El secretario general de Grupo Socialista en el Senado, Óscar López, recibió pitos y abucheos de los asistentes al congreso extraordinario del PSOE de Castilla y León que se celebra este sábado en Valladolid.

En concreto, López fue abucheado tras ser nombrado por el presidente de la mesa del congreso, Fernando Pablos, ante los 600 asistentes al cónclave en el capítulo de agradecimientos por su labor como senador.

López ocupa ahora el cargo de secretario del Grupo Socialista en el Senado tras haber ocupado la secretaría general del PSOE de Castilla y León, que abandonó para ser ocupada por el palentino Julio Villarrubia. Posteriormente trabajó como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León y en la Secretaría de Organización del PSOE, en Ferraz, con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general.

López fue uno de los dimisionarios que obligaron a Villarrubia a disolver la ejecutiva del PSOE de la comunidad que pasó a manos de una gestora. No obstante, el palentino Julio Villarrubia, que optó al liderazgo regional del partido en el proceso de primarias internas celebrado en el seno del PSOE de Castilla y León y que finalmente ocupa Luis Tudanca, recibió aplausos al ser nombrado por el burgalés por su "ejemplar" actitud en el proceso.

Pero no sólo los partidos políticos se mostraron contrarios a la reforma: más de 60 catedráticos en Derecho Penal de 33 universidades públicas firmaron un manifiesto en el que la tacharon de "reaccionaria". Denunciaron que sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, algo que consideran que "pisotea" la dignidad humana. Criticaron la "pobreza técnica" del proyecto, así como la ambigüedad en la redacción del texto, algo que temen que pueda servir de coartada a la hora de restringir libertades.

01. Prisión permanente revisable

La introducción de la prisión permanente revisable ha sido uno de los puntos más controvertidos, ya que la oposición considera que es un eufemismo para encubrir la cadena perpetua.

Se trata de una pena de prisión por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. El Código Penal actual establece límites en el cumplimiento sucesivo de penas. Según su gravedad, los máximos son de 25, 30 y 45 años de cárcel.

"Es un Código Penal vengativo con una cadena perpetua indeterminada pura y dura", apuntó el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares, que tildó la reforma de "populista, autoritaria, represiva", así como de un "monumento a la chapuza" del Gobierno.

02. Aumento "generalizado" de las penas

Otro de los aspectos que suscita un mayor rechazo es el aumento de las penas. El diputado del PSOE Julio Villarubia criticó este incremento "generalizado" de las penas por su "dureza desproporcionada".  En la misma dirección apuntaron los más de 60 catedráticos que se han opuesto a la reforma. Así, en el manifiesto apuntaron que se trata de un "indeseado incremento de la gravedad", subrayando que esto se debe, especialmente, a la "conversión de faltas en delitos". Los firmantes también denunciaron "el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas", recordando que pueden llegar hasta los 40 años, apuntando también aquí a la previsión de "una injustificable pena de cadena perpetua".

"La Justicia no es igual para todos y la prisión es para los pobres". Para Joan Tardà, de ERC, "ese es el resumen para todos" de la reforma del Código Penal. Como ejemplo, añadió que "[Luis] Bárcenas y [Jaume] Matas ya salen, [Emilio] Botín no entró, la infanta no entrará, [Iñaki] Urdangarin todavía no ha entrado y los terroristas [Rafael] Vera y [José Antonio] Barrionuevo estuvieron dos días en la cárcel".

03. Corrupción

La financiación ilegal de un partido conllevará penas de cárcel sólo en caso de que la donación supere los 500.000 euros, algo que fue criticado duramente por la oposición. Del mismo modo, también criticaron que se deje intacta la barrera establecida para que exista el fraude fiscal: 120.000 euros.

La líder de UPyD, Rosa Díez, puso de relieve que el proyecto "no castiga explícitamente" conductas de corrupción política. "Con este Código Penal Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP, no se regulan cuestiones capitales como cajas B o la tenencia de patrimonio no declarado", aseveró. Asimismo, reprochó a Rajoy se quiera hacer pasar ahora por el "Superman de la regeneración democrática".

En esa línea apuntó el portavoz de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que señaló que se trata de una reforma hecha "a golpe de telediario, desde el oportunismo y la hipocresía" para tratar de conseguir rédito electoral. "El PP ha decidido mantener la pseudoimpunidad de la corrupción política", denunció Baldoví, que acusó al Gobierno de "legislar para los suyos", algo que cree que "les pasará factura" porque es "un absoluto disparate".

04. Libertad de expresión y de manifestación

La oposición también criticó un endurecimiento de las multas contra las acciones de protesta o manifestación mediante la reforma del Código Penal o, en algunos casos, la Ley de Seguridad Ciudadana. Algo que también denunció Greenpeace, que considera que se han despenalizado algunas prácticas en el proyecto para incluirlas después en la mencionada ley.

"La protesta social incomoda al Gobierno", apuntó su portavoz Miguel Ángel Soto, que subrayó que "a partir de ahora el castigo dependerá exclusivamente del juicio de las Fuerzas de Seguridad, cuyo testimonio gozará de valor probatorio, y bajo supuestos muy subjetivos". 

Por su parte, el parlamentario de ERC Joan Tardà criticó que el Gobierno sólo propague el "Je suis Charlie" de "los Pirineos hacia el norte"Je suis Charlie, pero no en España, donde aseguró que "persigue la libertad de expresión". Asimismo, denunció que se castigue como "resistencia pasiva una sentada en una entidad bancaria y se tipifique la eutanasia o el aborto".

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, fue más allá y pidió la derogación del artículo 315. 3, contra los piquetes de las huelgas, así como restaurar la persecución de los crímenes de les humanidad y genocidio, haciendo hincapié en el franquismo.

"El Gobierno pretende restringir el derecho de reunión y manifestación", apuntaron los citados catedráticos de Derecho Penal, para lo que señalan que se vale del "orden público". "De ahí las fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las Fuerzas de Seguridad, que podrán estar apoyadas, no se olvide, por miembros de las policías privadas".

"¿Sabéis esa incomparable sensación de despertarse y descubrir que sólo era una pesadilla? Pues eso. Hoy, a cenar un exquisito plato frío". 

Quien firmó ese tuit, en la noche de este sábado, fue Óscar López, líder de la federación entre 2008 y 2012, secretario de Organización de Alfredo Pérez Rubalcaba y actual secretario general del Grupo Socialista en el Senado. Y a quien se dirige ese mensaje, aunque sin citarlo, es al perdedor de la pugna interna por el liderazgo del PSOE castellanoleonés, el diputado en el Congreso por Palencia Julio Villarrubia, con quien López ha protagonizado una agria contienda en los últimos dos años.

El polémico tuit fue borrado una hora después de ser escrito. Se debió a un "desahogo" del exsecretario de Organización, según explicó su entorno a infoLibre. Ahora quiere, insisten estas fuentes, "mirar al futuro" y que su candidato, el burgalés Luis Tudanca, quien anoche se impuso a Villarrubia por 644 votos, logre "unir" al partido. 

La federación, una de las más grandes del PSOE –unos 10.000 militantes– vive una grave crisis desde finales de la primavera pasada. Fue entonces cuando se rompió en dos después de años de escalada de tensión. Nadie podía esperar ese escenario en febrero de 2012. Rubalcaba eligió al secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, como su número tres en Ferraz, sólo por debajo de Elena Valenciano. El encargado del aparato. Ello obligó a que López tuviera que dejar su cargo de barón regional en manos de Julio Villarrubia, con su respaldo. No abandonó la portavocía del partido en las Cortes autonómicas, con el argumento de que los ciudadanos le habían elegido en las elecciones de un año antes y tenía que cumplir ese mandato. 

La bicefalia funcionó mal, como se vio con el paso del tiempo. La desconfianza entre López y Villarrubia fue creciendo sin remedio, y el partido se fue desgarrando entre los partidarios de uno y los defensores del otro. El final de la guerra estalló tras las elecciones europeas, el pasado 30 de mayo. Esa noche, dimitieron 25 de los 48 miembros de la ejecutiva regional, con el objetivo de tumbar a Villarrubia y forzar la creación de una gestora. El motivo era el rechazo del barón autonómico a convocar un congreso extraordinario. Villarrubia atribuyó la autoría de la conspiración a López, al que acusó de "deslealtad" y de "hacer mucho daño al partido a nivel nacional, con comportamientos impropios de un socialista y una lucha por el poder indecente". 

Nombramiento de la gestora y alternativas

Las acusaciones de "deslealtad" eran esgrimidas también desde el otro bando, el de los próximos al secretario federal de Organización. Así, Ana Redondo, dimitida vicesecretaria general, explicó la "decisión drástica" de forzar la caída del secretario general por ofrecer "soluciones viejas" y dar vida a una "bicefalia tremenda" y "demoledora". "No ha sabido aunar al partido y no podemos esperar más, con unos resultados electorales malos y 27 años en la oposición". Villarrubia, que había obtenido el 83,1% de apoyo en 2012, había visto reducidos sus respaldos. 

La dirección federal, con un Rubalcaba de salida –ya se había convocado el congreso federal extraordinario– y con López en Organización, nombró a una comisión gestora, presidida por el histórico dirigente Jesús Quijano. La gestora es la que ha gobernado el partido en estos meses de vacío y la que convocó tanto la consulta a la militancia para elegir al secretario general (para el 4 de octubre) como el posterior cónclave extraordinario, el próximo día 18. 

Desde el mismo día de su caída, Villarrubia anunció que se presentaría a la reelección. La duda estaba, pues, en qué haría López, si volvería a optar por el liderazgo de la federación o se buscaría una alternativa de su entorno. Pasado el congreso federal y tras la victoria de Pedro Sánchez, decidió dar un paso atrás y dejar las Cortes de Castilla y León. Entonces emergió la posibilidad de Luis Tudanca, diputado en el Congreso –como Villarrubia– y líder de los socialistas de Burgos. Ferraz, oficialmente, no se inmiscuyó en el proceso regional.

"Todos somos humanos"

Tudanca y Villarrubia empezaron su pugna. El primero ganó la batalla por los avales (3.479 frente a 2.921) y este sábado, finalmente, también la Secretaría General. Quijano facilitó los datos provisionales, con el 99,73% del escrutinio de los votos emitidos. Un total de 6.750, lo que supone una participación del 65,10%. En número de papeletas, Tudanca logró 3.641 (el 54,85%), por los 2.997 de Villarrubia (el 45,15%). La proclamación definitiva de los resultados será el 8 de octubre. 

Con los datos calientes, López se lanzó a enviar un tuit que apuntaba a su rival. La venganza, vino a decir, se sirve en plato frío. A la vista del revuelo que se estaba organizando, borró el tuit poco después. "Fue un pequeño desahogo, borrado a la hora, nada comparable con lo que han dicho y hecho otros. Todos somos humanos y tenemos sentimientos. Y Óscar lleva mucho aguantado estos meses. Pero se acabó. Ya no merece la pena. Ahora llega y un tiempo nuevo en Castilla y León y Óscar quiere mirar al futuro. Luis tiene que unir al partido y él le ayudará en todo lo que le pida", explicaban a este diario fuentes de su entorno más cercano, que añadían que ese deseo de enterrar el pasado también había se había puesto de manifiesto con sus últimos tuits: 

Ejecutiva para el 18 de octubre

El relevo en el PSOE de Castilla y León culminará el sábado 18 de octubre en el congreso de Valladolid, donde Tudanca deberá elegir nueva ejecutiva. El nuevo secretario general, de 36 años, se impuso en seis provincias (Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora), frente a Villarrubia, que ganó en las otras tres (Valladolid, Palencia y Soria), según los votos registrados en los 242 centros electorales.

El perdedor confirmó que no se presentará como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ya que cree que debe serlo el nuevo barón regional. Tudanca, por su parte, recordó que ahora se abre el proceso de primarias abiertas para la elección del cabeza de cartel para las elecciones de mayo de 2015. Si él es el elegido, dejará su escaño en el Congreso. También tiene pendiente organizar las primarias cerradas para designar a los aspirantes a las alcaldías. 

Tudanca (Burgos, 1978) es licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos y se afilió al PSOE en 2000. Meses después accedió al liderazgo provincial de las Juventudes Socialistas. Es parlamentario en la Cámara baja desde 2008 y líder del partido en Burgos desde junio de 2012. Ahora tiene en sus manos coser un partido despedazado por las luchas internas y el objetivo de conquistar el Gobierno regional, en manos del PP desde 1987. Meta más que complicada.

Más de la mitad de los miembros la ejecutiva del PSOE de Castilla y León presentó la dimisión en bloque este viernes, minutos después de que concluyera un plenario de este órgano. 

Según explicaron fuentes del sector dimisionario, afín a Óscar López, secretario federal de Organización y portavoz en las Cortes regionales, el detonante se produjo cuando pidieron al secretario regional, Julio Villarrubia, que convocase un congreso extraordinario paralelo al federal del 19 y 20 julio. Este accedió a reunir al Comité Autonómico, máximo órgano del partido entre congresos, pero no a convocarlo. En total dimitieron 25 de los 48 miembros de la Ejecutiva regional, entre ellos el propio Óscar López, miembro nato por su condición de portavoz parlamentario.

Julio Villarrubia señaló a Óscar López, como responsable, de "forma premeditada", de encabezar la presentación de dimisiones, lo que ha calificó de "deslealtad" y de "traición" al partido. Villarrubia, visiblemente emocionado, tachó de "insólito, indecente, desproporcionado" y "un escándalo" la situación que se ha vivido esta tarde durante la Comisión Ejecutiva Autonómica, que obliga a designar una gestora que dirija el partido en la comunidad hasta que se celebre un congreso extraordinario.

Villarrubia acusó a López de haber "hecho daño" al partido en el ámbito nacional con "comportamientos impropios de quien dice ser socialista". Asimismo, el secretario regional se mostró convencido de que "no se ha entendido nada" de los resultados electorales que se cosecharon en las elecciones europeas del pasado 25 de mayo y mostró su sorpresa de que "quien no se ha enterado haya sido quien fue coordinador electoral", en referencia de nuevo a Óscar López. También quiso lamentar que las dos vicesecretarias que le han acompañado "con lealtad" en los últimos dos años –Ana Redondo y Ángela Marqués– hayan estado en la sede "sellando las firmas".

El representante socialista añadió que ese "comportamiento desleal" de López ha sido "continuado" durante los dos años en los que ha ostentado la secretaría regional del PSOE y en los que considera que ha "aguantado pacientemente". "Hoy lo ha culminado, esta es la forma de luchar por la gente que tiene", recalcó en referencia al secretario de Organización del PSOE y portavoz en las Cortes de Castilla y León. "He tratado de combatir estas formas y anuncio que las voy a seguir combatiendo. Tenía algunas dudas, pero ya no tengo ninguna y me voy a presentar a las primarias y al congreso extraordinario del PSOE de Castilla y León", subrayó mientras la veintena de miembros de la Ejecutiva que lo han acompañado durante la comparecencia propurrumpieron en un aplauso.

Que no tenga "la vergüenza" de nombrar la gestora

Julio Villarrubia puntualizó que, según su opinión, Óscar López planteó en el plenario de este viernes celebrar un congreso extraordinario autonómico del PSOE los días 20 y 21 de julio, "en paralelo con el federal, para que se votara a la vez", algo que consideró como "insólito" y que, interpretó, tenía la intención de "seguir manejando los censos y controlando el proceso desde la Secretaría de Organización". Ante esta solicitud, defendió que no se ha "cerrado en banda" pero consideró que era "negativo para el partido" y respondía "a intereses personales", por lo que planteó la convocatoria del Comité Autonómico para decidir los procedimientos. Sin embargo, lamentó, "cuando la voluntad del partido se iba a manifestar lo han impedido manejando desde los despachos, manipulando con las prebendas de poder que es lo peor de la política".

Ahora, con la disolución de la ejecutiva, forzada por la presentación de la dimisión de la mitad más uno de sus miembros, se deberá nombrar una gestora que dirija el partido hasta la celebración de un nuevo congreso. En este sentido, Villarrubia ironizó con que espera Óscar López "tenga la poca vergüenza" de no designarla él.

Villarrubia añadió que le "da casi lo mismo ya" que el actual secretario federal de Organización cuente con el respaldo del todavía secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien, confesó, llamó tras conocer las dimisiones, pero no le cogió el teléfono.

27 escritos de dimisión, válidos 25

El secretario regional socialista manifestó su deseo de que este proceso "nacional" que inicia el PSOE consiga "mejorar" la dirección del partido y que de verdad esté "con lo que la gente está demandando, dando ejemplo día a día" en lugar de "dar estos espectáculos de lucha por el poder de forma indecente". 

En la sede regional de la formación, situada en Valladolid, se registraron hasta 27 escritos de dimisión, de los que se consideran válidos 25, ya que no se ha tenido en cuenta los de la europarlamentaria Iratxe García y el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, al tratarse de miembros natos. Entre los dimisionarios figuran las dos vicesecretarias de la Ejecutiva, Ana Redondo y Ángel Marqués. Junto a ellos, han renunciado a sus puestos los alcaldes de Medina del Campo (Valladolid), Teresa López; Tudela de Duero (Valladolid), Óscar Soto; Puebla de Sanabria (Zamora), José Fernández Blanco; y La Granja (Segovia), José Luis Vázquez; los senadores Ibán García del Blanco, Elena Diego y Emilio Álvarez Villazán; o el diputado Pedro José Muñoz.

También presentaron escritos de dimisión José Luis Aceves, Isabel San José, Miguel Nozal, José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez, Mercedes Martín, Ana María Muñoz de la Peña, Yolanda Vázquez, Santiago Dorado, Ander Gil, Marta Martinuzzi, Santiago Blanco, José María Jiménez, Catalina Ruiz y María del Carmen Trabado.

De los que han mostrado su apoyo al secretario general del PSOE de Castilla y León, se han manifestado el secretario de Política Económica, Julio López, y el secretario de Política Municipal, Juan José Zancada, quienes han coincidido en acusar a Óscar López de "falta de lealtad".

El PP está un paso más cerca de su objetivo de mutilar definitivamente la justicia universal en tiempo récord. En la casi absoluta soledad, eso sí. Este jueves consiguió que su reforma fuera aprobada por el pleno del Congreso con sus solos votos y el del diputado de UPN ante las críticas unánimes de la oposición, que tacharon la iniciativa de los conservadores de "felonía", de "escarnio", de "fraude", de "atropello", de "día triste" para la democracia por cuanto se favorecen espacios de "impunidad" para genocidas, corruptos, tiranos o mafiosos. El PP ni siquiera se molestó en explicar por qué tanta urgencia. No tenía que convencer a nadie: le bastó su mayoría absoluta. Los grupos, en cambio, sostienen lo evidente: que detrás de las prisas del Ejecutivo están las indisimuladas presiones de China, cinco de cuyos exlíderes comunistas están siendo investigados por la Audiencia. 

La tramitación del texto del PP ha estado agujereada por las constantes denuncias de la oposición. Pero dio igual. El Gobierno, en lugar de remitir a la Cámara un proyecto de ley, ordenó al Grupo Popular que presentara una proposición de ley. Se ahorraba así todos los informes preceptivos –entre ellos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado–, con los que corría el riesgo de sufrir una bofetada. Pero además impuso un procedimiento exprés. El más rápido posible que permite el Reglamento.

Hace 15 días, la iniciativa se tomó en consideración; la semana pasada, forzó el trámite de urgencia y en lectura única, y hoy el pleno del Congreso ventiló en menos de dos horas (y por 180 votos a favor y 137 en contra) una reforma, la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en la práctica acaba, según pronostica toda la oposición y han advertido jueces y fiscales, con la jurisdicción universal y la persecución, por parte de los tribunales españoles, de violaciones de derechos humanos fuera de nuestras fronteras. Una reforma que, además, supondrá el archivo inmediato de una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, el asesinato del cámara José Couso en Irak o el genocidio del Tíbet. Ahora ya sólo queda que el Senado apruebe el texto. Total, a mediados de marzo el cercenamiento de la justicia universal será un hecho. 

El PP ha sido impasible frente al muro de críticas de la oposición. Ni se ha detenido en sus intenciones ni hoy admitió ninguna de sus 34 enmiendas. El Grupo Popular sólo votó a favor, lógicamente, de su única modificación propuesta. La enmienda de los conservadores no relaja las restricciones originales, simplemente permite que se asalten barcos cargados de droga en aguas internacionales, persigue a los grupos criminales extranjeros que vayan a cometer delitos especialmente graves en España y extiende la competencia de juzgar a todos los responsables de cometer abusos sexuales en el extranjero sobre menores españoles o que residan habitualmente en nuestro país. 

"Día triste para la democracia"

"¿Se imaginan una ley que obligara a cerrar el caso Bárcenas, o el caso Urdangarin?", preguntó retóricamente el republicano Joan Tardà. "Muchos inocentes se revolverán en sus tumbas", auguró Joan Baldoví, de Compromís-Equo. Y así siguió el chorreo de quejas de la oposición, casi sin matices, excepto tal vez CiU, cuyo portavoz, Jordi Jané, empleó un tono más conciliador, confiado en que el PP pudiera "desandar" el camino andado. Pero incluso él hizo uno de una expresión compartida por varios grupos: "Hoy es un día triste para la democracia". 

Las denuncias se centraron tanto en el método como en el contenido. En lo primero, por la "felonía" y "fechoría" parlamentaria y política –en palabras de Emilio Olabarria, portavoz del PNV– a que ha obligado el PP a la Cámara, al imponerle un trámite de urgencia sin haber motivo, comiéndose la deliberación en ponencia y en comisión. Una tramitación "fraudulenta", como convinieron todos. "Sumarísima", expresó en concreto Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). "Vamos del Estado de decreto al Estado de excepción de forma acelerada", atizó el diputado. Como dijo Irene Lozano desde UPyD, el ministro de Justicia ni siquiera tuvo el "valor" de preguntar al Consejo General del Poder Judicial por su reforma. "El Grupo Popular se ha ofrecido a ser la alfombra gustosa", culminó, dirigiéndose a Alberto Ruiz-Gallardón, presente durante el debate en el hemiciclo. 

Mismo clamor contra el contenido. "Esto es la antijurisdicción universal, la negación de la justicia universal", valoró Olabarria. "No dan ni un solo argumento que sea veraz", emplean "artimañas falaces", "no hay ninguna razón para explicar por qué quieren liquidar todos los principios de la democracia", siguió Lozano. Julio Villarrubia, el portavoz del PSOE, fue igual de contundente: "Supondrá el retroceso en el combate de las violaciones de derechos humanos y la quiebra de la jurisdicción universal. Hoy se lanza un mensaje de impunidad a los autores de estas conductas". 

PP: "No se pueden seguir creando falsas expectativas"

La explicación, para los grupos de la Cámara, hay que buscarla en la presión de potencias como China o Estados Unidos. "¿Saben cómo podían empezar a ser transparentes? Diciendo qué intereses espurios están intentando ocultar en la presentación de una iniciativa tan vergonzante como esta", agitó Olabarria. Para Lozano, se "cede" ante China por la propia "debilidad gubernamental". "El papel del Gobierno –terció Llamazares– no puede ser más humillante, se pliega a las presiones internacionales. Paga con esta ley la foto de Obama. Los empresarios chinos se han negado incluso a reunirse con empresarios españoles en tanto no esté aprobada esta ley". Villarrubia recordó que China es tenedora de deuda española, pero no por ello puede "someter" la soberanía. 

El portavoz del PP, José Miguel Castillo, no citó China. Ni Estados Unidos. En lo formal, se escudó en que se ha utilizado el trámite de lectura única en más ocasiones, y recordó que el "mayor atropello procedimental" ocurrió en 2004, con el PSOE en el poder, con otra reforma de la Ley del Poder Judicial que tuvo que ser aprobada una segunda vez en Consejo de Ministros al ser rechazada por el Congreso dada la ausencia de 56 diputados. Castillo despreció asimismo las quejas de jueces y fiscales porque se quedaron "desfasadas", al no tener en cuenta las enmiendas que después introdujo el Grupo Popular. Castillo justificó el cambio en que los tratados internacionales que mentó la oposición no dicen que no deba haber "limitaciones" para perseguir delitos y también porque así España se acomoda a los países de su entorno. 

Pero quizá lo más llamativo de la argumentación del PP fue su relativización de los logros de la justicia universal española desde que comenzó a investigar crímenes como los de las dictaduras argentina y chilena. "La actual regulación no se ve compensada por resultados positivos", por el número de "archivos y sobreseimientos". "No se pueden seguir creando falsas expectativas", dijo, porque el actual sistema "da mucho ruido y pocas nueces". "Con nuestra proposición se instruirá todo aquello que se pueda juzgar. Esa es nuestra propuesta con realismo y sentido común, sin demagogia ni cuentos chinos", remachó el portavoz conservador.

Todos los grupos de la oposición del Congreso de los Diputados, salvo UPN y Foro Asturias, han unido este miércoles sus firmas para exigir a la Mesa del Congreso que elabore un informe jurídico en el que determine si el procedimiento exprés impuesto por el PP para liquidar en tiempo récord la justicia universal se ajusta al reglamento de la Cámara baja.

El documento [ver en PDF], una iniciativa del PNV, recuerda que el pasado martes 18 de febrero ya se cuestionó la admisión por parte de la Mesa del procedimiento de tramitación de la reforma en lectura única y por el procedimiento de urgencia. Fuentes de los nacionalistas vascos explican que el portavoz de la formación, Aitor Esteban, pidió explicaciones al respecto sin éxito: "No encontró justificación alguna –aseguran–. Se le dijo que lo habían aceptado y punto".

Para este grupo parlamentario, la tramitación impuesta por los conservadores no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 150 del reglamento del Congreso. Ese apartado establece que podrán tramitarse en lectura única proyectos de ley cuya "naturaleza" lo aconseje o cuya "simplicidad" lo permita, "y ni la naturaleza lo aconseja ni la propuesta del PP es simple", reiteran voces del PNV.

Si finalmente la reforma sale adelante mediante ese mecanismo de alta velocidad, entre la admisión a trámite y la aprobación definitiva habrán transcurrido apenas 15 días, "lo nunca visto", apuntan desde el PNV. Este jueves la mayoría absoluta del PP dará luz verde en un Pleno habilitado al efecto a la tramitación exprés y una semana después aprobará definitivamente una reforma que, advierten los expertos, supone la "ablación" del concepto de justicia universal en España.

La oposición hace piña

"Nosotros tomamos la iniciativa, pero es satisfactorio que el resto se haya sumado. Lo importante es comprobar que se cumple el reglamento en un tema tan delicado", remachan desde el PNV, a cuya petición de informe jurídico se han sumado todos los grupos de la Cámara y todos los integrantes del Grupo Mixto, a excepción de los de UPN y Foro Asturias.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz de Justicia, Julio Villarrubia explica que la intención es "que se explique porqué se ha adoptado este procedimiento", y añade: "Creemos que no se ha argumentado suficientemente por la Mesa". En palabras de Villarrubia, lo planteado por el PP supone un "absoluto atropello" impuesto "en contra de todos los grupos".

Sobre el fondo de la cuestión, tanto PNV como PSOE se pronuncian en contra de la reforma. "Nos oponemos al fondo de la norma, que busca liquidar la justicia universal", dice Villarrubia. "Estamos en contra ahora como también lo estuvimos en 2009, cuando se aprobó una restricción parcial de la justicia universal", explica el PNV. "Que encima lo quieran aprobar en 15 días para evitarse el sonrojo que tendrían con los informes preceptivos es ya el colmo", zanja el grupo nacionalista.

Francisco Pérez de los Cobos cumplirá este viernes tan sólo un mes como presidente del Tribunal Constitucional (TC), y ya tiene sobre sus espaldas la sombra de la "parcialidad". Ayer, la noticia de El País de que pagó cuotas como militante del PP desencadenó una batería de críticas y de petición de explicaciones de todos los grupos de la oposición. Unos le pidieron comparecer en el Congreso, otros reclamaron cuentas al Gobierno, otros exigieron su dimisión... Lo que se anticipa a estas alturas es que a Pérez de los Cobos se le abre un escenario de posibles recusaciones. IU y ERC lo dan por descontado, la Junta de Andalucía –que tiene en el TC 21 recursos de inconstitucionalidad– estudiará si cabe su recusación en caso de que no se inhiba. El PSOE irá viendo qué pasos dar, pero por lo pronto exige su comparecencia en el Congreso por haber "ocultado" su afiliación al PP, aunque el PSC considera que su recusación es "evidente". Si las amenazas se materializan, se pondrán en el disparadero las leyes señeras del Gobierno de Mariano Rajoy, caso de la reforma laboral. No obstante, los conservadores, los únicos que ayer salieron a defender al presidente, disponen de una mayoría de 7 vocales a 5 en el TC.

Hasta parte del sector judicial se opone a la continuidad de Pérez de los Cobos.Tres de las cuatro asociaciones judiciales (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) pidieron directamente su renuncia, ya que tendría que abstenerse constantemente en varias cuestiones, lo que podría alterar el funcionamiento de la institución. 

La información publicada empujó a Pérez de los Cobos a convocar de urgencia el pleno del tribunal para dar explicaciones sobre este asunto a sus compañeros. En el encuentro, admitió que sí, que pagó cuotas como militante al PP entre los años 2008 y 2011, aunque a partir de ese año dejó de hacerlo, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Postulado por el PP, Pérez de los Cobos tomó posesión como magistrado del Alto Tribunal el 12 de enero de 2011, después de pasar el examen de idoneidad en el Senado, la Cámara que formalmente propuso su nombramiento. Y el pasado 19 se convirtió en presidente. Él mismo dijo en el pleno que todavía tenía carné del PP cuando se convirtió en miembro del TC. Este diario demandó a la institución que precisara en qué fecha se dio de baja como militante. Fuentes oficiales afirmaron "desconocer el dato exacto". "No sabemos la fecha, o si sigue siendo militante o no", alegaron. En todo caso, ninguno de los 11 magistrados solicitó su dimisión ni emitió queja alguna. 

La Constitución, la ley y la jurisprudencia

Al finalizar la reunión, el Alto Tribunal emitió un comunicado. En él, subraya que la Constitución y la Ley Orgánica del TC "no establecen para los magistrados del TC incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales". En su nota, sostuvo que el TC es una "institución del Estado" y "no forma parte del Poder Judicial". La diferenciación no es baladí, porque el artículo 127 de la Carta Magna estipula que ni jueces, ni magistrados ni fiscales pueden "pertenecer a partidos políticos o sindicatos". Sin embargo, el artículo 159.4, se dice que la condición de magistrado del TC es incompatible, entre otras cosas, "con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato". Una redacción calcada a la del artículo 19.1 de la Ley Orgánica del TC. El comunicado añadió que hay jurisprudencia del tribunal que lo avala (el auto 226/1988). 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fue la que, desde el principio, fue más lejos. Alfred Bosch, el portavoz del partido en el Congreso, adelantó que ya está preparando la recusación de Pérez de los Cobos por un asunto que les afecta directamente: el repetido "veto" del PP a su incorporación a la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja. ERC ya pidió amparo al Alto Tribunal en 2012 y este se lo denegó el pasado abril. "Este magistrado no tiene autoridad para juzgar nada, ninguna causa en la que el Gobierno tenga un interés destacado", señaló, informa Europa Press. Sobre si debería apartarse de las discusiones sobre la declaración de soberanía, Bosch dijo que debe ser el Parlament el que se pronuncie. 

Fuentes de ERC añadieron a infoLibre, no obstante, que también se preparará una "recusación en genérico", en el que se recurra su mismo nombramiento, ya que los servicios jurídicos del partido vieron que la interpretación hecha por el TC estaba confeccionada "muy a la medida", para defender a Pérez de los Cobos. "La Constitución habla de que los magistrados no pueden tener carné de partido, y aunque el TC no forma parte del Poder Judicial, sus miembros sí son magistrados", insistieron.

"No es ético, ni estético, ni legítimo"

Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), prevé una "cadena de recusaciones" contra el presidente, con lo que ello comporta de "deslegitimación" del TC. "Cualquier cosa que resuelva se va a tomar a pitorreo, como una Cámara más de gobierno del PP. Pérez de los Cobos va a contaminar todas las decisiones, está viciado de origen. Por eso es prioritario pedir su dimisión como magistrado", protestaba, en declaraciones a este periódico. El diputado recordó que no cabe la "recusación global", sino que debe requerirse en cada caso.

Izquierda Plural recurrió con el PSOE leyes como la reforma laboral o la no revalorización de las pensiones. "Allá donde el PP haya tenido una posición llamativa y marcada, cabrá la recusación. Y en la reforma laboral, entiendo que hay un cierto automatismo, ya que se le atribuye la autoría intelectual de la norma y ha redactado papeles para la fundación FAES". No depende sólo de IU la recusación, ya que el peso de esos recursos los lleva el partido mayoritario de la oposición, el PSOE. "Y de momento, no hemos hablado con ellos", dijo Llamazares. 

"Puede ser legal, pero desde luego no es ético, ni estético, ni legítimo que una persona que ha sido militante del PP sea magistrado del TC. El tribunal puede decir lo que quiera, pero como la mujer del César, no sólo tiene que serlo, sino parecerlo. Es una exigencia del órgano constitucional. Pero el PP quiere el control absolutísimo de la Justicia", se quejó. Izquierda Plural y el Grupo Mixto registraron ayer mismo la petición de comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitud que se debatirá en la Diputación Permanente del próximo 24 de julio, la misma que discutirá si Mariano Rajoy acude al pleno por el caso Bárcenas. 

En esa Diputación también se decidirá sobre otra demanda, la del PSOE, que quiere que vaya Pérez de los Cobos al Congreso a explicarse. Los socialistas denuncian que el magistrado "ocultó un dato no menor" en la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta, pues no dijo allí que era militante del PP. "Pedimos su comparecencia no para fiscalizar su labor –declaró Julio Villarrubia, portavoz de Justicia en el Congreso–, sino por una ocultación que pone en jaque su independencia. En función de las explicaciones que dé, iremos avanzando nuestra posición". En Ferraz, aunque no descartan nada, pero piden no ir tan aprisa. "Vamos por pasos", aseguró una dirigente cercana a Alfredo Pérez Rubalcaba. En el equipo del secretario general aducían que este es un asunto "delicado" que requiere calibrar bien cada movimiento. El partido, como IU, duda de que sea "legal" que un militante pueda ser vocal del TC, pero tiene claro que no lo es "moral y éticamente", según sentenció la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez. 

En el PSC, el juicio fue mucho más duro. Lo expresó el portavoz del partido, Jaume Collboni:  "Desde el punto de vista político es obvio que ser presidente del TC es incompatible con cualquier filiación política. En consecuencia, nosotros pensamos que, si se confirma el hecho, su recusación es evidente".

CiU y PNV demandan aclaraciones urgentes

La Junta de Andalucía, cogobernada por PSOE e IU, tiene contabilizados 21 recursos de inconstitucionalidad. Diego Valderas, vicepresidente  y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, exigió a Pérez de los Cobos que se inhiba en todos los asuntos relacionados con la comunidad. El el Ejecutivo autonómico ven "difícil" a priori recusar al presidente por la defensa que de él hizo ayer el TC. Pero no van a quedarse de brazos cruzados.

Valderas, según afirmó a este diario, llevará al próximo Consejo de Gobierno la propuesta de que los servicios jurídicos de la Junta analicen qué canales jurídicos caben, sobre todo si el magistrado no se inhibe. "Hay que tener todos los elementos jurídicos claros y a partir de ahí actuar –prosiguió el vicepresidente, de IU–. Porque él está contaminado. Más allá de la incompatibilidad legal, hay una incompatibilidad política, ya que a los miembros del TC se les presume la imparcialidad. Si no se inhibe, nos deja en una cierta indefensión, y en el TC hay asuntos capitales como el decreto ley antidesahucios o la subasta de medicamentos, recurridos por el Gobierno de Mariano Rajoy". 

CiU y PNV coincidieron en pedir explicaciones urgentes a Pérez de los Cobos. "Un presidente de una alta magistratura no puede tener sobre sí la sospecha de que, siendo magistrado, todavía pertenecía a un determinado partido. Que lo haya hecho en el pasado no tiene que escandalizar a nadie, pero que lo haya hecho mientras ha sido miembro de ese tribunal, sí debería escandalizar y provocar algo más que explicaciones", subrayó el convergente Josep Antoni Duran i Lleida desde Bilbao. Allí compareció con Andoni Ortuzar, presidente de los nacionalistas vascos, quien reclamó "una aclaración lo más rápido y contundentemente posible". Para el PNV, pensar en eventuales recusaciones es todavía pronto, según manifestó a infoLibre el diputado Emilio Olabarria. "Pero en temas catalanes, ya ha expresado su opinión contraria al nacionalismo... Y en temas en los que esté contaminado, debería ser objeto de recusación", avisó. 

Críticas también de UPyD. "Si fuera cierto que el presidente del TC era a la vez militante del PP, esto sería extraordinariamente grave, pero no sería, por otra parte, nada extraño, sino la consecuencia de que el Constitucional lleva muchos años colonizado por el PP y el PSOE, sobre todo", opinó Carlos Martínez Gorriarán, portavoz adjunto del grupo. La líder de la formación, Rosa Díez, registró una pregunta oral en comisión al Ejecutivo: "¿Cree el Gobierno que la afiliación a un partido político del presidente del TC es compatible con la separación de poderes exigida a tan alta magistratura del Estado?".

Pérdida de "credibilidad" y "deterioro de la imagen" del TC

Todas las asociaciones judiciales, menos la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se mostraron ayer a favor de que Pérez de los Cobos dimita. "Sería bueno para la imparcialidad" del Constitucional, dijo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), porque "lo que hace es provocar una pérdida de credibilidad, de independencia", que se suma al "deterioro progresivo de la imagen de neutralidad" al que ayudan nombramientos como el del polémico Enrique López por el Ejecutivo, el pasado junio. "Es demencial" e "inadmisible", y está "contaminado de origen", apuntaló Ángel Dolado, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI). Este magistrado advirtió a Europa Press de que si no se va, el TC "va a entrar en un juego de recusaciones y abstenciones sobre los recursos que hay en trámite" que va a infligir "un daño increíble" a la institución. "La dinámica del día a día va a ser nefasta, horrorosa", abundó. 

En la misma línea, José Luis González Armengol, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), apuntó que no es aconsejable que el TC esté presidido por una persona "que ha tenido una vinculación formal con su partido, sea del signo que sea", y es un "claro indicio de la politización del órgano". Y añadió: la labor del jefe de la institución debe estar guiada "por el criterio de imparcialidad objetiva y subjetiva". Para la APM, en cambio, lo relevante es si a través de sus resoluciones, todas las dictadas en sus más de dos años de mandato, rezuman alguna "actuación partidista". El portavoz del colectivo judicial, Antonio Piña, subrayó a Efe que Pérez de los Cobos ha mostrado en este tiempo "independencia, por encima de cualquier interés".

PP: López Guerra llevaba "carné del PSOE en la boca"

A todo el bloque de oposición contestó el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Insistió en que la ley permite a los magistrados del TC ser militantes de un partido. "En este país, al ritmo que vamos, parece que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al PP", criticó. 

Fuentes del PP se defendieron de las críticas exhibiendo el caso de Luis López Guerra, vicepresidente del TC entre 1992 y 1995 y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. los conservadores recalcaron que López Guerra ocupó cargos de responsabilidad en ambas instituciones "llevando el carné del PSOE en la boca", informa Europa Press. El actual miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue elegido en 2003 diputado socialista en la Asamblea de Madrid y nombrado secretario de Estado de Justicia bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007). 

Se agota el tiempo para la reunión del Consejo Territorial del PSOE –será el 6 de julio, en Granada– y la sensación generalizada es que el acuerdo entre los barones y la dirección federal prosperará y también que el PSC, la pieza del rompecabezas más complicada de encajar, mantendrá su cordón umbilical con el partido hermano. Lo que ha conseguido Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo pronto, es el apoyo de los secretarios generales a las negociaciones, a que se consiga un nuevo pacto y se busque al PSC el mejor acomodo. Sólo el extremeño Guillermo Fernández Vara y el riojano César Luena ponen alguna reserva más y piden a los catalanes que "entiendan" a las demás federaciones. Y sobre el cupo vasco, también hay acuerdo en que hace falta revisarlo, sin suprimir ni tocar el concierto económico de Euskadi ni el convenio navarro.

Son dos de las conclusiones de dos almuerzos de trabajo consecutivos en la sede federal, en la madrileña calle de Ferraz. Dos reuniones marcadas por la búsqueda de la salida al atolladero del PSC, la financiación autonómica, la reforma del Senado, la clarificación de competencias o la descentralización de la Justicia.

El lunes pasado, Rubalcaba, su número dos, Elena Valenciano, y el responsable de los trabajos de la Conferencia Política y del documento acerca del nuevo modelo federal de Estado que quiere el PSOE, Ramón Jáuregui, comieron con los seis barones que tienen silla en la ejecutiva federal (Andalucía, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Baleares y Galicia). Este lunes, tocaba el turno al resto: a los jefes socialistas de Madrid (Tomás Gómez), Extremadura (Guillermo Fernández Vara), Comunitat Valenciana (Ximo Puig), Aragón (Javier Lambán), Murcia (Rafael González Tovar), La Rioja (César Luena), Navarra (Roberto Jiménez), Canarias (José Miguel Pérez) y Melilla (Gregorio Esteban). Faltaron, por razones de agenda, los líderes de Cantabria (Rosa Eva Díaz Tezanos) y Ceuta (José Antonio Carracao). Y acudieron Óscar López, secretario de Organización; el asturiano Javier Fernández, coordinador del Consejo, y Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE andaluz, en el lugar de Griñán. 

En el encuentro de este lunes no se encontraba Pere Navarro, el primer secretario del PSC, porque las negociaciones se están desplegando de forma bilateral y continuarán en los próximos días para "cerrar un acuerdo definitivo", según fuentes oficiales. Pero sí se habló de las relaciones entre las dos formaciones. Según varios asistentes consultados por infoLibre, la posición "mayoritaria" es la de hacer "todos los esfuerzos posibles para buscar el acuerdo" con los socialistas catalanes. O sea, mantener los puentes. Tesis que volvió a defender Rubalcaba. Fernández Vara expresó entonces que había que andar con cuidado, que "un esfuerzo excesivo para encajar al PSC podía acabar desencajando al PSOE".

Quejas de Roberto Jiménez con Pere Navarro

El número uno del PSOE extremeño ha defendido en las últimas semanas, abiertamente, la ruptura con el PSC y la constitución de una federación del PSOE en Cataluña, posición contestada por Ferraz. Hoy refrendó esa posición, basando su argumento en que el partido "sólo puede articular un discurso nacional si está en todos lados". Pero sus palabras, a juicio de varios comensales, no sonaron tan "agresivas" como en otras ocasiones, sino bastante más "conciliadoras" y de respaldo al diálogo que dirigen Rubalcaba, Griñán y Fernández con Navarro. Luena, por su parte, expresó la advertencia de que todos, el PSC y el resto, deben ser "rigurosos". "Si el PSOE es leal con el PSC, el PSC debe ser leal con el PSOE. Ellos tienen que entender a los demás y hay que pedir a Pere un esfuerzo mayor", señaló el barón riojano. Su intervención, para sus compañeros, no se vio como crítica. Luena es uno de los hombres de confianza de Rubalcaba y este, de hecho, le incorporó a la dirección del Grupo Socialista del Congreso para reforzarlo tras el desbarajuste del caso Ponferrada. Como Vara, salió satisfecho de la reunión, convencido de que la ejecutiva "hará lo mejor" y conseguirá salvar las tiranteces con Cataluña. 

Roberto Jiménez, por su parte, echó una ligera reprimenda a Navarro, aunque no lo tenía delante. Defendió el convenio navarro y el concierto económico vasco y pidió que no se hable "sin conocimiento de causa" y no se generen "problemas" a los demás territorios. Lo decía por la polvareda automática que provocaron las declaraciones de Navarro de hace dos semanas, cuando reivindicó la supresión de los regímenes forales vasco y navarro. Jiménez comentó incluso que se comprometía a hacer pedagogía, que no había "ningún interés en ser privilegiados". La aportación navarra, como el cupo vasco –la cantidad que ambas comunidades devuelven al Estado como pago por las competencias no transferidas– sí es "revisable", como se evalúa regularmente el sistema de financiación.

Y en ese punto también hubo consenso. La redacción definitiva se asemejará bastante a la propuesta inicial de Jáuregui, que era esta: "Las instituciones del concierto y el convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional. Podría, no obstante, explorarse en el proceso de reforma constitucional la posibilidad de hacer frente a alguna de las más serias deficiencias que vienen mostrando en su aplicación práctica".

Principios de "igualdad y solidaridad" en financiación

Este asunto está ligado con la financiación autonómica. El texto del Consejo no contendrá un modelo preciso y detallado, pero sí los principios generales que debería contener la nueva Carta Magna que quiere el PSOE. Principios como "igualdad y solidaridad" interterritorial, sin privilegios. Algunos barones, como Tomás Gómez o Roberto Jiménez, reclamaron lealtad: que las comunidades no se quejen por la insuficiencia de recursos a la vez que "compiten a la baja" en los impuestos, para atraer inversiones. El secretario general del Partido Socialista de Madrid demandó solidaridad intraterritorial: que se igualen los niveles de riqueza no sólo entre autonomías, sino dentro también de una misma región. Se refería a las diferencias que puede haber, por ejemplo, entre Pozuelo, uno de los municipios de la Comunidad con mayor renta per cápita, y Vallecas, distrito de la capital más humilde. 

Senado. Hay acuerdo en hacer de él una "Cámara de representación territorial", que tenga distintas funciones –competencia en cuestiones territoriales– pero también distinta composición. Lo que no está muy claro es si sus miembros deben ser elegidos por los gobiernos o los parlamentos autonómicos o se ha de buscar una fórmula mixta. Sobre Justicia, tampoco hay un cierre completo. Hay consenso en que los procesos culminen en los Tribunales Superiores de Justicia, atribuyendo al Supremo una función "unificadora". En principio, se desecha la idea de crear Consejos de Justicia (órganos de gobierno de los jueces autonómicos, CGPJ a pequeña escala). 

La dirección federal, convencida del "éxito"

En el almuerzo se habló asimismo de los hechos diferenciales, que el documento federal sí reconoce. Gómez, por ejemplo, hizo referencia a que a Madrid se le debería reconocer su capitalidad. Y Vara citó el Fuero del Baylío que rige en algunas localidades de Extremadura, por el que se hacen comunes todos los bienes que los cónyuges aportan al matrimonio. 

El encuentro, en cualquier caso, fue "muy cordial" y "constructivo", según relataron varios asistentes a este diario –hasta "aburrido" y "de buen rollo", lo definió uno–, y se hizo una "diagnosis profunda" sobre los problemas del modelo territorial. "Las propuestas son profundas y responden a las necesidades de abordar el debate de la arquitectura del Estado con valentía, rigor y consenso. El problema no se arregla con reformitas, ni con reformas de la Administración [como quiere el PP], sino con una reforma de la Constitución. El partido está muy de acuerdo con esto, con articular una respuesta común, y no es sólo porque en Cataluña haya lío ahora", analizaba un dirigente de peso de la estructura federal. 

Con el resultado de las dos comidas y las conversaciones de esta semana con el PSC, la dirección federal compondrá un documento que remitirá a las federaciones a principios de la semana próxima, con el fin de que se vayan rematando los flecos telefónicamente y se llegue al Consejo en Granada con todo muy trillado. Para buscar el acomodo de todos los barones, se podará el texto de Jáuregui, restándole detalles. Fuentes oficiales subrayaron que la ejecutiva está "convencida" de que la cumbre del 6 de julio será "un éxito". 

El PSOE andaluz es el PSOE andaluz. Una federación capital dentro del PSOE, la que atesora más poder y a la que todo el mundo mira, más ahora que corren tiempos convulsos en el partido y donde la estabilidad de Alfredo Pérez Rubalcaba en la secretaría general depende en buena medida de las maniobras de José Antonio Griñán. Y esa enorme influencia se podía tocar ayer miércoles en Madrid, en la presentación del documento Por una reforma federal del Estado autonómico, en el que una de las claves es el fortalecimiento de las comunidades, para que puedan incluso actuar de dique frente a los "ataques" del Gobierno central a las políticas sociales. 

A la amplia delegación andaluza, encabezada por Mario Jiménez (vicesecretario general), Amparo Rubiales (presidenta) y Juan Cornejo (secretario de Organización), se sumaron los rostros de diputados, senadores, varios barones (Ximo Puig, Valencia; Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha, y Julio Villarrubia, Castilla y León) e importantes cargos orgánicos de varias federaciones. Y, lógicamente, de la dirección federal, cuya representación recayó en Elena Valenciano, la número dos de Rubalcaba; Soraya Rodríguez y Marcelino Iglesias, los portavoces de Congreso y Senado, o Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social. Carme Chacón, como sus compañeros José Zaragoza, Francesc Vallès, Teresa Cunillera o Germán Rodríguez, cumplían la cuota PSC. Todos los estamentos de poder del PSOE estaban allí. 

El PSOE andaluz llevaba a Madrid su propuesta de reforma de la Constitución bajo el brazo. No era nueva, porque como señalaba Carmen Calvo, la vicepresidenta de la fundación Alfonso Perales –el laboratorio que formalmente ha redactado el documento–, ya estaba confeccionada desde el otoño pasado. La había intentado presentar en otras ocasiones en la capital, pero se cruzaron líos internos. Y al final fue ayer, cuando quedan apenas 15 días para el Consejo Territorial, el órgano que tiene que avalar el proyecto de cambio de la Carta Magna en el que se sientan cómodas todas las federaciones (aparte de Ferraz), incluido el PSC. Consejo Territorial que, además, se celebrará en Granada. 

El documento plantea un Estado federal "cooperativo", "pluralista" y social, "construido desde un renovado consenso constitucional", que dote de "legitimidad" al modelo de descentralización. Entre las propuestas, primero, la sustitución del Senado por una Cámara territorial a semejanza del Bundesrat alemán, con miembros elegidos por los territorios (no por las urnas), con competencia legislativa en las leyes previstas en la Constitución que inciden en el Estado autonómico y que sirva como instancia para potenciar las "relaciones de colaboración" entre los diferentes escalones de poder del Estado. En segundo término, la descentralización de la Justicia –línea ya asumida por Ferraz, por cierto–, que implicaría limitar la competencia del Tribunal Supremo a la unificación de doctrina. Además, se plantea la "desconcentración territorial de algunos órganos federales de control y supervisión, de naturaleza jurisdiccional o administrativa" –o sea, situar órganos como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo fuera de Madrid–. 

En el punto de "centralidad"

La Constitución, para el PSOE, recogería el listado de competencias propias de las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía), sobre todo en materia lingüística, cultural y educativa, y tendría que dar algún detalle más sobre la financiación autonómica. 

Mario Jiménez subrayó, durante su intervención, en el cierre del acto, que el trabajo de la Alfonso Perales es una "respuesta seria y rigurosa" a los desafíos de hoy. A la "demolición del Estado autonómico que pone en jaque el Estado del bienestar" orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy, a la "nefasta" gestión de la crisis y la "dictadura de la austeridad". Ahora bien, aclaró, el "ataque" llega desde posiciones antagónicas, desde posiciones "neocentralistas" y desde "la ruptura nacionalista". El PSOE se sitúa así, dijo Calvo, en un punto de "centralidad y reflexión" entre los polos opuestos.

El número dos de Griñán, como Calvo, enfatizó el papel de Andalucía como pionera. En 1982, cuando no se quiso resignar al plan trazado por la UCD y reclamó su autonomía en pie de igualdad con las nacionalides históricas, y ahora, cuando abandera una reforma hacia un Estado federal que es "útil" para salir de la crisis y con la que se puede "superar la inestabilidad institucional" que vive España. "Rechazarlo es permanecer ciego, sordo y mudo ante las necesidades del país. La especialidad de Rajoy es callar y aguantar. Ante esto, el PSOE tiene que coger las riendas de la situación e impulsar el necesario debate reformista. Estamos ante un cambio de época". 

"Garantía de los derechos básicos de la ciudadanía"

La Constitución, según sostuvo Jiménez, debe "proteger" las competencias de las CCAA, para que se puedan blindar frente a "visiones destructivas y antisociales" como las que, a su juicio, lidera Rajoy. "Las comunidades pueden y deben convertirse en un contrapoder, en un poder con capacidad de defensa de la democracia, más en un momento como este, en un contexto donde la omnipresencia de la derecha amenaza con convertirse en la omnipotencia". En ese sentido, el número dos del PSOE andaluz puso como ejemplo de resistencia las políticas "propias" de la Junta. 

Carmen Calvo, vicepresidenta de la fundación Alfonso Perales y exministra socialista de Cultura, en la presentación del documento 'Por una reforma federal del Estado autonómico', este 19 de junio en el hotel Vincci Soho de Madrid | INMA MESA

"Hemos de construir un modelo territorial y democrático que garantice los derechos básicos de la ciudadanía como derechos inalienables e inalterables, que no estén sujetos a la situación económica, a la ideología del Gobierno o a las decisiones arbitrarias de entidades o instituciones ajenas a nuestra Constitución. Derechos iguales para todos los españoles, para los territorios y para todas las generaciones. Perseguimos un pacto constitucional que dé lugar a un nuevo modelo de convivencia que reconozca y respete la diversidad y la pluralidad pero que evite cualquier privilegio que dificulte la solidaridad entre territorios y la igualdad de oportunidades entre todos los españoles", concluyó. 

La "realidad asentada" del concierto y del convenio

Durante el coloquio posterior, emergió uno de los temas ineludibles de la última semana en el serial socialista: la polémica sobre el concierto económico y el convenio navarro. Manuel Medina, uno de los expertos que ha participado en la redacción del documento, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, señaló primero que no era "cierto" aquello que algunos medios publicaron la semana pasada de que Andalucía se alineaba con el PSC y pedía la supresión de los regímenes forales. No, deben mantenerse porque son una "realidad asentada". Lo que debe revisarse es el cupo, la cantidad que Euskadi y Navarra devuelven al Estado por el pago de competencias no transferidas, porque en su definición actual proporciona una "financiación desproporcionadamente superior" que al resto. Por tanto, recomendó, hay que "ajustar" la metodología de cálculo, para que así se camine hacia un sistema "más perfecto, más ajustado a la idea de solidaridad y equilibrio interterritorial". En definitiva, la misma tesis que defiende Ferraz. 

La andaluza es una pieza fundamental del ensamblaje del nuevo modelo territorial al que aspira el PSOE. Pero sin duda las espadas siguen en alto por el PSC, cuyo encaje es infinitamente más complicado pero que la mayoría quiere hacer de nuevo posible. Los socialistas catalanes, por cierto, también presentaron en Madrid su propuesta, a finales de mayo. Y contó con la presencia de cuadros del partido. Pero nada que ver con lo que se vio ayer, 19 de junio, en el hotel Vincci Soho de la capital. Prueba del poderío que gusta lucir a la federación de Griñán. 

El PSOE vuelve a ser una olla a presión. La concatenación de tres severos golpes en muy poco tiempo –las tensiones con el PSC, con los socialistas gallegos y el caso Ponferrada– han sacudido profundamente al partido. Tanto que el malestar y la inquietud interna circulan como moneda corriente.

Dos piezas de este complejo puzle interno se cruzan y se retroalimentan estos días. Y las dos son un secreto a voces. Una es lo que algunos han dado en llamar la operación Patxi Lópezoperación Patxi López. La otra, la mirada expectante y atenta a Andalucía, la federación más poderosa del PSOE y la que retiene el mayor poder institucional, y la que por ello mismo es capaz de declarar rota o no la partida.

En el Congreso y en los territorios se vuelve a hablar de la operación Patxi López. En realidad, su nombre nunca se apagó del todo. Ya en el 38º Congreso Federal, el que se celebró en febrero de 2012 en Sevilla, se interpretó la entrada del entonces lehendakari en la ejecutiva federal, y con una cartera de peso como la de Relaciones Políticas, como un gesto de Alfredo Pérez Rubalcaba de cara al futuro, como su candidato tapado. Ahora, tras las turbulencias de las últimas semanas, varios cargos consultados por infoLibre vislumbran el relanzamiento de la operación y atribuyen esos movimientos todavía difusos a la vieja guardiavieja guardia, a los dirigentes históricos del partido que en su día apostaron por Rubalcaba en su pugna interna con Carme Chacón y que hasta decantaron la balanza a su favor, y que consideran ahora que el líder no remonta y hace falta un revulsivo. En ese grupo se encuadran representantes del felipismo y dirigentes hoy más en segunda línea, como Manuel Chaves y Gaspar Zarrías. Pero también avalan esos movimientos otros cargos de etapas más recientes.

Las palabras de Luis Solana

Quienes perciben esas maniobras –y no son sólo los chaconistas, sino sectores más amplios del partido– apuntan a varias señales, como el hecho de que López busque desembarcar y dejarse ver en la federación más simbólica, Andalucía. O el cierto disgusto con la gestión de Rubalcaba, como evidencia, siquiera de forma simbólica, el demoledor artículo de Luis Solana el pasado 10 de marzo en El Plural. Solana, hermano del ex secretario general de la OTAN, luce galones de relumbrón: carné socialista desde 1975, exportavoz de la Comisión de Defensa en la Transición, expresidente de Telefónica y ex director general de RTVE. "Patxi está apareciendo algo más, haciendo algunas incursiones. Pero es momento de moverse. Y es previsible porque pinta que será como el candidato oficial", observa un importante barón regional. En la federación andaluza destacan que, "aunque no hay ni fechas ni actos cerrados", el exlehendakari y sus valedores están intentando organizar actos para la militancia en las "agrupaciones más favorables", tantoen Jaén –fortín de Zarrías– como en algunas asambleas de Sevilla. "Pero aquí hay que entrar llamando a la puerta", sentencia un alto responsable de la ejecutiva regional, que comanda José Antonio Griñán, a la sazón presidente del partido. 

No hay un consenso total acerca de los detalles de la operación López. Algunos cuadros apuntan que consistiría en la convocatoria de un congreso federal extraordinario que pusiera fin al liderazgo de Rubalcaba, como ayer jueves adelantaba Abc. Pero tiene serios inconvenientes: supondría el "reconocimiento de un fracaso" ya que no han pasado más que 13 meses desde el último cónclave, volvería a "tensionar el partido" y, lo más importante, podría no tolerarlo la militancia, "que ahora mismo lo que quiere es votar, quiere primarias", coinciden varios dirigentes sondeados por este diario. La ventaja de un congreso es clara: el voto de los delegados es más fácilmente controlable. 

Negativa de la 'vieja guardia' y de los rubalcabistas

La vieja guardia niega todo tajantemente. "Es pura especulación. Hay que apoyar a Rubalcaba como secretario general y no segarle la hierba bajo los pies", sentencian fuentes próximas a Chaves, cuya vinculación con el exlehendakari es más personal que política, ya que el expresidente de la Junta fue amigo íntimo de Lalo López, padre del líder del PSE. "No hay nada de eso, nada", asegura un histórico diputado vasco. Otro barón regional desmiente la operación: "Siempre que hay una crisis, como ha pasado ahora con Ponferrada, surgen los rumores". Un responsable de la ejecutiva federal responde igual: "No hay nada que esté agitando Patxi. Quien lo diga no conoce a Patxi".

Misma versión recabó este periódico del entorno del líder del PSE. "No está en esto, no está postulándose para nada, no le gustan los fulanismos. Está muy centrado en su labor en Euskadi y en el ámbito federal cree que lo más adecuado es seguir la planificación prevista: primero revisar el proyecto en los diálogos y la Conferencia Política y luego las primarias. Hay que aguantar y esperar a que escampe, porque no escampa si te pones nervioso", indica un portavoz quien, no obstante, subraya la "larga trayectoria" de López en la política y sus grandes logros, muy "reconocibles": encabezar por primera vez un Gobierno vasco no nacionalista, conseguir el fin de la violencia de ETA y defender los pilares del Estado del bienestar frente a los recortes de Mariano Rajoy.

Sin embargo, la sola posibilidad del lanzamiento de López recorre de arriba abajo el partido, algunos aducen incluso que alentada por los rubalcabistas para "quemarle". Pero sólo hablar de esa alternativa suscita enormes resquemores en las federaciones más importantes –Andalucía, Madrid, Catalunya–. Hay muchas reticencias a dejarse guiar por lo que llaman "el lobby del PSOE" y a otorgar el poder "otra vez a un perdedor". Sus detractores no olvidan que López salió del Gobierno vasco tras menos de cuatro años de legislatura y con un bajón importante de votos y escaños tras la irrupción, todo sea dicho, de EH Bildu. 

En el aire sigue sin despejar, como hace un año, la alternativa de Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. Todos le rotulan como la gran "incógnita", pero el hecho de que hasta ahora no haya querido dar ningún paso, cuando muchos le empujaban y le veían como el mirlo blanco, es una mala señal. "Un líder que no quiere serlo ya dice demasiado", reflexionaba una diputada de su generación. 

Esperar al otoño y que haya "cambios" en la dirección

Los conciliábulos socialistas hablan y discuten de la posibilidad López, pero también aguardan los siguientes gestos de Andalucía, conscientes de que un golpe en seco de Griñán puede voltear el tablero de juego. ¿Y qué quiere y pide Andalucía? Según insiste una dirigente de la máxima confianza del presidente de la Junta, no conviene al PSOE, en un momento de extrema debilidad como el actual y de máxima angustia ciudadana, meterse en "el berenjenal de un proceso congresual o unas primarias ahora mismo". Lo que sí demandan los andaluces son "cambios". ¿Cuáles? Uno lo adelantó este martes el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez: "Reforzar la labor de coordinación de Elena Valenciano", dar más poder a la número dos para que blinde a Rubalcaba. Pero en el PSOE-A se reclama asimismo realizar modificaciones en la cúpula –relevando a los peones más ligados a José Blanco y a la vieja guardia–, dar más potencia a la dirección del Grupo Socialista en el Congreso, y explotar más temas propios como la reforma de la Constitución o el pacto por el empleo. 

Andalucía, pues, no tiene pretensión de forzar cambios más traumáticos, como pronto, hasta el otoño, la fecha en la que está programada la Conferencia Política. Hasta entonces, prefiere "serenar los ánimos", esperar a que se vayan "consolidando liderazgos". "En tiempos de tribulación, mejor no hacer mudanza", resumen en la federación, haciendo suya la máxima ignaciana. Y, añaden las mismas fuentes, confiar en que no haya más tropiezos, porque un nuevo error podría desajustar esa baraja. 

Desde fuera de Andalucía hay dirigentes que miran a Griñán. A él directamente para que tome las riendas del partido. "El presidente es el primero que no quiere jugar", alegan sus colaboradores, y se escudan en que para él su prioridad es el Gobierno regional, el mayor granero de poder del PSOE. "Ahora, lo que sí que pide es renovación a fondo".

"El único bálsamo es ganar unas nuevas elecciones"

La necesidad de cambios en la dirección se siente incluso entre los que apoyaron firmemente a Rubalcaba en el pasado congreso. Consideran amortizado a Óscar López, el secretario de Organización, por el episodio de Ponferrada, aunque señalan igualmente a otros altos cuadros. Reprochan asimismo al líder no haber confeccionado en su día "una ejecutiva más integradora y sólida". 

En Ferraz la realidad se mira desde otro prisma. Respecto al peso de Andalucía, sostienen que cada vez más federaciones "no están dispuestas a que otra federación tenga la capacidad de decidir el futuro del partido". Recuerdan que aunque ahora parezca "el fin del mundo", el PSOE ya sufrió un mayúsculo cataclismo en los noventa, tras la salida del Gobierno de Felipe González. E insisten en que no hay "soluciones mágicas", que el partido ya quemó en aquellos años a un secretario general, Joaquín Almunia, y a un candidato, José Borrell, que en otros países también el socialismo ha andado años desnortado, que incluso aquí en España otras formaciones han sufrido la desorientación propia del abandono del poder. Sin ir más lejos, indican, el PP.

"No se puede caer en fantasías –aconseja un miembro del aparato–. No pensemos en soluciones simplistas: al día siguiente de que elijamos al candidato, no se va a despertar de pronto el amor al PSOE. Seguirá habiendo seis millones de parados y una economía hundida. El único bálsamo para quien ha perdido las elecciones es ganar unas nuevas elecciones. No se remonta en dos meses ni un año. Y de camino lo que queda es mucha inquietud y mucha ansiedad. Una permanente inestabilidad durante bastante tiempo". Y eso es lo que se palpa estos días. Preocupación, zozobra y nerviosismo. Como decía una senadora vasca: "Todo el mundo lo que quiere ahora es sacar la cabeza". 

Óscar López abandonó la reunión de la Comisión Permanente Federal del PSOE este lunes con el respaldo generalizado de sus compañeros. "Todos" ellos le apoyaron y rechazaron su dimisión por el caso Ponferrada. Pero ayer no salió tan airoso de la cita con el Grupo Parlamentario Socialista, a la que acudió sin previo anuncio y para explicar la calamitosa gestión de la moción de censura en la ciudad leonesa. Oyó reproches, muchos reproches, y no de una sola persona. Varios diputados intervinieron para mostrar su profundísimo enfado por un "desastre total" y para que se pongan todos los medios posibles para impedir que vuelva a ocurrir un caso así.

Nadie pidió directamente la dimisión del secretario de Organización, porque todos entendieron que no era el foro adecuado. "Esas cosas se sustancian en el partido, no en el grupo del Congreso", justificaron varias fuentes. Tampoco pidieron detalles del proceso No obstante, algunos de los presentes sí interpretaron que tras varias críticas subyacía la petición de una asunción mayor de responsabilidades. Enfrente sólo tenían a López como máximo responsable orgánico, ya que ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni Elena Valenciano asistieron. 

López, que no es diputado en la Cámara baja, enhebró un relato semejante al expuesto el lunes en la Comisión Permanente. Un mea culpa en toda regla, atribuyéndose todo el "error" del fiasco de Ponferrada y blindando de nuevo al secretario general y a su número dos, Valenciano. Insistió, por tanto, en que le "cegó" la posibilidad de sacar al acosador Ismael Álvarez de la política, además de conferir estabilidad a Ponferrada, arrebatando para ello la alcaldía al PP. 

Sus compañeros de partido agradecieron al número tres su presencia en la reunión del grupo y que se hubiera atrevido a "dar la cara". De hecho, le reconocieron apesadumbrado. Pero a partir de ese punto no hubo lugar a mucha complacencia. Según la narración de una decena de diputados consultados por infoLibre, la mayoría de las intervenciones fueron "en general muy duras" contra López, "no tanto en lo personal, pero sí en lo político". Entre los que tomaron la palabra, la madrileña Delia Blanco, la extremeña Leire Iglesias, la andaluza Consuelo Rumí, la gallega Laura Seara –última secretaria de Estado de Igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero–, el expresidente manchego José Maria Barreda, la exministra Rosa Aguilar y la valenciana Carmen Montón, portavoz de Igualdad en la Cámara.

El expresidente del PSOE y de la Junta andaluza Manuel Chaves se apegó más a la línea oficial, mientras que el secretario general de Castilla y León, Julio Villarrubia, terció para defender su posición en todo este embrollo, claramente distante a la versión ofrecida por el jefe del aparato. En la cita no se encontraba Carme Chacón. Ella y otros diputados atendían las labores de varias comisiones del Congreso, en marcha a esas horas. 

"Desastre total, peor imposible"

El hilo conductor de la mayoría de discursos de los diputados fue la constatación de que lo acaecido en Ponferrada –una moción de censura ganada por el PSOE con el apoyo del acosador Álvarez– es un error "muy grave". "Desastre total, peor imposible", reproducía un indignado Barreda, que antes y después de la reunión trasladó el sentir de otros compañeros. Un fallo garrafal porque "pone en entredicho los valores del PSOE", su política de defensa de los "derechos de las mujeres", con lo que ello puede acarrear de "falta de credibilidad" del discurso de cara a los ciudadanos. Algunos asistentes adujeron que no era creíble la "peregrina excusa" de que el objetivo era "sacar a un acosador de la política". "No se puede pasar por encima de los principios del partido bajo ningún concepto, y menos por una alcaldía", reiteraban varios asistentes a la salida. 

La crítica generalizada no contuvo explícitamente la palabra "dimisión", que sí han pedido otros cuadros del partido, caso de Tomás Gómez. Pero algunos diputados sí se llevaron la impresión de que el caso Ponferrada no puede zanjarse sin asumir "más consecuencias". "La dirección puede creer que es suficiente con que Óscar pida disculpas y diga que se ha corregido el error, pero no es así a ojos de los ciudadanos", traducía un parlamentario. En esa línea ahondó Iglesias, que advirtió, según apuntaron fuentes socialistas, de que está bien asumir el error y dar explicaciones, pero que "en algún momento" la sociedad "exigirá más". 

"Máxima tensión" con Villarrubia

Los diputados apreciaron "máxima tensión" entre López y Villarrubia. El lunes, el número tres subrayó que antes de llegar la moción a Ferraz había sido vista por "muchos órganos de distintos niveles". Ataque indirecto al secretario general castellanoleonés, a quien precisamente López cedió el cargo tras su encumbramiento a la Secretaría de Organización federal en el congreso de Sevilla, en febrero de 2012. Ayer martes, Villarrubia se revolvió. Como contaron los presentes en la reunión, el líder regional rubricó que él se había opuesto a la operación en Ponferrada desde el primer minuto y que lo hizo saber. Algunos vieron en sus palabras una crítica a los intentos de "tutela" de López sobre su heredero. "¡Si uno se va, se va del todo!", exclamada con marcada rabia un parlamentario. Otros eran menos duros: "Para él Castilla y León es como su casa, y uno en su casa se pone las zapatillas y se relaja". 

La llamada de atención de Villarrubia goza de relevancia por otra razón. Fueron varios los dirigentes que rechazaron con rotundidad a una moción pactada con un acosador. López citó el lunes singularmente a dos, a Valenciano –que ayer no se encontraba en la reunión del grupo–, y a Purificación Causapié, la responsable de Igualdad. Ayer se confirmó otro nombre en el bloque de opositores, y que ya adelantó infoLibre el domingo: Soraya Rodríguez, portavoz en el Congreso y diputada por Valladolid. Ella misma lo dijo en rueda de prensa. Señaló que cuando supo la operación, trasladó a "quien tenía la competencia orgánica", a López y a Villarrubia, que era "claramente contraria" a ella, y se lo dijo "en varias ocasiones". "Ellos me escucharon", remachó. El número tres oyó esas opiniones pero decidió él solo, según la versión oficial. 

Ahora habrá más controles, ya que las decisiones se adoptarán de forma más colegiada, como anunció el número tres. En el Grupo Socialista, algunos parlamentarios entendían que ese cambio ya en sí escondía una "desautorización" más de la cúpula a la gestión de López. "Este tipo de errores claro que pesan en el expediente", reflexionaba uno de ellos. 

"Demasiado enfadado" para opinar

Durante el día se recogieron más reacciones sobre el caso Ponferrada. Para todo gusto. El más claro, como en los últimos días, Gómez, líder del PSM, "En política no hay perdón, hay dimisión", denunció, disparando al secretario de Organización. a ese flanco crítico se sumaron los secretarios generales de las agrupaciones municipales socialistas de Burgos, Luis Escribano –pidió a Ferraz que acepte la dimisión de López–, y de León, José Antonio Díez, que reclamó un congreso federal extraordinario para que de él emerja un líder más fortalecido, informa Europa Press. 

Los barones de Castilla-La Mancha y La Rioja, Emiliano García-Page y César Luena, se alinearon con Ferraz al señalar que nada se solucionaría con la salida del número tres. Este recabó el "pleno apoyo y pleno respaldo" del secretario provincial del PSOE de León, Tino Rodríguez, muy enfrentado a los socialistas de León capital. Chacón, por su parte, se remitió a su tuit del viernes, cuando alertó de lo "insoportable" de la moción de Ponferrada. Y el histórico Alfonso Guerra respondió a lo Guerra, a su más puro estilo: estaba "demasiado enfadado" como para responder a los periodistas del Congreso. "Sería muy largo, no tengo ganas", huyó.