Las personas jurídicas –empresas, organizaciones, instituciones– son responsables penalmente en España desde 2010. Desde 2015, el Código Penal las exime si, antes de que alguno de sus representantes legales o trabajadores hayan cometido un delito, tienen en pleno funcionamiento un sistema de prevención, lo que ahora se llama cumplimiento normativo o, en inglés, compliance. Así que no sólo las empresas sino también todo tipo de instituciones y organismos se han apresurado a crear mecanismos de control y vigilancia para evitar que directivos y trabajadores infrinjan sus normativas internas o incluso cometan delitos. En marzo del año pasado, además, la Ley de Secretos Empresariales traspuso varias directivas europeas y amplió los delitos fiscales, por abuso de mercado y contra la Administración Pública, entre otros, por los que puede ser condenada una persona jurídica.

La apuesta es clara. En parte por ética, en parte por la búsqueda de seguridad jurídica, empresas e instituciones se han lanzado a contratar compliance officers –Cuatrecasas fichó en marzo del año pasado a la exvicepresidenta el Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para encabezar su departamento de Cumplimiento Normativo– y a crear, por ejemplo, canales internos de denuncia.

Es lo que ha hecho Ifema, la institución ferial de Madrid, controlada por un consorcio que integran la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y su Cámara de Comercio, así como por la Fundación Montemadrid, con un porcentaje menor. Con más de 400 empleados, se apuntó unos beneficios de 10,8 millones de euros en 2018. El pasado mes de mayo sacó a concurso público la implantación de un “servicio de gestión de consultas y denuncias a través de una plataforma informática de canal ético”. Un contrato de servicios, por importe de 20.000 euros, con una duración de dos años. Se presentaron dos ofertas, la de Ethics Channel SL y la de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Castellana Detectives y Canal Denuncias. El concurso fue adjudicado a Ethics Channel SL, que recibió 290 puntos frente a 195 en la valoración de las respectivas ofertas técnicas, mientras que la UTE había presentado una oferta económica más ventajosa, 16.100 euros frente a los 17.000 de la empresa ganadora, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre.

Pero algo chocante había ocurrido durante el procedimiento. Una pifia que hacía dudar si el mecanismo que estaba destinado a asegurar el compliance cumplía escrupulosamente con las normas que debe proteger.

Ifema envió a la UTE desde la dirección licitaciones@ifema.es un correo electrónico –al que ha tenido acceso este periódico– el día 17 de junio, a las 14:57 horas con un “aviso de comunicación”. El título es “Emplazamiento”. Después figura la dirección de la Sala de Compras Planta -2 del Edificio Oficinas de Feria de Madrid, en la Avenida del Partenón número 5 de Madrid. Allí “se solicita la asistencia [de los representantes de la UTE] a la reunión 19/116 [el número del expediente de la licitación]: Mesa de apertura de la sección Sobre 2: Sobre de condiciones técnicas organizada en la fecha 13/06/2019 a las 13:00 se espera su asistencia”. Bajo el epígrafe “asistentes” figuran los nombres de dos vocales y la secretaria de la Mesa de Contratación con sus respectivos correos electrónicos.

Como se puede comprobar al ver las fechas, el correo fue enviado a la UTE cuatro días después de la apertura de los sobres con las ofertas técnicas. Al día siguiente, el 18 de junio, a las 15:55 horas, la UTE recibió otro correo electrónico de Ifema comunicando que la apertura de los sobres económicos se iba a llevar a cabo ese mismo día… a las 15:54 horas, sólo un minuto antes de que llegara el aviso.

No hubo respuesta en cinco meses

Sorprendidos, los representantes de la UTE piden explicaciones de lo ocurrido a la Mesa de Contratación, en un correo electrónico donde adjuntan la comunicación recibida con cuatro días de retraso. Uno de los vocales de la mesa acusa recibo y promete “revisar lo sucedido” y contestar “lo antes posible”. No hubo respuesta, sin embargo. De forma que la UTE presentó en el registro de Ifema un escrito el 27 de agosto, de nuevo pidiendo explicaciones. Tampoco se produjo reacción alguna.

Así que tres meses después, el 29 de noviembre, la UTE decide utilizar el canal de denuncias que ya había puesto en marcha su competidor, Ethics Channel SL, y dejar allí su reclamación sobre el concurso público que había perdido. Esta vez sí recibió una respuesta: “Estimado usuario. Le informamos que, tras analizar los hechos indicados en su comunicación, se ha determinado que este medio no es el canal adecuado para gestionarla”. Sin embargo, según consta en el pliego de condiciones técnicas del concurso, el canal de denuncias está al servicio no sólo de empleados y directivos, sino también de “clientes y proveedores”.

En cualquier caso, a continuación, el canal le comunica que su petición se gestionará a través del Departamento de Compras de Ifema.

En efecto, el 11 de diciembre, cinco meses después de que el jefe de Compras de Ifema prometiera una respuesta “lo antes posible”, el director de ese departamento, Francisco J. Monge, remitió a la UTE un extenso documento donde califica de “erróneo” el encabezamiento del correo y asegura que el texto posterior, donde se le cita a la apertura de sobres, no era “adecuado”. Explica que la comunicación recibida el día 17 de junio no tenía por objeto emplazar a la UTE a la apertura de sobres técnicos, “sino facilitarle la relación de empresas que habían superado la fase administrativa, asunto del que se informó en la apertura de sobres del día 13 del citado mes”. En cuanto a la apertura de los sobres económicos, indica que se retrasó del día 20 al 27 de junio.

La queja “se traspapeló”

infoLibre ha preguntado a Ifema por las circunstancias en que se desarrolló el concurso. La institución atribuye la demora en responder a la UTE a un “fallo administrativo interno” que “traspapeló” la queja de las empresas. También distingue entre el Canal Ético, “vinculado al compliance de Ifema”, y el canal “específico de quejas y reclamaciones alojado en la web” de la institución ferial, que informa a la Dirección de Compras. Además, asegura que las fechas de apertura de sobres en los concursos que convoca Ifema se comunican “a través de su publicación exclusivamente en la web”, en la plataforma habilitada para ello, pero no “de forma personalizada”. Pese a que en este caso Ifema sí remitió por correo a la UTE no sólo las fechas de los actos de apertura de sobres, sino que incluso la emplazó a asistir.

La institución reitera las explicaciones que en su momento dio a la empresa perdedora del concurso: que el enunciado de la comunicación “a través de la plataforma” –“emplazamiento”– era “erróneo”, aunque ya no menciona nada sobre el texto posterior. Y añade que la UTE no accedió a las comunicaciones de la plataforma, puesto que aparecen como no leídas ni descargadas. Esas comunicaciones, indica, eran “de carácter informativo”, para informar del resultado de la apertura de sobres técnicos, “no de la fecha en que se realizaría la apertura de dichos sobres”.

Ifema dice que asume los “fallos técnicos” al tiempo que niega “mala fe” y mantiene su “voluntad de transparencia”. Su plataforma de licitaciones, subraya, “permite aportar luz y datos a cualquier queja”.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha reiterado su petición al Gobierno para que facilite al asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom la información sobre los viajes del presidente, Pedro Sánchez, y otras personas dependientes de Moncloa y Presidencia a bordo del Falcon del Ministerio de Defensa entre junio y octubre de 2018, informa Europa Press.

Así consta en una resolución del organismo en la que informa al solicitante de que este mismo miércoles ha dirigido un oficio a las Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de Presidencia, Cortes e Igualdad, "reiterándole la necesidad de cumplir de forma inmediata" el requerimiento que el propio Consejo de Transparencia le hizo el pasado mes de febrero para que informara de los datos reclamados.

Aquella resolución se produjo a raíz de la petición del conservador Salom sobre el coste del viaje de Sánchez a Castellón en julio de 2018 para reunirse con autoridades y asistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). El Gobierno aseguró que no podía revelar el importe total en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, excepto los 282,92 euros de gastos de protocolo.

Sin embargo, en el dictamen de febrero, firmado por el presidente del CTBG, Francisco Javier Amorós, el organismo público no veía "justificado calificar como secreto un desplazamiento físico del presidente del Gobierno, que es de conocimiento público en la mayoría de ocasiones debido a la cobertura mediática que se le dispensa". Tampoco consideró que el Gobierno hubiera aportado "argumentación ni normativa concreta que permita justificar la clasificación de secreto sobre las ocasiones en las que se ha hecho uso de dicho medio de desplazamiento".

En base a la "ausencia de justificación y a la relevancia pública", el organismo concluyó que no procede la aplicación de ningún limite al acceso a esta información solicitada por el asesor del PP a través del Portal de Transparencia. Por todo ello, el Consejo de Transparencia dio al Gobierno un plazo máximo de diez días para facilitar al demandante el listado completo de las personas dependientes de Moncloa y Presidencia que disponen de autorización para utilizar el Falcon, especificando nombre, apellidos y cargo institucional.

Así mismo, le emplazaba a informar de cada uno de los cargos sobre el número de veces que han utilizado el avión entre el 1 de junio y el 20 de octubre de 2018 y a remitir al propio Consejo de Transparencia una copia de toda la información. Ahora, el Consejo vuelve a reiterar la petición al Ejecutivo tras pedirlo Salom al no haber recibido la información mencionada.

Sí: Condorcet, nacido en 1753 y muerto en 1794, leyenda de la Ilustración, emblema del Iluminismo. Educado por los jesuitas, Marie-Jean-Antoine-Nicolas combatirá de adulto el jesuitismo y con él toda forma de religión obligatoria, de doblez confesional. Será matemático, economista, moralista, historiador y revolucionario del 89, laicista y feminista avant la lettre, girondino y contrario a la pena de muerte.

Poco antes de morir escribirá su Esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, que se publicará póstumamente: en 1794. Muere encarcelado. ¿La causa? Probablemente por envenenamiento, por suicidio. Ah, el único gran ilustrado que participa activamente en la revolución; el único que morirá víctima de sus ideas y de sus correligionarios, más avanzados. Lástima. El Progreso...

Fue, en efecto, amante de las matemáticas y de la moral..., en un siglo en que los saberes aún no están escindidos. Puedo aludir ahora al volumen de Michel Foucault titulado Las palabras y las cosas, aparecido en 1966 y tan influyente. En sus páginas, el autor analizaba la delimitación de los saberes, su demarcación en disciplinas, algo contemporáneo. Disciplinas, profesiones, distinciones.

El opúsculo de Condorcet, bellamente traducido por Javier de Lucas e impecablemente introducido y contextualizado por Miguel Catalán, da gusto. Da gusto, la verdad, poder leer cosas así: así de bien editadas y así de bien pensadas. La prosa nos remite al Setecientos y con un ensueño de la imaginación uno podría pensarse sentado a la mesa de Condorcet hacia 1778.

Es en esa fecha, sí, cuando Federico II de Prusia convoca un certamen, un concurso en el que debían presentarse disertaciones filosóficas sobre la utilidad política del engaño. El título original de la obra de Condorcet es, precisamente, esa pregunta Est-il utile de tromper le peuple?

“Condorcet escribió su disertación para este concurso, si bien no llegó finalmente a presentarla”, aclara Miguel Catalán. Dada la celebridad del filósofo y dada la pertinencia de sus argumentos, esa obrita no quedará inédita. Aún hoy es objeto de interés y de reedición. La podemos leer ahora no sólo por un afán histórico-documental, sino por razones de estricta actualidad.

Los gobernantes pueden tener interés en mantener a los ciudadanos en el error, precisamente para conducirles con mayor facilidad. Y los gobernados pueden desear la ignorancia o la superstición para así despreocuparse, para así irresponsabilizarse.

Estas actitudes, señala Condorcet, son una ruina, son indeseables. Pese a lo que dijera Maquiavelo, el Gobierno de un país no puede funcionar recta y justamente con la “noble mentira”. Y la población no puede tener una existencia plena, digna de ser vivida, si se deja intoxicar por el estupefaciente del engaño voluntario. Los individuos serían como esclavos.

Maquiavelo, nos recuerda Miguel Catalán, parte del supuesto de que los súbditos obran mal siempre que pueden. Lo cual, podríamos admitir, es cierto. Es cierto que obran mal si de su acción no se derivan consecuencias, si su delito se consuma con impunidad.

Por eso, Maquiavelo recomienda lo siguiente: “Es necesario que quien dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos y que pondrán en práctica sus ideas perversas siempre que se les presente la ocasión de hacerlo libremente”.

Por supuesto, numerosos Ilustrados se opondrán a la expansión del cinismo gubernamental. Por ello lucharán modestamente contra las impunidades, procurando ajustar mejor el funcionamiento de la ley. Que la ley se extienda, que la legalidad sea la base de las actuaciones de los gobernantes y de los gobernados.

Pero para que eso suceda es preciso instruir, formar. Condorcet, como no podía ser de otra manera, confiaba en la educación, y educar no es engañar. Lo perjudicial es la falta de instrucción, fuente de todos los errores, de todas las supersticiones, de todos los fanatismos. ¿Cómo puede ser útil mantener al pueblo en la ignorancia?, se pregunta.

Como buen iluminista, Condorcet cree posible la perfectibilidad humana. Juzga probable a mejora del espíritu gracias a la instrucción. “La verdad es de por sí útil, aunque no se la conozca sino a medias, y sería perjudicial sustituirla por el error”, precisa Condorcet.

Y es ésta una indicación válida para los gobernantes rectos, ilustrados, benevolentes, como ese Federico II que tanto hizo por las artes y por el pensamiento. Ese Federico al que tanto sirvió Voltaire.

Pero que la verdad es en sí misma rentable resulta una consecuencia válida también para los gobernados, pues “sería igualmente útil para la clase oprimida conocer la verdad ya que si no estuviese engañada no buscaría otra cosa que los medios más seguros para evitar la opresión”, dice Condorcet.

Si esto es así, ¿a quién interesa mantener los engaños, la “noble mentira” de los gobiernos? “Para que la opresión pueda ser útil para el opresor, es necesario que el oprimido sea presa de la superstición o esté privado de razón: esa es la razón por la que la sumisión imbécil de algunos pueblos era muy cómoda para sus sacerdotes, y por lo que la sumisión de las bestias de carga proporciona tanta utilidad a los hombres”.

Por favor, relean la cita anterior: parece estar escrita para nosotros. “Los errores que se le mete al pueblo en la cabeza lo vuelven estúpido; ahora bien, de la estupidez a la seducción y a la ferocidad no hay más que un paso”, admite diagnosticando el fanatismo. Y “el entusiasta ignorante no es un hombre, sino la más terrible de las bestias feroces”.

Condorcet quería erradicar las bestias feroces de la sociedad de los humanos, pero quería también impedir que los opresores siguieran valiéndose del engaño para burlar sus responsabilidades, para gobernar con humo, con promesas inverificables.

“¿Se puede aprender la verdad de labios de los cortesanos o ministros, de los informes de los espías, de los escritos de los panegiristas o de los gacetilleros a los que se soborna para engañar, de las cartas que tenga interés en mostrar quien se ha dedicado a tan infame violación…?”

Un consejero gubernamental que engaña es un mal, como lo es también confiar a ciertos hombres un empleo público, un ministerio, si su objetivo es “hacerse ricos o tener fama y halagos”.

Ah, Condorcet, qué actualidad la suya…

El presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ha hecho un regalo navideño a 510 de sus 630 directivos: no tuvieron que ir a trabajar el día de Nochebuena ni tendrán que hacerlo el de Nochevieja, pese a tratarse de dos jornadas laborables para el resto de la plantilla del gestor público de las infraestructuras ferroviarias. La decisión, inédita en Adif, la aprobaron los comités de dirección de las dos empresas en que se divide –Adif y Adif Alta Velocidad– el pasado día 17 y ha sido publicada en la intranet de la compañía.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, de la medida se beneficiarán 510 del total de 630 personas consideradas “estructura de dirección”. El resto, los directivos que deban trabajar ambos días “por razones del servicio”, podrán disfrutarlos “como días de libre disposición” antes del 31 de enero. Esas dos jornadas laborables convertidas en “días de permiso no recuperables” le costarán a la empresa pública unos 198.600 euros, calculan las fuentes.

Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer de mano de Adif el motivo por el que se les concedido dos días libres adicionales a los altos ejecutivos de la empresa.

Adif es la entidad pública con mayor deuda, que alcanzará los 19.914 millones de euros en 2016 según los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Además, Adif Alta Velocidad aumentará sus pérdidas hasta los 334 millones –sus números rojos ascendieron a 282 millones este ejercicio, mientras que las de Adif crecerán hasta los 116 millones, ocho millones más que en 2015.

El pasado verano el operador público pactó con los representantes sindicales un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario para 350 trabajadoresExpediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario.

El Código Ético de Adif, aprobado el pasado mes de marzo, rechaza cualquier “trato de favor o situación de privilegio derivado de la posición profesional o puesto desempeñado”. El código es aplicable a todas las personas que trabajan en Adif, incluidos los miembros de sus órganos de gobierno.

El Ministerio de Defensa publicó este jueves en el BOE la licitación del contrato para suministrar el cátering a los siete aviones del llamado 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, el encargado del transporte de autoridades y que habitualmente utilizan tanto los reyes como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para sus desplazamientos. El Gobierno estima que gastará en este servicio 133.000 euros en un año: más del doble que en 2013.

Según recoge el blog El BOE nuestro de cada día, la licitación de Defensa, que da de plazo hasta el 8 de agosto para que las empresas interesadas presenten sus ofertas, indica que el valor estimado del contrato a firmar es de 413.900 euros. Esta cantidad incluye, además de los 133.000 euros de presupuesto base, otra partida de 133.000 para una eventual prórroga del contrato y, además, 147.900 euros para posibles "modificaciones" del mismo, que pueden suponer el "aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros", según los pliegos. Esto significa que, al menos durante, el año en que estará en principio en vigor el acuerdo, el Gobierno podrá gastarse hasta 280.900 euros para surtir las bandejas de las autoridades.

Esta indefinición en la cuantía final del gasto se debe a que, a pesar de que las cantidades que ofrece el contrato abarcan el servicio de un año desde la formalización, el pago a la empresa de cátering que finalmente se haga con la licitación se efectuará mensualmente, según recogen los pliegos de condiciones. Y es que, además, el precio a pagar por la Administración depende de lo que se consuma, por lo que no es posible conocer cuál es el gasto final, que no obstante suele ser más alto de lo que se indica en los contratos: según destapó Interviú, en 2011 se gastaron 342.693 euros, y tan sólo hasta junio de 2012 el gasto ascendió a 128.402.

No obstante, en los pliegos sí que vienen recogidos algunos de los precios de los productos, que "deberán ser, cuando corresponda, de las primeras marcas comerciales existentes en el mercado". Lo más caro es el kilo de fuet: hasta 50 euros podrá gastarse Defensa en este embutido. Por su parte, el plato de ibéricos –tres lonchas de jamón, cuatro de lomo, seis rajas de fuet y tres de chorizo– costará hasta 20 euros; el mismo precio que tendrá el cochinillo a la segoviana –120 gramos de carne y otros 70 de guarnición–. Por su parte, la ración de melón con jamón ibérico –60 gramos de fruta y 5 lonchas de embutido– costará como máximo 22 euros.

Entre los productos ofertados ha desaparecido, con respecto al año pasado, el polémico jamón ibérico de hasta 250 euros el kilo. Tampoco hay rastro de la dotación de bebidas alcohólicas que, aunque no aparecían en 2013, sí que tuvieron su espacio en la licitación de 2012, cuando Interviú denunció que "las facturas de licorería y vino" podían "pasar de los 1.000 euros en cada vuelo". En este sentido, en 2012 se cobraban 3,5 euros por una miniatura de whisky Chivas de 12 años; y 1,5 euros por una de ginebra Beefeater.

El Gobierno gallego ha aprobado un código ético para los políticos de la comunidad en pleno revuelo por el caso Pokemon. Así lo ha anunciado este jueves el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha señalado que la norma prohibirá a los miembros del Ejecutivo, a los altos cargos, al personal eventual y a los empleados públicos aceptar "regalos" –algo que ya estaba prohibido desde el mandado del socialista Emilio Pérez Touriño–, así como la sorprendente prohibición de tener cuentas en paraísos fiscales.

Feijóo ha anunciado la aprobación de este reglamento en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta –el equivalente al Consejo de Ministros–, y ha asegurado que  todos los altos cargos y personal eventual deben asumir desde "hoy mismo" los principios incluidos en este código, mientras que, en el caso de los empleados públicos, se "comunicará" para su evaluación a la Mesa de Función Pública.

¿Cuáles son estas normas? Básicamente, la prohibición de aceptar obsequios institucionales de más de 90 euros, así como el veto a recibir regalos o tener cuentas en paraísos fiscales, bajo pena de destitución. El código "afecta a todos los empleados públicos de la Comunidad", así como a las empresas que contraten con la Administración.

El anuncio, no obstante, se ha visto ensombrecido al ser preguntado el presidente autonómico en la rueda de prensa por cómo casan estas nuevas normas con el hecho de que utilizase durante tres años, cuando era el líder de la oposición, un Citroën C6 cedido de forma gratuita por la factoría que el grupo Peugeot-Citroën tiene en Vigo. Feijóo se ha defendido asegurando que otros responsables políticos gallegos tenían acuerdos similares y "siguen utilizando" estos coches, algo que, ha asegurado, le parece "bien, dado que están ahorrando dinero a sus administraciones".

Los regalos, ya prohibidos

Pero el código ético aprobado por el presidente gallego aporta pocas cosas nuevas. El por qué es simple: ya existe una norma, con rango de ley, que prohíbe los regalos a políticos desde el año 2006. Esta legislación, la 4/2006, establece en su artículo 15 que los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración "no aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones".

La aprobación de este código se produce después del tenso debate que se suscitó en el Parlamento gallego el pasado día 12 de marzo, cuando el presidente planteó por primera vez esta norma en respuesta a las críticas de la diputada de Agrupación Galega de Esquerdas (AGE) Yolanda Díaz, que le acusó de "incumplir" sus compromisos al mantener a los siete ediles encausados en Santiago por prevaricación al haber autorizado presuntamente el pago de la defensa al concejal de Deportes, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon.

Y es que el documento ha sido aprobado en mitad del revuelo suscitado por la ola de imputaciones en el marco de este  caso, que investiga una red de supuestas contrataciones irregulares a cambio de sobornos y regalos a favor del grupo empresarial Vendex. Sólo en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, las imputaciones afectan a diez de los trece concejales del PP –entre ellos el alcalde, Ángel Currás–, que gobierna la ciudad. No son los únicos altos cargos imputados: también lo están los socialistas José López Orozco, alcalde de Lugo, y Francisco Rodríguez, exregidor de Ourense, que dimitió al ser incluido en el sumario. 

En este sentido, el pasado diciembre la jueza Pilar de Lara imputó a otras 12 personas, entre concejales y técnicos municipales, del Ayuntamiento de A Coruña, con lo que el proceso alcanzó el centenar de encausados. Entre ellos se encontraban el primer teniente de alcalde de la ciudad, Julio Flores (PP), y el concejal socialista José Nogueira, así como también una asesora de la Concejalía de Cultura; la jefa de Contratación y dos trabajadoras del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá en breve si ratifica la sanción de 25.000 euros que la Inspección de Trabajo impuso a la CEOE por el “trato humillante” al que el ex director de Relaciones Laborales José de la Cavada sometía a los trabajadores de su departamento. De la Cavada acaba de dejar el cargo, que asumió en 2008, tras negociar su salida con la dirección de la patronal.

El movimiento se produce menos de dos meses después de que la CEOE ofreciera una indemnización por encima de la legal a la ex jefa del área de Seguridad Social Pilar Iglesias, para evitar el juicio por despido disciplinario. Previamente, Iglesias había demandado a la patronal por “acoso laboral y moral”. El juez no lo vio. Fue despedida en diciembre de 2012, después de dos bajas por depresión y de haber sido “anulada” como responsable de su área por De la Cavada, según alegaba en su demanda. Durante los últimos 15 años había representado a la CEOE en las mesas técnicas del Diálogo Social con los sindicatos y el Gobierno, así como en la patronal europea o en el Consejo Económico y Social (CES). También era la responsable de asesorar a las organizaciones empresariales sobre Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.

Sin embargo, la decisión del TSJM se refiere a una denuncia anterior. La que presentaron en marzo de 2009 ante la Inspección de Trabajo 10 de los 13 trabajadores del departamento de Relaciones Laborales. Se quejaban del “sistema autoritario de gestión” que aplicaba De la Cavada. Su informe apreció una infracción grave de la CEOE porque las “decisiones y medidas” del ya ex director de departamento vulneraban “el derecho a la dignidad” de los trabajadores.Sin comité pero con Código Ético

La plantilla de la patronal, casi un centenar de trabajadores, carece de comité de empresa o de representantes a los que acudir en caso de conflicto. Tampoco tiene un protocolo de actuación en casos de acoso.

El pasado mes de junio, no obstante, la asamblea general aprobó un Código Ético, que obliga a sus trabajadores y directivos a “evitar cualquier conducta que, aun sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de manera negativa a sus intereses”. De hecho, la patronal “rechaza cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno intimidatorio o lesivo con los derechos de las personas. Todos deben tratarse con respeto, propiciando un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro”. Entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

La dirección le mantuvo

Cuando la Inspección pidió a la patronal que abriera una investigación interna sobre las denuncias contra De la Cavada, se limitó a remitir un cuestionario a los trabajadores. Elaboró después un informe, pero concluía que todo el conflicto se debía a las “formas peculiares” del director del departamento.

De manera que José de la Cavada permaneció en su puesto, pese a que sus declaraciones públicas han puesto en más de un aprieto a sus superiores en la patronal estos últimos tres años. Tanto su propuesta de contrato basura para jóvenesbasura, sin cuota a la Seguridad ni derecho a paro, como de recorte de los permisos por defunción de un familiar, fueron de inmediato corregidas por la CEOE. La primera por el entonces presidente, Gerardo Díaz Ferrán, que le nombró para el cargo, y después por Juan Rosell, que acaba de quitárselo.

Decida lo que decida el TSJM sobre la sanción, con De la Cavada fuera de la CEOE, la patronal podrá volver a la “cultura de la amabilidad” de la que presume su secretario general, José María Lacasa.

Los portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales españoles no se han ahorrado epítetos a la hora de criticar la reforma del Código Penal aprobada este viernes por el Consejo de Ministros: "Autoritaria", "populista", "innecesaria", "preconstitucional", "contra la libertad", "prescindible", "dura", y "de dudosa constitucionalidad". Así califican este conjunto de reformas los jueces y fiscales de las asociaciones Jueces por la Democracia (JPD), Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En este sentido, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, sí ha apoyado el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, asegurando que con la modificación promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón se introducen nuevos delitos que eran reclamados desde hace tiempo por la doctrina y la opinión pública.

Este viernes el Ministerio de Justicia ha defendido la reforma número 25 del Código Penal que fue aprobado en 1996, asegurando que de esta forma se actualizan algunos delitos, al mismo tiempo que elimina muchas faltas. Y esto ayudará a que los juzgados se descongestionen. Fuentes del Ministerio han explicado a infoLibre que la intención de esta reforma es "levantar el pie" ante la delincuencia menor y elevar las penas para algunos delitos más graves. En este apartado se incluye la posibilidad de que delincuentes menores, que son toxicómanos, puedan llegar a cumplir su condena en un centro de desintoxicación.

"Cambios sustanciales"

Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se ha quejado de que el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado este viernes por el Consejo de Ministros "haya introducido cambios sustanciales en el proyecto" sobre los que el CGPJ "no ha podido emitir informe".

Pero el departamento de Ruiz-Gallardón también ha defendido las modificaciones más polémicas: la prisión permanente revisable, los delitos contra la propiedad intelectual y los relativos a los desórdenes públicos: "No es una reforma tan reaccionaria como dicen", han explicado fuentes del Ministerio de Justicia, que destacan que las penas por la difusión de mensajes se refieren a los casos en los que se pone en peligro la vida de alguien.  "Se produce una criminalización de las protestas sociales, y en concreto se crean nuevos delitos relacionados con las redes sociales, y otros como la ocupación pacífica de entidades bancarias. Estas actuaciones, que no eran ni faltas se convierten ahora en delitos con penas de cárcel", contesta Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia (JpD).

Es precisamente en los delitos relacionados con los desórdenes públicos en los que hace especial hincapié en su crítica el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (APF), Álvaro García: "Es un tema muy delicado. Hay que regularlo bien porque hay derechos fundamentales en juego. Como los de reunión y manifestación", indica, al mismo tiempo que destaca que los nuevos artículos son muy "punitivos" porque aumentan las penas. "Esta sociedad no necesita más castigos. Somos uno de los países más seguros de Europa y sin embargo tenemos un de las tasas de población reclusa más alta".

Prisión permanente revisable

Para Álvaro García uno de los artículos más criticables es la prisión permanente revisable. "Es un instrumento que aumenta el tiempo de duración de las penas, que en esos casos tendrán carácter indefinido, por lo que la reinserción se pone en entredicho. Realmente es una cadena perpetua, aunque se pueda revisar. Está claro que no es el código de la libertad", lamenta este fiscal, que coincide con otras asociaciones en esta crítica: "La cadena perpetua es abiertamente incompatible con nuestra Constitución, y por eso han buscado un modelo que dice que podrá ser revocada. Pero esta pena frusta el fin constitucional, que es la rehabilitación. Realmente sigue un modelo de tipo autoritario", sostiene por su parte el portavoz de Jueces por la Democracia, que destaca los tintes tintes "autoritarios" y "populistas", asegurando que supone "un claro retroceso a tiempos anteriores a la Constitución".

Por su parte, Ángel Dolado, portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, sostiene que esta revisión del Código Penal no es necesaria. Y especialmente en el caso de la cadena perpetua, que considera que va en contra de los artículos 9 y 25 de la Constitución española.

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ve en la propuesta de modificación del Código Penal cuestiones "claramente innecesarias", que responden a aspectos "populistas". "Tiene luces y sombras. Hay cuestiones interesantes y otras que son claramente superfluas y claramente innecesarias y responden a aspectos meramente populistas", ha manifestado Armengol. 

Defensa del proyecto de ley

La única asociación que ha defenido la reforma de Ruiz-Gallardón es la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Y la apoya porque se introducen nuevos delitos que no estaban contemplados en el ordenamiento jurídico, como por ejemplo los forestales, la difusión de vídeos íntimos o los delitos de hostigamiento. "O por ejemplo el supuesto de desaparición se equipara al delito de homicidio". En cuanto a uno de los artículos más criticados por el restos de asociaciones, la prisión permanente revisable, APM destaca que está recogida en la mayor parte de los ordenamientos jurícos de Europa y en el Tribunal Penal Internacional. Esta introducción de los nuevos delitos responde, según Pablo Llarena, a las necesidades puestas de manifiesto por estudios de derecho.

En relación con la posible creación del delito de financiación ilegal de partidos políticos, que no se aborda en el texto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, José Luis Armengol, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha afirmado que "todo lo que afecta a la corrupción se reguló en el año 2010 en el Código Penal, donde se incrementaron las penas y se amplió el plazo para prescribir hasta diez años". "Lo que necesitamos los juzgados son mayores medios, mayor planta, mayor número de jueces, para poder investigar convenientemente todo este tipo de delitos, pero no es necesario, no es imprescindible la modificación del Código Penal", ha zanjado. Esta opinión va en la línea del portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que ve "positivo" abrir un debate sobre ello, pero ha advertido que debería ir acompañado de "un contexto de reformas estructurales". "Lo que no tiene sentido es que el Gobierno no tome medidas preventivas sólidas y que se crea que simplemente modificando unos artículos del Código Penal el problema está solucionado. Lo que plantea el Gobierno es una mera cortina de humo para distraer a la opinión pública", ha especificado.

Consejo General del Poder Judicial

Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo ha reiterado su opinión de que el aumento de las penas no va a resolver nunca los problemas a los que se enfrenta la sociedad. En opinión de Bravo, que prefiere crear "mecanismos para actuar preventivamente" contra la corrupción.

La Junta Directiva de la CEOE ha aprobado por unanimidad el Código Ético y de Buenas Prácticas, pero no dará el visto bueno a los nuevos estatutos hasta más adelante, para lo que se volverá a reunir la próxima semana.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la patronal, Juan Rosell, quien ha valorado este "paso" dado por la confederación para autoimponerse "una serie de controles importantes".

Por ejemplo, el presidente de la patronal tendrá que ceñirse al cumplimiento "estricto y riguroso" de la legalidad vigente, y la organización dejará en manos de una comisión de régimen interno y externo la vigilancia de su gobernanza y la transparencia.

"No es que queramos ser ejemplares, sino normales. Estamos en la casa de los empresarios, donde parece que muchas veces vale todo. Ha habido muchos excesos y debemos apostar por ser un poco más rigurosos con estos temas", ha añadido.

Así, conscientes de la mala imagen que ha acompañado en los últimos tiempos a la CEOE, salpicada por el encarcelamiento de su anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, y las acusaciones contra uno de sus vicepresidentes, Arturo Fernández, Rosell ha señalado que los empresarios "han querido dar un paso más con este código para dar confianza a la sociedad".

Finalmente, el patrón de patronos ha indicado que de los 17 puntos que se incluyen en la reforma de los estatutos "13 o 14 no admiten dudas", pero el resto "hay que perfeccionarlos". Estos puntos se abordarán durante en una reunión la próxima semana y algunos de ellos incluso tendrán que esperar "al próximo mandato", ha dicho.

Así lo ha expresado el secretario de Acción Sindical de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT, Carlos Romero, en la rueda de prensa ofrecida por los responsables de los distintos grupos de trabajo que han debatido las enmiendas al Programa de Acción para los próximos años, que se han aprobado por unanimidad, en el marco del 41º Congreso Confederal del sindicato.

Romero ha asegurado que "el papel del sindicato tiene que seguir siendo el de uno que negocia, pero que se moviliza cuando no se tienen resultados". En este sentido, ha recalcado que a la espera de ver qué batería de medias plantea el Ejecutivo en su nuevo Plan Nacional de Reformas, el sindicato liderado por Cándido Méndez sigue apostando por "el diálogo y la búsqueda del acuerdo", a pesar del "incumplimiento" del segundo pacto sobre negociación colectiva.

Un sindicato con todas las ideologías

En este sentido, ha avanzado que entre las resoluciones que surjan del 41º Congreso Confederal del sindicato se apostará por un gran pacto por el empleo y las rentas. Además, el sindicato sigue "exigiendo la convocatoria de un referéndum" para testar las políticas económicas del Gobierno y más capacidad para los ciudadanos para plantear este tipo de consultas con carácter "vinculante".

Por su parte, el secretario de Política Sindical de Cataluña, Camil Ros, ha asegurado que UGT adaptará su programa ideológico a los actuales tiempos de crisis, de forma que se tratará de convertirse en "la casa de los trabajadores", en el sentido de dar cabida a todas las sensibilidades e ideologías.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, José Antonio Gracias, ha explicado que UGT ha acordado la necesidad de "tener una reacción frente a la globalización de la economía" y, por ello, reclamará mayores controles de los especuladores, regular las agencias de rating o la eliminación de los paraísos fiscales.rating

Código ético y control de horas sindicales

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar, Eduardo Hernández, ha expuesto, por su parte, la voluntad del sindicato de modificar el modelo productivo para adaptarlo a un mundo globalizado, que integre un modelo energético más eficiente y una banca pública alimentada por las cajas nacionalizadas y el ICO. Hernández también ha instado a contar con un "sector público más beligerante contra su desmantelamiento".

Por último, el secretario general de la Federación de la Enseñanza, Carlos López Cortiñas, ha avanzado que UGT prevé impulsar un código ético entre sus representantes sindicales, en busca de una mayor transparencia a partir de la activación de "todos los mecanismos de control" del sindicato.

En este sentido, se creará la figura del agente sindical para asesorar a los trabajadores en el seno de las pymes y se establecerá un control de las horas sindicales de sus delegados. En este punto, ha explicado que "cada delegado tiene la potestad de ejecutar sus horas sindicales, pero se quiere realizar un control para darles un buen sentido y que no se utilicen para otras cosas que no sean la representación".

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos ha destacado la novedad que incluye la orden ministerial aprobada este viernes por el Gobierno que limita a doce años el periodo en el que los consejeros independientes pueden ocupar su cargo.

"Es una modificación sustancial", ha dicho De Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que los que ya han rebasado ese límite temporal, podrán finalizar su mandato y abandonar después el cargo.

El ministro ha explicado que se ha fijado el límite en doce años porque se cree que la independencia también está vinculada al tiempo que se ejerce un cargo. "Más de doce años acaba mermando la independencia", ha explicado.

Esta es una de las novedades incluidas en la orden que regula la estructura del informe anual de gobierno corporativo, el informe anual de retribuciones y otros instrumentos de información requeridos a las sociedades anónimas cotizadas, cajas de ahorros y otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en los mercados oficiales de valores.

El objetivo de esta orden es reforzar y ampliar la información que debe contener el informe anual de gobierno corporativo de estas sociedades y añadir la obligación de presentar un informe anual de remuneraciones.

Este informe de remuneraciones, según De Guindos, se remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se hará público para dar más transparencia a la política de remuneraciones de las empresas cotizadas y las cajas.