El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que al igual que ocurre con las universidades pueden convertirse, a su juicio, en "chiringuitos" sin calidad, según recoge EFE.

"Igual que hicimos con las universidades vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías de calidad", ha dicho Sánchez durante la clausura de una jornada sobre la FP y la empresa en la que ha advertido de que "formar técnicos no es un negocio cualquiera".

Sánchez ha valorado el actual "éxito" de la Formación Profesional pero ha alertado de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos casi se han duplicado en los últimos años.

"Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas pero si que algunas se conviertan en chiringuitos", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha explicado que el real decreto se someterá a consulta pública en los próximos dos meses para "gobernar el éxito de la FP" ante los riesgos de que esta educación se "desordene" con la entrada de la privada sin calidad. En ocasiones, ha señalado, estos centros no vienen acompañados de la misma conexión real con el tejido productivo que los públicos, por lo que "hay que poner orden y velar por la equidad en el acceso y en la calidad".

"El futuro no puede depender de cuanto ganen sus padres ni de donde nazca... y no puede haber una brecha en la FP", ha puntualizado también al recordar que algunas familias pagan entre 3.000 y 9.000 euros por un curso formativo privado. "La FP ya no es un plan B. Es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida", ha añadido tras señalar que actualmente hay más de 12.000 ofertas formativas y la inserción laboral es prácticamente el 100% en muchas ramas industriales.

El presidente del Gobierno también ha anunciado que se ampliará la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional, especialmente en sectores estratégicos, con la apertura de diez nuevos este año.

La jueza de Instrucción número 39 de Madrid ha llamado a declarar como investigado a José María Rodríguez Jiménez, ex director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial entre 2019 y 2023 durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la causa conocida como caso FP.

En una providencia dictada el 26 de enero, al que ha tenido acceso EFE y ha adelantado eldiario.es, se ha informado de que ha sido llamado a declarar como investigado el próximo 11 de marzo y cita como testigos a directores de institutos.

Así, acudirán como testigos siete directores de centros en los que supuestamente se produjo el fraccionamiento de contratos y facturas -a través de contratos menores- para otorgar obras que deberían haber salido por concurso público.

Los centros afectados son la Escuela de Arte Alberto Corazón, IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias, y el centro de San Fernando.

La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, investiga un presunto delito de prevaricación administrativa que afecta a la anterior cúpula de la Consejería de Educación, liderada por el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la ahora consejera de Hacienda, Rocío Albert.

La justicia indaga por qué y por orden de quién la Consejería de Educación construyó, entre 2021 y 2023, al menos diez centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico.

La privada avanza. El retroceso de la educación pública que llevamos viendo en las universidades y colegios ahora escribe un nuevo capítulo en la Formación Profesional. El informe del sindicato CCOO, La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, recoge como la privada ha aumentado su presencia de forma exponencial en esta disciplina, llegando a representar a un tercio del alumnado de FP en España.

Ese crecimiento privado no ha ido acompañado, asegura el sindicato, de un aumento significativo de la red pública, lo que ha abierto un gran agujero que han aprovechado los centros de gestión no estatal.

La FP en línea ha triplicado su oferta en la última década según recuerda el informe, que han presentado este jueves la secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, Lourdes Núñez, y la de Juventud, María del Barrio.

El sindicato denuncia que el acceso a la FP, elegida actualmente por el 59% de los jóvenes e incluso por un 22% de universitarios que se plantean continuar con un ciclo formativo para mejorar sus oportunidades de empleo, "depende cada vez más de la capacidad económica de las familias lo que está generando segmentación social".

Los últimos datos del curso 2025-2026 señalan que la Formación Profesional privada crece a un ritmo del 20% y mientras la oferta pública solo se ha incrementado 0,2 puntos desde 2018, la privada ha pasado de 0,6 a 1,2 puntos.

"En la mayoría de los casos, este desplazamiento hacia la oferta privada no obedece a una preferencia libre del alumnado, sino a la insuficiencia de plazas públicas disponibles", recalca Núñez. Algo a lo que se suma una gran desigualdad territorial.

En el País Vasco la FP privada representaba en el curso 2024-2025 el 44% del total, mientras que en Madrid suponía el 38% y en Cataluña y Aragón el 36%.

Las comunidades con menos centros privados de FP están en Canarias (representan el 8,7% del total), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%) y Navarra (18%).

En este sentido, CCOO señala que en las comunidades con fuerte presencia de FP privada y elevada presión de demanda el alumnado se enfrenta con mayor frecuencia a procesos de selección por renta o a itinerarios formativos "menos garantistas", mientras que en las comunidades con red pública predominante los problemas se concentran en la falta de equipamientos, de empresas para prácticas o en la dificultad para acceder a ciclos estratégicos.

Actualmente la FP privada representa el 28,4 % del total de alumnado en España y se concentra en titulaciones de alta demanda como sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales.

Mientras que en FP Básica y de grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en grado Superior y cursos de especialización oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte, señala CCOO.

El gasto nominal por hogar en FP Superior se ha duplicado entre 2016 y 2023. El coste medio de un ciclo formativo a distancia en centros privados oscila entre los 1.500 euros y los 12.000 euros por ciclo completo (dos años).

CCOO exige una regulación mínima de la FP online para distinguir entre módulos que pueden ser "virtualizados" y los que no, dependiendo de las prácticas y de las familias profesionales.

La creación de un registro público único de centros autorizados y la publicación de resultados de titulación, abandono o inserción de cada familia profesional, son otras peticiones para toda la Formación Profesional. También lo es reforzar la inspección y un régimen sancionador ante la publicidad engañosa, ante una evaluación irregular o por el incumplimiento de las prácticas.

El sindicato pide un plan plurianual para financiar plazas públicas con una planificación territorial dependiendo de la demanda de ciclos y la oferta de plazas públicas en cada región. También exige bajar las ratios por aula en la oferta pública ya que "la enseñanza ha de ser lo más directa posible" y realizar un seguimiento de la concesión y uso de los fondos públicos destinados a la FP, asegurando que sean finalistas.

 Asimismo, la estabilidad de las plantillas en los centros públicos y la actualización de talleres y equipamiento.

Desde hace un año la Formación Profesional es dual y las prácticas desde el primer año son obligatorias por ley. Sin embargo la implantación de la dual supone cargas para las empresas, que deben tener un tutor, hacer un seguimiento individual y coordinarse con el centro.

No todas las empresas pueden ofrecer entornos formativos adecuados y en territorios con menos tejido empresarial hacer prácticas puede ser más complicado y el centro "puede derivar a empresas con baja calidad formativa", señala CCOO.

Advierte de que existe el riesgo de que se utilice como mano de obra barata o como sustituto de contratación y pide definir tareas, prohibir la sustitución de puestos estructurales por alumnado y tutores de empresa con perfil formativo y tiempo lectivo asignado.

Desde el pasado 30 de octubre hasta el 4 de noviembre, los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) llevan a cabo una huelga nacional que paraliza una parte esencial de la Sanidad española, con seguimientos que alcanzan entre el 80% y 90% en muchas áreas. Pretenden exigir al Gobierno que les reconozca su nivel formativo real y el sueldo aparejado al mismo, entre otras reivindicaciones.

Este lunes, 3 de noviembre, celebrarán una manifestación nacional en Madrid, como punto álgido de su protesta. Pretenden pasar frente a los tres ministerios "responsables de la situación": Hacienda, Sanidad y Educación.

La huelga está causando la anulación y el retraso de miles de mamografías del cribado de cáncer de mama, sumando una crisis grave a la ya precaria situación de los programas de detección precoz. Además, se están suspendiendo y retrasando miles de pruebas diagnósticas y sanitarias, incluyendo laboratorio, imagen, radioterapia y anatomía patológica, poniendo en riesgo tanto la salud pública como el diagnóstico de numerosos pacientes. En muchos centros se están tirando numerosas muestras y el funcionamiento de los servicios diagnósticos es precario. Como recuerdan los propios profesionales, “sin Técnicos Superiores Sanitarios, la Sanidad no funciona”.

Así lo han trasladado los representantes de las Comisiones por el Grado universitario de los TSS, responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades. "Somos un único país de sociedades avanzadas que para estos profesionales sanitarios tiene una formación totalmente deficiente de dos años, sin la imposibilidad de asimilar todos los avances científicos tecnológicos (...) y tenemos una titulación que no es compatible con ningún sitio del mundo. No se nos admite trabajar en otro sitio por la baja titulación que tenemos", ha afirmado uno de sus portavoces, Francisco Javier Montero.

Pese a que tienen una formación de grado superior, una categoría enmarcada en el grupo funcionarial B, los TSS cobran por debajo de ese nivel. Esto ocurre, a pesar de que "el Ministerio de Sanidad tenga desde 1998 tres informes propios públicos en las que se constatan estas diferencias de formación en comparación con Europa", ha añadido. "No queríamos parar el Sistema Nacional de Salud, porque si paran los laboratorios, paran los servicios de radiología, en definitiva, se paran los hospitales. Hemos estado muchos meses intentando negociar, pero no ha sido posible", ha lamentado otro de los representantes, Juan Carlos Rodríguez.

Los TSS dirigen su huelga también contra el Ministerio de Hacienda, "culpable" de que después de 18 años los TSS sigan "trabajando por amor al arte". Según sus cálculos, deberían estar cobrando como grupo B desde 2008: "Son miles y miles de euros los que se le debe a cada técnico superior, los cuales se sienten continuamente ignorados por el poder ejecutivo", ha censurado Juan Felipe Rodríguez.

Los especialistas, que no descartan una huelga indefinida, defienden que "no van a esperar más". "Lo único que estamos pidiendo —ha añadido Rodríguez— es que se nos haga caso y que no se nos trate como la escoria de la sanidad". Además, denuncian una falta de calidad de formación en el sector, por lo que tienen que actualizarse continuamente en base a sus propios recursos porque el Ministerio de Educación "no sabe ni conoce" lo que es un técnico superior sanitario y ni las funciones que desempeña.

"Si tú sales de España y le dices a cualquiera que está estudiando radioterapia online, no se lo cree. Pues aquí ocurre. Hay una proliferación de escuelas con formación inadecuada permitida por Educación y las comunidades autónomas", ha criticado, por su parte, Francisco Javier Montero. Crear diplomas de acreditación avanzada, transformar el FP superior en una carrera universitaria y que haya una función como coordinador de los diferentes superiores sanitarios son otras de sus reivindicaciones.

El colectivo insiste en que su lucha no es solo laboral, sino también esencial para la atención sanitaria: llevan décadas exigiendo la equiparación de sus funciones, el reconocimiento de su titulación al Nivel 2 del MECES y el fin de la intrusión laboral. Según los profesionales, el Gobierno y los ministerios implicados han incumplido reiteradamente estos compromisos, lo que ha hecho necesaria la huelga.

La Formación Profesional (FP) bulle como nunca, con más de 1,1 millones de alumnos en el curso 2023-24, lo que supone un crecimiento superior al 55% en los últimos diez años. El pasado ejercicio, casi uno de cada cuatro españoles tenía estudios de este tipo y las cinco ramas profesionales más demandadas fueron Sanidad, Informática y Comunicaciones; Administración y Gestión; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; así como Comercio y Marketing, según datos del Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza.

La FP es una apuesta del Gobierno del PSOE y Sumar, como demuestra el hecho de la aprobación en marzo de 2022 de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, encaminada a conformar un sistema único en el que se integren la parte que antes orbitaba alrededor de la educación, la formativa para estudiantes, y la de empleo; o el que se hayan incrementado en un 35% desde 2020 los fondos que distribuye entre las comunidades autónomas para acciones en el ámbito de la población activa, hasta los 867.284.490 millones aprobados esta semana en el Consejo de Ministros. Del total de esa cuantía, procedente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el grueso, 696,5 millones estará destinado a oferta formativa para trabajadores desempleados; 145,9 a la vinculada a los ocupados; y otros 24,8 millones a acciones de la red pública de centros de formación, vehiculadas a través de programas específicos convocados por las regiones.

Las siete comunidades que más recursos recibirán en general, por encima de los 50 millones, son Andalucía (136,7 millones), Cataluña (128,2), Madrid (109,8), Comunitat Valenciana (95,8), Galicia (72,3) Castilla y León (54,6) y Canarias (algo más de 50). ¿Por qué son esos territorios y no otros los que acaparan más dinero? Fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, explican que antes de que las cifras lleguen a la mesa del Consejo de Ministros “se ha hecho un trabajo de consenso previo”. Primero se aprobaron unos criterios para la distribución de los montantes, entre los que se encuentra el poblacional, en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, dependiente del propio ministerio. Luego se llevó a cabo una labor “en las comisiones de FP para el Empleo con los directores generales”, equivalentes a “la secretaria general de Formación Profesional en el Gobierno central”, y se realizaron ajustes, de acuerdo “a las necesidades de los territorios y a su capacidad de gestión”; para finalmente “volver a la Sectorial”. Aunque el Ejecutivo ha unificado la Formación Profesional del sistema educativo y la asociada al ámbito laboral, “no en todas las comunidades es así, algunas lo tienen integrado, pero otras no”. En estos últimos casos se ha operado con los departamentos de Empleo.

Una vez hecho el reparto, son las comunidades las encargadas de gestionar los recursos. Tendrán que desarrollar las actuaciones que estimen conveniente hasta el 31 de diciembre de 2025 con la vista puesta, en teoría, en “las necesidades de sus tejidos productivos” autonómicos. En ese punto, fuentes sindicales mantienen que “el problema aquí, como sucede con otras partidas estatales que se asignan territorialmente como las de las Políticas Activas de Empleo, es que al final los parados y los trabajadores dependen de la voluntad política de las comunidades y de sus ganas de gestionar”, deslizan.

En cualquier caso, desde el ministerio aseveran que el nuevo modelo de FP “ofrece una amplia variedad de formaciones de diversa tipología y duración, acreditables y acumulables” para hacerlas adaptables a las circunstancias de los beneficiarios. El objetivo es que en el último trimestre del año “vean la luz en torno a 9.000 formaciones”. “Más allá de los cursos de especialización y de los ciclos habituales, queremos poner a disposición de toda la población activa, jóvenes, trabajadores ocupados y desempleados, formaciones más pequeñas, micro formaciones, en el catálogo de la oferta formativa profesional”.

¿La razón? El Ejecutivo tiene clara la necesidad de “la formación permanente a lo largo de toda la vida profesional de las personas”, en “un escenario productivo cambiante como es el actual por la digitalización, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad…”, argumentan las fuentes consultadas. Y unen: “Absolutamente todos los sectores productivos se han transformado y se siguen transformando, por lo que creemos que la formación continua de los profesionales es algo imprescindible para que nadie se quede atrás. De ahí el impulso económico para dinamizar la Formación Profesional de los trabajadores. Es indispensable para que puedan ir actualizándose”, recalcan. Aunque son conscientes de que “es cada comunidad la que marca las estrategias” y decide a “qué tipo de formaciones, pequeñas o no”, van a parar los fondos.

A la luz de la información del mencionado observatorio de la FP, en 2023 casi dos de cada cinco trabajadores asalariados participó en formación bonificada y las empresas aumentaron en 2022 en ocho euros el gasto en formación por empleado respecto al ejercicio anterior. De hecho, en el circuito de relaciones cruzadas que implica esta materia, el Gobierno ha optado por implicar al ecosistema empresarial. “Estamos creando hubs –espacios colaborativos– por la Formación Profesional con cuatro o cinco empresas punteras de cada uno de los sectores productivos y trabajando a nivel técnico con ellas para que nos identifiquen las necesidades que están teniendo sus profesionales e incluso cooperar en diseñar la formación”, indican las fuentes de Educación. “Vamos en línea con Europa”, añaden, para anotar después que cuando España ostentó la Presidencia rotatoria de la Comisión “ya se trabajó también en ese sentido”.

Del lado sindical comparten la importancia de “una formación permanente en un entorno europeo y mundial que es muy competitivo” y de que se certifique “la cualificación de trabajadores que, aunque dominen alguna profesión, no tienen un título que respalde que poseen esos conocimientos", rematan.

Los alumnos de Navarra serán los primeros de España en volver a las clases, ya que los niños de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial deberán empezar el colegio tras las vacaciones de verano no antes del 5 de septiembre y no después del día 9, mientras que en Bachillerato y FP de Grado Básico comenzarán el curso 2024-2025 el día 5, en FP de Grado Medio el 9 y en FP de Grado Superior el 11, según informa la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, los últimos en volver de sus vacaciones de verano serán los alumnos de Baleares y de Galicia, donde las clases comenzarán el 11 de septiembre en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. También volverán al colegio el 11 de septiembre los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y FP de Extremadura, aunque en esta región en Bachillerato arrancarán las clases el 12 de septiembre.

Un día más tarde que los navarros arrancarán sus clases los alumnos de Castilla y León, Cataluña y el País Vasco. Así, en Castilla y León volverán a las aulas el día 6 de septiembre los de Infantil, Primaria, Educación Especial y los de ESO escolarizados en centros de Primaria, mientras que el resto de alumnos de ESO, los de Bachillerato y de FP comenzarán el día 12.

En Cataluña, los niños de Infantil, Primaria y Secundaria volverán al colegio el día 6 de septiembre y los de Bachillerato y FP, el día 12; y en el País Vasco no podrán comenzar las clases antes del 6 de septiembre en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, y el primer día lectivo podrá dedicarse a la presentación del curso 2024-2025.

En Aragón, el 9 de septiembre arrancarán las clases en Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO, el día 12 en Bachillerato y el 13 en FP; en las Islas Canarias empezarán el día 9 en Infantil, Primaria y ESO y el 10 en Bachillerato; en Cantabria, el 9 en Infantil, Primaria y Educación Especial y el 10 en ESO, Bachillerato y FP; en la Comunidad de Madrid, el día 9 en Infantil y Primaria y el 10 en ESO, Bachillerato y FP; en Murcia, el día 9 en Infantil, Primaria y Educación Especial, el 10 en ESO y Bachillerato y el 16 en FP.

El mismo día, el 9, empezarán las clases después de las vacaciones de verano los estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de La Rioja y la Comunitat Valenciana.

Tras ellos, en Andalucía los alumnos de Infantil y Primaria volverán a las aulas el 10 de septiembre y los de ESO, Bachillerato y FP lo harán el día 16; en Asturias el día 10 regresarán al colegio los estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato y el día 16 los de FP; y en Castilla-La Mancha el día 10 comenzarán el curso los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y FP.

Será el primer proyecto de ley del Gobierno saldrá del Congreso esta legislatura y en el PSOE han trabajado duro para conseguir que, además, culmine su tramitación con un amplio respaldo. La Ley por la que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores y se establece la organización y equivalencias de las Enseñanzas Artísticas Profesionales ha incorporado 150 enmiendas presentadas por los partidos de la oposición, entre ellas, según fuentes de la ponencia, dos tercios de las que defendió el Partido Popular.

Como consecuencia de ello, el proyecto que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de enero, que recuperaba el que se estaba tramitando en la legislatura anterior, pero decayó con la convocatoria anticipada de elecciones, ha sufrido numerosas modificaciones. Las más importantes, la incorporación de la Escritura Creativa, la creación de nuevas enseñanzas, como el Circo y el reconocimiento del derecho a huelga de los estudiantes.

Pese a todo, la posibilidad de que el consenso fructifique en una votación que refleje una amplia mayoría de la Cámara seguía este lunes en el aire. El Partido Popular lidera desde hace días una durísima ofensiva contra el Gobierno en relación con el caso Koldo, en el que intenta involucrar a varios ministros, a la presidenta del Congreso, al presidente del Gobierno y hasta a la esposa de este último, lo que deja poco espacio para escenificar acuerdos con el PSOE a pesar de que este proyecto de ley apenas tiene aristas a las que la derecha pueda asirse con el objetivo de justificar un voto en contra.

Fuentes oficiales del Grupo Parlamentario Popular declinaron este lunes explicar a infoLibre con qué ánimo enfrentan la fase final de la tramitación del proyecto de ley en el Congreso y adelantar cuál será el sentido de su voto. 

La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados debatirá y previsiblemente aprobará el proyecto de ley este martes, con lo que quedará lista para el trámite final en sesión plenaria. El sentido de voto del PP es importante no únicamente porque de él depende que la nueva ley salga de la Cámara Baja con un consenso que la blinde de los vaivenes políticos que puedan tener lugar en el futuro sino porque, a continuación, pasará a ser debatida en el Senado. 

En esta Cámara la derecha tiene mayoría absoluta y, por consiguiente, capacidad de alterar a su gusto toda la norma, aunque en última instancia será el Congreso el que tendrá la última palabra.

Pase lo que pase, en el PSOE están satisfechos por el esfuerzo realizado para atraer al PP al consenso y también por el trabajo llevado a cabo con organizaciones y colectivos relacionados con las enseñanzas artísticas. La ponencia se ha tomado la molestia de visitar incluso centros de enseñanzas artísticas de cuatro comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha) para ver de primera mano las diferencias de enfoque entre territorios.

Pero la portavoz socialista en la comisión de Educación, Luz Martínez Seijo, no las tiene todas consigo, porque en diciembre de 2021 tampoco esperaba el voto en contra de la derecha a la nueva ley de Formación Profesional. Se había creado la expectativa de que iba a ser la primera norma educativa que se aprobara sin votos en contra en democracia, especialmente de escuchar la intervención del PP en el debate final en el Congreso. 

Pero no fue así. Los de Feijóo, entonces todavía dirigidos pro Pablo Casado, votaron en contra. No les importó quedarse solos: PSOE, UP, EH Bildu, Ciudadanos y PNV lo hicieron a favor y Vox, Foro Asturias, UPN, ERC y Compromís se abstuvieron. El resultado fue de 171 síes, 87 noes y 72 abstenciones. 

Los cambios introducidos hasta ahora en el texto han servido para introducir el derecho a la huelga del estudiantado gracias a una enmienda promovida por Esquerra Republicana con el apoyo de todos los grupos menos PP, Vox y UPN. Es un derecho que huelga que ya recogió la legislatura pasada la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La propuesta de la ponencia que este martes debatirá la Comisión de Educación obligará a los centros a desarrollar las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y a regular el procedimiento de declaración del paro académico, que para llevarse a cabo deberá ser aprobado por los órganos específicos de participación y decisión del estudiantado y no podrán afectar a la evaluación académica.

Los estudiantes, también a propuesta del Grupo Republicano, tendrán derecho a la orientación e información sobre las actividades que le afecten y, en especial, a un servicio de orientación que facilite su itinerario formativo y su inserción social y laboral.

La Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores incluirá también la Escritura Creativa y permitirá a las comunidades autónomas proponer al Gobierno el inicio de los trámites de creación de nuevas Enseñanzas Profesionales relacionadas con otras disciplinas artísticas con presencia territorial, como el Circo. Esta última posibilidad se incorporó mediante una enmienda transaccional pactada en el Congreso entre PSOE, Sumar, EH Bildu y ERC.

Los grupos parlamentarios de la Cámara Baja también han acordado incluir en la norma la creación de un Estatuto Básico del Estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores que deberá aprobar el Gobierno y será de aplicación en los centros públicos y privados de todo el país.

Además, el nuevo texto de la ley ha incluido, también mediante una enmienda transaccional de PSOE, Sumar y ERC, un capítulo nuevo relativo a la investigación, que destaca que es una función esencial de las Enseñanzas Artísticas Superiores y que deberá abarcar todos los ámbitos de conocimiento, ya sean científicos, tecnológicos, humanísticos, artísticos o culturales. Por ello, se impulsarán estructuras de investigación y de transferencia del conocimiento.

En este sentido, la Administración promoverá la relación entre la investigación de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, las necesidades sociales y culturales y el sistema productivo. A tal fin, se impulsarán iniciativas para compartir, difundir y divulgar los resultados de investigación.

Durante el trámite, el PSOE ha aprovechado para modificar, a través de una enmienda, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con el objetivo de flexibilizar su implantación. La medida tiene el apoyo de ERC, PNV, EH Bildu y Junts, pero ha recibido el rechazo de Sumar (el PP se abstuvo). Su objetivo es adaptar los tiempos de implementación de las medidas relativas a la atracción de talento joven, rejuvenecimiento y estabilización de plantillas contemplados en la LOSU.

Así, establece el final del curso académico 2027-2028, es decir, junio de 2028, como período máximo de implementación de las medidas contempladas en las disposiciones transitorias séptima (proceso de estabilización de plazas de profesores asociados de las universidades públicas) y décimo segunda (adaptación del régimen de dedicación del personal docente e investigador permanente), cuando la LOSU fijaba como periodo máximo el 31 de diciembre de 2024 o el inicio del curso académico 2024-2025.

“Las universidades públicas establecerán, a través de sus respectivos órganos de gobierno, el marco temporal específico de las actuaciones que resulten precisas para garantizar la adecuada implementación en cada universidad de lo dispuesto en el apartado anterior”, apunta el texto que se incluirá en la LOSU uy al que ha accedido Europa Press.

A enmienda también amplía de dos a tres años (desde la entrada en vigor de la LOSU) el plazo máximo que tendrán las universidades públicas para aprobar los nuevos estatutos y constituir el nuevo claustro y Consejo de Gobierno, de acuerdo con los preceptos de la Ley de Universidades.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas no será automática a partir del próximo curso, sino que se llevará a cabo mediante un calendario de adopción de sus diferentes previsiones.

La nueva ley de Formación Profesional (FP) mejora la empleabilidad de los nuevos estudiantes y se adapta a sus necesidades. Este modelo educativo que se aprobó en 2022 y ya se está implantando por toda España ha sido desarrollado mano a mano con las empresas y permitirá a los trabajadores renovar sus conocimientos y poder compaginar su formación con su jornada laboral. Estos son algunos de los temas que se han discutido en el foro Efectos prácticos de la nueva Formación Profesional organizado por infoLibre este viernes. Jesús Maraña, director editorial, ha introducido el debate que ha estado moderado por la subdirectora del periódico Marta Jaenes y en el que distintos profesionales, instituciones y estudiantes han conversado sobre los retos que plantea la FP.

Jaenes ha conversado con la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz López incidiendo en la falta de confianza en este modelo educativo que históricamente ha habido en España, y que se ha traducido en la falta de perfiles profesionales. Sanz ha aclarado que no solo faltan los perfiles más punteros, sino que faltan profesionales de todo tipo, pero especialmente perfiles técnicos. Sanz también ha insistido en que el nuevo plan educativo piensa tanto en los alumnos que se incorporan por primera vez a la formación como en aquellos trabajadores que necesitan ampliar sus competencias. De hecho, el nuevo itinerario ha permitido duplicar el número de trabajadores que continúan formándose.

El referente para España, ha explicado Sanz, era el modelo de educación alemán y eso explica en buena parte porqué no ha funcionado aquí: "Queríamos trasladarlo y eso era un fracaso porque no nos parecemos a los alemanes", ha afirmado. Una situación que ha cambiado, de hecho, ha explicado Sanz, ahora en Europa ponen a España como ejemplo. La nueva FP, según ha expuesto, es un sistema dual, que divide la formación entre los centros educativos y las propias empresas y que fomenta la confianza entre ambas partes para que no vuelva a repetirse la situación de trabajadores con conocimientos obsoletos. "No podemos ampliar las plazas si no hay empresas dispuestas a incorporar a esos profesionales", ha afirmado. El nuevo modelo funciona a "dos velocidades", en las que se da de alta al alumnado y se hacen contratos a los estudiantes.

En total los institutos ya están ejecutando 37 titulaciones y Educación está tramitando 20 más. Estas nuevas FP están diseñadas "conjuntamente con cada empresa puntera del sector". Para la secretaria general no se trata sólo de incorporar nuevos itinerarios sino de que estén adaptados a la revolución digital y verde, que ha calificado como "revolución de las competencias". Acreditar las competencias es uno de los grandes retos que plantean desde el ministerio y en el que las empresas tienen que colaborar. Actualmente hay 11 millones de personas que no pueden acreditar la experiencia que tienen. El objetivo es que 3.000.000 de personas puedan ver sus habilidades reconocidas.

El segundo bloque del foro ha dado voz a los y las jóvenes a través de dos estudiantes de FP, Nikita Jaume y Sergio Ramos, de 18 y 19 años que han conversado con Alberto Gutiérrez, el presidente de Airbus en España. Airbus es una empresa que, según ha contado, lleva desde 1923 necesitando perfiles nuevos, primero con la revolución de la seguridad en la aviación, después con la democratización de los vuelos, y ahora con la digitalización. "El gran salto de productividad de la digitalización no es hacer rutina sino liberar las capacidades para la persona haga lo que mejor sepa hacer", ha afirmado. El presidente ha destacado las nuevas prioridades en el sector de la aviación: la digitalización, la Inteligencia Artificial y Big Data que permitan, entre otros desarrollos, predecir lo que le va a ocurrir al avión antes de que ocurra o implementar un avión con 0 emisiones. Por su parte, los dos jóvenes han coincidido en que lo que les animó a empezar sus estudios fue el peso que tiene la parte práctica. "Somos los trabajadores perfectos para satisfacer las necesidades de las empresas", ha afirmado Jaume.

Gutiérrez ha detallado los tres puntos necesarios en lo que debería ser la nueva formación a los futuros profesionales: en primer lugar los conocimientos y la capacidad de aplicarlos y en segundo lugar, "lo que no se enseña en las escuelas", las aptitudes como la capacidad de liderazgo y adaptación. "Lo que buscas en un trabajador es que tenga capacidad de desarrollo y trabajar en equipo", ha afirmado.

El foro ha concluido con una mesa redonda entre cinco profesionales que han conversado sobre uno de los aspectos claves de la nueva ley: la acreditación de las competencias de los y las profesionales. Remedios Orrantia, directora de Recursos Humanos del Clúster Europa del Grupo Vodafone, ve con buenos ojos la nueva legislación porque "abre oportunidades reales de trabajo" y ha incidido en que los perfiles senior, profesionales de más de 50 años, necesitan "reciclarse", por lo que son candidatos perfectos para este modelo educativo. Beatriz Martín López, responsable del área de desarrollo y formación de Correos también ha apuntado en este sentido porque, según ha contado, permite crear itinerarios propios necesarios para los profesionales que están trabajando y tienen que compaginar su jornada laboral con la formación. Juan Carlos Tejeda, director del departamento de Educación y formación de CEOE ha destacado que la memoria económica de la ley contiene un presupuesto que permite cumplirla y eso garantiza que pueda ponerse en práctica desde el minuto cero.

Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación ha apuntado a un problema de relevo generacional dentro de las empresas y ha hecho un ejercicio de autocrítica para que los grupos empresariales den a conocer las nuevas profesiones a las chicas y chicos que tienen que elegir sus estudios. Sánchez también ha mostrado otro problema en las compañías, "el robo de talento", en el que no solo tiene que ver el salario sino unas condiciones laborales atractivas.

Vanesa Díaz de Pinto, técnica de Laboratorio en Control de Calidad en la Industria Farmacéutica ha señalado que las empresas que no apuesten por la FP estarán "descolgadas", una posición en la que han coincidido todos los profesionales que han debatido en la mesa redonda. Jesús Maraña ha despedido el foro, recalcando que gracias a las socias y socios de infoLibre se pueden realizar eventos como éste en el que, de la mano de expertas y expertos, se ha intentado desgranar la telaraña de la Formación Profesional.

El 80% de los puestos de trabajo requerirán componentes tecnológicos y la mitad de la población activa necesitará una recualificación. Ante esta cifra, la nueva ley de Formación Profesional pretende dar un vuelco a la imagen que los ciudadanos tenían de esta etapa del sistema educativo que más alumnado recibe: más cercana, más atractiva y con más valor con nuevas titulaciones y nuevos másteres. Su objetivo es claro, generar oportunidades para las personas y que la población también cuente con cualificaciones laborales intermedias y superiores.

infoLibre organiza este viernes 1 de diciembre, un foro que lleva por título Efectos Prácticos de la Nueva Formación Profesional para analizar en detalle los beneficios de la nueva legislación así como las posibilidades de futuro que ha generado y la importancia que tiene la acreditación de nuevas competencias entre los trabajadores, que permite abandonar situaciones de vulnerabilidad y afrontar documentalmente entrevistas laborales. Será a las 10.00 horas y se emitirá en directo desde nuestro canal de YouTube y en la web del periódico.

Presentado por el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, el foro constará de dos partes. La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, conversará con Clara Sanz López, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, sobre este nuevo sistema, como la ley imprime carácter dual a toda la formación y la nueva oferta educativa además de analizar el presente y futuro de los centros de FP.

Posteriormente, habrá una mesa redonda sobre la Formación Profesional destina a los jóvenes. Con la participación del presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, que ofrecerá su testimonio de la necesidad de la concienciación de las empresas y la elaboración de nuevos perfiles; y con dos alumnos que contará en primera persona su experiencia en la FP, Jorge González y Nikita Jaume Grande, esta mesa estará moderada por la subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes.

A continuación, en otra mesa redonda se debatirá sobre la Formación Profesional destinada a los trabajadores y la acreditación de las competencias de Empresa. En este debate participarán Remedios Orrantia, directora de Recursos Humanos del Clúster Europa del Grupo Vodafone; Juan Carlos Tejeda, director del departamento de Educación y Formación de CEOE; y Beatriz Martín, responsable de proyectos de la unidad de formación de Correos. También estará moderada por Marta Jaenes.

El Gobierno quiere evitar una falta de mano de obra en la próxima década para instalar miles de paneles solares y cientos de molinos de viento en España. Para lograrlo, el presidente del Gobierno anunció este lunes que creará 4.000 nuevas plazas de formación profesional vinculadas a las energías renovables, un sector prácticamente desaparecido hasta ahora de la enseñanza superior, que en 2021 solo tuvo 3.400 alumnos, el 0,3% del total de estudiantes de FP. 

"Más de 100.000 empleos dependen ya de las renovables y se calcula que podría llegar a medio millón al final de la década; empleos que necesitarán de mano de obra cualificada", afirmó Pedro Sánchez en la inauguración de la Conferencia Internacional de Energías Renovables (Spirec) que se celebra esta semana en Madrid. 

El presidente también adelantó que este martes el Consejo de Ministros sacará adelante 2.520 millones de euros para becas educativas que impulsarán, entre otras áreas, la enseñanza en energías renovables. "Se trata de un cambio de paradigma que requerirá nuevas infraestructuras y nuevas habilidades", añadió después la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ante decenas de empresarios del sector. 

La labor titánica de transformar una economía basada en combustibles fósiles a otra que funcione con energía renovable requerirá que decenas de miles de trabajadores se muevan del primer sector al segundo. Desde el sector privado han reiterado en el último año que en este momento ya falta mano de obra en el sector verde, especialmente en tareas manuales que se aprenden en la formación profesional. 

En 2021, el último año con datos disponibles, la rama de la FP relacionada con las renovables fue la cuarta menos demandada pese a su alto nivel de empleabilidad. De casi un millón de alumnos que estudiaron un grado medio o superior, solo se apuntaron a la rama de Energía y Agua 3.400, según el informe del Observatorio de la Formación Profesional en España publicado el pasado diciembre. 

En esa familia profesional se encuentran, entre otros, el grado superior en Energías Renovables, el grado superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y el grado superior en Centrales Eléctricas, tres títulos con salida directa a la transición energética. Por ejemplo, como operario de una central hidroeléctrica, montador de parques eólicos y fotovoltaicos, o asesor para el uso eficiente de la electricidad. 

José María González, director general de APPA, la patronal de las renovables, ve con buenos ojos el fomento de la FP y promete trabajo bien remunerado de aquí a 2050 para los jóvenes que apuesten por su sector. "Tenemos un déficit de trabajadores desde hace años porque crecemos muy rápido y necesitamos mano de obra para poder aguantar el ritmo", señala. 

El representante de las energéticas explica que necesitan desde manitas que monten, supervisen y reparen las instalaciones hasta ingenieros eléctricos de carrera para cubrir las vacantes. "Tenemos que construir en diez años tanto como hemos hecho en los últimos treinta", resume. 

El Observatorio de la FP evidencia el pequeño papel que tenían hasta hace dos años los estudios enfocados en las energías limpias, principalmente por falta de inversión. Setenta centros imparten el grado de Energías Renovables frente a los más de setecientos que enseñan el grado medio en Informática o los casi trescientos de Marketing y Publicidad. 

Aun así, los autores del informe recogen que el interés por los estudios verdes crece a gran velocidad. Entre 2020 y 2021 el número de alumnos matriculados en España aumentó un 25% en la familia de Energía y Agua de FP, el campo que más creció ese curso. Otra barrera que debe superar el sector es las renovables es de género, ya que las mujeres solo representan el 11% de los alumnos. 

Pese a que la formación concreta en energías renovables está poco desarrollada, el sector creó 111.000 puestos de trabajo directos e indirectos en España en 2021, según señaló este lunes el presidente. Muchos de los empleados proceden de otras ramas de la formación profesional que están relacionadas con estas tecnologías, principalmente de las familias profesionales de Instalación y Mantenimiento y Electricidad y Electrónica, donde se enseña a manipular cualquier aparto eléctrico. 

José Manuel Ortega dedicó su carrera a enseñar Sistemas electrónicos en un instituto de Alcorcón (Madrid) y como explicó en un reportaje en infoLibre, la empleabilidad en este sector es prácticamente del 100% nada más salir del grado, pero los jóvenes no tienen una especial atracción por la profesión. "La verdad es que no están especialmente interesados en estos estudios. Hay ramas como la sanitaria con listas de espera interminables, pero en electrónica vamos muy justos", señaló Ortega. 

Otro dato determinante que aportan los datos del Observatorio es el elevado nivel de penetración que tiene la formación profesional en el sector eléctrico. Un tercio de todos los empleados de esa industria estudiaron un grado medio o superior. 

Si se amplía la fotografía, la instalación y el mantenimiento de paneles solares es la punta de lanza del empleo en las energías renovables. Según un informe del sector publicado la semana pasada, en 2022 crearon alrededor de 74.000 empleos directos e indirectos en toda España y en los próximos tres años esperan crear otros 80.000 más gracias a las declaraciones de impacto ambiental aprobadas a finales de enero.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia, que debe aprovechar los 70.000 millones de euros que la Unión Europea destinará a España hasta 2026 para reactivar la economía sacudida por la pandemia, se ha traducido hasta el momento en 188 convocatorias de proyectos, de las que 133 se encuentran ya cerradas, 40 están abiertas y 14 aún se encuentran pendientes de formalizar. Así consta en el portal web del plan, que reúne sólo las convocatorias publicadas por los ministerios, sus organismos dependientes y las comunidades autónomas. Fuera quedan, por tanto, las que surjan de la iniciativa de ayuntamientos y diputaciones provinciales u otras entidades locales.

Esos proyectos son aún escasos, si se tiene en cuenta que suman unos 5.755 millones de euros, según la suma realizada por Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro, apenas el 21,3% de los primeros 27.000 millones de euros que se han consignado en los Presupuestos del Estado de 2022.

Las dudas sobre la capacidad de España para gestionar la lluvia de millones que le está proporcionando la UE se pueden convertir en certezas a la luz de los primeros pasos en la digestión de los fondos. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes: España es el país que menos fondos estructurales fue capaz de gastar entre 2014 y 2020 y que más denuncias acumula por su mal uso.

La falta de personal técnico, con la suficiente cualificación, era una de las rémoras de las que ya advertían los expertos antes de que llegaran los primeros fondos. Además, en un informe interno desvelado por El País, la empresa Airbus ha expresado sus quejas sobre la falta de coordinación y de liderazgo de los ministerios a la hora de poner en marcha el Perte Aeroespacial, en el que el consorcio multinacional está especialmente interesado. Se trata de uno de los cinco Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica previstos, de los que sólo uno ha sido aprobado por el Consejo de Ministros –el del vehículo eléctrico–, mientras que tanto el aeroespacial como el de la cadena agroalimentaria no han pasado de la fase de estudio y los otros dos, para la salud de vanguardia y del español como impulsor de la economía, son de momento meros anuncios.

El Perte del vehículo eléctrico es el que contará con mayor financiación pública, 4.300 millones de euros, de los que 400 millones están destinados al Plan Moves III, a conceder ayudas –de 4.500 a 7.000 euros– a particulares, autónomos y administraciones para que compren vehículos eléctricos e híbridos enchufables. También se subvencionará la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga. Otros 100 millones de euros del Plan Moves II se dedicarán a subvencionar “proyectos singulares” y “desarrollos experimentales e innovadores” relacionados con el vehículo eléctrico.

Otra de las convocatorias más generosas es el Fond-ICO Next Tech para proyectos digitales innovadores “de alto impacto”, en el que el Ministerio de Economía ha comprometido 2.000 millones de euros. Igualmente habrá 1.000 millones más en ayudas a los ayuntamientos para “la transformación digital y sostenible del transporte urbano”: descarbonización de las ciudades, mejora de la calidad del aire y mitigación del ruido.

Estas son, de momento, las convocatorias más sustanciosas. El Perte para la salud de vanguardia está diseñado para emplear 982 millones de euros. El siguiente en la lista son los 670,1 millones de euros que costará crear 65.000 plazas públicas gratuitas para niños de hasta tres años. Para incentivar el autoconsumo energético y el almacenamiento con fuentes de energía renovable en viviendas se han reservado 660 millones.

Buena parte de las convocatorias se refieren a los ejes obligados por la Unión Europea: la transición ecológica y la digital. Los fondos deben utilizarse también para promover la cohesión económica, social y territorial, la competitividad, la resiliencia, la productividad, la salud, la educación, la investigación, el empleo, la estabilidad financiera…

Así que hay convocatorias estrella para financiar la transformación digital de las administraciones –92,7 millones de euros– o para reforzar la conectividad de los centros públicos: 150 millones de euros. Para reforzarla en polígonos industriales y logísticos se destinarán 100 millones más. Pero la mayor cuantía se la llevará el Programa Único-Banda Ancha del Ministerio de Economía, que concederá 250 millones a operadores de telecomunicaciones para que desplieguen infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad en zonas sin cobertura adecuada.

Para inversiones en I+D destinadas a redes 5G y 6G se han asignado 95,25 millones de euros. Incluso hay dinero para proyectos de inteligencia artificial: 50 millones.

Otro tanto ocurre con la eficiencia energética: 10,3 millones para conseguirla en el Ministerio de Defensa y 91,37 millones en el Ministerio del Interior. Además, se ha diseñado un programa completo para promover la rehabilitación energética de edificios, nutrido con 300 millones, el programa PREE. Una parte, 50 millones, se dedicará específicamente a los municipios “de reto demográfico”; es decir, a los que tienen menos de 5.000 habitantes. También para esta franja se reserva el Programa DUS 5000, 325 millones en ayudas a la transición ecológica. Es decir, a la rehabilitación energética, el autoconsumo, la climatización renovable, el alumbrado con reducción de contaminación lumínica y la movilidad sostenible. Según el ministerio de Teresa Ribera, ya han recibido más de 1.500 solicitudes de ayuntamientos. El 30 % de las peticiones corresponden a municipios de menos de 500 habitantes y el 50%, de menos de 1.000. La mayoría de ellos se sitúan en Castilla y León, y en Andalucía.

No obstante, las convocatorias del plan no se ciñen a proyectos tecnológicos o industriales. También incluyen iniciativas sociales. Por ejemplo, se subvencionarán proyectos piloto para cambiar el modelo de los cuidados de larga duración con hasta 110 millones de euros. El Ministerio de Derechos Sociales, además, ha firmado un convenio de casi 450 millones de euros con las comunidades autónomas para subvencionar proyectos relacionados con la dependencia, la infancia o la creación de entornos accesibles para los discapacitados.

Aparte de la ya citada creación de plazas públicas de guardería, otra partida sustancial, de 361,5 millones de euros, se dedicarán a subvencionar estancias de formación en universidades, tanto extranjeras como españolas, así como a ayudar a las universidades españolas a “atraer talento internacional”.

El tratamiento de las adicciones –6,6 millones para entidades sin ánimo de lucro–, la atención a las mujeres víctimas de explotación sexual –220.000 euros– o un convenio de inclusión para la infancia con Save The Children –7,6 millones– tienen cabida en el plan europeo. El sistema de seguimiento telemático para maltratadores ya ha sido adjudicado a Telefónica en un contrato de 44,4 millones de euros.

Mayor volumen posee el apartado relativo a la formación profesional. Para ocupados del sector del turismo, desde hostelería hasta agencias de viaje y aerolíneas, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha reservado 40 millones de euros. Para cualificación profesional en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación el Ministerio de Educación destina 87,7 millones. La adquisición de competencias digitales se llevará 50 millones más. El Ministerio de Trabajo, además, ha incluido en el Plan de Recuperación el contrato de 1,1 millones de euros para evitar ciberataques en sus sistemas informáticos. El SEPE sufrió un ataque de hackers el pasado mes de marzo, que retrasó el trámite de miles de prestaciones.

Un buen número de convocatorias se refieren a suministros de todo tipo de equipos de investigación científica y material de laboratorio. El CSIC, el Ciemat o el Instituto de Astrofísica de Canarias, por ejemplo, financiarán la compra de citómetros de flujo, espectómetros de masas, portamuestras para criomicroscopios electrónicos, sistemas de dosimetría o el diseño de un telescopio-interferómetro.

También se financiará la adquisición de equipos de alta tecnología sanitaria: radiología vascular intervencionista –85,2 millones--, TAC –141,6 millones--, cardiología intervencionista –66,9 millones–. Ya se ha adjudicado el contrato con una organización investigadora para que se lleven a cabo los ensayos clínicos de la vacuna contra el covid que ha desarrollado el CSIC: 2,03 millones de euros para Optimapharm. Otros 575.000 euros se han destinado al suministro de equipos para que el Instituto de Biomedicina de Valencia investigue mutaciones del coronavirus.

Finalmente, hay convocatorias sorprendentes. El Ministerio de Transportes y Adif han incluido pequeñas obras en carreteras y redes ferroviarias. Hay dos convocatorias para mejorar los cierres laterales que impiden los atropellos de animales en carreteras y autopistas. Y otras tres para levantar pasarelas de peatones en la M-40 de Madrid, una carretera de Salamanca y sobre las vías de la estación de Renfe en A Coruña. Adif también financiará con cargo al Plan de Recuperación el balasto necesario para renovar el acceso ferroviario al puerto de Sagunto, que costará 577.000 euros. E incluso las asistencias técnicas para vigilar las obras en túneles de Lugo, Málaga, Almería y Cantabria.

Llama igualmente la atención que el Ministerio de Cultura haya incluido las ayudas a la producción de películas en el plan. Pero uno de sus componentes, el número 25, tiene como objetivo precisamente impulsar la industria de la cultura y “dinamizar el sector audiovisual”. Serán 12 millones de euros para subvencionar proyectos cinematográficos, 1,23 millones para la organización de festivales de cine y 300.000 euros para impulsar la participación de películas españolas en festivales.

Del mismo modo habrá subvenciones, por un monto total de un millón de euros, para sufragar las estancias en el extranjero, de hasta dos meses de duración y por importe máximo de 10.000 euros, de escritores españoles. La condición es que hayan publicado al menos una obra. Con cargo a los fondos europeos se financiará igualmente el servicio de información turística del Centro de Arte Reina Sofía: 922.386 euros.

Más curiosidades: el escaneo y tratamiento bibliográfico de El Adelantado de Segovia, que costará 160.000 euros, está incluido en el Plan de Recuperación. Lo mismo que las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Tabacalera en Madrid. El Ministerio de Hacienda ha presupuestado el contrato en 5,8 millones. Mucho más dinero costarán las obras para la transición energética de los 42 edificios del conocido como Patrimonio Sindical Acumulado: 98,23 millones de euros. Con el dinero europeo también se sufragará la modernización energética de 54 instalaciones del Consejo Superior de Deportes, entre ellos sus tres centros de alto rendimiento deportivo. La factura final ascenderá a 75 millones de euros.

La sombra del Plan E es alargada. Los 13.000 millones de euros en inversiones públicas con los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso impulsar la creación de empleo en 2008 tuvieron un impacto limitado y las críticas por la naturaleza de los proyectos subvencionados fueron constantes. El Gobierno de Pedro Sánchez calcula en 2,6 puntos porcentuales el crecimiento del PIB que propiciarán los fondos de la UE sólo en 2021. El Banco de España, en cambio, lo reduce a 1,3 puntos, tras recordar precisamente el Plan E, cuyo “efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo” fue “relativamente reducido”. Y destacar la “elevada incertidumbre” que existe sobre la capacidad de las administraciones públicas y el sector privado para “ejecutar proyectos de inversión por un volumen tan elevado en unos plazos tan cortos”. Por ese motivo, reclama una “muy rigurosa” selección de los proyectos.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del próximo martes la Ley de Formación Profesional para su aprobación y posterior tramitación en el Congreso de los Diputados y ha anunciado la próxima elaboración de una ley de enseñanzas artísticas. "Se ha trabajado mucho con todos los sociales, sindicatos, comunidades autónomas y aprobaremos la próxima semana ese proyecto de ley", ha indicado Alegría en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha expresado su deseo de "trabajar con lealtad con el resto de partidos políticos" para obtener el mayor consenso posible.

Alegría ha defendido la necesidad de impulsar la ley de Formación Profesional. "Vamos a aprobar una ley de FP que recoja el carácter dual para garantizar que todos los estudiantes que se formen tendrán garantías de formación en la empresa", ha indicado la ministra quien ha añadido que "ha llegado el momento de que los jóvenes se sientan protagonistas de esta modernización, de este cambio de la Formación Profesional con acceso a un empleo bien remunerado".

Respecto a la ley de enseñanzas artísticas, Alegría aseguró disponer ya de un primer borrador aunque ha declinado precisar su contenido a la espera de reunirse con los sectores afectados para debatirla e intentar buscar consensos. "Es un sector muy determinado que requiere de una ley específica; muchas veces se habla de la importancia del conocimiento científico, pero no podemos olvidar que un país mejora cuando mejora su capacidad humanística y artística", ha defendido Alegría.

La ministra de Educación también ha admitido que la escuela concertada suscite diferentes opiniones pero ha invitado a empezar a "hablar de lo serio de forma sosegada". "Soy consciente que es un tema que genera distintas visiones, somos un país diverso, la pluraridad y la diversidad es legítima y democrática, pero por qué no empezamos a hablar de lo serio y de forma más sosesaga y mucho más serena; si vamos al regate corto de unos frente a otros, el principal perjudicado es la educación", ha indicado Alegría.

La titular de Educación ha recordado que la escuela concertada tiene su origen en 1985 por un acuerdo del entonces Gobierno socialista. "Tal y como establece nuestra ley educativa, la educación es un servicio público que se presta por la red privada concertada y, por supuesto, por la pública y ambas redes tienen financiación del Estado para poder ejercer ese servicio", ha explicado la ministra.

Alegría ha apelado a la necesidad de rebajar la confrontación en materia de educación. "Si hay un aspecto sensible para toda la ciudadanía es éste y para caminar hacia esa mejora de la calidad de la enseñanza, yo al menos voy a intentarlo, hay que reducir ese nivel de crispación, de decibelios que se aporta cuando se habla de ella".

Respecto a la asignatura de Religión, ha recordado que la nueva ley de educación prevé que los centros oferten la materia pero que no sea evaluable. "La ley de educación lo explicita claramente y por los acuerdos con la Santa Sede tiene que ofertarse en los centros, pero es una opción voluntaria por parte de las familia y es una materia que no va a computar a efectos académicos ni beca".

"Nuestro país ha dado muchos pasos en materia de igualdad, pero hay que fortalecer la educación con perspectiva de género"Nuestro país ha dado muchos pasos en materia de igualdad, pero hay que fortalecer la educación con perspectiva de género

La ministra se ha referido además al borrador del real decreto del currículo para primaria que defiende un enfoque socioemocional para la asignatura de matemáticas y ha expresado su deseo de "escuchar todas las propuestas". "Es una cuestión que no lo dice solo este país, sino la Real Sociedad de Matemáticas, en la que los informes de los países que participan en PISA y la OCDE ponen la lupa en que, en los primeros años, hay un manifiesto rechazo de las niñas hacia las matemáticas y de los niños con la lengua y muchos docentes planteaban cómo planificar la metodología para enseñar este tipo de materia", ha justificado Alegría quien ha defendido la importancia de la perspectiva de género en la educación. "Nuestro país ha dado muchos pasos en materia de igualdad, pero hay que fortalecer la educación con perspectiva de género", ha indicado la ministra.

De cara al inicio del curso la semana que viene, Pilar Alegría ha insistido en que en este nuevo curso, en el que se garantizará la presencialidad en todas las etapas, no se debe bajar la guardia y "la prudencia tiene que ser la mayor aliada". Para garantizar el cumplimiento de todas las medidas, el ministerio de Educación ha instado a los consejeros de cada comunidad autónoma a priorizar la educación en el reparto de los fondos covid repartidos por el Gobierno, los cuales el año pasado

Sucede en España. Muchos ministros de Educación han bautizado una ley con sus apellidos. Como norma, casi todos han vivido protestas en las calles (de Maravall a Wert). Los más odiados son también los más recordados; los otros son materia olvidada. En la imponente galería de retratos del Ministerio de Educación, en la madrileña calle Alcalá, cerca del Banco de España, cuesta recordar que Mariano Rajoy o Esperanza Aguirre hayan pasado por este despacho. Isabel Celaá (Bilbao, 1949), una de las escasas mujeres de esa galería pictórica, cree en el común denominador, aunque sea el mínimo. Curtida en mil batallas, tanto en Madrid como en el Gobierno vasco, docente de vocación y mediadora en muchos conflictos, sabe que su ley tiene un recorrido menos incierto que la de sus predecesores, aunque en las cercanías del Ministerio haya pancartas todos los días pidiendo la guillotina. La política educativa lleva años cambiando en el Estado de las Autonomías; ahora forma parte de un Gobierno de coalición que tiene en la escuela pública una de las marcas de su agenda y, por fin, una dotación histórica prevista en los PGE acorde con su importancia. Hay voluntad política para sacar a este departamento de su sempiterno papel de secundario en la película y se atisba en el horizonte un gran cambio en la Formación Profesional (el Ministerio, no en vano, se apellida de Educación y Formación Profesional).

¿Será la gran ocasión que España siempre reclama desde los tiempos de los regeneracionistas de hace dos siglos? ¿Tendrán nuestros docentes el reconocimiento que se merecen? ¿Y nuestros hijos un invierno tranquilo pese a las ventanas abiertas de las aulas? ¿Llegará la fibra óptica a más de ocho millones de alumnos? La ministra parece convencida de que ha llegado la hora. La hora de la ley Celaá.

Tras la emergencia sanitaria que todavía persiste, la educación es sin duda el otro gran frente del sistema público a la hora de abordar la profunda crisis provocada por la pandemia. Dos meses después de iniciado el curso escolar, ¿cuál es su balance? 

El balance es positivo. Las incidencias diarias vienen a oscilar entre el 0,9% y el 1,6% de grupos en cuarentena. De 380.000 grupos que existen, para un total de 8.250.000 alumnos y 750.000 profesores aproximadamente, venimos registrando a diario ese porcentaje. La escuela está resistiendo bien, muy bien, con las medidas sociosanitarias que pusimos en marcha. Nosotros estamos muy satisfechos, preocupados por el momento, pero satisfechos. Cada día que nuestros centros educativos permanecen abiertos es para nosotros una victoria, porque la escuela tiene que estar abierta. La enseñanza presencial es insustituible; la online nos ha ayudado, nos ha permitido seguir manteniendo la educación aun con la escuela cerrada, pero la presencialidad es insustituible, porque la escuela no implica solo instrucción, la escuela es también interacción entre el profesor y el alumno y entre los propios alumnos para desarrollar su capacidad de respeto y de diálogo, de saber vivir en común. 

Me va a permitir, ministra, una reflexión familiar no tan optimista. Esta mañana, como cada mañana, le he puesto a mi hijo un forro polar para ir al colegio público. Hablo de Madrid. Las Ampas han suplido a veces el trabajo de las administraciones autonómicas, a veces no hay dinero para termómetros, para purificadores de aire, para gel, no digamos ya la ventilación de las aulas. La ayuda no se adivina o tarda en salir al rescate. ¿Podemos esperar una actuación más decidida por parte del ministerio en este aspecto?

Esto me acerca mucho al día a al día. Personalmente estoy muy comprometida con este problema que usted me plantea. Hablo a menudo con el ministro de Ciencia para ver cómo ahora, en invierno, podemos establecer los sistemas de ventilación más oportunos para que nuestros niños y niñas puedan seguir en las aulas con este tiempo tan desapacible. Lo que siempre me dicen es que nada puede sustituir a las ventanas abiertas, a la ventilación natural, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo en términos de establecer cómo medir el CO y purificar ese aire. No es tanto una cuestión de recursos económicos, que también, sino de qué resulta más efectivo. Lo que se está haciendo en Europa, en países bastante fríos, es que tras 45 minutos de clase se abren las ventanas. A mí me preocupa y me ocupa el asunto y vamos a tratar de resolverlo. Si los purificadores fueran la solución no habría ningún tipo de excusa para dejar de ponerlos; la cuestión es que desde Ciencia insisten en que lo mejor es renovar todo el aire. Aprovechando este tema tengo que decir que el ministerio no solo ha identificado problemas sino que ha puesto recursos que ha distribuido a las Comunidades Autónomas precisamente como Fondo covid. Madrid ha tenido su parte alícuota en ese reparto, que supongo estará disponiendo para arreglar este tipo de eventualidades. En concreto, esta no la teníamos en septiembre pero empezamos a tenerla ahora y, por tanto, debemos ocuparnos.

El tema tiene más recorrido que la pura ventilación. Numerosas veces la solución a los problemas está siendo gestionada de forma voluntaria por las asociaciones de padres y no por las autoridades, lo que produce cierta sensación de abandono.

Es cierto que hay más implicaciones en lo que usted pone encima de la mesa. Muchas más. La escuela pública necesita más dotación, más recursos. Ha pasado una época dura respecto a la respuesta de mis predecesores a la educación en términos generales, y a la educación pública en términos muy particulares, a lo largo de la administración de la anterior crisis. Nosotros estamos justamente empeñados en que la respuesta que se dé a la educación pública debe ser la adecuada y por eso iniciamos un proyecto amparado por los Presupuestos Generales del Estado en los que la educación va a recibir un total de 5.679 millones de euros, parte de los cuales irán destinados a la educación pública. Venimos de muy lejos y hemos perdido mucho tiempo en estos siete años de gobiernos del Partido Popular para los que la educación fue algo por lo que transitar, pero que nunca han tenido esta concepción de la educación como el armazón básico de las políticas de un país, no solamente en términos de desarrollo individual, sino también en términos de desarrollo colectivo y de desarrollo económico, porque sin educación no hay nada. 

En las reuniones de los Consejeros de Educación a veces da la sensación de que cada Comunidad lee un libro distinto al manual oficial. Ahora mismo el caso del castellano aflora como un motivo más de fricción. Usted, que pasó por el Gobierno vasco, ¿cómo ve este perpetuo desconcierto entre autonomías?

Responderé con sinceridad. Por mor de la necesidad que vivimos desde marzo hemos logrado articular respuestas en todas las conferencias sectoriales, y digo por mor de la necesidad porque hemos tenido a veces que dar respuestas a lo más básico como era tratar de que el proceso educativo no se interrumpiera. Aun así nos hemos encontrado con miles de alumnos desconectados con verdaderas dificultades, y eso hablando de un país que, si lo comparamos con los del entorno, es el que más tendido de fibra óptica tiene. Por lo tanto, en comparación con otros países, hemos partido con una alta conectividad de los hogares españoles. Esa ha sido nuestra ventaja. No obstante, una de las primeras cuestiones que yo pedí a todos los consejeros fue la de identificar a aquellos alumnos que están desconectados y proveerles de un recurso digital porque es la única forma que tenemos ahora de acompañarnos en la tarea educativa. Así hemos avanzado en muchas cuestiones que, una vez vistas, parecía que tenían una escasa importancia, pero que nos han dado la oportunidad de poder concluir el curso 2019/2020 con relativa satisfacción. No hemos sido un país que haya dicho “¡aprobado general para todos!”. Estoy muy en contra del aprobado general porque considero que supone dejar al alumno en el estado en el que está, no incorporar ninguna tensión al sistema. El sistema tiene que tener la suficiente tensión como para poder detectar cuáles son las dificultades del alumno, qué deficiencias presenta en el ámbito del conocimiento, en el ámbito emocional y, por tanto, nos ha interesado que ese alumno cuente con un informe personalizado para que cuando sea recibido por el siguiente profesional detecte los aspectos a reforzar, identificando y singularizando. Es necesaria la enseñanza personalizada para identificar la diversidad de talento.

Sin embargo, da la sensación de un permanente desacuerdo más allá de lo esencial. 

Volviendo al principio. Por mor de la necesidad hemos ido tratando los temas esenciales: cómo se iba a hacer el examen de la selectividad o cómo íbamos a concluir la evaluación del curso. Decidimos hacer una evaluación colegiada, lo que supone una auténtica transición cultural en este país porque la evaluación colegiada es justamente el valor añadido: ¿se encuentra este alumno en condiciones, tiene suficiente bagaje, está pertrechado para poder promocionar o no? La repetición es un recurso, pero nunca el recurso. En esto España tiene siempre un sistema muy abusivo con la repetición. Es decir, hemos ido viendo los problemas que se han mostrado con total evidencia y crudeza, en un momento de pandemia que no podíamos entrar en detalles, y logramos transitar con un respaldo muy importante, excepto obviamente las comunidades del Partido Popular que, en alguna ocasión, han mostrado reticencias, pero, en general, hemos ido avanzando en dichas cuestiones. Ahora se abren otros asuntos esenciales, por ejemplo, cómo vamos a trabajar en recursos digitales, cómo vamos a educar en digital y estamos esperando la llegada a los centros, en dos o tres meses, de medio millón de aparatos electrónicos.

Efectivamente España sigue sufriendo el impacto de la brecha digital en varios frentes: la extensión de la red, la capacitación de usuarios y docentes, e incluso la precariedad económica que dificulta a veces la llegada de terminales a todos los hogares. ¿Cuál debe ser la respuesta tecnológica a una crisis humanitaria de este calibre?

La educación es un derecho fundamental. El alumno tiene un derecho fundamental a ser educado, lo que correlativamente implica que los poderes públicos tienen que servir ese derecho. Nosotros defendemos la educación por mucho que respetemos la educación concertada, por mucho que haya atribución de causa por otros lares. Somos de aquellos que pensamos que la prestación del servicio educativo se da a través de la red de centros públicos y de la red de centros privados concertados, pero los poderes públicos son los que tienen la obligación. Otra iniciativa distinta puede tener la devoción, la libertad para ofertar o no ofertar, pero en cualquier caso el poder público es el que tiene siempre la obligación. Sabiendo que la digitalización es la palanca decisiva para la transformación, para la innovación, la educación tiene que contar con la digitalización aquí y ahora, no como un fin sino como un medio, porque por mucho que la pandemia se vaya nosotros vamos a seguir contando con la digitalización. Es una sociedad digitalizada con una economía 4.0 y la escuela forma parte de la sociedad y evoluciona con ella. La escuela no solo tiene que dar respuesta sino conseguir las fórmulas para el cambio de esa sociedad. Por tanto, la digitalización constituye una de nuestras políticas principales, igual que antes hablábamos de los libros y del material escolar, el niño o niña tiene que ser dotado de una herramienta digital. Cuando nosotros hablamos de este programa que tenemos en convenio con el Ministerio de Asuntos Ecónomicos y con las Comunidades Autonónomas siempre decimos que no vale la pena dar un segundo dispositivo a quien ya tiene uno, debemos identificar al que no tiene ninguno. Hablamos de medio millón de dispositivos electrónicos, por tanto deben ser las Comunidades Autónomas las que identifiquen la vulnerabilidad dentro de sus propios territorios. Este es uno de los primeros programas que tenemos y ya ha empezado la licitación en algunas comunidades. Se trata de un proceso muy largo y muy costoso, pero suponemos que ya en enero podrán disponer de los recursos. Hablaba usted también de otro aspecto: en cuestión de días hemos tenido que pasar de una educación presencial a una educación online y el profesorado se ha esforzado muchísimo. Ahora resulta imprescindible también que haya una alfabetización digital para el profesorado. Nosotros lo que tenemos propuesto es escalar en la formación digital del profesorado. Vamos a incorporar aproximadamente 1.013 millones de euros, si el presupuesto se aprueba, que confío que así sea, para digitalización de equipamiento, conectividad y formación del profesorado. 

Por primera vez en la historia hay un consenso bastante generalizado para romper las barreras de austeridad. Incluso desde el FMI se bendice el gasto público en sanidad o educación. ¿Cómo se traducen los resultados de esta política keynesiana a medio plazo concretamente en su departamento? ¿Será la educación la otra ansiada vacuna contra la vulnerabilidad social?

Es mi deseo y mi voluntad. Y además considero que la educación supone siempre una inversión y no un gasto. Es verdad que en los Presupuestos de todos los Estados aparece como “política de gasto educativo”. Pero resulta fantástico que el FMI por fin haya comprendido que la educación es el armazón básico de todas las políticas, el andamiaje. Hemos recibido un proyecto de Presupuestos Generales en el que finalmente la Educación es percibida por el presidente del Gobierno como ese soporte al que estamos aludiendo. Hemos experimentado un incremento de un 139% (5.679 millones el total). Yo fui consejera de Investigación y Universidades en el Gobierno vasco y cuando yo llegué aquí —habían desgajado Cultura y Universidades del ministerio, es verdad— me encontré con un presupuesto como el que tenía en el País Vasco para 2.100.000 habitantes. El trabajo ha sido muy importante. Este incremento incorpora recursos que vienen de los fondos europeos y también del Ministerio de Trabajo al asumir Educación la Formación Profesional para el empleo. Este es un dato muy importante. El 49% de los ciudadanos y ciudadanas de España no tiene un título profesional, es decir, son población activa a veces con gran experiencia laboral en lo que hace, pero viene una ventolera, se queda sin trabajo y no tiene nada que mostrar. Nuestro empeño es lograr acreditar en esta legislatura a algo más de tres millones de ciudadanos para que su experiencia se vea reflejada con una acreditación, con un título o parte de un título. Esta supone una de las grandes operaciones para nosotros. También lo es aumentar las plazas de Formación Profesional, el sistema educativo español tiene solo la mitad de la media europea de alumnos matriculados en FP. Tenemos un extenso territorio para abordar la Formación Profesional. Necesitamos técnicos superiores. Eso significa cualificación media, intermedia o superior. Además queremos darles a esos técnicos un conocimiento importante de una lengua extranjera. 

Parece que por fin hay unos recursos considerables, el mercado laboral cambia a pasos acelerados y el cambio cultural está ahí. ¿Será por fin esa FP una escuela de personas capacitadas y con empleo?

La FP es clave. No hay Formación Profesional sin empresa ni empresa sin Formación Profesional. Nosotros nos hemos abierto a la empresa desde el primer día. Esto era un páramo; un lugar en el que el Consejo General de Formación Profesional no se había reunido en siete años. La FP debe estar absolutamente encaminada al sistema de ocupación no solo de nuestros jóvenes, sino de todos nuestros conciudadanos porque la formación permanente es lo que retira definitivamente el deslinde entre la escuela y la vida adulta. Si antes de la pandemia estábamos hablando del cambio como lo único real, ¿qué panorama tenemos ahora tras la pandemia? Si algo nos ha enseñado la pandemia es a retirar el velo del sistema educativo y lo hemos visto con sus debilidades y hemos visto que hay que darle una solución. La FP tiene un impacto extraordinario y constituye una de las políticas que con más desvelo y atención está examinando Europa, aunque en España haya todavía personas que la perciban como un itinerario de segunda y con cierto estigma. Trabajamos cada día para que estos perjuicios se retiren del panorama del pensamiento. Un ejemplo: entre los jóvenes demandantes de empleo con FP solo hay un 8% de paro, es un recurso extraordinario. La precariedad y la temporalidad se pueden doblegar a base de más conocimiento. Tenemos que pertrechar a todos nuestros conciudadanos, jóvenes o no, de la suficiente mochila formativa para afrontar los avatares de la vida, que son muchos. 

Con la pandemia vuelve al centro de la diana el profesorado y sus históricas demandas de dignidad laboral. ¿Qué políticas hay en marcha para satisfacer a un sector fundamental de la sociedad y en perpetuo déficit tanto económico como de autoestima? 

¡Los profesores son el alma de la educación! Nosotros estamos en la tarea de aportar valor añadido a la carrera profesional de los docentes. Así como existe una altísima valoración de la profesión sanitaria, a veces hemos echado en falta esa altísima valoración en la profesión docente. Vamos a trabajar en eso desde el momento que se apruebe la ley. La ley nos envía un mandato al Gobierno: que en el plazo de un año hagamos público nuestro proyecto para mejorar la carrera profesional, proyecto que pasa por la mejora de la formación del docente para que sea más práctica, más adaptable al terreno, que haya más prácticas como ocurre con los MIR en sanidad, por ejemplo. Además queremos una inducción para ese profesorado, que esté acompañado por un colega para que el salto al aula no sea tan brusco. Queremos que los docentes sean innovadores, algo que habrá que evaluar e incentivar. Hay que tocar la carrera profesional. Hay que asegurarse de que el profesional tiene una actualización en su formación y que aporta esa formación al sistema. Hay que tocar esa carrera profesional, eso es capital para nuestro proyecto. 

Desde los inicios de la pandemia se ha producido un incremento masivo de la demanda de información y conocimiento científicos y, en paralelo, hemos asistido al auge de muchos bulos y movimientos al amparo de la desinformación. En España hay motivos para sospechar que nuestro modelo educativo no es el más idóneo para satisfacer dicha demanda. ¿Será esta una ocasión para mejorar la capacitación de nuestros alumnos? 

Esa es la tarea de la educación precisamente. La educación tiene que preparar al alumno para que tenga discernimiento, criterio, libre pensamiento, capacidad para saber enfrentarse a una noticia falsa, que sea capaz de ver dónde están los hechos y dónde las opiniones. El tema científico es muy importante y España de nuevo ha descuidado mucho este asunto. El “que inventen ellos” ha seguido circulando en España. En el Gobierno de Zapatero, en 2011, fue cuando llegamos a la mejor cota de recursos dedicados a la ciencia y a la investigación. No vale que inventen otros y nosotros lo apliquemos, porque eso no supone creación de conocimiento ni investigación, y un país tiene que crear conocimiento, tiene que investigar para que sus patentes, el resultado de ese conocimiento, puedan ser exportadas, para no correr el riesgo permanente de que hoy me llevo esta factoría de aquí porque lo único que me da es mano de obra. Por tanto, resulta necesario avanzar en ciencia y la ciencia trabaja a medio plazo. Por eso, cuando todo esto ha ocurrido, hemos mirado a la ciencia y le hemos reclamado soluciones sin percatarnos que muchos de los problemas que se planteaban los filósofos griegos hoy se resuelven en los laboratorios de Física. Resulta necesario seguir desarrollando la ciencia para que en ese medio plazo nos pueda dar las respuestas que necesitamos. Este virus ha sido solo un aviso. Un aviso que tuvimos con la gripe española o con la peste en la Edad Media, pero hemos de saber que cada día estamos más expuestos. Puedo correr el riesgo en este momento de arrimar el ascua a mi sardina, pero obviamente para mí la educación y la ciencia constituyen los soportes básicos del universo. En este momento hemos de acudir a ellos para satisfacer todo lo que necesitamos. 

Aun con tanta desafección, ¿también importa la política?

No podríamos vivir sin política. Es el arte de lo posible, la forma de buscar el común denominador, aunque a veces resulta difícil llegar al máximo. La política no es que más que personas que pueden pensar distinto pero suman esfuerzos y pueden alcanzar un objetivo. 

¿La echa de menos de alguna manera en estos tiempos broncos?

El arte de llegar a lo posible sí. A veces son difíciles los caminos. En educación, donde se da cita precisamente la máxima diversidad ideológica, a veces hay quien reclama un pacto con una mano pero con la otra lo hace imposible. Tenemos que llegar a suma de acuerdos buscando el máximo común denominador. Vamos avanzando.

*Esta entrevista está publicada en el número de diciembre de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquíaquí

El patronato de la Fundación Estatal de la Formación para el Empleo (Fundae) ha aprobado el nombramiento como gerente de Ignacio Fernández Zurita, hasta ahora director de Relaciones Institucionales de la patronal Confemetal. Pero lo ha hecho con las abstenciones de los representantes de CCOO y el sindicato gallego CIG, así como de las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Navarra.

CCOO no ha respaldado la designación de Fernández Zurita porque considera que nombrar al directivo de una organización empresarial vulnera “la independencia y neutralidad” con que debería guiarse la fundación. Por su parte, las comunidades autónomas se han quejado del procedimiento con que se ha seleccionado al nuevo director gerente, elegido por primera vez mediante un concurso de méritos de convocatoria pública.

El patronato de la Fundae cuenta con 71 miembros, de los que 36 corresponden a la Administración. Según las fuentes consultadas por infoLibre, las abstenciones han sido 11. A favor del nombramiento también han votado los representantes de UGT y de CEOE y Cepyme.

“Hace dos días Fernández Zurita apareció en una foto con la ministra [de Empleo, Fátima Báñez] representando a la CEOE”, explica la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, “la imagen de falta de objetividad perjudica a la fundación”. Pese a que el sindicato ve “con buenos ojos” los últimos cambios en la cúpula de Empleo, considera que poner al frente de la Fundae a un directivo de la patronal “no es la mejor manera” de darle a la fundación “el impulso que necesita”, tampoco de “recuperar el prestigio de la formación para el empleo”, dañada en los últimos tiempos por los casos de fraude en las subvenciones.

La Fundae se encarga de gestionar las ayudas para los cursos de formación tanto de ocupados como de desempleados. “Una cosa es el órgano colegiado [donde se sentaban los sindicatos y la patronal], el órgano de gobernanza y decisión política, y otro el órgano instructor, de gestión, la gerencia, que hace una valoración técnica y aplica un procedimiento tasado. Las organizaciones sindicales no queremos instruir los expedientes, sino fijar los criterios generales de esa instrucción”, reclama Santillana. Desde la reforma del sistema de formación para el empleo de 2015, tanto los sindicatos como la CEOE pugnan con el ministerio por regresar a ese órgano colegiado de decisión. Empleo se niega porque considera que la patronal, UGT y CCOO no pueden ser “juez y parte”: gestionar las ayudas que ellos mismos reciben para impartir los cursos de formación.

CCOO también entregó a la secretaria del patronato un documento con los cambios que, a juicio del sindicato, deben acometerse en la Fundae: renovar el convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), desarrollar procedimientos de gestión de las discrepancias entre empresas y trabajadores, o implantar sistemas para garantizar el derecho de información de los trabajadores.

Por el contrario, UGT cree que “no se debe presuponer” que Fernández Zurita hará “una mala gestión” sólo por el hecho de haber trabajado para la patronal. “Hemos trabajado juntos con Confemetal cuando presentamos los recursos ante la Audiencia Nacional contra las convocatorias de subvenciones del ministerio y no podemos decir ni un pero contra él”, explica Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. Pacheco recuerda, además, que cuando la fundación era Forcem, entre 1992 y 2004, los sindicatos y la patronal se alternaban en la presidencia “y nadie presuponía que el presidente iba a ser parcial”. Fernández Zurita ha obtenido “la máxima valoración, 13 puntos, en el concurso realizado según los estatutos de la Fundae, y el segundo consiguió 10 puntos, así que no hay nada que objetar”, ha zanjado el dirigente ugetista.

Falta de transparencia

El motivo del malestar de las comunidades autónomas que se han abstenido es otro: la falta de transparencia del procedimiento de selección. Según explicaron, sólo la víspera de la votación se les envió el acta con la decisión del grupo técnico que seleccionó a los candidatos a gerente, pero no se les facilitaron los anexos donde debían figurar las puntuaciones de los méritos de cada aspirante. 

“Nos hemos sentido totalmente fuera del procedimiento”, lamentan además fuentes de una de las comunidades. La selección la ha llevado a cabo un grupo técnico integrado únicamente por personal del ministerio, sin participación de las comunidades autónomas ni de los agentes sociales, por lo que “parece una decisión interna”, critican. “Y luego”, subrayan, “nos convocan para una reunión del patronato sólo a título informativo”. Tampoco les ha gustado a estos gobiernos autonómicos que el nombramiento “no contara con el consenso de los agentes sociales, que es lo más importante”.

El nuevo director gerente de Fundae, Ignacio Fernández Zurita, era hasta ahora el director de Relaciones Institucionales de Confemetal y desde 2015 también ejerce como secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE). En Confemetal se encargaba del área de formación y formaba parte de la comisión negociadora del convenio del sector del metal. Además, se sentaba en representación de Cepyme en la Mesa de Diálogo Social sobre formación abierta por el Ministerio de Empleo. Sustituye en el cargo a Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, que fue nombrado en 2012.

El número dos de Empleo y presidente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), Juan Pablo Riesgo, propondrá este jueves a Ignacio Fernández Zurita, director de Relaciones Institucionales de la patronal Confemetal, como nuevo director gerente de la institución, que gestiona las ayudas a la formación de ocupados y desempleados. Fernández Zurita es el candidato con mejor puntuación en el concurso de méritos convocado para el puesto, que quedó libre tras ser destituido hace tres semanas Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, en el cargo desde 2012.

Ésta es la primera vez que el gerente de la Fundae (la antigua Fundación Tripartita) se elige por este procedimiento, una convocatoria publicada en el BOE a la que se presentaron 41 candidatos. De los 35 que reunían los requisitos, Ignacio Fernández Zurita es quien se ha considerado “el perfil técnico más idóneo”, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre. Para valorar los méritos de los aspirantes, se creó un grupo de trabajo técnico formado por Beltrán de la Torre Pedrosa, director del gabinete del secretario de Estado; Ángel Goya Castroverde, subdirector general de Políticas Activas de Empleo, y Vicente Bertolín Puchol, secretario del patronato de la Fundae.

Tras la reforma del sistema de formación para el empleo aplicada por el Gobierno en 2015, la Fundación Tripartita se convirtió en una fundación estatal, cambió de nombre y la mayoría de su patronato pasó a ostentarla la Administración. Hasta ese momento el patronato se dividía a partes iguales entre la Administración –incluidas las comunidades autónomas–, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos más representantivos, UGT, CCOO y CIG. Es decir, el nombramiento de Fernández Zurita será aprobado por la mayoría del patronato, en poder de la Administración que lo propone.

Demandas en los juzgados

Se da la circunstancia de que Confemetal fue una de las tres patronales –junto con las de hostelería y ayuda a la dependencia– que impugnó ante la Audiencia Nacional las convocatorias de subvenciones para la formación de los años 2014 y 2016. La primera fue anulada por el tribunal, lo que obligó a Empleo a paralizar el pago de las ayudas durante casi un año. La demanda contra la segunda convocatoria está aún pendiente de resolución. Las relaciones del Ministerio de Empleo con la CEOE y los sindicatos han sido más que tensas desde que la reforma de 2015 les excluyó de los órganos de gobernanza de la formación para el empleo. Y las más belicosas han sido las tres patronales citadas, que no dudaron en acudir a los tribunales e incluso solicitaron al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 que impusiera multas coercitivas “de carácter personal” a la cúpula del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), por no ejecutar la la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la convocatoria de subvenciones de 2014. En concreto, tachaban de “farsa de subsanación” y “burda maniobra” la fórmula empleada por el SEPE para intentar dar cumplimiento a la citada sentencia.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el nombramiento de un miembro de Confemetal ha sido presentado por el ministerio como un intento por recuperar la confianza perdida con la patronal y los sindicatos tras tres años de agrio conflicto. Mientras los agentes sociales reclaman su regreso a los órganos de control de la formación, Empleo se niega con el argumento de que no pueden ser “juez y parte” en la concesión de las ayudas. En el último año, los cambios en la cúpula del SEPE, que ha estrenado nuevo director hace menos de un mes, han propiciado una relajación de las tensiones. También ha cambiado el subdirector de Políticas Activas de Empleo.

Méritos

La convocatoria para cubrir el puesto de gerente de la Fundae exigía ser licenciado universitario, un nivel alto de inglés hablado y escrito, conocimientos del ámbito público de la formación profesional para el empleo, experiencia de al menos cinco años en puestos de responsabilidad en organizaciones o entidades del mundo laboral, el empleo y la formación profesional y, finalmente, experiencia en procesos de negociación colectiva y diálogo social.

Ignacio Fernández Zurita es licenciado en Derecho, máster en Estudios Europeos sobre Política Social y Gestión de Recursos Humanos por el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica). Desde 2008 ejerce como director de Relaciones Institucionales de Confemetal y desde 2015, como secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE), según consta en el currículo que ha colgado en la web profesional Linkedin. En Confemetal es el responsable del área de formación y forma parte de la comisión negociadora del convenio del sector del metal. Además, se sienta en representación de Cepyme en la Mesa de Diálogo Social sobre formación abierta por el Ministerio de Empleo.

Presido una asociación que se dedica a temas de empleo y de vez en cuando nos paramos a ver y leer lo que se cuece en el mercado laboral español. A través de nuestro Observatorio leemos más de 50 portales de empleo españoles y estudiamos sus ofertas. En el último trimestre de 2016, la hostelería, la restauración y las ventas son los sectores donde se concentra el 80% de las ofertas de empleo publicadas. Muy lejos quedan los sectores más cualificados y que ofrecen puestos de trabajo estables, como la tecnología, la informática o la ingeniería. Si, además, atendemos a la relación entre franjas salariales y nivel de estudios, el problema empeora. La devaluación de los profesionales con titulaciones universitarias se ha acentuado aún más a lo largo de 2016. La demanda de profesionales técnicos con nivel de formación media ha crecido exponencialmente hasta alcanzar la misma proporción de demanda de estos trabajadores para franjas salariales entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año. O lo que es lo mismo, da igual estudiar una carrera universitaria que una FP, porque las posibilidades de encontrar el mismo empleo con la misma franja salarial son las mismas.

Ilustración 10. Relación entre nivel de estudios y franjas salariales en ofertas de empleo publicadas en 2016. Fuente Observatorio de Empleo ANAC

A lo largo de 2016, apenas se han valorado los estudios universitarios de posgrado a la hora de tener una mayor opción a puestos de trabajo con franjas salariales elevadas, por encima de 30.000 euros brutos al año. Y no quiero hablar de la polarización salarial, ese gran fenómeno que aumenta las desigualdades entre trabajadores y que cada vez más se cierne sobre nosotros. Como diría Michael Ende, ésa es otra historia interminable que contaremos más adelante. Lo que sí creo que diremos a nuestros hijos es que estudien Formación Profesional, porque estudiar una carrera es de tontos. ____________________

 Yojana Pavón es presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación y profesora universitaria.

España es el país de la OCDE donde más empleo juvenil se destruyó entre 2007 y 2015, un 52%, más que en Irlanda (48%) y Grecia (47%). El empleo para los menores de 30 años se redujo más de la mitad, una cifra espectacular por sí sola y terrible si se compara con la media de la OCDE, donde cayó sólo un 8%. Los datos proceden del informe Panorama de la sociedad 2016, elaborado por el organismo internacional, que agrupa a 34 países, los más ricos del mundo.

El documento cifra en 40 millones los ninis –jóvenes que ni estudian ni trabajan– existentes en la OCDE, una media del 14,6% de los menores de 30 años que en España se elevó hasta el 23% en 2015. Pero que llegó a su máximo, el 26%, en 2013, “una de las más altas jamás observadas en un país de la OCDE”, destaca el informe. Para los jóvenes inmigrantes aún es peor: se eleva al 32%.

España, además, también es de los países donde ser un ni-ni dura más tiempo: más del 30% de los jóvenes españoles permanecen más de un año sin estudiar ni trabajar.

El caso es que si los jóvenes consiguen un empleo, lo más probable es que sea a tiempo parcial. Si en España uno de cada 10 trabajadores tiene un contrato por horas porque no ha encontrado un empleo a tiempo completo, el porcentaje de jóvenes en esa situación es el doble. Y si se trata de mujeres con menos de 30 años, la cuarta parte trabaja a tiempo parcial de forma involuntaria. Además, sus salarios serán mucho más bajos que hace siete años. Quienes entraron en el mercado laboral en 2009 han sufrido un recorte salarial de 56 puntos porcentuales en España respecto a quienes lo hicieron en 2003, por sólo un 2% en Holanda.

Abandono escolar

El estudio relaciona el alto porcentaje de ni-nis con el abandono escolar, otra de las magnitudes en las que España bate récords internacionales. Más del 30% de estos jóvenes que ni estudian ni trabajan no han pasado del segundo curso de la ESO. Con ese nivel un joven tiene tres veces más probabilidades de ser un ni-ni que un universitario. En España el 39% de los hombres y el 28% de las mujeres no habían completado en 2014 el segundo ciclo de secundaria, el doble de la media de la OCDE.

Aparte de la carencia de títulos, si la competencia en lectura y matemáticas es baja, la amenaza de quedar atrapado en el limbo ni-ni también aumenta: el 18,2% de los jóvenes españoles tiene baja competencia en lectura y el 22,8% en matemáticas, ocho puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE.

Según el estudio, hay otro factor que diferencia a España del resto de los países desarrollados. Sólo uno de cada 20 estudiantes españoles además trabaja. En Islandia, Holanda o Suiza, las naciones con menor porcentaje de ninis –por debajo del 8%–, más de la mitad de los jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo.

Vuelta masiva a las aulas

Una consecuencia de la recesión y del desplome del empleo ha sido el regreso de muchos de estos jóvenes en paro a las aulas. Pero mientras en la OCDE el porcentaje de quienes recuperaron sus estudios aumentó sólo tres puntos entre 2007 y 2014, en España creció 15 puntos, cinco veces más. A juicio de los autores del informe, las becas y la Formación Profesional dual pueden reducir el número de ninis. Claro que en España sólo el 4% de los jóvenes participan en programas de FP dual –aprendizaje en las empresas–, frente al 15% de Alemania, la cuna de este sistema.

Precisamente la CEOE acaba de presentar un estudio sobre la FP dual que cifra en el 3% la oferta de plazas de estos programas, que en Alemania son sufragados por las empresas. Apenas 16.000 estudiantes han tenido acceso a ellos desde 2012.

España también es uno de los países desarrollados que más ha recortado su gasto público en educación durante la crisis, destaca el informe de la OCDE. Mientras la media de reducción fue del 3% entre 2010 y 2012 entre las naciones más ricas, en España superó el 8%. Mientras a cada estudiante español las cuentas públicas destinan 9.000 euros al año, a cada estudiante holandés le corresponden 12.200 euros y a uno estadounidense, 15.500 euros.

El fracaso de la Estrategia de Garantía Juvenil

La Comisión Europea hizo públicos este martes los resultados de la Estrategia de Garantía Juvenil desde que se puso en marcha en 2013: 6.400 millones de euros con los que los gobiernos pretenden ofrecer a los jóvenes europeos un empleo, educación o prácticas en un plazo de cuatro meses. España es el país al que se han destinado más fondos, 1.900 millones de euros, pero sus resultados han sido escasos hasta el momento: sólo ha beneficiado al 10,7% de los ninis españoles. En cambio, el 61% de los alemanes y el 80,5% de los franceses han conseguido una oferta de empleo o formativa.

Según las cifras facilitadas por la Comisión Europea, 276.880 jóvenes españoles han participado de la Garantía Juvenil. Y para alcanzar esa cifra hubo que ampliar la edad de los posibles beneficiarios hasta los 30 años. El resultado es que España ni siquiera ha gastado todos los fondos que le fueron asignados.

El limbo en que caen estos jóvenes tiene graves repercusiones en sus carreras profesionales y laborales: cotizarán durante un tiempo insuficiente y por salarios menores, lo que resultará en pensiones bajas. Pero también perjudica a la economía de sus países. Según calcula Panorama de la sociedad 2016, esos 40 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan podrían haber generado ingresos entre 320.000 y 540.000 millones de euros en 2014, entre el 0,9% y el 1,5% del PIB de toda la OCDE.

Al IES Nº1 Universidad Laboral se llega subiendo una cuesta tortuosa de buena mañana para sus alumnos, en el barrio del Atabal de Málaga capital. Es un instituto enorme, conformado por varios edificios rodeados por césped, árboles y jardín: aquí los descansos entre clase y clase no van ligados al cemento. La uni, como es conocida para abreviar por sus estudiantes y profesores, es reconocida en toda la ciudad como un centro puntero en la atención a la diversidad funcional. Sus alumnos con discapacidad se incluyen a todos los efectos en la vida del instituto, son los reyes del recreo, y al director y sus profesores se les iluminan los ojos al hablar de sus niños. El pasado 15 de septiembre uno de los chicos de este colectivo, Alejandro Morales, no pudo completar la vuelta al cole en su curso específico de Formación Profesional Básica de Agrojardinería y Arreglos Florales. El motivo es que había cumplido 21 años. Volvió la semana pasada gracias a las medidas cautelares del juez, pero la guerra ya se ha desatado. Su madre, Carmen, habla claro: "a mi hijo le están vulnerando sus derechos fundamentales. Se está vulnerando la Constitución". La Junta de Andalucía asegura que debe cumplir una norma superior, de rango estatal. Y el Ministerio de Educación ni sabe ni contesta.

Carmen Morales ya sabía lo que iba a pasar, pero no pudo evitar la rabia cuando recibió en julio la notificación definitiva de que Alejandro no se podía matricular en segundo de Agrojardinería. Al dar la vuelta al edificio de secretaría la estaba esperando el director de la uni, Juan Jesús Larrubia, dispuesto a apoyarla en el trance. "Ha hecho todo lo que ha podido", reconoce Morales. Es una cuestión de leyes ajenas a las competencias del centro. Alejandro no puede cursar el segundo curso de unos cursos específicos para atender la diversidad funcional que se crearon en las comunidades autónomas al imponer la LOMCE la nueva FP Básica, para ocupar el vacío del antiguo Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). El límite para estos programas específicos son los 21 años, como aduce supuestamente la LOE en su artículo 74.1. Dice, literalmente: "La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios".

El matiz del límite de la edad es lo que aduce la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para denegar la matriculación a Alejandro. Carmen Morales, que además es presidenta de la asociación de atención a la diversidad funcional Solcom, lo considera un error normativo. No es que a la Junta no le quede otra, es que han interpretado mal la LOE. “Eso, en principio, era un error normativo puesto que los programas específicos derivan a un certificado de profesionalidad y el articulo 74.1 habla de unidades específicas y centros de educación especial, que nada tienen que ver con una certificación profesional. Como ese error no lo reconocen, siguen adelante", asegura la madre. Defiende que la ley se refiere a centros en absoluto relacionados con los cursos específicos de FP Básica como el de Alejandro.

Asegura, además, que la ley autonómica que regula estos programas educativos contradice el criterio del Ejecutivo andaluz. En la orden del 9 de junio de 2015 se establece como requisito "tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas", para luego añadir que los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos dos veces. Según este capítulo, alumnos como Alejandro no deberían tener problemas para seguir estudiando. Sin embargo, la norma matiza: "siempre que no se superen los 21 años", haciendo referencia a la LOE.

Desde el doloroso momento en el que Carmen recibe el no expreso de la administración, comienza a moverse. A hablar con políticos de uno y otro bando, en busca de una explicación. Ninguna le convence. "Están vulnerando la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de Naciones Unidas). Lo más vergonzoso es que someten al colectivo a la no formación y de ahí al no empleo. Se legisla quitando derechos fundamentales". Sin embargo, tiene una teoría para intentar entender por qué Alejandro Morales no puede cursar segundo de Agrojardinería con 21 años. "Consideran que la gente con 21 años no debe estar en los centros ordinarios, porque la diferencia de edad es grande. Como hay otros centros que los acogen… Es la irracionalidad de quien lo montó en su día, y todos siguen diciendo lo mismo", argumenta. "Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación postobligatoria exceptuando el colectivo de jóvenes con diversidad funcional mayores de 21 años. No tiene sentido", denuncia.

Alejandro interpuso un contencioso-administrativo contra la decisión de denegar su matriculación y el juez aplicó medidas cautelares esta semana, para alegría provisional de la familia Morales. El chico ha vuelto al IES Universidad Laboral a la espera de sentencia. La Delegación de Educación en Málaga asegura que "acata" la decisión del magistrado. Fue la única respuesta a una batería de preguntas sobre el caso que ni contestó la Delegación ni quiso tramitar el departamento de prensa de la Consejería de Educación de la Junta.

Sus responsables se remitieron al pleno del Parlamento de Andalucía del pasado jueves. El tema se trató a colación de una pregunta de la diputada Marta Escrivá, de Ciudadanos. Escrivá exigió una nueva medida en la FP Básica "que permita durante este cuso que estos niños puedan terminar su curso porque ahora, lamentablemente, no pueden". La diputada hizo suyas la tesis de la progenitora de Alejandro, que argumenta que la Junta ha malinterpretado la ley estatal porque no se refiere a los centros ordinarios. "Se pueden cometer errores, pero solucionarlos a tiempo para que no tengan graves consecuencias. La orden del 2015 que ha causado esta injusticia malinterpreta el articulo 74.1" de la LOE, aseguró.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, negó cualquier malinterpretación. "Estamos cumpliendo la ley y eso usted lo sabe", contestó a Escrivá. La exrectora defendió que la Junta de Andalucía ha añadido los programas específicos de FP Básica a la oferta inicial de la LOMCE para ofrecer una formación a las personas con discapacidad y que ha matizado la norma estatal para ampliar el rango de edad de entrada a los cursos hasta los 19 años. "Soy la primera a la que le gustaría tener a los niños hasta el final, hasta que acabasen, pero como eso no nos lo permite la ley, nosotros hemos hecho todo lo posible dentro de nuestras competencias", insistió.

Sin embargo, las leyes educativas de otras comunidades autónomas no recogen la supuesta limitación que impone la LOE a los cursos de formación profesional básica para chicos con discapacidad. Cantabria permite el acceso a estos programas a alumnos hasta los 25 años. La Región de Murcia pone el límite a los 21 años, por lo que aparentemente no tiene sentido que acataran la norma estatal, al igual que la regulación de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, esta última reza: "La edad máxima de permanencia en esta modalidad será de 24 años, cumplidos en la fecha en que finalice el programa", por lo que no cuentan con la presunta restricción de la LOE, el principal argumento de la Junta de Andalucía.

A la espera de una sentencia definitiva, Alejandro puede disfrutar de su segundo curso en Agrojardinería en la uni, que cuenta con metros y metros cuadrados de jardines para explayarse. Una suerte de la que no disfrutan compañeros como él, de su misma clase, que no han denunciado. "Una persona que no recibe formación, que en cualquier caso podrá acceder a un empleo precario o a una pensión ínfima, ¿cómo les va a demandar?", se pregunta su madre. Escrivá citó a otros alumnos expulsados del sistema en otras provincias andaluzas, como Saray, María o José. "Siguen esperando en casa a que les llamen para poder comenzar sus clases", aseguró la diputada.

"Hay que esperar, pero al final ganaremos", confía Morales. "La certeza es que si con 55 años yo me puedo matricular en lo que me dé la gana, él se tiene que poder matricular en lo que le de la gana. Si no, es discriminación. Y eso, en España, está prohibido. Y como está prohibido, a ello vamos".

España reduce el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajanni estudian ni trabajan en 2015, hasta el 22,8%, tres puntos menos que en 2014 (25,8%), pero continúa a la cabeza de los países de la OCDE, sólo por detrás de Turquía (28,8%), Italia (27,4%) y Grecia (26,1%).

Lo confirma el informe Education at a Glance 2016 de la OCDE, presentado este jueves 15 de septiembre a nivel mundial y recogido por Europa Press. La media de jóvenes que ni estudian ni trabajan en la OCDE –34 países–, se sitúa en el 16,6% en 2015, una décima por debajo de la media de la Unión Europea (16,7%).

El último dato de ninis de la media de la OCDE ha mejorado respecto a 2005 dos décimas, pues hace una década se situaba en el 14,8%, mientras que el de la media de la UE22 (13,8%) –países europeos que pertenecen a la OCDE– empeoró un punto. España, por su parte, continúa en 2015 lejos del 15,8% de hace diez años.

Los países que tienen menos jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan son Islandia (6,2%), seguido de Holanda y Suiza (ambos con 8,3%), Luxemburgo (8,4%), Alemania (8,6%), Suecia (9,1%) y Noruega (9,2%).

La OCDE sostiene que la formación profesional y la capacitación laboral "pueden proporcionar rutas más directas al mercado laboral" y añade, con datos de 2014, que mientras el 25% los jóvenes de entre 15 y 19 años de la media de los países que integran esta organización estudian FP, en España este dato se reduce al 13%, pues casi la mitad del alumnado de esa edad (47%) estudia Bachillerato frente al 35% de la OCDE.

La Formación Profesional dual –programas mixtos impartidos entre la empresa y en el instituto–, el porcentaje de alumnos de entre 15 y 19 años de la media de la OCDE alcanza el 7% en 2014, mientras que en España sólo está matriculado un 0,2% en este tipo de programas.

Sobre el nivel de ocupación en función del nivel educativo, el informe advierte de que la tasa de desempleo en España de la población entre 25 y 64 años que han finalizado Secundaria se sitúa en el 20,5%, el triple que la OCDE (7,7%). El dato español es el segundo más elevado de los países de la OCDE y asociaciados, sólo por detrás de Grecia (27,3%).

Brecha "persistente" entre hombres y mujeres

Otro de los aspectos analizados por la OCDE es la diferencia entre hombres y mujeres en educación, tasa de empleo o salario y advierte de que en el caso de España esta distancia es "persistente".

En concreto, llama la atención en que las españolas con titulación terciaria –universitaria o de FP de grado superior– ganan alrededor del 82% de los ingresos de hombres pese a contar con el mismo nivel de formación, situándose a la cabeza de los países de la OCDE, en quinta posición. La media se sitúa en el 73%.

En España, las mujeres representan el 60% del total de los graduados universitarios o estudios equivalentes y el 49% de doctorados, un dato similar a la media de la OCDE. El estudio señala que la principal diferencia por el tipo de estudios superiores entre hombres y mujeres en España se da en las ingenierías, donde sólo el 5% de las españolas completan esta formación, seis veces menos que la media de la OCDE (31%).

Por debajo de la media en gasto educativo

El informe Education at a Glance analiza también el gasto educativo de los países de la OCDE, el salario del profesorado, el nivel educativo de la población y su situación laboral o las tasas de escolarización desde Infantil hasta la Universidad.

Así, en cuanto al gasto en educación, este documento, con datos de 2013, sitúa a España, con el 4,3% del PIB por debajo de la media de la OCDE (5,2%) y de la UE22 (5%). Además, si se tiene en cuenta el porcentaje del gasto total del Estado dedicado al sistema educativo, España ha destinado el 8,2%, tres puntos porcentuales menos que la media de la OCDE (11,2%) y más de un punto y medio por debajo de la de la UE22 (9,9%).

"Una educación de alta calidad necesita una financiación sostenible", advierten los autores de este informe, que señalan que el gasto público dedicado a educación en la media de la OCDE "no ha experimentado cambios entre 2008 y 2013" y se ha mantenido en este periodo en torno al 11%. En cambio, España ha rebajado un punto porcentual este gasto entre 2009 y 2013, pese a situarse al comienzo de la crisis por debajo de la media.

Asimismo, la OCDE señala que a la reducción del porcentaje que España dedica en 2013 a su sistema educativo se suma una caída del 5% del PIB en los años posteriores a la crisis, "que ha derivado en una mayor reducción del gasto público total en educación en este país".

En cuanto al modelo de financiación pública del conjunto de la educación Primaria y Secundaria (ESO, Bachillerato y FP de grado medio) en 2013, el estudio apunta que el 55% de esta financiación en la media de los países de la OCDE proviene del Gobierno central frente al 15% de España, donde el 80% de la misma parte de las comunidades autónomas y un 6% de los ayuntamientos.

Gasto por alumno y sueldo del profesorado

Education at a Glance analiza el gasto anual por estudiante y nivel educativo en 2013: España invierte en 6.956 dólares en Primaria frente a los 8.477 de la media de la OCDE o los 8.545 de la de la UE22. El gasto por alumno en Secundaria en España se sitúa en 8.520 dólares, por debajo de los 9.811 dólares de la OCDE y los 10.053 de la media europea.

Existe una diferencia mayor en educación terciaria (FP de grado superior, Universidad y actividades de I+D), pues este gasto por alumno se sitúa en España en 12.604 dólares, algo más de 3.000 euros menos que la media de la OCDE (15.772 dólares) y la media de la UE22 (15.664 dólares).

"El salario, el entorno escolar y la carga de trabajo son factores que influyen en los docentes para ingresar y permanecer en la profesión", sostienen los autores del documento, que también hacen una comparativa internacional en estos ámbitos.

En España, los profesores imparten de media 880 horas anuales, 104 más que la media de la OCDE (776 horas), aunque esas horas se reparten en menos días lectivos que el promedio de la OCDE. Los salarios de los docentes españoles superan la media y también tanto al inicio de su carrera como tras 15 años de profesión, según este informe.

La ONG Ecologistas en Acción valora el anteproyecto que anunció el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para crear un título de Formación Profesional básica de Tauromaquia y Actividades Auxiliares Ganaderas como "una broma de dudoso ingenio". "De este Gobierno puede esperarse cualquier cosa", admiten, pero esta medida demuestra que el Ejecutivo ha "perdido el sentido de la realidad".

Por tanto, los ecologistas tachan de "aberración" esta titulación que enseña a limpiar y conservar el traje de luces, preparar a los animales para su reproducción o conocer la historia de la lidia, entre otros objetivos.

La organización ve en este movimiento del Ministerio como una forma de "legitimar el mundo taurino y proporcionarle una nueva vía de financiación" en un momento en el que cada vez más comunidades autonómas se declaran antitaurinas y ciudades como Madrid o Alicante han anunciado el cierre de sus escuelas de tauromaquia.

Mientras Educación habla de crear trabajo para diez mil personas que podrían formarse como banderilleros, matadores de novillos, pastores o picadores, Ecologistas en Acción alude a un informe de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal (Avatma) de este mismo año en el que constatan que el sector de la tauromaquia no es más que un colectivo de mil personas.