Los ocho acusados de la agresión en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas negaron este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que tengan algún tipo de odio o animadversión hacia el Instituto Armado y aseguraron que no participaron en la pelea ocurrida la madrugada del 15 de octubre de 2016, informó Europa Press.

De igual modo, todos negaron pertenecer activamente a los movimientos Ande Hemendik u Ospa Eguna, que defienden la salida de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas del País Vasco y Navarra, aunque varios sí reconocieron haber participado en algún acto de los mismos que se celebraron en la localidad.

Todos coincidieron en resaltar que el bar Koxka de Alsasua, donde ocurrieron los hechos, es un local "de pintxos" por el día y que por la noche bajan la iluminación y ponen música alta, normalmente "música comercial", como un "pub" donde se sirven copas.

Durante la primera sesión del juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), los ocho, que se enfrentan a una petición fiscal de entre 12 y 62 años de prisión, no quisieron responder a las preguntas de la Fiscalía y acusaciones y únicamente contestaron a sus abogados.

Una discusión "bastante corta"

Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Ohian Arnanz, los tres acusados que todavía están en prisión provisional, donde llevan más de 500 días, fueron los primeros en prestar declaración. Unamuno reconoció que estuvo en el bar Koxka de Alsasua, donde ocurrieron los hechos, aunque dijo que no suele ir mucho porque no es el ambiente que le gusta al ser un local en el que por las noches ponen "música reggaeton".

También admitió que intercambió unas palabras con el teniente de la Guardia Civil herido para reprocharle que hacía tiempo le habían puesto unas multas de tráfico y por participar en una manifestación por los presos etarras que no estaba autorizada.

A pesar de que reconoció que iba "bastante borracho", también quiso dejar claro que en ningún momento profirió expresiones malsonantes o insultos contra los guardias civiles y sus parejas. Sí apuntó que en un momento dado el teniente le llamó por su nombre y eso le molestó.

El acusado aseguró que fue una discusión "bastante corta" y que nunca quiso "provocar nada", es decir, el tumulto y la agresión que después tuvo lugar en el local y fuera de él, y que si así fue, lo siente. En cualquier caso, insistió en que no participó en la pelea y que no se resistió cuando la Policía Foral le detuvo en el lugar.

Sólo uno dice no haber estado en la zona

Adur Ramírez es el único de los ocho acusados que dijo en el juicio que no se encontraba en el bar Koxka ni en las inmediaciones cuando ocurrieron los hechos, sino que se marchó a su casa horas antes, aunque sí habló con Jokin Unamuno por teléfono porque una amiga estaba preocupada por su hermano, al que no encontraba.

A preguntas de su abogada, Ramírez indicó que se enteró de todo lo ocurrido al día siguiente por la cantidad de mensajes y llamadas que recibió. Pero aseguró que nadie le dijo aquella noche que en el bar Koxka hubiera guardias civiles y que no sabe cómo le identificaron porque no llevaba puesta la ropa con la que dijeron que le habían visto.

En cuanto a la campaña Ospa Eguna, el acusado admitió que la conoce, "como mucha gente en el pueblo", ya que es un "movimiento popular", pero dijo que no ha sido nunca ni portavoz ni participante del mismo, salvo en 2015 cuando formaba parte de una charanga tocando un instrumento.

Para Jokin Unamuno y Adur Ramírez la Fiscalía pide 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, pero para el tercero en declarar, Ohian Arnanz, el Ministerio Público solicita 62 años y medio porque le añade un delito de amenazas terroristas. Arnanz sí reconoce que estuvo en el bar, pero que no conocía a las víctimas ni tampoco a los otros acusados, a los que sólo considera "vecinos" de la localidad.

Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, para los que el Ministerio Público pide 50 años de cárcel, dijeron que son "amigos de la infancia", pero llegaron por separado al bar Koxka y se encontraron allí, donde se hicieron una foto. Ambos aseguraron que nunca tuvieron ningún incidente con la Guardia Civil y se consideran personas "pacíficas".

Los dos también destacaron que no están interesados en la política y reconocieron que sus madres acudieron a una reunión en un centro del Ayuntamiento cuando supieron que estaban investigados, pero que sólo fue para informarse. También reconocieron que borraron el contenido de su aplicación de Whatsapp en sus móviles, pero explicaron que es algo que suelen hacer habitualmente para liberar espacio en el teléfono.

Goicoechea sí señaló que es "muy conocido" en el Koxka y que suele frecuentar el local para "bailar, echar unas risas con los amigos o intentar liar", y que es un bar "bastante conflictivo", pero insistió en que la noche de los hechos no vio ninguna pelea, aunque sí se formó un "tumulto".

Denuncian las ruedas de reconocimiento

Cuando se enteraron de que les estaban investigando, Cob y Goicoechea se personaron voluntariamente en los juzgados de Pamplona y los dos denunciaron las ruedas de reconocimiento a las que se les sometió semanas después, ya que les colocaron con otros presos de la cárcel de Alcalá-Meco, donde se encontraban, y que todos tenían la "tez oscura" y parecían ser de origen sudamericano.

Aratz Urrizola, que también se enfrenta a una petición fiscal de 50 años, también negó los hechos y dijo que el rato en que estuvo en el Koxka estaba "todo tranquilo". Iñaki Abad, por su parte, también reconoce que estuvo en la zona de los hechos y que conocía al teniente de la guardia civil porque su novia y él eran clientes habituales del bar donde trabajaba. Con los dos había tenido un "trato normal".

La última en declarar fue Ainara Urquijo, quien sólo está acusada de amenazas terroristas y para la que se piden 12 años y medio de cárcel. Según su versión, no llegó a entrar en el bar Koxka y que llegó cuando ya habían detenido a Jokin Unamuno y al teniente ya le habían llevado al hospital. Aseguró que en ningún momento se dirigió al sargento o a su novia y que, aunque sí se "alteró un poco" ante los agentes de la Policía Foral, no profirió ninguna amenaza.

El juicio continuará mañana, martes, a las diez de la mañana con las declaraciones de las víctimas de la agresión: el teniente y el sargento de la Guardia Civil y sus parejas.

Las defensas de los ocho acusados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas presentaron un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que piden la abstención, y subsidiariamente instan a la recusación, de la presidenta del tribunal que les va a juzgar, la magistrada Concepción Espejel, al considerar que no va a ser imparcial por los "lazos" que la unen a la Guardia Civil, informa Europa Press.

El motivo por el que las defensas presentaron el escrito es "la existencia de un interés directo o indirecto de la magistrada en el proceso judicial, en atención a sus estrechos vínculos" con el Instituto Armado.

"Está casada con un coronel de la Guardia Civil, matrimonio del que resulta evidente derivan lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el Cuerpo al que pertenece su marido", explican los letrados, quienes además recuerdan que Espejel fue "condecorada por el Ministro del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil".

"Penas extraordinariamente elevadas"

Para las defensas, "estas circunstancias resultan especialmente relevantes en el presente proceso, en el que, como es sabido, se enjuicia a ocho personas acusadas de gravísimos delitos de carácter terrorista y por los que se interesan penas extraordinariamente elevadas".

El fiscal encargado del caso, José Perals, atribuye a siete de los imputados cuatro delitos de lesiones terroristasterroristas, con una condena de doce años y medio por lesión. Además, imputa a uno de ellos el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente doce años y medio de cárcel.

Los abogados de las defensas insisten en reprochar que la Fiscalía impute a los acusados un supuesto "sentimiento de odio hacia la Guardia Civil" y les vincule con el movimiento Alde Hemendik ("Fuera de aquí"), que reivindica el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en Navarra y el País Vasco.

"No se trata, por tanto, del enjuiciamiento de unas lesiones causadas a dos guardias civiles, aisladamente consideradas, sino el de una supuesta campaña de acoso al Cuerpo desde 1978, aunque los acusados ni siquiera hubiesen nacido, que ponía en tela de juicio la legitimidad de su presencia en el País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, todo ello basado en informes de la propia Guardia Civil concernida", apuntan.

"Ningún ciudadano estaría tranquilo"

Por todo ello, las defensas consideran "evidente que los lazos familiares" de Espejel con un coronel de la Guardia Civil y la condecoración recibida "ponen gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para decidir en la presente causa, y los acusados no pueden sentirse imparcialmente juzgados cuando forma parte del tribunal, como presidenta, una magistrada en quien concurren las citadas circunstancias".

"Ningún ciudadano estaría tranquilo, creemos, si cualquier decisión que le afecte dependiera de un juez que haya recibido una condecoración de la entidad o empresa a la que, supuestamente, el referido ciudadano hubiera pretendido violentar y que sea, además, familiar directo de uno de sus accionistas o directivos", explican.

Así pues, y "con el fin de garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo y con todas las garantías", solicitan que Espejel se aparte del tribunal que juzgará el caso y, en caso de no hacerlo, presentarán un incidente de recusación. El juicio está previsto para entre el 16 y el 27 de abril.

Recusación rechazada por extemporánea 

La Sección Primera de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó por extemporánea la recusación. Los magistrados explican en un auto que la Ley exige plantear la recusación tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funda y, en el caso concreto, el tribunal recuerda que esta magistrada intervino en múltiples resoluciones sobre la causa, desde que tomo posesión como presidenta, en el mes de junio de 2017.

Los acusados plantearon formalmente apartarle del tribunal el pasado 1 de marzo a partir de una providencia de la Sala del 13 de febrero en la que se ponía en conocimiento de las partes la composición de dicho tribunal. Al respecto la Sala matiza que el único hecho nuevo que recoge esa providencia es la incorporación del nuevo magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez que cubre la plaza del fallecido Javier Martínez Lázaro.

El auto explica que el resto de miembros –Concepción Espejel y Manuela Fernández de Prado– se mantiene "inalterable"; de hecho no ha habido más variaciones que las relativas al cambio en la presidencia tras la salida de Fernando Grande-Marlaska, y posteriormente el fallecimiento de uno de los miembros.

La Sala recuerda además que Espejel intervino en múltiples resoluciones en esta causa desde que tomó posesión como presidenta, rechazando el argumento de las defensas de que desconocieran esa situación hasta el pasado 13 de febrero. "Las defensas que plantean el incidente pretenden que hasta la diligencia de 13 de febrero de 2018 no conocían la intervención de Concepción Espejel en el tribunal, pero ello no puede estimarse así", explica.

Los magistrados recalcan además que, si como reconocen los acusados en su escrito, las causas de la recusación eran previamente conocidas por su publicidad, el plazo, que es de diez días, empezó a contar desde junio de 2017, de ahí que esté fuera de tiempo.

Los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 serán juzgados en la Audiencia Nacional entre el 16 y el 27 de abril del próximo año, según han informado fuentes jurídicas.

Según informa Europa Press, la Fiscalía atribuye a siete de los imputados cuatro delitos de lesiones terroristas, con una condena de doce años y medio por lesión. Además, imputa a uno de ellos el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente doce años y medio de cárcel. También reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas.

De este modo, el fiscal encargado del caso, José Perals, solicita un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas para los ocho acusados de la agresión.

En el escrito de acusación, el Ministerio Público indica que los hechos ocurrieron en el marco de una campaña contra los agentes de Guardia Civil y Policía desplegados en Navarra y País Vasco que se conoce con el nombre de Alde Hemendik ("Fuera de aquí") y que en la actualidad busca crear un clima de "miedo y rechazo" entre los ciudadanos.

Apunta que esta reivindicación fue introducida en 1976 por la banda terrorista ETA, pero que la izquierda abertzale la mantiene en práctica pese al cese de la actividad armada anunciado por la organización en octubre de 2011.  Y, de hecho, asegura que desde ese año se aprecia un incremento de las acciones de "protesta, presión y hostigamiento" contra los agentes de la Guardia Civil especialmente en las localidades navarras de Alsasua, Leiza y Estella.

"Para estos chavales, ETA es historia"

Sin embargo, los abogados de los acusados por la agresión de octubre de 2016 acusan a la Audiencia Nacional, y concretamente a la jueza instructora de esta causa, de "jugar sucio" por vincular los hechos con terrorismo: "Para estos chavales, ETA es historia", afirman.

Para ellos, los hechos no pasan de ser una "bronca de bar" y, por tanto, reprochan que la Audiencia Nacional sea el tribunal que haya asumido la competencia para investigarlos por lesiones terroristas, en una instrucción que, según aseguran, ha estado plagada de "irregularidades".

Además, las defensas han denunciado que tres de los ocho acusados continúen, más de un año después de los hechos, en prisión provisional cuando, a su juicio, "no se ha demostrado ninguno de los riesgos que lo justifiquen" —destrucción de pruebas, reiteración delictiva y fuga—.

El juicio por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares a lo largo de diez días.

El miércoles 1 de noviembre de 2017 pasará a la historia del derecho como una fecha clave en Francia por ser el día en que el país entró en estado de emergencia permanente, instaurado por la ley antiterrorista que el Parlamento adoptó el pasado 18 de octubre. Consciente del hito histórico, el presidente de la República Emmanuel Macron quiso que el momento fuese solemne y simbólico.

El lunes 30 de octubre, un día antes de su entrada en vigor, coincidiendo con el fin del estado de emergencia, decretado en noviembre de 2015, se publicaba el texto legislativo en el Diario Oficial y, el mismo día, se firmaba el Palacio del Elíseo. En presencia de los fotógrafos, el jefe del Estado aparecía flanqueado por el ministro del Interior Gérard Collomb (a su derecha) y a la izquierda, no por la ministra de Justicia Nicole Belloubet, sino por el portavoz del Gobierno Christophe Castanar, como si se tratase de una metáfora de la filosofía global de esta nueva ley que aspira a perpetuar los poderes excepcionales confiados por el Estado de emergencia a las autoridades administrativas, en detrimento de los tribunales.

En una rueda de prensa ofrecida tras la firma del texto, Christophe Castaner y Gérard Collomb no ocultaron esta vinculación directa. “Todos sabemos que, por definición, un estado de emergencia sólo debe ser una herramienta provisional, un herramienta temporal. Está pensado para hacer frente puntualmente a circunstancias evidentemente excepcionales”, reconoció el portavoz del Gobierno. “Pero sabemos que más allá de ese carácter provisional, la amenaza terrorista sigue presente. Y sigue siendo igual de intensa”, prosiguió. “Decretar el fin del estado de emergencia sólo era posible con una condición, la de reforzar nuestro arsenal jurídico para luchar en el marco del derecho común, pero siempre con la voluntad de la mayor eficacia contra el terrorismo”, dijo Christophe Castaner.

Hay que recordar que el proyecto legislativo está oficialmente destinado a tomar el relevo del régimen de excepción en vigor en Francia desde el 13 de noviembre de 2015 y que, tras ampliarse nuevamente en julio pasado, concluía el 1 de noviembre. Ahora la ley “que refuerza la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo” ha incorporado al derecho común cuatro medidas administrativas, es decir, aquéllas que son ordenadas por un prefecto o el Ministerio del Interior a partir de informaciones con frecuencia facilitadas por los servicios de inteligencia en forma de “notas blancas” sucintas, sin fecha ni firma.

Los registros administrativos ahora han sido rebautizados como “visitas domiciliarias” en el curso de las cuales se podrán llevar a cabo “incautaciones”. A diferencia –importante– del estado de emergencia, estos registros administrativos nuevos deberán ser autorizados por un juez, el magistrado de libertades y de detención. Otra medida destacada del estado de emergencia, el arresto domiciliario dará paso a la obligación de “residir en un perímetro determinado”. Las obligaciones del detenido son sensiblemente menores. El perímetro “no puede ser inferior al de la localidad” y debe permitir “al interesado seguir adelante con su vida familiar y profesional”,

El proyecto de ley también prevé mantener la posibilidad de que los prefectos establezcan “zonas de protección” en el interior de las cuales las fuerzas del orden disponen de poderes excepcionales en materia de control de personas. En el proyecto de ley, estas zonas pasan a ser “perímetros de protección”. Pero las excepciones al derecho común siguen siendo las mismas. Y, por último, la cuarta medida del estado de emergencia que pasa a formar parte del derecho común: los prefectos podrán ordenar el cierre de los lugares de culto.

Cuando el texto llegó a la comisión mixta paritaria, los parlamentarios habían introducido una “cláusula de autodestrucción” que afecta a estas medidas y estipulan que éstas no son aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta entonces, Francia deberá vivir bajo una ley que, como subraya el profesor de Derecho Público Paul Cassia, “es la que más atenta contra las libertades individuales de la historia de la V República, a excepción del periodo en que Charles de Gaulle aplicó el artículo 16 de la Constitución”.

Este análisis lo comparte una coalición que reúne a la casi totalidad de las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos franceses que llevan dos años batallando en contra del estado de emergencia y más tarde contra su incorporación al derecho común por la ley antiterrorista. También lo comparten las dos principales autoridades administrativas independientes competentes en la materia, la Comisión Nacional Consultiva por los Derechos Humanos y el Defensor de los Derechos, quienes han alertado en varias ocasiones de los peligros y las derivas del Estado de excepción en Francia.

Cuando compareció ante Comisión de leyes de la Asamblea el 12 de septiembre, Gérard Collomb mostró su preocupación por las consecuencias, para la imagen de Francia, de mantener el estado de emergencia. Nuestro país “no puede seguir viviendo bajo un régimen de excepción que empaña su imagen”, dijo el Ministerio del Interior para justificar la sustitución del estado de urgencia por su proyecto de ley. El problema es que este último no corre el riesgo de otorgar a Francia el título de país de los derechos humanos. A finales del mes de septiembre pasado, dos relatores especiales de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno francés para mostrar su preocupación frente al nuevo texto antiterrorista que convierte “en derecho un estado de emergencia permanente”, escribían.

12 textos votados en 15 años

En realidad, hace varios años que la imagen de Francia se está viendo perjudicada. Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, destacaba la sucesión de nuevas leyes antiterroristas en Francia, que dio comienzo con la ley del 9 de septiembre de 1986 y que culminaba estas dos últimas décadas con no menos de 12 textos votados en 15 años: “En la medida en que la legislación propuesta se basa en una serie de actos parlamentarios promulgados desde 1986, que refuerzan así la capacidad del Estado para luchar contra el terrorismo, el cúmulo de disposiciones de urgencia adoptadas y en curso de adopción corre el riesgo de restringir significativamente el ejercicio y la protección de los derechos humanos en el país”.

Ya, en enero de 2016, cinco expertos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU enviaron una carta similar al Gobierno francés, seguida de una declaración pública en la que mostraban su preocupación por la adopción de dos leyes: la del estado de emergencia y la de las medidas de vigilancia de las comunicaciones electrónicas internacionales. “Algunas disposiciones de estas leyes pueden imponer restricciones excesivas y desproporcionadas sobre el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la vida privada, del derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación”, escribía el Alto Comisariado.

Los expertos subrayan el desvío ya constatado y permitido por la naturaleza preventiva de las medidas administrativas, así como los términos “muy vagos y muy vastos de la ley”. Además, decían sentirse “alarmados” por el hecho de que “militantes ecologistas” hubiesen podido ser “objeto de registros y arrestos domiciliarios, en aplicación de medidas relativas al estado de emergencia, para prevenir manifestaciones pacíficas vinculadas a la Conferencia COP21 y otras reuniones”.

Y en el mes de julio de 2015, el consejo consultivo de los derechos humanos de la ONU apuntaba a Francia, en esta ocasión con relación a la ley de inteligencia adoptada en el mes de junio de 2015, que reforzó notablemente el poder de los servicios de inteligencia. Este texto “otorga poderes excesivamente amplios de vigilancia muy intrusiva a los servicios de inteligencia sobre la base de objetivos amplios y poco definidos, sin autorización previa por parte de un juez y sin mecanismo de control adecuado e independiente”, lamentaba el consejo.

La adopción, a un ritmo exponencial, de textos sobre seguridad finalmente ha transformado el país de los derechos humanos en un verdadero modelo de las reformas sobre seguridad en Europa. En enero de 2017, Amnistía Internacional publicó un estudio de 71 páginas sobre la evolución de la legislación en 14 países miembros de la UE, titulado Antiterrorismo en Europa: leyes orwellianas. Francia era, junto con Hungría, el país más citado y el más a la vanguardia en materia de reforma sobre seguridad. El informe subrayaba también “el frenesí del Gobierno francés en materia legislativa.

“Está claro que Francia desempeña un papel motor”, decía entonces a Mediapart, socio editorial de infoLibre, John Dalhuisen, director de investigación para Europa de Amnistía Internacional. “Francia ha contribuido a normalizar la idea según la cual la amenaza terrorista, real, constituye en sí una urgencia. Pero una urgencia permanente, justificando medidas permanentes. Se ve, en las leyes adoptadas por ciertos países, un reflejo de esta lógica defendida por Francia y se constatan parecidos. Todas siguen la misma tendencia: un aumento del papel del Ejecutivo y una disminución de los poderes parlamentarios y judiciales”.

Este papel de modelo legislativo se ha concretado incluso en Europa en un lobbying intensivo de París en el seno del Parlamento europeo. Tal y como contó Mediapart a principios del mes de julio de 2016, el Gobierno francés ha tenido un gran peso a la hora de endurecer un proyecto de directiva europea de lucha contra el terrorismo, dirigido a uniformizar las legislaciones de los países de la UE.

El mismo mes, un país tomaba como modelo a Francia. A imagen y semejanza de Manuel Valls, quien afirmó en diciembre de 2015 que “el estado de urgencia es el Estado de derecho”, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan justificaba el 19 de julio la instauración en su país del estado de emergencia: “El estado de emergencia no va en absoluto en contra de la democracia, la ley y la libertad; es todo lo contrario: se dirige a proteger y a reforzar sus valores”. La referencia a Francia se hacía explícita al día siguiente cuando el Gobierno turco, como Francia, invocó el artículo 15 de la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH), que permite derogar algunas de sus disposiciones en caso de decretarse el estado de emergencia. “Francia ha decretado también el estado de emergencia y suspendido la CEDH en virtud del artículo 15 de la Convención”, se justificaba el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus.

El martes, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista, las asociaciones en defensa de los derechos humanos, movilizadas desde hace muchos meses recordaban, una vez más, los riesgos de la deriva de seguridad en curso. En un comunicado difundido el pasado 31 de octubre, la Liga de los Derechos Humanos denunciaba una “falsa salida del estado de emergencia” y un “verdadero retroceso para el Estado de derecho”. Con este texto, escribe la asociación, “la excepción se inscribe de manera permanente en el derecho común, la institución judicial sale debilitada, la presunción de culpabilidad se convierte en la regla para una parte de la población que será, una vez más, estigmatizada. Los derechos y libertades se tratarán en función de las necesidades del Estado con la autorización de fichajes masivos, vigilancias generalizadas y redadas racistas, con el pretexto de luchar contra el terrorismo”. _____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está interrogando este lunes a una docena de nuevos investigados por los disturbios que se registraron el pasado 11 de marzo en Pamplona, hechos por los que sólo habían sido detenidas cuatro personas.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que asumió esta investigación a finales de marzo por considerar estos disturbios como delitos terroristas, ha citado a lo largo del día de hoy a 12 nuevos sospechosos que han sido identificados en las últimas semanas.

La magistrada de la Audiencia Nacional asumió la competencia del caso porque los incidentes que se registraron en la capital navarra están lejos de ser considerados "un acto aislado de desórdenes públicos", sino que formaron parte de "un conjunto de acciones —provocados por la iniciativa Errepresioari Autodefentsa— llevadas a cabo por los violentos contra personas (fundamentalmente agentes de la autoridad), edificios, comercios y mobiliario urbano, siendo la actuación de todos ellos lo que provocó la grave alteración de la paz pública".

También considera que estas actuaciones, además de la formación de barricadas, quema de contenedores, el lanzamiento de piedras y botellas contra la Policía en varias calles del casco antiguo de Pamplona, "pusieron en peligro la integridad" de los funcionarios de policía y de ciudadanos que se encontraban en el lugar de los hechos.

Con motivo de las citaciones de hoy, hasta la Audiencia Nacional se ha desplazado a primera hora de la mañana un grupo de personas para apoyar a los 12 nuevos investigados. Aproximadamente una veintena de jóvenes se han situado en los márgenes del tribunal para protestar por las imputaciones, gritando consignas como "Presos políticos, libertad".

Meses antes de estos hechos, la jueza Lamela había abierto una investigación también por supuesto terrorismo a nueve detenidos en la localidad navarra de Alsasua por una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en octubre del año pasado. Fue el Tribunal Supremo el que dictaminó que ambos casos podían considerarse como actos terroristas.

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró que modificará todas las leyes que haga falta, incluidas las que versa sobre la protección y defensa de los Derechos Humanos, para combatir la amenaza terrorista, tras la serie de atentados que han sacudido Reino Unido en los últimos meses.

May dedicó su discurso de este martes en Slough a ratificar su compromiso con la seguridad nacional, enfrentándose así a las críticas de los últimos días por mermar a los cuerpos de seguridad durante su etapa como ministra de Interior del Gobierno de David Cameron.

La líder conservadora prometió "hacer más para restringir la libertad y los movimientos de los sospechosos de terrorismo cuando haya suficientes evidencias para saber que representan una amenaza, pero no suficientes evidencias para procesarlos".

"Me refiero también a aumentar las penas de prisión para las personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo y a hacer que sea más fácil deportar a sospechosos extranjeros a sus propios países", añadió la jefa de Gobierno.

"Y si las leyes sobre Derechos Humanos nos impiden hacerlo, entonces tendremos que cambiar esas leyes para poder hacerlo", ha aseverado May.

El atentado perpetrado el pasado sábado en el Puente de Londres, que ha dejado siete muertos y decenas de heridos, ha impactado de lleno en la campaña para las elecciones generales del jueves. El líder laborista, Jeremy Corbyn, incluso ha pedido la dimisión de la primera ministra por ordenar recortes en la policía como titular de Interior.

May convocó elecciones anticipadas, precisamente, para reforzar su liderazgo de cara a las negociaciones con la UE sobre el Brexit, pero el Partido Conservador ha pasado de una ventaja de casi 20 puntos a un margen de tan solo un punto en esta semana, de acuerdo a los sondeos.

"La primera ministra que dio a los terroristas su mayor victoria"

Corbyn rechazó este martes la propuesta lanzada por la premier británica y cuestionó la eficacia de las medidas. Negó que el combate al terrorismo requiera "restringir derechos en casa". "La respuesta correcta a los últimos ataques es frenar los recortes conservadores, invertir en nuestras fuerzas de seguridad y proteger los valores democráticos, incluida la Ley sobre Derechos Humanos", contestó el dirigente opositor, según la información de The Guardian recogida por Europa Press.

En la misma línea s eha pronunciado el líder del Partido Liberal Demócrata, Tim Farron, que ha acusado a la primera ministra de embarcarse en "una carrera de armas nucleares" con las leyes antiterroristas. Según Farron, solo servirá para restringir las libertades de los británicos. "Quiere mostrar una postura dura porque le aterroriza que su récord esté ahora bajo escrutinio", ha apuntado sobre May.

"Si hace lo que ha dicho, pasará a la historia como la primera ministra que dio a los terroristas su mayor victoria. Socavará nuestra democracia, nuestras libertades y nuestros derechos, todo lo que estos violentos asesinos quieren atacar", ha advertido, por su parte, la directora de la organización humanitaria Liberty, Martha Spurrier.

Tanto Delgado como Yllanes han mostrado este miércoles su disconformidad con algunos puntos del manifiesto y, por ello, han decidido matizar su postura. Si bien el juez en excedencia ha firmado el texto, ha explicado que no está de acuerdo con la "petición expresa" que se realiza a la Audiencia Nacional a que "reconsidere sus actuaciones", al considerar que podría suponer una interferencia en la separación de poderes.

Yllanes, que había asegurado en un primero momento que no tenía constancia del manifiesto y que no se le habían pedido su apoyo, ha reconocido después haberse equivocado al recordar que sí había firmado dicho texto. Eso sí, según ha explicado a Europa Press, mantiene sus reservas respecto a algunas cuestiones que se plantean en el manifiesto, como es el mencionado llamamiento a la Audiencia Nacional.

En cuanto al que fuera portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), organización personada en la Audiencia Nacional, ha afirmado que comparte la postura de su grupo de rechazo a la calificación de las agresiones como delito de terrorismo, pero ha explicado que ha decidido no firmar el manifiesto al considerar que puede "quitar valor" a la condena que desde Podemos hacen hacia las agresiones que sufrieron los guardias civiles.

En un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, Delgado ya había dejado claro que "desde el minuto uno" la formación política de la que ahora forma parte ha estado "con las víctimas de Alsasua", que son, a su juicio, "los Guardias Civiles agredidos y sus parejas". Su "firme" condena a las agresiones le ha llevado, según ha explicado, a no firmar un manifiesto que, a su parecer, podía desdibujar ese rechazo, aunque esté de acuerdo con "la falta de proporcionalidad" que supone calificar esas agresiones como delito de terrorismo.

Unidos Podemos anunció este martes que "la totalidad del grupo" había firmado el manifiesto de apoyo a los imputados. Sin embargo, de los 67 diputados con los que cuenta Unidos Podemos, 21 no han firmado el manifiesto, aunque sólo dos parlamentarios han admitido sus discrepancias públicamente.

Según ha explicado en declaraciones a los medios la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, "hay compañeros que no lo han firmado porque no se enteraron" durante el periodo de tiempo que abrieron para sumar las adhesiones, y no "porque no quisieran firmarlo".

En este sentido, ha asegurado que la posición de Unidos Podemos sobre las cuestiones denunciadas en el comunicado "es unánime", "independientemente de quien individualmente ha firmado o no el manifiesto", y consiste en denunciar que se ha "calificado de terrorismo" lo que consideran que fue "una pelea de bar".

"No está siendo un juicio proporcional a los hechos que ocurrieron. Creo que eso es un consenso muy amplio tanto dentro de la sociedad navarra y vasca como del conjunto del Estado", ha asegurado Belarra, antes de mostrar su apoyo a los familiares de los imputados "que están en la cárcel", con los que se han reunido este miércoles en el Congreso junto a otros grupos como ERC, PNV, PDeCAT o Bildu.

"Esto es un gesto más apoyando a los familiares de las víctimas, de las personas detenidas, que como decía están siendo sometidas a una política excepcional que al final no es adecuada a los hechos que se produjeron esa noche", ha señalado.

Así, ha asegurado que su formación se solidariza "con todas las víctimas", tanto con los guardias civiles y sus parejas que "son víctimas porque han sido víctimas de la agresión", como con las personas "que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado". "También son víctimas", ha enfatizado.

"Nosotros hemos firmado manifiestos y declaraciones en ambos sentido porque nosotros estamos en contra de cualquier forma de violencia. Además, no tenemos ningún reparo en señalar que estamos con todas las víctimas y contra todas la formas de violencia", ha remachado. En el comunicado, que han suscrito un total de 74 diputados y 14 senadores de Podemos, En Comú, En Marea, IU, Compromís, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu, sus impulsores muestran su "preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo". "La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger", denuncian.

Además, aseguran que a los imputados "se les ha negado el derecho al juez natural" y garantías procesales como el derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad o no arbitrariedad "han quedado en entredicho".

Este jueves se cumplen cinco años desde que tres encapuchados anunciaran que ETA ponía fin a 43 años de terror. La organización comunicó entonces, sin poner condiciones, que renunciaba definitivamente a la violencia organizada para conseguir sus objetivos políticos. El anuncio se produjo a las 19 horas del 20 de octubre de 2011, cuando faltaba justo un mes para las elecciones que sacaron al PSOE de la Moncloa. 

Euskadi vive hoy en paz –todas las facciones de la banda aceptaron la decisión de manera disciplinada– pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque el País Vasco afronte con total normalidad el primer lustro sin ETA, sí hay tareas pendientes en cuestiones relacionadas con la convivencia. 

Entre esos retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz está el desarme y la disolución formal de la banda o la política penitenciaria, una cuestión que el PP ha desdeñado afrontar en la última legislatura. Otra cuestión pendiente es el reconocimiento del daño causado por la izquierda abertzale. Todavía está en construcción, también, el relato de 43 años de violencia, un relato que, sin duda, será diverso y tendrá diferentes ramas. 

infoLibre analiza a continuación todas estas cuestiones con la ayuda de expertos y protagonistas del conflicto:

1. El fin de la violencia: el desarme y la disolución formal

"El hecho de que ETA anunciara el cese definitivo de forma unilateral y que esta decisión no fuera consecuencia de una negociación hace que las cosas lleven su propio ritmo. No obstante, hay temas que hay que ir cerrando, como el del desarme", señala el catedrático de la UPV Ramón Zallo, teórico del soberanismo basado en el derecho a decidir. A su juicio, es importante encontrar una "vía técnica" para resolver esta cuestión por lo que tiene también de "rito" en la culminación de este proceso. 

Lo cierto es que en 2014 el Ejecutivo vasco se ofreció al Gobierno del PP y a ETA para verificar su desarme –varios centenares de fusiles y pistolas– con apoyo internacional. El objetivo era obtener un final ordenado del terrorismo que evitara también el descontrol del armamento. La propuesta, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de ninguno de los interlocutores. La oferta, señala el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, sigue vigente. 

Fernández explica que, en esta materia hay tres modelos en juego: "el Gobierno español apuesta por un desarme estrictamente policial; ETA parece que quiere un modelo de desarme acordado con los Gobiernos de España y Francia; y el Ejecutivo vasco y las instituciones vascas defienden que ETA tiene que desarmarse unilateralmente ante la sociedad vasca y que ese desarme tiene que ser verificado". Por el momento, sin embargo, sigue sin haber acuerdo entre las partes sobre qué postura tomar. 

Por otro lado, en el comunicado en el que ETA anunció el fin de 43 años de terrorismo, la banda, sin poner condiciones, se refirió al "cese definitivo de la actividad armada" y solicitó "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", es decir, la situación de presos y los etarras que viven en la clandestinidad. No habló, sin embargo, de disolución, precisamente porque su voluntad era la de seguir ocupándose del futuro de sus presos. 

De ahí que las fuentes consultadas coincidan ahora en que otra de las tareas pendientes es la disolución formal de ETA. A juicio de Zallo, no obstante, esta es una decisión "más de tipo táctico que estratégico" que lo que queda de ETA tiene que tomar especialmente en relación a los presos. "Cuando una organización armada deja de estar operativa y entrega las armas está claro que no va a emprender acciones armadas. Pero ETA tiene que evaluar si desaparece y traspasa la función de referencia de todos esos presos a alguna clase de organismo de la sociedad civil que actúe de intermediario o si mantiene las siglas sin apenas militantes, que parece ser su opción", asevera. 

2. La política penitenciaria: acercamiento y cuestiones humanitarias

El acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria son otras de las cuestiones que la mayoría de las fuentes consultadas –a excepción de la asociación de víctimas Covite– coinciden en señalar como relevantes para cerrar las heridas que el terrorismo causó durante los 43 años en los que ETA mantuvo su actividad. 

En la actualidad son alrededor de 400 los presos de ETA, el 95% en régimen cerrado y sin beneficios penitenciarios y el 50% en centros penitenciarios alejados del País Vasco. La excarcelación de presos enfermos, sean de ETA o no, es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario por razones humanitarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo media decena de exmiembros de ETA gravemente enfermos encarcelados. 

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, considera que habría que acabar con la dispersión de los reclusos "fundamentalmente por sus familias" –precisa– y buscar también "respuestas humanitarias" para los presos enfermos. En este punto coincide Fabián Laespada, el que fuera portavoz de la ya disuelta Gesto por la Paz, la primera organización cívica creada en Euskadi para denunciar el uso de la violencia. 

"No podemos dejar de reconocer que la ley se ha de cumplir y que si el acercamiento es posible, debería cumplirse. De hecho, se debería haber cumplido desde el minuto cero, es decir, desde que en 1987 el Gobierno socialista apostó por esta política. No tenían que haberlos alejado, se puede dispersar pero no alejar", señala Laespada.

No tienen la misma opinión en el colectivo de víctimas Covite. Su portavoz, Consuelo Ordoñez –hermana del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en 1995– considera que está en la mano de los propios presos reducir la distancia que les separa de sus domicilios. 

"El anterior Gobierno estableció tres requisitos para lograrlo: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual Gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista. Es decir, está en su mano. Pero  la mayoría ha elegido voluntariamente obedecer la disciplina de ETA, continuar formando parte de una banda y seguir ensalzando su trayectoria", señala. 

Un segundo campo, a juicio de Fernández, sería "una modificación general de la política penal y penitenciaria que deje atrás las claves de excepcionalidad del pasado". Se refiere Fernández al hecho de que la mayoría de presos de ETA se encuentran en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado. "ETA ha acabado, el riesgo de reincidencia es nulo y eso algo que se tiene que tener en cuenta", asevera. 

Fernández añade, además, un tercer eje: el de la reinserción. "Esta fue una cuestión que se impulsó en la época en la que Zapatero estuvo en la Moncloa y que se paró por completo al llegar el PP al Gobierno", señala. Lo cierto es que los conservadores ni han puesto en marcha políticas para favorecer la reinserción ni han flexibilizado la política penitenciaria ni ha acercado presos a Euskadi, como le reclaman todas las fuerzas parlamentarias vascas por razones humanitarias.

También es muy crítico con la inflexibilidad del PP a este respecto el catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, que no duda en calificar de "vergonzosa y vengativa" la forma en que los conservadores se han enfrentado a la cuestión de los presos de ETA. "Hay que buscar salidas que propicien la reinserción para los reclusos que estén dispuestos a comprometerse con el rechazo a la violencia. Tampoco se pueden ciertas medidas de excepcionalidad que son de una inhumanidad increíble", subraya. 

Zallo considera, además, que en este marco podría pensarse también en "revisar aquellos tipos de decisiones judiciales que fueron tomadas al calor de una situación excepcional y de una legislación excepcional". "Considero que esas revisiones también son vistas en Euskadi como necesarias para que haya procesos de integración plena sin que eso suponga una desmemoria sobre lo ocurrido", asevera. 

03. El reconocimiento del daño causado

Las secuelas de 43 años de terror, explica Laespada (Gesto por la Paz), perduran especialmente en las víctimas directas de la violencia, que son la parte más perjudicada de toda esta historia. "Ellas padecen las secuelas más duras y la soledad de unos tiempos en los que todo el mundo se siente tranquilo. Es muy importante crear una especie de manto social de solidaridad hacia ellas y eso es algo que queda pendiente por hacer", subraya. Por eso, a su juicio, sería "muy positivo para la convivencia" que gran parte del colectivo de presos mostrara su arrepentimiento y reconociera el daño causado.

Otro aspecto clave en este punto es el papel de la izquierda abertzale. Y es que al fin de ETA contribuyeron tanto los golpes policiales como el giro de la izquierda nacionalista, que para sortear el desierto de la ilegalización aceptó el precio exigido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de buscar el fin de la actividad armada. Pero ni entonces reconoció la derrota de ETA ni hizo autocrítica por su pasado. Y tampoco lo ha hecho desde entonces. 

A juicio de todas las fuentes consultadas para la realización de este reportaje sería relevante que la izquierda abertzale, como organización, hiciera ese ejercicio. Otegi –también otros responsables– han pedido disculpas por si habían añadido sufrimiento a las víctimas de ETA con algo que hubieran dicho o hecho, pero no ha habido un reconocimiento de todo el colectivo. "Sería suficiente con que Sortu, en su próximo congreso, reconociera el daño causado. Bastaría con que lo dijeran sólo una vez... pero sería importante que lo hicieran", señala el sociólogo Javier Elzo. 

Ordoñez va más allá. "La izquierda abertzale tiene una tarea pendiente fundamental, que es reconocer su implicación, su responsabilidad y su colaboración en la pervivencia del terrorismo durante más de cuatro décadas. Hasta ahora no lo han hecho y el Estado de Derecho ha permitido que sin hacerlo, se siente en las instituciones y colabore en poner en práctica la estrategia de ETA por la que los terroristas decidieron que era mucho más eficaz luchar por sus objetivos desde las instituciones en lugar de hacerlo matando", señala.

Laespada, por su parte, entiende que sería "ideal para la democracia" que los responsables de la izquierda nacionalista se declararan responsables de la "perpetración del terror" y admitieran que ETA existió hasta 2011 porque ellos quisieron. "Cuando ellos quisieron cerrar la persiana, ETA no tuvo más remedio que hacerlo. Por tanto, hay una responsabilidad activa muy importante. Me gustaría que hicieran esa lectura y que se engancharan a la democracia completamente, es decir, revisando lo que han hecho mal. Hasta ahora han hecho amagos…. pero tienen un lastre tremendo del pasado de no reconocer que fue un error", señala. 

Hay también quien entiende que hay extender esa autocrítica a otras violaciones de derechos humanos, como las cometidas por el GAL, o a la violencia policial. Aunque hay matices entre unas opiniones y otras. Según Fernández son dos niveles: por un lado está la necesidad por parte de la sociedad vasca de que ETA y su entorno hagan una reflexión crítica y autocrítica específica y, por otro, una reflexión "crítica y compartida" sobre todas las vulneraciones de derechos humanos que ha habido en Euskadi. 

Zallo, sin embargo, no diferencia entre esos dos niveles. Y aunque define a la izquierda abertzale como "agente principal" de este proceso, cree que la reclamación de autocrítica debería extenderse al resto de actores que intervinieron en el conflicto. "Sería positivo que todos hicieran una reflexión estratégica para, visto desde hoy, analizar qué estrategias o enfoques erróneos pudieron tener", señala. 

"Es algo que no sólo le toca a la izquierda abertzale sino también al PSOE, que nunca se ha autocriticado con el tema del GAL ni ha señalado al responsable de todo ese montaje. Por otra parte, el PP es responsable por herencia de los crímenes del franquismo y nunca hemos oído una autocrítica al respecto. Esta es la parte que veo más útil de un ejercicio de reflexión y lo que de verdad podría hacer que se encontraran en el camino relatos distintos", añade. 

04. La construcción del relato

Lo cierto es que si hay algo que está todavía en construcción es el relato de esos 43 años de violencia. Y no parece que esa vaya a ser una tarea fácil. Laespada cree que es esencial hacer esa tarea de "deslegitimación de la violencia" que él relaciona con el relato. "No hay que quedarse en la tristeza, hay que tirar hacia adelante... pero hay que hacerlo leyendo bien el pasado. La conclusión tiene que ser que esto fue un error y un horror y que ETA no consiguió nada de lo que se proponía", dice el promotor de Gesto por la Paz. 

Pero hacer ese relato compartido no será fácil. Lo admite Laespada, que  reconoce que ese dictamen sobre el pasado terrorista será "diverso" y tendrá "diferentes ramas", aunque se muestra confiado en que confluirá en el reconocimiento de que fue un horror utilizar la violencia. También el catedrático de Comunicación de la UPV Ramón Zallo cree que es importante "definir la historia para saber qué ocurrió".

Sin embargo, considera que todavía hay relatos muy distintos en ciernes y que, cuando se escriban, serán inevitablemente distintos. "Eso está por hacer. Nadie ha hecho discursos oficiales desde parámetros ideológicos determinados que sea rigurosos, que no oculten información y tengan una mirada mediada", subraya. A su juicio, sólo si los principios de verdad, autocrítica, exactitud y rigor predominan en esos relatos, estos, con el tiempo, permitirán que las lecturas sean "más plausibles desde el respeto a las ideologías y la subjetividad política de cada uno". 

Jonan Fernández asegura que el Ejecutivo vasco está intentando hacer esa tarea de reconciliación. "Ha pasado poco tiempo y estos temas necesitan perspectiva, pero lo estamos haciendo, por ejemplo, con debates sobre memoria o exposiciones que promovemos desde la Secretaría de Paz y Convivencia. Es delicado, pero vamos dando pasos", explica. Estos movimientos, sin embargo, resultan insuficientes para Laespada, que cree que al Gobierno vasco "sólo le interesa el futuro". "Algunos no entienden que con la mochila que tenemos se puede avanzar más. Esa mochila es un motor de experiencia tremendo para que en posibles ocasiones futuras no se dé ningún caso de violencia", añade. 

El sociólogo Javier Elzo entiende, sin embargo, que ese "fenómeno de reconciliación" se tiene que poner en marcha "ya" y se tiene que apoyar desde lo público y desde lo privado. En este sentido afea al PP su inmovilismo con la causa de la pacificación, al tiempo que acusa al partido de Mariano Rajoy de estar "apalancado en una guerra de vencedores y vencidos". "No me duelen prendas en decir que la postura del Gobierno vasco es positiva y me gustaría decir lo mismo del Gobierno español, pero no es verdad", subraya.

En este sentido, subraya que es muy relevante que el "discurso social" mantenga un un planteamiento que sea básicamente en dos términos: no la impunidad y sí a la reconciliación. "Las cuentas hay que saldarlas, pero eso no nos tiene que llevar a una justicia vengativa que es en la que estamos ahora", sentencia. 

05. Los retos de la convivencia 

Entre tanto, la sociedad vasca enfrenta con total normalidad este lustro sin violencia. Para Elzo hay una cuestión que puede parecer obvia pero que es tan simple como que ya no hay violencia en la calle. "Por ejemplo, en San Sebastián, la parte vieja, que era donde se solían dar manifestaciones de kale borroka... pues ahora se ha convertido casi en un parque temático por la cantidad de turistas que nos visitan", subraya. 

Para Covite, sin embargo, todavía hay heridas abiertas en este tema de la convivencia. "Por un lado, el mantenimiento de la cultura del odio, que sigue intacta y que ha convertido al País Vasco y a Navarra en los lugares con niveles de radicalización más altos de Europa. Por otro, la resolución de más de 300 asesinatos sin resolver que impide a las familias de las víctimas acceder a su derecho a la verdad y su derecho a la justicia", señala Ordoñez. 

"Es difícil hablar de paz cuando todos los días se producen actos de enaltecimiento del terrorismo en las calles, cuando las instituciones del País Vasco y de Navarra hacen la vista gorda mientras se fomenta el culto al asesino y cuando el brazo político de ETA está legalizado y, por tanto, el proyecto político por el que nos mataron, nos secuestraron y nos extorsionaron está más vivo que nunca", añade la hermana del teniente alcalde asesinado.

Ordoñez alude, además, a incidentes como la agresión a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua sucedida este fin de semana. "Una banda terrorista se puede desarticular y puede incluso entregar las armas, pero desarmar moralmente a una sociedad que lleva cuarenta años respirando odio no es tan sencillo", señala. Jonan Fernádez y Javier Elzo, sin embargo, coinciden en que este es un hecho aislado aunque muestran su preocupación y condena ante cualquier acto violento. 

06. El debate identitario, a la baja 

Entre tanto, la sociedad vasca afronta este lustro sin violencia con absoluta normalidad y mostrando más sensibilidad a los retos sociales que a los identitarios. Esta es una cuestión que se reflejó en la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre. 

Los sondeos de opinión también vienen señalando esa caída de independentismo. El último sondeo de la Universidad del País Vasco (UPV), el Euskobarómetro, que preguntó por este tema en abril de 2016, mostró que los ciudadanos que tienen poco o ningún deseo de independencia representaban el 63%, frente al 55% de la anterior oleada en julio de 2015. Por otro lado, los ciudadanos con grandes deseos de independencia han pasado del 30% del año pasado al 24% el pasado abril. Además, un sondeo del Sociómetro del Gobierno vasco también constató el pasado marzo que las preocupaciones sociales se sobreponían con creces a las identitarias.

Según Ramón Zallo, esta realidad tiene que ver con el hecho de que la población haya pasado una época de crisis económica, social y política. En consecuencia, ha pasado al primer plano todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones sociales y económicas. También Fernández cree que la situación de crisis, desempleo… ha creado un ámbito de preocupación de gran prioridad en la sociedad vasca que ha hecho que la tensión social por otros temas haya decrecido.

La compañía Títeres desde Abajo representó el 29 de enero en Granada, concretamente en la Biblioteca Social Libre Albedrío, ligada al sindicato CNT, la obra La bruja y Don Cristóbal, la misma por la que están en prisión provisional sin fianza dos titiriteros, acusados de enaltecimiento del terrorismo. La obra se desarrolló, según el relato de un testigo –que prefiere no dar su nombre–, con escenas polémicas similares a las de Madrid, que todos los asistentes entendieron como parte de una trama de ficción. Nadie pareció darle mayor importancia, ni protestó, ni se salió, ni nada parecido. "Era una obra de teatro, sin más. Son muñecos de trapo, y así lo entendió todo el mundo", explica.

A la función asistieron unas 30 personas, entre las que había "padres con sus hijos". La gran mayoría, cuenta este asistente, eran adultos, pero había "varios menores", no más de diez. El aforo de la sala era muy limitado, por lo que a pesar de la corta asistencia, se quedó gente fuera.

La fotografía que acompaña esta información muestra el instante en que aparece en la función la famosa pancarta que dice Gora Alka-ETA, epicentro de la controversia en Madrid. No la sacaron los titiriteros, sino uno de los títeres. Esto parece una obviedad, pero es relevante: la pancarta aparece en el contexto de una ficción, no al margen de la misma. Y no la esgrime un personaje que esté reivindicando nada o haciendo (en la ficción) apología del terrorismo, sino una especie de policía, o de soldado, que precisamente pretende hacer un montaje policial.

"El que saca la pancarta es una especie de policía, o no exactamente un policía porque la obra está ambientada en el pasado, en un montaje para incriminar a una bruja", afirma el asistente consultado por infoLibre.

La CNT da más detalles en un comunicado: "No existen monjas violadas; bajo la forma de los muñecos, los adultos podemos comprobar que el propietario decide aprovecharse de la situación para violar a la bruja; en el forjeceo, la bruja mata al propietario. Pero queda embarazada, y nace un niño. Es entonces cuando aparece la segunda figura: una monja, que encarna la Religión. La monja quiere llevarse al niño, pero encuentra resistencia en la bruja, y en el enfrentamiento, la monja muere. Es entonces cuando aparece el Policía, que representa la Fuerza del Estado, y golpea a la bruja hasta dejarla inconsciente, y tras ello, construye un montaje policial para acusarla ante la Ley, colocando una pancarta de Gora Alka-ETA sobre su cuerpo, que intenta mantener en pie para realizar la foto, como prueba".

Es un instante del montaje el que recoge la fotografía. A la izquierda se ve la cámara; en el centro la pancarta –algo difuminada–, tras la que está el policía; y tumbada a la derecha, inconsciente, la bruja.

En el caso de Granada, la representación se realizó sin participación del Ayuntamiento.

El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha manifestado este viernes que son necesarias "legislaciones más eficaces para eliminar el veneno terrorista que circula actualmente por las redes sociales y por Internet", instando en este sentido a establecer una "cooperación" con el sector privado y las grandes plataformas de Internet que "nos dé capacidad en esa tarea común de limpiar ese veneno de Internet".

Durante la clausura en Sevilla de la VI reunión del grupo de trabajo de Interpol sobre contraterrorismo, que se ha desarrollado durante tres días en Sevilla y ha contado con 120 especialistas de 39 países de todo el mundo, Cosidó ha comenzado su intervención refiriéndose al atentado ocurrido en Bamako (Malí).

Cosidó ha dicho que "no hay ningún país que esté libre de esta amenaza", motivo por el "no es posible responder con una estrategia de mera contención, sino que necesitamos una estrategia de derrota de ese terrorismo" con la Policía "en primera línea".

"Necesitamos acceder a más información y necesitamos gestionar más eficazmente esta información, y para ello es vital ser capaces también de generar confianza en nuestras sociedades de que esa información que necesitamos para ser eficaces en la lucha contra el terrorismo será utilizada única y exclusivamente para ese fin", ha subrayado.

Cosidó también ha dicho que es una "necesidad vital" poder disponer de un registro de pasajeros europeo, y se ha mostrado confiado en que "el compromiso político que ha generado los últimos atentados, seamos capaces de disponer de esta herramienta antes de que finalice este año".

"Desafío tecnológico"

Se trata de una herramienta que incluirá "datos vitales sobre los viajeros que entran o salen de la Unión Europea", ha afirmado el director de la Policía, quien también ha apuntado que "necesitamos intercambiar más esa información", pues "hay en algunos cuerpos policiales un cierto escepticismo sobre la cooperación multilateral".

"Creo que la cooperación entre países es una herramienta fundamental y clave en el éxito de la lucha contra el terrorismo", ha opinado Cosidó.

Asimismo, ha afirmado que "tenemos un claro desafío tecnológico", ya que "Internet se ha convertido en el principal instrumento de los terroristas" para la radicalización, captación y adiestramiento, "pero también para la planificación y ejecución de atentados".

"Cada vez los terroristas utilizan sistemas más sofisticados de encriptación en sus comunicaciones, y cada vez los contenidos de radicalización o adiestramiento se esconden" en una parte "oscura" de Internet, por lo que "tenemos que aumentar nuestra capacidad técnica para vigilar en esa parte oscura y para interceptar esas comunicaciones encriptadas".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, apeló este miércoles en el Congreso de los Diputados a la "separación de poderes" para responsabilizar a los tribunales y no al Gobierno de las posibles deficiencias en la investigación de torturas a detenidos de ETA. El diputado del PNV, Emilio Olabarría le había preguntado acerca de cinco condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado lo suficiente sendas denuncias de malos tratos.

El ministro defendió que en España existe la "separación de poderes" y le recordó al diputado nacionalista que el tribunal europeo no ha condenado a España por torturas ya que "no ha entrado a valorarlas", sino "a la insuficiente investigación judicial por lo que no refiere al Gobierno, sino a otro poder del Estado". Además, ha explicado que los hechos que tratan esas sentencias "traen causa de hechos en legislaturas anteriores".

El ministro recordó que "esas cinco denuncias se refieren a presuntos miembros de ETA a los que se les aplicó la incomunicación (tras su detención) que ya dispone de un riguroso control judicial". Además, citó la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal para destacar que se van a introducir medidas "contra acciones que atenten contra la integridad". Añadió que de los últimos 80 etarras detenidos en España "a ninguno se le aplicado ya la detención incomunicada".

En su réplica, le reprochó al diputado nacionalista que haya realizado esta pregunta cuando él era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el momento en el que se produjeron algunos de los hechos denunciados. "Pregúnteselo a sí mismo y no traiga aquí esta cuestión", le contestó.

200.000 euros

Olabarría en cambio insistió en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es al Reino de España a quien a condenado con el pago de 200.000 euros en concepto de indemnización y que el Gobierno de España es el responsable de mantener la actual política antiterrorista que no está dispuesto a cambiar. A su juicio se trata de "una política de excepción" y acusó al ministro de actuar "como si en Euskadi no hubiese pasado nada". "No asume que la situación es muy diferente", añadió.

Denunció, asimismo, que lo que hace el tribunal europeo es dictar una "amonestación severa" contra España por no investigar con diligencia los casos de tortura "con carácter general" y citó un informe elaborado por el Gobierno vasco y coordinado por el forense Carlos Echeverría en el que se cifra en 3.587 los casos de torturas y malos tratos entre 1960 y 2013.

También recogió otros estudios en los que se habla de 6.000 denuncias de tortura "que son veraces, con suficiente fundamento". "No sé si estos datos le abochornan, creo que a cualquiera le deberían abochornar", insistió Olabarría, quien finalizó diciendo que esta actitud demuestra "la calidad democrática de un Estado".

La libertad de prensa ha alcanzado su nivel más bajo de los últimos diez años, según el último estudio elaborado por la organización estadounidense Freedom House, que pone de manifiesto que Grecia ha experimentado un retroceso del 21% desde 2010 en este ámbito, una de las caídas más pronunciadas.

La situación en Grecia sigue la tendencia global que ha detectado esta organización, que ha alertado de que el periodismo se encuentra con más restricciones e imposiciones por parte de gobiernos, milicianos, grupos criminales y dueños de grupos mediáticos.

"Los periodistas se enfrentaron en 2014 a una mayor presión en su trabajo", ha asegurado la directora del proyecto, Jennifer Dunham. "Los gobiernos usan leyes antiterroristas como pretexto para silenciar a voces disidentes, mientras que grupos milicianos usan tácticas más intimidatorias y los dueños de los grupos mediáticos intentan manipular el contenido informativo para beneficiar intereses políticos y económicos", detalla Dunham.

Se acelera el deterioro de la libertad de prensa

El nivel de libertad de prensa a nivel global ha alcanzado el punto más bajo en una década, una bajada que se ha acelerado, ya que el promedio global ha sufrido en 2014 la mayor caída de los últimos diez años.

Sólo 1 de cada 7 personas en el mundo viven en países con libertad de prensa. De hecho, de los 199 países y territorios que se han clasificado en 2014, 63 fueron considerados 'libres', 71 'parcialmente libres' y 65 con la clasificación de 'no libre'.

Bielorrusia, líder en censura

Todas las regiones del mundo, salvo África subsahariana, han experimentado un deterioro en la libertad de prensa, no obstante la región euroasiática es la que mayor empobrecimiento ha vivido.

Con respecto a naciones, Bielorrusia es la peor clasificada del ranking, seguida de Crimea, Cuba y Guinea Ecuatorial. La lista de diez países con menor libertad de prensa la completan Corea del Norte, Siria, Irán, Eritrea, Turkmenistán y Uzbekistán.

El observatorio ha advertido del deterioro de la situación en países tradicionalmente democráticos. Así, además de Grecia, países como Tailanda (12 puntos), Ecuador (12 puntos) o Turquía (11 puntos) han sufrido una importante disminución de los estándares periodísticos en los últimos años. La libertad de prensa ha alcanzado su nivel más bajo de los últimos diez años, según el último estudio elaborado por la organización estadounidense Freedom House, que pone de manifiesto que Grecia ha experimentado un retroceso del 21% desde 2010 en este ámbito, una de las caídas más pronunciadas.

Tras un arranque de semana a medio gas en lo parlamentario en señal de duelo por el trágico accidente de aviación en Francia en el que murieron más de medio centenar de españoles, este jueves el pleno del Congreso de los Diputados vivió una de las jornadas más intensas de toda la legislatura si se tiene en cuenta la carga política de las iniciativas que se debatieron y a las que se dio luz verde de forma definitiva. Gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara baja, el Gobierno logró aprobar las cinco leyes en torno a las que ha girado gran parte de su actividad política esta legislatura. Cinco leyes, por cierto, cuya tramitación ha sido fuertemente contestada tanto por la oposición parlamentaria como por los movimientos sociales. Se trata de la reforma del Código Penal, la ley de Seguridad Ciudadana, la ley de actividad económico–financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del ejercicio del alto cargo y la ley orgánica por la que se modifica el Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

El primer turno del orden del día del debate de las enmiendas que llegan del Senado fue para el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El punto más conocido de esta reforma es la denominada "prisión permanente revisable", un término bajo el que el grueso de los partidos de la oposición ven un eufemismo para evitar hablar de cadena perpetua. Uno tras otro, los portavoces que subieron a la tribuna a anunciar el sentido de su voto coincidió en tildar la iniciativa de los conservadores de viaje al pasado. En ver un retroceso en los derechos y libertadas. "Un día negro" para la historia de Estado, según definió la jornada el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. En iguales términos se pronunciaron cuando tocó el turno de defender las posiciones de los grupos respecto a la ley de seguridad ciudadana: para todos los partidos –a excepción del PP– este texto legislativo impone un "estado policial". 

Tanto la reforma del Código Penal como la ley de Seguridad Ciudadana fueron aprobadas en solitario por el Partido Popular. Así, la primera de las iniciativas registró 181 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Y la también denominada ley mordaza salió adelante con 181 apoyos, 140 rechazos y una abstención. 

Los partidos de la oposición fueron muy insistentes a lo largo de sus intervenciones en que mantienen su compromiso de derogar lo que consideran una nueva fase de recortes tras los sociales. A saber: los de derechos civiles y libertades públicas. 

Código penal

Desde el PSOE, el principal partido de la oposición, Rosa Aguilar denunció que el Ejecutivo, no contento con los recortes sociales, ha abierto una nueva fase de recortes. "La derecha ha enterrado el Código Penal de la democracia", denunció la socialista.

La parlamentaria del BNG Olaia Fernández Davila avanzó que esta reforma del Código Penal no termina con su aprobación gracias a los votos del PP. Anunció recursos en contra. Muy en esta línea, el propio Llamazares hizo un llamamiento a la sociedad "para la resistencia y la desobediencia a estas leyes".

Pese a que en este primer turno el objeto de debate era la reforma del Código Penal –con la inclusión de la prisión permanente revisable–, los portavoces de los partidos de la oposición aprovecharon para extender sus observaciones al resto de iniciativas sobre las que iban a tener que pronunciarse después, sobre todo a la ley de seguridad ciudadana, conocida socialmente como ley mordaza. "Los ciudadanos quedan más desprotegidos que antes", señaló Carlos Martínez Gorriarán (UPyD). Desde CiU, Montserrat Surroca criticó que estas iniciativas, más que buscar el consenso, se han tomado "a medida del Partido Popular". Con interés "electoralista". "Lo único que pretende es endurecer las penas de manera injustificada", subrayó. 

"Acogotar todavía más a los ciudadanos"

En un sentido similar a la diputada de CiU, desde el PNV, Emilio Olabarria lamentó el "brutal endurecimiento del sistema de penas".

Joan Tardà (ERC) habló de "tridente legislativo" refiriéndose a la ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal y a las medidas contra el terrorismo yihadista. Y resumió lo que, a su juicio, pretende el Gobierno de Mariano Rajoy con ellas: "Acogotar todavía más a los ciudadanos".

El PP a la oposición: "Se alejan de la verdad y la realidad"

"Encastillados en su caricatura [la de la reforma]". Así describrió el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, la actitud de la oposición. El diputado vasco defendió que la reforma pone el énfasis en la protección de los más débiles. "No renuncia a la responsabilidad del penado, pero pone especial énfasis en la protección de los ciudadanos".

Frente a las acusaciones de la oposición en pleno al PP de no haber trabajado por el acuerdo y el consenso, Barreda recalcó que la voluntad de su grupo ha sido siempre la de negociar. "Ustedes no hicieron nada y ahora dicen que lo que se hace es insuficiente", dijo refiriéndose a la bancada socialista.

seguridad ciudadana

Con argumentos similares al rechazo a la reforma del Código Penal, todos los partidos con representación en el Congreso, salvo el del Gobierno, cargaron contra el "estado policial" y el "despotismo" que ven tras la ley de seguridad ciudadana.

Desde la presentación del primer borrador hace más de un año, esta iniciativa se ha visto envuelta en la polémica por las quejas suscitadas entre partidos políticos y colectivos sociales. No en vano, entre los planes iniciales del Ministerio del Interior se incluía sancionar con hasta 600.000 euros –la sanción más alta– a quienes participasen en protestas ante el Congreso sin permiso de la Delegación del Gobierno. Era la respuesta del Ejecutivo de Rajoy a las protestas que en los primeros años de legislatura fueron convocadas en las inmediaciones de la Cámara baja.

Durante el debate, al que asistió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor, consideró que estamos ante una regulación legislativa que no se corresponde con las necesidades de la ciudadanía. Además, dijo observar en el articulado de la ley castigos contra todas las formas de protesta o polémicas a las que se ha enfrentado el PP desde que gobierna.

En este sentido, habló de cláusulas contra los desahucios, contra el botellón... "Sólo falta una cláusula 'pequeño Nicolás", dijo de forma irónica mencionando al protagonista de uno de los escándalos que han salpicado a miembros del Gobierno.

Especialmente crítico se mostró el diputado de IU Ricardo Sixto, que hizo un paralelismo entre esta norma y las vigentes durante la época franquista. También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, lamentó la "innecesaria represión" incluida en la nueva ley.

"Los gritos, las protestas, las manifestaciones han mutado. Ahora son silenciosas, sutiles, implacables. Las manifestaciones cargadas de razón han adoptado una forma sencilla: un sobre y una papeleta", dijo Baldoví poniendo como ejemplo el resultado de las elecciones andaluzas del pasado fin de semana.

Por su parte, Conrado Escobar (PP) dijo tener "la tranquilidad" de que el texto constituirá un avance para la convivencia y un refuerzo de la democracia. "Nuestra marca es la libertad, la suya todavía no la han encontrado", añadió dirigiéndose al portavoz socialista.

A juicio del diputado conservador, con esta ley se pasa "de la patada en la puerta del PSOE, a la ley del domicilio protegido del PP; de las identificaciones indiscriminadas a las identificaciones limitadas; de los cacheos masivos, a los controles individuales y regulados; de la libertad prestada a la libertad protegida; de los derechos tutelados al pleno ejercicio de nuestros derechos y de la sanción desproporcionada a la sanción efectiva”.

Así, destacó que “España cuenta con una ley del año 92 que tras 23 años se ha visto desbordada, reinterpretada y necesita una revisión por varias razones, como la jurisprudencia contenciosa y constitucional, las exigencias sociales que reclaman mejor protección de las libertades, la necesidad de ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos hoy impunes o la necesidad de una mejor cobertura y seguridad para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

El ministro del Interior quiso intervenir al término del debate y agradeció que "a pesar de la discrepancia, haya llegado este día". "Cuando entre en vigor esta ley se verá que queda garantizada la libertad", zanjó.

El texto entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS Y ALTO CARGO

Estas dos iniciativas legislativas integran el grueso del denominado paquete de regeneración democrática del Gobierno de Mariano Rajoy, un asunto pendiente para los conservadores desde que el presidente anunció leyes anticorrupción en su primer debate del estado de la nación, en febrero de 2013, en pleno estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas. Desde entonces, el PP y el Gobierno han anunciado en más de una decena de veces estas medidas. Pero hasta este jueves no han sido una realidad.

Además del pacto antiyihadista, en el que el PSOE va de la mano del PP, los conservadores no estuvieron solos en este par de leyes. Tanto PNV como CiU anunciaron su respaldo a algunos puntos.

Por su parte, el PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) esgrimieron los casos Gürtel y de los papeles de Bárcenas para justificar su voto en contra de las dos principales leyes anticorrupción del Gobierno.

En este último debate parlamentario en el Congreso, el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, sostuvo que estas dos leyes son "el más importante paquete legislativo contra la corrupción".

La figura del extesorero del PP sobrevoló en el hemiciclo. Para el socialista Antonio Pradas, resulta difícil hablar de regeneración democrática y de medidas contra la corrupción cuando el partido del Gobierno ha sido acusado por un juez de "ser participe a título lucrativo de un delito de financiación ilegal y de haber llevado al menos durante 18 años una contabilidad B".

"Nadie entendería que apoyáramos a un gobierno que no asume responsabilidades", señaló avanzando el sentido negativo de su voto.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural para la defensa de la posición de su grupo, Joan Josep Nuet, esgrimió los escándalos de corrupción que afectan al partido del Gobierno para justificar su voto en contra, algo que provocó que la vicepresidenta del Congreso le llamase la atención. "No estamos en un debate sobre Gürtel, estamos en el debate de las enmiendas presentadas en el Senado", espetó Celia Villalobos (PP). "No tenga ninguna duda de que estamos hablando de financiación de partidos políticos", respondió el diputado de la Izquierda Plural. En un momento de su intervención leyó algunos fragmentos del último auto del juez Ruz sobre la financiación del partido del Gobierno.

Al hilo de estas posiciones, Bermúdez de Castro subrayó que todavía no hay sentencia, sino un auto de un juez instructor.

"Fortalecer el sistema pasa por despreciar a los corruptos, pero también pasa por respetar los principio del Estado de Derecho y no extender la responsabilidad más allá de los culpables. Tan reprochable como improcedente es lanzar sombras de sospecha, dictar sentencias anticipadas, confundiendo un auto de instrucción con una sentencia".

Pacto antiyihadista

En uno de los últimos puntos del orden del día, PP y el PSOE se quedaron solos para defender la proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de terrorismo que introduce nuevos delitos para, según los promotores de la iniciativa, paliar la amenaza yihadista y endurecer las penas en esta materia.

La iniciativa, además, contó el en el pleno con el apoyo de Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Y la oposición del resto de grupos-

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) definió esta reforma como "una chapuza" fruto de la "rimbombancia propagandística". Y Llamazares insistió de nuevo en que este jueves pasaría a la historia como "un día negro para la democracia".

Jordi Jané (CiU) hurgó en la herida del PSOE, que llegó a un pacto con el PP en esta materia. A su juicio, existe una "contradicción" en las filas socialistas al decir el mismo día 'no' a la prisión permanente y 'sí' a estas medidas antiyihadistas.

En el PSOE, no obstante, rechazan cualquier tipo de vinculación entre el aplazamiento de las jornadas y la firma del pacto con el PP. Pero no explican el motivo concreto del cambio de planes. Precisan que fue a mediados de la semana pasada, el miércoles o el jueves, cuando se decidió mover la fecha y que por entonces se desconocía que la materialización parlamentaria del pacto iba a tener lugar el martes. Por el contrario, fuentes parlamentarias aseguran que la semana pasada se trasladó la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces al miércoles –suele ser tradicionalmente los martes– en previsión de la llegada de la proposición de ley al registro de la Cámara baja el martes. 

En la carta enviada por el PSOE a las organizaciones que iban a participar en las jornadas, se indica la necesidad de aplazar las jornas por "motivos de agenda", pero no se explican cuáles son. La misiva está fechada el 2 de febrero, el mismo día que se firmó el pacto entre PP y PSOE, aunque en el texto se indica que el aplazamiento de las jornadas se comunicó a los participantes "el viernes 30 de enero a las 10.00h de la mañana".

La foto entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se produce en un momento delicado para el principal partido de la oposición. A las criticas internas a las que se enfrenta Sánchez por su gestión, se han sumado las de otros partidos de la oposición que resucitan el fantasma de la gran coalición. Desde IU, por ejemplo, Gaspar Llamazares lamentó que el PP y el PSOE hayan gestado solos ese acuerdo antiterrorista, un "blindaje bipartidista" que da una imagen de "un abrazo del oso" entre las dos grandes formaciones.

La Izquierda Plural intenta que las jornadas se celebren

Precisamente, el grupo de la Izquierda Plural, que tenía previsto acudir a la convocatoria del PSOE en la que se pretendía "visibilizar la soledad" de los conservadores en la bautizada como 'ley mordaza', hizo un intento este lunes de mantener las jornadas en la fecha original, con el mismo objetivo, el mismo programa, el mismo orden del día y las mismas organizaciones participantes. No tuvo éxito. En este grupo parlamentario señalan su intención de mantener la convocatoria al hecho de que algunas de las 20 organizaciones que habían confirmado su asistencia así se lo habían pedido.

Las fuentes de la Cámara consultadas por infoLibre mantienen que era imposible dar luz verde a la petición firmada por el diputado José Luis Centella por un par de cuestiones técnicas. La primera tiene que ver con el hecho de que va dirigida a la Mesa del Congreso y ésta no se reúne hasta el miércoles. Es decir, que cuando la petición fuese estudiada el miércoles –día 4– el día solicitado ya habría transcurrido. La segunda tiene que ver con que los servicios de la cámara ya tienen desde hace días una solicitud de aplazamiento de esas jornadas presentada en "tiempo y forma". Una solicitud que ya ha sido aprobada para el día 16.

Programa

En el borrador que los socialistas remitieron al resto de grupos figuraba que las jornada se extendería entre las 9.30 y las 14.00 horas y que, junto al objetivo de visibilizar la soledad de los conservadores, se persigue "hacer público el compromiso de los partidos de retirada de la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana en caso de llegar al Gobierno tras las elecciones mediante la firma de un documento que exprese dicho compromiso de retirada".

Tras una presentación, estaba prevista una mesa integrada por los grupos parlamentarios en la que se pretende firmar el documento de compromiso de retirada de la ley. Acto seguido, llegaba el turno de las asociaciones. En total, 20 intervenciones. Las de CCOO, UGT, CGT, Legal Sol, Marchas 22M, PAH, Democracia Real Ya, Asociación Libre de Abogados, Jueces para la Democracia, Consejo General de la Abogacía, SUP, Podemos, Cáritas, Plataforma tercer sector, Avaaz Pueblos Unidos-Coordinadora de Barrios, SOS Racismo, Plataforma Derecho libertad información, Greenpeace y Amnistía Internacional.

Para el cierre, se preveía la intervención de No somos delito y de los diputados de los grupos parlamentarios participantes.

A tan solo unas horas de que el centro de Madrid se inunde de globos rojos y pancartas contra la retirada de la reforma de la ley del aborto, el Gobierno intentó este viernes hacer una llamada a la calma comprometiéndose a trasladar, con la mayor brevedad posible, al Congreso de los Diputados la prometida ley de protección de la infancia. El texto, en manos del departamento de la ministra Ana Mato, incluye la obligación de que las menores de 18 años que quieran abortar cuenten con el consentimiento paterno.

El Partido Popular y el Gobierno viven con intranquilidad las horas previas a la marcha que, convocada por más de 150 asociaciones contra el derecho al aborto, recorrerá este sábado algunas calles de Madrid protestando por la marcha atrás del Ejecutivo en un tema que llevaban en su programa electoral y que se vio obligado a rectificar. En todo este proceso cayó el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Al menos una decena de parlamentarios del PP y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ya han anunciado su asistencia. El proceso de la frustrada ley Gallardón causó, por aquel entonces, muchas fisuras en el partido conservador y ahora, cuando la crisis con Cataluña se encuentra en su punto álgido y los diferentes escándalos de corrupción suponen un azote continuo contra el PP, el Ejecutivo no quiere más frentes abiertos.

Durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los diferentes líderes de la formación conservadora, por aquel entonces en la oposición, eran habituales tras las pancartas en este tipo de concentraciones. Entre los años 2004 y 2010, el Partido Popular convocó, apoyó o participó en trece manifestaciones en las que se clamaba duramente contra la posición del Ejecutivo socialista. La política antiterrorista, el matrimonio homosexual y la decisión del Gobierno del PSOE de reformar la ley del aborto fueron los temas principales contra los que salieron a protestar a la calle diferentes altos cargos de la cúpula del PP.

A pesar de que las marchas no eran convocadas por la formación conservadora, el PP cumplía la función de movilizador social. En una entrevista concedida a la cadena Cope, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció que su partido era el que movilizaba “todas las manifestaciones”. “Lo tengo muy pensado, lo que no he pensado es si es bueno o malo decirlo. Mi partido es el que moviliza todas las manifestaciones. Es el que respalda, moviliza y las llena”, aseguraba al entrevistador. Ahora gobernando, la formación conservadora no se muestra partidaria de acudir a este tipo de marchas.

Víctimas del terrorismo

Las concentraciones contra la política antiterrorista impulsada desde el Ejecutivo de Zapatero se convirtieron en los actos predilectos a los que acudían los dirigentes conservadores. Aunque la mayor parte de ellas fueron convocadas por la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo (AVT), pesos pesados del PP marcharon, hasta en diez ocasiones durante las dos legislaturas socialistas, tras las pancartas reivindicativas.

La primera manifestación convocada por la "organización apolítica", según se definen ellos mismos, durante el Gobierno socialista recorrió las calles de Madrid el 22 de enero de 2005 para protestar, según la AVT, “ante la probable salida a la calle de algunos de los más brutales pistoleros de ETA” –como consecuencia del anuncio relativo a la excarcelación del miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos después de haber cumplido 18 años de cárcel–.

Desde el Partido Popular se movilizó a su militancia vía mensaje telefónico. El entonces secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, ahora imputado en el marco de la operación Púnica, ordenó difundir mensajes SMS a los presidentes del partido en los distritos de la capital y en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid.

Bajo el lema “Memoria, dignidad y justicia con las víctimas”, la marcha finalizó con el intento de agresión perpetrado por algunos de los manifestantes contra el entonces ministro de Defensa, José Bono.

Unos meses más tarde, en junio de ese mismo año, la AVT volvió a convocar una nueva manifestación en la capital en contra de la posible política de diálogo del Gobierno con la banda terrorista. Bajo el lema “Por ellos, por todos. Negociación en mi nombre ¡NO!”, alrededor de 240.000 personas recorrieron algunas calles de Madrid.

La marcha, de nuevo, estuvo respaldada por la cúpula del Partido Popular. El presidente de la formación conservadora, Mariano Rajoy, el exjefe del Ejecutivo José María Aznar, Eduardo Zaplana, Pío García-Escudero, Rita Barberá, Miguel Arias Cañete, María San Gil, Alberto Ruiz-Gallardón o Esperanza Aguirre acudieron a una manifestación en la que las consignas contra Zapatero y Peces-Barba fueron las más proclamadas.

Con un lema similar, la organización antiterrorista convocó una nueva marcha en febrero de 2006. La mayor parte de los gritos fueron destinados contra el presidente del Gobierno: “¡Zapatero, embustero!” o “¡Zapatero vete con tu abuelo!”. A la manifestación acudieron más de 100.000 personas.

De nuevo apoyada desde el Partido Popular, la AVT repitió teloneros. Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y José María Aznar fueron algunos de los personajes que acompañaron la marcha.

En junio de ese mismo año, bajo los lemas “Negociación en mi nombre ¡No!” y “Queremos saber la verdad”, la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo volvió a reunir a cerca de 200.000 personas en la madrileña Plaza de Colón para protestar contra la política antiterrorista impulsada desde el Ejecutivo y para exigir “toda la verdad” sobre los atentados del 11-M.

Se trataba de la cuarta manifestación en menos de año y medio. Mariano Rajoy, Ana Pastor, Francisco Camps, Arias Cañete y Eduardo Zaplana fueron algunos de los asistentes de la cúpula del Partido Popular que acudieron al acto, en el que también se abucheó a Ruiz-Gallardón.

El 1 de octubre de 2006, en Sevilla, y el 25 de noviembre en Madrid, fueron las siguientes citas previstas por la AVT. La primera marcha estuvo encabezada por el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, y el presidente regional, Javier Arenas. En la segunda manifestación se pudo ver a un emocionado Rajoy, que repetía “me siento orgulloso de ser español” acompañado de Esperanza Aguirre, María San Gil y Alberto Ruiz-Gallardón entre otros.

Pero la constante participación del actual presidente del Gobierno en las manifestaciones de esta índole comenzó a decaer. La última vez que Mariano Rajoy acudió a una marcha relacionada con el terrorismo fue el 10 de marzo de 2007, primera convocada por el PP. Bajo el lema “España por la libertad. No más cesiones a ETA”, la marcha fue convocada por el PP tras la excarcelación, el 1 de marzo, del etarra Iñaki de Juana Chaos, cuando tras su prolongada huelga de hambre se le concedió el segundo grado y se le trasladó al hospital Donostia de San Sebastián. Detrás de Rajoy estaba la entonces líder del PP vasco, María San Gil, y entre el público, José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que estuvo 532 días secuestrado por la banda terrorista. Hoy, ambos se encuentran alejados del Partido Popular.

Matrimonio homosexual

A pesar de las rencillas existentes a día de hoy entre el Gobierno del Partido Popular y el Foro de la Familia –organización que convoca la manifestación de este sábado, a la que acudirá una buena parte del electorado de la formación conservadora–, ambos grupos compartieron intereses y una estrecha relación durante la legislatura socialista.

Unidos contra la decisión del Ejecutivo de reconocer el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, el Partido Popular apoyó férreamente la marcha organizada por el Foro de la Familia en junio de 2005.

La dirección de la formación conservadora estuvo representada por Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ana Pastor, Miguel Arias Cañete, Jaime Mayor Oreja, Ana Botella y Federico Trillo, entre otros, que encabezaron la manifestación sosteniendo la pancarta con el lema "Por la libertad y la familia". Entre la lona que abría la manifestación, sostenida por miembros de la organización convocante, y la que portaban los miembros del PP, marcharon cerca de 20 obispos.

Reforma de la ley del aborto

A mediados del mes de octubre de 2009, y con motivo de la decisión del Ejecutivo socialista de reformar la ley del aborto, el Foro de la Familia y el Partido Popular volvieron a marchar de la mano en una multitudinaria manifestación celebrada en Madrid. Aunque los conservadores, en un primer momento, se resistieron a participar activamente en la manifestación, la presencia en el acto de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aunque fuese a título personal, evidenció un respaldo político explícito.

Por su parte, el actual presidente del Gobierno decidió no acudir para no politizar la marcha, pero animó a los ciudadanos a que se concentrasen.

Entre los más de 265.000 manifestantes que recorrieron algunas calles de la capital, se encontraban algunos de los pesos pesados en la cúpula del PP. El expresidente Aznar, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Ana Mato, Ana Pastor y varias decenas más de parlamentarios del partido marcharon bajo las consignas coreadas “España unida lucha por la vida” o “Vida sí, aborto no”.

Este sábado será el Gobierno del Partido Popular la diana a la que irán dirigidos los gritos y cánticos de los miles de manifestantes que se estima que acudirán a la marcha "Cada vida importa" y cuyo principal organizador es, de nuevo, el Foro por la Familia. Algunos políticos del Partido Popular, fragmentado desde la retirada del proyecto de Gallardón, se han mostrado partidarios de acudir, aunque sea a título personal. Una marcha distinta a las anteriores.

Si creemos que España es el único país sometido a una polarización política constante, sin importar el asunto en discusión, es que no estamos al tanto de lo que sucede en Estados Unidos. Barack Obama es posiblemente el presidente más odiado por la extrema derecha de su país desde Abraham Lincoln, también por un asunto de piel. El rechazo es ideológico pero la forma en la que se manifiesta deja al descubierto un fondo racista. 

Estados Unidos vive estos días un agrio debate político sobre la liberación del sargento Bowe Bergdahl, capturado por los talibanes en Afganistán hace cinco años. (Aquí el vídeo de la entrega grabado por los talibanes). Obama ha aceptado poner en libertad a cinco presos de Guantánamo a cambio del militar norteamericano. Los presos entregados al Gobierno de Qatar tienen relación con los talibanes, no con Al Qaeda. Solo Mohamed Nabi Omari podría haber tenido alguna relación con el grupo de Osama bin Landen, así como con la Red Haqqani.

La derecha del Partido Republicano, el Tea Party y alrededores –es decir, la extrema derecha– ataca al presidente porque, a su entender, ha sentado un precedente que pone en riesgo a soldados y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo. Ahora, sostienen, 'los malos' ya saben que pueden obtener algo a cambio. También ponen en duda el patriotismo del sargento, a quien acusan de haber abandonado su puesto por discrepancias en la forma que se conducía la guerra. Otras fuentes otorgan a Bergdahl un papel en los servicios de espionaje de EEUU.

Obama se defiende: EEUU nunca abandona a sus soldados. Sostiene que Guantánamo es una prisión que debe cerrarse y que su Administración apoya el llamado proceso de reconciliación en Afganistán. También influye el hecho de que este país asiático ha dejado de interesar desde el punto de vista estratégico. Ya no es un asunto de prime time. prime timeObama retirará sus tropas en 2016, antes del final de su segundo mandato. Era una de sus promesas: salir de las dos guerras que empezaron George W. Bush y su camarilla de halcones a los que Richard Clarke, antiguo jefe de los servicios contraterroristas de EEUU, señala como posibles criminales de guerra.

También era una promesa electoral, del Yes we Can, cerrar Guantánamo, un agujero negro legal, pero no todas la promesas superan el choque con la realidad, los intereses y el no saber qué hacer con los presos, antes llamados "combatientes enemigos", una fórmula con la que Bush burló las convenciones de Ginebra firmadas también por EEUU.

The New York Times propuso un debate a cuatro expertos –¿se debe negociar?– que discrepan sobre la forma y fondo del acuerdo, pese a que no es la primera vez que EEUU negocia. Muy interesantes los cuatro. Como sucede con frecuencia en el periodismo anglosajón, hasta los contrarios a tus ideas ofrecen luces a tener en cuenta.

¿Se debe negociar con terroristas? ¿Son los talibanes terroristas? ¿Son lo mismo que un grupo radicalizado de la franquicia de Al Qaeda? ¿Qué es terrorismo y quiénes son los terroristas? ¿Quién lo decide? Se trata de un asunto complejo en el que influye la política, el punto de vista de quien gana la guerra y el derecho a escribir la Historia, a decidir quiénes son los buenos y quiénes los malos. Para los talibanes, los terroristas somos nosotros, las llamadas tropas de paz. Son asuntos complejos en los que son imposibles la luz y los taquígrafos.

Israel es uno de los países más firmes en la lucha contra el terrorismo. En esa lucha no suele preocuparse demasiado por los derechos humanos, la soberanía de los países y la legalidad internacional. Su política es ojo por ojo. Hay excelentes películas sobre esto y la habilidad del Mossad de alcanzar sus objetivos. Pero ese Estado tan duro es capaz de negociar e intercambiar presos, no ya con la Autoridad Nacional Palestina, sino con Hamás e Hezbolá, grupos que considera terroristas.

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(Podríamos hablar de cómo reacciona nuestro Gobierno en estas situaciones. Sería lo lógico dado el tema del artículo, pero la prudencia y la amistad con algunos de los afectados me impide decir nada. Solo una cosa: parece que estamos en buenas manos).

El periodista y activista contra las operaciones de los aviones no tripulados estadounidenses Karim Jan se encuentra en paradero desconocido desde hace más de una semana tras ser secuestrado en su vivienda en la localidad paquistaní de Rawalpindi, según ha dicho este lunes su abogado, Shazad Akbar, y recoge Europa Press. 

En declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CNN, Akbar ha indicado que Jan fue secuestrado por un grupo compuesto por alrededor de 20 personas, algunas de las cuales vestían uniforme de la Policía.

"Jan fue mi primer cliente en 2010 en un caso contra los bombardeos de 'drones' estadounidenses en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA)", ha dicho, antes de agregar que acudió a la Policía, que aseguró no haberle detenido.

Estaba previsto que Jan viajara esta semana a Europa para hablar ante parlamentarios alemanes, neerlandeses y británicos sobre su experiencia personal con los bombardeos ejecutados por 'drones', según ha informado la organización no gubernamental británica Reprieve.

Asimismo, estaba involucrado en un procedimiento legal contra el Gobierno paquistaní por su fracaso a la hora de investigar la muerte de su hijo y su hermano en un bombardeo.

"Estamos muy preocupados por la seguridad de Jan", ha dicho la directora ejecutiva de Reprieve, Clare Algar. "Es un testigo crucial sobre los peligros del programa de 'drones' de la CIApeligros del programa de 'drones' de la CIA", ha valorado.

El programa de 'drones' ha sido duramente criticado por el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, que ha solicitado en reiteradas ocasiones a Washington que ponga fin a los ataques. Sin embargo, las autoridades estadounidenses justifican sus operaciones en el marco de la lucha antiterrorista.

Según fuentes jurídicas, los 17 magistrados que componen este órgano debatirán, además, si procede que las peticiones pendientes aún de revisar sean resueltas por cada una de las secciones competentes de la Audiencia, en situaciones idénticas a la de los presos ya excarcelados y en el caso de que cuenten con el informe favorable del Ministerio Público.

Este miércoles, la Fiscalía pidió la excarcelación de estos 13 presos, a través de escritos redactados por el teniente fiscal, Jesús Alonso, en los que solicitan la "puesta en libertad" de estos reclusos y que se declaren "extinguidas" sus responsabilidades penales en vista del acuerdo adoptado este martes por el Tribunal Supremo en el que liquidaba la 'doctrina Parot' tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Entre los terroristas que podrían ser excarcelados se encuentran José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes', y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que fue condenada por el asesinato del comandante Ricardo Saenz de Ynestrillas en 1986.

Además, la Fiscalía informó sobre el caso de la integrante gallega de los Grapo Olga Oliveira, que ha desarrollado varias huelgas de hambre en los últimos años en protesta por la política penitenciaria del Gobierno. La Sala de lo Penal también verá el caso del miembro de esta organización Laureano Ortega, condenado por el asesinato del empresario Claudio San Martín en 1988, aunque en su caso se estudiará por acumulación de condenas y no por la aplicación de la 'doctrina Parot'.

El resto de etarras cuya excarcelación será estudiada por los 17 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal son Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández y Gonzalo Rodríguez Cordero.

Once etarras ya están libres 

Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que el pasado 21 de octubre dio la razón a la miembro del comando Madrid Inés del Río, que fue puesta en libertad al día siguiente, la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de otros diez etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona.

Además de Del Río y Trotiño, la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de Juan Manuel Piriz López, Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este martes, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.

El Supremo también concluye que las condenas dictadas con anterioridad a la sentencia dictada contra Henri Parot --que estableció la doctrina-- y en las que se haya aplicado el Código Penal de 1973 (por no resultar favorable el de 1995), "las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido código penal de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad" a dicha resolución.

Sorprende comprobar que, en apenas dos años, el temor a la banda ha pasado a ocupar un segundo plano; frente a la crisis económica y el descrédito político que todo lo fagocita:

Pareciera que hubiera pasado una eternidad. Que las imágenes del terror se hubieran desvaído con el paso del tiempo. Sin embargo, han transcurrido nueve años. Nueve años desde aquel 11 de marzo de 2004 en que Madrid despertó traumatizada por la tragedia. 192 fallecidos y casi 2.000 heridos. 

Pilar Manjón (Cáceres, 1958) perdió a su hijo Daniel en aquellos trenes de la muerte, en los que viajaba para desplazarse de la periferia al centro de la muerte. Pero Manjón es algo más que una madre. Ella se ha convertido en el icono vivo del 11-M. En el símbolo del dolor y de la dignidad. Una lucha que comenzó en 2004, al poco de la masacre, cuando se constituyó la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que ella preside, y que hoy representa a 2.700 víctimas. La batalla le ha dejado una piel mucho más dura, una coraza más sólida forjada a golpes de "insultos y amenazas". Estos años, reconoce, le han hecho "más fuerte". No le han vencido. Lo dice apretando los dientes, intentando contener la emoción. Habla con infoLibre a través del teléfono pocas horas antes del noveno aniversario de los atentados.

Nueve años. ¿Cómo se logra sobrellevar el dolor?

Han pasado nueve años, pero para nosotros sigue siendo ayer. Para nosotros, el reloj va marcha atrás, contando las horas hasta las 7.39 de la mañana del 11 de marzo, llenándose de recuerdos y de ausencias. Pero tal vez una palabra resume estos nueve años: mentiras. Mentiras que no nos han permitido en ningún momento recuperarnos del duelo. Vivimos cuatro días de mentiras, mientras oíamos por parte del Gobierno [de José María Aznar] que aquello era obra de ETA. Llegaron luego las elecciones [las que ganó José Luis Rodríguez Zapatero] y como por ensalmo nació la teoría de la conspiración. Tenía que ser ETA la autora, costase lo que costase. Estos últimos días vivimos con el alma encogica: ¿con qué mentira nos desayunaremos en este noveno aniversario, mientras recordamos a los nuestros?

¿Cómo ha vivido este último año?

Malos han sido todos los años. Pero el peor ha sido este último, por el afán de estrangulamiento que tiene el PP hacia nosotros. Primero empezó con las elecciones municipales y autonómicas [de mayo de 2011], cuando cambiaron de signo varios ayuntamientos que rompieron los convenios que tenían firmados con nosotros. Y luego continuó con las generales del 20-N, cuando ganó Mariano Rajoy. Somos una asociación reciente, nadie hace cuestaciones por nosotros, así que el estrangulamiento financiero es la mejor forma que tienen para hacernos desaparecer.

¿Cree que el PP quiere hacerles desaparecer?

Sí, estoy absolutamente convencida. El pasado jueves, 7 de marzo, se celebró el XI Concierto en memoria de las víctimas del terrorismo. Jamás vi un despliegue institucional semejante. Pero nadie, nadie, nadie, salvo los príncipes de Asturias y Mari Mar Blanco [presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo] se acercó a saludarme. Ni siquiera el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del que dependemos. Ni la alcaldesa. Ni un director general o un subsecretario. Nos aplicaron el ninguneo, el "no son de los nuestros". Ni siquiera guardaron un mínimo respeto.

La indiferencia como medicina, más que el desprecio.

Eso, indiferencia. Por eso digo que lo que mejor define estos años es la mentira. Hay quien no asumió que no perdió las elecciones por nosotros, que nosotros somos tan inocentes como los demás. No sé qué hemos hecho. No me importa. No quiero nada de ellos. No queremos un trato especial, pero sí nos merecíamos un trato igualitario. No ninguneo. No odio, que es lo que nos profesan.

¿Sienten que los políticos ya no están con ustedes, que no están a su lado por electoralismo?

Nunca les dio réditos electorales. Les reportará algo haber estado en todo caso ocho años en la calle. A nosotros nos hicieron su bestia negra. ¿Si se han cansado? Estamos en un momento de hastío, de hartazgo de esta gente. El mismo hartazgo que tiene la sociedad por los recortes, por el deterioro de la sanidad, de la educación...

¿Y por PSOE e IU, las dos grandes fuerzas de la oposición, se sienten acompañados?

El PSOE ha gobernado siete años, y al menos sí ha actuado con equidad con equidad en el reparto de subvenciones entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo y nosotros. Basta ver las cifras. De mayo a diciembre de 2012, se nos asignó 99.447,87 euros y a la AVT, 157.601,58 euros. De mayo de 2011 a abril de 2012, las dos recibimos 205.920 euros, y en el ejercicio anterior, de mayo de 2010 a abril de 2011, ocurrió lo mismo: se nos otorgaron 234.000 euros. Ahora lo que impera es el número de socios. Con los gobiernos municipales, pasó igual: los seis que cambiaron de color nos han hecho un agujero de 36.000 euros. Sólo pagan Parla y Fuenlabrada [las dos con alcalde socialista].

¿Sienten que ustedes son más vulnerables aún a esos ajustes?

Sí. La crisis se vive con mucha más intensidad en un colectivo débil como el de las víctimas. Se ha multiplicado en nosotros sus efectos. En nuestra asociación hay un 33% de inmigrantes, y ellos están solos en nuestro país, padecen el paro. Aquí no tienen nada de lo que vivir.

El noveno aniversario visualiza otra vez la división de las víctimas.

Nosotros vamos a ir a las diez de la mañana a hacer una ofrenda floral a Atocha, con CCOO, UGT y la Unión de Actores. Después iremos a Getafe y Parla para homenajear a las víctimas y a las siete de la tarde, las recordaremos en el monumento construido junto a la estación de El Pozo [uno de los escenarios de la tragedia]. ¿División? Mientras el 11-M no sea mirado como el mayor atentado de España y de Europa, mientras se deje a las víctimas del 11-M en la puerta de atrás, mientras persista el ninguneo, la unidad será imposible. Al final, cada uno hemos decidido dar nuestros mensajes y hacer nuestros actos, con nuestra gente. El resto no sé qué van a hacer. No sé dónde estarán los partidos, no nos interesa. No los hemos convocado. Hemos publicitado el acto y punto. Quien quiera ir, encontrará a las 2.700 víctimas a las que representamos. 

¿Cree que se ha disipado el recuerdo del 11-M entre los españoles?

Creo que la sociedad sí se acuerda menos. Todos los medios de comunicación de derechas han conducido a la gente al hartazgo. En cambio, cuando la gente te ve de frente, es entrañable, cercana, cariñosa. Pero muchas veces no saben cómo acercarse. La sociedad acusa la fisura. Una fisura que yo no he visto en Estados Unidos en el 11-S ni en el Reino Unido en el 7-J. Son nueve años de tirarse la pelota, de acusarse. Siento que somos los chivos expiatorios de la división política, de la degradación democrática del país. Me gustaría que la sociedad continuara recordando el 11-M sin la polarización a la que le han llevado, porque todos íbamos en esos trenes. Las víctimas éramos todos. 

Personalmente, ¿se siente fortalecida tras tantos años de lucha?

La tempestad me ha hecho más fuerte, sí. Si no, me habría hundido. A ninguna víctima se le ha hecho lo que a mí, a ninguna se la ha cubierto de insultos y amenazas. Yo llevaba escolta hasta que el Gobierno de Rajoy me la quitó. Soy tan víctima del terrorismo como otras. Estos años me han hecho más escéptica. Escéptica, sobre todo, de la política y los políticos.