Ali Ansari, un banquero sancionado por el Reino Unido y acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria iraní, posee una lujosa villa en Marbella a través de la filial española de una empresa británica, según muestran los registros.

El Reino Unido sancionó el año pasado a Ali Ansari por presuntamente "facilitar financieramente la labor de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC)", que ha cometido abusos generalizados mientras hace cumplir el poder del Gobierno teocrático de Irán.

El abogado de Ansari, Roger Gherson, no respondió a las preguntas sobre la villa de su cliente en Marbella, ciudad situada en la Costa del Sol, en el sur de España, pero rechazó las acusaciones sobre vínculos con la IRGC. "El señor Ansari, en respuesta a acusaciones perjudiciales difundidas en medios internacionales, niega de forma tajante cualquier relación financiera con la Guardia de la Revolución Islámica de Irán", afirmó Gherson en una respuesta por correo electrónico a las preguntas planteadas por OCCRP.

Las autoridades británicas no aportaron detalles en su notificación de sanciones que sustentaran la acusación de que Ansari financiaba a la IRGC.

En una declaración pública del 12 de marzo, Ansari señaló que las autoridades iraníes habían disuelto un banco del que era accionista y aseguró que ahora estaba siendo objeto de una persecución injusta a nivel internacional.

"En el contexto de la intensificación de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, se están llevando a cabo esfuerzos en el Reino Unido y en otros países para imponerme restricciones y sanciones sin presentar pruebas creíbles", afirmó. Ansari añadió que había dado instrucciones a sus abogados para "iniciar procedimientos formales" contra las sanciones impuestas por el Reino Unido.

Las autoridades británicas sostienen que Ansari "financia la labor de la IRGC", a la que describen como "una de las organizaciones militares más poderosas de Irán, que responde directamente ante el Líder Supremo".

Además de su papel militar, la IRGC tiene amplios intereses empresariales que han sido ampliamente documentados y que abarcan las telecomunicaciones, el transporte, el petróleo y la construcción. Un artículo publicado por el Center for Strategic & International Studies, un centro de estudios estadounidense, describía a la IRGC como "el actor más poderoso en el control de todos los sectores económicos importantes de Irán".

Aunque Gherson negó que su cliente tuviera vínculo alguno con la IRGC, Ansari afirmó en su declaración pública que las medidas adoptadas por las autoridades iraníes contra él demuestran que las acusaciones británicas son falsas.

Ansari puso como ejemplo la disolución de Ayandeh Bank, entidad de la que era accionista. El Banco Central de Irán rescató al prestamista de su colapso en octubre de 2025 y ordenó su fusión con el banco estatal Melli Bank.

"Fui sometido a amplias presiones legales y regulatorias, un proceso que finalmente condujo a la disolución del banco", afirmó. "Es evidente que, de haber existido una relación organizada o un respaldo político especial, ese desenlace no se habría producido". En su decisión de disolver Ayandeh, el Banco Central de Irán apuntó a años de mala gestión.

Ayandeh había acumulado una deuda de 5.000 billones de riales iraníes (unos 4.670 millones de dólares en aquel momento), aproximadamente el doble de lo que mantenía en depósitos, según Hamidreza Ghaniabadi, director general de Supervisión Bancaria del Banco Central. Ghaniabadi hizo estas declaraciones en un vídeo difundido el 23 de octubre de 2025 por la agencia de noticias Tasnim, afín al Estado.

Ghaniabadi también declaró a la agencia estatal iraní IRNA que "más del 90% de los fondos de Ayandeh Bank se asignaron o bien a partes vinculadas al banco o bien a proyectos gestionados por el propio banco".

La quiebra del Ayandeh Bank formó parte de una crisis económica que desencadenó la reciente ola de protestas masivas en Irán.

Los iraníes empezaron a salir a las calles a finales de 2025 para protestar contra la inflación disparada y el hundimiento del nivel de vida. Muchos manifestantes pronto empezaron a pedir la caída del Gobierno.

La IRGC y otras fuerzas de seguridad reprimieron las protestas, llevando a cabo detenciones masivas, además de torturar y matar a miles de personas, según organizaciones de derechos humanos. OCCRP informó de que las familias de personas muertas durante las protestas acusaron a las autoridades de exigir pagos para poder recuperar sus cuerpos.

En octubre de 2025 —el mismo mes en que se disolvió Ayandeh Bank y unos dos meses antes de que estallaran las protestas— el Reino Unido impuso sanciones a Ansari. Para entonces, ya había adquirido una amplia cartera de propiedades por toda Europa.

Las autoridades británicas han congelado más de 100 millones de libras esterlinas (134 millones de dólares) en bienes inmuebles de Ansari en ese país, según declaraciones públicas de ministros del Gobierno. Se desconoce si entre las propiedades congeladas figura una mansión londinense de 52,8 millones de dólares que OCCRP reveló anteriormente.

En enero, el Financial Times informó de que Ansari había adquirido inmuebles comerciales por valor de cientos de millones de euros en varios países europeos. El hallazgo de OCCRP sobre la lujosa villa de Marbella añade otra propiedad más al patrimonio conocido de Ansari.

La villa española no figura directamente a nombre de Ansari. Los reporteros tuvieron que rastrear una cadena de vínculos societarios para determinar su titularidad.

Utilizando un pasaporte chipriota, Ansari controla una empresa londinense llamada Veritas Reales Investment Limited, según Companies House, el registro mercantil británico. La empresa fue constituida en 2019 por un promotor inmobiliario del Reino Unido que desde entonces se ha desvinculado. Companies House identifica ahora a Ansari como la única "persona con control significativo".

En sus registros societarios, Veritas Reales Investment aparece descrita como una empresa dedicada a la "compra y venta de bienes inmobiliarios propios" y a la "recepción y concesión de préstamos".

Los registros del Registro Mercantil español muestran que la empresa londinense controla una filial local, Veritas Reales Marbella SL. Esta es la propietaria de la villa y del terreno en la exclusiva urbanización cerrada de Altos Reales, en Marbella, adquiridos por una suma no revelada en 2020.

El abogado de Ansari, Gherson, no respondió a las preguntas sobre las empresas británica y española. Los reporteros no pudieron determinar el precio de compra de la villa ni su valor actual. Pero una página archivada de una agencia inmobiliaria local muestra que la propiedad fue puesta a la venta en 2013 por 15 millones de euros (unos 19,5 millones de dólares en aquel momento) como una "Residencia excepcional con vistas espectaculares".

Las fotos del folleto comercial mostraban una villa de seis dormitorios con una imponente torre central enmarcada por picos montañosos. Una terraza dominaba una piscina exterior y ofrecía vistas al mar Mediterráneo. Esas vistas coinciden con imágenes disponibles en Google Earth 3D.

El anuncio de 2013 también destacaba elementos como una lámpara de araña "comprada a una iglesia del siglo XV", así como "bodegas con temperatura controlada y cómodas dependencias para el personal". Según Companies House, las cuentas anuales de Veritas Reales Investment Limited están pendientes de presentación. La empresa se enfrenta a la posibilidad de ser disuelta de forma forzosa en los próximos dos meses, "salvo que se alegue causa en contrario".

“Esto tiene que acabar.” Tres días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara tres millones de documentos, Donald Trump volvió a intentar cerrar lo antes posible el caso Epstein ante la avalancha de preguntas de los periodistas. Pero, a pesar de su voluntad, esto no va a acabar. Se está extendiendo una onda expansiva mundial a medida que aparecen nombres, hechos, conversaciones y estructuras en esa gigantesca masa de documentos.

En una semana, los daños ya eran considerables. Al menos en Europa. Tras el descubrimiento de sus vínculos comerciales con el poco recomendable financiero, revelados por Mediapart, Jack Lang presentó su dimisión del Instituto del Mundo Árabe. En Gran Bretaña no deja de extenderse el escándalo Mandelson, obligado a dimitir de su cargo de embajador en Estados Unidos en septiembre tras revelarse su estrecha relación con Jeffrey Epstein. La dimisión del jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, el 8 de febrero, no es más que el último intento del Gobierno laborista por sobrevivir.

En Noruega, más allá del descubrimiento de los vínculos familiares que mantenía la princesa Mette-Marit, el descubrimiento de que personalidades de primer orden formaban parte del círculo íntimo del depredador sexual está conmocionando a todo el país. El ex primer ministro laborista Thorbjørn Jagland, que también fue miembro del comité del Nobel y secretario general del Consejo de Europa, está directamente implicado, al igual que el diplomático Terje Roed-Larsen, uno de los artífices de la paz de Oslo, o el político Børge Brende, presidente del Foro de Davos desde 2017. Los organizadores del Foro Económico Mundial anunciaron el 5 de febrero que abrirían una investigación para determinar los vínculos de este último con Jeffrey Epstein.

El Wall Street Journal, periódico de referencia del mundo financiero, no se equivoca sobre los peligros del momento. “Para aquellos que se encuentran fuera del restringido círculo de los poderosos —los millennials antiboomer, la generación Z, los mal pagados y las personas agraviadas—, las revelaciones sobre Epstein confirman una sórdida historia que sospechaban desde hacía tiempo. Ahí están, los ricos y poderosos, algunos expresando sus simpatías por un criminal de su círculo, a menudo para proteger a los suyos”, escribe Pamela Paul, una de las columnistas del periódico, el 6 de febrero.

En pocos días, el caso Epstein ha cambiado de dimensión. Ya no es solo un gran escándalo de pederastia, agresiones y abusos sexuales en el que están implicados multimillonarios, miembros de la realeza y personas poderosas. La revelación de millones de documentos, conversaciones privadas, correos electrónicos, fotos y vídeos que afectan a prácticamente todo este mundo globalizado, en el que se mezclan financieros, políticos, gerifaltes de lo digital, antiguas familias del establishment, académicos, asesores de todo tipo, estrellas y figuras mediáticas, ha tenido un efecto devastador. Expone el horroroso y escalofriante espejo de una clase dirigente globalizada que ha perdido todo límite, toda moral, dominada por la depredación, la corrupción, el compromiso y la impunidad.

Es imposible disociar a Jeffrey Epstein del entorno en el que se movía. Es el producto de los excesos de esta casta desligada de la realidad que prospera desde el auge del capitalismo financiero. Durante años, él fue uno de los suyos, sabiendo captar y manipular grandes fortunas, financieros y herederos, para sacar provecho de ellos o chantajearlos.

El offshore es su mundo. “¿Por dónde andas?”, no deja de preguntar Jeffrey Epstein a cada uno de sus interlocutores. De Nueva York a Beirut, pasando por Londres, París, Berlín u Oslo, sin olvidar las islas paradisíacas, se desplazan de un punto a otro, sin tener ningún puerto de amarre. Ahora se han separado, como documenta el historiador canadiense Quinn Slobodian en su ensayo El capitalismo del apocalipsis (Seuil, 2025).

Todos sueñan con ser la nueva aristocracia mundial, y el hecho de codearse con coronas y familias reales —algo que Epstein integró perfectamente en su sistema— les reafirma en el estatus al que aspiran. Porque no podrían relacionarse con gente que no es nada. Para ellos, además, no existen. Son invisibles, al igual que las cientos de víctimas de Epstein.

Los correos electrónicos publicados están repletos de anécdotas en las que se prestan, se intercambian y se solicitan suntuosas casas, aviones y yates privados. Al comprar Little Saint James, su isla privada, Jeffrey Epstein utiliza todos los resortes de esta casta que exige un trato especial y privilegios. La convierte en su lugar de desenfreno, en el que se forjan pactos de corrupción, y en una de sus bases capitalistas, ya que allí la fiscalidad y la regulación son prácticamente inexistentes. Ante el comité de la isla encargado de darle la autorización para registrar sus fondos y sus sociedades, Jeffrey Epstein explica que es “el médico financiero de los ricos”, según informa una extensa investigación del New York Times.

Todos comparten la misma obsesión: enriquecerse lo antes posible, evadir impuestos por todos los medios, no tener ningún vínculo con la colectividad, con el público y no rendir cuentas a ninguna institución estatal.

Desde los “Papeles de Panamá” hasta los “Offshore Leaks!”, pasando por los “Paradise Papers”, numerosas investigaciones periodísticas a nivel mundial han puesto al descubierto el sistema globalizado de evasión fiscal basado en montajes opacos y fraudes para permitir a los más ricos eludir el pago de impuestos. Los trusts, que permiten ocultar a los beneficiarios reales de las fortunas acumuladas, son la piedra angular de este sistema. Los fondos montados como muñecas rusas para acabar en paraísos fiscales cada vez más oscuros constituyen los mecanismos indispensables.

Los “Archivos Epstein” aportan información adicional. Muestran día a día el funcionamiento de esta gran maquinaria de evasión fiscal desarrollada para los ricos, en la que se dan cita gestores, banqueros, abogados y grandes fortunas. A pesar de que los honorarios superan en ocasiones los 8.500 dólares por hora, los clientes prefieren pagar fortunas —el total puede superar en ocasiones lo que les exige Hacienda— a estos intermediarios privados antes que pagar los impuestos que deben. Así, Ariane de Rothschild, directora de la sociedad Edmond de Rothschild, aceptó, además de las comisiones pagadas a otros asesores, pagar 25 millones de dólares a Jeffrey Epstein para evitar las sanciones de las autoridades fiscales estadounidenses.

Jeffrey Epstein conocía bien esos mecanismos. Los aprendió en Bear Stearns, un prestigioso banco de inversión neoyorquino arrastrado por la crisis financiera de 2008. Comenzó a trabajar allí en 1976, tras convencer a uno de los padres de los alumnos de la Dalton School, un centro educativo de la élite neoyorquina, donde era profesor de matemáticas —tras mentir sobre sus títulos—, para que le ayudara a conseguir un puesto de trabajo. A los 23 años, descubrió todos los entresijos del mundo financiero.

El neoliberalismo daba sus primeros pasos en el mundo occidental y el mundo de las finanzas se sentía con alas. Quería acabar con los viejos esquemas impuestos por las regulaciones bancarias y financieras, sacudir a instituciones bancarias como Bank of America o Citibank. Greed is good (la codicia es buena) es ahora el lema de Wall Street y del mundo financiero estadounidense. Todo vale.

Jeffrey Epstein no necesita que le animen. Entiende rápidamente los montajes y los esquemas de optimización fiscal. Pero entiende aún más rápidamente los medios para hacerse un nombre, un lugar en ese mundo de grandes fortunas, donde todavía se habla solo en millones, que tiene la misión de atraer hacia Bear Stearns. Además de su inclinación por querer destacar, establece el sistema para construir una red cada vez más amplia.

Incluso antes de reclutar a Ghislaine Maxwell, comienza a fijarse en las hijas de grandes empresarios o financieros, jóvenes influyentes que le presentan a sus amigos y conocidos y le llevan a fiestas privadas. Y cuando no está acompañado por esas personas influyentes, nunca deja de ir acompañado de modelos. Hoy en día, muchos de los hombres entrevistados dicen no recordar a esas jóvenes con las que posaron en fotos en fiestas privadas. Pero en aquella época eso impresionaba, como reconocería más tarde Leon Black, cofundador del fondo Apollo, con el que entablaría una relación muy estrecha (véase más abajo).

A los 27 años, Jeffrey Epstein fue nombrado socio. Era el socio más joven de la historia del banco. Ya ganaba 200.000 dólares al año, una fortuna en aquella época. La revista Cosmopolitan le otorgó el título de “soltero del mes”, describiéndolo como una “dinamo” que “solo habla con gente que gana más de un millón al año”.

Pero su ascenso se ve truncado. Epstein es sospechoso de fraude y manipulación en algunas operaciones que ha llevado a cabo. Pero la dirección de Bear Stearns no dice nada, no presenta ninguna denuncia y decide encubrirlo ante los investigadores de la SEC (Securities and Exchange Commission). La justicia normal no puede entrometerse en los asuntos de los poderosos. En 2025, uno de los exresponsables del banco confesará su pesar por no haberlo parado en ese momento. Demasiado tarde.

Epstein ya había entendido los mecanismos de impunidad que funcionan en estos círculos: hay que cubrirse, protegerse. Abandona el banco discretamente. Pero sigue manteniendo relaciones con algunos miembros, que no dejarán de reforzarse a medida que desarrolla su red de negocios.

Porque el controvertido financiero no tardará en recuperarse. Junto con un abogado, John Pottinger, funda un bufete en Nueva York. Su objetivo: ofrecer estrategias y planes de evasión fiscal a clientes adinerados. Ha llegado a su fin la época de las cuentas numeradas en Suiza, o incluso de las sociedades registradas en las Bahamas o en Delaware. Está surgiendo una nueva forma de financiación que quiere emanciparse de los circuitos clásicos.

Empiezan a aparecer los fondos de inversión, los hedge funds y las family offices. Considerándose a sí mismos como una especie de clubes, convocan a amigos y conocidos adinerados para constituir rondas de presentaciones para llevar a cabo operaciones financieras independientes y repartirse los beneficios en su momento. Les interesa todo lo que se pueda financiar: inmuebles, empresas, operaciones comerciales. Todo, siempre que genere grandes beneficios y eluda al fisco.

En este nuevo mundo financiero, Epstein se hace rápidamente un sitio. Encuentra clientes para participar en algunas de sus operaciones —algunas de las cuales resultarán posteriormente fraudulentas— y actúa como intermediario para los fondos que buscan clientes acaudalados dispuestos a invertir.

Pero su mayor logro a finales de los años 80 fue cuando consiguió imponerse como gestor de la fortuna de Leslie Wexner, fundador de Victoria's Secret. Los desfiles de esta casa de lencería femenina eran entonces eventos a los que acudían grandes fortunas, artistas y otras celebridades. Estos desfiles también le permitían atraer clientes y ofrecerles modelos como presas, lo que más tarde daba lugar a chantajes, intimidaciones y garantizaba la omertá.

Más tarde, Wexner lamentaría amargamente haber confiado en él. Nunca reveló cuánto perdió cuando su fortuna estuvo gestionada por el financiero corrupto. En 2008, Epstein aceptó pagar 100 millones de dólares a la fundación Wexner, que le acusaba de robo.

Mientras tanto, Epstein continúa su ascenso hacia las cimas de la élite neoyorquina. En 1988, ya es multimillonario y posee varios inmuebles, entre ellos una casa en Florida justo al lado de la de Donald Trump. Los dos hombres se veían asiduamente. Tenían los mismos conocidos, los mismos gustos, los mismos lugares de depravación.

Cada vez más introducido en el mundo financiero. Más que los grandes bancos, lo que le interesaba eran los fondos de inversión, los gestores de activos, los representantes de las family offices y los abogados mercantiles. Un mundo que no conoce las barreras de la regulación. Se convirtió en miembro del consejo de la Academia de las Artes de Nueva York, lo que le permitió ampliar aún más su red de contactos. Se le veía en todas partes, en inauguraciones, galas benéficas, fiestas mundanas, conversando con los poderosos, presentándoles unos a otros.

Su asociación con Ghislaine Maxwell, en 1992, ampliará aún más su esfera de influencia. Ella le da acceso a nuevos lugares de poder, a nuevas personalidades, a las que prodigaba consejos y “buenos planes de inversión” financieros, inmobiliarios o artísticos, a cambio de comisiones, por supuesto. Empieza a tratar con el mundo político, conoce a varios senadores. En 1995, era lo suficientemente conocido como para dejar mensajes directamente en la oficina de Bill Clinton, en la Casa Blanca. Un trofeo que no dejará de exhibir durante años (ver último apartado).

Ya en aquella época circulaban muchos rumores sobre Jeffrey Epstein, pero todo el mundo guardaba silencio. En el mundo financiero, tiene fama de ser un hombre “brutal, duro en los negocios, belicoso”, como testifica ante un tribunal el exdirector financiero del fondo Zwirn, en quiebra. Epstein, socio de este fondo, exigió en 2006 el reembolso inmediato de 50 millones de dólares en detrimento de todos los demás inversores, lo que precipitó el colapso del fondo. “Dan [su superior, ndr] pensaba que Jeffrey quería que nos postráramos ante él”, dice ante el juez.

Más tarde, el personal de Epstein presentará una denuncia contra él por acoso moral, como le recuerda en un correo electrónico de 2018 la abogada Kathryn Ruemmler, exasesora de Obama y luego abogada en Goldman Sachs, que se había convertido en una persona muy cercana al financiero. Este la designó como una de sus albaceas testamentarias: a su muerte, la fortuna de Epstein se estimará en más de 500 millones de dólares, pero no se ha llevado a cabo ninguna investigación oficial al respecto. Informada de esta cercanía, la dirección de Goldman Sachs decidió ocultar esa información hasta la publicación de los documentos judiciales.

Es solo una coincidencia del calendario: en 2008, Jeffrey Epstein, condenado por agresiones sexuales a menores, cumple sus trece meses de prisión en Florida y en 2008, Wall Street se hunde tras la explosión de las hipotecas subprime. La crisis financiera amenazaba todo el sistema financiero internacional.

Tras esta condena, Epstein nunca debería haber vuelto a aparecer en las esferas financieras y dirigentes. Tras esta crisis, el sistema capitalista debería haber salido profundamente reformado. Pero ambos salieron más reforzados que nunca al final de este periodo.

La intervención masiva de los bancos centrales y las políticas monetarias acomodaticias en todo el mundo permitieron salvar el sistema: el mundo financiero captó el 90 % de las facilidades monetarias concedidas por los bancos centrales, lo que agravó las desigualdades. Más tarde, Epstein seguirá alabando las virtudes del dinero mágico. “Un tipo cero sigue siendo demasiado alto”, escribe en 2018 a Peter Mandelson.

El financiero apoya aún más esta política de las finanzas en la sombra, la de los hedge funds, los fondos de inversión y el capital riesgo, ya que sale ampliamente ganando en este momento. Bajo la presión pública, las actividades bancarias se han regulado un poco y se han sometido a control. Se les prohíben muchas prácticas, en particular el comercio financiero por cuenta propia. Para eludir estas regulaciones, los bancos recurren masivamente a toda esta financiación paralela no controlada y le aportan montañas de capital. Nunca antes esta financiación en la sombra había vivido una época tan dorada. Y estas finanzas son las que Epstein lleva años manejando, cuyos entresijos y numerosos actores conoce a la perfección.

Muchos conocen los delitos sexuales de Jeffrey Epstein, pero se está imponiendo la ley del silencio. Se está haciendo todo lo posible para que se olvide la condena de Epstein, inscrita en el registro de delincuentes sexuales. Algunos velan por ello.

En 2011, Leon Black, cofundador del poderoso fondo de inversión Apollo, le rehabilita. Decide nombrarlo asesor para que le ayude a gestionar parte de su fortuna personal. Su ámbito de actuación no tenía límites: podía asesorarle tanto en montajes fiscales como en inversiones inmobiliarias o financieras, o en la compra de obras de arte. Su primera remuneración fue de 23 millones de dólares en 2012.

Pero la cifra aumentará considerablemente. En disputa con Leon Black por su remuneración, Epstein le envía todo enfadado un correo electrónico en 2015: “No trabajaré ni un día más para tus negocios sin recibir las comisiones que se me deben desde hace tiempo. […] Exijo los 40 millones habituales cada año”, escribe, cuando ya ha percibido más de 150 millones de dólares desde el inicio de su asociación con Apollo. Esas exigencias parecen desconcertantes, excepto para el presidente de Apollo y todos aquellos que se mueven en un mundo financiero donde la unidad de cuenta es el centenar de millones, o incluso los mil millones. Así que Leon Black paga. En total, Epstein recibió más de 170 millones de dólares de Apollo.

El litigio no dejará rastro. Leon Black mantiene un contacto constante con Jeffrey Epstein. Es a él a quien recurre en primer lugar cuando, a su vez, es acusado de violación y agresión sexual. Su nombre es citado varias veces por las víctimas y aparece en numerosas fotos. Tras intentar negarlo, Leon Black se ve finalmente obligado a dimitir de la presidencia de Apollo en 2021.

Tras Leon Black vienen otros, a pesar de las nuevas revelaciones sobre las actividades sexuales de Jeffrey Epstein y de las primeras acusaciones contra el príncipe Andrés. En 2012, le toca el turno a la Fundación Rockefeller, que le pide que se incorpore a su consejo de administración y supervise sus acciones.

En la mitología del capitalismo, el nombre de Rockefeller, al igual que el de Rothschild, es la llave maestra que abre todas las puertas. Según los círculos financieros, este reconocimiento permite a Epstein establecer vínculos con JPMorgan, que hasta entonces se había mantenido al margen.

Es en esta época cuando Howard Lutnick, entonces presidente y principal accionista del poderoso fondo Cantor Fitzgerald, se desplaza a Little Saint James para almorzar con unos amigos. Sin embargo, el secretario de Comercio estadounidense había jurado que había cortado todos los lazos con el financiero desde 2005. El 9 de febrero reconoció haber mentido.

Epstein se había convertido en una especie de torre de control, un centro de enlace de una parte del capitalismo financiero, participando en montajes y negociando préstamos para unos y otros. Estaba al corriente de múltiples operaciones y recibía numerosos documentos confidenciales antes del lanzamiento de una OPA, de recompras de acciones u otras operaciones. En numerosos correos electrónicos aflora la sospecha de delito de uso de información privilegiada. Pero eso parece ser la última preocupación de los participantes.

Entre algunos de ellos, las conversaciones son a veces diarias. Se intercambian información, se cuentan los encuentros con personajes considerados importantes, se cotillea. “¿Cómo va esa vida afortunada y disoluta?”, le pregunta el 27 de octubre de 2017 Larry Summers, exsecretario del Tesoro con Bill Clinton y presidente de Harvard en la década de 2000. “Cuando nos veamos, intentaré fascinarte con historias locas sobre Washington”, le responde Epstein. Larry Summers se vio obligado a dimitir de todos sus cargos en noviembre de 2025 tras la publicación de sus relaciones con el delincuente.

“Si no apareces en los documentos de Epstein, es que eres un perdedor”, confesaba hace unos días Victoria Hervey, exnovia de Andrew Mountbatten. Su brutal análisis resume quizás el estado de ánimo de su mundo actual.

Hasta entonces, se habían mantenido al margen de Wall Street: ese viejo mundo definitivamente no era el suyo. Pero a principios de la década de 2010, cambiaron de opinión. Fue entonces cuando los nombres de Bill Gates, Elon Musk y Richard Branson aparecieron en los documentos incautados por la justicia estadounidense. Sus relaciones son cada vez más comprometedoras (ver aquí o aquí). Se establecen pactos de corrupción y Epstein no dejará de recordárselo cuando lo considera necesario.

En este afán de dominación mundial que comienza a apoderarse de los líderes digitales, surge una figura, además de la de Bill Gates: Peter Thiel, fundador de Palantir. Es en esa época cuando Thiel irrumpe en el entorno del financiero y se convierte en su protegido. Epstein no pierde ocasión de alabar sus méritos e incitar a sus conocidos y amigos a invertir en esta empresa con tanto futuro. Peter Thiel comienza a ser invitado a foros y coloquios para exponer sus opiniones.

El financiero no dice si comparte las opiniones racistas y reaccionarias de Thiel, pero empieza a adoptar ciertas tesis libertarias, como la de las monedas que escapan a todo control estatal, uno de los bastiones que debe conquistar el movimiento libertario para instaurar un capitalismo sin trabas. En su último año, Esptein se presenta como “experto en el mundo financiero y las criptomonedas”.

Jeffrey Epstein odiaba Davos. “Un agujero”, “un lugar carísimo”, donde se pierde “mucho tiempo”. Pero al mismo tiempo, para este hombre que solo sueña con ampliar cada vez más su red, ¿cómo mantenerse al margen de esa reunión anual en la que se da cita todo el poder político y económico del mundo, donde se conoce a “mucha gente fascinante” con la que no sería posible contactar de otra manera?

Así que Epstein acude a ella. Para amenizar la estancia, en 2013 le propone a Bill Gates, cofundador de Microsoft, alquilar juntos un chalet. Parece ser que el proyecto no se realizó.

En sus conversaciones habituales con los noruegos Terje Roed-Larsen, uno de los artífices de la paz de Oslo, y Børge Brende, presidente del foro de Davos, se preguntan juntos cómo hacer evolucionar esa cumbre. Poco a poco, se va imponiendo la idea de que las Naciones Unidas ya no sirven para nada, que el derecho internacional es un obstáculo. Davos podría sustituirlo y convertirse en el lugar donde la élite mundial dicta su ley.

Esta idea se materializó por primera vez en enero de 2026. Donald Trump inauguró allí su "Consejo de Paz". El presidente estadounidense es su presidente vitalicio y elige a los miembros que pueden formar parte de él y apoyar sus designios imperialistas. La entrada para los participantes cuesta 1.000 millones de dólares. Es el club más caro del mundo.

También fue durante este periodo cuando Steve Bannon, partidario e inspirador del movimiento Maga (Make America Great Again), muy cercano a Donald Trump, irrumpió en el panorama financiero. Cuando Bannon le expuso en 2018 su deseo de difundir su ideología conservadora en Europa, Epstein le respondió: “Si quieres intentarlo, tendrás que dedicarle tiempo. Europa a distancia no funciona”, antes de ofrecerle su agenda de contactos.

Al mismo tiempo, Epstein amplía sus horizontes. Aprovechando un viaje de Leon Black, le acompaña a Rusia. Luego volvería allí en varias ocasiones. Entabla relaciones con varios oligarcas rusos, entre ellos Oleg Deripaka, el rey ruso del aluminio. También se acerca a personas influyentes cercanas a Vladimir Putin, como revela la investigación de Le Monde.

Sin que nadie se diera cuenta, todos los fundamentos del capitalismo autoritario y antidemocrático que defiende hoy Donald Trump aparecen en los documentos de Epstein y comienzan a ponerse en marcha.

Mientras se intensifican los ataques políticos contra Donald Trump durante su primer mandato, Epstein multiplica los intercambios con sus corresponsales sobre el tema. Después de calificarlo de “estafador” en un intercambio con Kathryn Ruemmler en 2016, le da esta advertencia en diciembre de 2018: “Quizás deberías decirles a tus amigos demócratas que tratar a Trump como un padrino de la mafia es ignorar que tiene un poder extremadamente peligroso.”

En un intercambio de emails con Peter Mandelson el 12 de marzo de 2018, Epstein fue aún más específico. Se jactaba del poder que tenía sobre el presidente estadounidense: “Soy el único que puede hacerle caer” (I am the one able to take him down).

Decenas de fotos y documentos lo atestiguan. Bill Clinton es un fichaje de lujo para Jeffrey Epstein. Nunca deja de mencionar su nombre cuando siente la necesidad de hacer alarde de su poder de influencia y de dar a conocer listas de nombres. El 42º presidente de los Estados Unidos, en el cargo entre 1993 y 2001, es mimado por el mundo financiero: es el presidente que hizo causa común con Wall Street.

Mucho más que con la Administración Reagan, es durante sus mandatos cuando se lanza el gran movimiento de desregulación financiera. Así, hizo derogar la Ley Glass-Steagall, que establecía una estricta regulación del mundo bancario. Continuó con la liberalización de los mercados financieros y suspendió los controles antimonopolio. Convencido por los argumentos de las esferas financieras, hizo suyas sus reivindicaciones de seguir bajando los impuestos y, sobre todo, de no gravar a los ricos. Preceptos que siguen vigentes en el partido demócrata.

A cambio, el mundo financiero se mostró generoso para asegurar el futuro de Bill Clinton. Epstein participó activamente en ello: se convirtió en un importante donante de la Fundación Clinton y reclutó a muchos amigos y conocidos para que participaran en ella.

Y luego están los extras, los aviones privados, las estancias gratuitas, las fiestas de élite en las que Bill Clinton es el invitado estrella. El expresidente ha jurado oficialmente que nunca había ido más allá, que nunca había participado en las orgías organizadas por el financiero corrupto.

Hay otro político que es objeto de toda la atención de Epstein: Peter Mandelson. Apodado “el príncipe de las sombras”, es quien, detrás de Tony Blair —primer ministro británico entre 1997 y 2007—, conceptualizó el New Labour. Para él también, el Partido Laborista debe acabar con la idea obsoleta de la lucha de clases y abrazar el capitalismo moderno, velando sobre todo por no obstaculizar las fuerzas creativas del capital.

A mediados de la década de 2000, Epstein se acercó a este influyente hombre. En 2010, Peter Mandelson, entonces ministro de Economía, se felicitó por haber frustrado el proyecto de gravar las rentas más altas. Posteriormente, informó a Epstein de que la Unión Europea iba a dedicar 500.000 millones a salvar la zona euro. Esa información, facilitada cinco horas antes del comunicado oficial, vale miles de millones. Se trata del mayor delito de uso de información privilegiada jamás conocido.

Pero espera obtener algo a cambio. Tras la derrota electoral del Partido Laborista en diciembre de 2010, busca recolocarse en el mundo financiero, concretamente en JPMorgan. Y cuenta con la ayuda de su amigo Epstein. “En esta etapa de mi vida postministerial, estoy en plena formación. Pero aprendo rápido. Mi objetivo es adquirir los conocimientos y contactos suficientes a tiempo para participar en operaciones reales. No quiero vivir solo de mi sueldo”, le escribe.

Traducción de Miguel López

Economistas y psicólogos sociales llevan años estudiando la propensión a mentir de los seres humanos. Han sometido a experimentos a grupos de personas para averiguar quiénes mienten más o si hay diferencias culturales que expliquen por qué algunos son más propensos a no decir la verdad. También han probado a aumentarles los incentivos para engañar o a imponerles castigos y observar su reacción. Dos investigadores la Universidad de Konstanza (Alemania) y del Instituto de Economía de Thurgau (Suiza), Urs Fischbacher y Franziska Föllmi-Heusi, utilizaron a 746 estudiantes de la Universidad de Zúrich y del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich en un estudio empírico que duró de 2004 a 2007. Les hicieron tirar un dado en un laboratorio universitario. Nadie más que ellos podía ver el resultado. Si salía un uno, recibían un franco suizo; si salía un dos, recibían dos francos. Así sucesivamente hasta el seis, en cuyo caso no se les pagaba nada. Pues bien, el 20% mintió hasta el límite para “maximizar sus beneficios”, mientras que el 39% fue totalmente honesto al informar del resultado. Otro 20% estaba compuesto por mentirosos “parciales”: no dijeron la verdad, pero tampoco maximizaron su recompensa.

Unos años más tarde, dos investigadoras del Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Katharina A. Janezic y Aina Gallego aplicaron el experimento a un grupo muy concreto de ciudadanos: los políticos. Hasta ese momento nadie se había ocupado de estos profesionales, pese a que la mayoría de los ciudadanos les atribuyen, precisamente, la facultad –o el vicio– de mentir.

Para ello eligieron a un tipo muy concreto de políticos, los alcaldes. Seleccionaron a los que gobernaban municipios con más de 2.000 habitantes. E hicieron algunas variaciones sobre el modelo inicial de Fischbacher y Föllmi-Heusi. Entrevistaron a 816 alcaldes españoles y les preguntaron cómo de interesados estarían en recibir un informe sobre gestión municipal, preferencias políticas, antecedentes y expectativas profesionales. El 48% se mostró muy interesado y el 40% bastante interesado. El 88%, por tanto, tenía un incentivo para mentir. Pero las investigadoras no utilizaron un dado para probar su propensión a mentir. Les pidieron que lanzaran una moneda al aire en privado y, si salía cara, recibirían un informe personalizado con las respuestas de la encuesta.

El resultado fue elocuente. Una proporción sustancial de los alcaldes mintió. Las probabilidades de que salga cara o cruz al lanzar una moneda al aire son del 50%. Así que todo lo que supere esa cifra es sospechoso. Resultó que el 68% de los alcaldes dijo que le había salido cara. Entre los que aseguraron que estaban muy interesados en recibir el informe el porcentaje aumentó hasta el 76%. Entre los que dijeron que no estaban interesados, sólo el 44,5% indicó que le había salido cara. Es decir, “la perspectiva de recibir el informe incentivó la mentira especialmente entre quienes valoraban más la recompensa”, concluyen las investigadoras. El 32%, en cualquier caso, dijo la verdad: que le había salido cruz.

Si los alcaldes son más mentirosos que otros grupos sociales, puede aventurarse comparando con los resultados de un experimento similar llevado a cabo con banqueros: el 52% del grupo de control y el 58% del resto de la muestra dijeron que les había salido el resultado que proporcionaba la recompensa.

Falsear el lanzamiento de una moneda puede parecer una mentirijilla infantil pero, en este experimento social, lo que no es más que “una mentira no observable [nadie ve al alcalde lanzar la moneda al aire] que sólo beneficia al mentiroso” se convirtió en un incentivo válido para medir la propensión de los alcaldes a ocultar la verdad a fin de obtener un rédito. “Los políticos se ven con mucha frecuencia en situaciones donde obtienen información confidencial que les beneficia y donde las probabilidades de que se descubra su falta de honradez son muy bajas”, argumentan Janezic y Gallego. Por ejemplo, pueden manipular informes que rebaten sus políticas.

“Los alcaldes tienen poder, deciden sobre presupuestos, por ejemplo”, explica Aina Gallego a infoLibre cuando se le pregunta si el porcentaje de mentirosos habría sido mayor de haber sometido al experimento a políticos de la primera línea nacional. “Los diputados, aunque puedan parecer políticos más profesionales, en realidad no tienen tanto poder”. De los alcaldes de las cinco mayores ciudades españolas, sólo les respondió uno, apunta.

Otra de las conclusiones del estudio es que hombres y mujeres mienten por igual. Gallego destaca que ese resultado contradice el de otros experimentos anteriores que señalaban a las mujeres como menos embusteras. Donde sí hay una diferencia es en que las mujeres son menos corruptas. Porque, cuando son descubiertas, se las castiga más duramente que a los hombres, asegura la investigadora. Como se las juzga según estándares más estrictos, “las mujeres se anticipan y su comportamiento suele ser más ético”.

El experimento también sirvió para probar que mienten más los alcaldes de los dos mayores partidos, PP y PSOE, que los militantes de fuerzas regionales o locales. El 71% de los alcaldes del PP y el PSOE dijo que les había salido cara, por el 64% de los pertenecientes a partidos más pequeños. Las autoras avanzan dos posibles explicaciones. En los grandes partidos, armados sobre mayores aparatos burocráticos adonde es más fácil que se aproximen los corruptores, los políticos pueden estar más expuestos a prácticas dudosas. O bien, en los grandes partidos prevalecen los políticos con menos ética ya que su mayor acceso al dinero y el poder les proporciona además mayores oportunidades de ser corruptos.

Pero lo más relevante del estudio, subraya Aina Gallego, fue que permitió establecer una correlación –no causalidad– entre la propensión a mentir de los alcaldes y su supervivencia política. En otras palabras, mentir puede ser garantía de éxito. A los regidores municipales se les preguntó si iban a presentarse a la reelección en los comicios del 5 de mayo de 2019 –el experimento se llevó a cabo entre julio de 2018 y enero de 2019–. El 80% contestó que iba a repetir candidatura. Y el 65% de los que formaban parte de la muestra fueron, en efecto, reelegidos en sus ayuntamientos. Estos dijeron que les había salido cara en un 71%, mientras que entre los no reelegidos sólo el 63% dio ese resultado. Según los cálculos de Janezic y Gallego, haber dicho que en el juego salió cara se tradujo en un aumento de ocho puntos porcentuales en las probabilidades de ser reelegido.

Es más, hubo quienes dijeron que no se volverían a presentar y sí lo hicieron, y de ellos el 78,5% respondió que les había salido cara al lanzar la moneda. “Es más probable que los alcaldes menos honrados oculten su deseo de ser reelegidos”, concluyen las investigadoras.

El éxito electoral de los alcaldes más propensos a la mentira parece confirmar también que los escándalos de corrupción no penalizan en las urnas. El estudio tampoco descarta que la inclinación a mentir aumente las probabilidades de tener un comportamiento corrupto.

“Parece que los más manipuladores ganan más”, resume Aina Gallego, para después mencionar a Maquiavelo. El italiano lo llamaba flexibilidad y aconsejaba a los gobernantes “adaptarse a las circunstancias y cambiar de táctica según convenga”. “El príncipe”, sentenció, “debe ser un gran simulador y disimulador”.

Los alcaldes participantes en el experimento recibieron su informe personalizado, tal y como se les prometió, pero nunca supieron que habían sido utilizados para estudiar su propensión a mentir. Esa parte de la encuesta la estarán conociendo ahora si han leído estas líneas.

La reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a dos exdirectivos de Novacaixagalicia a devolver 10,4 millones de euros por sus prejubilaciones irregulares y el juicio que se inició esta semana en la Audiencia de Alicante contra el consejo de administración de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) por los 600.000 euros de dietas que admitió haber cobrado de forma ilegal el que fuera su presidente entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, han devuelto a la actualidad los abultados cobros en conceptos diversos recibidos por directivos de entidades de ahorro arruinadas y rescatadas por el Estado.

infoLibre detalla a continuación quiénes son los banqueros que ganaron miles de euros antes de la bancarrota y qué procesos judiciales encaran en el futuro o han enfrentado en los últimos años: 

  Novacaixagalicia

El Tribunal Supremo confirmó el pasado abril que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros al FROB por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron "mediante engaño" en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones. 

La sentencia corrobora cómo los exdirectivos de Novacaixagalicia maniobraron para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. En octubre de 2015, ambos habían sido condenados por estos hechos a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. Además, Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Y todos entraron en prisión. De hecho, fueron los primeros banqueros en hacerlo. El Estado aportó a esta entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

  Caja del Mediterráneo (CAM)

El caso de la CAM, que se ha integró en diciembre de 2011 en el Banco Sabadell, es el más sangrante de las cajas de ahorros, pues es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.301 millones de euros de los cuales el Estado aportó 4.443 millones a través del FROB y la banca 21.858 millones por medio del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El proceso de rescate no ha terminado por lo que se desconoce la factura definitiva.

El pasado lunes, el que fuera presidente de la CAM entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, se declaró culpable del cobro indebido de 600.000 euros como presidente de Tinser Cartera, sociedad que pertenecía a la caja alicantina. Lo hizo ante los jueces de la Audiencia Provincial de Alicante, encargados de esclarecer si él, López Abad y los 19 componentes del consejo de administración maniobraron para que Crespo se beneficiara de una retribución que, según el fiscal, vulnera los estatutos de la caja.

Por otro lado, resultan llamativas las cuantías que se fijaron otros de sus directivos por diferentes conceptos retributivos (prejubilaciones, rentas vitalicias, pagas de beneficios, aportaciones a planes de pensiones...) en los años 2010 y 2011, justo antes de su bancarrota. No obstante, la Audiencia Nacional no pudo probar irregularidad alguna en el cobro de estas retribuciones, que ascendieron a unos 47 millones de euros. Por ejemplo, el que fuera director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, se embolsó 5,5 millones de euros brutos en junio de 2011 cuando ya había dejado ese puesto pero era consejero, apenas tres semanas antes de que el Banco de España interviniera la caja.

Peor suerte corrió la que fuera su predecesora en el cargo, María Dolores Amorós, que cuando tomó las riendas de la entidad en noviembre de 2010 se autofijó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.467 euros. Tras ser despedida por el Banco de España apenas diez meses después por, entre otros motivos, falsear los balances de la extinta caja, reclamó una indemnización de diez millones de euros en concepto de lucro cesante que le fue denegada por sentencia judicial en marzo de 2012. La jueza también le negó el derecho a cobrar la citada pensión, cuya asignación consideró merecedora "del máximo reproche y sanción". 

  Caja Madrid

En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2008 y 2010. En concreto, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos durante la época en la que el fallecido Miguel Blesa era presidente (1996-2010). El FROB, que llevó este tema a la Fiscalía, calculó el perjuicio provocado por estos sobresueldos en 14,8 millones.

Según el ministerio público, los miembros del comité de dirección de la entidad habrían percibido en esos años un total de 8,57 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. En enero del año pasado, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel tanto para Blesa, que falleció seis meses después, como para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj por haber subido los sueldos de los directivos un 16% a pesar de la recomendación de Comisión de Retribuciones de aumentarlos en un 4,5%. El caso está a la espera de juicio. 

​​​​​ Catalunya Caixa

También se encuentran pendientes de juicio el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el que fuera director general Adolf Todó por los sobresueldos que cobraron en plena crisis, antes de la intervención del FROB. La Fiscalía, que los acusa de un delito continuado de administración desleal y que reclama para ellos cuatro años de prisión, mantiene que causaron "un perjuicio claro y directo" y que buscaron "únicamente el beneficio propio". Hay otros 39 acusados, en su mayoría miembros del consejo de administración, para los que el ministerio público pide una pena de tres años de privación de libertad por el mismo delito. Además, tras considerar el Supremo que tanto Todó como el exconsejero delegado Jaume Masana fueron despedidos de forma improcedente, fueron indemnizados con 600.000 euros cada uno. 

El predecesor de Todó, Josep Maria Loza, se marchó de la entidad en 2008 con una compensación de 10,7 millones de euros. Según el acta de 19 de febrero de ese año, esa partida, que se consideró "habitual en el mercado", se aprobó por unanimidad, informó El País. Loza insinuó en 2013 en una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya "la posibilidad" de devolver esa indemnización, aunque no ha trascendido si llegó a hacerlo. Además, el diario El Mundo publicó en 2015 que la Fiscalía estaba investigando si 5,2 de esos 10,7 millones de euros habían sido cobrados en fraude de ley. Catalunya Caixa, entidad que surgió tras la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y fue comprada por el BBVA en 2014 por 1.165 millones.  

  Caja Segovia

Asimismo, se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la desaparecida Caja de Ahorros de Segovia por la aprobación de prejubilaciones millonarias, que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros.

El pasado 3 de mayo, el que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, reconoció en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en la que se está analizando la gestión de las cajas de ahorros, que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6,96 millones de euros en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones, pero se quejó de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con "requisitos tan gravosos". 

  Penedés Caixa

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron, en 2014, los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas. Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. 

La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), necesitó una ayuda pública en febrero de 2013 de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra. Tras la venta de BMN a Bankia, confirmada el pasado enero, el Estado apenas ha recuperado un tercio de esa inversión. No obstante, según el FROB, de no haberse producido la fusión las pérdidas públicas podían haber sido mayores porque BMN tenía muy comprometida su viabilidad.

  Bancaja

También los directivos que llevaron a la bancarrota a la caja valenciana y su entidad filial, Banco de Valencia, intentaron blindar sus remuneraciones antes del hundimiento. En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, BFA, que ya estaba en proceso de nacionalización, se recogía que Bancaja tenía asumidos con su exdirector Aurelio Izquierdo el compromiso de abonarle 13,9 millones de euros en pensiones y compromisos de prejubilacion. Él, sin embargo, asegura no haberlos cobrado y mantiene que sólo recibió 153.272,64 euros cuando fue despedido de la Fundación Bancaja en marzo de 2015. 

Asimismo, el que fuera consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por la compra por parte de la entidad de una piscifactoría del exministro socialista Antonio Asunción, pactó una indemnización de 7,1 millones de euros que asegura no haber cobrado. Parra era el número dos de José Luis Olivas, que presidió entre 2004 y 2010 tanto Bancaja como su filial Banco de Valencia. De ahí pasó en diciembre de 2010 a ser vicepresidente de Bankia, de donde dimitió en noviembre de 2011, tras la intervención de Banco de Valencia, del que se supo después que tenía un agujero de 17.000 millones. Olivas no cobró indemnización, pero sí mantuvo los derechos de pensión adquiridos. También se embolsó 1,7 millones por los apenas diez meses que estuvo en Bankia. 

El banquero y expresidente de Bankinter Jaime Botín ha roto el acuerdo al que llegó con la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado por haber defraudado presuntamente 1.014.028 euros a Hacienda en la compra de una aeronave, tras hacerse público el pasado jueves los detalles del acuerdo, y finalmente irá a juicio.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Botín no ha ratificado el pacto, por el que aceptaba nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa, ya que el acuerdo se hizo sobre dos bases: la confidencialidad y exculpar a sus empleados.

La primera de esas cláusulas no se ha cumplido y, por tanto, el banquero ha procedido, tras consultarlo con sus abogados, a desmarcarse del pacto, que debía ratificarse este lunes en una vista en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, y afrontar previsiblemente mayores consecuencias judiciales.

Estas mismas fuentes han señalado que aceptó el pacto en octubre "a regañadientes", ya que "no se considera culpable", pero que la filtración de las cantidades ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ahora, las actuaciones deberán volver al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, donde continuarán las diligencias que se estimen oportunas.

Acusación de la Fiscalía

La Fiscalía acusa a Botín y otras tres personas de haber creado un entramado de empresas a través de la cual deslocalizaron de manera "artificiosa" una aeronave, propiedad de Botín, en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades, a pesar de que realmente el avión tenía su base movimientos en España, en su mayor medida en el aeropuerto de Torrejón.

Según informa la Fiscalía, con dicha operativa los querellados evitaron hacer frente al Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte (I.E.D.M.T.), cuota que por medio de la querella se les reclama y que resulta tras aplicar el tipo impositivo correspondiente teniendo en cuenta el valor de la aeronave (10.700.000 dólares).

En 1989 se constituyó la empresa World Tour S.A., de la que Jaime Botín era propietario de la práctica totalidad de su capital, y cuyo objeto social era la compraventa y tenencia de valores y demás derechos, "así como de bienes inmuebles".

La Fiscalía ha señalado que los principales activos de la empresa eran el 66,67 por ciento de las acciones de la sociedad Cherokee Bay, domiciliada en Jersey valoradas en más de 25 millones de euros y del 99,99 por ciento de las participaciones sociales de World Tour Portugal, LDA, valoradas en 10,5 millones de euros.

En 2012 la sociedad World Tour S.A., a través una de las personas querelladas, firmó un contrato de compra con la compañía estadounidense Cessna Aircrfat Company de un avión por un precio total de 10.700.000 dólares "y que se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sainz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid".

El contrato establecía que la aeronave debía de disponer de certificación comercial expedida en España y que la entrega se realizaría en el aeropuerto de Torrejón. Dado que la matriculación del avión estaba sujeta en España al impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (I.E.D.M.T.) implicaba la obligación de World Tour S.A. de liquidar el impuesto e ingresar a la Hacienda Pública 1.014.298 euros.

Ese fue el motivo, según la Fiscalía, de que los querellados decidieran deslocalizar "de forma artificiosa" la matriculación de la aeronave a Portugal, "donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación". De ahí que otro de los querellados, en nombre de World Tour S.A constituyera una sociedad en el aeródromo municipal de Cascais llamada World Tour Portugal, LDA.

Una vez matriculada la aeronave en Portugal "a fin de evitar el pago de impuesto mediante este montaje puramente artificial", la Fiscalía sostiene los querellados debían "por un lado ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España a cargo de World Tour S.A. y, por otro lado, debían asegurar que World Tour S.A. tuviera en España la plena disponibilidad de la aeronave".

Desvío de fondos para comprar el avión

Para sufragar la compra del avión que asumía World Tour S.A, la sociedad española desvió los fondos necesarios a la sociedad portuguesa, que fueron ingresados en la misma cuenta corriente que, a su vez servía de garantía financiera al Banco Santander Totta S.A. en el contrato de leasing que, "para facilitar el uso de la aeronave en España", firmó Air Nimbus Operaçoes Aereas S.A.

De esta forma el banco que aparentemente había asumido la posición compradora del avión, cedió en leasing a Air Nimbus Operaçoes Aereas S.A., que estaba controlada por otra de las personas querelladas. Al mismo tiempo World Tour Portugal firmó con Banco Santander Totta S.A. un contrato de opción de compra "asegurando de esta manera el control último sobre la aeronave".

Para traer el avión a España Air Nimbus Operaçoes Aereas, S.A. firmó simultáneamente un contrato de prestación de servicios aéreos con cláusula de confidencialidad con la española Gestair, administrada por el padre de uno de las querellados.

Así la aeronave tuvo su base de movimientos en el aeropuerto de Torrejón desde el 4 de julio de 2012 hasta agosto de 2014 "estando destinada durante todo este tiempo la aeronave de forma principal a cubrir las necesidades de desplazamiento de Jaime Botín Sainz de Sautuola y su círculo familiar y social". Una vez finalizada la utilización de la aeronave se desmanteló el entramado societario "preordenado" a la elusión del IEDMT, "al tiempo que se repatriaba el dinero sobrante".

La Fiscalía sostiene que "concretamente el 14 de enero de 2.014, World Tour, S.A. recibió una transferencia de 6.507.170,03 € de World Tour Portugal, LDA en concepto de devoluciones de aportaciones de capital", tras enajenar la aeronave a un tercero.

La Fiscalía sostiene que dado que los querellados conocían la existencia de un procedimiento de inspección por parte de la AEAT a World Tour S.A. "al menos" desde octubre de 2016 celebraron un mes más tarde Junta General de Accionistas en la que se acordó liquidar la sociedad y adjudicar la totalidad del haber social a Jaime Botín, tales como 19.581,51 euros, el derecho de uso y disfrute de amarre para embarcaciones de gran eslora en el Real Club Náutico de Valencia así como 28.611 participaciones en el capital social de la entidad Cherokee Bay Limited.

"Pues bien —añade la Fiscalía—, dichos activos patrimoniales situados en el extranjero no han sido declarados por Jaime Botín Sainz de Sautuola en sus declaraciones de IRPF y de Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2016 ni en el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero".

La disolución de la sociedad y la consiguiente deslocalización en el extranjero de los activos de la sociedad son hechos que para la Fiscalía "estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada".

Caricatura de Julio Gayoso. ULISSES ARAUJO

Se puede mirar de esta forma. A alguien le tenía que tocar, y él había acumulado muchas papeletas. Después de la quiebra del que se proclamaba uno de los sistemas financieros más sólidos y saneados del mundo occidental y cristiano, que todavía estamos pagando, alguien tenía que ser el símbolo del castigo -dejémoslo en regañina- a los responsables. Julio Fernández Gayoso, JFG, expresidente de Caixanova y de NovaCaixaGalicia, tuvo el muy dudoso honor de ser el primer banquero, y de momento el único, encarcelado a consecuencia de la crisis (el encarcelamiento exprés de Miguel Blesa no cuenta). JFG entró -con tres de los suyos- en prisión, además de porque cometió un delito, quizá porque no tenía padrinos políticos, no frecuentaba el palco del Bernabeu y otros ritos del poder en este país, porque el poder en media Galicia era él. Aunque no es de desdeñar una tercera causa: si eres el banquero más veterano de España y llevas más de medio siglo gobernando una institución financiera, las posibilidades de tener esqueletos en el armario también suman trienios. Pero nadie en Vigo, ni en muchos kilómetros a la redonda, se imaginaba para don Julio otro final que uno con la mesa de despacho puesta y una de esas despedidas fúnebres en la que se estremece el corazón de toda una sociedad. Afortunadamente, JFG vive, pero con una pulsera electrónica que controla sus idas y venidas porque está en tercer grado penitenciario.

Los inicios de la trayectoria de Julio Fernández Gayoso (Vigo, 1931) los podríamos imaginar interpretados en blanco y negro por unos jovencísimos José Luis López Vazquez (sin alopecia) o Fernando Fernán Gómez (en bajito), dirigidos por José Luis Sáenz de Heredia. De familia humilde que emigró a Vigo desde Lugo, JFG, cuando todavía no era don Julio, era un rapaz aplicado y serio que, dado que las limitaciones económicas le impedían acceder a estudios superiores, encarriló su talento a hacerse perito mercantil. Con 16 años, en la academia en donde se preparaba para la Escuela de Peritos, lo ficharon como auxiliar de contabilidad en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo. Eso pasó en 1948. Diez años después era el jefe de la sección. JFG y el calendario seguían imparables, y llegó 1965. Ese año le tocaba jubilarse al entonces director general de la entidad.

Serio y cumplidor, mientras en la Caja era el primero en todo, al joven que entonces debía ser simplemente Julio le quedaba tiempo para llevar la contabilidad a las empresas de Rafael Portanet. Que no era poco. Portanet, empresario por parte de padre y de suegro, había entrado en política en 1938 como teniente de alcalde y en 1947 fue nombrado delegado en el Consorcio de la Zona Franca (el “otro ayuntamiento” de Vigo), cargo que mantuvo 37 años, y durante el que se instaló allí la factoría de Citroën. En 1964, fue nombrado además alcalde -del ayuntamiento oficial- y presidente de la Caja de Ahorros Municipal. Era también procurador en Cortes (el puesto de obispo de Tui-Vigo, sin embargo, lo ocupaba otro). Así que cuando quedó vacante el puesto de máximo rector de la Caja de Ahorros, ¿quién mejor que el dispuesto mozo que le llevaba las cuentas y se había convertido en su mano derecha? JFG fue designado para el cargo, a pesar de que, como él mismo confesó en 2008 al periodista Manuel Sola, “tenía 46 puestos en el escalafón delante de mí”. Había cumplido 33 años.

Pasamos al tecnicolor. En la época de Portanet fue cuando, según las crónicas, “se modernizó Vigo”. Es decir, se construyeron avenidas, parques y se alicató la costa con edificios desmesurados. Portanet también acabó con el servicio de tranvías eléctricos que en 1914 había construido y después dirigido el pensador anarquista Ricardo Mella, para sustituirlos por autobuses (el alcalde tenía, entre otras muchas cosas, una gasolinera). Una propuesta política necesita otra económica que permita ejecutarla. La Caja Municipal de Ahorros comandada por el pulcro y serio, a la par que dinámico, nuevo director fue un pilar esencial en ese desarrollo de finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta. El auge de la pesca industrial, de la construcción naval y automovilística atraía multitud de población, con sueldos que le permitían en gran parte ser propietarios de una vivienda. La Caja aportaba el crédito para engrasar ese motor del desarrollismo, desde los nuevos barrios hasta la construcción de buques para conquistar los nuevos caladeros descubiertos en aguas africanas y australes -la Caja llegó a ser la mayor armadora de buques de pesca de España-; promovió el Colegio Universitario de Vigo, una Escuela de Negocios… JFG se fue convirtiendo en don Julio.

Nada iba con él

Don Julio poseía una casa en Canido, donde tenían sus residencias armadores y constructores navales, en la que celebraba comidas para la clase dirigente política y económica, que acababa amenizando cantando boleros, dicen que bien. “Siempre fue un banquero muy clásico, en todos los aspectos. Paternalista, humilde en el sentido de carecer de esa soberbia que se puso de moda desde los ochenta, y entrando siempre a las ocho, como si siguiera al frente de la sección de contabilidad”, cuenta un analista económico. Se pueden encontrar empleados que incluso lo definen como “entrañable”, pero la entidad tenía una abundante plantilla. Curiosamente, tenía también rasgos de independencia, o de contradicción. De niño fue educado en castellano por unos padres gallegohablantes, para que progresase en la vida, pero buscaba a compañeros de los alrededores de Vigo para hablar en el idioma prohibido. Ahora, no se sabe que hable gallego ni en la intimidad. Sorprendió a los presentes haciendo que el arzobispo de Santiago no sólo bendijese el último centro cultural que inauguró, sino que dirigiese una especie de rezo. Pero no hizo caso de las insinuaciones de la Xunta de que no asistiese al estreno de El lápiz del carpintero, sobre la represión franquista, en cuya financiación había participado.

Lograr estar medio siglo en la cima de una entidad, sin ser su propietario, debe producir una sensación muy parecida a la omnipotencia. (Lo de la cima no es figurado: JFG residió encima de la sede de la entidad, una vivienda que siempre conservó y se dice que algunas noches bajaba, en zapatillas, a dar una vuelta). Vio cómo su némesis del norte, José Luis Méndez, expandía en A Coruña su caja para fundar Caixa Galicia, la sexta de España y él agrandó la suya, en 2000, con las de Pontevedra y Ourense, creando Caixanova. Mientras subía, Gayoso vio la agonía de un régimen político, el confuso nacimiento de otro, y los monstruos que aparecieron en ese claroscuro, sin acabar de irse. Vio asimismo la llegada de la autonomía a Galicia, la de Fraga, su relevo por un gobierno de socialistas y nacionalistas, y también alcaldes de todos los colores -de los tres que tradicionalmente conformaban el espectro político gallego-… Nada iba con él.

Al contrario del relato que se ha construido sobre la influencia de la política en las cajas, sin duda cierto, en las gallegas pasaba exactamente lo contrario. En teoría, los consejos de Administración de las cajas estaban compuestos por representantes de corporaciones locales y provinciales y entidades de interés social o cultural. En la práctica, por quien considerase el jefe. O los jefes. Cuando el BNG tenía el 25% de los votos en Galicia y alcaldías como las de Ferrol, Pontevedra o Vigo, no tenía ni uno del medio centenar de puestos en el consejo de la entidad norteña y tenía uno en la del sur. En Caixanova los representantes de los impositores se designaban por sorteo, pero la diosa fortuna debería tener la ídem depositada allí, porque los elegidos eran siempre los mismos. En su día el alcalde vigués Carlos Príncipe intentó colocar alguno de los consejeros que le correspondían al Ayuntamiento -en concreto al cantante de Semen Up y Amistades Peligrosas, Alberto Comesaña- pero Gayoso, fiel a los boleros, mantuvo su lista sin cambios. Es más, consiguió que el mismísimo Fraga, tan comeniños, cambiase la ley de Cajas en 1996 para evitar tener que jubilarse como director de la suya al cumplir los 65. Y cuatro años después, reformó los estatutos para crear una presidencia ejecutiva desde la que seguir dirigiendo los destinos de su caja.

Gayoso, como Méndez, estaba por encima de la política. Tenía una inquina mutua con Príncipe, el socialista que intentó descabalgarlo de la dirección general, pero una muy sólida amistad con Pepe Blanco. Y ninguna con Alberto Núñez Feijóo. Cuando al inicio de la crisis del sistema bancario más solvente del mundo, el presidente de la Xunta convocó a los líderes de las cajas gallegas a una reunión en la sede del gobierno para proponerles la fusión de ambas, y no con socios foráneos, JFG no sólo se negó de plano. En cuanto cerró la puerta, dejando tras ella a Feijóo y Méndez, sacó el teléfono y comenzó a preparar una guerra abierta. Con batallas como una manifestación antifusión que, según el alcalde vigués Abel Caballero, congregó a 300.000 personas (el censo de Vigo era aquel año de 297.241 habitantes, con unos 120.000 más en su área metropolitana).

Perdida la batalla de la no-fusión, emprendió otra: a pesar de que CaixaGalicia era la más grande de las dos, la dirección de la entidad resultante sería la meridional con algunas incorporaciones septentrionales, y con él, por descontado, al frente. “Ahora la gente aguanta bien hasta los 100 años”, argumentaba. Perdió también esa, al determinar el Banco de España que la nave conjunta que pretendía pilotar necesitaba, más que un capitán, unas buenas bombas de achique. Se quedó de copresidente de la Fundación de la nueva entidad (eso sí, a él le correspondería el primer turno en la alternancia). El mismo día en que se convertía en el único presidente, porque su compañero de cargo tuvo que dimitir por unas, más que desafortunadas, desafortunadísimas, declaraciones sobre los que se habían enfangando en las preferentes, tuvo la noticia de que había sido imputado (como se decía antes) por la Fiscalía Anticorrupción.

El cargo era de “administración desleal o apropiación indebida”. Un mes antes de la fusión, sin encomendarse ni al consejo de Administración ni al Banco de España, había autorizado indemnizaciones por prejubilación a cuatro directivos. En total, 19 millones de euros. Los cuatro cobrarán otros 33 millones en planes de pensiones cuando cumplan 65 años. El director de la otra caja, José Luis Méndez, se había jubilado dos meses antes de que los dineros repartidos fuesen del rescate público, llevándose legalmente 16,5 millones. Nunca tan cierto fue eso de que hay que saber retirarse a tiempo. Gayoso no dimitió por la imputación, ni tenía intención de hacerlo tres días después, en la decisiva reunión del consejo de Administración que iba a aprobar convertir NovaCaixaGalicia en una fundación. Pero lo decidió allí mismo, al ver que se lo iban a pedir algunos miembros de aquel organismo en el que antes casi nadie abría la boca. Repasó toda su trayectoria, dio las gracias y fundamentó su decisión en “el bien de la Caja”. Ni una palabra sobre la imputación. En lo esencial, el mismo discurso que realizó después en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso por la crisis de las cajas. Allí dijo: “No tiene sentido mirar al pasado”, como si la crisis fuese la de 1929 o la imputación fuese por algo relacionado con Tráfico. Repitió lo mismo un año exacto después al comparecer en el Parlamento gallego.

En realidad, estaba poniendo en la balanza sus 64 años en la Caja, y su gestión de 45 como director como contrapeso de todo lo que estaba ocurriendo. Después de haber estado en la entidad la mitad exacta del tiempo que duró (de 1880 a 2010), no debe de ser fácil asumir la separación. De hecho, entre el asombro y la alarma de los nuevos y viejos dirigentes, durante un par de semanas después de dimitir continuó yendo como si no pasara nada a su despacho. También desgranó sus servicios en la vista oral en la Audiencia Nacional, que el 22 de octubre de 2015 lo acabó condenando a dos años de cárcel y 75.000 euros de multa por “cooperador necesario en un delito de administración desleal y apropiación indebida”. Un año después, el Supremo no sólo desestimó su recurso contra la sentencia, sino que consideró escasa la pena. El pasado enero, la Audiencia Nacional ordenó su detención para que cumpliese su condena. La película sería ahora Al rojo vivo, con James Cagney proclamando al final: “¡Estoy en la cima del mundo!”.

Gayoso y sus tres subordinados entraron en la prisión de A Lama invitando a café a todos sus nuevos compañeros y los alojaron en el módulo de respeto. “Desde el juicio estaba desaparecido, muy avergonzado -devolvió la medalla de Oro de la ciudad, entre otros honores-, y la verdad es que en los círculos financieros y empresariales no se habla bien de él, pero tampoco mal”, confiesa alguien que fue colaborador suyo. La cárcel lo machacó seis meses, antes de concederle el permiso para dormir en casa, con una pulsera que asegura que está en su hogar a las horas que debe. Durante el día, va al trabajo que le ha permitido disfrutar de ese tercer grado. Colabora con la asociación antidroga Érguete, cuya presidenta, Carmen Avendaño, es amiga suya. Allí ayuda a servir el desayuno a medio centenar de toxicómanos o extoxicómanos y anda por Internet buscando líneas de subvención para la ONG. Él, que durante medio siglo las repartió.

*Este artículo está publicado en el número de diciembre de tintaLibre. Puedes consultar todos los temas de la revista haciendo clic aquí.  aquí

Izquierda Unida (IU) solicita un total de 42 años de prisión para las seis personas que la Audiencia Provincial ha recomendado imputar en el caso de las prejubilaciones millonarias de exdirectivos de Caja Segovia, informa Europa Press.

La coalición de izquierdas ha presentado su escrito como acusación popular y, además de esas penas de cárcel, pide el pago de algo más de 18 millones de euros, solidariamente, en concepto de responsabilidad civil.

En concreto, la solicitud incluye ocho años de prisión para cada uno de los "administradores", como ha indicado el abogado Alberto López Villa. Es decir, para Atilano Soto, Elena García Gil y Manuel Agudíez, mientras que para los tres "ejecutivos", que eran Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Antonio Tapias, la petición es de seis años para cada uno.

Junto a IU, la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) actúa también como acusación popular, mientras que la Fundación Caja Segovia se ha personado como acusadora particular. Según ha apostillado López Villa, el juzgado debe trasladar ahora los escritos de acusación de cada una de esas partes a las defensas, que a su vez deberán también presentar sus conclusiones.

En sus declaraciones de este lunes, el letrado ha vaticinado que solicitarán la absolución, al igual que "hasta ahora" han pedido el sobreseimiento, desde una interpretación de los hechos con una "normalidad absoluta" y la consideración de que se encuadran "dentro de la legalidad".

Y si finalmente se certifica que la Fiscalía Provincial no presenta una acusación, Alberto López Villa ha argumentado que no tiene más trascendencia que el "alivio" que supone para un acusado no tener "ese peso tan grande que normalmente se tiene", puesto que la acción del Ministerio Público "suele ser de las más duras que uno pueda tener".

Tres banqueros irlandeses han sido condenados este viernes a penas de entre dos y tres años y medio de carcel por conspirar para defraudar a los inversores acerca del verdadero estado de las cuentas del antiguo Anglo Irish Bank en septiembre de 2008.

Según recoge Europa Press, el juez Martin Nolan condenó a Willie McAteer, ex director financiero de Anglo Irish Bank, a una pena de tres años y medio, mientras que su colega John Bowe, ex director de mercados de capitales de la entidad deberá cumplir dos años de prisión.

Asimismo, el juez dictó una sentencia de dos años y nueve meses para el ex consejero delegado de Irish Life & Permanent, Denis Casey. Según la emisora irlandesa RTE, los tres banqueros fueron hallados culpables de haber conspirado junto a otros para engañar a inversores, depositantes y acreedores mediante una transacción circular de 7.200 millones de euros entre marzo y septiembre de 2008 con el fin de hinchar el balance de Anglo Irish Bank.

Al dictar sentencia, el juez Nolan calificó las transacciones en el fondo del asunto como "deshonestas, engañosas y corruptas", añadiendo que la única manera de definirlas era de "transacciones ficticias". "Todo lo que hicieron fue dar la impresión de que Anglo Irish Bank contaba con 7.200 millones de euros más en depósitos corporativos de los que disponía", añadió el magistrado, según recoge 'The Irish Times'.

Los tres banqueros condenados tienen ahora un plazo de 28 días para notificar su intención de apelar la sentencia dictada este viernes. En este sentido, otros dos ex ejecutivos de la entidad irlandesa, el responsable de operaciones Tiarnan O'Mahoney y el secretario Bernard Daly, vieron anuladas sus sentencias a principios de año tras pasar varios meses en prisión.

Hasta 1.506 profesionales del sector financiero español gozan de la posibilidad de obtener una retribución variable por un importe máximo del doble de su sueldo fijo, el tope fijado por las reglas de la Unión Europea (UE), según muestra un informe elaborado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con datos hasta diciembre de 2014.

Esta cifra supone el 81,75% de los empleados cuyas funciones tienen "un impacto material en el perfil de riesgo" dentro de las entidades autorizadas a abonar una retribución variable superior a la ratio estándar del 100% del sueldo fijo, categoría en la que aparecían un total de 1.842 personas en el caso de España.

Se trata de la mayor ratio entre todos los países de la UE, aunque en valores absolutos España es el cuarto país de la UE con mayor número de beneficiarios de este tope ampliado del bonus del 200% de la retribución fija, únicamente por detrás de los 6.461 de Reino Unido, los 3.399 de Alemania y los 2.397 de Francia.

Sin embargo, en relación a la plantilla de las entidades autorizadas a pagar mayores bonus, en España los beneficiarios potenciales representaban el 0,55%, el porcentaje más bajo de la UE, cuya media se situaba en el 1,68%.

En concreto, diez entidades financieras de España, seis de ellas cotizadas, tienen autorización para superar la ratio que impone a nivel europeo una retribución variable máxima equivalente al 100% de la fija. Estas diez entidades contaron además con la aprobación de sus accionistas para fijar una ratio de bonus del 200% del sueldo fijo.

De este modo, España aparece como el quinto país de la UE con mayor número de entidades autorizadas a pagar bonus superiores al 100% de la retribución fija, sólo por detrás de Francia (61), Reino Unido (57), Alemania (33) e Italia (23).

Cuatro excepciones en Europa

En el conjunto de la UE, todos los países, salvo Bélgica, Eslovenia, Suecia y Rumanía, han implementado la normativa que ofrece a sus bancos y firmas financieras la posibilidad de pagar a sus empleados una retribución variable equivalente como máximo al doble de la fija si sus accionistas lo aprueban, según el informe de la EBA.

Desde 2013, una directiva europea limita la retribución variable de los empleados de entidades financieras a una cifra equivalente al 100% del sueldo fijo, aunque dejaba abierta la posibilidad de que el bonus llegase a duplicar la retribución fija en caso de que los accionistas de la entidad respalden la medida.

Además de estos cuatro países, la EBA señala que Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania y Malta han ejercitado su discrecionalidad bajo la directiva europea, pero no han recibido aún peticiones para el pago de una ratio superior al límite fijado.

En este sentido, la EBA señala que, entre los países que han implementado efectivamente la regla, un 3% de las entidades de la UE contaban con permiso para abonar una ratio de retribución variable superior al 100% del sueldo fijo, aunque estas instituciones representaban el 53% del balance total de las entidades financieras de la UE.

Entre los países de la UE, Austria contaba con el menor porcentaje de entidades (0,3%) y Francia el más alto (12,2%), mientras que en términos de balance, el porcentaje más modesto correspondía a Luxemburgo (3,3%) y el mayor a Reino Unido (77,2%).

En el caso de España, el porcentaje de entidades con autorización a pagar ratios superiores al 100% era del 4,6% del total de firmas financieras, aunque en términos de balance representaban el 65,2%, el segundo mayor porcentaje de la UE, por detrás de Reino Unido.

Razones

Entre las razones esgrimidas por los bancos europeos para justificar la necesidad de aumentar la ratio del bonus, las entidades apuntaron la necesidad de mantener su competitividad frente a sus competidores internacionales, así como poder atraer y mantener personal altamente cualificado.

Asimismo, las firmas financieras justificaron esta mayor ratio de retribución variable por la importancia de reconocer claramente el vínculo entre la compensación obtenida y los resultados, así como para mantener la flexibilidad de costes.

Según la EBA "las autoridades competentes no tenían conocimiento de casos en que los accionistas hayan rechazado una propuesta de una mayor ratio o en la que los accionistas hayan retirado su autorización inicial".

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), ha denunciado este miércoles que 39 grandes bancos europeos –a los que no ha identificado– se están saltando el tope que impone la legislación de la UE a los bonus de los directivos al inflar artificialmente la parte de remuneración fija.

Por ello, la EBA ha exigido a las entidades afectadas que cambien su política de remuneraciones y ha avisado a los supervisores nacionales de que deben extremar los controles y actuar para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE. Según las normas de la UE, los bonus de los directivos bancarios no pueden superar la cuantía de su remuneración fija. Sólo si los accionistas lo autorizan, los bonus podrían llegar a un máximo del doble del salario. El objetivo de estos topes es evitar que los directivos asuman riesgos excesivos a corto plazo.

Sin embargo, algunas entidades han clasificado los complementos salariales o primas que se conceden en función de las responsabilidades asumidas o del valor de mercado de la empresa como parte del salario fijo, lo que a su vez les permite aumentar el importe de los bonus, según denuncia la EBA. Para la Autoridad Bancaria, la mayoría de estas primas son discrecionales, no predeterminadas, no transparentes, no permanentes y revocables, por lo que no cumplen las condiciones exigibles para ser clasificadas como remuneración fija. De hecho, las entidades pueden ajustarlas o retirarlas de forma unilateral, sin ninguna justificación.

"La EBA clarifica que las instituciones que utilizan estas primas deben cambiar sus políticas de remuneración y reclasificar la ratio entre el componente fijo y el variable para cumplir con los requisitos legislativos de la UE", señala el dictamen hecho público este miércoles. "Además, las autoridades competentes de la UE que sepan que primas de estas características se están utilizando en sus jurisdicciones deben adoptar las medidas de supervisión apropiadas", subraya la Autoridad Bancaria. "Deben garantizar que éstas se clasifiquen correctamente como remuneración variable, para garantizar que las entidades no se saltan el tope a los bonus", concluye.

La Audiencia Nacional y juzgados de toda España llevan meses investigando los excesos de directivos bancarios cuya gestión ha obligado a rescatar con más de 107.000 millones a varias de las antiguas cajas de ahorros. Por estas investigaciones los jueces han decidido imputar a más de 200 banqueros de toda España, acusados de delitos como administración desleal o estafa.

De hecho, la Audiencia Nacional, que tradicionalmente se dedicaba a la investigación de los crímenes de la banda terrorista ETA, asigna en estos momentos una buena parte de sus funcionarios a desentrañar los delitos financieros. Pero, hasta el momento, el resultado de estas investigaciones podría ser calificado de “frustrante”, como asegura a infoLibre el abogado de una de las acusaciones del caso Bankia, Juan Ignacio Moreno Yagüe, que representa al movimiento 15MpaRato.

Y la frustración viene por una sucesión de decisiones de la justicia. Como por ejemplo, el resultado del primer juicio celebrado contra unos banqueros, en concreto contra los directivos de Caixa Penedés, acusados de autoconcederse una indemnización de 27 millones. Fueron condenados a dos años de prisión, así que no entrarán en la cárcel porque no tienen antecedentes penales.

Condena sin rejas

La Fiscalía Anticorrupción pactó con los condenados esa pena de dos años y la devolución del dinero, tal y como explicó en una nota de prensa el Ministerio Público. Así, en la última sesión del juicio de Caixa Penedés, y después de defender que no habían cometido ningún delito, los acusados solicitaron un turno de palabra en el que reconocieron los hechos, el delito y la responsabilidad civil que se incluían en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

Devolvieron los 27 millones de euros que se les pedía como responsabilidad civil, y el perjudicado, el Banco BMN, se declaró resarcido, por lo que redujo su petición de pena.

Y el juez de lo Penal dictó sentencia de viva voz condenando a los banqueros por los hechos. Pero en cuanto a las penas ha decidido imponerlas en la medida a la que la habían reducido las acusaciones particulares del Banco BMN y la Fundación Pinnae, esto es, dos años de prisión para el acusado Ricard Pagès y un año de prisión para el resto. La sentencia fue declarada firme en el acto, por lo que ninguno de ellos, tras ser descubiertos, ingresará en prisión.

Una 'victoria' relativa para Anticorrupción, que conseguía condenar a los banqueros y que devolvieran el dinero expoliado, pero sin enviarlos a la cárcel: “El Código Penal trata de una manera privilegiada a las personas que cometen delitos de cuello blanco. A pesar de ser masivo el delito de estafa, esto no supone una ampliación significativa de las penas. Sí se contempla un agravante, pero no de importancia. Y ese es el motivo por el que en en Caixa Penedés y en Caixanova las penas no son de muchos años”, explica Fernando Herrero, de la Asociación de Usuarios de la Banca y Seguros (ADICAE), las más activa en la persecución de los delitos bancarios, pues está personada como acusación popular en casos tan importantes como Bankia, CAM y Caixanova, entre otras.

Caixanova

Precisamente una acusación similar a la de los condenados de Caixa PenedésCaixa Penedés afrontan los directivos de Caixanova, para quienes el fiscal pide tres años de cárcel, y cuatro la acusación de Adicae. Según las pesquisas del Ministerio Público, los procesados habrían percibido 18,9 millones de euros de forma indebida.

El precedente de Caixa Penedés podría valer para Caixanova, explica el abogado Fernando Herrero: “La ley no permite pedir 12 años de cárcel por estos delitos, pese a que los han sufrido miles de personas, como por ejemplo es el expolio patrimonial de una caja de ahorros, pero también debería pasar lo mismo con los fraudes por la maquinación de las preferentes. Debería haber un agravante, pero la realidad es que no lo hay, y nosotros solo podemos pedir cuatro años”, explica el portavoz de Adicae.

CNMV

Las frustraciones de los abogados de las acusaciones no acaban en los casos de Caixa Penedés y Caixanova, especialmente tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa de las preferentes y las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En su intento de cerrar esta causa, el Ministerio Público cita los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España.

Precisamente la presidenta de la CNMV, la exministra del PP Elvira Rodríguez, ya dejó clara su opinión sobre las preferentes, que según ella no eran un producto tóxico. Y los funcionarios de la CNMV siguen esa tesis: hay irregularidades, aunque éstas deberían dirimirse en el ámbito del derecho civil y no penal. Para Juan Ignacio Moreno Yagüe, de 15MpaRato, las preferentes sí se emitieron de forma delictiva: “No existía mercado, no es una irregularidad sino una estafa como una catedral. Y el problema arranca de las instrucciones de la Fiscalía General para que no se persigan penalmente las preferentes, pues de conseguir una condena el Estado sería responsable”.

Caso Bankia

En este sentido, todo parece apuntar que la investigación sobre las preferentes de Bankia, en la que está imputado entre otros el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y también las de Bancaja, podrían correr la misma suerte que las de la CAM: el archivo de las actuaciones.

Luis Rodríguez Sol, fiscal que está en las causas de las preferentes de la CAM y Bankia, firmó junto a su compañero Alejandro Luzón un escrito dirigido al juez Fernando Andreu en el que aseguraba que no era necesario incorporar los correos de Blesa en la pieza separada de las preferentes. Y de hecho, aseguraban que las diligencias practicadas eran “suficientes” para conocer las irregularidades cometidas.

"Concretamente las declaraciones prestadas por los responsables de la emisión y comercialización, así como la abundante documentación solicitada a Bankia y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permiten ya conocer las razones por las que se comercializó este producto, la forma en la que se hizo y hasta las irregularidades y deficiencias producidas en la comercialización de las emisiones, por lo que se trata de una diligencia innecesaria", indicaba de forma concreta el escrito de los fiscales del caso Bankia. En ese escrito se oponían a incorporar a la causa los correos de Blesa, por considerar que afectaban a la intimidad del expresidente de Caja Madrid. 

Es decir, los dos fiscales, uno de los cuales también firmó la petición de archivo de las preferentes de la CAM, ya lo tienen claro sobre las preferentes de Blesa y de José Luis Olivas (CAM). Y no quieren más pruebas. Para tratar de conocer el sentido de su opinión sobre las preferentes de Bankia solo hay un precedente, que es la CAM. Y ahí los fiscales resolvieron el problema asegurando que se trataba de irregularidades, remitiendo la causa, según esta versión, al ámbito civil y no penal. Es decir, no hubo delito en las preferentes pese a que miles de clientes perdieron su dinero, y pese a que varios correos reflejan que los directivos del banco conocían desde 2006 que los clientes perderían dinero con la inversión en preferentes.

De hecho, en numerosos escritos los fiscales de Bankia han rechazado la personación de los afectados por las preferentes de una forma clara: "En ningún caso se va a derivar reparación económica”.

Capítulo aparte merece el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y la polémica instrucción sobre la compra de un banco en Miami y la concesión de un crédito a Díaz Ferrán. Ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Meses después, el juez que investigaba el caso, Elpidio José Silva, está al borde de la expulsión de la carrera judicial. Una juez sustituta archivó la causa contra Matías Amat, hombre de confianza de Blesa que este lunes ha declarado como testigo en el caso Bankia.

Manipulación de acciones

Al igual que ocurrió con las preferentes de la CAM, la CNMV presidida por la exdiputada del PP por Murcia Elvira Rodríguez ha sido determinante para cerrar otro caso de presunta corrupción. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había aceptado investigar una querella presentada por un grupo de particulares contra el ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, en la que le acusaban de haber mantenido de forma artificial la cotización bursátil de Banco de Valencia hasta que fue intervenido por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011. Esta intervención se produjo tan solo cuatro meses después de que Bankia, su principal accionista, saliera a Bolsa.

De hecho, en el caso Bankia, que instruye también el magistrado Fernando Andreu, se investiga la posible manipulación de las cuentas del Banco de Valencia para evitar que una caída de esta entidad financiera tuviera efectos en la salida a Bolsa de la primera.

Tanto el juez Pedraz como Anticorrupción acordaron investigar los delitos denunciados después de comprobar el contenido de un informe del Banco de España, del 31 de marzo de 2011, que concluía que la compra de acciones propias había permitido que la cotización del valor se mantuviera “a precios muy superiores a los que hubiera tenido sin su actuación".

Cierre de expediente

Pero la dirección general de la CNMV cerró el expediente abierto por la manipulación de las acciones el 31 de julio de 2013, "pues no encontró indicios suficientes para sustentar esa denuncia por manipulación de precios" por la propia entidad financiera valenciana. Pedraz se vio obligado a cerrar la investigación, ya que el órgano encargado de vigilar la posible manipulación de las acciones no detectó ninguna irregularidad.

La CNMV restó importancia a la compra de acciones de Banco de Valencia por la cúpula del mismo banco al considerar que estas operaciones no fueron "lo suficientemente elevadas como para poder afirmar que la entidad hubiese tenido poder de fijación del precio de cotización". En los casi dos años y medio durante los que el Banco de España detectó este tipo de actuaciones irregulares con las acciones de Banco de Valencia, en un 8% de los casos el banco valenciano protagonizó más del 20% de las transacciones de sus propios títulos. En el 28% de los casos, las autocompras por parte de la entidad financiera valenciana fueron superiores al 10% del total.

Falta de peritos

No es este el único problema que ha sufrido Santiago Pedraz en el sumario de Banco de Valencia y su decena de piezas separadas. La ausencia de funcionarios que determinen las presuntas irregularidades de los anteriores dirigentes de Banco de Valencia impide al magistrado de la Audiencia Nacional finalizar las primeras investigaciones.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha visto cómo se estancaban tres investigaciones del caso Banco de Valencia, ya que no dispone de dos peritos arquitectos que se encarguen de determinar el valor real de las operaciones urbanísticas investigadas.

Tasaciones

El magistrado solicitó el pasado 24 de noviembre de 2013 la designación de dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria que fueran capaces de emitir un dictamen sobre la corrección de las tasaciones. Además, quería que estos empleados públicos determinaran el valor de tasación en su contexto temporal, con la intención de establecer el perjuicio generado a la entidad financiera valenciana.

Pero unos días después, el 2 de diciembre, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, contestó con una negativa. Según publicó infoLibre, el responsable de Hacienda justificó esta decisión por "la escasez de medios personales propios existentes".

Banca Cívica

En el caso de Banca Cívica, el argumento de peso para que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya archivado la causa sobre presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa es el contenido de un informe del Banco de España.

El magistrado adoptó esta decisión basándose en el informe de los peritos del Banco de España en el que sostenían que no hubo irregularidades ni incumplimientos de la normativa en la constitución de Banca Cívica por integración de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol, pero tampoco en el préstamo recibido del FROB por 997 millones de euros, ni en la salida a Bolsa en julio de 2011.

Sin embargo, el juez sí apreció irregularidades en la gestión de Caja Navarra antes de su integración en Banca Cívica, por lo que remitió esa parte de la investigación al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona para que investigue los hechos.

Pero la visión de UPyD del informe no es precisamente positiva. Su abogado Andrés Herzog, que es el autor de las querellas que dieron origen a los casos Bankia y Caja Segovia, cree que el informe pericial no ha dado respuesta a la gran mayoría de las cuestiones planteadas.

Incumplimientos

Y el listado de “incumplimientos” es, según UPyD, muy amplio. Entre otras cosas omite realizar una comprobación de las cuentas anuales firmadas, previas y posteriores a la salida a Bolsa, es decir una auditoría de lo esencial, para constatar que lo firmado por los auditores de Banca Cívica era correcto.

Y el informe, siempre según el mismo letrado, tampoco explica la reducción del valor teórico contable de Banca Cívica a 363 millones, cuando según los libros de la salida a Bolsa de 21 de julio de 2011 la entidad tenía un supuesto valor de 2.735 millones.

Conclusión del caso Bankia

Este precedente genera inquietud sobre el próximo informe del Banco de España previsto, que no es otro que el del caso Bankia. Fuentes de la Fiscalía aseguraron a infoLibre que su contenido será determinante para las investigaciones sobre el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y los otros imputados. De hecho, un escrito del fiscal asegura que el caso Bankia ya solo está pendiente de que llegue este informe: “Un procedimiento cuya conclusión, pendiente básicamente de la elaboración del extenso y detallado informe que se ha solicitado a los peritos designados por el Banco de España, debería alcanzarse en fechas relativamente próximas”. Ese informe fue solicitado por el juez Andreu el 4 de febrero de 2013.

Moreno Yagüe, de 15MpaRato, llama la atención en el hecho de que solo dos peritos están elaborando este informe, de gran volumen e importancia. "Tendrían que ser más funcionarios o  la causa corre el riesgo de alargarse varios años”, concluye el abogado.

El relevo del consejero delegado de CaixaBank Juan María Nin (61 años) por el tándem Gonzalo Gortázar (48, nuevo consejero delegado) y Antoni Massanell (60, nuevo vicepresidente) tiene dos versiones. La oficial lo atribuye al comienzo de una nueva etapa marcada por la nueva Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. La versión más extendida en círculos empresariales y financieros, sin embargo, vincula los relevos en el tercer mayor banco por volumen de activos de España a desavenencias entre Nin y el todopoderoso presidente de la Fundación Bancaria y de CaixaBank, Isidro Fainé (72 años).

En todo caso, las maniobras en torno al poder en CaixaBank desnudan una élite financiera y bancaria que, superados los 70 abriles, se resiste a dejar las riendas del poder en las entidades clave para el funcionamiento del país. No se trata sólo de CaixaBank. El Santander y el BBVA están dirigidos por personas que han superado los 70 años y que no creen en el relevo generacional. Una actitud que afecta también a buena parte de los consejos del Ibex 35, la flor y nata del empresariado del país. Se diría que el camino de la abdicación, emprendido últimamente en el Vaticano, en la corona o en el PSOE, no atrae en absoluto a los amos del dinero.

La salida de Nin, que se incorporó a La Caixa en 2007 procedente del Banco Sabadell se ha resuelto de mutuo acuerdo, sostienen fuentes de la entidad. El pacto contempla una indemnización de seis años de retribución fija, lo que equivale a 10,2 millones de euros, según fuentes oficiales de la entidad, y el respeto a su puesto en los consejos de Repsol, Gas Natural y el banco austriaco Erste Bank, al menos hasta que se celebren nuevas juntas de accionistas. 

Todo el poder

Fainé controla todo el poder. Desde la presidencia de la Fundación la Caixa, acompañado de patronos clave como César Alierta (69 años, Telefónica), el multimillonario mexicano Carlos Slim (74) y hombres de confianza como Jaume Lanaspa o Salvador Alemany (70), Fainé controla el 100% de Criteria, que es la sociedad que posee, a su vez, el 60% de CaixaBank y las participaciones en empresas clave como Repsol, Gas Natural Fenosa, Abertis o Aguas de Barcelona.

Fainé, con 32 años de carrera en La Caixa (se incorporó como subdirector general de la entidad en 1982) todavía no bate la marca del decano de la banca española, Emilio Botín. El banquero cántabro, de 79 años, cumple esta semana 54 ejercicios ininterrumpidos en el consejo de la entidad y 28 en la presidencia. Es el decano de los consejeros del Ibex y para él, la edad sólo es un número. Un tercio de sus compañeros consejeros en el banco (en el que controla un 0,99% del capital directa e indirectamente), supera los 70 años.

Entre sus asesores, tampoco parece que la juventud sea un valor de peso. Botín mantiene un consejo asesor compuesto por 11 miembros tras la incorporación del ex director del FMI y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato. La edad que acumulan entre todos se acerca a los ocho siglos (780 años). La media del consejo supera los 70 años, y eso que la savia nueva que aporta Rato (64), ha rebajado el cálculo en 1,6 años.

La situación en el segundo banco del país, el BBVA, tampoco es la excepción que confirma la regla. No hace falta. Es regla misma. El presidente de la entidad desde 2000, Francisco González, de 70 años (controla el 0,06% del capital) tampoco cree en la jubilación.

En 2011, a punto de cumplir los 70 años, el consejo del BBVA aprobó elevar los límites de jubilación para todos los miembros del consejo, presidente incluido, de 70 a 75 años. Para Francisco González, el límite no llegará, salvo imprevisto, hasta marzo de 2020.

Pensiones doradas y anticipadas

Retrasar la edad de jubilación no significa, sin embargo, renunciar a asegurar las cantidades acumuladas a lo largo de carreras dilatadas y fructíferas. Isidro Fainé rescató hace siete años una pensión acumulada en La Caixa de 24,5 millones de euros. Y sigue cobrando 2,6 millones anuales como presidente de la Fundación y de CaixaBank, aunque sin incremento alguno dede 2010 según la versión de la entidad.

Sin llegar al récord de 108 millones de jubilación que marcó en 2002 Ángel Corcóstegui (vicepresidente del entonces Santander Central Hispano que dejó la entidad a los 50 años), la pensión pactada por Francisco González al cumplir los 65 años (disponible cuando deje sus funciones ejecutivas) no es magra: son 79 millones de euros acumulados con aportaciones que se pararon en 2009. En 2013, cobró 5,6 millones de salario.

La edad de los principales banqueros, que se resisten a ceder el testigo a generaciones más jóvenes, contribuye a elevar la edad media de los consejeros del Ibex 35. U n informe  de la firma Heidrick & Struggles, recogido por el diario Voz Populi, calcula que la edad media de los consejeros de las principales empresas del país supera los 61 años (61,2 años). Es la más alta en Europa, donde la media se sitúa en 58,2 años.

La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo lunes su primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros. En el banquillo de los acusados se sentarán el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella Rodríguez y Juan Caellas Fernández, acusados de adjudicarse planes de pensiones de forma irregular.

La Fiscalía Anticorrupción pide tres años y medio de prisión para Pagès Font y tres años para Troyano, Abella Rodríguez y Caellas. El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado de administración desleal.

El Ministerio Público asegura que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados". En total, reclama a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Los herederos de Jorba deberán devolver más de 2,5 millones.

Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

La búsqueda de una cobertura formal

Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.

Los siguientes, CAM y Novacaixagalicia

La Audiencia Nacional juzgará en los próximos meses a los exdirectivos de otras dos de la cajas de ahorro investigadas por irregularidades en su gestión después de que los jueces encargados de la instrucción hayan decretado la apertura de juicio oral contra los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia.

El juez Javier Gómez Bermúdez dictó el pasado 18 de febrero la apertura de juicio oral contra el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.

En cuanto a Novacaixagalicia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, también ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos, entre los que se encuentra su expresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.

El juez Bermúdez adopta esta decisión después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solicitaran penas de prisión para ambos directivos. En concreto, López Abad tendrá que enfrentarse en el juicio a las acusaciones de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. Por su parte, Ramón Avilés se enfrenta a los delitos de apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado, administración desleal y un delito societario. Los otros 22 acusados se incluyen en el auto como partícipes a título lucrativo.

Pero además de las penas de cárcel, López Abad y Avilés tendrán que depositar fianzas por un valor de 1,9 y 6,6 millones de euros, respectivamente. López Abad se enfrenta a penas de entre 4 y 14 años de prisión mientras que Avilés podría ser condenado a entre 2 años y seis meses y 16 años y seis meses de cárcel, de acuerdo con los escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la propia CAM a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB), informa Europa Press.

El magistrado designa además, como partícipes a 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, a los que acusa de haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros. También considera partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos hijos de Avilés.

Según precisan Anticorrupción y el FROB en sus escrito a partir del año 2005, el acusado López Abad, que había sido nombrado director en 2001, "buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos".

Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de sobrepasar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja, López Abad dió los pasos necesarios para la creación de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y que debía funcionar como Comisión de Control de todas las empresas participadas por la caja.

En opinión de la Fiscalía este órgano "fue un mero y burdo instrumento ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".

La Junta General de TI, reunida el 26 de junio de 2006 acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció para el segundo semestre de 2006 una 'dieta' de 16.400 anuales --frente a los 8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años sucesivos de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.

En 2008 TI acordó elevar la anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000 anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto de los miembros. En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB.

La Comisión se reunió en 16 ocasiones y en todos estos encuentros y con excepción de los casos en que procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad". Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un total de 308.700 euros. Él y otros 20 integrantes del órgano, dos de ellos fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.

Simulación de venta

El escrito también recoge la participación de ambos exdirectivos en una simulación de venta de acciones de la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.

Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.

El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente "impagados".

La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.

Sean Fitzpatrick (presidente, 65 años), Patrick Whelan (ejecutivo, 51) y William MCAteer (ejecutivo, 63) pilotaron el Anglo Irish Bank en los años más locos de la economía irlandesa. Esta semana se han sentado en el banquillo. Es el comienzo de un juicio que durará meses. Están acusados de 16 delitos cada uno, entre ellos, conceder préstamos muy ventajoso al consejo de la entidad. Desde el Anglo Irish Bank, los tres participaron en la locura especulativa que derrumbó el sistema financiero irlandés en 2008 y que obligó al país a solicitar 85.000 millones de euros, en una operación de rescate de la que ha salido el pasado mes de diciembre.

Con el Anglo Irish Bank (liquidado), cayeron como piezas de dominó el Irish Nationwide Building Society, el Allied Irish Bank, el Educational Building Society y el Irish Life and Permanent. El sistema bancario, con la excepción del Bank of Ireland, pasó a estar controlado por el Estado.controlado por el Estado.  El coste: 60.000 millones, un 40% del PIB de un país de 4,6 millones de habitantes que aún sufre las consecuencias de la pesadilla.

Los tres acusados del Anglo Irish Bank tendrán que explicar qué sucedió para que su entidad caminara con paso firme hacia el precipicio en una orgía especulativa. Entre otras cosas, Anglo Irish Bank, presentó incrementos de activos superiores al 20% en ocho de los nueve años anteriores al estallido de la crisis, con un crecimiento anual compuesto de un 36% entre 1998 y 2007. Una locura que detalla el profesor Ignacio de la Torre, profesor de Finanzas en la IE Business School en La crisis bancaria Irlandesa.La crisis bancaria Irlandesa.

Peces entre problemas

Fitzpatrick, Whelan y MacAteer, pero no solo ellos, se movieron como pez en el agua en un sistema bancario aquejado de  problemas: crecimiento alarmante del volumen crediticio, concentración crediticia excesiva en el sector inmobiliario y poco control de riesgos. La consecuencia: en enero de 2008, meses antes del desplome,  los analistas de UBS exponían cómo los precios inmobiliarios habían subido un 131% en los últimos cinco años, y cómo la banca irlandesa había incrementado en ese periodo la exposición a ese segmento a razón de un 26% de crecimiento anual compuesto.

Una muestra de la especulación: entre 2002 y 2008, relata un informe del Real Instituto Elcano, el número de casas vacías pasó de 140.000 a 350.000. A finales  de ese mismo período el endeudamiento de las familias se había elevado hasta el 180% del PIB desde apenas un 40% en el año 1993.

La locura especulativa benefició a una élite. También sobre ello tendrán que dar cuenta los acusados. La Fiscalía irlandesa acusa a los tres banqueros  de "prestación ilegal de asistencia financiera" a "16 individuos", integrantes del llamado grupo "Maple 10" (Arce, 10), en julio de 2008 para revalorizar de manera fraudulenta las acciones del Anglo Irish Bank.

El hombre más rico de Irlanda

Entre los integrantes de ese grupo Arce figuran seis miembros de la familia de Sean Quinn, el que fuera el hombre más rico de Irlanda y a quien el Anglo reclama ahora una deuda de casi 3.000 millones de euros, a pesar de que el exmillonario se ha declarado en bancarrota.

El modelo irlandés, como sucedió en el caso español, recurrió a la ayuda externa para evitar el colapso. Contrasta con el seguido por otro pequeño Estado, Islandia, que dejó caer a los bancos (Kaupthing Bank, Glitnir Bank y Landsbanki Islands) sin renunciar a someter a escrutinio judicial a los banqueros (Kaupthing Bank) y a los políticos (Geir Haarde, jefe de Gobierno entre 2006 y 2009) que no supieron controlar la crisis.

Islandia, en vez de inyectar miles de millones en unos bancos cuyos activos se habían disparado hasta ser 11 veces el PIB del país, decidió que suspendieran pagos. Se desató el pánico. La corona islandesa se desplomó, la inflación se disparó hasta el 19% en enero de 2009 y ese año la economía se contrajo un 7%. Pero el país ha remontado. La economía ha salido de la recesión y la tasa de paro se sitúa en el 4%.

España ocupa el primer puesto dentro de la Unión Europea en sueldos en la cúpula del sector bancario. En un informe sobre los altos directivos que cobran más de un millón de euros al año, los españoles destacan sobre los demás con una retribución media de 2,4 millones, lejos de los alemanes (1,8), italianos (1,6), franceses (1,6) o los noruegos (1,1), que son los que menos cobran según el estudio publicado este lunes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Dentro del grupo dedirectivos millonarios españoles, 44 trabajan en la banca de inversión (con una remuneración media de 2 millones), 21 en la banca minorista (2,4) y 60 en otras áreas de negocio (2,8).

Los bonus y otros tipos de remuneración variable representan el 65% del salario total de los banqueros españoles. En total, cobraron casi 200 millones de euros en bonus y variables, de acuerdo con el informe. Unos datos ligeramente superiores si los comparamos con los sueldos del año anterior. En 2010, los altos directivos se embolsaron una media de 2,3 millones anuales. Es decir, en plena crisis, los banqueros españoles aumentaron su sueldo medio en 100.000 euros. Así, España rompió una tendencia a la baja de la mayoría de los países de la Unión Europea.

Cuarto en número de banqueros

Además, el informe indica que España cuenta con 125 banqueros con altos salarios, por detrás de Reino Unido (2.436), Alemania (170) y Francia (162). Tras España, se encuentra Italia (96), Holanda (36) o Portugal (11). Entre 2010 y 2011, período en que arrecia la crisis económica, los banqueros españoles que cobran más de un millón de euros sólo se redujeron en ocho miembros.

Reino Unido encabeza de forma clara en número de altos ejecutivos el informe de la EBA, debido a la gran actividad económica que registra la City londinense. En el país británico hay más banqueros millonarios que en todos los demás países que componen la Unión Europea juntos. Aunque en 2010 fueran los banqueros mejor pagados, con 2,3 millones de euros, en 2011, el suelo medio de los altos directivos de la banca descendió de forma drástica hasta el 1,4 millones.

En 2012, estos datos pueden haber variado, sobre todo en países en plena crisis económica como España, envuelta en fuertes procesos de reestructuración bancaria.

España es el cuarto país de la Unión Europea con un mayor número de directivos de banca con altos salarios, es decir, que cobran más de un millón de euros anuales. En total son 125 los banqueros españoles con altos salarios, sólo por detrás de Reino Unido (2.436), Alemania (170) y Francia (162), aunque por delante de Italia (96), Holanda (36) o Portugal (11). Así lo recoge un estudio publicado este lunes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El salario medio entre los españoles se situó en 2,4 millones de euros anuales. Dentro del grupo de directivos de banca, 44 trabajan en la banca de inversión, 21 en la banca minorista y 60 en otras área de negocio.

En 2011 recibieron un total de 106,9 millones de euros en salario fijo y 198 millones en bonus, de los cuales 88,2 millones de euros se pagaron de forma diferida en varios años. A todo ello, hay que añadir 3,8 millones en beneficios de pensiones discrecionales.

La historia de esas amistades ha sido relatada muchas veces. Aznar y Blesa coincidieron, precisamente en los años setenta, en la Academia CEU de Madrid preparando oposiciones al cuerpo de inspectores de Hacienda. También compartieron destino en Logroño algún tiempo y ambas familias intimaron. En los ochenta a Aznar le entró la vena política y Blesa se dedicó a la abogacía. En los noventa, el ya presidente del PP introdujo a su amigo en FAES, las fundación ideológica del partido y cantera de todo tipo de cargos. A los pocos meses de llegar a la Moncloa, Aznar colocó a Blesa en la presidencia de Caja Madrid.

No mucho más tarde situó al frente de Telefónica a otro ex compañero de estudios, en este caso de la etapa del Colegio madrileño del Pilar, Juan Villalonga, que además de dirigir el proceso privatizador se encargó de intentar la creación de un imperio de la comunicación competidor de PRISA. No salió bien. Lo que sí le salió bien fue un plan de opciones sobre acciones para él y sus principales directivos que en un par de años les permitió embolsarse miles de millones de pesetas. El escándalo estalló poco antes de las elecciones generales de 2000 y Villalonga se vio obligado a abandonar la presidencia de Telefónica. 

El símbolo de la burbuja

Si Villalonga es un ejemplo vivo de la España del pelotazo, Blesa simboliza como nadie la burbuja inmobiliaria y la politización ruinosa que ha acabado con las cajas. Lo primero que hizo Miguel Blesa en Caja Madrid, después de hilvanar un acuerdo con la representante del sindicato Comisiones Obreras para garantizarse estabilidad, fue multiplicar por 18 el sueldo que cobraba su antecesor en el cargo, Jaime Terceiro. A partir de ahí no desperdició una sola oportunidad de especular con los intereses de la Caja, sin descuidar en ningún momento su función de 'banquero del PP'.

La Obra Social o las oficinas le interesaban a Blesa menos que la compra y venta de acciones de empresas o el negocio de los créditos inmobiliarios. O la adquisición de un banco en Florida por 1.117 millones de dólares, eso sí fraccionando los pagos para esquivar el control legal de la Comunidad de Madrid, una operación que el juez menciona como motivo principal para enviarlo a prisión. No el único, porque en Soto del Real ha coincidido con el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, a quien Blesa concedió un préstamo de 26,6 millones de euros para una aerolínea prácticamente en quiebra. Tampoco escatimaba créditos para familiares de Díaz Ferrán, sin poner atención alguna a las garantías. Y, por supuesto, lanzó a Caja Madrid a saco a la venta de preferentes, incluso amplió de 2.000 a 3.000 millones de euros la colocación a ahorradores a través de las sucursales en la misma fecha que ese producto financiero era considerado ya un bono basura.

Fin de fiesta

Pero no fue la disparatada gestión lo que puso fin a la larga etapa de Blesa en Caja Madrid. De hecho su amigo Aznar hizo lo que pudo para convencer a Esperanza Aguirre de que lo renovara en el cargo. La guerra eterna de Aguirre con Gallardón y el deseo de la 'lideresa' de ubicar en Caja Madrid a su delfín Ignacio González pesaron más que la influencia del expresidente del Gobierno. Al final el sucesor fue Rodrigo Rato, otro gran experto en el nombramiento de buenos amigos para dirigir empresas privatizadas, y responsable de la la última fase del descalabro de Bankia..

Miguel Blesa, que ocupó durante catorce años la planta más alta de una de las Torres Kio; que compró aunque no llegó a ocupar una de las Cuatro Torres que hoy tocan el cielo de Madrid; que pagó 15 millones de euros (de Caja Madrid) por la construcción del horroroso obelisco de la Plaza de Castilla... es el mismo Blesa que fue conducido la noche del jueves por la Guardia Civil a la cárcel de Soto del Real. En menos de veinticuatro horas salió en libertad tras depositar los 2,5 millones de euros que el juez le había impuesto como fianza.

Torres más altas no habían caído hasta ahora en España desde que estalló la crisis de la burbuja inmobiliaria. De hecho ningún banquero había pisado la cárcel desde el 'caso Banesto' protagonizado por Mario Conde en 1993. Y no porque unos cuantos no hayan acumulado méritos.

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(Este artículo ha sido actualizado a las 13 horas del 18 de mayo)

La situación de la banca española no es buena. La afirmación no es discutible. Entre otras cosas, para salvar el sector ha habido que inyectar en el sistema bancario 40.000 millones de euros procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que ha disparado el déficit hasta el 10,6% del PIB en 2012. Además, se ha creado un "banco malo" (Sareb) para limpiar a las entidades en problemas de activos imposibles de vender. Sólo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y sus préstamos a bajo interés ha evitado el derrumbe total.

Pero la mala situación del sector no ha impedido que en los últimos años, las cúpulas de bancos y cajas de ahorros hayan intentado asegurarse unos retiros millonarios que chocan con la pensión media de jubilación en España.

No es demagogia. Sencillamente, no se pueden comparar los derechos de cobro acumulados por el ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de 88,14 millones de euros, con lo que cobra de media un jubilado en España: 892,4 euros al mes, según datos del Ministerio de Empleo.

La esperanza de vida que se utiliza para los cálculos actuariales es de 19 años a partir de los 65. Eso quiere decir que la pensión acumulada por Sáenz daría para cubrir las necesidades de más de 433 jubilados durante 20 años. Un dato que da que pensar.

Pero no es solo el caso de Sáenz. Durante los años de bonanza y ladrillo (la banca ganó entre 1996 y 2010 en torno a 170.000 millones de euros), la acumulación de salarios millonarios por vías diversas fue algo normal. ¿Ejemplos? El retiro dorado que logró en el BBVA el actual presidente de BFA-Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

El directivo, llamado por el Gobierno del PP para intentar sacar a Bankia del barranco, salió en 2009 del BBVA, con 55 años y una pensión de tres millones anuales por el fondo de 52,5 millones acumulado durante tres décadas. Una cantidad apañada, que ya causó polémica y que compensaba los ocho años del directivo como consejero delegado de la entidad.

Una hucha bajo el brazo

Goirigolzarri salió con una buena hucha bajo el brazo porque su jefe, el todavía presidente del BBVA, Francisco González, decidió retrasar su edad de jubilación y taponó sus expectativas de llegar a lo más alto.

González, que ha superado con creces la edad de retiro (cumplirá 69 años en octubre), tampoco ha sido perezoso para asegurar el retiro. El presidente del BBVA acumula 79,7 millones de euros en derechos de pensión. Los cobrará cuando deje de mandar (cese en funciones ejecutivas) y están externalizados en una póliza desde que cumplió los 65 años, hace cuatro.

El nuevo delfín de González en el BBVA, Ángel Cano, también se beneficia del sistema que asegura retiros dorados a los que han visto la realidad desde la cúspide de la banca. Cano, según consta en la documentación enviada por el banco a la CNMV, acumula ya aportaciones para la vejez por importe de 22, 7 millones de euros. Un dinero.

Los mencionados forman parte de una exclusiva lista, en parte conocida, en parte velada, que da la razón a los teóricos que dividen la sociedad actual entre el pequeño grupo que dirige el sistema, el 1%, y el 99% restante.

En la cúpula de los retiros de locura figuran personajes rodeados del aura del éxito profesional como Francisco Luzón, ex responsable de Latinoamérica del Banco Santander. Luzón se retiró con 63 millones de euros en el bolsillo. Figuran también directivos que aún están en activo y de los que se conocen las cantidades acumuladas porque se han comunicado a la CNMV.

Es el caso de apellidos ilustres, como los Botín. Los datos en la CNMV, referidos a 2011, recogen pensiones acumuladas de la cúpula del Santander de 25 millones (Emilio Botín); 31,32 millones (Ana Patricia Botín) o Matías Rodríguez Inciarte, 44,5 millones.

Son, en todo caso, suculentas retribuciones a futuro para banqueros que pueden presumir de haber obtenido beneficios en sus entidades (caso del Santander o del BBVA). pero también ha habido sonoras polémicas por las pensiones que han cobrado o han intentado cobrar directivos de cajas quebradas e intervenidas.

Son muchos los casos. Caixa Galicia, fusionada con Caixanova en NCG Banco, intervenida y apoyada con 3.600 millones de dinero público destinó 8,5 millones como fondo de pensiones (más 2,7 de indemnización) a su ex director general, José Luis Méndez.

Directivos de cajas

Con Méndez, figuran en el grupo de directivos de cajas que han cobrado o pretenden cobrar pensiones elevadas ejecutivos como Miguel Castillejo (Caja Sur), Manuel Escribano (Caja Segovia), Maria Dolores Amorós (CAM) o Roberto López Abad (CAM). En estos casos, las cuantías de las pensione son más "modestas". Entre 200.000 y 350.000 euros anuales.

En casos sonados como Caixa Penedés (915 millones de agujero), la Fiscalía Anticorrupción ha decisido intervenir. La Fiscalía pide entre tres y tres años de prisión para el ex director general de la entidad, Ricard Pagés y los directivos Manuel Troyano, Santiago Abella y Joan Canellas por contratar, supuestamente, pólizas de seguros por importe supeior a 31,6 millones de euros.

El Gobierno, tímidamente, ha intentado hacer ver que comparte la incomodidad ante la obscenidad de las cantidades que pretenden embolsarse directivos que se han limitado a figurar. Para ello, ha limitado a 600.000 euros anuales la cantidad máxima a cobrar por los directivos de entidades rescatadas con dinero público.

Ante las críticas desatadas por la pensión de Sáenz en el Santander, el Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido a los banqueros "moderación" a la hora de preparar su retiro.

También tímidamente, aunque con el valor que tiene ser la primera vez, la UE ha decidido limitar los bonos de los banqueros. Las nuevas normas deberían estar en vigor a principios de 2014 y su filosofía es que, como retribuciones extraordinarias, los bonos no deberían superar los salarios fijos de los banqueros.

Decenas de miles de desahuciados después, algunos de ellos empujados a quitarse la vida, la Justicia europea dictamina ahora que la ley hipotecaria española es abusiva. Bienvenida sea una sentencia que confirma que esa amplia mayoría de españoles que pensamos exactamente lo mismo no estamos locos. No lo estamos, lo que ocurre es que nuestros banqueros tienen un morro que se lo pisan, tan grande como su codicia, y nuestros políticos -muchos de ellos, sobre todo en los dos grandes partidos- son unos vendidos. Tan sencillo como eso.

¿Saben algo? Desconfíen de cualquier cosa que insulte al sentido común. Hace un par de años, cuando nuestros principales diarios ni hablaban de ello (el asunto era tabú, no fuera a ser que les quitaran la publicidad o apretaran con las deudas), The New York Times publicó un reportaje en el que lo flipaba con que aquí, en España, cuando dejas de pagar la cuota de la hipoteca, además de quitarte el piso manu militari, te encaloman la cadena perpetua de una deuda impagable. El periódico neoyorquino ilustraba el caso con las historias de unos inmigrantes que no daban crédito.

Tuvieron que ser los movimientos sociales surgidos o vinculados al 15-M y la izquierda que no reniega de su condición de izquierda los que pusieran sobre la mesa un par de reivindicaciones elementales: la dación en pago –que el banco se quede con el piso si no puedes pagar la hipoteca, y aquí paz y allá gloria- y una moratoria a los desahucios de aquellos que no tienen donde dormir a cubierto si los pones en la calle. El PP no quería ni oír hablar de eso; el PSOE, que había adoptado la misma actitud que el PP cuando gobernaba, no hace tanto de ello, tardó una eternidad en prestar alguna atención al asunto.

Los argumentos a favor de un sistema que acaba de ser declarado un atropello por la Justicia europea son risibles por el vasallaje a los bancos que revelan. Uno es, descaradamente, aquel de que el banco no puede perder nunca. Si, a través de su propia empresa de tasación, valoró en su día el piso a 200.000 euros, ¿cómo va a quedárselo sin más cuando han caído los precios y ahora vale 150.000? Pues que quieren que les diga, amigos, todas las actividades económicas –excepto la suya- pueden perder: el comerciante que abre una tienda, el pequeño y mediano empresario que emprende un negocio, el jubilado que pone su dinero en Bolsa… Eso se llama capitalismo. Pero ustedes, los de los bancos, como sus parientes, los de los casinos, no quieren perder nunca. También podríamos verlo de otro modo: ustedes, pillines, quieren capitalismo para sus beneficios y comunismo para sus pérdidas.

El otro argumento va de que, si se cambia el sistema, las hipotecas se harán más difíciles. Pues, miren, no puedo estar más a favor. La concesión a mansalva de hipotecas baratas y arriesgadas en la época del ladrillazo es uno de los tumores que nos han llevado a esta situación terminal. No me parece nada mal que, a partir de ahora, se tienten ustedes la ropa a la hora de conceder una hipoteca. Y sobre todo me parece muy bien que en España se instaure una cultura del alquiler, y que los poderes públicos la fomenten haciendo que, bajo esta fórmula, haya cientos de miles de viviendas accesibles a la gente.

Nunca hemos estado locos. Lo acaban de sentenciar los togados europeos.