La vivienda nunca ha estado entre las prioridades de Vox. El partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal está más cómodo con temas como la inmigración, la seguridad, la natalidad, las bajadas de impuestos, el campo o la unidad nacional. Pero la crisis habitacional, la subida de los alquileres y la expulsión de amplias capas sociales de los grandes núcleos urbanos han convertido el problema del acceso a la vivienda en un terreno demasiado relevante como para dejarlo fuera de su ofensiva política.

Los de Abascal han decidido entrar en esa batalla sin renunciar a su marco ideológico de defensa del mercado, la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado por la derecha para criminalizar a los inquilinos— y con los migrantes como el principal problema para el acceso a la vivienda. Desde hace unos meses, la formación trata de unir sus postulados clásicos con otros más sociales, pero siempre con un lema por delante: prioridad para los españoles en ayudas, acceso y protección frente a inmigración de carácter irregular y los compradores extranjeros.

Esta operación política tiene dos rostros. Uno es José María Figaredo, portavoz económico y representante de la vena neoliberal más reconocible del partido. El otro es Carlos Hernández Quero, un perfil ascendente al que Vox ha situado como portavoz de vivienda y cuyo discurso se ha comparado con el de la francesa Marine Le Pen porque añade a la receta económica habitual una capa identitaria. Entre ambos se reparte una estrategia que busca disputar el malestar social sin romper con los intereses de quienes se benefician del modelo inmobiliario vigente, con propietarios, promotores y grandes patrimonios a la cabeza.

El portavoz de vivienda, sin embargo, habla menos de bajar impuestos y más de expulsar a migrantes. Menos de eficiencia del mercado y más de saturación de servicios. Menos de desregular y más de identidad nacional. En ese discurso, los extranjeros aparecen como quienes presionan la vivienda, colapsan servicios públicos y erosionan la comunidad nacional.

Hernández Quero no es una figura menor dentro del partido. Doctorado en 2020 con una tesis titulada El desborde de la ciudad liberal: cultura política y conflictos en los suburbios de Madrid (1880-1930), que analiza por qué la corona metropolitana madrileña acabó convertida en el llamado "cinturón rojo", se presenta como una persona "de barrio" que busca que el sur madrileño pase a teñirse del verde de Vox. Su ascenso interno le ha reforzado internamente. Designado portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso, entró en febrero en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, el máximo órgano de dirección entre congresos y uno de los espacios donde se deciden las listas electorales. Aunque, según los críticos, el único que manda ahí es el propio Abascal y su corte.

Su ascenso se ha interpretado como parte de un intento de dar al partido una apariencia más "social", más pegada a los problemas materiales de las clases populares. Pero ese supuesto giro tiene un límite nítido: la protección que se ofrece no es universal, sino nacional. El ultraderechista no está en contra de la intervención del Estado en materia de vivienda, como sí defiende Figaredo, pero sí lo restringe a los españoles, los únicos que, desde esa lógica, serían merecedores de amparo por parte de las administraciones.

En sus mensajes recientes, Hernández Quero combina tres ideas: que faltan casas porque se construye poco y se regula demasiado, que esa escasez se agrava con la inmigración y la compra extranjera y que la salida pasa por construir más, densificar el suelo urbano y dar prioridad al "comprador nacional". El ultraderechista también aborda el concepto de "densificación" o "redensificación", en referencia a levantar más vivienda en ciudad ya hecha —más altura, más bloques, más intensidad edificatoria—, un término que también utilizan dirigentes como el presidente catalán, Salvador Illa, aunque con un significado político distinto. En Vox sirve para apuntalar una agenda de liberalización urbanística y preferencia nacional, en el PSC va asociado a planificación sostenible.

"No tiene mucho sentido estar haciendo nuevos desarrollos de vivienda donde hay cuatro alturas, pista de pádel y piscina. Hay que pensar en la idea de densidad", explicaba el diputado de Vox en una reciente entrevista en en Quorvm Podcast, en la que también reflexionaba sobre la importancia del sentimiento de "pertenencia" en comunidad. Illa, por su parte, utilizó el término para defender más vivienda en zonas ya construidas y llegó a plantear elevar la densidad en 69 áreas estratégicas para crear 240.000 pisos.

Aunque el verbo es el mismo, el concepto no lo es: en la tesis de Illa la densificación está asociada a planificación, sostenibilidad, parque asequible, reutilización de suelo y equilibrio territorial. En el caso de Hernández Quero, forma parte de una agenda de liberalización urbanística, con más oferta y menos trabas para las "familias españolas" que son las que forman "comunidad".

Con todo, la convivencia entre Figaredo y Hernández Quero es pacífica. Al menos por ahora. Lo suyo es un coordinado no reparto de papeles. La corriente encabezada por el portavoz económico está centrada en reivindicar el liberalismo en su versión más dura: bajar impuestos, deshacer regulaciones y dejar al mercado ordenar la sociedad. Es la voz que sale en defensa de cualquier actor económico al que la intervención pública pueda incomodar. Su función política es blindar la ortodoxia neoliberal de Vox frente a cualquier intento de redistribución o de limitación de la acumulación. Figaredo sostiene que el problema de la vivienda no se arregla con intervención pública sobre los precios, sino con oferta, desregulación y estímulos a la compra.

Esa es también la línea política de Vox en el Congreso. En una proposición registrada en febrero de 2025, la formación ultra reclamó reformas del suelo para facilitar la construcción, un entorno fiscal favorable a la compra, fórmulas como la venta a plazos, el alquiler con opción a compra y nuevas facilidades de financiación hipotecaria para jóvenes y rentas bajas. Sin embargo, Vox no contempla gravar las viviendas vacías, no apoya topar los alquileres ni tampoco plantea prohibir la venta de vivienda protegida. Es decir, no hay una impugnación del funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario, ni una voluntad de recortar el poder de quienes concentran vivienda como activo de inversión. España, según el marco de Vox, expulsa ahorro, castiga la propiedad y dificulta la formación de familias porque el Estado recauda demasiado e interviene. Y todo es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el programa económico y de vivienda presentado en junio de 2025 por Figaredo y Hernández Quero, el partido resumió esa visión con una combinación de ampliación de suelo, simplificación administrativa, reducción "drástica" de impuestos y derogación de las medidas que, a juicio de la formación ultra, distorsionan el mercado del alquiler. La única medida dirigida al capital es la de "atajar la adquisición masiva de viviendas por capital extranjero" mediante una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. Así, para Vox, el problema no es que la vivienda se convierta en mercancía financiera, sino que los que compran sean extranjeros.

¿Y qué hay de sus propuestas electorales? Si nos fijamos en las medidas en vivienda en las recientes elecciones en Castilla y León, Aragón o Extremadura, el marco de fondo encajan más con la visión neoliberal de Figaredo que con el nacionalismo social de Quero. El tronco sigue siendo rebaja fiscal, desregulación, propiedad, construcción y protección del propietario; la capa más nueva añade "familias españolas", prioridad nacional y rechazo a la inmigración.

Mientras tanto, la "okupación" sigue ocupando un lugar central en el relato del partido, muy por encima de otros factores mucho más decisivos en la crisis habitacional. También aparece su visión demográfica y nacional de la vivienda. Vox insiste en promover hogares "en especial para familias españolas que tengan o vayan a tener hijos". No se trata simplemente de facilitar acceso residencial, sino de proteger una determinada idea de familia, reproducción social y comunidad nacional.

Los datos de la opinión pública ayudan a entender por qué Vox intenta esa maniobra. La vivienda preocupa personalmente más a los electorados de izquierda que a los de derecha, según datos recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre quienes votaron a Sumar, un 19,8% la señala como el problema que más le afecta; entre los votantes socialistas, un 15,1%. En cambio, entre los del PP ese porcentaje baja al 9% y entre los de Vox al 8,8%. En este electorado ultra pesan más la crisis económica y la inmigración. Precisamente por eso, el partido busca utilizar la vivienda como un puente entre malestar material y la xenofobia.

El compromiso político supone la defensa de unos valores. La conciencia individual establece diálogo con el mundo para llegar a acuerdos no sólo sobre aquello que debe conseguirse, sino también sobre el propio hecho del compromiso, sobre la necesidad de actuar, buscar compañías y manifestar en público los valores que la propia soledad quiere llevar hacia adelante. La política, igual que la poesía, siente la obligación humana de convertir en palabras la intimidad de lo privado en una búsqueda del nosotros. Somos lectoras y autores, autoras y lectores, de una realidad diversa que merece la pena ser compartida.

La estrategia del pensamiento reaccionario invierte en generar confusión y desconfianza. Plantear el horizonte como un ámbito de niebla y turbiedades invita a quedarse en casa, no abrir la puerta, no salir a la calle, olvidarse de la obligación ética de convivir y compartir un nosotros. La insistencia en el descrédito, el desplazamiento del debate y la disidencia a los insultos, invitan a la lejanía. El fanatismo mueve los peores instintos, las obsesiones de la intimidad, para alejarnos de los compromisos colectivos. El odio mueve rencores al tiempo que paraliza la posibilidad de entendimiento y diálogo con el otro. Resulta muy difícil analizar los asuntos de la realidad, aquello que define la justicia y la convivencia, si el escenario es invadido por una confusión cruzada de bulos y cuestiones mezcladas. Cuando hay que hablar sobre el Sur, los que quieren impedir el diálogo no sólo llenan con nubes el cielo del Sur. Tardan poco en llenar la conversación con las nubes del Norte, el Este y el Oeste. 

La confusión crea desconfianza y la desconfianza cierra las ventanas, destituye la voluntad de una política que nos comprometa con la colectividad. Se prepara el terreno para los discursos individualistas, los rencores y el odio. Convertir el odio en un nosotros es el fin último de la estrategia reaccionaria. Así lo han demostrado a lo largo de la historia los proyectos políticos que justificaron el autoritarismo, la violencia y el genocidio. El olvido de la política, del nosotros, del nosotras, es el origen estratégico de los que pretenden potenciar la dominación política de las conciencias individuales.

Las situaciones de crisis facilitan mucho las estrategias de la desconfianza y la confusión. El fracaso de las ilusiones colectivas debería invitar a la meditación sobre los errores, pero esa meditación compartida casi siempre se evita en favor de la renuncia y el descrédito de lo imaginado. Suele ocurrir así cuando los dominadores están contentos de su propia situación. Al pensamiento alternativo le cuesta trabajo ordenar matices, articular diferencias, ponerse de acuerdo en los proyectos de futuro. Pero tengamos cuidado: a veces resulta necesario prestar atención a aquello que se comparte más allá de los matices y las diferencias. El buscar lo que nos une se hace necesario cuando las crisis se convierten en situaciones de gravedad histórica y los dominadores pierden su pudor y desnudan su falso sentido común para mostrar sin escrúpulos el desnudo de sus ambiciones.

Pensemos en nuestro propio sentido común. Estamos viviendo una situación de gravedad, por lo que es importante buscar aquello que nos une en la defensa del valor social de la democracia. Y reconocer lo conseguido es tan importante como asumir lo que nos falta por conseguir. La reacción de los oligarcas se explica con frecuencia como protesta ante lo ya conseguido por la comunidad.  Nos une el deseo de una justicia social que limite las desigualdades económicas. Nos une el respeto a la diversidad frente a la homogeneización en una identidad cerrada. Nos une la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Nos unen los derechos cívicos que aseguran servicios públicos para una comunidad articulada, máxima expresión del diálogo entre los individuos y la convivencia, entre el yo y el nosotros. Nos une la pretensión de una justicia internacional que defienda la paz y los derechos humanos frente a la ley salvaje de los caciques.

Y todo esto se resume otra vez en declaración de principios: No a la guerra.

Cuando los procesos de la historia pretenden borrar las justificaciones de un escudo social, conviene que nos tomemos en serio la necesidad de un escudo político, la política como forma de defender los derechos cívicos que dan sentido a las palabras maltratadas: libertad, igualdad, fraternidad…

El aire que respiramos nos dice que vivimos un tiempo en el que Europa está fuera de lugar o está de sobra. Después de la Segunda Guerra Mundial, superada la violencia totalitaria que se alimentaba con los discursos de odio, las identidades cerradas y los desequilibrios económicos, se formó un proyecto de vida en el que la democracia social comprendió que la defensa de la libertad política era inseparable de la preocupación por facilitar estrategias que buscasen una mayor igualdad. Europa buscó una forma de ser que se correspondiese con su manera de estar en los derechos sociales, la sanidad pública, la educación y la dignidad laboral. Siempre, claro está, hubo desigualdades e imperfecciones, pero la veleta del viento en los tejados de Europa identificaba el progreso con la preocupación por un bienestar compartido.

Decir Europa en la España de la dictadura franquista suponía el deseo de salir de un subdesarrollo económico doloroso y de unas imperantes desigualdades caciquiles. La conquista de la democracia fue inseparable de la entrada en Europa. Las maletas de los migrantes se sustituyeron por los acuerdos, una idea activa de comunidad, la participación en instituciones que formaron parte de nuestras costumbres políticas en la palabra nosotros.

A la hora de discutir sobre la derecha y la extrema derecha, sobre los debates políticos que marcan las actuaciones nacionales e internacionales, conviene tener en cuenta que el proyecto europeo se ha convertido en una molestia. El mundo de hoy mide el poder de los viejos autoritarismos con la nueva dictadura de los millonarios, la deriva del capitalismo neoliberal hacia formas económicas radicales que se fundan en la ley del más fuerte y en prepotencias identitarias que rompen el multiculturalismo, la justicia internacional, el respeto a los derechos humanos y los deseos de igualdad en el interior de los proyectos políticos.

Se trata de una mezcla fácil de entender, aunque se base en la confusión y el descrédito de la política como escudo social. Los grandes oligarcas de la economía, que hoy cuentan con el envenenamiento del aire que respiramos a través de las redes sociales, consideran como enemigo a cualquier Estado que pueda fijar normas, establecer impuestos y regular una convivencia fundada en el derecho a la igualdad. La libertad entendida como la ley del más fuerte respeta poco la diversidad, cualquier mandamiento social que intente someter las avaricias individuales a una idea de justicia social. La democracia social y los compromisos políticos quedan así trasnochados, obsoletos, fuera de lugar, en una inercia que oculta las discusiones sobre la realidad y saca partido a los escándalos. Parece que hablar de política es hablar de corrupción, deshonestidad, un teatro que nada tiene que ver con la vida de la gente.

Conviene, pues, mirar al mismo tiempo hacia la vida de la gente y hacia las discusiones políticas. El protagonismo de la extrema derecha depende hoy de su fuerza de conexión con los nuevos oligarcas en la dictadura de los millonarios que no tiene escrúpulos religiosos ni políticos a la hora de apoyar un genocidio, bombardear un país o infectar las convivencias nacionales. Los problemas políticos en el interior de la extrema derecha suponen la necesidad de sustituir las viejas mitologías identitarias por las exigencias de la nueva dictadura de los millonarios. Los patriotas españoles se ponen ahora al servicio de lo que representa Donald Trump. Y los problemas de la vieja derecha democrática tienen que ver con la necesidad de abandonar sus principios conservadores europeos y asumir una actitud antidemocrática para no quedarse fuera de juego en la nueva dinámica.

Tomarse en serio la política supone comprender que la democracia social puede quedarse fuera de juego, y eso afecta tanto a la izquierda como a la derecha democrática. Intentemos no olvidar que un escudo político democrático y riguroso es lo único que puede salvarnos de la ruptura del escudo social que quiere imponer el activismo dictatorial de los millonarios a la hora de impedir políticas sociales en asuntos como el derecho a la vivienda, la sanidad, la educación y la dignidad laboral. 

Y esos son nuestros asuntos.

Hay una frontera invisible entre lo que se llama economía y lo que, en realidad, es la organización socioeconómica de la vida cotidiana. A veces creemos que una empresa nace de un plan de negocio, de una idea brillante, de una oportunidad detectada a tiempo. Pero en muchos rincones del territorio, las empresas no nacen del cálculo, sino del vínculo. De la necesidad compartida. Del deseo de que lo que hacemos tenga sentido más allá de la ganancia.

Eso es la economía social: una red que se teje entre personas que deciden unir su esfuerzo para construir un bien común. No es un invento moderno ni una moda jurídica. Es la herencia práctica de generaciones que entendieron que nadie emprende del todo en solitario. La economía social no es un tipo de empresa: es una manera de pensar la empresa como comunidad.

Somos un territorio de experimentos comunitarios. En nuestros pueblos la economía social ha sostenido empleos y servicios donde el mercado no llegaba. Porque lo que define a la economía social no es solo su normativa, sino su ética operativa: primacía de la persona sobre el capital, participación democrática, reinversión de excedentes, compromiso con el territorio, igualdad y sostenibilidad. Una empresa así no se mide solo en beneficios económicos, sino también en beneficios sociales.

Cada sociedad laboral es, en realidad, un organismo vivo que respira al ritmo de quienes lo habitan. Se mueve, se adapta, se cuida. Cuando prospera, lo hace de forma plural; cuando sufre, también. Y esa forma de respirar, esa conjugación del plural “nosotras y nosotros”, es quizá la mayor innovación que la economía social ha ofrecido a nuestra época de individualismos precarios.

Cada año decenas de empresas viables cierran porque sus fundadores se jubilan y no hay quien continúe. Lo que se ha denominado “tsunami gris”, las jubilaciones masivas de la generación del baby boom, amenaza la continuidad de una parte importante de nuestra estructura productiva. Porque lo que muere con cada cierre no es solo una actividad económica: muere un modo de hacer, una cultura, una memoria de oficio. Pero en la economía social, el relevo no tiene por qué ser pérdida: puede ser transmisión transformadora.

Las sociedades laborales son puentes entre generaciones. Permiten que quienes trabajaron durante años en una empresa se conviertan en sus dueños, que el conocimiento acumulado se conserve, que el compromiso se refuerce. Emprender, entonces, deja de ser empezar desde cero: se convierte en heredar creativamente un legado social, en renovar sin romper. Una forma de continuidad que es también una forma de innovación.

En un mundo donde las empresas nacen para ser vendidas y las relaciones se consumen como productos, la economía social propone un gesto contracultural: permanecer. No en el sentido de estancarse, sino de echar raíces. De crecer con el territorio, de multiplicar valor sin devorarlo, de cuidar la utilidad sin perder la sensibilidad.

Quizá esa sea la lección más profunda: que el futuro no se construye con capitales especulativos, sino con comunidades duraderas. Que la verdadera sostenibilidad no está en las cuentas, sino en la coherencia de los vínculos. Y que toda empresa, antes que un modelo de negocio, puede ser una escuela de vida donde aprendemos a conjugar los pronombres personales en plural.

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Julián Menéndez es vicepresidente de la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de España (LABORPAR) y Director Gerente de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA).

La falta de consenso político se cobra una nueva víctima: las políticas sociales. A pesar del aumento en los presupuestos destinados a cada una de las comunidades autónomas, lo que invierten para políticas sociales se ha visto reducido significativamente, con un recorte de 2.364 millones de euros en 2024 respecto al año anterior. En un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, vinculan esta reducción en el gasto con la falta de unos Presupuestos Generales del Estado renovados. Su aprobación habría llevado en el pasado, aunque no de forma homogénea por parte de las comunidades autónomas, al aumento en inversión de políticas sociales. El declive actual llega, según denuncian, precisamente ante la ausencia de la aprobación de unos nuevos en los años 2024 y 2025. 

Aún así, su reducción no es algo reciente. En los últimos años, el presupuesto destinado por las autonomías ha ido bajando hasta llegar al punto actual. Si en el 2010, un 67,4% del presupuesto se destinaba a estas partidas, la cifra ha mermado hasta un 59,1% en 2024.

La crisis del covid 19 puso de manifiesto la importancia de políticas sociales efectivas. Algo que no parecen haber asimilado los gobiernos regionales, que en los últimos años sólo han incrementado un 14,5% el dinero que destinan a estas medidas, mientras que, en el resto de políticas hubo un aumento hasta 4,5 veces mayor. 

La educación, la sanidad y los servicios sociales se han visto golpeados por una caída del presupuesto en 8 puntos porcentuales. Si se ejemplifica en números, el gasto en sanidad ha caído en 6,4 puntos desde el año 2012, cuando el porcentaje se encontraba en un 37,3%. Aunque la reducción es menos brusca en la educación, esta se ha visto igualmente afectada con un contraste entre el 23,9% que recibía en 2010 y el 20,4% que ostenta ahora. 

La única política social que, no solo no se ha visto afectada, sino que ha aumentado en presupuesto han sido los servicios sociales. A pesar de lo positivo de esto, el aumento es solo de unas décimas entre el 7,3% de 2011 o 2019 y el 7,8% actual. 

En conjunto, las comunidades han aumentado el gasto en 34.542,30 millones de euros, aunque no de manera uniforme, con distintas aplicaciones e inversiones por parte de cada región. Unas dando mucho peso a lo social y otras con una discriminación presupuestaría en esta materia, como es el caso de Cataluña, Murcia o Madrid. Esto supone un aumento de la desigualdad entre comunidades, denuncian desde la Asociación, ya que las que menos invierten son precisamente las que menos han aumentado su gasto en políticas sociales por habitante en los últimos años. 

De todas ellas, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, es la que menos destina por habitante a lo social, con 574 euros menos que la media nacional. Esto contrasta con otras comunidades como Navarra, que destina 4.500 euros por ciudadano, o como el País Vasco con 4.343. Los madrileños reciben casi la mitad, con 2.703 euros por persona. 

En términos de aumento, desde el 2019 al 2024, Madrid ha sido la comunidad que menos ha aumentado su presupuesto social por habitante con 381,3 euros, mientras que la media de todo el territorio se sitúa en los 658,1 euros. 

“No podemos más”, es la desesperanza de Laura. Reside en el madrileño barrio de Carabanchel junto a su marido y sus dos hijos, uno de ellos, Álex, de 17 años, con autismo en grado máximo reconocido y conductas violentas. "Estamos en una situación límite", asegura la mujer a infoLibre. “Solo podemos ir a la calle con un monitor especializado en autismo, que ahora está de baja porque Álex le hizo una distensión en la mano”, añade, explicando que por este motivo lleva “un mes y pico sin salir de casa”.  “Cuando Álex se pone mal, el colegio me llama para que vaya a recogerlo”, relata. “Si allí no pueden con él, entre varias personas, si un monitor no puede con él, ¿qué se espera que haga yo?”, se pregunta la mujer.

“Ya no puedo llevarlo al cole sola, tiene que ayudarme mi marido entrando más tarde al trabajo”, cuenta Laura. Hay días en los que es imposible moverlo, así que la solución que encontró la familia fue poner un cerrojo en la habitación del menor que solo pudiera abrirse desde fuera. Ahora bien, ni es plato de buen gusto para su madre tenerlo encerrado y que pueda golpearse o ponerse nervioso, ni siempre consiguen que entre al cuarto, ya que físicamente es mucho más grande y fuerte que sus progenitores. “Cuando era pequeño era más manejable, ahora me saca una cabeza y media”, describe la mujer.

Patadas, golpes, bocados, puñetazos… Y hasta en una ocasión, Álex arañó las manos de su madre hasta el punto de que el portero del edificio tuvo que acudir a auxiliarla. “Ese día fue mortal, estaba todo manchado de sangre”, relata. Llegados a ese punto, lo único que queda es llamar a la Policía y al Summa, de quienes Laura dice no tener ninguna queja. Sin embargo, ellos no pueden hacer gran cosa. Por un lado, la Policía no puede llevárselo dado que el joven no está cometiendo un delito de manera consciente, sino fruto de su discapacidad. Además, en una situación así, la falta de especialización en el trastorno del menor podría jugar malas pasadas, ya que se podría poner nervioso en el coche patrulla y hacer daño a los agentes o a sí mismo. Por otro lado, el Summa, según confirma a este medio la responsable de Comunicación del servicio, Elena Mohíno, se ocupa de “si requiere atención sanitaria en domicilio por un brote o cualquier patología y, si es necesario, del traslado” a un centro sanitario.

“Sola” es la palabra que Laura utiliza para explicar cómo se siente al tratar de hacer frente a esta situación. Sola, entre otras cosas, ante el abandono de la Administración Pública, de la cual solo recibe 450 euros mensuales por un grado 3 de dependencia del menor y otros 100 de ayuda para pagar al monitor que tienen contratado. “Con esto y el sueldo de mi marido no alcanzamos para pagar todo”, cuenta. Preguntada por a qué se refiere con ese “todo” hablando de los gastos a los que tiene que hacer frente, la mujer enumera psicólogos para sus dos hijos, un monitor de lunes a viernes desde las 16.00 horas, cuando Álex sale del Colegio de Educación Especial, y los gastos propios de una familia: comida, ropa, transporte... “Y yo no trabajo. Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi hijo”, dice. “Lo ideal sería alguien que me acompañe todo el tiempo, pero tampoco quiere venir nadie, ni hombres ni mujeres, nadie”, lamenta la mujer.

La Comunidad de Madrid cuenta con el espacio para atender las necesidades del joven, concretamente, el Hogar Residencia APANID de Getafe, especializado en personas con trastornos intelectuales, alto nivel de dependencia y alteraciones de conducta. Sin embargo, para ingresar en este centro es necesario cumplir con una serie de requisitos, como tener reconocida la discapacidad y que “el usuario carezca de familia o no pueda ser atendido por esta en razón de su discapacidad u otras circunstancias”, según se refleja en su página web.

El caso concreto de esta familia es que cuentan con informes favorables de Asuntos Sociales y las áreas de Psiquiatría y Trabajos Sociales del hospital para que Álex consiga una plaza en dicho centro. Sin embargo, la solicitud de ingreso acaba en papel mojado una vez llega a manos del Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que deniegan el ingreso alegando que la familia puede hacerse cargo de él por sí misma y que esas plazas están reservadas a menores en situaciones de vulnerabilidad, como abandono o malos tratos. “Nos dicen que lo estamos haciendo bien y que busquemos ayuda profesional, que es precisamente lo que hacemos al pedir la ayuda”, cuenta la madre de Álex. "Básicamente, nos invitan a buscarnos la vida".

“A veces me pregunto si, para que nos concedan una de las plazas del centro, deberíamos de abandonar a Álex en alguno de sus ingresos al hospital o decir que algunas de las heridas que se ha hecho él, se las hicimos nosotros”, confiesa Laura. "Lo que ocurre es que ahí entraría la ley, tendríamos miedo a consecuencias legales o que nos 'castiguen' con no volver a verlo", reflexiona. “Todo esto ya no lo hacemos por nosotros, sino por su propia seguridad. Una vez le dio una patada a una ventana y, además de acabar con la pierna llena de heridas, tuvimos miedo de que se cayera hacia fuera”.

infoLibre se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para conocer su valoración sobre el tema, pero no ha obtenido respuesta.

La familia denuncia también la falta de especialización y recursos de los hospitales y centros educativos que atienden a su hijo cuando sufre picos de agresividad. "Cuando en el colegio, uno concreto de Educación Especial, no pueden controlarlo, me llaman con la excusa de que tienen a más niños y no se pueden hacer cargo de él". Y de igual manera en el hospital, cuando Álex debe ser ingresado en pleno brote, piden a la madre que ingrese junto a él, en la misma habitación. "En los ingresos todo es aún peor, al cambiar las rutinas de mi hijo se pone más nervioso y agrede más", recalca la madre, que relata que en una ocasión incluso recibió un empujó que la dejó en el suelo y recibió sendas patadas en la cabeza. "Siempre pido la cama más cercana a la puerta, por si tengo que salir corriendo".

Sobre los motivos, la entrevistada asegura que, al preguntar en el hospital el porqué de la decisión, los médicos apelan a la falta de recursos y personal. "Nos comentan que necesitarían a alguien que le atendiese las 24 horas", relata. Asimismo, la madre también apela a la falta de especialización de los centros médicos, señalado que la planta de psiquiatría es una especie de cajón de sastre donde "entra todo": "Juntan a mi hijo con pacientes de anorexia, trastornos de la personalidad, etc. y solo le medican. Ese no es su sitio".

En aras de ese consenso, el grupo confederal no ha registrado aún su propuesta en la Cámara y espera recibir aportaciones de diversos ámbitos antes de hacerlo, previsiblemente, ya después del verano, en el próximo periodo de sesiones.

La propuesta es similar a la ya registrada por Podemos en 2019, pero que no se tramitó por la disolución de las Cortes, con algunas actualizaciones relativas, sobre todo, a las deficiencias en este ámbito que ha puesto de manifiesto la pandemia, según informa Europa Press.

Después de que Más País haya hecho bandera de este asunto, Echenique ha querido subrayar que Unidas Podemos fue la primera formación que registró, en su momento, una ley específica sobre salud mental.

"En política es importante lo que se dice, pero sobre todo es importante lo que se hace. Afortunadamente en los últimos meses, se ha abierto un debate público sobre este tema y ahora toca pasar de las palabras a los hechos", ha afirmado.

Más profesionales

Según han avanzado Echenique y la portavoz de Sanidad de Unidas Podemos, Rosa Medel, la norma apuesta por un aumento "decidido" en recursos humanos para acercar a España a las ratios europeas. En España, ha explicado el portavoz, hay seis psicológicos y diez psiquiatas por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 que hay de media en los países de nuestro entorno.

Poniendo fin a la "falta crónica de profesionales", también en el ámbito de la enfermería, Unidas Podemos persigue garantizar el acceso de todos los que lo necesiten a la salud mental, de manera que, en palabras de Echenique "no sea un derecho de clase".

En este sentido, ha asegurado que su formación va a exigir "que se cumpla hsta el último punto del acuerdo de Gobierno" que suscribió con el PSOE para avanzar en "justicia social" y que se revierta la "infrafinanciación histórica" que arrastra el sistema público de salud para dotarlo de más profesionales y acabar con las listas de espera.

Entre las medidas incluidas en la ley destaca la de "obligar" a las empresas a "proteger" la salud mental de las plantillas, de manera que ésta forme parte del "deber de protección de riesgos laborales".

También incluye medidas para acabar con el "estigma" de los enfermos mentales, garantizar que se tiene en cuenta su opinión y son debidamente informados sobre los posibles tratamientos, una atención con perspectiva de género, y una revisión quinquenal de las estrategias de salud mental, para que estén permanentemente actualizadas, todo, ha remarcado Echenique, con "escrupuloso respeto" a las competencias autonómicas, puesto que ya sanidad está transferida.

Asocimi, el lobby de los fondos de inversión inmobiliarios, y Hogar Sí, la ONG cuyo objetivo es que ninguna persona viva en la calle, han presentado este jueves un proyecto pionero para combatir el sinhogarismo en España. La patronal de las somicis, que gestiona más de 40 mil millones de euros en activos en bolsa, y la entidad solidaria, con más de 20 años de historia trabajando con personas en situación de calle, han firmado un acuerdo para la puesta en marcha de Primero H Socimi Social, una entidad que pretende convertirse en un referente para mejorar la vida de las 33.000 personas sin hogar que viven en España, según el último informe al respecto elaborado por Cáritas en colaboración con diversos agentes sociales y gubernamentales.

La iniciativa busca, según sus promotores, aglutinar a empresas, agentes sociales y gubernamentales y personas individuales para dar visibilidad a un problema que requiere de más presencia en la agenda pública y social. “Dime cómo tratas a los más vulnerables y te diré de qué clase de sociedad eres”, sentencia Marian Juste, presidenta de Hogar Sí.

Con más de 20 años de experiencia en el tercer sector, Juste afirma que el sinhogarismo es un problema estructural, no una consecuencia de malas decisiones por parte de diferentes individuos y que la respuesta al problema es ineficiente porque está basada en el asistencialismo. Lo representa con una metáfora: “Una fórmula de escalera”, en la que las personas van subiendo poco a poco, accediendo a un comedor social, un albergue… pero eventualmente caen de nuevo al primer peldaño. Un bucle en el que las personas se ven atrapadas de forma permanente.

Hogar Sí gestiona el programa Housing First, que cuenta con 300 viviendas destinadas a alquiler social y en la que colaboran diversos ayuntamientos. Pone el ejemplo de Juan, una persona que vivió durante 10 años en la calle y fue integrada en el programa: accedió a una vivienda, obtuvo su DNI y tarjeta sanitaria, y ahora cuenta con un empleo a tiempo parcial con el que paga parte de su alquiler. Este modelo es el objetivo: lograr, eventualmente, la inclusión social y la independencia económica para las personas en situación de calle.

Crear un parque de Viviendas

Javier Basotegui, presidente de Asocimi, explica que el modelo de funcionamiento del proyecto está basado en la inversión de impacto: atraer capital para comprar viviendas y alquilarlas a través de entidades sociales a un precio asequible, y a su vez ofrecer a los inversores un retorno financiero, aunque admite que la rentabilidad será mucho más baja. Según indica, la media está en torno al 4% y en este caso sería de un 1.5 o 2%. Además, reitera que el proyecto está abierto a todas las personas físicas y empresas que quieran adherirse, ya sea a través de inversiones, viviendas particulares o un proyecto de crowfunding que será lanzado en los próximos meses.

En el caso de los particulares, ha aclarado que la aportación del inmueble a la sociedad se realiza “a través de una tasación independiente llevada a cabo por el Registro de la Propiedad”. Posteriormente, un asesor jurídico establecerá cuántas acciones de la empresa le corresponden al particular por la aportación de dicha vivienda.

Un comité ético, conformado por ambas organizaciones, será el encargado de monitorizar el proceso. En sus palabras, “un vigilante que se encargue de que se cumpla el objeto social”.

También cuentan con una asesoría legal pro bono (sin retribución económica) que realizará el despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo, y han confirmado la colaboración de diversas entidades legales, inmobiliarias y consultorías que estarán presentes en el la iniciativa: DA Lawyers, Price Waterhouse España y la consultora Gesvalt, entre otras.

Las dos entidades que han fundado el proyecto tienen una serie de responsabilidades independientes: ASOCIMI será la encargada de gestionar las inversiones y la adquisición de los inmuebles, desde el punto de vista económico y jurídico, y ofrecerá esas viviendas a los diferentes agentes sociales, con Hogar Sí a la cabeza, para crear los alquileres sociales. El objetivo es adquirir, al menos, 170 viviendas en los primeros tres años de funcionamiento, pero se muestran optimistas de cara a mejorar estas previsiones.

Precios y garantías de pago

El presidente de Asocimi ha ofrecido datos sobre el precio de esos alquileres sociales. Su intención es bajar el alquiler sobre el valor de mercado, que en la actualidad se encuentra en torno a 500 euros al mes. A través de financiación pública y privada y aportaciones que reciben las ONG y asociaciones que estarán presentes en el conglomerado, asegura que el contrato final puede ascender a unos 200 euros al mes.

Además, ha informado de que recientemente han mantenido una reunión con David Lucas, Secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda, para explorar la implicación de las Administraciones Públicas y la posibilidad de que aporten activos inmobiliarios. “Se interesó muchísimo en el proyecto y nos preguntó cómo incorporarse”. Además, destaca que el Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios también se han mostrado favorables a participar en la iniciativa.

También ha recalcado que hay un 100% de garantía de pago de los alquileres. La gestión va a estar en manos de las asociaciones, que se encargarán de que ninguna inversión se vea perjudicada por impagos.

Dejó atrás el olor a musgo y setas del bosque de su pueblo, Arbúcies, en Girona, con solo catorce años. A los dieciocho, aterrizó en Reino Unido para trabajar en un restaurante de una estrella Michelin, en plena campiña inglesa. Y a los veinte, ya formaba parte del equipo de sala del mítico y ya desaparecido Can Fabes. Premio Nacional de Gastronomía, Mejor Maître de España, Grand Prix d’Art de la Salle… a Abel Valverde no le importan los reconocimientos. Su gran logro es haber encontrado el equilibrio entre su vida personal y profesional y haber contribuido a dignificar su oficio. También, conseguir sacar adelante Universo Santi, en Jerez de la Frontera, el primer restaurante 100% inclusivo de alta cocina en España: “Desde el principio, nuestro objetivo era que fuera llevado enteramente por gente con discapacidad. Hemos roto muchos tópicos”.

La historia del jefe de sala del Restaurante Santceloni de Madrid, hoy cerrado por la pandemia, es la del éxito prematuro, con sus luces y sus sombras. Antes de convertirse en maestro quesero y escribir su primer libro, vivió a doscientos por hora, por y para trabajar. Hasta que un día, con veinticinco años, miró a los ojos a la aterradora cara del estrés y su cuerpo dijo basta: “Tenía hipertensión, colesterol, azúcar, pesaba 110 kilos… Estaba totalmente ido. Comía a deshoras, no tenía rutinas, incluso dormía debajo de la mesa del restaurante para ganar tiempo”. Hoy, muy delgado, es imposible imaginarlo así. Esa época, reconoce, fue un punto de inflexión que le hizo replantearse su vida. Aprendió a conciliar, a cuidarse, a dedicarse tiempo, y a darse la oportunidad de formar una familia, sin renunciar a seguir creciendo en su carrera. En esto, su mentor, el chef y fundador de Can Fabes, Santi Santamaría, fallecido en 2011, jugó un papel esencial.

Todavía hoy sigue soñando por las noches con los servicios, intensos y apasionantes, en el gran Racó de Can Fabes. “Santi fue mi padre gastronómico, mi tutor, mi guía. Siempre que emprendo o que hago algo, pienso en qué haría él, qué diría él”, reconoce emocionado. El catalán fue un pionero y un revolucionario en el mundo de la cocina. Muchos le admiraban… Tanto como para crear un restaurante en su honor que recogiese su legado gastronómico y su compromiso social, algo que en su trayectoria siempre estuvo muy presente: “Trasladamos las cocinas del Can Fabes a Universo Santi, todo fue financiado con donaciones de empresas y con el apoyo de su familia, de la Fundación Universo Accesible y DKV”.

El que empezó “jugando” a ser camarero en el bar del pueblo que montaron sus padres, viste hoy traje azul marino y una camisa blanca impecable. Habla tranquilo y sosegado, pensando cada palabra antes de decirla. Y cuando atiende una mesa es pulcro y superdetallista, al igual que los camareros de Universo Santi al servir cada uno de los platos, interpretaciones de algunas de las recetas históricas del Can Fabes. El Síndrome de Down, la discapacidad visual o la fibromialgia no son un impedimento. “Las barreras a la gente con discapacidad se las ponemos nosotros más que ellos. Han demostrado que son capaces de hacer un servicio fantástico y de tener una cocina metódica, a la altura de un restaurante gastronómico”, reconoce con orgullo el maître.

“¡Fucking spanish!”

Los trabajadores de Universo Santi aprendieron a ser buenos camareros en la escuela de formación del propio restaurante. Abel en su primera experiencia profesional en Reino Unido, en aquel idílico hotel frente a un lago, nada más cumplir la mayoría de edad. Era efectivo, rápido, resolutivo, pero eso en Inglaterra no se llevaba. “Me acuerdo que uno de los primeros días, cuando cogí a la vez tres platos, el chef me gritó: ‘Fucking spanish, you are not in Spain!’, recuerda. “Allí me enseñaron que tenía que ir a la mesa con un solo plato y explicárselo bien al cliente. El trabajo tenía que ser lento, tranquilo, sincronizado... Elegante”. Universo Santi, como el restaurante de la campiña, también aspira a tener una estrella Michelin. “A mí lo que más miedo me daba al principio eran los prejuicios, pero nada más lejos, se ganan al cliente en cinco minutos, con una sonrisa”.

La Organización Sindical Mundial en el sector de Cuidados (UNOCARE) ha convocado para este jueves 1 de octubre concentraciones a nivel global por el Día de Acción Mundial para el Personal de la Dependencia en el que los profesionales exigirán mejoras en sus condiciones laborales y que, en España, cuentan con el respaldo de Comisiones Obreras.

En concreto, estas movilizaciones reclaman que "no se puede esperar a que termine la pandemia para mejorar las condiciones laborales del personal" en el sector de la dependencia y creen que "ahora es el momento de construir un escudo humano contra el covid19 " con "salarios decentes, más personal, lugares de trabajo seguros".

UNICARE también reclama que se reconozca "el papel vital que los trabajadores y trabajadoras de cuidados desempeñan en nuestras sociedades" y exigen a los gobiernos y los empleadores de todo el mundo una "reforma centrada en los trabajadores". A su juicio, el sector no estará preparado para proporcionar cuidados decentes a la creciente población de edad avanzada o para hacer frente a una futura pandemia.

CC.OO apunta que, en la España anterior a la pandemia, "ya estaba el sector movilizado". Se trata, explican, de "un sector altamente feminizado, con un alto índice de absentismo laboral por la alta medicalización de sus trabajadoras ocasionadas por lesiones musculoesqueléticas, y con bajos salarios, y con un convenio de ámbito estatal que está paralizado".

Aumentar ratios y poner en valor al sector 

Además de convocar movilizaciones este 1 de octubre, CC.OO mantendrá un calendario de movilizaciones, reclamando ante los gobiernos autonómicos y estatal mayor financiación para mejorar las actuales condiciones laborales y retributivas, y mejorar la atención a las personas dependientes, explican.

Para ello, CC.OO considera "imprescindible" aumentar las ratios de personal, que se han declarado totalmente insuficientes en la pandemia, y ya lo eran antes.

"Es la hora de poner en valor al sector de los cuidados, sector que ha visto como en la época de crisis se produjo un estancamiento en la financiación de estos servicios tan esenciales para la ciudadanía, sobre todo del Gobierno del Estado; por ello, reclamamos una mayor financiación para corregir el actual desfase entre lo que aporta el Estado y lo que aportan las comunidades", concluye el sindicato.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente de Hacienda, ha concedido la medida cautelar solicitada por la patronal hotelera que impugnó los pliegos del concurso de los viajes del Imserso para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, por "los perjuicios de difícil o imposible reparación que pudieran derivarse de la continuación del procedimiento de licitación". La medida, provisional y habitual en este tipo de recursos, no condiciona su resolución, según informa Europa Press.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) impugnó a principios de mayo los pliegos del concurso de los viajes del Imserso, tras recibir luz verde de las 51 asociaciones hoteleras a las que representa (15.000 establecimientos y 1,8 millones de plazas), por considerar que "lesionan gravemente" los intereses del sector y ser "absolutamente incompatibles" con el producto de calidad que deben ofrecer.

La decisión del Tribunal, que paraliza el actual procedimiento de contratación de los viajes del Imserso para las dos próximas temporadas provisionalmente, no entra sin embargo en el fondo del asunto. En su resolución preliminar, a la que ha tenido acceso Europa Press, indica que "el análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuidad por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede a suspender provisionalmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso".

En un comunicado, la patronal hotelera señala que con esta decisión se solventa la primera de las actuaciones y la primera de las incógnitas: "de momento no se licitará el programa a ninguno de los aspirantes hasta tanto en cuanto el propio tribunal resuelva sobre el fondo del asunto". La patronal hotelera explica que la estimación de la medida cautelar por parte del Tribunal, "si bien no condiciona el resultado del procedimiento, certifica que se cumple uno de los requisitos fundamentales del procedimiento, esto es, que el recurso tiene una base jurídica sólida".

Los hoteles esperan reunirse con Turismo y Sanidad 

Por ello, se han mostrado satisfechos con esta resolución preliminar, y esperan poder reunirse con los responsables de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Sanidad y Asuntos Sociales para poder consensuar una salida a este conflicto que pueda satisfacer a todos los implicados. La semana pasada, su presidente Juan Molas, avanzó que la ministra en funciones de Turismo, Reyes Maroto, les garantizó una reunión en un corto plazo –de unos diez días– a alto nivel para atender a sus peticiones. Aunque el programa es competencia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Según denuncian, los paquetes "suponen una rebaja del 8%, 10% y hasta el 12% sobre los precios de mercado" lo que, unido al incremento de servicios para un servicio de calidad, hace difícil garantizar los puestos de trabajo en hoteles que no estarían abiertos durante el invierno, y todo ello "sin perder el espíritu del programa". La patronal hotelera considera lesivo las revisiones para la segunda, tercera y cuarta anualidad: una revisión al alza del 0,92% para 2020 y la congelación (0%) para 2021 y 2022, los dos años de prórroga que se contemplan. Con estas condiciones, han advertido de que "muchos hoteles" cerrarán en invierno, reclaman mayor dotación y que se modernice.

Así señalan que, para evitar las pérdidas, el precio por persona y día debería situarse en el entorno a los 25 euros (actualmente está entre 22,10 y 22,50 euros) teniendo en cuenta todos los servicios. La patronal hotelera considera lesivo las revisiones para la segunda, tercera y cuarta anualidad: una revisión al alza del 0,92% para 2020 y la congelación (0%) para 2021 y 2022, los dos años de prórroga que se contemplan.

El plazo para presentar ofertas finalizó el día 17 

El plazo para presentar ofertas a la licitación del Imserso finalizó el 17 de mayo, según figura en la documentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público (LSCP) por la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y se espera iniciar la comercialización en agencias de viajes en septiembre. De acuerdo con lo establecido en el art.49.4 de la Ley de Contratación del Sector Público, salvo que se acuerde lo contrario por el Tribunal, la suspensión del procedimiento que pueda adoptarse cautelarmente no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados.

Además, según el art. 56.3 se dispone que el Tribunal, en el plazo de los cinco días concedidos a los interesados para la presentación de alegaciones, y de forma simultánea a este trámite, decidirá acerca de las medidas cautelares solicitadas. De esta forma, según lo establecido en los artículos 49 y 56 de la LSCP, y en el art. 57.3 del mismo texto legal, será la resolución de los recursos la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada.

El programa ofrecerá 900.000 plazas agrupadas en tres lotes: costa insular, esto es Canarias y Baleares (valorado en 39,6 millones de euros); turismo en zonas de costa peninsular (52,9 millones de euros) y turismo de interior y procedencia europea (17,5 millones de euros). Mundosenior, Mundiplan y Traveltino Senior son las tres empresas que pujan en este concurso.

infoLibre continúa la serie de artículos sobre los principales indicadores socioeconómicos de las autonomías, así como de las ciudades más pobladas. Tras el repaso a las principales magnitudes económicas [ver aquí], el foco se centra ahora en la sanidad, la dependencia y la educación. El examen se ciñe a las comunidades que celebran elecciones el 26 de mayo: Comunidad de Madrid (PP), Castilla y León (PP), Canarias (Coalición Canaria), Castilla La Mancha (PSOE), Región de Murcia (PP), Aragón (PSOE-Chunta Aragonesista), Islas Baleares (PSOE-Més), Extremadura (PP), Principado de Asturias (PSOE), Navarra (Geroa Bai-Bildu-Podemos-Ezkerra), Cantabria (Partido Regionalista Cántabro-PSOE) y La Rioja (PP).

  1. GASTO EN SALUD: DE BALEARES A LA RIOJA

Todas las comunidades suben su gasto sanitario entre los ejercicios de 2015 y 2017, último con datos homogéneos cerrados. La que más incrementa porcentualmente su gasto sanitario es Baleares, que pasa de 1.441,53 a 1.557,12 millones de euros, un incremento del 8,01%. La que menos es La Rioja, que pasa de 434,11 a 444,01 millones, una subida del 2,28%.

El promedio del alza del gasto sanitario es del 4,51%, el que implica la subida de 2.745,02 millones en el global autonómico (de 60.748,86 a 63.493,88 millones). Están por encima de la media , además de Baleares, Navarra (7,15%), Asturias (6,21%), Aragón (5,1%), Murcia (5,06%) y Canarias (4,71%).

Las que menos han subido el porcentaje de su inversión sanitaria son La Rioja (2,28%), Madrid (2,3%), Cantabria (2,73%), Castilla y León (2,97%), Castilla La Mancha (4,13%), Extremadura (4,2%) y Canarias (4,71%).

  2. CONCERTACIÓN SANITARIA: SUBE BALEARES

El gasto de las comunidades en concertación sanitaria –recursos públicos dedicados a prestación de servicios por compañías privadas– ha subido entre 2015 y 2017 de 5.837,02 a 6.030,01 millones (+3,3%). La partida está en máximos históricos, lo que a su vez ha disparado las cifras de negocio del sector, todo ello a pesar de que el gasto sanitario global sigue por debajo del umbral precrisis.

No todas las comunidades incrementan el gasto en concertación en el ciclo 2015-2017: Aragón (-18,1%), La Rioja (-7,7%), Madrid (-7,21%), Castilla y León (-3,65), Navarra (-0,99%) y Cantabria (-0,98%) rebajan esta partida.

Las administraciones autonómicas que más incrementan porcentualmente el dinero dedicado a sanidad privada son Baleares (19,59%), Asturias (9,83%), Murcia (6,6%), Canarias (0,79%), Castilla La Mancha (0,78%) y Extremadura (0,47%).

La concertación tiene un peso especialmente alto con respecto al total del gasto sanitario en la Comunidad de Madrid (11,2%), Baleares (11,1%) y Canarias (9,6%). Las que menos porción de su gasto sanitario dedican a esta partida son Cantabria (3,5%), Castilla y León (3,7%) y Aragón (4,2%).

Baleares, la comunidad en la que más ha crecido el gasto sanitario, es a la vez la segunda que más dedica porcentualmente a la concertación, y la que más ha incrementado su dedicación de recursos a la misma.

  3. PRIVATIZACIÓN: DESTACA MADRID

El gasto en concertación no es el único indicador de privatización de un sistema de salud. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha hecho un análisis de nueve variables a partir de los datos de los ministerios de Sanidad y Hacienda, del Instituto Nacional de Estadística y de las memorias de Muface, la Mutualidad General Judicial y el lobby de la sanidad privada IDIS: 1) porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios; 2) gasto en seguros privados per cápita; 3) gasto sanitario de bolsillo per cápita; 4) índice de camas privadas sobre el total; 5) porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total; 6) porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados; 7) número de consultas anuales a especialistas del sector privado; 8) número de consultas anuales al médico de cabecera en el sector privado; y 9) presencia de modelos de colaboración público-privada. Como resultado se obtiene un ranking de privatización, ordenado desde la sanidad que está más privatizada (Madrid) a la que menos lo está (Extremadura):

– Comunidades con un "elevado grado de privatización":

1) Madrid: 31 puntos.

2) Cataluña: 29.

3) Baleares: 25.

4) Canarias: 24.

5) País Vasco: 24.

– Comunidades con "grado intermedio de privatización":

6) Castilla y León: 20.

7) Comunitat Valenciana: 20 .

8) Galicia: 19.

9) Comunidad de Murcia: 19.

10) Navarra: 19.

11) Aragón: 18 .

12) Cantabria: 18.

13) La Rioja: 18.

– Comunidades con "bajo grado de privatización":

14) Asturias: 16.

15) Andalucía: 15.

16) Castilla La Mancha: 13.

17) Extremadura: 12.

La privatización va a más sin excepción. Todas las comunidades muestran un mayor indicador de privatización en 2019 que en 2015, observando el primero (2015) y el último (2019) de los informes de la Fadsp. Las tres que más incrementan su índice de privatización son Madrid (8 puntos), Baleares (7) y Canarias (7).

  4. LISTAS DE ESPERA: LA MAYORÍA MEJORA

Las listas de espera son objeto central del debate social y político en torno a la sanidad. La evolución de la tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes entre diciembre de 2015 y junio de 2018 permite componer una clasificación desde la que más usuarios de la sanidad tiene pendientes de fecha para operación (Extremadura) a la que menos (Madrid):

– Extremadura: 19,97% de pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes.

– Región de Murcia: 18,5%.

– Castilla La Mancha: 18,44%.

– Asturias: 17,03%.

– Cantabria: 15,41%.

– La Rioja: 14,82%.

– Canarias: 13,57%

– Aragón: 13,13%

– Navarra: 12,39%.

– Islas Baleares: 11,97%

– Castilla y León: 10,1%.

– Madrid: 8,05%.

Los datos, que han sido objeto de controversia y de acusaciones cruzadas de maquillaje, son ofrecidos por las comunidades al Ministerio de Sanidad. Madrid, la comunidad con menor lista de espera, es a su vez la única que empeora entre 2015 y 2018, pasando del 5,96% al 8,05%. La que más mejora es Aragón, que logra bajar la tasa 3,86 puntos. También consiguen fuertes bajadas Extremadura (3,7 puntos), Navarra (2,75), Canarias (2,41) y Castilla La Mancha (2,27).

  5. TIEMPO DE ESPERA: 100 DÍAS DE DIFERENCIA

El mayor tiempo medio de espera quirúrgico, comparando datos de diciembre de 2015 y junio de 2018, se sufre en Canarias (147 días). No obstante, hay que recalcar que está entre las que más han recortado el tiempo medio durante el ciclo estudiado: 29 días, pasando de 176 a 147. Los que menos esperan son los riojanos y los madrileños (47 días). Hay cien días de diferencia entre comunidades.

Las otras comunidades en las que más se espera más de cien días son Castilla La Mancha (137) y Extremadura (105). Pero la evolución de ambas es dispar. Castilla La Mancha es la única que empeora el dato entre el cierre de 2015 y junio de 2018, incrementando el tiempo medio de espera en 19 días. Una excepción en lo negativo. Extremadura, en cambio, es la que más lo reduce: 39 días. Ambas ofrecen malos resultados, pero al menos Extremadura mejora.

Entre las que menos se espera se encuentran, además de Madrid y La Rioja, las comunidades de Navarra (62), Asturias (63) y Castilla y León (65). Destaca el trabajo de Navarra, que pasa de 100 a 62 días.

  6. VALORACIÓN SANITARIA: ESCASA DIFERENCIA

La pregunta del barómetro del Ministerio de Sanidad es clara: "En general, ¿está Ud. satisfecho o insatisfecho con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para contestar utilice una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho' y el 10 que está 'muy satisfecho'". Las respuestas en las distintas comunidades permiten componer una nota media y ver su evolución entre 2015 y 2018. La lista empieza por la comunidad que presenta una mayor satisfacción con el sistema sanitario (Aragón) y termina con la opuesta (Canarias):

– Aragón: Pasa de 7,18 a 7,28, con lo que mejora 0,1 puntos.

– Asturias: De 6,83 a 7,21 (+0,38).

– Navarra: De 7,06 a 7,14 (+0,08).

– Cantabria: De 6,93 a 6,99 (+0,06).

– La Rioja: De 7,23 a 6,84 (-0,39).

– Madrid: De 6,59 a 6,81 (+0,22).

– Murcia: De 7,1 a 6,8 (-0,3%).

– Castilla La Mancha: De 6,06 a 6,69 (+0,63).

– Extremadura: De 6,51 a 6,6 (+0,09).

– Castilla y León: De 6,7 a 6,65 (-0,05).

– Baleares: De 6,62 a 6,58: (-0,04).

– Canarias: De 5,8 a 6,18 (+0,38).

Empeoran su valoración sobre el sistema sanitario los ciudadanos de La Rioja (0,39 puntos), Castilla y León (0,05) y Baleares (0,04). La comunidad en la que más mejora el dato es Castilla La Mancha (0,63). No hay grandes diferencias entre autonomías: sólo 1,1 puntos entre Aragón y Canarias. Es en conjunto una visión bastante positiva.

  7. DEPENDENCIA: DE ARAGÓN A CANTABRIA

Hay en España un total de 1.318.141 personas en situación de dependencia reconocida. Otras 129.142 están pendientes de valoración, según los datos facilitados a infoLibre por la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales. El 19% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 250.000 personas y a sus familias.

Esta asociación denuncia que la Administración General del Estado ha aplicado un "recorte" a raíz del decreto ley 20/2012 que suma 3.154 millones. El gasto estatal en dependencia viene siendo del 20%, lo cual obliga a las autonomías a poner el 80% restante, lejos del reparto 50%-50% establecido normativamente.

El 2,3% de la población se beneficia de alguna prestación o servicio del Sistema de Atención a la Dependencia (1.064.795). Por comunidades destacan Castilla y León (4,1%), País Vasco (2,9%) y Castilla La Mancha (2,9%). El menor desarrollo del sistema se da en la Comunitat Valenciana (1,6%), Baleares (1,6%) y Canarias (1%).

A lo largo del ciclo 2015-2019 se ha incrementado el número de personas atendidas en 320.498, con una media del 43,1% en el incremento. Destacan por el esfuerzo los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana (+86%), Aragón (+79%) y Castilla La Mancha (69,4%). Y se sitúan por debajo de la media Andalucía (+29%), Cantabria (+28%) y Cataluña (+22,7%).

La lista de espera se ha reducido un 43,5% de media. Destacan por arriba las comunidades de Castilla y León (92,2%), Castilla La Mancha (76,6%) y Navarra (75,5%). Por debajo, las que menos han reducido esa lista de espera han sido Cataluña (4%), Cantabria (9,9%) y La Rioja (15,5%).

  8. GASTO EN EDUCACIÓN: CRECIMIENTO MEDIO DEL 5,69%

Al igual que ocurre con la sanidad, la que más incrementa porcentualmente su gasto educativo es Baleares, que pasa de 823,47 a 913,86 millones entre 2015 y 2017, lo que supone una subida del 10,97%. La que menos sube es Extremadura (0,27%).

La media del incremento es del 5,69%. Por encima se encuentran, además de Baleares, las comunidades de Navarra (9,73%), Aragón (8,76%), Canarias (6,24%) y Murcia (5,81%).

El gasto público educativo, descontada Extremadura, crece menos de la media en La Rioja (2,22%), Castilla y León (2,27%), Asturias (2,42%), Castilla La Mancha (4,02%), Cantabria (4,78%) y Madrid (4,84%).

  9. CONCERTACIÓN EDUCATIVA: DOS EXCEPCIONES

La tendencia del gasto en educación concertada es similar a la que se vive en la sanidad. Los recursos públicos destinados a conciertos baten récord mientras no se llega a recuperar del todo el nivel de gasto público previo a la crisis. Pero el comportamiento no es homogéneo en todas las comunidades, comparando los datos entre 2015 y 2017. Todas dedican ahora más dinero a educación concertada salvo dos, Asturias y Baleares, donde las partida ha caído un 1,98% y un 4,74%, respectivamente. Aquí el comportamiento de la administración balear es el contrario al que se da en la sanidad. Es decir, es la que más sube la inversión en ambos casos, pero mientras apuesta fuerte por la concertación sanitaria, no lo hace por la educativa.

Las comunidades donde más ha aumentado el gasto en concertada son: Cantabria (8,17%), La Rioja (6,42%), y Castilla y León (6,13%).

El peso relativo del gasto en concertada –controlada en alrededor de un 60% por la Iglesia católica– con respecto a la inversión educativa total es de media un 14,9%. Las tres que más porcentaje dedican, de entre las que celebran elecciones el 26 de mayo, son Madrid (19,66%), Baleares (18,17%) y La Rioja (17,95%). Las que menos, Canarias (7,95%), Extremadura (8,34%) y Castilla La Mancha (9,23%).

  10. ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO

El abandono educativo temprano ha caído en España 1,7 puntos entre el cierre de 2015 y el de 2017 (del 20% al 18,3%). Es un indicador de máximo interés socioeducativo: el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación. No se puede hablar de éxito social en ningún caso sin esta magnitud bajo control. Y no en todos los casos está bajo control. En Baleares, Murcia y Castilla La Mancha está por encima del 20%.

Veamos la clasificación desde la que más tasa de abandono educativo temprano tiene (Baleares) a la que menos (Cantabria).

– Islas Baleares. Pasa del 26,7% al 26,5%, una caída del 0,2%. Caída insuficiente, porque sigue siendo la que tiene mayor tasa de abandono educativo temprano, relacionada con el empleo generado por el turismo. Recordemos [ver el anterior artículo de esta serie] que el impactante despegue de Baleares en indicadores vinculados a la creación de riqueza no se ha trasladado en la misma medida a la reducción de la desigualdad.

– Murcia: Del 23,6% al 23,1% (-0,5).

– Castilla La Mancha: Del 20,8% al 22,1% (+1,3).

– Extremadura: Del 24,5% al 19,2% (-5,3).

– Canarias: Del 21,9% al 17,5% (-4,4).

– Castilla y León: Se mantiene en el 16,7%.

– Aragón: Del 19,5% al 16,4% (-3,1).

– Asturias: Del 16,8% al 14,8% (-4)

– Madrid: Del 15,6% al 13,9% (-1,7).

– La Rioja: Del 21,5% al 12,9% (-8,6).

– Navarra: Del 10,8% al 11,3% (+0,5).

– Cantabria: Del 10,3 al 8,9 (-1,4).

La que más reduce su tasa de abandono escolar temprano es La Rioja (8,6 puntos). Sólo en dos comunidades sube: Navarra y Castilla La Mancha. En este segundo caso es más grave, porque crece más y porque ya de por sí es más alta. No sólo está entre las peores en este campo, sino que además es la que más empeora. _____________

infoLibre publicó este domingo el primer artículo de la serie que analiza las políticas autonómicas y locales. Lo puedes consultar aquí:

Chequeo a las autonomías antes de las urnas del 26M: del salto económico de Baleares al déficit disparado de Murcia

La entrega de mañana martes se centra en la evolución de las 16 principales ciudades.

La Comisión Europea calcula que España cerrará este año con un déficit público equivalente al 2,3% del PIB, un porcentaje que es dos décimas superior a la estimación que hizo en noviembre, y tres décimas mayor que la previsión del Gobierno reflejada en el Plan de Estabilidad que envió a las autoridades comunitarias la pasada semana, según informa Europa Press.

Bruselas piensa, por tanto, que la economía española reducirá menos de dos décimas el desvío de las cuentas de las administraciones públicas, desde el 2,48% registrado en 2018. Esta previsión, explica el informe, se basa en un presupuesto prorrogado para este año y tiene en cuenta todas las medidas de gasto aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de decretos leyes.

De hecho, la Comisión Europea destaca que el ciclo económico "favorable" y los menores costes de la deuda compensarán "parcialmente" el efecto de estas medidas, algunas de las cuales son "temporales" y entre las que cita el mayor gasto en pensiones y otras políticas sociales, por el lado del gasto, y el incremento de las bases máximas de cotización, por el de los ingresos.

Además, el Ejecutivo comunitario remarca que algunas de las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fueron tumbados por el Congreso también tendrán un efecto en 2019, como la subida del sueldo de los funcionarios o la bajada de impuestos a las rentas más bajas. También advierte de que pueden elevar el desfase de las cuentas públicas las indemnizaciones a las constructoras de las autopistas rescatadas.

Más allá de 2019, Bruselas calcula que el déficit de 2020 se reducirá tres décimas, hasta el 2%, bajo la asunción de un escenario sin cambios en la política fiscal, frente al 1,1% que prevé el Gobierno. El déficit estructural –sin tener en cuenta los efectos del ciclo económico– se deteriorará levemente durante los próximos dos años, según las autoridades comunitarias.

Menor ritmo de crecimiento, pero sólido

Con respecto al crecimiento del PIB, el Ejecutivo comunitario estima que se ralentizará en los próximos dos años, aunque seguirá siendo "sólido". En concreto, mantiene las proyecciones anteriores, que sitúan la expansión de la economía en un 2,1% este año –una décima menos que la estimación del Gobierno– y en un 1,9% en 2020, una expansión idéntica a la que incluye el Plan de Estabilidad. Así, en un contexto de moderación de la demanda doméstica, debido principalmente a la ralentización del consumo privado por el rebote de la tasa de ahorro y a los menores niveles de inversión, la expansión económica se beneficiará de una mejor contribución de las exportaciones netas, que sin embargo seguirá siendo negativa hasta 2020.

Por último, la Comisión Europea destaca en la ficha sobre España que el crecimiento del empleo sigue "superando las expectativas". En este sentido, apunta que la creación de puestos de trabajo se mantendrá "robusta" aunque se ralentizará como consecuencia de la moderación de la demanda y del incremento del salario mínimo. En esta línea, las autoridades europeas prevén que la tasa de desempleo se reduzca desde el 15,3% de 2018 hasta el 13,5% en 2019 y el 12,2% en 2020, el menor nivel desde 2008. A su vez, creen que el incremento de los salarios alcance su pico este año, por el impacto de la subida del SMI, para después moderarse, aunque todavía por encima de la inflación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destaca en la última edición de su observatorio que la deuda pública apenas se corrigió en siete décimas del PIB en 2017, por lo que lleva tres años consecutivos incumpliendo la reducción de dos puntos porcentuales establecida en la Ley de Estabilidad Ley de Estabilidadpara los ejercicios en la economía crezca por encima del 2% en términos reales. El PIB español aumentó un 3,1% el año pasado, un 3,3% en 2016 y un 3,4% en 2015.

Basándose en ese ritmo de disminución, la AIReF prevé que hasta 2035 no se alcanzará el objetivo de recortar la deuda hasta el 60% del PIB.

La deuda pública cerró el ejercicio 2017 en 1.144,3 billones de euros, por lo que equivale al 98,3% del PIB, apenas dos décimas por debajo del objetivo que se había fijado el Gobierno. De esa deuda, a la Administración central y la Seguridad Social le corresponden 827.240 millones; a las comunidades autónomas, 288.110 millones y a las corporaciones locales, los restantes 28.950 millones. Es decir, casi tres de cada 10 euros corresponden a ayuntamientos y autonomías. En términos absolutos, tanto la deuda de la Administración central y la Seguridad Social como la de las comunidades han crecido en el último año, pero en relación con el PIB la primera se reduce en una décima porcentual, al igual que la de los ayuntamientos, mientras que sube en la misma proporción el endeudamiento de los entes autonómicos.

Según los pronósticos de la AIReF, las comunidades mejor situadas para conseguir una deuda equivalente al 13% de su PIB son Canarias, Madrid y el País Vasco, que lo deberían alcanzar en un plazo de tres años. Por el contrario, no lo lograrán hasta después de 2040 Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. Los ayuntamientos se han adelantado y llegaron en 2016 al objetivo previsto en principio para 2020.

Con la crisis, las administraciones públicas dispararon su déficit y su deuda. Las comunidades autónomas han cuadriplicado su endeudamiento desde 2008. La administración central la ha triplicado. Con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todas las administraciones debieron ajustarse un corsé rígido que constriñe su capacidad de gasto. Aun así, desde 2015 la deuda autonómica total ha crecido en 24.836 millones de euros, un 9,4%; en relación con el PIB, ha aumentado en cuatro décimas. Pero el panorama es dispar en cada comunidad. La que más ha rebajado su endeudamiento en los dos últimos años, en relación al PIB, es Baleares, con un recorte del 1,1 puntos porcentuales. La que más lo ha aumentado, Extremadura, con un alza del 3,3 puntos. Canarias, Cataluña y País Vasco también han disminuido su deuda, aunque en sólo cuatro, seis y dos décimas de punto, respectivamente.

En volúmenes absolutos, Cataluña se sitúa como la comunidad más endeudada, con 77.740 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, según los últimos datos del Banco de España. Le siguen Comunidad Valenciana –46.187 millones–, Andalucía –34.260 millones– y Madrid –32.783 millones de euros–.

La culpa es del déficit

Extremadura no es de las comunidades con mayor deuda, 4.401 millones de euros, pero desde 2015 ha crecido un 23,07%. “Es que somos la comunidad que más déficit tenía”, apunta la vicepresidenta y consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. En 2017 Extremadura terminó con un déficit del 0,88%, dos décimas por encima del objetivo. Pero es que en 2015, presume a continuación Blanco-Morales, alcanzaba el 2,79%: “Lo hemos reducido en 328 millones de euros”. “La deuda está en el lugar que le corresponde”, explica, “claro que queremos bajar deuda, pero seríamos la única comunidad que lo hiciera: Madrid también la ha aumentado y no tiene un problema de déficit”.

Pilar Blanco-Morales atribuye el origen de la deuda con la que debe lidiar ahora a la necesidad de enjugar el déficit heredado de los gobiernos anteriores, así como al déficit comercial –facturas pendientes de proveedores con plazos de pago superiores a la media– y a su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la línea de crédito abierta por el Gobierno en 2012. Además, “en el último año, el aumento de la deuda también ha tenido que ver con el FLA Extra [600,62 millones aprobados por el Gobierno en noviembre de 2017 para cubrir desviaciones del objetivo de déficit de 2016 pendientes de financiar] que nos llegó en enero, en lugar de diciembre, y nos obligó a recurrir a un contrato de confirming [un servicio de gestión de pagos a proveedores] para pagar”.

Para corregir las magnitudes macroeconómicas de la comunidad autónoma, el Gobierno socialista extremeño dice haber hecho “un esfuerzo de consolidación muy grande”, y reestructurado la deuda con las entidades financieras, lo que se ha traducido en un ahorro de 40 millones de euros. El PP le acusa de haber sacrificado las inversiones: de las presupuestadas en 2017, asegura, sólo ha ejecutado el 51,28%. La falta de ese “combustible” frena el crecimiento económico de Extremadura, “uno de los más bajos de España, siete décimas inferior a la media nacional”, critican los populares.

La vicepresidenta lo niega. “No se resienten las inversiones porque tenemos muchos fondos europeos, lo que se han recortado son las inversiones del Estado en Extremadura, y mucho”, replica. Por el contrario, Blanco-Morales sostiene que su Gobierno no ha ahorrado a costa de la sanidad o la educación, sino que ha recuperado “transporte y comedores escolares, centros de urgencias, plantillas docentes y sanitarias…”.

A diferencia de las comunidades más endeudadas, Extremadura no pide la condonación de la deuda. “Las deudas hay que pagarlas. No es razonable perdonárselas a las comunidades infrafinanciadas, porque todas lo hemos estado”, protesta la vicepresidenta, quien sí reclama, en cambio, una restructuración que abarque “tipos de interés y plazos”. Y mientras se concretan los globos sonda lanzados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno extremeño dice que su compromiso es seguir reduciendo la deuda “en los mismos plazos que el Estado y sin hacer recortes, optimizando el gasto y gestionándolo con políticas de eficiencia”.

Baleares insiste en la condonación

Baleares se encuentra en el extremo opuesto de la cuerda de la deuda. Es la que más la ha recortado en relación al PIB en los últimos tres años, pero su volumen duplica al de Extremadura: 8.802 millones de euros. Su nivel de endeudamiento, además, supera la media nacional. Sin embargo, las islas pueden presumir de que su PIB es el que más ha crecido en el último año de todas las comunidades autónomas, siete décimas por encima de la media. 

Así, Baleares prevé reducir su deuda por primera vez este año en términos absolutos –ya lo ha hecho en relación al PIB– y volver a los mercados a financiarse en el último trimestre. En cuanto el ministro Montoro les autorice, pretenden obtener 160 millones de euros por esta vía y empezar a soltarse de los mecanismos de financiación del Estado. “El FLA no se puede perpetuar, por la dependencia del Estado que supone y por los ajustes y la condicionalidad que imponen”, se queja la consejera de Hacienda, Catalina Cladera. “Además, los mercados son la mejor auditoría de tus cuentas”, declara.

El Govern balear es de los que, junto a la Comunidad Valenciana, más han alzado la voz reclamando una condonación de la deuda, basándose en la infrafinanciación que dicen sufrir desde que asumieron las competencias de sanidad y educación. Cladera explica que su petición se apoya en un estudio, enviado a Montoro, en el que cifran en 5.000 millones de euros la insuficiencia de recursos sufrida por Baleares desde 2002. Según resalta la consejera socialistas, las islas son la segunda comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica pero la novena en recibir recursos. También están a la cola en gasto social, añade. Cladera asegura que en los últimos tres años, y pese a los ajustes, el Govern ha aumentado el gasto en políticas sociales en un 20%. Aun así, admite, la partida queda todavía lejos de los niveles precrisis. “Precisamente nos hemos tenido que endeudar más porque nuestro gasto social estaba por debajo de la media nacional”, se queja al tiempo que pide una regla de gasto “más flexible”. La actual es tan “estricta” que, a su juicio, impide trasladar a la sociedad la recuperación de la economía.

Otro tanto ocurre con la disposición de la Ley de Presupuestos que condiciona cómo las administraciones pueden emplear sus superávit. “La Intervención General del Estado debe hacer un informe sobre la gestión de las comunidades, y eso es una injerencia en la autonomía que dificulta el uso del superávit”, protesta Cladera.

Las Palmas a cero, Murcia duplica

Entre los ayuntamientos de mayor población, Las Palmas (379.000 habitantes) es el único que tiene deuda cero. Cierto que su volumen era pequeño, 63 millones de euros en 2015, tras haber alcanzado un máximo de 128 millones en 2013. Su alcalde, Augusto Hidalgo, explica que ha conseguido ser el primer consistorio en eliminar la deuda gracias a tres amortizaciones extraordinarias por importe de 48 millones de euros, sumadas a las periódicas. “Para tener el dinero en los bancos generando intereses, y ya que no podíamos usar el superávit por culpa de la regla de gasto… lo dedicamos a amortizar la deuda”,  apunta el regidor, al frente de un gobierno integrado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias.

Así que el proceso de desapalancamiento del Ayuntamiento canario ha sido poco traumático. El origen de la deuda no fueron obras “mastodónticas” como en otros municipios, sino operaciones crediticias que se remontan en algunos casos a una o dos décadas. El gobierno municipal tampoco ha necesitado incurrir en recortes del gasto y las inversiones. Hidalgo asegura que ha aumentado ese último capítulo en 40 millones y que tiene 200 obras en marcha en estos momentos.

Además, ha optado por buscar “recursos externos” para financiar proyectos costosos como la nueva línea de transporte o MetroGuagua –una especie de tranvía, aclara– cuya ejecución está presupuestada en 100 millones de euros. Lo financian el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los gobiernos canario y central. “No lo hemos cargado en los hombros de los vecinos”, subraya.

El demonio particular de Augusto Hidalgo, como la de muchos otros gestores municipales, es la regla de gasto, que tacha de “absurda” y de “norma draconiana”. “Tenemos 50 millones de euros de superávit que no podemos gastar”, protesta. La regla fiscal, continúa, debería aplicarse sólo a los ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas, no a los que cumplen y “tienen más solvencia que el Estado”. “Montoro está enjugando el déficit del Estado con el superávit de las corporaciones locales para cumplir con la UE aunque es injusto y claramente discriminatorio”, resume, “si nos quitara el corsé y nos permitiera gastar lo que ingresamos, él perdería un punto del objetivo de déficit”.

El Ayuntamiento de Murcia (441.000 habitantes) tampoco está muy contento con el ministro de Hacienda, pero por motivos distintos. Es el consistorio que más ha aumentado su deuda en los últimos tres años, nada menos que un 88,5%. Aunque el gobierno municipal del PP responde que es una deuda “virtual” y contable, no real. A finales de 2016 la Intervención General del Estado obligó al ayuntamiento murciano a computar como deuda los 173 millones de euros del coste y explotación del tranvía. Así, ese capítulo se disparó hasta los 311 millones de euros.

Según el municipio, la deuda pertenece a las empresas con las que ha firmado un acuerdo de colaboración público-privada, Fomento de Construcciones y Contratas y Comsa Corporación. Primero presentó un recurso ante la propia Intervención, que fue rechazado, y después otro contencioso-administrativo en el juzgado, aún pendiente de resolución, indica una portavoz del ayuntamiento.

Mientras deciden los tribunales, en cualquier caso, Murcia se ha visto obligada a elaborar un plan económico financiero y deberá pedir autorización a Hacienda si quiere abrir una nueva operación de endeudamiento. “Pero no sufrimos restricciones ni en liquidaciones, ni en inversiones ni en pago a proveedores”, resalta la portavoz.

La reducción de la gran deuda: Madrid

Las cifras de Las Palmas y Murcia quedan en juego de niños si se comparan con las del Ayuntamiento de Madrid (3,16 millones de habitantes). Su deuda, 3.424 millones de euros, representa casi la mitad de los 7.548 millones que deben los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes contabilizados por el Banco de España. Pero Madrid también es el consistorio que más ha recortado la deuda, en números absolutos, en los últimos años, un total de 1.343 millones desde 2015. La ha reducido casi un tercio. De hecho, el gobierno municipal de Ahora Madrid ha convertido estos números en uno de sus principales hitos de gestión. “En 2019 la deuda habrá dejado de ser un problema para el ayuntamiento”, avanza el concejal de Economía, Jorge García Castaño. Este año Madrid ya no podrá seguir amortizando deuda a tanto ritmo como hasta ahora “porque gastaría más que manteniéndola”, pero el plan es que termine equivaliendo a entre el 55% y el 60% de los ingresos corrientes, “que ya es un buen indicador”, añade.

Para reducirla, la receta ha consistido en “ahorrar en la medida de lo posible, en alquileres, gastos suntuarios y proyectos megalómanos que ya no se hacen”, enumera el concejal, al tiempo que se acometían “pequeños proyectos para actualizar la ciudad, reparando todo lo que se había deteriorado después de muchos años sin reposición”, así como inversiones de “arquitectura urbana” en los barrios. “No es muy caro y sí muy eficaz socialmente, además de permitirnos una gestión financiera muy solvente”, defiende.

Pese a la regla de gasto, de la que también se queja García Castaño, el consistorio madrileño asegura que el recorte de la deuda no ha impedido aumentar el gasto social hasta en un 40% y duplicar las inversiones. El concejal de Economía desdeña las acusaciones de la oposición de que el saneamiento se haya hecho a costa de hundir los porcentajes de ejecución del presupuesto. “Se trata de un efecto contable”, rebate, “las inversiones financieramente sostenibles [aquéllas que pueden acometer las corporaciones que tengan superávit o remanente de tesorería positivo y que no excedan el límite de deuda] se pueden ejecutar en dos años, pero aparecen como suplementos de crédito el primer año, por lo que siempre va a aparecer como ejecutados sólo una parte en ese ejercicio”.

La izquierda quiere poner tierra de por medio con el problema territorial y trasladar el debate público hacia los asuntos sociales. Y en ese sentido se han expresado en las últimas semanas los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que, conscientes de que la crisis en Cataluña no les favorece, han anunciado que en 2018 sus partidos plantearán varias propuestas en este sentido, algunas de ellas coincidentes. En los próximos días, Podemos abrirá fuego presentando en el Congreso una proposición de ley para establecer un impuesto a la banca para sufragar las pensiones, una iniciativa que los socialistas ya han anunciado que apoyarán.

Hace unos días, Iglesias señalaba que la prioridad para Podemos este año debe ser "hacer visible cada día" que "la defensa del derecho a la vivienda, del derecho a la salud y la educación públicas, la defensa de los derechos sociales como base de la dignidad, la democracia y la soberanía" o "la defensa de la emancipación de las mujeres", son la "razón de ser" del partido y "los ejes políticos del cambio". Por su parte, Sánchez planteó la semana pasada que "la política no puede quedar varada por la irresponsabilidad del secesionismo ni por la incapacidad del gobierno", y aseguró que dedicará "los mismos esfuerzos a resolver la crisis territorial que a responder a los desafíos sociales, ambientales, económicos y democráticos del país".

La pugna en la izquierda entre ambas formaciones, no obstante, sigue vigente, y si Sánchez propuso ese mismo día un impuesto a los bancos, Iglesias se apresuró a anunciar que pasaría "del desayuno a la ley" llevando la iniciativa al Congreso en los próximos días. Pero, más allá de la pelea por el liderazgo de la izquierda, PSOE y Podemos han coincidido en varias proposiciones de ley que se encuentran ya en tramitación en el Congreso y en sus programas plantean iniciativas similares a nivel social, si bien el partido morado rechaza ofrecer detalles sobre qué medidas concretas quiere impulsar prioritariamente en 2018 y únicamente se remite al discurso que ofreció el pasado sábado Iglesias ante la cúpula de su partido.

Por el contrario, los socialistas sí han bosquejado sus plan de trabajo para este año, y Sánchez fue el encargado de plantear los ejes que seguirá el PSOE en materia social en 2018. Lo hizo en un desayuno informativo hace unos días, en el que señaló que los socialistas buscarán "diez acuerdos de país" para abordar "el combate contra la desigualdad, la regeneración democrática y propiciar una recuperación económica justa", unas propuestas que serán fruto de las asambleas con militantes que celebrará Sánchez hasta mayo. El PSOE, según anunció su secretario general, comenzará a llevar estas propuestas al Congreso a partir de junio.

Además del impuesto a la banca para financiar las pensiones, Sánchez planteó también un segundo tributo a las transacciones financieras para este mismo fin, una medida que Unidos Podemos también incluía en su programa electoral. Asímismo, el líder del PSOE propuso derogar la reforma de las pensiones que sacó adelante el PP y elevar el salario mínimo hasta 1.000 euros en 2020 con el fin de "elevar las bases de cotización y la recaudación de la Seguridad Social". El Congreso ya admitió a trámite en noviembre de 2016 una proposición de ley de Unidos Podemos para elevar el salario mínimo a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020, pero la Mesa –con mayoría de PP y Ciudadanos– ha impedido que se vote su aprobación definitiva ampliando sucesivamente el plazo para la presentación de enmiendas.

Para combatir la pobreza, los socialistas también promoverán otra de las medidas que incluían en su programa: "la creación de un ingreso mínimo vital", un subsidio dirigido a los más de 700.000 hogares sin ingresos. Se trata de una propuesta similar a la de "renta garantizada" que incluía Unidos Podemos en su programa, una ayuda de 600 euros para las familias unipersonales que iría creciendo en función del número de miembros de la unidad familiar. Y, con respecto al mercado laboral, Sánchez afirmó que el PSOE promoverá un "pacto de rentas" para combatir el problema de los "trabajadores pobres". El objetivo, señaló, es que los salarios crezcan "un 3% de media anual hasta 2021" para compensar la "reducción de 9.500 millones de euros de la masa salarial" desde el inicio de la crisis.

En este sentido, el PSOE presentó hace unos días un "plan de choque contra la precariedad laboral", con un total de 11 medidas concretas sobre el mercado de trabajo. Entre ellas, los socialistas planteaban "reforzar el principio de causalidad en la contratación" con el fin de que los contratos temporales sean "la excepción", fijar penalizaciones a las empresas que abusen de este tipo de contratos y "elevar las indemnizaciones" por su finalización. Además, se plantea la necesidad de "limitar y reordenar los incentivos económicos" a la contratación, reforzar la Inspección de Trabajo y garantizar que los trabajadores subcontratados tengan las mismas condiciones laborales y salariales que los de la empresa matriz.

Varias proposiciones de ley, ya en el Congreso

Además, en el Congreso tanto Unidos Podemos como el PSOE ya han presentado proposiciones de ley de carácter social que se encuentran en diferentes puntos del proceso de tramitación. Y, aunque en la mayor parte de los casos lo han hecho por separado, lo cierto es que varias de ellas son muy similares. Es el caso de la iniciativa que persigue crear un fondo estatal que garantice la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, que fue presentada por Unidos Podemos a principios de diciembre y por el PSOE apenas dos semanas después. Entre otras cosas, estas proposiciones persiguen que el 1% del presupuesto total de cada obra pública se destine a hacerlo accesible para los discapacitados.

Ambas proposiciones de ley se encuentran a la espera de que se vote su toma en consideración en el pleno, y ocurre lo mismo con sendas iniciativas de PSOE y Unidos Podemos que buscan garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familiares, así como declarar la nulidad de las condenas que los tribunales de la dictadura dictaron por motivos políticos. Los socialistas la plantearon a mediados del mes pasado y la coalición morada hizo lo propio unos días después, por lo que el inicio de su tramitación no ha sido aún votado por el Congreso.

No todas las proposiciones de ley presentadas por el PSOE y Unidos Podemos son tan parecidas, aunque ambos grupos han registrado iniciativas sobre los mismos temas en los últimos meses. La última registrada por la coalición morada, el pasado 3 de enero, busca cambiar la ley que regula el derecho a prestación por desempleo de los empleados a tiempo parcial para evitar que perjudique a las mujeres, que son casi el 80% de quienes trabajan con este tipo de contratos. Y los socialistas también han planteado iniciativas relativas al mercado laboral: ya ha comenzado a tramitarse la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que crear un registro de la jornada laboral diario para evitar que no se paguen las horas extra, si bien la Mesa ha prorrogado en varias ocasiones el plazo de enmiendas de los grupos con el fin de obstaculizar el proceso de aprobación de la norma.

Trabajo, sanidad y educación

De la misma forma, en materia laboral, Unidos Podemos y el PSOE –junto a otros grupos de izquierdas– aprobaron el pasado noviembre iniciar la tramitación de una proposición de ley de la coalición morada para prohibir que los becarios que realicen prácticas en empresas durante su formación universitaria puedan hacerlo gratis. De aprobarse la norma, las empresas tendrían que pagar a los becarios el salario mínimo interprofesional calculado en proporción al número de horas dedicadas, y debería costear su transporte y manutención en las mismas condiciones que el resto de los empleados.

La sanidad y la educación son otros de los asuntos sobre los que Unidos Podemos y el PSOE han planteado proposiciones de ley que se encuentran pendientes de tramitación. La coalición morada presentó hace unas semanas una iniciativa con la intención, según afirmaron entonces, de "cerrar la puerta al copago" sanitario. En esencia, la propuesta de Unidos Podemos busca reagrupar en una misma cartera todos los servicios sanitarios –el modelo establecido hasta 2012– con el fin de evitar la fragmentación de los mismos y que algunos puedan ser objeto de copago.

Por su parte, los socialistas tienen tres proposiciones de ley para modificar la Lomce presentadas desde septiembre y pendientes de que el pleno vote el inicio de su tramitación. Con ellas, el PSOE propone que los centros educativos que segreguen a los alumnos por sexo no puedan suscribir conciertos con las comunidades, así como que la comunidad educativa tenga más peso en la elección de los directores de los centros y que todos los alumnos cursen la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, con independencia de que escojan o no la materia de Religión católica.

Normas de igualdad

Unidos Podemos y el PSOE también tienen proposiciones de ley pendientes de tramitación en el Congreso relativas a la igualdad. Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa de la coalición morada para defender al colectivo LGTBI, a través de la cual Unidos Podemos busca que los transexuales no tengan que someterse a exámenes psicológicos para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo o garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos a cualquier persona con capacidad de gestar, independientemente de su orientación sexual. La proposición de ley fue admitida a trámite en septiembre, pero desde entonces la Mesa ha prorrogado hasta en 11 ocasiones el plazo de enmiendas, lo que está obstaculizando su tramitación parlamentaria.

La que sí parece avanzar es la proposición de ley del PSOE para mejorar la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género, que actualmente se encuentra pendiente del informe de la comisión de empleo del Congreso después de haber recibido ya las enmiendas de los grupos parlamentarios. La propuesta busca garantizar que los hijos de mujeres asesinadas por violencia machista, sin excepción, cobren pensión hasta los 21 años, y también que esta ayuda sea compatible con otras pensiones estatales.

La pobreza severa en España, que engloba a las personas que tienen unos ingresos anuales inferiores a 4.000 euros o 334 euros mensuales, ya afecta a más de 3.500.000 de personas, el 7,6% de la población, un 0,7% más que en 2014, según el IV Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2015 realizado por la Red Europa de la Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) y presentado este jueves, informa Europa Press.

"Lo terrible del dato –explica el presidente, Carlos Susías, durante la presentación del informe– es que nunca ha dejado de crecer desde el año 2009".

El informe, realizado por la EAPN, utiliza el indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo (AROPE) para valorar el nivel de pobreza de los países europeos. España aglutina el 11% de las europeos en riesgo de pobreza y exclusión y su AROPE es del 28,6%, un total de 13.334.573 personas, un 0,6% menos que en 2014.

A pesar de que la pobreza relativa ha disminuido un 0,6%, Susías destacó que "el mero crecimiento económico no hace que se erradique la pobrezapobreza", como demuestra el dato de la pobreza severa en España. "Para erradicar la pobreza hacen falta no sólo políticas sociales, sino también económicas, fiscales y laborales", añade.

Por su parte, el grupo que más aumenta la tasa AROPE es el de las personas adultas jóvenes (16-29 años) que sube del 36,4% en 2014 al 38,2% en 2015. La tasa en la infancia (menores de 16 años), descendió del 35,4% en 2014 al 33,4%. "Aún así, tres de cada diez niños en España están en situación de pobrezaen situación de pobreza", dice Susías.

El AROPE tiene en cuenta tres datos: la pobreza relativa, la privación material severa y la baja intensidad de trabajo, es decir, las personas que, pudiendo trabajar a jornada completa, trabajan menos de dos horas al día.

El grupo de Cultura escrita, oral y mediática de la Universidad de Almería recomienda algunos de los títulos que más les han tocado.

El arte de la lectura en tiempos de crisisMichèle PetitOcéano travesíaBarcelona2009

Libro imprescindible para los mediadores, construido sobre las experiencias lectoras en los entornos menos favorecidos, en los momentos de adversidad, con la experiencia siempre positiva del acercamiento a la palabra escrita.

Un mes en el campo

J. L. Carr Pre-TextosValencia2014

La mirada profundamente comprensiva e irónica de un hombre devastado por la Primera Guerra Mundial —que casi sin darse cuenta se va reconstruyendo a sí mismo a través de la restauración de un mural medieval, y de la convivencia en este espacio nuevo—, se convierte en atemporal, convence al lector y lo reconcilia con la vida.

Letras en los cordones

Cristina Falcón Maldonado Ilustraciones de Marina Marcolin KalandrakaMadrid2012

La narración de un niño que cuenta su cotidianidad de pobreza, hermanas y escuela con una naturalidad asombrosa y consigue expresar a la vez la mirada del niño y el adulto, acompañada por unas ilustraciones magníficas que iluminan ausencias y presencias.

La suerte de las avesMargarita Souviron LópezIlustraciones de Sofía León GarcíaDiputación Provincial de GranadaGranda2014

Una oportunidad para acercar de manera festiva la poesía a los niños, recuperando el eterno soneto pero cargándolo de peculiares descripciones de las distintas aves, en las que hay alusiones divertidas a la realidad más actual y a referentes clásicos, que se enriquecen con unas ilustraciones increíblemente expresivas en su extremada sencillez.

Con la perspectiva que da el paso de los años, expertos y analistas de los movimientos sociales y la comunicación política consultados por infoLibre creen que el 15-M tuvo la capacidad de poner en el espacio público preocupaciones que ya estaban en la mente de la gente pero que nadie había aglutinado. A saber: la corrupción, el sistema de representación política, la falta de transparencia, el reparto de los costes de la crisis... Pero los expertos consultados creen también que ese estado de rebeldía que surgió en las plazas ha acabado teniendo efectos en otros aspectos como la forma de consumir y de valorar la actividad de las grandes empresas o en ámbitos como los medios de comunicación.

Belén Barreiro, directora de MyWord y expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sostiene que, en términos generales, el 15-M sirvió para coordinar un descontento que ya existía y en el que estaba de acuerdo la gran mayoría de españoles. Pues, a su juicio, aunque el movimiento tuvo "una representación más generacional", sus ideas sí fueron compartidas de una forma muy amplia. "El 15-M fue muy relevante para poner en el debate público asuntos que estaban en la mente de los ciudadanos pero cuya expresión nadie había coordinado", subraya.

Volviendo a la arena de la política institucional es innegable la influencia que ha tenido el 15-M en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Lo explica el catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política Víctor Sampedro, para quien el movimiento de los indignados contribuyó a "impedir" la deriva "antipopulista, nacionalista, xenófoba y de derechas" que han vivido otros países. "Aquí se canaliza no como antipolítica, sino como algo político que está logrando cosas a pesar de que su cuota de poder hasta el momento no es tan reseñable", asevera. 

Sampedro se refiere, obviamente, a Podemos. Si bien cree que el 15-M también influyó en la creación de Ciudadanos y, por tanto, en la "ruptura" de la derecha, un espectro que antes sólo era patrimonio del PP. A su juicio, el estallido de marzo de 2011 también ha tenido réplicas en la periferia, donde contribuyó a "desactivar identitariamente" y a dar un sentido "más democrático" a los nacionalismos que eran hegemónicos hasta el momento. En este sentido, alude especialmente al caso de Convergència, que fue desalojada del Ayuntamiento de Barcelona por la activista Ada Colau. 

Belén Barreiro coincide en que Podemos tiene un vínculo "más directo" con el 15-M porque recoge sus demandas de forma "casi literal", si bien también reseña la conexión con el partido de Albert Rivera en el sentido de que los indignados mostraron una "ruptura generacional" que es muy palpable en Ciudadanos, que apenas tiene votantes de más de 65 años. "Detrás de esa ruptura que está marcando mucho el comportamiento electoral y que explica la crisis del bipartidismo está una generación que se siente peor tratada, que tiene peores salarios... y, en definitiva, que se ve como víctima de esa injusticia social", explica. 

La revolución digital 

El 15-M fue un movimiento que eclosionó en un entorno meramente digital, en el que el activismo en las plazas se complementó con el activismo en internet en un momento en el que plataformas como Twitter estaban en plena expansión. De hecho, algunos de sus precursores llevaban tiempo trabajando en redes vinculadas a la defensa de la cultura libre. Las redes sociales se convirtieron entonces en el sitio perfecto para compartir ideas de manera espontánea, sin contar con la organización o el apoyo de estructuras políticas o sindicales.

La socióloga Elena Gil, que realiza su tesis doctoral sobre las nuevas formas de participación ciudadana, identifica en lo que fue el 15-M valores que se pueden reconocer en iniciativas que están actualmente muy en boga como el crowdfunding o micromecenazgo colectivo, la filosofía del coworking o de los espacios compartidos de trabajo, o la revolución revolución cultural del procomún, en la que se cuestiona la propiedad intelectual. Así, Gil alude a la importancia que se daba en el movimiento de los indignados a la libre circulación de la información y al software libre, el rechazo a lo que tiene que ver con lo "institucional y burocrático", el valor de la horizontalidad... 

En este sentido, Barreiro considera que esta digitalización también ha contribuido a armar de fuerza a la ciudadanía y a generar lo que los sociólogos han definido como "consumidor rebelde". "Igual en política existe un votante rebelde –crítico con el sistema y normalmente más afectado que protegido–, también ha surgido a raíz el 15-M y de la digitalización el consumidor rebelde, que es muy crítico con las grandes empresas multinacionales y que busca formas alternativa de consumo, más colaborativas… El fenómeno de rebelión no se da sólo en la política", subraya. 

"Lo más importante del consenso social del 15-M es cómo ha contribuido a generar nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, de compartir y de disputar, por ejemplo, nociones como la del bien común", añade Sampedro. Y cita aspectos como la reformulación del cooperativismo, las nuevas formas de sindicalismo o el auge de las pequeñas empresas ligadas a lo local, al comercio justo y a normas mínimas de responsabilidad social no utilizadas como marketing sino como la expresión de algo que es "político". 

En último lugar, Sampedro señala que los tentáculos del 15-M, a su juicio, también han tocado al sector de los medios de comunicación de masas. "Este nuevo tipo de consumidor, que es muy activo en las redes sociales, es el que se compromete y contribuye incluso a la financiación de proyectos informativos, que es algo que no había ocurrido hasta el momento", subraya. A su juicio, es interesante ver la respuesta que se ha dado desde el mundo de la comunicación con el surgimiento de nuevos medios a una crisis que, además de política y económica, él cree que es mediática. 

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infoLibre ha publicado una serie de cuatro reportajes para conmemorar el quinto aniversario del movimiento indignado. Los tres anteriores son:

La Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, señala en un informe registrado este martes en la Asamblea de Madrid [consultar en PDF, aquí] que en la venta de 2.935 viviendas de protección pública a una empresa participada por el fondo de inversión Goldman Sachs –efectuada en octubre de 2013 por 201 millones de euros– se incumplieron los principios de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas, así como los de idoneidad y eficiencia en la contratación porque en el expediente de esa operación "faltan" los "estudios técnicos o informes" que avalen que esta venta era "necesaria, conveniente y oportuna".

El informe, que da pábulo a las denuncias que los afectados por esa venta vienen haciendo desde que se produjo, pone el foco también sobre el hecho de que la enajenación de los inmuebles no fue acordada por el "órgano competente" para ello: el Consejo de Administración del Instituto de la Vivienda (Ivima). Es decir, se hizo omitiendo lo estipulado en el pliego de condiciones. 

Las compañías implicadas en esta operación –realizada a través de subasta pública– fueron dos: la sociedad de gestión Azora, que fue la adjudicataria; y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación. Sin embargo, es Encasa Cibeles, una sociedad vehículo participada por ambas y constituida en septiembre de 2013, la que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas.

Sobre este hecho la Cámara de Cuentas subraya que no estaba prevista en los pliegos la posibilidad de que la escritura de los inmuebles se hiciera a favor de una empresa distinta a la adjudicataria. Esta compañía carecía, además, según este informe, del capital necesario para cumplir las obligaciones derivadas del contrato. 

El máximo órgano fiscalizador de la administraciones y entidades públicas madrileñas también registra incidencias en la forma de pago de los 201 millones con los que se cerró la operación. Así, mientras el pliego establecía que el pago se abonaría "íntegramente" en el momento de la firma de la escritura, el informe detalla que en la escritura de determinó una forma de pago diferente: 181.289.679,93 euros en efectivo; 19.710.336,07 euros mediante subrogación del comprador de los préstamos hipotecarios existentes sobre las promociones y 6.515.742,80 en concepto de IVA. 

Respecto a la venta, otro de los aspectos que pone en cuestión el órgano fiscalizador es el hecho de que la venta de las 32 promociones –situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid– como un “todo unitario” en lugar de por lotes evitó la posibilidad de que se “incrementaran sustancialmente” los ingresos de la Administración. Es decir, la Cámara de Cuentas sostiene que el precio obtenido (201 millones de euros) "pudiera haber sido superior" si la venta no se hubiera llevado a cabo de manera conjunta. 

Reducción de rentas

Por otro lado, aunque en los pliegos de condiciones de la licitación se establecía que no cambiarían las características de los contratos de arrendamiento, los afectados han venido denunciando que las ayudas al alquiler que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad –firmadas al margen de los contratos y que son de entre el 20% y el 90% de la renta– no estaban siendo renovadas. Esta situación ha venido provocando aumentos en las mensualidades y ha ido aligerando los desahucios para quienes no pueden hacer frente a los pagos.

Ahora, la Cámara de Cuentas constata esta realidad, pues asegura que la adjudicataria "no ha acreditado" que se están aplicando esas reducciones hasta la fecha actual. Y señala, además, que se han producido al menos once denegaciones de reducción de renta que son "contrarias" a la ley porque se realizaron antes de las fecha de enajenación y porque los solicitantes sí cumplían los requisitos necesarios para tener acceso a esas reducciones. 

La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión, que se mide con el indicador europeo AROPE, alcanzó en 2014 un nuevo máximo histórico en España, con 13,6 millones de personas afectadas, el 29,2 por ciento de los habitantes del país, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que monitoriza la evolución.

Este indicador cruza datos oficiales como los ingresos por cabeza en el hogar, el nivel de privación de bienes y servicios o la intensidad en el empleo para calcular el riesgo de exclusión. Los resultados para 2014 revelan que la tasa de riesgo aumentó casi dos puntos, cuando 790.801 personas cayeron en esta situación de vulnerabilidad.

Desde 2009 el aumento ha sido del 4,5% con especial incidencia en la infancia, pues el 35,4% de los niños de España están ya en riesgo (31,9% en 2013); y en la juventud, con un 36,4% de la gente entre 16 y 29 años en riesgo de pobreza y/o exclusión, once puntos más que un año antes.

Cuando se trata ya de situación de pobreza, el informe refleja que el 22,2% de la población, 10,3 millones de personas, la sufre. Entre menores de edad, llega al 30,1% tras subir un 3,4% en un año, tocando así "la tasa más alta de pobreza con respecto a los grupos de edad desde que se calcula este indicador". 

Pobreza severa 

De ellas, 3,2 millones de personas, el 6,8% de la población, la padecen en su forma severa, con menos de 332 euros de ingresos al mes por persona en su hogar. Además, 3,3 millones afrontan una privación material severa, casi un 3% más que en 2009, personas que no pueden afrontar un gasto imprevisto o que tienen retrasos en el pago de los recibos de su vivienda.

Según el informe, "los que peor lo tienen" son 2,9 millones de personas que padecen los tres factores de desigualdad: desempleo, pobreza y privación material.