", que serían constitutivos de un delito de revelación de secretos, penado con hasta con cinco años de cárcel, que puede elevarse a siete si ha sido con ánimo lucrativo y afectan a menores de edad, indica el auto.

William Faulkner, premio Nobel de Literatura en 1949, dejó escrito en Requiem for a Nun que "el pasado nunca muere". Y Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias algo sabe de eso desde que se rompió el muro de silencio en torno a su figura. Cuatro años después de abandonar España por sus irregularidades financieras, el rey emérito ha vuelto a situarse en el ojo del huracán a raíz de la creación en Abu Dhabi de una fundación para vehicular su herencia y de la filtración de viejas conversaciones con una de sus amantes más reconocidas: la vedette Barbara Rey. Audios que elevan la presión para que la nueva Ley de Secretos Oficiales arroje luz sobre el 23F.

Las conversaciones se remontan a la década de los noventa. En ellas, Juan Carlos I habla de su inexistente relación con la reina Sofía, se pronuncia sobre los diferentes políticos de la época o expresa su desconfianza sobre quien fuera jefe de la Casa del Rey, a quien considera un topo. Es, en este contexto, cuando habla de su antecesor, Alfonso Armada, con quien siempre tuvo una estrecha relación. "Ése ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás!", apunta. El general fue condenado a 26 años de prisión por el 23F, pero cumplió una mínima parte de la pena gracias al indulto que en 1988 le concedió el Gobierno de Felipe González.

Aunque no lo menciona expresamente, sus palabras reavivan viejos fantasmas alrededor de la intentona golpista. Como lo hicieron hace unos meses las de Luis María Ansón, quien aseguró que el rey estaba de acuerdo con el plan de Armada de derrocar al Ejecutivo de Adolfo Suárez y establecer un gobierno de concentración presidido por el general y vicepresidido por el exlíder socialista: "Lo que no sabíamos era lo de Tejero. Con eso, nos engañó a todos". O las del teniente coronel: "Al rey lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto, pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé. Luego me traicionaron todos".

Estos audios y confesiones elevan de nuevo la presión para que se arroje toda la luz posible sobre un 23F del que han pasado ya más de cuatro décadas. Y lo hacen en un momento muy concreto, con un Gobierno dispuesto a reimpulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales en el marco de su plan de regeneración democrática. Compromiso muchas veces reiterado pero nunca cumplido, en parte, por las discrepancias con los socios parlamentarios. Unas diferencias que, en parte, han girado en torno al alcance de la nueva norma en relación a la desclasificación de documentación antigua, como el intento de golpe de Estado o la guerra sucia contra la banda terrorista ETA.

El Ejecutivo puso sobre la mesa hace dos años un anteproyecto de Ley de Información Clasificada con el que reemplazar la actual normativa franquista. "Sin duda merecerá mejoras, pero yo creo que es una base sólida para empezar a trabajar", apuntó hace tres semanas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Aquel texto establecía cuatro categorías de clasificación y recogía un procedimiento de desclasificación automático en función del tiempo transcurrido: cincuenta años para "alto secreto", cuarenta para "secreto", entre siete y diez para "confidencial" y entre cuatro y seis para "restringido". Un plazo que puede prorrogarse quince y diez años más en las dos primeras categorías.

Ahora bien, aquella propuesta sólo contemplaba la desclasificación automática a futuro. Para la información declarada secreta con anterioridad a la entrada en vigor de la norma –por ejemplo, la relativa al intento del golpe de Estado, los GAL o la descolonización–, todo se dejaba en manos del Gobierno. Así, se fijaba un procedimiento de desclasificación que se iniciaría "de oficio o a petición razonada de persona directamente afectada", identificando "pormenorizadamente la información" que se quiere conocer, y que concluiría con la decisión definitiva del Consejo de Ministros o la autoridad que ostente en la actualidad las competencias de aquella que originalmente clasificó la documentación.

Un procedimiento que, además, plantea dificultades para historiadores, archiveros o investigadores. En primer lugar, porque tendrían que justificar que son personas "directamente afectas". Y en segundo lugar, por la dificultad de identificar de forma pormenorizada la documentación que se solicita. Al fin y al cabo, cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de ese documento. En los archivos no suele haber un índice en el que se detalle qué papeles están guardados bajo llave. Y como contó infoLibre, tampoco el Ejecutivo cuenta con un catálogo en el que se recojan todas las cuestiones que han sido clasificadas desde 1968.

Esta propuesta no convence a los socios parlamentarios. "Supondrá mantener el secretismo y la impunidad sobre los GAL, los casos de torturas, los negocios oscuros de la Transición, el 23F o sucesos como el 3 de marzo –la matanza de Vitoria– o los Sanfermines de 1978", han criticado desde EH Bildu. "El camino no es el anteproyecto que ustedes movieron", han insistido desde Junts. Ni encaja con las exigencias de su socio en el Ejecutivo. "España necesita un sistema que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar, incluyendo una desclasificación automática de los documentos ya clasificados", han dejado caer desde Sumar.

El ala magenta del Gobierno se expresó de esta manera el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, durante la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de los secretos oficiales que el PNV registra legislatura tras legislatura. Un texto que establece un máximo de veinticinco años de silencio y que, a diferencia del anteproyecto socialista, contempla un levantamiento automático del velo para secretos del pasado que incluiría, por supuesto, la intentona golpista. "Las materias clasificadas que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley hubieran ya cumplido los plazos de vigencia quedarán desclasificadas", recoge su disposición transitoria.

Los audios del rey emérito vuelven a agitar, por tanto, el avispero de la desclasificación de la intentona golpista. Podemos ha registrado este martes en la Cámara Baja una proposición no de ley que insta al Gobierno a hacer pública "toda la documentación obrante en su poder" sobre el 23F. "¿A qué se refería Juan Carlos I con esas palabras? ¿Qué sentido tiene que el entonces jefe de Estado considere que el silencio de Armada es beneficioso? Resulta desconcertante que después de tantos años sigamos haciéndonos esas mismas preguntas", se preguntaba en rueda de prensa el portavoz de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna.

Mucho se ha escrito e investigado este asunto. Algunos autores, como el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se han mostrado convencidos de que lo esencial "ya se conoce" y de que lo que aún puede quedar "secreto" seguramente sea "irrelevante". Otros, sin embargo, consideran que todavía falta mucho por conocer. Es el caso de Carlos Fonseca, periodista y autor de La Farsa, que cree que "el relato oficial hace agua por todos lados". "Es el suceso más grave desde que recuperamos la democracia y que 43 años después se siga sustrayendo del conocimiento público información de la que no sabemos ni su calado hace pensar mal", apuntaba en una entrevista reciente en El País.

Clasificados puede estar, por ejemplo, informes de inteligencia relacionados con el 23F. O cruces de llamadas. En este sentido, Fonseca desliza en su obra que a pesar de que el asalto del Congreso comenzó a media tarde, solo se incorporaron a la causa judicial conversaciones intervenidas de madrugada, cuando el rey ya había condenado el golpe. Sin embargo, periodistas como Pilar Urbano, otra de las grandes especialistas, aseguran que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado porque así se lo pidió un diputado de UCD que presidía Telefónica al entonces delegado del Gobierno en la compañía.

Grabaciones a las que también aludió en su día Alfonso Guerra: "Cuando llegamos en 1982 al Gobierno, las cintas no estaban. No sabemos si están destruidas, si alguien las tiene guardadas o están en la caja fuerte de un banco... El día que se puedan oír, se conocerá exactamente todo lo que pasó". Pero que hace más de una década el que fuera director general de Seguridad, Francisco Laína, negó que existieran: "No hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!".

El Estado español lleva más de medio siglo cubriendo con el manto de los secretos oficiales diferente información cuyo conocimiento considera que puede comprometer la seguridad y la defensa del país. Actos, documentos, datos u objetos de los que, sin embargo, no se tiene un registro actualizado. Así lo reconoce el propio Gobierno en respuesta a una solicitud de transparencia cursada por infoLibre, en la que sostiene que no puede facilitar información sobre asuntos clasificados porque eso requeriría tener que llevar a cabo una "minuciosa tarea" de búsqueda y análisis de documentación en diferentes archivos y distintos soportes. Esta falta de catalogación impide tener conocimiento de qué cuestiones concretas se encuentran guardadas bajo llave, lo que se convertirá en un muro a la hora de solicitar su desclasificación al amparo de la nueva Ley de Información Reservada que cocina el Ejecutivo.

En verano, tras la aprobación del anteproyecto con el que el Gobierno pretende reformar la norma franquista que hasta ahora ha regulado todo lo relativo a los secretos oficiales, este diario solicitó al Ministerio de Defensa la relación completa de todos los asuntos a los que se ha otorgado la clasificación de "secreto" o "reservado" por parte de la Junta de Jefes del Estado Mayor o el organismo encargado de dichas labores desde la desaparición del anterior, así como de toda la documentación desclasificada. En ambos casos se pedía tanto el número de expediente como el cargo que propuso el cerrojazo. Y se hacía para el periodo comprendido entre 1968, momento en el que la dictadura aprobó la ya anacrónica Ley de Secretos Oficiales, y la actualidad. El objetivo, poder elaborar un listado lo más completo posible de aquellos asuntos que llevan décadas en la oscuridad.

Pero el Ejecutivo no dispone de esa información. Es decir, no cuenta con un catálogo o registro actualizado en el que conste cada documento, dato, acto u objeto en la sombra. Es lo que se desprende del escrito de inadmisión a trámite de la solicitud de acceso a la información cursada por este diario. La resolución, firmada por el vicesecretario general técnico de Defensa, resalta el "carácter disperso" de la información solicitada y sostiene que para dar cumplimiento a la petición sería necesario consultar "distintas bases de datos", además de "recurrir a la consulta de documentos en formato papel en archivos". "Una variedad de fuentes disponibles, por tanto, no solo en distintas ubicaciones, sino también en diversos soportes, tanto físicos como informáticos, que precisan también de una previa labor de reelaboración", continúa el escrito.

El Ministerio de Defensa no se acoge en ningún momento a los límites al derecho de acceso que contempla la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es decir, no se escuda, por ejemplo, en la seguridad nacional o en la defensa para negarse a aportar la información requerida. Sólo dice que no la tiene catalogada, que es una "información pública inexistente y no disponible sin una compleja acciones previa de reelaboración". "Toda esta labor precisaría del desempeño de una minuciosa tarea de búsqueda, lectura, estudio y análisis de todos y cada uno de los asuntos", sostiene el vicesecretario general técnico. Algo que, añade, resulta inasumible: "Este órgano no dispone del personal necesario para abordar el esfuerzo que supone la tramitación". El rechazo de Defensa se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que abordó, al inicio de la pandemia, un asunto similar.

No sería la primera vez que el Ejecutivo recopila información de este tipo, aunque no sobre un periodo temporal tan amplio. Hay que remontarse a finales de 1987 y principios de 1988, con Felipe González al frente del Gobierno. Por aquel entonces, el diputado José Antonio Trillo, de Coalición Popular, pidió una relación completa de todos los temas a los que desde 1978 se les había otorgado la clasificación de secreto o reservado. Un par de meses después, el entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, aportaba por escrito la información requerida. En aquel documento constaban más de medio centenar de asuntos, entre los que se encontraban expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones", así como programas de guerra electrónica, proyectos de investigación de bombas guiadas o datos sobre el funcionamiento del Servicio de Información del Ejército.

La ausencia de un catálogo, coinciden historiadores o archivistas, supone un problema a la hora de intentar acceder a toda esa información secreta. También con la reforma legal que planea aprobar el Gobierno de coalición. El anteproyecto de Ley de Información Clasificada recoge en su disposición transitoria única que todas aquellas cuestiones que se encontrasen bajo llave antes de la entrada en vigor de la norma podrán ser desclasificadas "de oficio" o "a petición" de una persona física o jurídica. El problema es que, además de exponer las razones por las que solicita esa apertura, tiene que identificar "pormenorizadamente" la información que se quiera desclasificar, algo extremadamente difícil si no consta en ningún sitio qué cuestiones o documentos concretos figuran como secretos.

Varios colectivos, de hecho, ya han pedido al Ejecutivo la creación de un registro de este tipo en sus alegaciones al anteproyecto de Ley impulsado. Un catálogo que, según la organización Access Info, "contenga datos básicos que permita conocer sobre la clasificación e impida la desaparición de la información". "No se prevé el deber general de documentar la información clasificada para acreditar su existencia y evitar su pérdida, desaparición o indebida destrucción", apuntaban, por su parte, desde la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública, que en las alegaciones presentadas proponía, entre otras cuestiones, incluir un nuevo punto en al artículo relativo a la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, en el que se obligue a este órgano a colaborar con la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado "para instaurar una correcta gestión documental de la información clasificada y garantizar el constitucional derecho de acceso a la documentación".

El Gobierno pretende borrar otro de los vestigios normativos de la dictadura. Tras años de reclamaciones por parte de partidos políticos, historiadores o archiveros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ya listo su anteproyecto de Ley de Información Clasificada. A nivel legislativo, es un paso importante. Al fin y al cabo, su aprobación delimitará por vez primera el plazo de tiempo por el que un asunto puede ser considerado secreto de Estado, lo que acaba con el carácter indefinido que hasta ahora le ha otorgado la ley. El problema, sin embargo, es que el movimiento deja alguna laguna destacada. Por el momento, aquellas informaciones hasta ahora clasificadas lo seguirán siendo aunque ya se hayan superado los tiempos de desclasificación establecidos en la nueva norma. Y eso deja en un limbo cuestiones como el terrorismo de Estado, las descolonizaciones o el involucionismo en los primeros compases de la democracia.

La falta de una desclasificación automática de todos aquellos documentos declarados secretos en el más de medio siglo de texto franquista es, según El País, un paso atrás respecto a lo que se fijaba en anteriores borradores de la norma. "Es imposible hacer un trato discriminado a toda esa información. Por tanto optamos por mantenerla tal y como está, salvo que de oficio la autoridad decida desclasificarla o un afectado que tenga interés solicite la autorización (...) En ese caso, sería la autoridad competente del ministerio la que decidirá si desclasificarlo o no", indicó en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el departamento que con la aprobación del nuevo texto asumirá las competencias en materia de secretos. Esto supone un problema para historiadores o investigadores, quienes, a priori, no serían "personas directamente afectadas".

No es el único escollo alrededor del anteproyecto. Bolaños también explicó que aquellos que quieran acceder a determinados documentos deberán indicar "su interés" y las "razones que justifican la desclasificación solicitada", así como "identificar pormenorizadamente la información que se solicita". Y esto, de nuevo, es una dificultad. Al fin y al cabo, cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de ese documento. Porque en nuestro país no existe una suerte de índice en el que se especifique qué papeles están guardados bajo llave. "No suele haber en los archivos un catálogo con la documentación que figura como secreta", explica el historiador Pablo Alcántara, que acaba de publicar La secreta de Franco (Espasa, 2022), una completa investigación sobre la Político Social.

Por eso mismo resulta imposible saber a ciencia cierta qué es lo que permanece oculto, tener un mapa detallado y completo de aquellos papeles encabezados con un "secreto" o un "reservado" o de aquellas materias sobre las que aún queda luz por arrojar. A pesar de ello, hay cierto consenso en que aún quedan documentos clasificados sobre algunos de los acontecimientos históricos de la dictadura, la Transición o la democracia. Es el caso del accidente nuclear de Palomares (Almería), del que casi todo lo que se ha ido conociendo es a través de lo que ha ido desclasificando Estados Unidos. "Hay carpetas reservadas, por ejemplo, de la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sáhara, la Brigada Político Social, el desarrollo de la Guerra Civil y la actuación de Franco o la lucha contra el terrorismo de toda índole", apuntaba este martes el historiador Joan Esculies en un artículo en La Vanguardia.

En relación con este último punto, uno de los asuntos sobre los que seguramente quede información oculta son los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y la guerra sucia contra ETA. De hecho, una de las pocas veces que el Ejecutivo ha llevado a cabo una desclasificación –ocho veces en los 54 años que lleva en vigor la actual ley– ha sido para poner sobre la mesa del Tribunal Supremo más de una decena de documentos relacionados con el terrorismo de Estado. Y, junto a este, el otro clásico cuando se habla de secretos oficiales: el intento de golpe de Estado del 23-F. Sobre este asunto, el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se ha mostrado convencido en una entrevista con El Confidencial de que de aquella operación involucionista "lo esencial ya se conoce" y de que "lo todavía secreto" seguramente sea "irrelevante".

Alcántara, además, pone el foco en otros asuntos. Está "seguro" de que aún queda "información secreta" sobre el atentado contra el almirante llamado a ser sucesor del dictador, Luis Carrero Blanco, o el atentado de ETA en 1974 contra la Cafetería Rolando, una explosión en la que el régimen trató de involucrar al PCE. Del mismo modo, considera que todavía puede haber documentos ocultos relativos a la "matanza de Ferrol" o el asesinato de Pedro Patiño, albañil militante del PCE y CCOO que murió de un disparo de la Guardia Civil en Madrid durante la huelga del sector de la construcción de septiembre de 1971. "O las relaciones de la BPS –Brigada Político Social– con la PIDE –Policia Internacional e de Defesa do Estado– durante la revolución de los claveles", completa el historiador.

También se ha ido conociendo en los últimos años que existe información cubierta por la Ley de Secretos Oficiales a medida que los investigadores se iban chocando con este muro. Es lo que les ocurrió en 2012 a Álvaro Jimena y Carlos Sanz cuando solicitaron acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982 o las hispano-alemanas entre 1970 y 1982.

La petición les fue denegada en virtud de un acuerdo –también oculto– del Consejo de Ministros de octubre de 2010, en el que se otorgaba clasificación de secreto a "cuestiones que afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España", negociaciones sobre secuestros o la actuación de grupos terroristas y delincuencia organizada. Del mismo modo, se fijaba como reservado, entre otras cuestiones, las "gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior".

Detalles que, en contadísimas ocasiones, también ha facilitado el propio Gobierno. Sucedió en febrero de 1988, cuando el entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, facilitaba por escrito a dos diputados del Grupo Parlamentario Coalición Popular una relación de temas clasificados como secretos o reservados desde 1978. En aquella lista se recogían varios expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones" –no se daban más detalles–, así como "actas" de la Comisión Interministerial de Exportación de Armas.

Además, se ponían sobre la mesa aquellos temas "objeto de clasificación" por la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Defensa, un órgano que ya ni siquiera existe. En este listado se incluían, entre otros muchos, los programas de guerra electrónica, el programa bomba aire-combustible, el proyecto de investigación del sistema de bombas guiadas por láser, la organización y funcionamiento del Servicio de Información del Ejército de Tierra o todo lo relacionado con el Palacio de Marivent, la residencia de verano de los reyes.

El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como Ley de Secretos Oficiales que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.

La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.

De este modo, el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.

La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada, está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.

Este anteproyecto de ley ha sido revisado por la ministra Robles que dio su visto bueno a las modificaciones que introduce, a pesar de que le resta competencias. Es más, según las fuentes consultadas, Robles le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva norma le gustaba.

Con todo, en Moncloa consideran "lógico" que esta tarea quede en manos de un ministerio "transversal" y de "coordinación interministerial" como el de Bolaños, ya que hay información clasificada que afecta a distintos ámbitos que van más allá de la defensa, como la industria y la economía, según indican. Así ocurre, apuntan, en la mayoría de países de la UE y de la OTAN.

Asimismo, argumentan la necesidad de reformar esta ley. La normativa vigente es de 1968 y, por tanto, "predemocrática" y debe ser adaptada al ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe recordar que la ley fue modificada parcialmente en octubre de 1978.

En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional –que ahora recae en Presidencia– para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Respecto a la desclasificación de documentos secretos, la actual Ley de Secretos Oficiales, no establece como tal un procedimiento explícito para llevarla a cabo. Pero sí precisa en su artículo cuarto que la calificación de secreto o confidencial "corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".

Y en el artículo séptimo explicita que "la cancelación de cualquiera de las calificaciones" previstas en la citada ley "será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración".

El presidente Sánchez anunció que llevaría a cabo una reforma de esta ley el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante su intervención para dar cuenta del caso Pegasus de espionaje, que afectaba, entre otros, a líderes independentistas catalanes. Ese día también aseguró que llevaría a cabo una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para aumentar su control. Solo unos días antes había cesado a la directora del centro, Paz Esteban.

Ya en el mes de julio, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, Sánchez se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la ley en el mes en curso. Hizo el anuncio durante su turno de réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Precisamente el PNV es el autor de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales del 68 que el Congreso aceptó tramitar al principio de la legislatura con el apoyo del PSOE. Sin embargo, la ley lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara y el Gobierno decidió darla por enterrada e impulsar la reforma a través de un proyecto de ley.

El Pleno de Congreso votará este jueves a los diez únicos diputados, uno por grupo parlamentario, que estarán autorizados para acceder a materias clasificadas como secretas, que (CNI). Tras la resolución de Meritxell Batet que rebaja los requisitos para ser elegidos, cuatro de estos diputados pertenecen a partidos independentistas, según informa Europa Press.

Según la legislación, la llamada Comisión de Gastos Reservados es la encargada de ejercer el control parlamentario de las actividades del CNI y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Desde 2004 los diputados debían recabar el apoyo de tres quintos del Congreso (210) para formar parte de esa comisión, uno por cada grupo. Pero en ese listón exige apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y hoy no todos alcanzaban a superarlo. De hecho, el PP, Vox y Ciudadanos rechazan apoyar la entrada de los independentistas en este órgano, lo que les impedía llegar a ese mínimo. Por ello, comisión seguía sin constituirse más de dos años después de arrancar la legislatura.

El bloqueo se mantenía mes tras mes, pero tras la polémica por el espionaje a políticos independentistas, el Gobierno ofreció activar la comisión para que la directora del CNI, Paz Esteban, pudiera ofrecer explicaciones. Y la presidenta del Congreso dio el primer paso el martes proponiendo rebajar el listón, pasando de 210 a 176 votos, y así sortear los posibles vetos de PP, Ciudadanos y Vox.

El cambio de reglas de juego se ha tramitado de urgencia. Batet reunió a la Junta de Portavoces y a la Mesa el mismo martes por la noche, el miércoles se publicó la nueva resolución y este jueves ya se celebrará la sesión plenaria para proceder a la votación.

Será una votación secreta mediante papeleta y en urna, tras un debate en el que cada grupo tendrá cinco minutos de intervención. Según ha acordado la Junta de Portavoces, los diputados podrán escribir hasta diez nombres, uno por cada grupo parlamentario (si ponen dos del mismo grupo, la papeleta se considerará nula).

Normalmente el puesto se reserva al portavoz. Así, fuentes parlamentarias confirman a Europa Press que Héctor Gómez optará por el PSOE, Cuca Gamarra por el PP y Pablo Echenique por Unidas Podemos, y se calcula que Ivan Espinosa de los Monteros representará a Vox y Edmundo Bal a Ciudadanos. También se da por seguro que Aitor Esteban repetirá por el PNV.

Y junto a ellos habrá cuatro diputados independentistas, por primera vez en la historia de esta comisión: Gabriel Rufián representara a ERC, un partido que en el pasado ya formó parte de este órgano y que también tuvo etapas en que fue vetado; Miriam Nogueras, de Junts, se presenta como representante del Grupo Plural que el partido de Carles Puigdemont comparte con PDecAT, Más País, Compromís y BNG; Mertxe Aizpurua, de Bildu, será la primera persona de la izquierda abertzale con acceso a secretos de Estado; y Albert Botran, de la CUP, será finalmente el candidato del Grupo Mixto tras una votación interna en la que ha habido división entre los distintos partidos que lo componen.

Si todos ellos superan el listón de la mayoría absoluta, Batet podrá dar por constituida la Comisión de Gastos Reservados y ya podrá poner fecha para una próxima reunión para recibir explicaciones del Gobierno sobre asuntos pendientes como el supuesto espionaje a políticos independentistas, pero también los gastos reservados de los últimos dos años, los vuelos en Falcon del presidente Pedro Sánchez, las ayudas a la empresa Plus Ultra o las escuchas en los tiempos del PP en Interior.

Tumbar el muro de silencio y secretismo construido alrededor de determinados acontecimientos históricos ha sido una de las reclamaciones históricas de los nacionalistas vascos. Legislatura tras legislatura, siempre el mismo grito: "¡Abra los archivos!". Da igual quién esté al frente del Gobierno, o que éste sea progresista o conservador. Eso es lo de menos. Aquí lo importante, el verdadero reto democrático, es reformar esa Ley de Secretos Oficiales que permite dejar bajo llave con carácter indefinido determinada información. Una norma que se erige como muro infranqueable a la hora de reconstruir el pasado. Y que obliga a los historiadores, en muchos casos, a buscarse la vida en archivos extranjeros para tratar de aportar información sobre cuestiones que en suelo español son inaccesibles.

La legislación sobre secretos oficiales nació en plena dictadura. En concreto, fue ratificada en el Palacio del Pardo por Francisco Franco el 5 de abril de 1968. Y, desde entonces, sólo ha sufrido una ligera reforma durante la Transición. Casi medio siglo después del fin del franquismo, la redacción de la Ley de Secretos Oficiales es anacrónica. Y lo es, principalmente, porque no contempla plazos de publicidad, a diferencia de lo que sucede en algunos Estados de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que si el órgano que en su día se encargó de la clasificación de determinados documentos no los desclasifica de forma expresa, toda esa información puede permanecer eternamente bajo llave.

Tan anacrónica es la norma que contempla que tiene potestad para calificar papeles la Junta de Jefes del Estado Mayor, que ya ni siquiera existe. Y lo mismo sucede con el decreto que la desarrolla. Firmado por el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el texto dedica uno de sus artículos solo y exclusivamente al cambio de las "combinaciones de las cerraduras de los equipos de seguridad". Y otro a los procedimientos para la destrucción de emergencia de material calificado: "Será destruido por medio del fuego, procedimientos químicos o, cuando tales medios no existan, por medio de artefactos que los reduzcan a pulpa o fragmentos tan minúsculos que imposibiliten su reconstrucción".

El cerrojazo de los secretos oficiales ha terminado por convertirse en un muro infranqueable para los historiadores. "A partir de mediados de los sesenta ya te empiezan a poner problemas para acceder a determinada información", explica al otro lado del teléfono Gutmaro Gómez Bravo, profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y del Franquismo (Gigefra). Cuando eso pasa, no queda más remedio que cursar una petición de acceso. Y rezar para que, por lo menos, sea atendida. Algo que no es fácil, apunta, en materia de política exterior o de seguridad.

Un bloqueo continuo de información "importante" para quienes se encargan de reconstruir el pasado que, en opinión de Gómez, "no tiene sentido en la actualidad". El historiador Ángel Viñas, autor de numerosas obras sobre la Segunda República o la Guerra Civil, tampoco comprende cómo es posible que continúe este cerrojazo casi medio siglo después del fin de la dictadura. "Quitando dos o tres temas que nunca he querido identificar públicamente, no veo motivo para que no se abran todos los archivos hasta el año 1975. No hay nada de lo que el sistema democrático español tenga que avergonzarse", concede en conversación con infoLibre el también diplomático y exasesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Varios cientos de historiadores avisaron hace casi un lustro de los problemas que les ocasionaba el candado en sus estudios. "Investigaciones se ven a menudo imposibilitadas por la falta de plazos claros y razonables de desclasificación de la documentación pública", alertaron a los diferentes grupos políticos. Y esto impide que en la actualidad pueda arrojarse luz sobre acontecimientos históricos tan emblemáticos como, por ejemplo, la descolonización del Sáhara. O sobre la Brigada Político Social. "No me interesa conocer la vida privada de esas personas, sino el sistema. Cuántos eran, a quién seguían, quiénes trabajaban como confidentes", dice Gómez, quien reconoce que el acceso a los archivos de Interior es toda una odisea.

El historiador Diego Martínez López ha estado investigado recientemente la presencia de españoles en los campos de concentración nazis. "El objetivo era entender cómo fue la intervención del régimen franquista en esta materia", cuenta. Pero solo se ha encontrado piedras en el camino. "No hemos sido capaces de acceder a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores", explica. El fondo se abrió a consulta hace décadas. "El problema es que lleva años sin poderse consultar. Alegan que está en obras", cuenta Martínez. Unos trabajos que comenzaron durante la época de Mariano Rajoy. Y que parecen continuar en la actualidad. "Temporalmente cerrado al público por obras en las instalaciones", puede leerse en la página web del Ministerio de Cultura.

–"¿Y qué hacéis cuando os topáis con ese muro alrededor de determinadas cuestiones?", pregunta este diario.

–"En muchas ocasiones, los archivos extranjeros son la única manera de trabajar cuando te encuentras asuntos vetados", explica.

Recurrir a fuentes de fuera, a fondos ingleses, americanos o alemanes, para tratar de arrojar luz sobre la propia historia de España. Estados Unidos lleva años, por ejemplo, desclasificando documentos relacionados con el accidente nuclear de Palomares (Almería). Los archivos del otro lado del Atlántico también permiten asomarse a asuntos como el debate sobre el futuro del país tras la muerte del dictador o la política antiterrorista de la década de los ochenta y los GAL. Eso sí, siempre con cautela. "Muchas veces se mitifica en exceso la eficacia de los servicios de inteligencia extranjeros", puntualiza Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea. "Los archivos exteriores son complementarios. Pero la chicha está en los españoles", coincide Viñas.

España es de los pocos países donde la clasificación de secreto tiene carácter indefinido. En Estados Unidos, el plazo para la desclasificación automática se sitúa en los 25 años, aunque puede alargarse o acortarse en función del tipo de documento. En Alemania, por ejemplo, el tiempo de protección oscila entre los 30 y 60 años. Tres décadas que también marca la legislación de Reino Unido. Al fin y al cabo, se considera que buena parte de los documentos dejan de tener efectos sobre la política presente una vez superado ese tiempo. A pesar de ello, en muchos casos parte de la información que sale a la luz está repleta de tachones en negro en función de la sensibilidad de determinada información.

El PNV lleva planteando insistentemente desde 2016 cambiar la Ley de Secretos Oficiales. Iniciativas de reforma que permanentemente se quedan atascadas. La última, registrada antes del estallido de la pandemia, acumula ya más de seis decenas de ampliaciones de enmiendas en la Comisión Constitucional.

Y tiene pinta de que así va a continuar de forma indefinida. El Gobierno tiene previsto dar luz verde a lo largo de este año a su Ley de Información Clasificada, un texto que vendría a remplazar a la norma franquista. Según ha informado El País, el borrador sustituye los dos niveles de protección actuales –secreto y reservado– por cuatro –alto secreto, secreto, confidencial y restringido–, con plazos de desclasificación que oscilan entre los 50 años para los primeros y 5 años para los últimos.

A pesar de los planes del Ejecutivo, la formación jeltzale no ceja en su empeño de mantener vivo el debate. "Para que los tribunales actúen necesitan que ustedes les ayuden y levanten ese velo que impone la ley franquista de Secretos Oficiales", afirmaba en la última sesión de control al Gobierno el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Lo hacía apelando directamente al presidente: "¡Abra los archivos y colabore!". Y centrando el foco directamente en el caso Zabalza, el joven navarro que fue encontrado muerto a mediados de los ochenta en el río Bidasoa después de ser detenido y traslado al cuartel de Intxaurrondo por la Guardia Civil. Otro secreto de Estado. Uno más.

En 2013, el presidente francés François Hollande le entregaba a Josette Audin copias de documentos relativos a su marido, Maurice Audin (1), así como una lista de archivos que ella podía ir a consultar y copiar. Josette Audin accedía, entre otros documentos, a un expediente incautado en el domicilio del coronel Yves Godard, que en ese momento estaba prófugo. Godard era uno de los jefes de la Organización Armada Secreta (OAS), una organización terrorista que reivindicaba la Argelia francesa.

En realidad, la decisión del presidente no fue extraordinaria: la ley francesa reconoce que la razón de Estado permite estampar en documentos el sello de “confidencial”, “secreto”, o “muy secreto” para impedir su consulta, pero solo durante 50 años. Por lo tanto, el expediente Godard, entregado a los Archivos en 1961, podía consultarse íntegramente desde 2011.

¿Qué contiene ese expediente? En particular, como la tesis oficial para explicar la desaparición de Maurice Audin es la evasión, encontramos documentos fabricados por el ejército para respaldar esa tesis, con sus contradicciones. Godard presenta cada pieza a su manera, porque probablemente montó ese expediente para cubrirse, y para que sirviera eventualmente contra otros militares. Esto es lo que vemos en los archivos de Godard en California, desenterrados en 2011 por Nathalie Funès, periodista del Obs. En un borrador de libro inacabado, ataca a Jacques Massu, general responsable de la batalla de Argel, pero quien no se sumó a la OAS, y acusa a Gérard Garcet, un allegado de Massu, de haber ejecutado a Maurice Audin, lo cual no aparece en el expediente conservado por los Archivos Nacionales.

Evidentemente, Garcet negó las acusaciones de Godard: pero como ambos estaban involucrados en la represión de los argelinos y utilizaron la mentira como una de sus “cualidades” profesionales, sus declaraciones deben ser verificadas y confrontadas con otras fuentes.

Nada mejor que una investigación judicial, y los archivos contradictorios en relación a Maurice Audin fueron reunidos previendo en primer lugar una investigación semejante, y luego se completaron tras la denuncia de Josette Audin por homicidio voluntario. La investigación se llevó a cabo en un contexto complicado. Interrumpida debido a leyes de amnistía, reunió sin embargo testimonios escritos conservados en los archivos departamentales del tribunal competente, pero no en los Archivos Nacionales.

¿Documentos privados o públicos?

Los archivos son de diferente tipo, y por lo tanto, se encuentran en diversos lugares. Así, los diarios de esa época se encuentran en la Biblioteca Nacional, y los historiadores y los periodistas pueden acceder a ellos rápidamente. Pero la administración francesa produce gran cantidad de papeleo, una parte del cual se encuentra en los Archivos. El ejército no escapa a esa regla. Al general Paul Aussaresses le gustaba decir que había un “talonario”, un cuaderno numerado donde cada página estaba seguida por tres copias; día tras día, Aussaresses detallaba sus actividades, guardaba una copia y distribuía las otras a diferentes destinatarios, entre ellos Massu. Sería sorprendente que esas copias no hayan sido archivadas. ¿Pero dónde encontrarlas? ¿En los archivos de Aussaresses o de Massu? No sabemos qué contienen porque se mantuvieron en manos privadas, lo cual es escandaloso: son documentos profesionales y no personales, deberían volver al patrimonio público, como ya lo propuso en 1996 un informe encargado por el gobierno de Alain Juppé:

Los archivos producidos por las autoridades políticas (presidente de la República, miembros del gobierno o ejecutivos locales) y por sus gabinetes en el ejercicio de sus funciones públicas tienen carácter público, al igual que los archivos de los responsables de la administración, del ejército y de la diplomacia.

Si Aussaresses no mintió, quedan dos ejemplares de esos registros. Resta saber dónde están, y si les estamparon el sello de “secreto” o no. Si esos papeles no fueron destruidos, contienen elementos precisos sobre los detenidos y las decisiones tomadas en relación a ellos: el general Aussaresses dijo que todas las mañanas decidía con Massu el destino de cada uno de ellos, y es lo que anotaba en su “talonario”.

Maurice Audin y la razón de Estado

En el caso de Maurice Audin, la consulta de los archivos nacionales no aporta mucho. En los archivos de la presidencia de la época del general de Gaulle encontramos una nota de cuatro páginas con fecha 4 de agosto de 1960, e incluso varias versiones sucesivas de esa nota, seguramente redactada por pedido del general en relación al caso Audin, un caso del que se hablaba más de lo que al general probablemente le gustaba.

Basta con leer las páginas 3 y 4 de esa nota para comprender lo que es la razón de estado. Al presidente le explican bien la alternativa: castigar a los culpables del homicidio de Audin, o demorar la instrucción para no cargarles a los militares la responsabilidad de los poderes públicos:

No se necesitan archivos para saber qué opción se eligió: la información fue “lentificada”.

Una promesa del presidente que no generó ningún efecto

El 13 de septiembre de 2018, el presidente francés Emmanuel Macron visitaba a Josette Audin para entregarle una declaración oficial publicada en el sitio web del palacio del Elíseo. Allí describe el denominado sistema de “arresto-detención” implementado durante la guerra de Argelia: arresto arbitrario, tortura, ejecución sumaria. Allí reconoce que Maurice Audin fue víctima de ese sistema como muchos otros, sin poder decir si fue asesinado durante una sesión de tortura o ejecutado posteriormente. Allí anuncia la apertura de los archivos relativos a todos los desaparecidos de la guerra de Argelia. Incluso señala que se trata de desaparecidos civiles y militares, tanto franceses como argelinos. Para los archivistas, el trabajo será colosal: identificar los archivos relevantes y ponerlos a disposición del público.

Un año después, el 20 de septiembre de 2019, durante una jornada de estudio organizada en la Asamblea Nacional sobre el tema Los desaparecidos de la guerra de Argelia a causa de las fuerzas del orden francesas, Jean-Charles Bedague, del Servicio Interministerial de los Archivos de Francia (el SIAF), anunciaba las declaraciones del presidente de la república se aplicarían “dentro de poco”. Unos días antes se había publicado un decreto, pero solo concernía el caso de Maurice Audin. Solo se necesitaba tener confianza: se había creado un sitio web de búsqueda de los archivos que próximamente sería alimentado con contenidos.

Sin embargo, desde diciembre de 2019, es forzoso constatar que sucedió lo contrario. La Secretaría General de Defensa Nacional y Seguridad (SGDSN) hace caso omiso de las declaraciones presidenciales y aprieta las tuercas reactivando el artículo 63 de la Instrucción General Interministerial IGI-1300 adoptada en 2011, un texto no debatido y superior a la ley discutida de 2008, que disponía que “los documentos de archivos públicos son por principio libremente comunicables a cualquier persona que así lo solicitara”. Y no es la nueva versión del IG1300, publicada en el Journal officiel del 15 de noviembre, la que cambiará la situación.

Dos archivistas apartados

Así que los archivos vuelven a cerrarse, porque las intimidaciones respecto a su publicación surten efecto: así, divulgadores y archivistas son amenazados con diversas penas, todos potencialmente acusados de exponer información sensible. Para reforzar su control, en 2020 el SGDSN exigió que los documentos “confidencial”, “secreto” y “muy secreto” estuvieran desclasificados página por página antes de su consulta. Se trata de un trabajo titánico que desalienta cualquier intención de abrir esos archivos, y hasta podría incluir los archivos que ya fueron consultados, e incluso publicados. Eso es lo que justifica las acciones conducidas contra esta IGI 1300 contraria a la ley: se publicaron columnas periodísticas, peticiones, se hicieron apelaciones en el Consejo de Estado de parte de asociaciones de historiadores y de archivistas, entre otras, del Collectif secret défense, un enjeu démocratique (Colectivo Secreto de Defensa, una cuestión democrática).

En cuanto a los archivos privados de Josette Audin, fueron depositados en la biblioteca museo La Contemporánea y ya pueden consultarse, porque en este caso el SGDSN no tiene que pronunciarse.

Con los acontecimientos del 17 de octubre de 1961, la guerra de Argelia irrumpió brutalmente en Francia. Ese día, en París, los argelinos, provenientes de los barrios populares por iniciativa del FLN, querían protestar pacíficamente contra la represión que los afectaba. El desfile se transformó en un baño de sangre: decenas de manifestantes fueron ejecutados y sus cuerpos arrojados al Sena, bajo las órdenes del prefecto Maurice Papon, el mismo que había aplicado –e incluso sobrepasado– las órdenes de arrasar a la población judía de Burdeos a partir de 1942.

Los archivos de esa matanza estuvieron bajo llave durante décadas. El historiador Jean-Luc Einaudi, a quien le impidieron acceder a ellos so pretexto de que no era un universitario, recogió sin embargo bastantes elementos por fuera de las instituciones y publicó La bataille de Paris (La batalla de París) (Seuil, 1991). En 1999, luego de haber sido enjuiciado por su papel en la colaboración y la deportación de los judíos, Maurice Papon demandó a Jean-Luc Einaudi por difamación. Entonces entraron en escena los archivistas Brigitte Lainé y Philippe Grand, que como informantes revelaron las pruebas de la masacre. Lainé era conservadora en jefe en los Archivos de Francia. En los Archivos de París, Lainé estaba a cargo, junto con su colega y amigo Philippe Grand, de los archivos judiciales. Ellos examinaron los archivos que van de septiembre a diciembre de 1961. En febrero de 1999, Lainé brindó testimonio a favor de Jean-Luc Einaudi contra el derecho de reserva que se le imponía: “Desde el mes de septiembre hay una constante en la puesta en escena de la muerte: una mayoría de ahogados encontrados en el Sena o en los canales parisinos, con las manos atadas o con rastros de estrangulación o de balas.”

Maurice Papon perdió su juicio contra Jean-Luc Einaudi, pero los archivistas y el acceso a los archivos no salieron indemnes de la prueba. Brigitte Lainé y Philippe Grand fueron perseguidos por sus superiores, descendidos de categoría, los apartaron, les prohibieron el contacto con el público y sus expedientes fueron confiscados. Fueron rechazados por una parte de sus colegas, también dispuestos a condenarlos a través de una petición ante Catherine Trautman, ministra de cultura del gobierno de Jospin (1997-2002).

En marzo de 2003, el Tribunal Administrativo de París reconoció que había habido sanciones disciplinarias disimuladas contra Brigitte Lainé y Philippe Grand, y anuló las notas de servicio. Una sentencia sin efecto. En marzo de 2004, el mismo tribunal le exigió a la alcaldía de París ejecutar la sentencia. Sin resultado. Ambos archivistas se jubilaron en la indiferencia y el oprobio por haber roto el “secreto” de los archivos de la guerra de Argelia. Brigitte Lainé murió el 2 de noviembre de 2018 sin haber sido reivindicada.

Otros puntos ciegos de la historia reciente

La guerra de Argelia no es el único punto ciego de los archivos en Francia. Los de la Segunda Guerra Mundial, en particular de la colaboración, permanecieron inaccesibles durante mucho tiempo, hasta la ley de 2008. La historia de ese período negro se escribía entonces fuera de Francia, desde los Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania. Ahora están abiertos.

Los archivos de la (des)colonización o de la “Françafrique” (“franciáfrica”) siguen siendo ultrasensibles. Además de la desaparición de Maurice Audin y de la masacre del 17 de octubre de 1961, la mitad de los doce casos reunidos en el Colectivo Secreto de Defensa se relacionan más o menos con ellos: masacre de tiradores senegaleses en Thiaroye, Senegal, en 1944; masacres de Sétif, Guelma y Kherrata en 1945; secuestro y asesinato de Mehdi Ben Barka el 29 de octubre de 1965 en París; asesinato de Henri Curiel el 4 de mayo de 1978, en París; desaparición del magistrado Bernard Borrel el 18 de octubre de 1995 en Yibuti; el papel de Francia en el genocidio de los tutsis en Ruanda, en la primavera de 1994; e incluso el asesinato de los periodistas Ghislaine Dupont y Claude Verlon en Mali, el 2 de noviembre de 2013.

Para todos esos “expedientes”, los historiadores, las familias, los jueces, los archivistas involucrados en la búsqueda de la verdad se topan –a pesar de los plazos en principio acortados– con el secreto de defensa. Y con las mil y una formas de negar o de sabotear la comunicación de los documentos: archivos expurgados en los cuales algunos pasajes enteros fueron recubiertos con una espesa tinta negra que los volvió ilegibles; plazos de consulta de geometría variable sin justificación; identificaciones incorrectas de los archivos; dispersión en diversas administraciones, o incluso ignorancia lisa y llana de la autoridad que los requiere. En 1981, uno de los miembros del gabinete de Gaston Defferre, en ese entonces ministro de Interior, solicitó ante el Servicio de Documentación Exterior y de Contraespionaje (SDECE) que se le comunicara el expediente de Henri Curiel. En una primera reunión le entregaron una fina carpeta con tres hojas y apenas unas líneas. El solicitante protestó. Durante su segunda convocatoria, la pieza adonde lo hicieron entrar estaba repleta de expedientes sin clasificar ni etiqueta: una selva impracticable.

Sin embargo, a veces la justicia les da la razón a los más obstinados. El 12 de junio de 2020, el Consejo de Estado respaldó al investigador François Graner en su demanda de acceso a los archivos del presidente François Mitterrand depositados en los Archivos Nacionales cuando estaba en funciones, en particular los de la primavera de 1994, cuando se perpetró el genocidio de los tutsis de Ruanda por los hutus que detentaban el poder. Pero la administración rechazaba sistemáticamente al investigador. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia Administrativa decidió que “la protección de los secretos del Estado debía sopesarse con el interés de informar al público sobre estos acontecimientos históricos”. Y en ese caso preciso, ese interés de informar era superior al secreto. Fue una decisión que creó jurisprudencia, abriendo un camino que podría conducir a Francia a seguir el ejemplo de otras democracias. Al igual que en los Estados Unidos, donde el plazo para la divulgación de los registros del gobierno federal es de diez años. Puede incluso reducirse aún más si se considera que la transparencia es más importante para la democracia que el secreto. Esto explica por qué, para entender los entresijos de la desaparición de su marido y padre, la familia de Maurice Audin tuvo que hacer el desvío a los Estados Unidos.

Traducido por Ignacio Mackinze.

Sylvie Braibant es historiadora, periodista, ex redactora en jefe de TV5 Monde. Pierre Audin es hijo de Josette y Maurice Audin.

Notas

Aquí puedes leer el texto original en francés.

La inclusión de Iglesias en la comisión delegada de Inteligencia reconoce su peso político dentro del Gobierno de coalición a pesar de que su departamento —Derechos Sociales y Agenda 2030— no tiene competencias relacionadas con riesgos o amenazas que afecten a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones, que son precisamente los asuntos sobre los que focaliza su trabajo el CNI. Y extiende su presencia en órganos clave del funcionamiento del Ejecutivo, algunos formales y otros informales, de acuerdo con el diseño de coordinación con el que los socios de Gobierno quieren garantizar el correcto funcionamiento de los ministerios y minimizar el riesgo de discrepancias.

La de Inteligencia es una de las siete comisiones delegadas que integran los órganos colegiados del Ejecutivo, una lista de la que forman parte también la de asuntos Económicos, la de Política Científica, la de Igualdad, la de Asuntos Culturales, la de Asuntos Migratorios y la de Seguridad Nacional. En todas ellas tienen su sitio departamentos del Gobierno bajo la responsabilidad de Unidas Podemos, con la única excepción de la de Seguridad Nacional.

Para que Iglesias pueda sentarse en la comisión no será necesaria ninguna reforma legislativa. Al Gobierno le bastará actualizar el decreto que regula su composición, algo que según algunos medios tendrá lugar en el Consejo de Ministros de este martes.

En la comisión delegada tenían asiento hasta ahora cinco miembros del Gobierno: Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de la Presidencia, que la preside, y los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía (Arancha González Laya, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Nadia Calviño). La entrada de Iglesias ampliará a seis la lista de miembros del Ejecutivo presentes en este órgano.

También acuden a las reuniones —además de la directora del centro, la recién nombrada Paz Esteban,nombrada que interviene en calidad de secretaria— otros dos altos cargos: Iván Redondo, director del Gabinete y principal asesor estratégico de Pedro Sánchez, y Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Grande-Marlaska.

Iglesias siempre ha mostrado interés en el CNI. En el año 2016, y anticipando una negociación con el PSOE que después no se produjo, reclamó para Podemos una vicepresidencia de la que dependiese este organismo. La formación morada en general y su líder en particular no ocultan sus suspicacias sobre los servicios de inteligencia del Estado —no sólo el CNI, también los de la Policía y la Guardia Civil— a la vista de las evidencias que apuntan a la utilización de funcionarios públicos, durante la etapa de Mariano Rajoy, para fabricar pruebas contra ellos que desacreditasen sus propuestas políticas y laminasen sus posibilidad de llegar a formar parte del Gobierno.

La Directiva de Inteligencia

Ahora tendrá la oportunidad de contribuir a fijar las tareas del centro y a conocer de primera mano su trabajo. Entre las misiones de la comisión en la que estará el líder de Unidas Podemos está velar “por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado” —incluidos los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos de la Administración civil y militar— y proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del CNI que han de integrar la llamada Directiva de Inteligencia. Como miembro del Gobierno e igual que el resto de los ministros, Iglesias ya tenía acceso a esa directiva, que tiene carácter secreto, porque es el Ejecutivo el que tiene que aprobarla cada año.

En cualquier caso, el CNI tiene capacidad para trasladar al presidente del Gobierno —sin pasar por la comisión delegada— las informaciones, análisis, estudios o propuestas necesarios para “prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.

En el Congreso de los Diputados existe además una comisión, presidida por Meritxell Batet y con presencia de los portavoces de todos los grupos —lo que incluye a Unidas Podemos—, cuya misión es también conocer “de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, elaborará el director del CNI de evaluación de actividades, situación y grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el período anterior”.

Esta comisión parlamentaria tiene acceso al conocimiento de materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales, de ahí que sus miembros estén obligados a guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban.

Los nombres clave de la comisión de inteligencia del Gobierno serán, pues, Carmen Calvo, Pablo Iglesias e Iván Redondo. Los tres acuden también a la reunión semanal que cada lunes repasa agendas y fija prioridades en la Moncloa —conocida como la reunión “de maitines”— bajo la presidencia de Pedro Sánchez. En ella también participan los ministros José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, y Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, además de Adriana Lastra, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, y Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Unidas Podemos y director de Comunicación de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda.

Lastra, Redondo, Oliver, Del Olmo y dos altos cargos de absoluta confianza de Calvo son también el eje sobre el que pivota la recién constituida comisión de coordinación PSOE-Unidas-Podemos creada para tratar de resolver las discrepancias que puedan surgir en la acción de Gobierno.

A este entramado de órganos compartidos hay que sumar un elemento más de coordinación que, en opinión de miembros del Gobierno con los que ha hablado infoLibre, ha resultado decisivo en las primeras semanas de funcionamiento de la coalición: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantienen "un contacto constante y muy fluido", en persona, por teléfono y mediante mensajes de texto, que sirve para poner en común posiciones, intercambiar puntos de vista, engrasar asuntos atascados o fijar prioridades que tienen mucho que ver con el quehacer diario de los diferentes ministerios.

La actividad de cada departamento, más aún en un Gobierno de coalición pero también en uno monocolor, no se realiza de forma aislada sino que en muchas ocasiones afecta a otros ministerios. Resolver esos solapamientos exige un contacto constante que Sánchez e Iglesias tratan de resolver con el objetivo de que el trabajo de los ministros, que tiene como guía el pacto PSOE-UP, pueda avanzar.

Al frente del CNI, que depende del Ministerio de Defensa, el Gobierno ha situado a Paz Esteban (Madrid, 1958), que ya era su directora desde que en julio de 2019 el general Félix Sanz pasó a la reserva y que acumula 30 años de trabajo en el organismo. En su toma de posesión Esteban asumió la tarea de “liderar el proyecto de transformación digital” del centro, “que no se limitará a la transformación tecnológica y afectará a todos los sectores de actividad del servicio”. “Queremos dar un salto cualitativo que incrementará nuestra eficacia en un entorno de seguridad que cada vez es más complejo y que nos exige nuevas respuestas que pongan en valor la Inteligencia al servicio del Estado”, añadió.

El PP y Ciudadanos están dispuestos a seguir facilitando la entrada de Vox en los distintos órganos parlamentarios y también en el único autorizado para acceder a secretos oficiales, pero, dada la actual composición del Congreso, los votos del PSOE serán imprescindibles para garantizar la entrada de los de Santiago Abascal en este selecto club. Informa Europa Press.

Cada vez que se inicia una legislatura, el Pleno del Congreso tiene que elegir a los diputados a los que autoriza para formar parte de la Comisión de Gastos Reservados, el órgano con acceso a los secretos de Estado y que controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los componentes se designan mediante una votación secreta con papeleta y urna y, para ser elegido, se necesita el apoyo mínimo de tres quintos de la Cámara –al menos 210 votos–, es decir, es necesario llegar a acuerdos entre los grupos parlamentarios para poder obtener el respaldo mínimo.

"Harán lo imposible por vetarnos"

La tradición es que los elegidos sean los portavoces de cada grupo parlamentario, pero el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, da por hecho que los socialistas "harán lo imposible" para impedir su entrada en la comisión de gastos reservados de la Cámara.

"Hicieron lo imposible por mandarnos al sitio del hemiciclo donde menos se nos viera, han hecho lo imposible porque no estemos en prácticamente ninguna mesa de comisión y en la de secretos intentarán exactamente lo mismo", ha asegurado, en declaraciones a Europa Press.

Los de Abascal lograron sortear el veto del PSOE a Vox en las mesas de las comisiones con un acuerdo con el PP y Ciudadanos. A las tres formaciones les bastó unir sus votos para conseguir que las candidatas de Vox se hicieran con tres vicepresidencias y una secretaría, y derrotaran a los aspirantes que el PSOE había propuesto para esos puestos.

Cs apela a "la costumbre"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, por su parte, recuerda que la costumbre parlamentaria es dar representación a todos los grupos en la comisión que trata sobre los asuntos clasificados, incluidos los de carácter nacionalista.

El PNV siempre ha formado parte de la misma y ERC se estrenó en 2004, cuando por primera vez tuvo grupo propio en el Congreso. Después, en 2011 los independentistas volvieron al Grupo Mixto y el PP, que entonces tenía mayoría absoluta, les vetó alegando que podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna.

En la legislatura siguiente, ERC volvió a tener grupo propio y el PP no puso pegas a la elección de su entonces portavoz, Joan Tardà, como tampoco vetó al diputado de la antigua Convergència Jordi Xuclà, que fue el candidato propuesto por el Grupo Mixto.

Los independentistas fueron vetados pero entraron

Los que no respaldaron a ninguno de los dos fueron los diputados de Ciudadanos, que está por ver qué harán ahora que ERC vuelve a tener su propio grupo, con Gabriel Rufián de portavoz, y que Junts es el partido con más escaños del Mixto.

Conservadores y naranjas se muestran dispuestos a contribuir a la entrada de Vox, pero no podrán repetir la operación que pusieron en marcha para situarles en mesas de comisión porque entre los tres no llegan a los 210 votos y necesitan forzosamente el apoyo del PSOE.

¿Y si el australiano Julian Assange fuera el pirata más grandioso de lo que llevamos de siglo XXI, el capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera? Lo digo, que conste, como un elogio. Me identifico con los versos que Robert Louis Stevenson escribió al comienzo de La Isla del Tesoro: “Ojalá yo pueda dormir el sueño eterno con todos mis piratas. Junto a la tumba donde se pudren ellos y sus quimeras”.

Assange no trabaja para ningún partido o gobierno, para ningún cuerpo policial o servicio de espionaje, para ningún tipo de institución de los Estados reconocidos por eso que se ha dado en llamar la comunidad internacional. Tampoco lo hace para ningún medio de comunicación de los que se consideran respetables o para ninguna de las empresas registradas en Wall Street, Bruselas o Hong Kong. Él va por libre, tanto que, perseguido por las autoridades de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, tan solo encontró refugio en ¡la embajada de Ecuador en Londres! Y eso, ya lo sabemos, de modo francamente precario y temporal, al albur del posible cambio de criterio del que terminara sucediendo a Rafael Correa en la presidencia ecuatoriana.

Assange no roba doblones, joyas o lingotes de oro, no saquea los cofres de los buques fletados por los Estados o las compañías de Indias de este tercer milenio de la era cristiana. Lo que él les roba es uno de los mayores tesoros de nuestro tiempo, si no el mayor: la información privilegiada y confidencial depositada bajo siete llaves en sus sistemas informáticos. Les birla sus secretos más inconfesables, y, en un gesto emparentado con el de los bandidos románticos que desplumaban a los ricos para repartir entre los pobres, regala su botín a todo el mundo, para que nadie pueda decir que ignora cómo se las gastan los amos del universo y sus leales capataces.

Es normal que a Assange le odien casi todos los que van al trabajo en un coche oficial o de empresa con un amable chófer al volante. “¡Es un iluminado!”, dicen de él. Y lo es, evidentemente. Como lo eran los piratas históricos Edward Thatch (Barbanegra), El Olonés, Henry Morgan, Exquemelin y la Dama de Clisson. Como lo son los piratas literarios Long John Silver y Sandokán. Como todos ellos, Assange no tiene otro dios, otra patria, otro rey que su propia causa. A esa causa él la llama transparencia.

Indudablemente, Assange no es un personaje angélico, todo virtudes, vicios ninguno. Ningún pirata, real o literario, es angélico. Si lo fuera, no despertaría la admiración de tantos de los que nos negamos a traicionar nuestra infancia. Lo angélico resulta plano, previsible, aburrido. Lo que nos atrae del pirata es, precisamente, su lado oscuro, que le guste el ron, el sexo y los juramentos, que sea capaz de arriar la bandera de las tibias y la calavera –la conocida como Jolly Roger- e izar una de conveniencia si en ello le va la vida, que pacte con el enemigo para salvar su propio pellejo, reservándose el derecho a romper ese pacto en cualquier momento. El pirata no aspira a la santidad.

“Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad; mi ley, la fuerza y el viento; mi única patria, la mar”, escribió Espronceda en La canción del pirata. Sí, el pirata es, ante todo, un libertario, un partidario de la libertad. De la suya, para empezar. De la de sus compañeros de aventura, además. No es casualidad que el negro sea tanto el color de la Jolly Roger como de la bandera anarquista. Aparte de la Ucrania de Néstor Majnó y la Barcelona y el Aragón de Buenaventura Durruti, lo más cerca que ha estado la humanidad de la acracia es la Isla de la Tortuga.

Pero en esta Edad Media de alta tecnología en la que vivimos la libertad está reservada para los señores feudales de la globalización. Ellos pueden ir donde quieran en sus aviones privados, ellos pueden llevar sus capitales, sus fábricas y sus mercancías allá donde les resulte más provechoso, ellos pueden tener sus domicilios fiscales en el paraíso que les cobre menos. Para los demás, nuevos siervos de la gleba, el valor supremo es la seguridad. Se nos vigila, se nos multa, se nos aporrea, se nos obliga a hacer cola, se nos trata como ganado por nuestra propia seguridad. Si Estados Unidos espía nuestras comunicaciones electrónicas, si invade tal o cual país –anteayer Vietnam, ayer Irak y Afganistán, mañana quizá Venezuela-, si se reserva el derecho a secuestrar, torturar y encerrar en el gulag de Guantánamo a cualquiera que le parezca peligroso para sus intereses nacionales, es, no osemos dudarlo, por nuestra propia seguridad. Para que no tengamos miedo de ir con nuestros hijos a un McDonald´s.

A Assange y a unos cuantos más –la soldado Chelsea Manning, los de WikiLeaks, Edward Snowden, Anonymous, Falciani…- semejante doble rasero les parece tan inicuo como el que, entre los siglos XVI y XVIII, permitía a los reinos de Europa emplear corsarios para desvalijar a sus rivales, pero colgaba de lo alto de un mástil a los bucaneros, piratas y filibusteros que iban por libre. Así que esos indignados se pusieron a hacer con los ordenadores del imperio de las barras y estrellas, y con los de algunos de los bancos y bufetes de abogados favoritos de los multimillonarios, lo mismo que la NSA, la CIA y supongo que las cloacas del Estado español hacen con los nuestros: destriparlos, jaquearlos, piratearlos. Husmearon en las tripas informáticas del poder y descubrieron cosas muy feas. Tan feas como ametrallar a sangre fría, desde un helicóptero Apache del Ejército estadounidense, a un grupo de civiles en Bagdad, matando a una docena de ellos, incluidos unos reporteros de Reuters.

Daños colaterales: esto es lo que somos el común de los mortales si tenemos la mala suerte de cruzarnos en el camino de alguna bala o alguna bomba disparada por los que detentan el monopolio de la violencia en nuestro nombre y, por supuesto, en aras de nuestra seguridad. También podrían llamarlo tiro al pichón. No por ser consentida, la servidumbre deja ser servidumbre, señaló, ya en el siglo XVI, Étienne de La Boétie. El miedo es, sin duda, una motivación muy poderosa, capaz de desvanecer de un plumazo el deseo de ser libre y de que se respete tu dignidad.

Y es que para ser pirata hay que tener bastante valor. El pirata no lleva la vida fácil, cómoda, exenta de riesgos de un tripudo banquero de Ámsterdam. El pirata sabe que los Estados y las compañías de Indias han puesto precio a su cabeza y andan buscándolo con ahínco por todos y cada uno de los siete mares. Sabe que su existencia va a ser más corta que la del común de los mortales, que su cita con la soga es ineludible. Nadie escapa mucho tiempo al largo y poderoso brazo de la ley. Y aún así, él o ella prefiere la independencia azarosa a la servidumbre tranquila. Opta por una vida corta, intensa y libre. Con un par de ovarios.

El pirata es individualista, faltaría más. Aunque no misántropo. No desdeña la compañía de otros seres humanos desarraigados, exiliados, perseguidos. Forja con sus compañeros de peripecias una fraternidad, que puede llamarse, por ejemplo, la Cofradía de Los Hermanos de la Costa, aquella que en el siglo XVII practicaba en la caribeña Isla de la Tortuga los principios de propiedad colectiva, respeto a la libertad individual y no discriminación por razones de nacionalidad o religión. O como la del capitán Misson, fundador en la isla de Madagascar de una república de piratas llamada Libertatia, donde se hablaba una especie de esperanto y que, 50 años antes de la Revolución Francesa, se regía ya por los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

El navío TransparenciaTransparencia

Dicen sus muchísimos detractores que Julian Assange es narcisista. Sí, claro. Tan narcisista como el Jack Sparrow interpretado por Johnny Depp en la serie cinematográfica Piratas del Caribe. (Por cierto, me resulta esperanzador que una multinacional tan paniaguada como Disney recurra al viejo tema de la piratería para hacer caja en pleno siglo XXI; veo en ello una prueba de que no todo está perdido, de que los niños y adolescentes no han olvidado “la maravilla del viejo gusto” de la que habló Stevenson, de que les siguen haciendo tilín las historias de hombres y mujeres rebeldes). Tan narcisista como el Long John Silver de Stevenson o el Sandokán de Salgari. ¿Y qué más da?

El capitán pirata -“el viejo truhán con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo” cantando maravillosamente por Sabina- está tan pagado de sí mismo como el político que sueña con ser presidente de su país o el hombre de negocios que brinda con el mejor champán francés cuando su compañía sale a Bolsa. No acabo de entender muy bien por qué al que pide nuestro voto o intenta arrebatarnos nuestros ahorros nunca se le reprocha su vanidad, pero siempre se hace de oficio con aquel o aquella que rompe las reglas del juego. O mejor dicho, sí lo entiendo: las reglas del juego están podridas de doble rasero.

Al mando de su navío, el capitán pirata puede ser narcisista, pero no necesariamente egoísta e insolidario. Si es menester, arriesga su libertad y hasta su vida para rescatar a los compañeros que han sido apresados por las autoridades y van a ser ahorcados por orden del gobernador inglés en Port Royal. Que yo sepa, Assange, capitán de ese navío que llama Transparencia, jamás ha traicionado a sus fuentes. Y puedo imaginarme que la soldado Manning está ahora pasando las de Caín por su negativa a testificar contra el fundador de WikiLeaks.

Según la prensa, Washington exige que Londres le conceda con la mayor prontitud la extradición de Assange, al que acusa del delito de “conspiración”. Me deja perplejo este cargo. No sé lo que significa exactamente en la legislación del imperio, pero sé que en mi lengua conspirar es “unirse contra su superior o soberano; unirse contra un particular para hacerle daño; concurrir a un mismo fin; convocar a alguien en su favor”. O sea, lo que hacen los políticos que quieren derrocar a un presidente para ponerse en su lugar, lo que hacen los banqueros y empresarios para zancadillear a un competidor y colocar sus productos en el mercado de modo preferente. Lo que unos y otros hacen a diario, en esos almuerzos y cenas de trabajo a los que son conducidos por sus chóferes en coches Lexus o Mercedes, y me atrevería a añadir que en casi todos los de placer. Quizá es que lo suyo solo sea brainstorming.

La conspiración es una compañera de la humanidad desde los tiempos de las cavernas. Sin ella jamás habríamos conocido el menor cambio. Así que le rogaría a las autoridades estadounidenses que fueran serias. Supongo que lo que le reprochan a Assange no es el hecho de conspirar, sino el objetivo de su conspiración. En este caso, dar a conocer los métodos sucios, trapaceros y hasta criminales con los que quieren prolongar su hegemonía. Y el escaso respeto que les merecen sus vasallos, el principal descubrimiento de la filtración de los papeles del Departamento de Estado de 2010.

El mar de Berbería de Assange es global: el planeta Tierra, su ciberespacio y los satélites artificiales que orbitan en torno a él. A él no lo conozco personalmente, pero al enterarme de la noticia de su detención en la embajada ecuatoriana en Londres me apeteció releer lo que dice Jim Hawkings al final de La Isla del Tesoro: “De Silver jamás volvimos a saber ni una palabra. Aquel formidable marino de una sola pierna, desapareció de mi vida. Supongo que se reuniría con su mulata y que vivirá junto a ella y su inseparable loro. Ojalá sea así, porque si en esta vida no le es permitido algún disfrute, mucho me temo que sus posibilidades de gozo en la otra son harto escasas”.

Ojalá Assange logre escapar de las mazmorras de Su Majestad Británica y pueda terminar sus días con su mulata y su loro.

*Este artículo está publicado en el número de mayo de tintaLibre. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí