La céntrica plaza de Pedro Zerolo, en Chueca, albergará de forma permanente la bandera arcoíris, símbolo de las personas LGTBI, así como también un monumento a las personas de este colectivo que "han sido perseguidas" a lo largo del tiempo, informa Europa Press.

Así lo ha aprobado este martes el Pleno de Cibeles, a iniciativa de Ciudadanos, con el 'sí' de todos los grupos a excepción de Vox, que se ha abstenido. La moción de los 'naranjas' incluía tres apartados, reclamar a estados miembros de la Unión Europea reconocer a parejas LGTBI, condenar la marcha neonazi de Chueca del pasado 18 de septiembre y colocar una bandera arcoíris en Pedro Zerolo.

Ha sido el PSOE quien ha añadido, a través de una enmienda, que además de la bandera se coloque un monumento. Más Madrid, PSOE, Cs y Grupo Mixto han votado a favor de todos los puntos. Vox se ha abstenido en la bandera y ha negado el reconocimiento a parejas y matrimonios LGTBI en la Unión Europea. PP, a favor de todos salvo en reconocer a parejas de hecho LGTBI, donde se ha abstenido.

La concejala Sonia Cea (PP) ha explicado que los 'populares' tanto en Bruselas como en este Pleno se abstienen en este reconocimiento a matrimonios igualitarios en toda Europa "por la honestidad política de no votar lo que es imposible". "Hemos dejado bastante claro dónde estamos. La pregunta es dónde está la izquierda cuando se persigue a personas LGTBI en Venezuela. La pregunta no es dónde está el PP, sino dónde están ustedes, y con quién están", ha lanzado a la izquierda.

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, proponente de la iniciativa, ha abogado por que "todos los ciudadanos puedan vivir de la misma manera en cualquier país de Europa" y que "sus hijos sean reconocidos".

Sobre Madrid ha señalado que "es una de las ciudades donde más se reconocen y donde más se viven" los derechos LGTBI. "Tengo muchos amigos que salieron de sus pueblos para salir del armario. Esto tiene que promover que saquemos estos debates y que saquemos lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando en Polonia, en Hungría?", ha requerido a continuación.

En este punto ha pedido a la Corporación ponerse del lado "de la Unión Europea, de esas parejas y que se respete el derecho de la familia sea la familia que sea".

La concejala Aránzazu Cabello ha insistido en que Vox quiere "que se aplique el artículo 14 de la Constitución, donde no se puede insultar a nadie", puesto que "hay que respetar a las personas por lo que son". "No estamos de acuerdo con la ideología de género, porque sabemos que se produce una discriminación a otros por dar una discriminación positiva", ha añadido.

También ha cargado contra "los lobbies que ejercen de grupos de presión y se hacen representantes por una ideología que no comparten todos los LGTBI". Además, ha negado, tras hablar con compañeros de su partido en la Unión Europea, que en Polonia se estén estableciendo "zonas libres de LGTB".

Alegato "con sabor amargo"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, ha reprochado a la vicealcaldesa que su "sentido alegato a favor del colectivo LGTBI tiene el sabor amargo de quien quiere mandar y no le dejan".

Le ha recomendado que "si se quiere diferenciar de PP y Vox en este sentido, lo tiene fácil", y es pedir a PP y Vox que "se sumen a la lucha". "Exíjalo... de eso se trata... de jugárselo por lo que usted cree. Bienvenida a esta lucha, pero póngase a la cola y no mantenga un gobierno que se sostiene con una formación hostil", ha lanzado.

El centro de crisis 24 horas para la atención a víctimas de violencia sexual atendió a 406 mujeres en 2020 y a 222 en el primer trimestre de este año, informa Europa Press.

Ante esto, la concejala de Más Madrid, Carolina Pulido, ha mostrado su temor a que no se abran en la capital los ocho centros de crisis 24 horas comprometidos en el Pleno de Cibeles del verano de 2018.

La directora de Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento, Ana Fernández Izquierdo, ha apuntado en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social a la capacidad del único abierto en Madrid, en 2019, tres meses antes de la declaración del primer estado de alarma, y a que podrán contar con el futuro centro de estas características que abrirá la Comunidad antes de que finalice el año en la ciudad.

Pulido ha llamado la atención sobre los últimos datos de Interior sobre criminalidad, que reflejan un aumento del 22,7% en los delitos contra la libertad y la identidad sexual.

En el acuerdo plenario, con el apoyo de todos los grupos políticos menos Vox, se aprobó crear partidas presupuestarias estables que permitieran abrir ocho centros de crisis 24 horas, un número con el que se cumplirían los estándares europeos, ha destacado la concejala de Más Madrid.

"Pero no han avanzado nada en las licitaciones cuando la necesidad es más que evidente", ha subrayado la edil. El único recurso de atención integral disponible hasta el momento "ha atendido a 222 mujeres sólo en el primer trimestre y 406 el año pasado y sin apenas publicitar el servicio a la ciudadanía".

Más Madrid ha reclamado los ocho centros comprometidos "para acercarlos a los distritos y que sean recursos de proximidad". "Tienen un presupuesto enorme, sin límite de gasto y con ayudas europeas para estos centros pero quiere que el Ministerio les financie el recurso ya existente", ha afeado la edil Carolina Pulido.

Sobre los centros aprobados en el Pleno, la directora de Igualdad ha contestado que "se considera oportuno que, con carácter previo a la apertura, se haga una evaluación previa del servicio", análisis que la dirección está realizando ya. "No es que no los vayamos a abrir", ha matizado, después de remarcar que las instalaciones actuales disponen de "la capacidad suficiente".

El Ayuntamiento de Madrid interpondrá una querella criminal ante los juzgados de instrucción para que se investiguen los crímenes del franquismo por delitos contra la humanidad porque, en palabras del tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, recogidas por Europa Press, "no puede haber víctimas de segunda".

La moción de urgencia, presentada por Ahora Madrid y PSOE, ha salido adelante con los votos de estas dos formaciones, el rechazo del PP y la abstención de Cs. También se ha aprobado la adhesión de Madrid a la Red de Municipios por el Acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo.

Ante asociaciones memorialistas, CeAQUA,  y familiares de las víctimas, algunos de ellos con imágenes de sus seres queridos, Valiente ha defendido que "todas" las víctimas de las agresiones contra los derechos humanos tienen "derecho a la verdad, la justicia y la reparación, independientemente de su opción ideológica, todas".

"Las víctimas del franquismo llevan demasiado tiempo esperando una política integral de reparación y memoria. Y Madrid, como ciudad de derechos, no puede ser indiferente, cuando las víctimas han visto demasiado tiempo las puertas cerradas de las instituciones", ha apuntado Mauricio Valiente, que ha apostillado que la ciudad "sufrió como pocas el embate del fascismo y la represión, que no fue una casualidad porque sus habitantes estuvieron a la vanguardia en contra del golpe y en la lucha por la libertad y la democracia".

El tercer teniente de alcalde ha subrayado que Madrid "no puede tolerar que torturadores como Billy el Niño sigan paseándose por sus calles mientras que sus víctimas siguen soportando el dolor y el vacío que la sociedad democrática no puede tolerar". "No puede haber víctimas de segunda clase" porque mientras están en el olvido "sufren una segunda victimización", ha dicho.

Valiente ha terminado su primera intervención parafraseando a Julia Conesa, una de las Trece Rosas, pidiendo que "no se borre la historia". "Se lo debemos a todas las víctimas que han luchado por la justicia", ha destacado, palabras que han sido coreadas con un "Sí se puede", por parte de las asociaciones memorialistas.

El concejal socialista Ramón Silva ha comenzado su intervención defendido que el PP "no puede impedir que la democracia avance, sí retrasarla", como hicieron con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 "intentando que no se abrieran las fosas y dejando a los asesinados en las cunetas" pero "las asociaciones no se conforman".

Silva ha reclamado "verdad, justicia y reparación" después de recordar la querella argentina, la primera de las 150 contra los crímenes del franquismo por genocidio y delitos de lesa humanidad. Con sus palabras no se ha olvidado ni de la "valiente jueza María Servini" ni el tesón de Asunción Mendieta, hija de uno de los republicanos represaliados, Timoteo Mendieta, quien consiguió exhumar los restos de su padre.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "claro" que irá al desfile del 12 de octubre que recorrerá el Paseo de la Castellana este jueves y ha señalado que se sigue trabajando en una declaración institucional unánime de cara al pleno extraordinario del próximo 16 de octubre.

"Claro, cómo no", ha contestado Carmena cuando ha sido preguntada sobre si acudirá al desfile del 12-O.

Tras la presentación del programa cultural Luna de Octubre, la alcaldesa ha indicado que se sigue trabajando en conseguir una declaración institucional unánime sobre las dos propuestas que dice que hay sobre la mesa porque el objetivo del pleno era precisamente ese, alcanzar un posicionamiento conjunto.

Preguntada por los motivos por los que ese pleno extraordinario sobre la unidad de España podría celebrarse el lunes 16, la regidora ha destacado que la fecha responde a "un acuerdo conjunto entre el PSOE y el partido que gobierna" pero que, en todo caso, esa decisión se toma en Junta de Portavoces, con todos los grupos, en la que ella no está.

Fuentes municipales han avanzado a Europa Press que Carmena estará acompañada en el desfile del 12 de Octubre por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, fue fotografiada este martes mientras hablaba por el teléfono móvil, sentada en el suelo y apoyada en uno de los muros de la parte trasera del hemiciclo, justo detrás de donde se sitúa su grupo. Mientras se producía esta imagen, el pleno trató asuntos como la posible instalación de radares en Chamberí o la defensa del proyecto de Puerta Norte de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

La plataforma Ganemos Madrid, que está al frente del Ayuntamiento de la capital, publicó en su cuenta de Twitter la foto, que se difundió rápidamente por la red y se convirtió en un fenómeno viral.

En el momento exacto en el que se tomó la fotografía, el concejal presidente del distrito centro, Jorge García Castaño, comparecía, a petición del grupo conservador, para dar cuenta de su gestión. 

Fuentes del PP del Ayuntamiento de Madrid señalaron que Aguirre recibió una llamada y abandonó su asiento para "no molestar". Sin embargo, según algunos medios, la portavoz del PP atendió la llamada del programa Es la mañana de Federico, programaEs la mañana de Federicode Jiménez Losantos, donde también fue entrevistada la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. 

Bravucón y desafiante. Así se mostró el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el pasado 10 de noviembre durante una conferencia de prensa. Acababa de trascender su imputación, por segunda vez, en el caso Nóos y convocó a los medios para decir que no dimitiría porque no había novedad alguna. “Entonces, ¿por qué convoca la rueda de prensa?”, inquirió un redactor. “¡Porque me da la gana! ¿Es suficiente respuesta o se la tengo que clarificar?”. El tono y la actitud saltaron a las portadas de los principales medios estatales. Grau se excusó. “Fue un calentón, estaba nervioso”.

Pero la longeva trayectoria de Grau, mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá, demuestran que su “calentón” no es un algo aislado, sino que forma parte de su esencia política. El grupo municipal de Compromís llegó a presentar una queja en el pleno exigiéndole buenos modales y un trato educado a sus concejales. Insultos, descalificaciones, exabruptos y tacos son los recursos estilísticos de Grau cuando la oposición le pregunta por cuestiones incómodas como Nóos, Emarsa o las facturas de la Gürtel.

Una actitud que tanto él como Rita Barberá, a la que le gusta hacerse llamar La Jefa, han convertido en marca de la casa. De hecho, la alcaldesa no suele contestar jamás a la oposición en los plenos y es habitual que busque amedrentar a los concejales incisivos con amenazas de querellas y medidas penales. Además, ha impuesto un férreo control sobre la información municipal bien por silencio o por omisión. Es habitual que las ruedas de prensa sobre asuntos espinosos se convoquen con apenas 15 minutos de antelación. Y si un periodista pone el dedo en la llaga se le califica de “demagogo” o de buscar “un debate político”.

Y no sólo periodistas y concejales. También activistas vecinales contrarios a la política del Ayuntamiento han recibido las iras de sus máximos representantes. Es el caso de los miembros de Salvem el Cabanyal, plataforma que se opone al derribo de 1.651 viviendas de alto valor histórico, algo que ha conseguido evitar tras varias sentencias a favor en los tribunales. “Son unos violentos”, insiste Barberá siempre que puede y les acusa de haberle agredido y escupido sin aportar denuncia o prueba alguna. “Son violentos porque me llevan a los tribunales”, ha llegado a decir. Y Alfonso Grau, encargado personalmente de la ejecución del plan en el barrio marinero, acusó públicamente al líder vecinal Faustino Villora de comprar casas a bajo precio para especular. Todo ello sin pruebas y atribuyéndole inmuebles que son propiedad de otros vecinos.

infoLibre ha realizado una selección de algunos de los instantes de mayor vehemencia de ambos políticos y que confirman como la arrogancia, el insulto y la amenaza son ingredientes principales de su método político.

Existen tres niveles por los que se abren las vías a la participación ciudadana en el poder público, según Tomás Alberich, del Área de Investigación de la Red-CIMS (Madrid). El primero de ellos es poner información a disposición del ciudadano. Información sobre cualquier actuación pública, sus alternativas, sus consecuencias. El segundo nivel lo conforman la consulta y el debate. En él, los afectados por la actuación pública –ya sea una ley o cualquier otra acción– dan su opinión, realizan sugerencias o proponen alternativas y se mantienen en contacto con y sus representantes.

El tercer nivel consiste en una gestión compartida del poder, en una toma conjunta de decisiones entre el ciudadano y el político. Es el nivel deseado de participación ciudadana que persiguen últimamente los parlamentarios autonómicos españoles.

El socialista Manuel Gracia, presidente del Parlamento de Andalucía, anunció la semana pasada que los ciudadanos andaluces podrán presentar enmiendas al articulado de proyectos y proposiciones de ley, que serán tramitadas si son asumidas por algún grupo parlamentario, según la última reforma de la Cámara en la que se recogen otros temas de transparencia. Gracia afirmó que, con estas medidas, el Parlamento andaluz sigue "avanzando en transparencia y participación" gracias a la "unanimidad" de todos los grupos y para demostrar que se "han antepuesto las demandas ciudadanas a las propuestas concretas".

La Cámara vasca cuenta con un foro de propuestas ciudadanas en el que se recogen las impresiones y sugerencias ciudadanas a los proyectos de ley. “Al final, tenemos la forma de participación, pero sin la presentación formal de una enmienda. Si un grupo parlamentario decide recoger la propuesta ciudadana reflejada en el blog, esta se lleva a cabo como enmienda”, confirmaron fuentes oficiales de la institución.

También en Galicia existe este portal online bajo el nombre Legisla con nosotros, que recopila y refleja públicamente las opiniones sobre los proyectos y proposiciones de ley que se encuentran en tramitación en el Parlamento de Galicia. “Una vez que se recibe el comentario se traslada a los servicios jurídicos, quienes a su vez se lo pasan a los diputados en la ponencia de la ley correspondiente”, afirmó un portavoz.

Pero, ¿qué diferencia hay entre estas enmiendas ciudadanas andaluzas y otras medidas como la participación legislativa a través de la web en parlamentos autonómicos como el vasco y el gallego?

Comparecencias en las asambleas

“La diferencia y novedad presentada desde el Parlamento de Andalucía es que se puede presentar la enmienda, sea individual o colectiva, en el Registro de la Cámara, es decir, que la garantía jurídica y formal es mayor y la enmienda queda a disposición de todos los grupos”, especificó la institución a infoLibre. “Desde el punto de vista formal puede ser lo mismo. Desde el punto de vista jurídico, esta reforma da más garantías jurídicas y formales a las enmiendas”, aclararon.

En otras comunidades, como el País Vasco, Aragón o la Región de Murcia, se permite a los ciudadanos realizar comparecencias en su parlamento autonómico mientras que se está tramitando un proyecto de ley. En el caso de las asambleas de Aragón o Murcia, se invita a colectivos relacionados con el proyecto en cuestión a que participen en las sesiones legislativas. En Euskadi, cualquier ciudadano puede solicitar su comparecencia ante la Cámara en el proceso legislativo. “Las comparecencias llevan mucho tiempo como vía de participación de la ciudadanía, a nivel colectivo o individual y siempre aportan”, declaró una portavoz del Parlamento de Vitoria.

Manuel Gracia anunció también una novedad en la reforma andaluza respecto al escaño 110 del Parlamentoescaño 110. Este no corresponde a ningún grupo político, se diseñó para que un representante de las asociaciones firmantes de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pueda defender en el pleno de la Cámara su propuesta. La novedad presentada en esta última reforma pone un límite de dos meses para la celebración del pleno correspondiente a la ILP en cuestión.

El tercer nivel del que habla Tomás Alberich consiste en una toma conjunta de decisiones entre el ciudadano y el político. Pero, ¿están los gobiernos autonómicos en el nivel deseado de participación ciudadana?

La nueva alcaldesa de Parla (Madrid), Beatriz Arceredillo, anunció en rueda de prensa este viernes que no ha conseguido formar equipo de gobierno después de que haya transcurrido una semana desde su proclamación en el pleno municipal como regidora.

Esto se produce después de que todos los concejales del Grupo Socialista, diez ediles salvo la propia Arceredillo, enviasen ayer un comunicado en el que expresaban su intención de no apoyar a la alcaldesa en sus "proyectos personalistas" debido a que en su opinión son "independientes del PSOE".

Arceredillo señaló que había citado a sus compañeros para conformar la Junta de Gobierno Local pero que ninguno de ellos se ha presentado, por lo que no ha conseguido todavía formar un equipo de gobierno. La alcaldesa aseguró que de cara a la semana que viene habrá una nueva convocatoria para comunicar si ha conseguido formar gobierno, aunque de lo contrario ha explicado que existe un plazo de un mes para constituir una Junta de Gobierno Local y si tampoco se puede se debería disolver la alcaldía y reiniciar el proceso.

En cualquier caso señaló que esto no lo ha vivido "nunca", por lo que no puede avanzar cuáles serían los pasos concretos que habría que dar, aunque indicó que "por supuesto que sí" se ve capaz de gobernar el Ayuntamiento.

Participación en Ganemos

Sobre su posible participación en otros movimientos políticos como Ganemos, como le acusaron sus compañeros del Grupo Socialista, Arceredillo explicó que además de socialista es republicana y por ello forma parte de la Junta Local Republicana de Parla, y como tal fue invitada a un acto de Ganemos Madrid. "En ese ámbito de contacto con los ciudadanos siento la responsabilidad de ir como ciudadana", señaló Arceredillo, que explicó que "era un acto no de un partido, sino de Ganemos Madrid, de un ámbito distinto al del municipio, y no le veo ningún inconveniente".

Y sobre la posibilidad de que se repitan las primarias en la agrupación socialista de Parla, Arceredillo dijo que ella no ha defendido esa postura, sino que en su perfil de Twitter sólo escribió que "las primarias se celebraron antes de conocer la operación Púnica" para dar a entender que el candidato elegido, Pablo Sánchez, no tenía por qué ser elegido alcalde ahora como le solicitó su partido. "También digo que no me presentaría a unas primarias del PSOE", añadió Arceredillo, ya que en el proceso que ya se abrió no pudo siquiera presentarse al no contar con el número de avales necesario para ello.

Sobre la trama Púnica, que ha supuesto la imputación y posterior dimisión del exalcalde José María Fraile y la actual situación política del Ayuntamiento de Parla, Arceredillo sostuvo que le "consta" que entre Fraile y Tomás Gómez, líder del PSM, "ha habido una constante comunicación" en los últimos años, por lo que se mostró "segura" de que Gómez "quizás no al detalle, pero sabía de la situación".

Sin apoyo de los ediles del PSOE

Por su parte, los diez concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Parla, todos los de este partido salvo la alcaldesa, aseguraron tras la llegada de Arceredillo a la Alcaldía que no apoyarían los "proyectos personalistas" de la regidora debido a que en su opinión son "independientes del PSOE".

Entre los diez ediles están tanto el próximo candidato en las elecciones de 2015 Pablo Sánchez como María José López Bandera, la concejala que renunció a la posibilidad de asumir la alcaldía tras la dimisión de José María Fraile, imputado en la trama Púnica. Todos consideran que Arceredillo podría pretender con su Gobierno convertir el Ayuntamiento en "una plataforma publicitaria" para "promover su candidatura en otra formación", en relación con la participación de la actual alcaldesa en movimientos como Ganemos en Parla.

De igual manera, el Grupo Socialista considera "imprescindible llegar a acuerdos con la regidora", perteneciente a su propio partido, para trazar "un proyecto socialista hasta el final de la legislatura" y no aceptar "imposiciones personalistas".

Un concejal niega haber firmado la carta

En este sentido uno de los concejales cuyo nombre aparece en dicho comunicado, Ángel Sánchez Porcel, dijo en la rueda de prensa de Arceredillo que ha expresado ya su "rechazo al comunicado", ya que ha sido el único que sí ha acudido a las reuniones convocadas por la actual alcaldesa para formar gobierno.

Sánchez Porcel señaló, tras leer una carta dirigida a la propia regidora, que el apoyo que le dio en el pleno municipal para que fuera alcaldesa "está plenamente vigente", y opinió que su grupo no puede "permitir que las diferencias de criterio perjudiquen la marcha de los servicios públicos".

Por último, el concejal indicó que no estuvo presente en la reunión en la que se tomó la decisión de enviar el documento y que en el pleno de elección de Arceredillo "varios compañeros" afirmaron que darían su apoyo a la ahora alcaldesa y gobernarían con ella.

La polémica se remonta al pasado día 25 de junio, cuando varios diarios regionales publicaron que Fernández se opuso a aprobar un plan pensado para paliar los problemas de malnutrición infantil durante los meses de verano. El alcalde negó que hubiese niños en la localidad en situación de pobreza y, además, según la versión de los socialistas, también afirmó que "toda la vida ha habido familias que han pasado hambre". No obstante, unos días después de hacerse público el escándalo, Fernández negó haber pronunciado estas palabras y no descartó tomar acciones legales.

El regidor presentó como prueba de su versión una grabación de siete minutos en la cual no se le escucha en ningún momento decir esas palabras. En el inicio del audio se muestra a la portavoz del PSOE presentando la moción y a Fernández rechazando debatirla al considerar que la iniciativa había sido planteada de manera demasiado apresurada. La negativa provoca que el debate vaya subiendo de tono pero, no obstante, en la grabación la única referencia del alcalde al pasado es una pregunta retórica en la que cuestiona si "nunca ha habido carencias en la alimentación de los niños de Malagón" con los Gobiernos socialistas en la Junta de Castilla-La Mancha.

Hecho "gravísimo"

Y aquí viene el problema, ya que según los socialistas de la localidad hay "pruebas evidentes" de que la grabación está manipulada de manera "descarada", una afirmación que basan en un informe pericial. Según este documento, firmado bajo juramento por el perito judicial Isaac Khoury, un primer análisis del audio facilitado por Fernández deja ver que ha sido "agregado/editado/manipulado". Y no es la única prueba que esgrime el especialista, ya que en su informe también señala que en un segundo análisis "se procede a la eliminación de ruido de fondo y a la depuración de las señales y se observa sin ninguna duda que en el tiempo 6.13.828 y 6.16.397 [el audio] ha sido editado/modificado de manera deliberada".

"Cabe recordar que los representantes del PSOE en el Consistorio ya solicitaron copia íntegra de la grabación del pleno para demostrar su acusación, pero, casualidades de la vida, la petición fue denegada por el regidor –también a algunos periodistas–", señala la oposición en su comunicado, donde también anuncia posibles acciones legales para enfrentar un hecho que consideran "gravísimo" si finalmente se confirma. Y, de igual forma, los socialistas también acusan a Fernández de haber dado su visto bueno a la transcripción del pleno a pesar de que la oposición le exigió que no lo hiciera porque tenía "sospechas" de que no estaba "redactada de manera literal".

Que el alcalde sea siempre del partido más votado y no provenga de una coalición entre "cinco que han perdido las elecciones". Fue la propuesta que realizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado lunes, cuando anunció que presentaría una reforma del sistema electoral a nivel local el próximo septiembre como una medida de regeneración democrática. Sin embargo, los expertos consultados por infoLibre alertan de que esta iniciativa sólo conseguiría reducir la representatividad en los municipios e incluso plantean dudas sobre su encaje en la Constitución. 

La propuesta de Rajoy ha tenido una acogida desigual: mientras varios alcaldes del PP la han apoyado públicamente, el presidente del Congreso, Jesús Posada, abogó por un sistema de doble vuelta "para garantizar que el alcalde tenga capacidad de gobierno y su mandato no sea un calvario". Y en el PSOE, división de opiniones: mientras Alfredo Pérez Rubalcaba señaló ayer que "un cambio de esa naturaleza en la Ley Electoral no se puede hacer a cuatro meses de las elecciones locales", uno de los candidatos a la Secretaría General, Pedro Sánchez, se ha unido a Posada para pedir dos vueltas "si tiene que haber elección directa", aunque matizó que en principio es contrario a cambiar el sistema de votación de los alcaldes.

Pero, ¿qué particularidades, ventajas e inconvenientes tiene cada uno de los escenarios? ¿Ayudará esta medida, de llevarse finalmente a cabo, a calmar las ansias de regeneración democrática de la ciudadanía? ¿Se trata de un sistema que ayude a representar mejor al ciudadano? Pues según los expertos consultados por este diario, todo lo contrario: que el alcalde fuese directamente escogido de la lista más votada disminuiría la pluralidad en los ayuntamientos e incluso podría plantear problemas de constitucionalidad. Así de tajante es Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, que asegura que "el mero hecho de que un alcalde se elija de manera directa no es regeneración democrática, eso es algo que va mucho más allá".

Presno recuerda, además, que la Carta Magna establece que el sistema electoral tiene que ser proporcional, si bien no ofrece indicaciones más concretas sobre el mismo. Por ello, el constitucionalista no se atreve a afirmar que la reforma sería de todo punto inconstitucional, pero sí advierte de que podría no encajar en los parámetros que establece la Carta Magna si se acompañase de medidas como un bonus que otorgase en el Consistorio la mayoría a la lista del alcalde, una de las posibles vías para garantizar la gobernabilidad del municipio y evitar los problemas derivados de que el regidor gobernase en minoría.

"El problema es la poca concreción de Rajoy a la hora de enunciar su propuesta", se queja Presno, que explica que es legal "establecer una cierta prima mientras no desvirtúe el resultado electoral", pero también matiza que, en muchos casos, sí se produciría esta distorsión. "En Italia se ha planteado que si consigues el 37% de los votos consigues el 50% de escaños: eso en España plantearía problemas de constitucionalidad, ya que se dan distintos valores al voto de los ciudadanos. Si yo voto por la lista ganadora, mi voto vale más que el voto del que haya votado a alguna de las otras formaciones", asevera el profesor.

No obstante, Presno también reconoce que "si con el 30% de los votos se consiguen el 50% de los concejales podría ser inconstitucional, pero con el 40% de los votos no, porque con el actual sistema electoral [aplicado en las elecciones generales] el PP, con el 44% de los votos [en las elecciones de 2011] tiene el 53% de los escaños en el Congreso". En lo que sí es claro el constitucionalista es en afirmar que la elección directa del alcalde no podría aprobarse sin ir acompañada de alguna medida que permitiese que no tuviese que gobernar, si se diese el caso, en minoría. "Si se plantea un sistema presidencialista sin cambiar el actual se generaría un absurdopresidencialista", remacha.

"La gente quiere modelos más inclusivos, y este es lo contrario"

Por su parte Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en comportamiento electoral, se muestra sorprendido de que Rajoy plantee su medida como una iniciativa de regeneración democrática, ya que asegura que "el problema que se ha puesto de relieve en los últimos tiempos es el que se resume en el lema 'que no nos representan'; la gente quiere modelos más inclusivos, y este es justo lo contrario".  Preguntado por las posibles ventajas o inconvenientes de este sistema, Urquizu señala que el poder del alcalde aumentaría, si bien asegura que en España los regidores ya tienen muchas competencias y alega que en los sistemas de elección directa "se tiende al presidencialismo y al hiperliderazgo, lo que puede acabar haciendo sombra a otro tipo de controles democráticos, como el pleno del Ayuntamiento".

¿Y en cuanto al sistema en concreto? Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas e investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas, explica a infoLibre que en Europa el mecanismo de elección directa de los alcaldes es muy poco habitual y tan sólo se utiliza en Grecia, Francia e Italia: en los dos primeros, el partido que gane la elección recibe la mayoría de los concejales de manera instantánea, mientras en el país transalpino se eligen de manera separada el alcalde y la asamblea de ediles, pero las listas de ambas elecciones deben ir ligadas, por lo que en la práctica la lista del ganador recibe la mayoría de los ediles.

En España, por el contrario contra, todavía no se ha propuesto un modelo, y el debate es entre dos posturas –aparte de la de aquellos, como IU, que se muestran radicalmente contrarios al sistema de elección directa–: la elección a una vuelta o a dos. Y en este sentido, Simón alerta de que si se aprobase un sistema a una sola vuelta "una gran cantidad de votos se quedarían sin representación", un problema que solucionaría tan sólo parcialmente una doble votación. "La desproporcionalidad va a ser siempre elevada, incluso con dos vueltas, porque va a haber menos partidos compitiendo, y puede haber partidos que no apoyen a ningún otro en la segunda vuelta y sus votantes se queden sin opciones", señala.

De la misma opinión es Urquizu, que asevera que "la doble vuelta no es más inclusiva, sino que habrá gente que en la segunda vote el mal menor". Por ello, el sociólogo es tajante al afirmar que "la propuesta está muy enfocada a beneficiar a los dos partidos grandes, y a dos vueltas es incluso mayor el beneficio". No obstante, también hace hincapié en que PP y PSOE "están haciendo cálculos de que ellos van a quedar siempre primero y segundo, pero la crisis política es de tal magnitud que este cálculo ya no sirve".

"Es una propuesta partidista porque el PP sabe que a dos vueltas llega siempre él, pero es que tal y como está el PSOE y teniendo en cuenta la división en la izquierda, yo no estoy tan seguro de que el PSOE fuese a llegar siempre a la segunda ronda", remacha Urquizu. Y en este sentido, Simón afirma que con cualquiera de los dos sistemas el PP sería el partido más beneficiado, si bien con el modelo de dos votaciones "se atenúa un poco esta diferencia porque los partidos pueden llegar a acuerdos". No obstante, el investigador coincide con Urquizu en que la disgregación del voto de izquierdas frente al aglutinamiento del sufragio conservador beneficiaría claramente al PP.

La lucha contra la corrupción, ajena a esta reforma

Además, Simón pone el foco en lugares como Cataluña o el País Vasco, donde existen gran cantidad de partidos con una representación que no es hegemónica –en Barcelona, por ejemplo, el partido más votado (CiU) no supera el 29% de los votos, mientras en San Sebastián la formación mayoritaria (Bildu) no alcanza el 25% de los sufragios–  y que, con este sistema, podrían conseguir alcaldías de manera automática con un porcentaje de votos bajo. Y, por otra parte, señala que tampoco serviría para luchar contra la corrupción, una de las grandes banderas de la regeneración democrática.

Simón explica que en otros países se han implementado medidas en esta línea que han dado resultado. Y pone como ejemplo los países nórdicos, donde, frente al modelo español donde el alcalde tiene un gran poder de decisión, existe una suerte de bicefalia en la gestión. "Estos países tienen, en paralelo al alcalde, una figura que se llama city manager, elegida por amplio consenso del Ayuntamiento con mayorías de dos tercios e incluso con mandatos fuera del ciclo electoral, de seis años por ejemplo, para garantizar su independencia", relata.

¿Y en qué consiste este city manager? Básicamente en retirar la competencia a los plenos o los alcaldes para realizar contrataciones, sin perjuicio de que estos sigan decidiendo dónde se destina el presupuesto. "El pleno marca dónde se gasta el dinero, pero quien decide a quién se contrata es esta figura, que se encarga sólo de la gestión", explica Simón, que contrapone esta propuesta con la iniciativa presentada por Rajoy. "Con la elección directa se convierte al alcalde en un factótum. Si ya tiene amplios poderes, se le quita otro contrapeso", denuncia el investigador.

Tres de los cuatro sindicatos de la radiotelevisión pública de Castilla-La Mancha –CCOO, CGT y UGT– han criticado el tratamiento informativo que recibió la noticia de que los concejales del PP de Toledo abandonaron (todos salvo Ana Isabel Bejarano), el pasado 15 de mayo, el pleno para no escuchar a las familias de niños enfermos de cáncer. La tele controlada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que dirige Nacho Villa, no explicó en ningún momento las demandas de los padres de los niños enfermos y afirmó que los concejales del PP que se negaron a escuchar a las familias en realidad se habían marchado al recibir insultos por parte de "simpatizantes socialistas" que asistían al pleno. Eso sí, no mostró ninguna imagen ni ningún sonido de esos supuestos insultos. 

UGT, a través de un comunicado, ha mostrado su "más profundo rechazo al tratamiento informativo dado por Radiotelevisión de Castilla-La Mancha a los incidentes (…) cuando los concejales del PP abandonaron la sala para no tener que escuchar las quejas de las familias afectadas por esos recortes sanitarios”.

El sindicato tacha de “burdo” e “intolerable” este “nuevo acto de manipulación informativa”. Denuncian que en esta ocasión la manipulación “añade una crueldad de repugnantes proporciones”, dada la delicada situación por la que pasan los niños enfermos.

“Una vez más, la RTV Pública de Castilla-La Mancha actúa como portavoz exclusivo de los intereses políticos de un solo partido, silencia las opiniones de los demás”, lamentan. Los trabajadores consideran que la situación que viven es “más propia de repúblicas bananeras que de una nación plenamente democrática”.

Por último, denuncian la existencia de una “redacción paralela” al servicio de la órdenes de la dirección, una actuación que estaría fuera de la legalidad. Critican que la contratación de “trabajadores de dudoso crédito” y “elástica moralidad” como personal externo de la RTV, conlleva a una situación de “inseguridad laboral” y “precariedad” de la que los actuales dirigentes del ente público se podrían estar aprovechando.

“Simpatizantes socialistas jalean” a los populares

El telediario del viernes 16 de mayo a las 14 horas, que siguió a los hechos del Pleno del Ayuntamiento de Toledo, abrió con la información sobre una adolescente de 17 años que se fugó con su novio y había vuelto a casa dos días después de desaparecer. A ello le siguió una crítica a unos comentarios de Emiliano García-Page, el alcalde socialista de Toledo, sobre las primarias en su partido y, en tercer lugar, las imágenes de la bancada popular abandonando el Pleno del Ayuntamiento de Toledo.

La presentadora narra la escena destacando que el pleno del Ayuntamiento se vio “desbordado” de simpatizantes del PSOE “profiriendo descalificaciones” a los populares “ante la pasividad del alcalde Page, que incumplía el reglamento al permitir los insultos”. La introducción a la noticia sigue hablando de “unas acusaciones de un cierre de la planta de oncología del hospital que nunca ha existido”. No hay mención alguna a las palabras de los padres de los niños con cáncer y tampoco aparecen las imágenes del momento en que uno de ellos entrega unos papeles informativos a los concejales que abandonaron la sala.

Tras esto, muestran las declaraciones de Claudia Alonso, portavoz del PP de Toledo, comentando que su bancada se levantó “por la falta del mínimo orden” en el desarrollo del pleno.

La noticia vuelve a darse con “más detalle” en el minuto 15:25, cuando la presentadora abre diciendo: “El Partido Popular ha denunciado el incumplimiento del reglamento durante el Pleno de ayer en el ayuntamiento”. El resto de la noticia vuelve a omitir la intervención de las familias y hace hincapié en el comportamiento supuestamente incitador del alcalde del PSOE, Emiliano García-Page.

Según recoge la sentencia, no se ha acreditado que la regidora fuera consciente de que "ocasionaba un resultado materialmente injusto", al tiempo que se considera suficiente la justificación que ha aportado manifestando que "había recibido quejas de los concejales ya que no solo se colgaban los vídeos de los plenos, sino por que también se mofaban de ellos y se les caricaturizaba y ridiculizaba".

Además, señala que "permitir o prohibir el uso de grabadoras entra dentro del ámbito de las potestades de policía del alcalde y del Pleno", y si bien es cierto que no se ha acreditado la existencia de "ningún reglamento interno o resolución que regule en qué casos está prohibida la grabación de la imagen o del sonido", esto, según el juez, "debe tener consecuencias en el ámbito de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa", y no en la Penal.

Asimismo, el juez alude a las declaraciones de testigos, entre ellos policías, que han manifestado que "nunca se prohibió la entrada a nadie a los plenos y que si veían a alguien con dispositivos de grabación se les decía que no podían grabar", y uno de los agentes comentó que solo le consta un desalojo, "que fue precisamente el que dio lugar al juicio de faltas".

En el presente caso el Ministerio Público solicitaba la absolución para la regidora, mientras que la acusación particular pedía para ella un total de siete años de inhabilitación por la supuesta comisión de delitos de prevaricación, censura previa y contra los derechos cívicos.

Hechos probados

La sentencia da por probado que en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Almodóvar del Río del 10 de diciembre de 2007, María Sierra Luque prohibió la grabación del pleno a un hombre, que estaba grabando el mismo con el fin de colgarlo en Internet, "dando lugar a un enfrentamiento entre ambos", ya que él "se negaba a desalojar el lugar aludiendo al derecho a la libertad de información, teniendo que ser éste desalojado del salón de plenos por la Policía Local".

La alcaldesa denunció al varón por injurias y desobediencia. En el juicio de faltas se absolvió al hombre de los hechos denunciados, considerando que "cuando el mismo fue obligado a desalojar la sala de plenos y se le impidió grabar en vídeo el pleno, éste no incurrió en desobediencia alguna ni alteró el orden público", y estimaba "justificada su resistencia, ya que los actos políticos son públicos".

Dicha sentencia de 26 de mayo de 2008 fue recurrida por la alcaldesa, si bien la Audiencia Provincial confirmó tal sentencia el 25 de septiembre de 2008, y señalaba que "las sesiones plenarias de los ayuntamientos son públicas y que, salvo en casos puntuales en los que en aplicación de determinadas limitaciones pudieran declararse formal y motivadamente reservadas, no hay restricción alguna al derecho a la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento", de manera que "la limitación del acceso de las cámaras implica una suerte de censura previa de la obtención de información, privando de esta manera no solo al medio de comunicación demandante, sino también el derecho de información de los vecinos".

Asimismo, se dice en dicha sentencia que "cualquier género de limitación o censura de la obtención de información se convierte en una conculcación de los principios informadores de estas libertades, esenciales para el funcionamiento del sistema constitucional democrático". La alcaldesa tuvo conocimiento de la sentencia el día 3 de octubre de 2008, según recoge la resolución actual, que indica que "no han resultado acreditados el resto de hechos por los que se ha ejercido acusación".

Al respecto, el afectado decía que ella supuestamente ha seguido "impidiendo" la grabación de las sesiones de cinco plenos celebrados en octubre y noviembre de 2008 y en enero y abril de 2009, "sin alegar para ello justificación alguna", según recogía la calificación del fiscal, quien consideraba que los hechos no son constitutivos de delito y pedía su absolución, ahora dictaminada por el juez.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, la regidora prohibió la grabación de un pleno extraordinario del Ayuntamiento en diciembre de 2007 al varón que denunció y que grababa para colgar luego el vídeo en un blog del que es titular el PSOE y él era editor.

Ante ello, se produjo un enfrentamiento entre ambos, dado que el hombre se negaba a desalojar el lugar, aludiendo al derecho a la libertad de información, si bien tuvo que ser desalojado del salón de plenos por la Policía Local del municipio y la alcaldesa le denunció por injurias y desobediencia.

De este modo, se celebró un juicio de faltas en Posadas (Córdoba) en mayo de 2008, que concluyó con una sentencia por la que se absolvió al hombre de los hechos denunciados, y el juez consideraba que cuando el mismo fue obligado a desalojar la sala de plenos y se le impidió grabar en vídeo, "éste no incurrió en desobediencia alguna ni alteró el orden público, considerando justificada su resistencia, ya que los actos políticos", dice el juez, "son públicos".

No obstante, dicha sentencia fue recurrida por la regidora, aunque la Audiencia Provincial de Córdoba confirmó la resolución en septiembre de 2008 y en ella precisaba que "las sesiones plenarias de los ayuntamientos son públicas" y que, "salvo en casos puntuales en los que en aplicación de determinadas limitaciones pudieran declararse formal y motivadamente reservadas, no hay restricción alguna al derecho a la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento".

De esta manera, apuntaba que "la limitación del acceso de las cámaras implica una suerte de censura previa de la obtención de información, privando no solo al medio de comunicación demandante, sino también el derecho de información de los vecinos", a lo que añade que "el ejercicio de los derechos de información y participación de los ciudadanos en el ámbito político y administrativo se funda en la libertad de información", de modo que "cualquier género de limitación o censura de la obtención de información se convierte en una conculcación de los principios informadores de estas libertades, esenciales para el funcionamiento del sistema constitucional democrático".

La sentencia fue notificada a la alcaldesa en octubre de 2008. Sin embargo, el afectado dice que ella supuestamente ha seguido "impidiendo" la grabación de las sesiones de cinco plenos celebrados en octubre y noviembre de 2008 y en enero y abril de 2009, "sin alegar para ello justificación alguna". No obstante, el fiscal sostiene que los hechos no son constitutivos de delito y no es autora la alcaldesa, motivo por el que pide su absolución.

El Ayuntamiento de Griñón estudia emprender acciones legales contra el exalcalde y actual portavoz del PP, José Ramón Navarro, por haber increpado con expresiones sexistas en un pleno urgente celebrado el pasado jueves a la alcaldesa, la independiente Antonia Díaz Garrido. Esta confirmó este domingo a infoLibre que mañana lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pondrá el caso en manos de los abogados municipales porque "hay comportamientos que no se pueden tolerar". Entre las expresiones lanzadas por el edil conservador a la regidora se hallan "inútil", "¡vete al pairo!" o "¡Vete a Alpedrete!", lo que motivó finalmente su expulsión del pleno.

El Gobierno local, formado por siete ediles de tres grupos independientes y el PSOE, había convocado un pleno extraordinario para aprobar una reducción de la tasa de la basura. "Este señor –explicó la alcaldesa, de Ciudadanos Independientes de Griñón– no ha podido soportar que un Ayuntamiento que el PP dejó con 20 millones de deuda ahora pueda bajar los impuestos después de que hayamos logrado una importante reducción de gastos". Navarro se había mostrado en contra de la urgencia del pleno y se quejó de no haber tenido tiempo para estudiar el expediente. La alcaldesa explicó que la urgencia venía dada porque se agotaba el plazo para la publicación de la disposición.

"No me grabes, que le pego una patada a la cámara"

Antes de abandonar la sala, el edil conservador llegó a increpar a un vecino que suele grabar los plenos para ponerlos luego a disposición de sus convecinos: "No me grabes, que le pego una patada a la cámara y la pongo patas arriba".

La regidora insistió este domingo en que el exalcalde ya se dirigía a ella de forma despectiva cuando se sentaba en los bancos de la oposición. Ahora ya con el bastón de mando, Díaz insistió en que no podía tolerar estas faltas de respeto a la autoridad municipal y menos "una violencia verbal inaceptable".

La plaza de toros de la localidad madrileña de Pinto amaneció ayer miércoles con una gran pintada nazi donde se podía leer “Adolf Hitler tenía razón”, todo ello antes del encierro que tuvo lugar minutos después. Así lo denunciaba en su cuenta de Twitter Eusebio González, secretario de Política Municipal del Partido Socialista de Madrid (PSM):

El Consistorio pinteño, gobernado por el Partido Popular, permitió dar comienzo al encierro a las 8 de la mañana, como estaba previsto, a pesar de la pintada. Horas después, la alcaldesa Miriam Rabaneda indicó en su cuenta Twitter que “según le habían comentado, se ha visto [la pintada] cuando se ha abierto la plaza y no había tiempo”, tras la pregunta hecha en la red social por un vecino presente en el festejo.

Posteriormente, Rabaneda lanzaba un nuevo tuit donde mostraba su “repulsa a la pintada aparecida en la plaza de toros”. Además, indicó que se había dado la orden de borrarla lo antes posible. Un hecho que llegó horas después, aunque para entonces las redes sociales se habían llenado de críticas hacia los autores de las pintadas y hacia el Ayuntamiento pinteño por no haber suspendido el festejo taurino. Muchos vecinos han criticado la falta de seguridad del coso y otros la poca previsión que han tenido los responsables municipales.

Por la tarde, tras una convocatoria espontanea a través de las redes sociales, más de un centenar de personas se concentró en la Plaza del Ayuntamiento de Pinto para protestar por la decisión tomada por el Gobierno local ante este hecho. Tras un recorrido por las principales calles del municipio, escoltados por las fuerzas de seguridad, la manifestación se disolvió sin altercados.

El Ayuntamiento de Pinto no emitió ningún tipo de comunicado oficial al respecto. Sólo los mensajes a través de la cuenta de Twitter de la alcaldesa fueron la respuesta del Consistorio.

Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana cuando agentes de la Policía Local y la Guardia Civil desalojaron a los afectados, aprovechando que en ese momento sólo permanecían durmiendo en el consistorio dos personas, explica Xulio Vicente, portavoz de la plataforma de O Baixo Miño.

Miño considera esta actuación una muestra de que el alcalde de la localidad no apoya a los afectados y afirma que si tuvieran el apoyo de los regidores del PP, "el problema ya estaría solucionado".

En declaraciones a Europa Press, Vicente explicó que el encierro cumpliría seis meses el próximo domingo y realza el carácter pacífico del mismo, ya que, desde hace unos dos meses "no se hacía ruido", detalla. En cuanto al hecho de que no se estuviesen celebrando plenos municipales, lo desvinculó de la ocupación del Ayuntamiento.

Una vez producido el desalojo, el portavoz asegura que los afectados continuarán con sus propuestas y realizarán una concentración ante el Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de O Rosal, Jesús María Fernández Portela, remarca que, tras medio año de encierro, la situación se estaba haciendo "insostenible", ya que durante todo este tiempo, en el Ayuntamiento no se celebraban plenos y la atención que prestaban a los ciudadanos era "deficiente". 

Fernández Portela da toda la razón a los afectados por las preferentes, pero explica que la Administración municipal tiene que seguir realizando su trabajo como de costumbre. Además, aseguró que seguirá apoyándoles y trabajando para que puedan recuperar sus ahorros.

Sobre las acusaciones de falta de respaldo, el regidor popular las rechazó y recordó que en su día se puso una oficina para los afectados, se han pagado viajes en autobús para acudir a manifestaciones y que el gobierno local también ha participado en movilizaciones, entre otras muestras de apoyo.

"Fue el primer ayuntamiento en ser ocupado y será el último que recupere la normalidad" en la zona, apuntó el alcalde. En el caso de Gondomar, el encierro empezó en un cajero de Novagalicia Banco y posteriormente se trasladó a dependencias municipales, donde por ahora continúa.

Los enfrentamientos entre un grupo de afectados por las preferentes y la Policía Local de Nigrán, en Pontevedra, ha obligado a trasladar el pleno del salón habitual a un auditorio municipal. 

Según el portavoz de la plataforma, Xulio Vicente, "la Policía la emprendió a porrazos" con varios afectados, entre ellos "personas mayores" y ha señalado al alcalde de la localidad, Alberto Valverde, el "enemigo público número uno" del colectivo.

Sin embargo, fuentes del ayuntamiento afirman que los agentes de policía se vio obligada a desalojarlos cuando un grupo de afectados "que se tapaban la cara con pasamontañas y capuchas" intentó entrar por la fuerza en el salón de plenos. Estas mismas fuentes detallan el "forcejeo" entre las partes y ha destacado que la Policía Local ha solicitado las imágenes de los hechos a los medios de comunicación presentes para poder identificar a los implicados y denunciarlos.

Según el gobierno local, se permitió el acceso al pleno a los portavoces de los afectados, pero se impidió el paso a a aquellos "que iban con intención de reventar el pleno", por lo que se produjeron los enfrentamientos.

Por otra parte, la localidad pontevedresa de Mondariz Balneario ha suspendido su pleno en solidaridad con los preferentistas. Xulio Vicente ha destacado el apoyo de esta corporación y, en concreto, el de los concejales de PP y BNG en su reclamación de que se derogue el decreto que les considera inversores y no ahorradores, así como su lucha para que se les devuelvan íntegramente sus ahorros.

Además, miembros de este colectivo han protagonizado un escrache ante la casa de Nava Castro en Ponteareas. Según señala Vicente, la responsable de Turismo en Galicia "fue una de las personas que nos engañó en la campaña electoral".

El "error", el "grave error" de Ponferrada "se ha corregido". Óscar López, cuando compareció ayer en la sede federal del PSOE con gesto contrito, en una de las ruedas de prensa quizá más difíciles de su carrera política, ante una sala ávida de información y de explicaciones, se aplicó en subrayar que lo peor había pasado, que esos "señores" se habían dado de baja del partido y que el partido, por tanto, ya no gobernaba la ciudad leonesa. En efecto, los socialistas han sufrido la amputación de su grupo municipal, han perdido la alcaldía, han perdido a su alcalde, Samuel Folgueral, y de camino se ha zambullido en una sonora crisis interna y en un nuevo cuestionamiento de la autoridad del líder. 

Pero la historia no ha concluido todavía. Porque el relato oficial se pierde y se hace oscuro en los días previos a la moción de censura pactada con Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), la formación con la que el acosador sexual Ismael Álvarez retornó a la política en 2011. Y más difuso queda todavía el cronograma del viernes negro, el 8 de marzo, Día de la Mujerviernes negro, cuando el PSOE pasó de justificar el acuerdo en la localidad a reprobarlo, en cuanto Alfredo Pérez Rubalcaba fue "consciente" de los "pormenores" del asunto. Un elemento clave en la riada de hechos que atropelladamente se sucedieron ese día fue la intervención y presión de la federación andaluza, la más poderosa del PSOE, y singularmente de su líder, José Antonio Griñán. 

La mañana amanecía con la previsión en todos los medios. Ya se conocía qué iba a pasar: que Folgueral asumiría el poder gracias al apoyo imprescindible de Álvarez en una moción de censura que iba a discutirse en el pleno del Ayuntamiento a partir de las 12 horas, bajo la condición "inexcusable" de que el propio Álvarez dejara el Consistorio en cuanto se consumara el cambio de color del Gobierno local. Un grupo de militantes de León había advertido su rechazo en las jornadas anteriores, recordando que no se podía violar la máxima de "tolerancia cero" con la violencia de género. A las 11.13 horas del viernes, la diputada Carme Chacón lanzaba un tuit (en castellano y en catalán). Fue este: 

La voz de alarma de la ministra de Defensa de las 11.13 –Twitter refleja en la reproducción una hora menos, la hora GMT– fue replicada por las agencias y las webs. Al poco comenzó el pleno en Ponferrada en medio de una gran expectación mediática. Pasada las 13 horas, Folgueral ya era alcalde. Con el voto de Álvarez, claro, quien prometió que al día siguiente, sábado, renunciaría a su acta de concejal. A las 15.53, en los correos de los periodistas que cubren la información del PSOE, entró una nota de prensa: "Desde hoy hay un alcalde socialista en Ponferrada y un acosador menos en política". Ferraz bendecía así oficialmente la moción de censura. 

Tuits de Rubiales, Díaz y Caravaca

El revuelo en las redes sociales ya era patente. A las 13.17, Amparo Rubiales, presidenta de los socialistas andaluces, mujer de la máxima confianza de Griñán e ilustre feminista, comenzaba a "impugnar" la operación de Ponferrada, primero retuiteando un mensaje genérico a favor de la igualdad de Griñán y después resaltando su condena sin ambages: 

Los mensajes no podían pasar sin pena ni gloria. Procedían de la histórica Rubiales. En esas primeras horas de la tarde, López telefonea a Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), según confirmó a infoLibre un alto responsable de la federación. El secretario federal de Organización explica lo sucedido en Ponferrada y Jiménez responde que "no era compartido por Andalucía" y le avisa de que el PSOE-A "seguirá defendiendo su posición" en todos los foros, "donde hiciera falta". El número dos de Griñán le traslada que el PSOE-A estaba "impugnando" la moción que "nunca tenía que haberse producido" y que lo que opinaba Rubiales "lo opinaba igual hasta el último militante de Andalucía". Queda claro, como no podía ser de otra manera, que el partido apoya a Rubiales o, mejor dicho, que sus mensajes gozan del pleno visto bueno del jefe de la Junta. 

A las 18.36, Susana Díaz, consejera de Presidencia de la Junta, secretaria provincial de los socialistas sevillanos y mano derecha de Griñán, escribe en Twitter: 

19.16. María Teresa Caravaca, mujer de Griñán, avisa: 

Rubiales le contesta: "¡Di que sí! Eso es". Como ayer dijo Griñán, la presidenta de los socialistas andaluces había estado movilizando el partido y expresando desde el primer minuto su discrepancia.

Jiménez participa en la tarde del viernes en un acto de partido en Huelva. Mismo mensaje, como martillo pilón: el Gobierno de Ponferrada, sostiene, no va a "merecer la pena" porque está "manchado" por la sombra de "una persona que ha sido capaz de ejercer el acoso contra otra". 

Los máximos escuderos del partido en Andalucía han dictado sentencia. Griñán también lo hace. Llama a Rubalcaba, según ratificaron a infoLibre fuentes próximas al presidente de la Junta. Le dice lo mismo, que Andalucía no tolerará esa moción y que debe dar marcha atrás.

A las 19.50, comunicado de Rubalcaba. Exige "rectificar" la decisión de la moción de censura y declara que "no comparte cómo se han hecho las cosas". Según el relato de López, es en torno a esa hora cuando el secretario general fue "consciente" de todos los "pormenores" y determinó cortar de raíz la polémica.

¿Fue la intervención del jefe del Ejecutivo andaluz absolutamente determinante? Un alto cargo del PSOE-A cree que Rubalcaba "ya iba a ordenar la rectificación en cualquier caso", después de escuchar y conversar con muchos otros cuadros, pero sí había recibido de forma nítida "la posición de Andalucía", el territorio de más peso en todo el partido. También Elena Valenciano y Purificación Causapié, dos mujeres en el máximo nivel de dirección, habían trasladado su disgusto con la moción desde días atrás. 

López no se quiso pronunciar ayer en rueda de prensa en Ferraz sobre esa llamada de Griñán. Posteriormente, su entorno no quiso ni confirmar ni desmentir la conversación con Jiménez. 

Comparecencia "honesta y valiente" de López

El secretario de Organización, que ha asumido en primera persona todos los costes de la desastrosa gestión de lo ocurrido en Ponferrada y ayer dio "la cara", como subrayó, apuntó que había puesto su cargo a disposición de la dirección, y esta le había arropado y rechazado su dimisión. "Ha recibido un apoyo unánime –sostenía horas después de la comparecencia un miembro de la cúpula–. Ha sido un error grave y se ha rectificado, y eso es lo importante. Debemos sacar una lectura en positivo de este desastre, que ha sido muy doloroso, y es que todos asumimos que la igualdad importa y mucho, que a la gente le duele lo mismo que a la corrupción, y eso hace 20 años no ocurría". Otra dirigente lo ratificaba: "Respaldamos la labor de Óscar. Él ha dado la cara y no es fácil. Errores los cometemos todos, y todos somos responsables de lo que ha pasado por no haber estado más encima". 

Los integrantes del aparato calificaban de "honesta y valiente" la intervención de López, y rechazaban la tesis de que a la larga el batacazo de Ponferrada le mermaría poder. Ni siquiera porque, según anunció el secretario de Organización, se revisará el protocolo de toma de decisiones, para que en los temas delicados se consensúe la salida de forma colectiva. "Habrá más cooperación, más coordinación, más colaboración. Pero no se plantea si pierde o gana. En el equipo hay buena relación, buen ambiente". 

Andalucía, mientras, dice "respaldar" las decisiones de este fin de semana de Rubalcaba y las disculpas dadas por López. Sin embargo, Griñán advertía esta mañana de que quería una explicación de lo ocurrido en los órganos del partido. Tomás Gómez, el barón madrileño, insistía en su idea del domingo, que el "grave error" de Ponferrada debía acarrear "dimisiones" en la cúpula. 

"El PSOE ya no gobierna en Ponferrada", constataba López ayer. Distinto es que el caso no tenga mayores secuelas. 

La polémica no remitió durante el fin de semana. El sábado, Alfredo Pérez Rubalcaba lanzó en Telecinco ultimátum fresco a Samuel Folgueral, el hombre que conquistó la alcaldía de Ponferrada el viernes gracias al voto imprescindible de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual en 2002. "O deja la alcaldía o deja el PSOE", decía el secretario general en El gran debate. Horas antes, había asegurado ante los periodistas que Folgueral acabaría dimitiendo, tiempo al tiempo".

El regidor asistía desde primera hora al congreso comarcal socialista de El Bierzo. Y desde entonces sus colaboradores fueron avanzando que Folgueral no iba a dimitir. Ni ayer, ni hoy ni en esta semana. Que se mantenía en sus trece. Así fue. Pasadas las cuatro de la tarde, el alcalde ofreció una rueda de prensa, en la que anunció que se marchaba del PSOE para no ceder su bastón de mando. Y con él, "por solidaridad", se marchaban en bloque los otros siete ediles socialistas, para "anteponer" las necesidades de la ciudad a los intereses orgánicos.

Folgueral rompía su carné de militante presumiendo de un apoyo "unánime, caluroso y directo" de sus compañeros de León. "Ya me gustaría haber tenido ese respaldo en las últimas horas desde otras instancias superiores", aseguró, mirando con rabia a Ferraz, a la dirección federal, quien estaba informada desde el primer minuto, recalcó, y no paralizó la operación. El regidor desveló en El País qué "ingeniería" se había propuesto para salir del atolladero: que presentara su renuncia y dejara el Gobierno en manos de un teniente de alcalde, para que luego este convocara un nuevo pleno municipal que lo reeligiera. Hipótesis que este diario había avanzado el sábado por la tarde.

Crispación en El Bierzo

Conclusión: el PSOE ya no se puede apuntar el tanto de gobernar la sexta ciudad castellanoleonesa, y ni siquiera tiene ya concejales en la Corporación. Ferraz deberá reconstruir la agrupación y retomar el diálogo con la federación leonesa y con su secretario provincial, Tino Rodríguez, que en todo este proceso ha apoyado férreamente a Folgueral. Ayer se comprobó que el manotazo de Ferraz no había sentado bien en León. Cuando Julio Villarrubia, el líder del PSOE de Castilla y León, acabó de hablar ante la prensa en el congreso comarcal de El Bierzo, se oyeron gritos de militantes: "¡El que tiene que dimitir es Rubalcaba!", "¡Sinvergüenzas!" y "¡Conocíais la moción desde el principio!".

La posición de López, mientras, se ha agrietado sobremanera en las últimas horas. El viernes, cuando la polémica estaba ya muy caliente, demostró su pleno aval a la moción de censura de sus compañeros ponferradinos con una sentencia categórica: "Hay un acosador menos en política". Unas horas después, Ferraz lanzaba un comunicado de Rubalcaba, donde ordenaba "rectificar" la decisión. Primera bofetada en la cara de su número tres.

Es en esas críticas horas del viernes en las que el PSOE pasó de aplaudir a reprobar la alianza donde el relato oficial reviste varias goteras. Rubalcaba recibió varias presiones. De las bases y de dirigentes, especialmente de las mujeres de más peso del aparato. También atendió una llamada significativa: la de José Antonio Griñán, presidente del PSOE y líder del partido en Andalucía, según pudo confirmar infoLibre de fuentes de la federación. El presidente de la Junta trasladó a Rubalcaba que no se podía aceptar la moción de censura de ningún modo. Que Andalucía no lo iba a admitir. Para entonces, tanto Amparo Rubiales y Mario Jiménez, presidenta y vicesecretario general del PSOE andaluz, como Susana Díaz, consejera de Presidencia, expresaron públicamente su rotundo rechazo a lo ocurrido en Ponferrada. 

Desautorización del líder en televisión

Luego, López admitió por duplicado –en la Ser y en Onda Cero– que el "error" era enteramente suyo, que su jefe no sabía nada de cómo iba a desarrollarse la moción y que él, como secretario de Organización, no exigió que la dimisión de Álvarez se produjera antes del pleno. La tercera desautorización se produjo en Telecinco: allí Rubalcaba reconoció que se había equivocado al haber dejado en manos de su número tres la gestión exclusiva del asunto y que tenía que haber estado más "encima".

En privado, varios miembros del aparato y barones territoriales reconocían que el episodio había situado en el disparadero a López por haber "calculado mal" las consecuencias de una moción de censura que indudablemente tenía un alcance que superaba lo local y por haber consentido un pacto con un acosador. Acuerdo, que para más inri, se iba a materializar un 8 de marzo, Día de la Mujer.

López, pero no sólo López. Varios cuadros entendían que el secretario de Organización se llevaba la peor parte, pero el huracán daba también de lleno a Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal, y a Purificación Causapié, la responsable federal de Igualdad, que defendió públicamente la moción de censura en Ponferrada hasta que su jefe ordenó la marcha atrás. Ayer domingo, Tomás Gómez, el líder socialista madrileño, el barón más abiertamente enfrentado a Rubalcaba, se adelantó a todos y pidió que rodaran cabezas: es un "grave error" que tiene "responsables" y estos deben "dimitir", sostuvo. Al añadir que vio al secretario general "expuesto" estos días, incidía en la misma idea: que los lugartenientes del líder debían marcharse. 

Reunión de la Permanente

Ferraz, entretanto, buscó acotar los daños del incendio y pasar página. Fuentes oficiales subrayaron que la decisión de Folgueral y los otros siete ediles de pedir la baja en el partido "se ajusta a lo dicho" por Rubalcaba, que mandó optar entre PSOE o poder. El secretario "había dejado claro que no habría un alcalde socialista que hubiera sido elegido con el voto de un condenado por acoso sexual, y así ha sido". Sin embargo, no era esta la alternativa preferida por las cúpulas federal y regional. Hasta el último minuto persiguieron la renuncia. En vano.

Este lunes se reúne la Comisión Permanente Federal, el círculo más cercano a Rubalcaba. El análisis de los restos del naufragio de Ponferrada dolerá más que nunca.

El desasosiego en el PSOE a cuenta de la crisis en Ponferrada (León) empieza a estallar. Este domingo, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, el barón más enfrentado a Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió ya que se depuren responsabilidades. Que rueden cabezas.

Para Gómez, la gestión de la moción de censura en la ciudad berciana, que ganó el PSOE con la ayuda de Ismael Álvarez, condenado en 2002 por acoso sexual a Nevenka Fernández, y que fue avalada primero y rechazada después por la cúpula federal, ha sido "un grave error, que tendrá sus responsables" y estos, dijo, "deberían dimitir", informa Europa Press. 

Ese era el golpe del líder madrileño, porque en estos días Ferraz ni ha querido hablar públicamente de deserciones. Ni ha querido castigar a Óscar López, el secretario de Organización que asumió como "error" personal haber dado vía libre a la moción en Ponferrada sin exigir la marcha previa de Álvarez del Ayuntamiento.

Gómez, sin embargo, intentó exculpar a Rubalcaba: "Me he sentido mal estos días y he sufrido viendo tan expuesto al secretario general del PSOE". Un rodeo para decir que quienes han fallado han sido sus lugartenientes. No precisó, eso sí, si el secretario general debería haber actuado de otra manera.