El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

El exinformático del banco suizo HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes en la vista por su extradición a Suiza en la Audiencia Nacional que sin este tribunal español, que denegó hace cinco años su entrega al país helvético, no habría sido posible que "28 países" judicializaran el resultado de los datos de miles de defraudadores que él mismo extrajo de la entidad financiera en la que trabajaba. La Fiscalía se opone a la entrega.

"Hace cinco años se decidió (rechazar la petición de Suiza) y eso permitió la judicialización en múltiples países del conocido como caso HSBC y por eso, esta corte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han sido fundamentales en la ayuda a la justicia", ha apuntado, para incidir en que si el tribunal le hubiese extraditado, "no se habría podido judicializar el caso, habría sido sólo administrativo".

Falciani se ha expresado así al tomar la palabra ante el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este martes presidía María Riera, en una vista que no ha durado más de 20 minutos y en la que el exinformático ha destacado que "los últimos que se han beneficiado" de la decisión del tribunal que le permitió quedarse en España han sido las autoridades francesas, "que han pactado 300 millones de euros de multa a la banca" y las belgas, que investigan "3.000 millones de dinero del mercado de diamantes".

"Hasta países como Francia tienen que dar las gracias y reconocer lo que se hizo aquí rechazando las alegaciones suizas", ha comentado después en declaraciones a los medios, para destacar además que en un contexto de "guerra económica" global, para defender los intereses económicos de un país, a sus empresas y sus ciudadanos "se tiene que defender a los delatores" porque es su información "la que permite que estos casos no acaben sin consecuencias".

En España no habría cometido "delito alguno"

Durante la vista, la fiscal María Sandoval ha expresado su posición contraria a la extradición del exinformático por entender que el caso ya fue juzgado y las razones por las que entonces se denegó siguen vigentes, ya que lo único que ha cambiado es que en aquel momento había sido imputado por la justicia helvética y ahora ya ha sido condenado (cuatro años y 195 días de cárcel) pero el caso es el mismo.

Según ha detallado, los delitos por los que ha sido allí sentenciado (espionaje económico con agravantes) no tienen equivalencia en el Código Penal y de hecho, que extrajese datos de potenciales delincuentes económicos y los pusiera a disposición de las autoridades judiciales y administrativas, que "no de particulares", "no es constitutivo de delito alguno" en España.

"Lo único que ha habido aquí ha sido una revelación de información a las autoridades judiciales, provinciales y la Hacienda Pública con el fin de reprimir conductas delictivas", ha resumido el abogado de Falciani, Juan Ballarat, quien al término de la vista se mostraba confiado en que prevalezca en la sala el criterio de la Fiscalía y Falciani, tampoco en esta ocasión, sea entregado a Suiza. Espera tener un auto de la sala en un plazo de unos quince días.

Falciani fue detenido por primera vez en territorio español el 1 de julio de 2012 en Barcelona debido a que pendía sobre él una orden de extradición emitida por Suiza en 2009. Sin embargo, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó extraditarle en mayo de 2013, al entender que su conducta había consistido en denunciar "actividades sospechosas de ilegalidad" que no debían ser objeto de protección.

Por su parte, Suiza condenó a Falciani en noviembre de 2015 a cuatro años y 195 días de cárcel y una vez la sentencia alcanzó firmeza, sus autoridades emitieron una nueva orden internacional contra él que fue renovada en mayo de 2017 e incorporada al sistema español que gestiona estos procesos en marzo de 2018. El pasado 4 de abril fue detenido en Madrid y puesto en libertad con medidas cautelares para garantizar que estuviese localizable.

Hervé Falciani, en la Audiencia Nacional durante la vista de su extradición a Suiza, que lo reclama para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, unos hechos por los que en 2013 el tribunal español ya rechazó su entrega al país helvético. | EFE

La defensa de Hervé Falciani ha presentado un habeas corpus para solicitar su inmediata puesta en libertad ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, argumenta que los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013.

Por ello, considera que se trata de una "detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio 'non bis in ídem' por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

"Es inexplicable que este dato no se conociera ya por la Policía Nacional. Además, se trata de una detención innecesaria porque Falciani tiene domicilio conocido, siendo esto también notorio para la Policía", afirma.

Por otro lado, la defensa hace hincapié en que "la colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España", y, de hecho, "el mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga".

"La propia justicia española ha considerado valiosa la colaboración del informático de sistemas en casos de corrupción como son la trama Púnica y el caso Pujol. Asimismo, Estados Unidos ya se benefició de los datos que contiene la llamada lista Falcianicuando acusó a HSBC de blanquear dinero procedente del narcotráfico, razón por la cual el banco suizo fue multado por las autoridades estadounidenses y condenado al pago de casi 2.000 millones de dólares".

"En Francia, la lista Falciani fue utilizada por la Fiscalía de Niza, que, viendo el alcance y la veracidad de los datos contenidos en la misma, la facilitó a las autoridades judiciales de diferentes países, entre ellos España", explica el despacho.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha cerrado este viernes la puerta a una posible mediación de la Unión Europea en la crisis política en Cataluña, porque a su juicio crearía "más caos", al tiempo que ha rechazado la independencia como opción porque no quiere "una Europa formada por 90 países".

"Si permitimos, aunque no sea nuestro asunto, que Cataluña se independice, también lo harán otros después y eso no me gusta. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 90 países, sería imposible", ha defendido Juncker en una charla con estudiantes en Luxemburgo.

El jefe del Ejecutivo comunitario también ha explicado que la Unión Europea no piensa intervenir como mediador para salir de la crisis, a pesar de que así lo hayan solicitado desde la Generalitat, y ha recalcado que cuando la institución ha asumido ese papel lo ha hecho "entre Estados miembro".

Además ha señalado que "sólo una parte" ha llamado a la mediación europea y que ni él ni el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, podrían hacerlo porque "crearía mucho más caos" en la Unión Europea.

El exprimer ministro luxemburgués se ha mostrado "preocupado" por el desafío independentista y por el hecho de que la búsqueda de una identidad propia lleve a muchos a pensar que esa identidad "es incompatible" con la de otros.

Juncker también ha revelado que "hace tiempo" que pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tomar "iniciativas" para que la situación "no se fuera fuera de control". "Se han hecho algunas cosas, otras han quedado intactas", ha añadido.

En cualquier caso ha llamado al "sentido de la responsabilidad de todos los actores" implicados y ha insistido en que la Comisión Europea "no interfiere" en este asunto.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha hecho estas declaraciones en alemán y ha bromeado con que elegía este idioma para que "nadie en Cataluña lo entienda".

En otra charla con espectadores y youtubersel pasado septiembre, unas declaraciones suyas pronunciadas en francés y en las que afirmó que sólo respetaría un referéndum avalado por el Tribunal Constitucional crearon gran polémica por las distintas interpretaciones que se les dieron.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans, ha advertido por su parte a quienes conducen el desafío independentista en Cataluña de que cualquier proceso debe respetar la ley y, por tanto, si quieren cambios deben "empezar por la Constitución". "Para mí está claro: Si se quiere cambiar el orden constitucional de un país, entonces se debe empezar por la Constitución", ha asegurado Timmermans, en un debate con ciudadanos celebrado en Siracusa (Sicilia).

"Si no te gusta la ley tienes derecho a querer cambiar la ley, tienes derecho a contestar la ley, pero no tienes el derecho a ignorar la ley. No es posible", ha añadido.

El vicepresidente comunitario ha recordado lo dicho por Bruselas en las últimas semanas, incluido el pleno respeto al orden constitucional español y la llamada al diálogo "entre todos los españoles", así como la censura al uso de la violencia.

Bajo la opinión de esta organización de activistas la aprobación del actual texto de la directiva de Secretos Comerciales (Trade Secrets Directive) por parte de las instituciones europeas y, el posterior desarrollo de esta nueva doctrina jurídica, "lleva a amenazas muy graves para los ciudadanos que destapen abusos de las corporaciones".

Y esto ocurre porque, tal y como apunta Xnet, con esta nueva normativa comunitaria se establece "una situación de asimetría entre los ciudadanos y las instituciones con respecto a las protecciones de las que disponen al denunciar comportamientos impropios, irregularidades o actividades ilícitas corporativas". Creen, por tanto, que los whistleblowers –como lo fueron en su día Edward Snowden, Hervé Falciani o Chelsea Manning– quedan "desprotegidos" a pesar de que "la mayoría de las denuncias contra los abusos corporativos son impulsadas por ciudadanos".

Además, apuntan que con esta nueva doctrina legal sobre Secretos Comerciales "se da por hecho la persecución legal de cualquier persona que revele secretos comerciales, aunque al final los tribunales fallen a su favor", la protección de los whistleblowers se convierte en una "excepción" en lugar de "estar basado en una norma legal" y, por último, que "la incertidumbre frente a acciones legales logra amedrentar la acción de las personas en posesión de información que revele comportamientos impropios o irregularidades corporativas".

En la votación que tuvo lugar este martes en la Comisión de Asuntos Legales de la Unión Europea solamente el grupo de Los Verdes –donde se encuentran las formaciones Compromís, EH Bildu, BNG, ERC, ICV y Equo– ha manifestado su oposición. Por contra, tanto socialistas como conservadores y liberales dieron el sí. De forma sorprendente, el grupo de la Izquierda Europea –representado en España por Podemos, Izquierda Unida y Anova– tampoco se opuso a la aprobación de esta nueva doctrina legal.

La plataforma Xnet cree que las corporaciones están tratando de "aprovechar" el actual contexto de crisis en Europa como una excusa para "justificar la anteposición de sus intereses comerciales sobre el bien común" y "asegurarse los provilegios y la impunidad" normalmente "inaceptables dentro del Estado democrático y de derecho". El grupo de activistas llega incluso a considerar que esta nueva doctrina proporciona "superpoderes" a las grandes empresas, tales como las  "herramientas legales que permitan proteger sus inversiones y esconder los abusos y malas prácticas".

Así, Xnet añade que se está prevaleciendo al comercial "por encima de cualquier otro criterio". Unos principios que estarían sustentando además las últimas grandes acciones de la UE como la firma de los tratados de libre comercio TTIP, CETA o TiSA. Unos acuerdos que, "con la excusa del comercio", según la plataforma, "se intentan aprobar a puerta cerrada y fuera de los parlamentos democráticamente elegidos".

Hizo saltar la banca. Hervé Falciani, el denunciante del caso HSBC, conocido como el escándalo SwissLeaks, desvelado por el diario Le Monde, publica este jueves 16 de abril, en Francia, su autobiografía. Mediapart publica un adelanto del libro, titulado Séisme sur la planète finance, del que es coautor junto con el periodista italiano Angelo Mincuzzi y que se lee como una novela policiaca y un manual de supervivencia en un entorno bancario hostil.

Nadie puede decir si la versión de los hechos que revela Falciani en esta obra es LA verdad, pero es la suya y merece ser escuchada para comprender lo que, gracias a su audacia y a su valentía, hemos podido conocer: la existencia, en el corazón de uno de los mayores bancos del mundo, de un entramado organizado de fraude fiscal y de blanqueo en el que se mezclan corrupción, terrorismo y crimen organizado.

Gracias a sus informaciones, varios jueces franceses abrieron el 9 de abril una causa contra la matriz del grupo HSBC Holdings, a la que han impuesto una fianza de 1.000 millones de euros que debe abonar antes del 20 de junio. Además, el primer proceso abierto a un defraudador incluido en la lista Falciani, se cerró este mismo lunes con la condena a un año de prisión firme a la heredera de la firma de perfumes Nina Ricci.

Uno de los abogados, William Bourdon, ha plasmado a la perfección, en el prefacio que firma, el desafío que supone un libro así: “No cabe duda de que algunos dirán que la trayectoria de Hervé Falciani no es inmaculada, pero ¿por qué razón se tendría que exigir a un ciudadano, que ha servido al interés general con semejante, valentía una absoluta 'transparencia', negando la complejidad, incluso los lados oscuros, inherentes a cualquier ser humano? La dimensión novelesca de su historia, que expone en este libro con una sinceridad que nadie puede negar, quizás deje algunos interrogantes [...]. Sin embargo, estos son complementarios al mensaje perfectamente estructurado que traslada con relación a los mecanismos que mueven a los pequeños y grandes actores del mundo planetario de las finanzas. Y sobre los medios que se movilizan para tratar de bloquearlos definitivamente”.

En el avance del libro que publica Mediapart, Helvé Falciani vuelve a referirse a sus primeros contactos con los servicios secretos fiscales franceses y cuenta los detalles de aquel día de diciembre de 2008 cuando cayó en manos de la justicia el listado del HSBC. Desvela sobre todo que no actuó solo a la hora de hacerse de los datos. Tras de él, había lo que denomina “la red”. Estos son algunos pasajes del libro.

Seísmo en el mundo de las finanzas

Siguiendo el consejo de mis amigos, me puse en contacto con la Policía Judicial encargada de los grandes delitos financieros, con el fin de que las autoridades fiscales iniciaran una investigación. En junio de 2008, el director de la DNEF [Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales] se puso en contacto conmigo. Hablamos por teléfono y nos vimos en Francia, en una localidad próxima a la frontera con Suiza.

Estaba preocupado y me preguntó si hacía todo aquello por dinero. Le dije que tenía en mi poder información sensible relativa a numerosos franceses que disponían de una cuenta en el HSBC Private Bank y que quería estar seguro de que estas informaciones podrían compartirse con el resto de países europeos. Me respondió que era factible. Entonces, envié un e-mail que contenía los nombres encriptados de algunos clientes franceses del banco, para demostrarle que las informaciones existían realmente. Acto seguido, decidimos volver a vernos en un hotel donde yo tenía que dejar un DVD con más datos.

De ordinario, el protocolo de seguridad dicta que, en este tipo de casos, no se recurra al teléfono, pero los agentes fiscales franceses necesitaban un número para poder contactar conmigo y seguir mis movimientos. Por esa razón, me hice con un móvil suizo. Mis amigos de la “red” sólo me pidieron que tomara ciertas precauciones y que, cuando estuviese en Francia, nunca llevara encima el teléfono. A continuación, me dijeron que su trabajo había finalizado y que tenía que proporcionar la mayor cantidad posible de material a los agentes para establecer con estos una relación de confianza. Sólo me dejaron el teléfono de urgencias, el que es como una tarjeta de crédito, válido únicamente para recibir llamadas en caso de peligro. El representante del fisco y yo nos volvimos a ver el 12 de diciembre, más tarde fijamos una nueva cita para después de las navidades.

Así empecé a colaborar con las autoridades fiscales de París. Sabía que, si las autoridades judiciales tomaban la iniciativa, Suiza no podría hacer nada para impedir la difusión de las informaciones obtenidas.

Los integrantes de la “red”, que hablaban inglés con acento norteamericano, me dijeron que los datos no les servían para nada porque no servían para abrir una investigación judicial en Estados Unidos. La persona que me ayudó a subir la información a la nube me explicó que solo querían poner a Suiza contra las cuerdas. La información ya la tenían.

Estaba estupefacto. Ni siquiera sabía para quién trabajaban. Nunca les pregunté quiénes eran. Había empezado a colaborar con gente que conocía bien y en quien tenía una confianza ciega y, gracias a ellos, había entrado en contacto con otras personas. Las que hablaban inglés, por ejemplo, estaban muy bien organizadas y sabían muy bien lo que hacían. Se habían organizado durante dos años y habían preparado los datos en unos meses.

Cuando la idea de subir los datos a la nube tomó forma, comenzamos a preguntarnos qué país estaría mejor preparado para recibir el material. De inmediato descartamos la hipótesis alemana porque Alemania se habría adueñado de todas las informaciones, nos habría hecho desaparecer, a mi familia y a mí, quizás en otro país y con otro nombre, y todo habría quedado ahí. No era ese mi objetivo. Quería que la información llegase a los jueces del mayor número posible de países del mundo.

Lo único que había que hacer era actuar para que la Justicia suiza fuese a hacerse con el material en mi domicilio. Para ello, era necesario que me marchase a Francia y que esperase la llegada de los jueces sin pedir ayuda alguna, contando sólo con la protección discreta de mis amigos.

Mi vida en peligro

El material del HSBC se recabó a lo largo de varios meses, en 2007. La “red” estaba en contacto con magistrados franceses e italianos pero yo no había hablado directamente con ellos. Me relacionaba con poca gente, pero sabía que contábamos con el respaldo de una organización fuerte. La regla primordial para garantizar nuestra seguridad era que cada uno de nosotros sólo conociese a algunas personas de la “red”, disponiendo de las informaciones necesarias y sabiendo exactamente lo que había que hacer.

En el banco había sistemas informáticos diferentes, accesibles a empleados diferentes. Después de identificar los sistemas más importantes y las personas gracias a las cuales podíamos obtener los datos, los miembros de la “red” se pusieron en contacto con ellos para convencerlos para que colaborasen. Eran ellos los que debían subir los datos a la nubenube. En total, en el banco, eran una docena de personas.

La nube no era difícil de utilizar, era como entrar en una página web gracias a un equipo que permitía ver los datos. Para acceder, bastaba con una llave USB con conexión a Internet que sólo se utilizaba para eso. Para entrar en el sistema y trabajar, me bastaba con tener una conexión wifi. El sistema utilizaba un programa informático similar a Bit Torrent, un protocolo peer-to-peer que servía para intercambiar ficheros en internet. Las informaciones que se descargaban nuestros contactos ajenos al banco se fragmentaban en miles de ficheros y se repartían en las memorias de otros tantos ordenadores. Los propietarios de estos equipos no sabían que en su disco duro se guardaban los datos del HSBC.

Un sistema de seguridad especialmente estudiado permitía acceder a la nube. Marcaba un número de teléfono y recibía un código. Entraba con la llave USB tecleando la clave alfanumérica que me facilitaban de vez en cuando. Por la noche, revisaba los datos que habían añadido durante el día las personas que alimentaban continuamente las informaciones de la nube. Mi labor era hacer las comprobaciones pertinentes: iba al banco y pedía a los especialistas que me proporcionaran datos particulares que comprobaba a continuación con las informaciones de la nube. El control era un aspecto fundamental.

Del HSBC no saqué personalmente ningún dato por la simple razón de que no podía, pero cuando comencé a trabajar con este material con el personal de los servicios secretos, entonces sí, violé el secreto bancario. Sólo entonces, y soy el único que puede garantizar la fiabilidad de estas informaciones. Si, por poner un ejemplo absurdo, al día siguiente hubiese dicho que los datos habían sido falsificados y que no eran auténticos, las investigaciones se habrían bloqueado y cerrado. Todos los intereses en juego dependían de mí, de ahí que mi vida estuviese en peligro y quizás lo siga estando a día de hoy.

Mientras tanto, las investigaciones permitieron demostrar que los datos eran auténticos porque muchos clientes del HSBC admitieron haber tenido una cuenta en el banco, confirmaron el montante, y en España se llevaron dictaron las primeras sentencias por evasión fiscal.

En febrero de 2008, a mi regreso a Líbano, se interrumpió el trabajo en la nube. Había recopilado 800 gigas de información, pero cuando comprobé que las herramientas de que disponían las autoridades francesas eran muy antiguas, me di cuenta de que lo único que se podía hacer era utilizar las herramientas más básicas de la nube, es decir, el equivalente a 200 gigas. El resto está escondido porque en Francia no hay nadie capaz de utilizarlo.

La disparidad de medios de los bancos privados y de las administraciones estatales que luchan contra el crimen y la evasión fiscal es una constante. Las experiencias de estos últimos años me han permitido constatar hasta qué punto los sistemas judiciales de países como Francia e Italia trabajan con medios que no están adaptados. Eran incapaces de gestionar el volumen de datos que yo podía poner a su disposición. Durante el tiempo que duraron las pesquisas, las investigaciones no se cruzaron: trabajaban de forma dispersa y utilizando más el papel que el ordenador.

El arresto

En la mañana del 22 de diciembre de 2008, lunes, estaba en una videoconferencia con los desarrolladores de Hong Kong, a los que estaba explicando lo que esperaba de ellos. Aproximadamente un mes antes, me habían nombrado responsable de los analistas técnicos, una nueva etapa en mi carrera en el seno del HSBC. A las 10 en punto, mi teléfono sonó. Al otro lado del teléfono estaba el director de mi departamento. Levanté la cabeza y lo vi a la entrada haciéndome una señal para que me acercase. Había otras dos personas con él. Comprendí de inmediato que la aventura empezaba [...]

Mi mujer no estaba en casa y los policías me pidieron que la llamase. Inmediatamente comprendió lo que ocurría y sólo me preguntó si le daba tiempo a comprar yogures para la niña, como para darme a entender que ella estaba bien. Le dije que no disponía de tiempo, que tenía que volver a casa inmediatamente. Cuando llegó nuestra hija, nos sentamos alrededor de la mesa del salón. Hablamos entre nosotros mientras que los dos policías registraban la casa, en busca de ordenadores y de teléfonos. Tenía a mi hija sobre las rodillas cuando llamé a mi mujer “darling”, como hago siempre. Un policía me interrumpió bruscamente, advirtiéndome de que no hablase en una lengua extranjera. Me puso las esposas y, cuando mi mujer protestó diciendo que no era un criminal, respondieron que lo exigía el protocolo de seguridad.

Los registros se prolongaron durante casi una hora. A eso del mediodía me llevaron a la comisaría. Esperé hasta las tres de la tarde y, mientras aguardaba, me quedé dormido. Me desperté al llegar el magistrado, quien comenzó a interrogarme sobre el viaje a Líbano. Le dije que había ido a Beirut a presentar una empresa de sistemas informáticos y que había tenido una reunión en la sede de un banco. Ya era de noche cuando el magistrado me dejó irme y me citó para el día siguiente a las 9.30 de la mañana, en el tribunal de Lausana. Cuando salí de la comisaría y regresé a casa, mis amigos de la “red” ya lo sabían todo. Lo único que tenía que hacer es seguir el protocolo. Al día siguiente por la mañana me marché de Ginebra.

En Francia, los mismos hombres con los que había trabajado en Suiza me garantizaban protección. No podía llamarlos, sólo podía verme con ellos en determinados lugares, por ejemplo en los trenes. Cuando necesitaba contactar con ellos, debía dejar una señal en un lugar determinado del tren, en la línea que me habían indicado. Al día siguiente, subía al mismo tren y me sentaba al lado de un asiento vacío esperando a que alguien lo ocupase o aguardaba de pie a que un hombre me dijese cuándo tenía que bajar y me citaba con mis contactos en alguna parte de la estación o de fuera de la estación o volvía a subir de inmediato al tren que iba en dirección contraria, hacia la estación de la que acababa de partir, y hablaba durante el trayecto con la persona que había solicitado ver.

Por precaución, tenía que estar en sitio en los que me conocieran o desplazarme a lugares al aire libre muy concurridos. Mis amigos tenían que saber en todo momento dónde estaba y cómo me desplazaba, sobre todo en el periodo en el que estábamos esperando un registro en Francia. Cuando comencé a colaborar oficialmente con la Justicia y con el fisco francés, los gendarmes son los encargados de ofrecerme protección. Difícil de organizar porque en Francia no existían precedentes de casos como el mío.

_____________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La conferencia titulada “El nuevo rumbo de los centros financieros”, celebrada en Ginebra el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre, fue todo un acontecimiento. Por segundo año consecutivo, en un palacio de la ciudad se daban cita cientos de banqueros, intermediarios financieros, gestores de fortuna, fideicomisarios, abogados suizos dispuestos a abordar las novedades más recientes.

Durante los dos días que duraron las jornadas, organizadas por el diario Agefi y Academy & Finance, se discutió principalmente sobre la “nueva normativa internacional” bautizada EAR (intercambio automático de informaciones, por sus siglas en francés), un ovni que pronto va a aterrizar en el universo cotidiano de los banqueros. Tras oponerse durante varios años, Suiza finalmente se comprometió el pasado 29 de octubre en Berlín, a implantar, como máximo en 2018, el intercambio automático de informaciones fiscales bajo la égida de la OCDE. Según el calendario previsto, las entidades financieras tendrán que recabar en 2017 las informaciones relativas a sus clientes extranjeros (saldos, dividendos, intereses y otros rentas, así como la identidad de los beneficiarios reales de los trusts, fundaciones y otras estructuras opacas) que comunicarán a la Administración Federal de Contribuciones (AFC), quien a su vez las transmitirá en 2018 a los países de residencia de estos clientes, lo que debería disuadir a los defraudadores. El intercambio administrativo de información bajo petición seguirá existiendo de forma paralela.

Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal (CTP) de la OCDE, era el invitado estrella de la jornada. La antigua bestia negra de los banqueros suizos es hoy uno de los hombres más solicitados. En los pasillos del edificio que acoge las conferencias, Patrick Odier de la Asociación Suiza de Banqueros (ABS)  le aborda con educación para recordarle “la necesidad de organizar próximamente una reunión para hablar de ciertas cosas”. El francés que no tiene un hueco libre en su agenda se compromete a atender la petición.

Saint-Amans tuvo palabras de “felicitación” para el centro financiero helvético. “Estamos muy impresionados por la rápida reacción de Suiza, 52º Estado en firmar el pasado miércoles 19 de noviembre el MCAA (acuerdo multilateral de autoridades competentes para el intercambio automático de informaciones sobre cuentas bancarias)”, explicó sonriente, sin olvidar hacer mención al camino recorrido, salpicado de crisis. Como cuando, por ejemplo en abril de 2011, Suiza fue suspendida en el examen del Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información, lo que le impidió pasar a la fase 2 por su legislación incompleta en materia de intercambio de información fiscal bajo petición (entonces, la norma internacional). Hace un año, la exasperación era máxima entre Berna y París, ya que todas las solicitudes realizadas por Francia estaban bloqueadas porque el procedimiento suizo obligaba en esa época a prevenir a los defraudadores antes de remitir su expediente. Un aspecto que ha quedado modificado en la ley suiza.

“Han sido extremadamente lentos, han creado enormes frustraciones y los últimos años han sido horribles, pero hemos salido de esta incomprensión”, resumió irónico Pascal Saint-Amans, para subrayar que la nueva norma sobre el intercambio automático de información se ha elaborado en un año y ha contado con la participación activa de Suiza.

En los últimos meses, el lobby bancario helvético se ha peleado con uñas y dientes para que sus exigencias se incluyeran en la nueva norma, a saber, que las informaciones intercambiadas se utilicen exclusivamente con los fines fiscales acordados (principio de la especialidad), que sean transmitidas de forma recíproca, que la confidencialidad se vea garantizada para que los datos no caigan en manos de cualquiera (por ejemplo, en manos de las mafias…) y, finalmente, que los beneficiarios reales de las cuentas, incluso aquellos que se esconden detrás de trusts y otras estructuras jurídicas sofisticadas, sean identificados. De este modo, Berna lograba imponer la noción de level playing field, obligando en teoría a todos los países a transmitir información fiscal del mismo nivel.

En estos momentos, todo está por hacer para dar el gran salto al intercambio automático de información. Este cambio radical en las prácticas también tendrá que ser ratificado en el Parlamento Suizo y posiblemente en referendo.

El Consejo Federal (véase el comunicado oficial) ha adoptado tres mandatos de negociaciones. El primero, con la Unión Europea, promete ser largo y arduo. Ya se escuchan voces que vaticinan que no se cumplirán los plazos. Berna duda sobre si negociar con la UE en bloque o cerrar acuerdos con cada uno de los Estados miembros, lo que permitiría obtener contrapartidas. “Si se negocia país por país, se puede tratar de conseguir la posibilidad de regularizar a los clientes y también tener acceso a los mercados financieros porque, ¿para qué facilitar informaciones de clientes si no se tiene acceso al mercado del país del origen?” resumió Jan Langlo, abogado fiscalista en Pictet y director adjunto de la Asociación de Bancos Privados Suizos.

Mientras el intercambio automático no se convierte en una realidad, la cuestión de la “regularización del pasado” sigue siendo igual de sensible. El 4 de diciembre se celebrará en Ginebra un coloquio que lleva por título: “El cierre de las cuentas de clientes no regularizados. Cómo hacerlo correctamente”. Escarmentados por los procesos judiciales abiertos en Francia y en Europa contra algunas entidades (UBS, HSBC y Reyl) y las acusaciones de blanqueo de fraude fiscal que atenazan a los banqueros, los bancos quieren deshacerse lo antes posible de aquellos clientes poco sensibles, antaño recibidos con los brazos abiertos. Se han tomado medidas drásticas contra los que no quieren regularizar su situación, como el bloqueo de cuentas, el establecimiento de un límite a la retirada de efectivo o la prohibición de hacer transferencias a otros países. Indignados, algunos clientes han acudido a la justicia, tal y como recoge regularmente la prensa suiza. En Francia, el proceso de regularización va bien. Según las últimas cifras facilitadas por RTS, se han remitido 12.000 expedientes a la unidad especializada creada por el Ministerio de Economía, lo que representa una suma de 11.000 millones de euros y que se traduce en 2.000 millones de ingresos fiscales en 2014. Sin embargo, queda mucho por hacer. Según un estudio citado por el ATS, a finales de 2010, había 80.000 cuentas sin declarar a nombre de ciudadanos franceses, lo que suponía 83.000 millones de francos suizos (69.000 millones de euros). Todo ello, frente a los 210.000 millones de francos ingresados por los alemanes y los 158.000 millones de euros de los italianos.

¿El agujero negro americano?

Suiza tendrá que renegociar también con Estados Unidos el acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act o ley sobre el cumplimiento fiscal relativa a cuentas en el extranjero). Esta ley norteamericana obliga a las instituciones financieras del mundo entero a transmitir la información de que disponen de contribuyentes norteamericanos (US Persons). Aquellas entidades que no cumplan con las regulaciones están sujetas a un impuesto de retención disuasorio del 30%. En junio de 2014, Berna optó por el modelo 2 de FATCA  que prevé proporcionar al fisco norteamericano (IRS) los datos de las US Persons con el consentimiento de estas. El Gobierno quiere ahora pasar al modelo 1 de FACT, la transmisión automática de información, a través de la Administración Federal de Contribuciones (AFC), evitando con ello a los bancos tener que tratar con el IRS. Washington asegura que esta renegociación será rápida, pero un punto crucial agita el centro financiero; hasta la fecha los norteamericanos solo aplican una reciprocidad limitada, ya que solo transmiten a sus socios de FATCA información sobre los intereses de las cuentas de ahorro. Es más, EEUU se beneficia de una excepción al no estar obligados a identificar a los beneficiarios reales de las cuentas abiertas en sus bancos en jurisdicciones opacas con los que no han firmado el acuerdo FATCA, por ejemplo Panamá.

“Se trata de nuestra preocupación principal”, reconoce a Mediapart Michel Dérobert, director de la Asociación de Bancos Privados Suizos (ABPS). “Estados Unidos ha logrado imponer al mundo una norma que se han inventado para ellos mismos, pero que no se aplican a ellos mismos. De momento, FATCA es unilateral y en gran parte no es recíproca”, explica. La Administración Obama se ha comprometido a sumarse próximamente a un verdadero intercambio. “No veo ninguna tendencia política que vaya en este sentido”, lamenta el banquero, que estima que los republicanos del Congresos seguirán indudablemente oponiéndose a que los banqueros norteamericanos entreguen toda la información sobre sus clientes extranjeros. “Espero que los demás países sean conscientes del hecho de que ahí quizás haya un agujero negro, quizás ya utilizado”, concluye Michel Dérobert.

Preguntado al respecto en el transcurso de la conferencia, Pascal Saint-Amans reconoció que “los Estados Unidos no han asumido el compromiso de reciprocidad y aunque lo hubiesen hecho, no serían capaces de cumplirlo”. El francés recuerda que en EEUU, y no solo en algunos Estados como Delaware, existe “un problema de identificación del beneficiario real” en las Limited Liabilities Compagnies (LLC o sociedad de responsabilidad limitada), en el punto de mira de la OCDE.

Esta estructura jurídica específica existe en 48 Estados norteamericanos. Es fácil y poco costoso utilizarla como offshore tras el que esconderse, con tal que de que se ciudadano no americano y que no desempeñe actividad alguna en el país. Las LLC de Delaware, Wyoming y Nevada siguen sin verse obligadas a comunicar el nombre y la dirección del accionariado al Registro Mercantil ni a proporcionar estas informaciones al Estado durante la constitución de la sociedad.

Por último, deben firmarse acuerdos con países de fuera de EEUU y de la UE. A este respecto, Suiza ha sido clara al afirmar que regirá el principio de reciprocidad y en función de sus intereses. “En una primera fase, se puede priorizar el intercambio automático con países que respondan a los siguientes criterios: cuenten con vínculos económicos y políticos estrechos con Suiza; en caso de ser necesario, habilitación de suficientes vías de regularización para los contribuyentes afectados; potencial comercial que hace de estos países socios importantes y prometedores para el sector financiero suizo”, indica en un comunicado el Consejo Federal. En resumen, los países en vía de desarrollo cuyas élites son corruptas y practican la evasión fiscal no deberían obtener nada de Suiza, al no estar en condiciones de facilitar ellos mismos este intercambio. A esto se añade el argumento según el cual no puede hablarse de transmitir información a países que no son Estados de derecho. Lo que nunca ha impedido a los banqueros acoger las fortunas expoliadas de los potentados.

Toda la profesión reflexiona ya sobre las cuestiones puramente prácticas inherentes al intercambio automático. Jan Langlo, director adjunto de la Asociación de Bancos Privados Suizos, vaticina situaciones surrealistas como clientes extranjeros cuyo lugar de residencia se desconoce con la imposibilidad de transmitir a un Estado concreto la información, trusts cuyas controlling persons (personas que controlan la entidad) son de cuatro nacionalidades diferentes, obligando con ello a multiplicar los envíos etc. “A los banqueros les espera mucho trabajo y los costes son difíciles de cifrar, sin duda ascenderán a cientos de millones de francos”, calcula el abogado fiscalista, que lamenta que no se haya realizado ningún estudio sobre el coste/beneficio del intercambio automático de información. “Los Estados tienen más que ganar con un proyecto del tipo BEPS (el plan de acción de la OCDE contra la optimización fiscal agresiva de las grandes empresas), esperamos que el sentido común y la razón terminen por imponerse”, añade.

Algunos de sus colegas perfilan ya su estrategia para responder a las necesidades futuras de sus ricos clientes. Fabrizio Gonzales, socio del estudio Anaford en Zurich, explicó que lo esencial del trabajo se basará en el acierto con que se elija la residencia fiscal, el país donde se enviarán las informaciones bancarias. El abogado puso por caso el de una “persona que no quiere que se envíe la información a Reino Unido”. Según él, algunos países cuando reciban estos datos se contentarán con cruzarlos con las declaraciones fiscales de los contribuyentes, pero en algunos casos “habrá miles y miles de verificaciones fiscales. Saltarán las alarmas y son cosas que habría que evitar”, añade el abogado mercantilista.

Traducción: Mariola Moreno

Hace apenas un año, nadie habría apostado por este anuncio sobre la lucha contra la evasión fiscal: los gobiernos se comprometen a poner en práctica el intercambio automático de información a partir de 2017. Hace dos años, se habría considerado simple y llanamente inconcebible. Sin embargo, el pasado miércoles 29 de octubre, en Berlín, 93 países se comprometieron a compartir de forma automática, en 2017 o 2018, información fiscal. Y, por ende, esto supone asestar un golpe muy importante al secreto bancario y al fraude fiscal. En efecto, el intercambio automático de datos es la herramienta más útil en materia de transparencia fiscal. Hace años que las asociaciones de lucha contra el fraude lo consideraban uno de los objetivos fundamentales.

Este sistema implica que con carácter anual, las entidades financieras de un determinado país tengan que reunir la información financiera (saldos de las cuentas, intereses, dividendos y otros ingresos) que posean de los ciudadanos extranjeros con una cuenta abierta en dicho Estado y comunicarla a la administración fiscal correspondiente, a su vez encargada de proporcionársela al país en el que residen sus ricos clientes. En resumen, quita las ganas de intentar defraudar al fisco. Además, a partir de los acuerdos adoptados el pasado miércoles 29, los bancos tendrán que conocer y comunicar la identidad real de aquellos que se esconden tras las cuentas de los trusts trusts(Jersey es un campeón en la materia), de las fundaciones o de las eventuales sociedades pantalla, responsables de ir borrando tras de sí cualquier rastro.

El acuerdo berlinés se ha alcanzado bajo la égida de la OCDE –el club que reúne a 34 países ricos–, al que el G20 le encomendó la misión de coordinar la lucha mundial contra la evasión fiscal, y que fue el encargado de organizar un foro fiscal muy activo que reagrupa a más de 120 países. Este foro, que adquirió el compromiso de luchar contra los paraísos fiscales, ha logrado hitos notables en poco tiempo, dicho sea de paso.

“Que un número tan importante de jurisdicciones haya decidido intercambiar automáticamente informaciones relativas a las cuentas financieras pone de manifiesto que es posible lograr un cambio importante cuando la comunidad internacional une sus esfuerzos al servicio de un objetivo preciso y ambicioso”, se congratuló el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurria. “Para los defraudadores, el mundo es un terreno cuyas dimensiones se reducen rápidamente”.

58 países, de entre los cuales 51 firmaron el acuerdo en Berlín, han aceptado intercambiar de forma automática información sobre las cuentas antes de septiembre de 2017. Entre los firmantes se encuentran territorios que merecen, sin medias tintas, el calificativo de paraíso fiscal, como las Bermudas, las islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein o Jersey. Algunos países, con Luxemburgo a la cabeza, son territorios que han luchado con uñas y dientes durante años por preservar el secreto fiscal. Al margen de Austria, que ha obtenido una moratoria de un año, los países de la Unión Europea entran a formar parte de esta primera oleada, lógicamente, conforme a la decisión adoptada relativa al intercambio automático de información en el seno de la UE, validada definitivamente el 14 de octubre.

Otros 35 países se han dado de plazo hasta 2018 para sumarse al acuerdo, entre estos Estados se encuentra Suiza (que oficialmente se rindió en mayo), China, Bahamas, Mónaco, Singapur, Arabia Saudí o la región de Hong Kong. Hasta el último momento, se mantuvieron las negociaciones con el fin de que se sumara el máximo número de países posible. A veces, estas negociaciones fueron dirigidas directamente por el responsable de Fiscalidad de la OCDE, el francés Pascal Saint-Amans, muy activo en la materia desde 2009. Bahamas, Belice, Brunei y los Emiratos Árabes Unidos también se subieron al tren in extremis. Se trata de todo un éxito para Saint-Amans, que además coordina los esfuerzos cada vez más sofisticados puestos en marcha por la comunidad internacional para impedir a las multinacionales que comentan fraude en el pago de los impuestos.

Para los centros financieros offshore que, desde hace años, si no décadas, han amasado una fortuna merced a la evasión fiscal de sus clientes, estamos ante compromisos revolucionarios. “Se trata de un logro considerable”, se ha vanagloriado en el diario económico Les Échos el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, entre los países ricos convocantes y que dirigió todo el proceso, con Alemania y Francia, en 2013. Su homólogo francés Michel Sapin también se regocijó en Le Mondepor esta “etapa decisiva e irreversible en la lucha contra el fraude fiscal” y por este “cambio de época”.

Finalmente, solo cinco países no se han adherido al acuerdo, situándose de facto en la lista negra de territorios no cooperantes. Se trata de Vanuatu y Nauru (Oceanía) y las Islas Cook (Pacífico), pero también el Golfo de Bahrein y Panamá, único centro financiero de envergadura que se ha quedado fuera del juego de la cooperación internacional.

La apisonadora norteamericana

Este espectacular hundimiento del secreto bancario mundial ha sido rápido. En 2009, numerosos países aceptaron ceder al intercambio de información, bajo petición, en respuesta, caso a caso, a las demandas recibidas de las administraciones fiscales o de las autoridades judiciales de los países socios, muchas veces cuidadosamente seleccionados.

Sin embargo, fue en 2010 cuando las cosas comenzaron a cambiar, a raíz de la votación en EEUU de la ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), tras conocerse la acción de los bancos suizos, entre ellos, UBS, en el país. Promulgada en junio de 2014 en un centenar de países, la ley Fatca impone unilateralmente el intercambio automático de datos a los bancos que tienen clientes norteamericanos. En caso de que tal intercambio de datos no se lleve a cabo, los beneficios obtenidos en territorio de EEUU tributan al 30%.

Tras haber cedido a la apisonadora norteamericana y después de años de resistencia, Luxemburgo y Austria aceptaron acto seguido, en marzo, renunciar al secreto bancario referido a sus vecinos europeos. Esta victoria se vio ratificada definitivamente el 14 de octubre en la UE.

Estos avances, ¿cuánto pueden suponer para los Estados, que arañan de donde pueden en este periodo de penurias? Es imposible determinarlo con exactitud, pero la OCDE calcula que desde 2009, la veintena de países que se han unido para acabar con el secreto bancario, han recaudado más de 29.000 millones de euros adicionales en impuestos. En Francia, a finales de mayo de 2014, más de 24.000 contribuyentes poco sensibles iniciaron el para regularizar sus cuentas, aunque solo 6.300 de ellos lo completaron. Más del 80% de estos expedientes estaba relacionado con dinero oculto en Suiza.

El oro, los cuadros o los jets privados escapan al control

Sobre el papel, los individuos ricos deseosos de esconder su fortuna al fisco tienen motivos para estar preocupados, en tanto en cuanto las salidas que hasta ahora tenían a su alcance pasan a ser arriesgadas. Sin embargo, todavía tienen largos meses por delante para organizarse bien y para explorar nuevas vías que aún tienen a su alcance. Porque, por supuesto, las soluciones de la OCDE no aportan respuestas para todo. En primer lugar, será necesario asegurarse de que en la práctica funcionan, para lo que será necesario establecer controles estrictos, que requieren de tiempo y de dinero. Porque nada garantiza que territorios como China, Singapur o Hong Kong, por citar algunos ejemplos, estén tan comprometidos como para dejar a un lado su soberanía en asuntos tan importantes.

No obstante, aunque fuese el caso, seguirá habiendo un importante agujero en la red contra el fraude elaborada por la OCDE. Comenzando por el hecho de que, en lo que respecta a las cuentas abiertas antes de 2016, el intercambio de información solo afecta a aquellas con ¡más de 250.000 dólares! También supone un problema que EEUU, al aprobar su poderosa ley Fatca, no se haya visto obligado a ratificar los acuerdos de la OCDE. Porque si bien la ley Fatca garantiza al Fisco norteamericano la obtención de las informaciones que desea, el texto legislativo es por contra más laxo en lo que concierne a las obligaciones de EEUU para con sus socios.

Dicho de otro modo, los bancos norteamericanos no tendrán que proporcionar a otros países todos los datos de que disponen... Una cuestión peliaguda, habida cuenta de que numerosas sociedades registradas en Delaware, paraíso fiscal interno, solo son tapaderas muy poco controladas, que sirven para ocultar la identidad de los defraudadores.

Otro punto negro lo constituye Suiza, que ha logrado que las informaciones intercambiadas entre los países solo estén destinadas al fisco, pero que no puedan ser explotadas por la justicia de los países socios. Además, ha impuesto la “reciprocidad”. Los Estados no transmitirán informaciones más que a aquellos países que hagan lo mismo por ello. Lo que excluye claramente a los países en vías de desarrollo, que rara vez están en condiciones de poner en marcha la maquinaria precisa para intercambiar información aun cuando los países pobres son las principales víctimas de la evasión fiscal, que sus élites practican alegremente. Además, la cuestión de la reciprocidad no siempre es pertinente. El interés de Suiza, por ejemplo, de disponer de informaciones procedentes de África es muy relativo, mientras que a la inversa es fundamental para garantizar un reparto de los recursos en un continente pasto de corruptos.

Le Tax Justice Network, la ONG más beligerante en la lucha contra la evasión fiscal, lleva una relación detallada precisa y técnica de las lagunas legislativas que los países firmantes se han comprometido a solucionar. Se muestra relativamente pesimista. En un informe detallado, esta ONG aplaude lo que considera “un primer paso para acabar con el secreto bancario”, pero apunta las múltiples formas que tienen a su alcance los defraudadores para continuar delinquiendo. Señala por ejemplo que no se van a tener en consideración las informaciones relativas a la posesión de empresas o de bienes inmobiliarios, ni tampoco de oro ni obras de arte depositadas en cajas fuertes o puertos francos.

Así, los trusts o fundaciones que gestionan activos financieros, pero solo por una persona, quedan excluidos de este intercambio automáticotrusts. Y puesto que solo se ven concernidos los datos financieros, la organización TJN advierte de que el dinero invertido en coches de lujo, yates o jets privados o en propiedades inmobiliarias de lujo seguirán escapando a las miradas indiscretas del Fisco, que, falto de medios de verificación eficaces, no tendrá más alternativa que creer, como si fuese la Biblia, las informaciones proporcionadas por los ricos defraudadores a las instituciones financieras que han constituido sus sociedades pantalla. La transparencia completa y total aún esta lejos.

Traducción: Mariola Moreno

“Los días del secreto bancario han terminado”, proclamó el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, después de que el Consejo Europeo aprobara por unanimidad la directiva sobre fiscalidad del ahorro, que llevaba bloqueada desde 2008. En realidad, los días serán años, al menos dos, el plazo que se han dado los Estados miembro para incorporar la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales. Y el secreto bancario habrá desaparecido sólo en territorio europeo. Mientras el G-20, que carece de la capacidad ejecutiva de la UE, no concluya sus propias medidas contra los paraísos fiscales, los capitales europeos podrán seguir escapándose a los puertos refugio ubicados en el resto del planeta, desde las islas Caimán hasta Mauricio o Singapur.

Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) creen que la declaración del comisario Semeta peca de “triunfalista”. “Se ha liberado un obstáculo, ciertamente, pero debemos ser cautelosos”, advierte su presidente, Ramsés Pérez Boga. Austria y Luxemburgo mantenían bloqueada la directiva desde hace seis años: exigían que también Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino, paraísos fiscales europeos pero fuera de la UE, se sumaran al acuerdo de intercambio automático de información fiscal, para evitar que los capitales se mudaran de sus bancos a los de estos miniestados.

“El intercambio automático de información es una herramienta de mucha potencia”, explica Pérez Boga, quien la considera básica en la lucha contra el fraude. “Ahora tendremos al instante en la base de datos la información sobre cuentas bancarias de ciudadanos españoles situadas en estos países, en lugar de tener que probar, en la comisión rogatoria preceptiva, que esa persona ha defraudado”, asegura.

También ve como un avance considerable que la directiva no se limite al ahorro, sino que se extienda a los seguros y productos financieros. Además, su radio de acción se amplía de las personas físicas a las jurídicas: la práctica habitual es que las primeras se oculten detrás de sociedades pantalla, fundaciones o fideicomisos.

Para José María Mollinedo, secretario de Gestha –los técnicos de Hacienda–, la directiva se queda corta. “El ahorro financiero queda excluido”, explica. El intercambio de información tiene sus limitaciones: se circunscribe a los rendimientos en forma de pago de intereses y excluye las relaciones contractuales anteriores a enero de 2004. “Es un adelanto, un paso”, destaca, “pero se va poder sortear con facilidad porque la realidad de la evasión es más dinámica”. La directiva podrá cortarle las alas al “evasor primitivo”, aclara, pero se le escapará el “sofisticado”. Ése que, por ejemplo, crea sociedades interpuestas en países de fuera de la UE. En esos casos, advierte, va a ser muy difícil identificar al titular efectivo de las cuentas. Lo mismo ocurrirá en las sociedades con administradores fiduciarios de terceros países. “¿O que sucede con quien posee una casa en Bahamas, que puede alquilar y obtener de ella una rentabilidad?”, se pregunta Mollinedo.

Prefieron gravar las cuentas a renunciar al secreto bancario

La norma comunitaria sobre la fiscalidad del ahorro se remonta a 2003, pero desde entonces tanto Austria y Luxemburgo, como hasta 2010 Bélgica, se negaron a aplicarla y han disfrutado de un periodo transitorio: prefirieron gravar –hasta en un 35%– los intereses generados en sus cuentas por los ahorros de ciudadanos residentes en otros países antes que renunciar al secreto bancario. El 75% de esa retención sobre los intereses iba a parar a los países de origen de los titulares de las cuentas opacas. Por este concepto, según datos de la Agencia Tributaria manejados por IHE, España percibió en 2006 un total de 40 millones de euros; es decir, que los intereses satisfechos por esas cuentas de españoles en paraísos fiscales ascienden a 350 millones.

Ahora Austria y Luxemburgo han puesto fin a su resistencia, a cambio de que también pasen por el aro del intercambio automático de información sus competidores europeos fuera de la UE. El siguiente paso es acabar con el secreto bancario en el resto del mundo. Algo que Pérez Boga no ve del todo utópico desde que Estados Unidos comprobó cómo en los paraísos fiscales se ocultaba también el dinero del narcotráfico y, sobre todo, del terrorismo.

Más cauto, José María Mollinedo considera que el fin del secreto bancario aún queda lejos. Las discusiones en el G-20 están “bastante atrasadas”, subraya, y sólo serán eficaces las medidas que tome la OCDE a escala mundial.Más dureza en España

Así que los inspectores de Hacienda creen que aún harían falta más medidas para acabar con unas prácticas evasivas que equivalen a la cuarta parte de la riqueza privada mundial, según los cálculos del FMI. “Debería aplicarse un tratamiento más duro a las empresas radicadas en paraísos fiscales”, plantea Pérez Boga. Por ejemplo, gravar los beneficios que obtengan estas sociedades u obligar a los bancos a identificar a aquellos clientes nacionales que posean cuentas en paraísos fiscales. Tampoco dudan en proponer medidas “muy intervencionistas”, como negarles personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español a las sociedades constituidas en esos territorios.

En la misma dirección apunta José María Mollinedo, quien reclama “medidas más ambiciosas” del lado español. Entre ellas, que se prohíba operar aquí a los bancos de paraísos fiscales que se nieguen a aportar datos sobre quién está realmente detrás de sus cuentas.

Austria y Luxemburgo son los dos únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario. El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, ya ha anunciado que lo levantará en 2015. En Austria, el canciller socialista, Werner Faymann, está a favor de iniciar el debate, pero sus socios de coalición, los conservadores de Fekter, se oponen.

"El intercambio automático de información implica una intromisión masiva en la esfera privada. Eso quiere decir que el Estado husmea profundamente en los asuntos privados de los propietarios de cuentas bancarias", ha dicho Fekter a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

"He encargado un estudio para analizar hasta qué punto hay que proteger la privacidad, porque el derecho primario de la UE, el derecho fundamental europeo, es proteger la esfera privada. Y la protección de datos es un valor grandísimo en la UE, aunque no se mencione en este contexto", ha resaltado la ministra austríaca.

Carta de los cinco grandes países

En contraste, el ministro de Economía galo, Pierre Moscovici, ha reclamado avanzar en "la lucha contra los paraísos fiscales" y "en una mayor coherencia hacia el intercambio automático de información por parte de los bancos" y ha recordado que Francia, España, Alemania, Italia y Reino Unido han enviado una carta a Bruselas exigiendo más progresos en esta dirección.

"Creo que se están produciendo avances decisivos, tanto por la presión de la opinión internacional como por decisiones que han tomado nuestros amigos americanos y la posición de los principales países de la UE", ha dicho Moscovici.

"He observado posiciones más flexibles, por ejemplo por parte de Luxemburgo. Austria ha reaccionado también. Hemos emprendido un proceso que no va a detenerse y este proceso permitirá avances decisivos en la supresión del secreto bancario y la lucha contra los paraísos fiscales", ha apuntado.

El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, ha anunciado que su país levantará el secreto bancario en 2015 y permitirá el intercambio automático de información sobre cuentas de residentes de otros Estados miembros con el fin de combatir la evasión de impuestos.

Luxemburgo y Austria son los únicos Estados miembros de la UE que mantienen el secreto bancario, pero durante las últimas semanas han visto aumentar la presión para suprimirlo, en particular tras el rescate de Chipre, que fue acusado de blanqueo de dinero.

España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido enviaron este martes una carta en la que pedían a todos sus socios que aplicaran el intercambio automático de información.

"Podemos, sin muchos perjuicios, introducir el intercambio automático de información a partir del 1 de enero de 2015", ha dicho Juncker en su discurso sobre el estado de la nación. "Si cambiamos de posición no es por la presión de nuestros socios europeos (...) sino porque los americanos no nos dejan otra opción. Los americanos sólo hacen negocios financieros con los países que aceptan el intercambio automático", ha señalado.

Luxemburgo insiste en que respeta todos los estándares internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude y la evasión fiscal.

Debate en Austria

El Ejecutivo comunitario "celebra calurosamente el anuncio del primer ministro Juncker de que Luxemburgo está dispuesto a avanzar hacia el intercambio automático de información", según ha dicho la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor.

"Esto significa que Austria es el último Estado miembro que no aplica el intercambio automático de información. Sabemos que hay discusiones en marcha en estos momentos sobre este tema y esperamos que sean capaces de seguir la estela de Luxemburgo", ha resaltado la portavoz.

El canciller austriaco, el socialista Werner Faymann, se ha mostrado dispuesto esta semana a discutir sobre el fin del secreto bancario. Pero su ministra de Economía, Maria Fekter, del partido conservador que forma parte también de la coalición de gobierno, ha descartado esta posibilidad.