La Administración General del Estado (AGE) ha indemnizado a 113.095 familiares de fallecidos o desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Este reconocimiento ha supuesto  4.059.067.415 euros, según los datos acumulados desde la Transición hasta diciembre de 2024. 

Esta cifra figura en uno de los tres informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a los que ha tenido acceso infoLibre, y que forman parte de las comisiones de estudio y técnicas previstas por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Estos escritos no sirven para crear derechos o leyes, sino que tienen el objetivo de estudiar, evaluar y recomendar sobre temas como las víctimas del franquismo o el papel del pueblo gitano en la sociedad española.

El informe sobre indemnizaciones recoge también que entre los beneficiarios se encuentran 3.055 de los denominados niños y niñas de la guerra, 59.271 civiles mutilados y 116 presos y presas por su condición de homosexual. En total, incluyendo los familiares anteriormente mencionados, 611.828 personas han recibido indemnizaciones por parte de la AGE, para las que se han aportado 22.160.848.148 euros.

“No obstante, este importe agregado no refleja la totalidad del esfuerzo reparador efectivamente realizado, al no disponerse de datos plenamente actualizados y consolidados para determinados colectivos, en particular el de las personas funcionarias civiles”, añaden desde el ministerio, que estiman que la AGE habría repartido más de 25.000 millones de euros.

En el caso de las comunidades autónomas, se ha indemnizado a un total de 26.231 personas con un reparto de 69.722.446 euros. Sin embargo, los datos son parciales, ya que los territorios gobernados por el PP, salvo Andalucía, no han compartido su información con el ministerio. En Galicia “no se ha facilitado ni ha sido posible recopilar información” y en el caso de Extremadura “se redactó un borrador de decreto en 2021, pero no ha habido avances administrativos desde entonces”.

En el resto de comunidades donde gobierna el PP (Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) la conclusión en todas es la misma: “se desconoce el alcance cuantitativo por no haber sido facilitado por la comunidad autónoma”. Del País Vasco, tampoco se tiene información, pero, según describe el informe, se debe a que “la comunidad autónoma ha explicado que se encuentra consolidando esta información”. 

Entre las comunidades que sí han facilitado datos, Cataluña se encuentra en el primer puesto con 22.512 personas beneficiarias reconocidas y 52.700.950 euros repartidos. Le siguen Andalucía, con 2.522 personas y 9.487.378 euros; Asturias, con 983 personas y 3.455.879,78 euros; Castilla-La Mancha, que no tiene datos de personas, pero si la cantidad de 3.258.600 euros; Navarra (153 personas y 495.032,90 euros); y las Islas Canarias (61 personas y 324.605,4 euros).

“A pesar de este extenso desarrollo normativo y reparador, el análisis realizado por esta comisión permite identificar ámbitos donde persisten vacíos de información, o la ausencia de mecanismos específicos de reparación”, concluyen en el informe.

Otro de los avances que se ha conseguido con la publicación de estos informes es el reconocimiento oficial de 63 víctimas mortales por excesos policiales o violencia de extrema derecha durante la Transición, concretamente entre el 29 de diciembre de 1978, momento en el que entró en vigor de la Constitución española, y el 31 de diciembre de 1983.

Entre las 30 personas muertas a manos de agentes de la autoridad se encuentran Vicente Vadillo Santamaría, transexual de 32 años que fue disparado en la cara por un policía nacional de paisano en el interior de una discoteca. O Julio Martínez Navarro, de 29 años, que recibió un disparo de un guardia civil que le paró en la carretera con la justificación de que había hecho un “movimiento extraño”.

El informe describe que, en el contexto de la Transición, “algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron de diversas formas y relación con éste (desde el Estado, desde ámbitos del Estado en los aledaños del Estado) llevando a cabo graves violaciones de derechos humanos. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas mortales de este periodo se produjeron por la actuación represiva del Estado al excederse esos empleados públicos en el uso de la violencia de que disponía como tales”.

“La fórmula legal de ese cambio supuso la ruptura con la dictadura franquista, pero no conllevó la conveniente adecuación de los cuerpos policiales o de otros como la judicatura a la nueva situación política democrática”, describen.

A estas víctimas se suman otras 33 a manos de grupos de extrema derecha, que tuvieron como autores a “elementos terroristas o incontrolados que contaban con su aquiescencia e impunidad”. Casos como el de José Ramón Ansa Echeverría, joven de 17 años que fue secuestrado mientras regresaba a su casa de madrugada y posteriormente asesinado, o el de Salomé Alonso Varela, que con 28 años fue asesinada por una bomba que se encontraba dentro de un contenedor cercano a su coche, están incluidos en esta lista.

El ministerio, “propone el reconocimiento institucional, moral y simbólico de las personas que perdieron la vida en el periodo de 1978-1983 como consecuencia de violaciones de derechos humanos en el contexto de violencia política analizado” y “se recomienda la creación de un canal institucional permanente, accesible, seguro y transparente, que permita a familiares, personas allegadas y organizaciones de derechos humanos presentar solicitudes documentadas para la revisión y eventual incorporación de nuevos casos al listado de víctimas reconocidas”.

El último de los tres informes pone su foco en el pueblo gitano, con el objetivo “de resaltar sus contribuciones, visibilizar las trayectorias de resistencias, supervivencia y compromiso cívico del pueblo gitano y situarlas en el lugar que les corresponde dentro de la Memoria Democrática colectiva”. Tras describir la persecución que ha sufrido este pueblo desde la época de los Reyes Católicos hasta el franquismo, que describe como “una de las etapas más duras de represión cultural”, concluye que con la llegada de la democracia se han conseguido avances, pero con todavía mucho camino por recorrer.

Según los últimos datos recogidos por la Estrategia Nacional 2021-2030 y de otros estudios, el 85,9% de la población gitana está en riesgo de pobreza, el 76,8% en carencia material y el 36,2% tiene baja intensidad laboral. En conjunto, el 92% cumple al menos una de estas dimensiones, frente al 29,3% de la población general.

Esto, sumado a la exclusión social que aún hoy padecen, ha llevado a la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España –que ha realizado este tercer informe– a proponer una serie de medidas que pueden ayudar con su integración. “Las administraciones públicas deberán promover mecanismos eficaces de prevención detección y actuación frente al antigitanismo institucional, aplicables a los ámbitos educativo, policial, judicial, sanitario, social y administrativo”, comienza.

En cuanto a la educación, se insta a incorporar “contenidos específicos sobre prevención del antigitanismo, enfoque intercultural y conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano”. En el ámbito cultural se pide la eliminación de la acepción “trapacero” asociada a la definición de “gitano” en el Diccionario de la Lengua Española, “por su carácter profundamente estigmatizante y por los efectos de violencia simbólica que genera, especialmente en el ámbito educativo”.

También se pide la apertura del debate en cuanto a la “revisión del espacio público y de las denominaciones institucionales”, centrándose en “la eliminación de denominaciones como ‘Marqués de la Ensenada’ [el organizador de la Gran Redada de 1749, que tuvo el objetivo de arrestar a todos los gitanos y separar a hombres y mujeres para conseguir la extinción de la etnia] en sedes institucionales, garantizando que la memoria compartida refleje valores democráticos de respeto, convivencia y justicia histórica”.

Sin embargo, una de las medidas más destacables es el planteamiento de realizar un “reconocimiento formal del pueblo gitano como minoría étnica históricamente asentada en España” con el objetivo de “corregir la invisibilidad histórica que ha condicionado el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a los recursos del Estado”.

En 2025 se conmemora en España el "Año del Pueblo Gitano", coincidiendo con el 600º aniversario de la llegada de esta comunidad a la península ibérica. En conmemoración de esta fecha, infoLibre ha celebrado este miércoles 16 de julio una nueva edición de los foros infoLibre bajo el título: "600 años del pueblo gitano en España: Historia, cultura y futuro". El evento se ha desarrollado en el espacio Taller de Ideas de Madrid en colaboración con el Ministerio de Igualdad y ha contado con la participación de figuras que representan al pueblo gitano.

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha dado inicio al acto y ha reivindicado la necesidad de romper con los estereotipos ligados a los gitanos: "El pueblo gitano es mucho más [...] y es hora ya de hablar a fondo y con un poco de detalle, sin tópicos, de lo que significa y de lo que ocupa y preocupa al pueblo gitano". Posteriormente ha dado paso a una conversación entre Beatriz Micaela Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Gobierno de España, y Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, donde ambas han hablado de la situación actual del pueblo gitano. Y para comenzar Carrillo ha agradecido a infoLibre la celebración de este foro: "Es muy necesario celebrar estos espacios de diálogo en los medios de comunicación porque eso también nos ayuda a llegar la sociedad en general".

La directora de infoLibre, al comienzo de la conversación, ha remarcado "la enorme resiliencia cultural con la que ha sobrevivido el pueblo gitano a siglos de persecución y exclusión". Sobre esto, Carrillo ha hecho una reflexión acerca de la resistencia histórica de la comunidad gitana: "Creo que la palabra que podría definir el pueblo gitano en 600 años es 'milagro'. Es un milagro que estemos todavía aquí y, además, con esas ganas de seguir luchan por nuestro país pero también por nuestra cultura, por nuestra identidad".

Otro de los temas que se ha tratado es el acceso de los jóvenes gitanos a la universidad. Recientemente un estudio de la Fundación Secretariado Gitano señalaba que solo el 0,8% de los jóvenes gitanos se gradúa en la universidad. Sobre esta realidad, Carrillo ha remarcado que "este dato demuestra la gran distancia que tenemos con la sociedad mayoritaria, el gran triunfo del pueblo gitano será cuando tengamos antes un pie en la universidad que en la exclusión", y ha asegurado que en parte se debe a que "muchos tienen asumido que las puertas están cerradas".

A raíz de este tema, se ha reflexionado sobre el papel de la educación en la preservación de la memoria del pueblo gitano. Carrillo ha explicado que esta es una gran deuda histórica ya que desde el ejercicio de la educación y el conocimiento es desde donde se puede promover el mayor ejemplo de ciudadanía y concienciar sobre quién es el pueblo gitano, por dónde ha pasado y las injusticias que se han cometido: "Toda esa bolsa de pobreza que se ve, a veces no es fruto de la casualidad, sino precisamente consecuencia de los duros latigazos que hemos sufrido a lo largo de la historia"

Respecto a los esfuerzos del Gobierno actual para tener en cuenta al pueblo gitano, ha destacado que nunca antes se había debatido tanto sobre este tema ni se había llevado la perspectiva gitana a normativas como la ley de memoria democrática en la que se ha impulsado la creación de la primera comisión estatal para la restitución de la memoria del pueblo gitano.

Al hablar sobre la posición de la mujer en la comunidad gitana, ha criticado que se haga mayor hincapié en el machismo cuando se habla del pueblo gitano. Carrillo ha recordado que se trata de una cuestión estructural de toda la sociedad y ha insistido en que en la comunidad gitana las mujeres son "muy líderes y muy fuertes"

Posteriormente ha comentado la mesa redonda "Voces Gitanas: Historia, Identidad y Futuro", moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, en la que han participado María Rubia Jiménez, activista y presidenta del Instituto Romanó para Asuntos Sociales, Alejandra Moreno Espinosa, criminóloga y graduada en Derecho, y José Vega de los Reyes, trabajador social y periodista, ha sido parte central del evento.

En esta mesa se han tratado cuestiones como los episodios de la historia gitana que han sido invisibilizados, y se han mencionado sucesos como "La gran redada", destacándolo como uno de los primeros sucesos de exterminio masivo. María Rubia Jiménez ha explicado que "el pueblo gitano sigue llevando ese dolor en su ADN" y José Vega de los Reyes ha incidido en que "son muchos los momentos que no se conocen de la historia del pueblo gitano" porque esta se ha contado desde la "otredad". También se han mencionado otros episodios como los 500 años de esclavitud del pueblo gitano en Rumanía y los asesinados durante el holocausto nazi.

Alejandra Moreno Espinosa ha reclamado una mayor presencia en las instituciones: "Los jóvenes reivindicamos que se incorpore nuestra voz y experiencia en todas las esferas". Una idea en la que ha incidido también Rubia Jiménez: "Hasta que no estemos presentes en todos los espacios será muy difícil alcanzar una equidad". Por su parte, Vega de los Reyes ha subrayado lo significativo que es que el pueblo gitano sea quien cuente su historia: "Es importantísimo que sea la voz gitana la que visibilice a nuestro pueblo, el pueblo gitano no necesita de ese paternalismo y que se hable de nosotras y nosotros sin nosotros y nosotras".

Para finalizar, cada uno de los participantes ha explicado brevemente una urgencia que tiene el pueblo gitano. Vega de los Reyes ha criticado que "no es normal que 10 de los 15 barrios más pobres de toda España sean andaluces" y en ellos estén sobrerrepresentados, entre otros, los gitanos. María Rubia Jiménez ha mencionado la segregación escolar, habitacional, educativa, el hecho de que la esperanza de vida de las mujeres gitanas sea 15 años menor que la media y la necesidad de que sea atajado desde las instituciones. Alejandra Moreno Espinosa ha remarcado que los jóvenes gitanos se encuentran en una situación de exclusión social que se agrava cuando llegan a las aulas universitarias y ha solicitado un control más exhaustivo contra los delitos de odio en las redes sociales.

Por último, Marta Gesto ha despedido el evento agradeciendo su presencia a los participantes, el apoyo del Ministerio de Igualdad y de las socias y socios de infoLibre. Además, ha emplazado a los espectadores a seguir el foro que se realizará el próximo jueves 17 de julio en Barcelona, que tratará sobre el problema del cambio climático y los incendios, y contará con la participación del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

En 2025 se conmemora en España el "Año del Pueblo Gitano", coincidiendo con el 600º aniversario de la llegada de esta comunidad a la península ibérica. La presencia del pueblo gitano en España abarca seis siglos de historia caracterizados por una rica contribución cultural y una resiliencia notable frente a múltiples adversidades. Desde su llegada a la península en el siglo XV, los gitanos han influido profundamente en la cultura española, especialmente en ámbitos culturales como la música, la danza y las artes. Pero, ¿cómo podemos visibilizar estos aportes sin caer en el folklorismo o la simplificación?

infoLibre busca responder a esta y otras preguntas en el foro "600 años del pueblo gitano en España: Historia, cultura y futuro". El acto tendrá lugar el miércoles 16 de julio en el espacio Taller de Ideas de Madrid en colaboración con el Ministerio de Igualdad. El evento se podrá seguir a través de Youtube en este enlace.

El foro comenzará a las 13:00 horas con una breve introducción de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. A continuación, Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, conversará con Beatriz Micaela Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Gobierno de España y una de las primeras diputadas gitanas de la historia de la democracia. Después, comenzará la mesa redonda que moderará la directora general de infoLibre, Marta Gesto, y que contará con la participación de María Rubia Jiménez, activista y presidenta del Instituto Romanó para Asuntos Sociales, Alejandra Moreno Espinosa, criminóloga y graduada en Derecho, y José Vega de los Reyes, trabajador social y periodista.

Se tratarán cuestiones como el papel que juega la memoria histórica para reparar y transformar la relación entre la sociedad mayoritaria y el pueblo gitano, y temas relativos a la educación y el antigitanismo. También se abordarán las carencias que hay en el sistema educativo respecto al conocimiento y respeto de la historia gitana y cuáles son hoy las principales formas de antigitanismo que enfrentan España o Europa.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG), una entidad social sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 40 años por la promoción integral de la comunidad gitana en España y en el ámbito internacional, ha constatado a través del estudio 'La situación educativa del alumnado gitano en España', que tan solo el 0,8% de los estudiantes gitanos y gitanas llegan a graduarse en la universidad.

Este dato tiene su origen en la tardía incorporación a la educación infantil por parte de las niñas y niños gitanos, sumándole además un desfase curricular y repeticiones académicas, lo que produce un fracaso escolar que alcanza la friolera cifra del 62,8% frente al escaso 4% del resto del alumnado.

El estudio revela que los estudiantes gitanos abandonan sus estudios entre los 15 y 16 años sin haber obtenido el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A ello, sumándole una falta de referentes gitanos con estudios, segregación escolar y una falta de expectativas hace que la cifra de graduados en la universidad tan solo alcance el 0,8% frente al 26% del conjunto de la población.

Para dar voz a este problema y reivindicar una serie de medidas a las autoridades la FSG ha iniciado una campaña, llamada El Cero'8, que comienza con una performance que representa el dato reflejado en el estudio. El acto de presentación de la campaña arrancó con la intervención de Carmen Jiménez, graduada 2025 en Educación Infantil. Jiménez contó su testimonio y dio a conocer cómo los estudiantes gitanos abandonan la educación sin casi nadie que les apoye para seguir.

Al evento, acudieron diferentes personalidades, representantes de la comunidad educativa entre las que se encontró Pilar Alegría, ministra de Educación del actual Gobierno, entre otros.

La campaña está dirigida principalmente a los poderes públicos del Estado que tienen la responsabilidad de aplicar medidas para que los estudiantes gitanos terminen con los estudios obligatorios y puedan continuar su formación.

Desde la fundación piden:

En la presentación del estudio del año 2023 ya se constataba la desigualdad educativa que sufría el alumnado gitano en España. Desde entonces la FSG ha realizado actos de incidencia política y sensibilización social para poner en el foco estos datos y revertir la situación.

Para Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano "el dato de que solo el 0,8% de los jóvenes gitanos se titulan en la universidad es profundamente alarmante y refleja una realidad educativa que sigue siendo injusta y excluyente. Es urgente que la administraciones educativas actúen con medidas concretas contra el fracaso escolar, la segregación y la falta de recursos desde las etapas más tempranas para impedir que los jóvenes gitanos y gitanas vean limitado su futuro por un sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades", añade.

En la misma línea, Carmen Jiménez, la joven gitana protagonista de la campaña El Cero'8 celebra haber conseguido graduarse "y representar a ese menos de un 1 % de jóvenes gitanos que lo consigue representa no solo un logro personal, sino también un símbolo de esperanza y necesidad de compromiso por parte de las instituciones. Es imprescindible implementar políticas reales, apoyo constante y un cambio profundo que haga de la educación una herramienta de inclusión y respeto para todos".

El Consejo de Ministros ha declarado 2025 como 'Año del Pueblo Gitano' para conmemorar 600 años de su llegada a la Península Ibérica, que se cumplen el próximo domingo, 12 de enero. Además, en la primera reunión del Gobierno del año se ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, una declaración institucional que recalca "la exclusión, la persecución y la discriminación" que sufre y ha sufrido el pueblo gitano en España, pero también "la huella cultural, social y lingüística" que ha aportado, ha informado EFE.

Para el Ejecutivo, este aniversario es una oportunidad histórica para reconocer "las injusticias históricas y actuales a las que se enfrenta el pueblo gitano" como la discriminación o la estigmatización y poner de manifiesto las "importantes barreras" en áreas clave como la educación, el empleo, la vivienda o la salud. Por ello, tal y como explica el texto, se reconoce este aniversario como un acto de memoria histórica y un compromiso institucional para "combatir las desigualdades que aún persisten" y para "actuar con mayor determinación en la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática".

Recuerda que las personas gitanas siguen enfrentándose a "la discriminación estructural y los prejuicios" que no solo limitan sus oportunidades, sino que perpetúan la exclusión social y económica.

Fue un 12 de enero de 1425 cuando el pueblo gitano entró en la Península Ibérica a través del reino de Aragón, tal y como quedó registrado en el salvoconducto otorgado por el rey Alfonso V de Aragón, expone la declaración, que repasa las adversidades a las que se han enfrentado las personas gitanas durante siglos.

El Gobierno pone en valor la Comisión de Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano puesta en marcha en 2024, que elaborará un informe con medidas para aplicar a la comunidad gitana "los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición". Asimismo, recalca la labor de las organizaciones y asociaciones que trabajan para mejorar la situación de las personas gitanas e implementar la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano en España aprobada en 2021.

Entre las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años para alcanzar esos objetivos, recoge la aprobación en 2022 de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y la introducción en el Código Penal del antigitanismo como circunstancia agravante y como finalidad constitutiva de un delito de odio específico contra los gitanos y las gitanas. También la Ley de Empleo, aprobada en 2023, incorporó a las personas gitanas como colectivo de atención prioritaria.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, mantiene este martes reuniones con la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y representantes de Secretariado Gitano.

Gran parte de la comunidad gitana está sometida a odio en todas las etapas de su vida. Es lo que reflejan las estadísticas. En los últimos 20 años se han registrado más de 4600 casos de discriminación. Solo en 2023, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) registró 27 casos de acoso a menores gitanos en la escuela y 32 personas aseguraron haber sido discriminadas en el ámbito laboral por su etnia, según datos del Informe Anual de la entidad.

Estos datos serian sólo la punta del iceberg, porque "hay muchos más casos de antigitanismo que no hemos recogido nosotros, pero sí otras organizaciones", ha señalado la directora de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la FSG, Cristina de la Serna.

Que hay muchas agresiones y formas de violencia que no se llegan a denunciar es algo con lo que coincide Roberto Juan Blázquez. Cuenta que en 2016, siendo menor de edad, fue víctima de una agresión en un bar al grito de: “¡hay que exterminar a los gitanos!”. “A raíz de que mi caso se conociera supe de muchas otras agresiones, sobre todo a mujeres gitanas, que no se han denunciado”, ha relatado en la presentación del informe de la FSG, celebrada este jueves en Madrid.

Tal y como señala el texto, el odio hacia el colectivo gitano alcanza prácticamente todos los ámbitos: 65 personas alegaron que se les negó el acceso a servicios de ocio, como bares, restaurantes y discotecas. 28 relataron que fueron discriminadas a la hora de poder acceder a la vivienda. Situaciones en los que el arrendador rechazó alquilar un piso a una familia tras enterarse de que eran gitanos. “Ante esta realidad que nos azota tiene que actuar el derecho administrativo”, apunta Sara Giménez, la directora general de la FSG.

En este sentido, Giménez apunta a los “estereotipos” que pesan sobre la comunidad y que no terminan de superarse como una parte del origen de esta discriminación. Un ejemplo es lo que le ocurrió a Sara Muñoz, que fue acusada en 2020 de un hurto que no había cometido. 

Cuando tenía 20 años fue a un supermercado con su bebé, que entonces tenía cuatro meses. Llevaba un juguete que le habían regalado dos días antes. Cuando salió del centro comercial pitaron los sensores antirrobo de la puerta, por lo que un guarda le pidió que enseñara lo que llevaba. Al enseñarle su cesta, el trabajador consideró que el juguete era robado, por lo que llamó a la Policía y Muñoz fue puesta finalmente a disposición judicial.

“Sentía que esto me pasaba por ser gitana y mujer”, expresa Muñoz, que cuenta cómo, cuando los policías de comisaría supieron que se le acusaba de hurto, no dudaron de su culpabilidad y lo justificaron concluyendo: “es gitana”. A día de hoy, la joven tiene 25 años, ha pasado por varios psicólogos y aún recuerda aquella experiencia con “mucha angustia”. “Todavía me siento insegura cuando paso por ese centro comercial”, relata.

Otro dato: en 2023, la FSG registró acoso policial hacia 11 personas, lo que implica identificaciones sin motivo aparente a personas de etnia gitana en los casos más leves. En los más graves se registró violencia física.

La Ley de Igualdad de Trato aprobada en 2020 supuso un avance en la defensa de los derechos de las personas gitans, según Miguel Ángel Aguilar, fiscal de sala y coordinador Contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Según Aguilar, esta ley impuso la “obligatoriedad de que todos los juzgados cuenten con personal especializado en delitos de odio”, lo que evita que muchas denuncias se traten de forma indebida. 

Sin embargo, el fiscal insiste en que “hay que mejorar los procedimientos” porque “no puede ser que una persona ponga una denuncia por un delito de odio y que se archive”. Para combatir este desconocimiento, señala dos claves para tener en cuenta en próximas reformas legislativas: “especialización y formación”, de manera que jueces y juezas sean capaces de dictar sentencias justas. Aguilar ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para sacar adelante un gran Pacto de Estado sobre la justicia para conseguir una justicia "ágil y rápida" y evitar "que alguien presente una denuncia y vea los resultados a los cuatro o cinco años".

La abogada y activista por los derechos humanos Pastori Filigrana ha matizado que gracias a la normativa ahora existe el agravante de antigitanismo. Sin embargo, señala, “es muy complicado que esto se añada a un delito de odio". Preguntada por las mejoras que se pueden impulsar, la letrada ha sido clara: “no vamos a avanzar en la jurisprudencia mientras no avance la conciencia social”, lo que ha añadido que “ si el discurso hegemónico es antigitano, el de los jueces y juezas también lo será”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que también ha intervenido en la presentación del informe, ha señalado que, desde los ministerios “deben crearse más lazos” con el activismo antirracista. “Necesitamos crear una red coordinada”, ha dicho, “para ver cómo podemos avanzar conjuntamente”. "No podemos ser tibios ante la discriminación”, ha zanjado.

En la actualidad, en España, hay en torno a 725.000 habitantes de etnia gitana, lo que supone casi un 1,6% de la población total del país, según datos de la FSC. De hecho, se trata del segundo territorio con más personas gitanas de Europa, después de Rumanía. Sin embargo, la discriminación concreta que sufren estas personas aún está muy invisibilizada. 

“El racismo se asocia a las personas negras”, expresa Beatriz Carrillo, la actual directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad. Para ella, que es gitana, "la discriminación parece que ya está normalizada, ya estamos acostumbrados a la violencia".

En esta misma línea, Giménez ha querido hacer una comparativa con el primer informe que publicó la FSG sobre antigitanismo. Y resume las conclusiones: “el odio hacia nosotros está tan enraizado que han pasado 20 años y vemos lo mismo, con el agravante de que ahora existen las redes sociales”, haciendo así referencia a los 136 mensajes en redes de discriminación hacia el pueblo gitano que denunciaron desde la organización en 2023.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado este jueves que dos sentencias sobre violencia sexual contra niñas gitanas tienen un "sesgo machista y racista". Además, cree que "no son ejemplares" desde el punto de vista jurídico, pues "vulneran la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los tratados internacionales suscritos por España y no tienen una interpretación sistemática acorde con la defensa y protección de los derechos del menor".

En unas declaraciones ante periodistas en el Ministerio, Redondo ha reprochado la "falta de sensibilidad" de la sentencia, ya que "mandan un mensaje tremendamente peligroso" al tener en cuenta la procedencia y la etnia de estas niñas. Para la ministra, las sentencias desprotegen a las menores y por ello ha trasladado su preocupación a la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, para que analice si estas sentencias se pueden recurrir.

"Nos preocupa enormemente: una niña, sea gitana o no lo sea, tenga la procedencia que tenga, no puede estar menos protegida que cualquier menor", ha señalado Redondo.

Las palabras de la titular de Igualdad vienen tras las sentencias de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y de la Audiencia Provincial de León que hacen referencia a la cultura gitana a la hora para enjuiciar un delito sexual contra una menor de 16 años: en el primer caso con resultado de absolución y en el segundo, de atenuante de la pena.

Redondo ha señalado que ambas sentencias no cumplen los requisitos para aplicar el artículo 183 del Código Penal, el cual permite que el juez considere el consentimiento libre para relaciones sexuales de menores de 16 años cuando existe una edad cercana y un similar desarrollo psicológico.

"Esa cláusula está pensada para casos muy excepcionales en los que una pareja decide vivir su amor, pero hay una jurisprudencia muy reciente del Tribunal Supremo que establece que los elementos del tipo no se pueden interpretar por analogía, tienen que ser muy estrictos", ha recalcado Redondo. En lo referido a la de León, la ministra ha recalcado que "si esta niña está viviendo en un ambiente violento como se dice en la sentencia, es evidente que no hay consentimiento libre". Y en segundo lugar, Redondo ha asegurado que hay "una diferencia muy importante de edad".

El 62,8% de los jóvenes gitanos de 16 a 24 años no gradúan en la ESO, frente al 4% de la población general, lo que supone una "mejora" en la tasa de fracaso escolar en el colectivo con respecto al 2012 (64,4%), según se desprende del estudio 'La situación educativa del alumnado gitano en España' presentado este martes 5 de septiembre por la Fundación Secretariado Gitano en el CEIP Santa María de Madrid, según Europa Press.

"Los niveles educativos de la población gitana siguen muy alejados de la media del resto de la población y, en consecuencia, se continúa agrandando la brecha educativa entre la juventud gitana y el resto de la juventud española", ha afirmado la presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez.

Aun así, el estudio revela que la proporción de población gitana entre 16 y 24 años que no ha completado ningún nivel de estudios se ha reducido significativamente (de 13,7% en 2012 a 5,0% en 2022) y ha aumentado la proporción de quienes han completado la primera etapa de educación secundaria (de 18,0% a 30,4%).

Asimismo, constata que el 40% del alumnado gitano deja los estudios al cumplir los 16 años por razones como la repetición de cursos y el progresivo desfase educativo. En este sentido, el 17,8% de las personas que abandonaron los estudios a los 16 años nunca han repetido,el 44,5% repitió una vez, el 28,9% lo hizo en dos ocasiones y el 7,9% en tres o más.

Según el trabajo, el principal motivo de esta situación es "estar cansado/a de estudiar" (32,2%), seguido de "no me gustaba lo que estaba estudiando" (17,3%) y "quería buscar trabajo" (13,1%). Por estas razones, entre otras, la proporción de quienes habían completado algún nivel de educación superior en 2012 (0,9%) se ha reducido a menos de la mitad en 2022 (0,4%).

Respecto a la educación no superior, aunque el 26% acudió a clases de refuerzo, la encuesta constata que los hogares realizan una escasa demanda de apoyo educativo (5% del alumnado tiene detectadas necesidades de apoyo), y estas necesidades no siempre son satisfechas (en un 17,2% de los casos no se adaptó el aprendizaje a la necesidad detectada).

Además, la encuesta destaca que uno de cada cinco hogares manifiesta que sus descendientes han sufrido discriminación en el entorno educativo y el 66,2% asegura no haber tratado temas relacionados con la cultura gitana.

Por otro lado, la esperanza de vida escolar es inferior a la población gitana (12,2 años) frente a los 18,7 años de la población general. Además, casi tres de cada cinco jóvenes gitanos de entre 16 y 24 años ni estudian ni trabajan, y de estos, un 59,5% está en desempleo. De los que trabajan, un 23,5% se dedica a tareas de la casa o cuidado de niños o mayores.

La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, en la población gitana es del 87,4% y la tasa de pobreza infantil del 86,8%, tres veces superior a la del conjunto de la población española (28,7%), según ha recordado la organización.

De esta manera, la encuesta refleja que los hogares gitanos disponen de menos recursos educativos: uno de cada tres no cuentan con ningún libro; y menos de la mitad disponen de dispositivos electrónicos con respecto a la población total, lo que genera "desventaja educativa".

Sin embargo, destaca que nueve de cada diez hogares cuenta con 'smartphones' y un 78% dispone de conexión a internet en el hogar. No obstante, en dos tercios de los hogares estos recursos prácticamente no se usan para estudiar, "nada" (44,8%) o "poco" (23,8%). Menos de uno de cada diez hogares afirma que estos dispositivos se usan con mucha frecuencia para estudiar (9,1%).

Además, la tasa de dispositivos electrónicos educativos es de poco más de la mitad en los hogares gitanos (43,3%) que en el conjunto de hogares españoles en general, con al menos una persona entre 16 y 14 anos (83,7%).

En cuanto a los centros educativos, el estudio revela que las escuelas donde estudia el alumnado gitano, la mayoría públicas, presentan una alta tasas de concentración de alumnado gitano, lo que genera "segregación educativa". Así, el 28,6% son de alta concentración, el 31,2% son segregados y el 40,2% presentan una segregación extrema.

Ante estas cifras, el Secretariado Gitano pide poner en marcha un plan específico de orientación, apoyo y refuerzo educativo de cobertura estatal, continuado y a largo plazo para revertir la situación de fracaso y abandono educativo del alumnado gitano; y garantizar que las familias gitanas tengan los ingresos suficientes para hacer frente a la educación de sus hijos.

Además, reclama garantizar la incorporación gratuita de toda la población gitana a la educación infantil; facilitar apoyos a las familias para que participen más activamente en el proceso educativo de sus hijos; o reforzar la dotación y apoyos a los centros educativos y la formación del personal docente.

Por otro lado, pide prevenir el abandono educativo y prever alternativas educativas para que este no se produzca; desarrollar opciones para el retorno a los estudios post-obligatorios; prevenir y revertir la concentración y segregación educativa; reducir la brecha digital en los hogares gitanos y asegurar su conectividad; e incentivar la colaboración publico privada en el desarrollo de iniciativas.

La maestra gitana Sara Jiménez ha querido mandar un mensaje a las nuevas generaciones del colectivo y ha insistido en que "luchen y no se rindan". "Que sigan luchando, que estudien porque es la base para un buen futuro y que se formen de lo que ellos realmente quieran porque eso también es algo muy importante. Que estudien algo que vean que va a ser su motivación, sus aspiraciones y que sigan adelante porque pueden llegar donde quieran", ha afirmado.

Sobre su trayectoria, ha reconocido que ahora que es profesora siente "mucho orgullo" y una "satisfacción tremenda". "Al final después de todo el camino recorrido he podido llegar dentro de los momentos que tenía de flaqueza, de debilidad, de decir no llego y ahora haberlo conseguido pues la verdad que es un orgullo muy grande, dando gracias siempre a todos los que me han apoyado durante todo este camino", ha dicho.

Además, ha comentado que ella puede servir como "referente" para las las nuevas generaciones. "Los niños y las niñas van a ver que sí que es posible, que nos podemos graduar, que podemos hacer nuestras carreras, que podemos llegar a la universidad y no perder nuestros sueños ni perder nuestra identidad ni nuestra cultura ni nada", ha asegurado.

En cuanto a las barreras que se ha encontrado, ha detallado que "quizás" no ha sufrido "tantas como otros alumnos de su etnia", pero que sobre todo ha "echado en falta referentes". "He llegado a la universidad y he tenido momentos de incertidumbre que he dicho ¿dónde me veo yo reflejado?, ¿a quién miro?", ha confesado. Asimismo, ha indicado que otra barrera ha sido el sistema educativo por la "discriminación". "Muchas veces nos han dejado fuera", ha protestado.

El nuevo fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha señalado que, si bien en España el repunte de casos registrado en 2022 no es "alarmante" (3,7%), lo cierto es que hay una cifra de "infradenuncia" muy elevada --organismos internacionales la sitúan en el 80%-- que afecta a colectivos como personas sin hogar, magrebíes o gitanos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Aguilar, que tomó posesión del cargo el pasado 26 de junio, ha querido "lanzar un mensaje positivo" porque "tenemos una sociedad diversa, rica y que, en general, respeta al diferente", a lo que suma que "España tiene un buen armazón jurídico para hacer frente a los delitos de odio y discriminación".

Por ello, sostiene que el aumento detectado el año pasado no es "alarmante". "No es un tema para estar preocupado pero sí ocupado", resume. Entre las posibles causas, refiere, por un lado, que "poco a poco se va ganando la confianza de la ciudadanía" y, por otro, que hay determinados colectivos con mayor "visibilización", también para "los intolerantes".

De hecho, respecto al incremento del 76,6% de los delitos de odio por razón de orientación sexual e identidad de género hasta casi 500, recuerda que "el colectivo LGTBIQ+ es el más concienciado", por lo que "tiene una mejor estructura organizativa y, por tanto, menos barreras para presentar denuncias".

Interrogado sobre si entre esas posibles causas se encuentran también los discursos lanzados desde la esfera pública, Aguilar contesta que no puede afirmarse en estos momentos, porque aún no se ha estudiado en profundidad. "Pero sí que es cierto que quienes ejercen un liderazgo social, político, etc, claro, esos mensajes pueden generar prejuicios o estereotipos y dar lugar a la comisión de hechos", añade.

No obstante, advierte de que los hechos conocidos son solo la punta del "iceberg". "Hemos de partir de la base de que en materia de delitos de odio hay una cifra sumergida muy elevada, cifra sumergida que los organismos internacionales sitúan en torno el 80%, y en algunos motivos de discriminación puede llegar al 90%", precisa.

Entre los colectivos más afectados, Aguilar menciona "las personas extranjeras que no tienen su situación regularizada en España, que no conocen ni siquiera nuestra lengua, que no conocen cuáles son sus derechos", porque "vienen de países que no protegen sus derechos y esos miedos e inseguridades las arrastran" a España, aludiendo específicamente a los norteafricanos.

Apunta también a las personas de etnia gitana. "He hablado con muchas mujeres gitanas que me dicen: 'No me dejan entrar a un supermercado porque soy gitana'", cuenta, exponiendo que cuando se les dice que esos comportamientos son denunciables responden: "Esto me ha pasado toda la vida, ya sé que a este supermercado no puedo ir y a este sí".

Llama la atención sobre un tercer colectivo, el de las personas sin hogar, a quienes --detalla-- han pegado, escupido y robado. "Estas personas están en la más absoluta exclusión social, en la más absoluta pobreza, no tienen ni hogar. ¿Se imagina usted a una persona presentando denuncia por estos hechos?", plantea y responde que "cuesta mucho" porque a veces no se las puede ni localizar.

Aguilar explica que hay "muchas víctimas" que necesitan asimilar lo que les ha pasado, ser conscientes de que "han sido discriminadas", para después dar el paso de denunciar. Por eso, hace hincapié en que el hecho de "que denuncien más tarde no significa que estén mintiendo". "Y esto pasa también en la violencia de genero", apostilla.

En este contexto, anima a quienes "se vean agredidos, coaccionados o amenazados" por "el hecho de ser diferentes" a que denuncian, destacando en este sentido la importancia de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones dedicadas a proteger y defender a estas personas para "empoderar" a estas víctimas y servir de "antenas" a la Fiscalía.

Por otro lado, expresa su preocupación por las "barreras" que se encuentran determinadas víctimas en su acceso a la Justicia. En concreto, Aguilar habla de personas mayores "que puedan estar en situación de soledad" o "que su discapacidad les impida contar lo que les pasa".

Además, ha querido dejar claro que "no todo aquello que es odioso ha de ser forzosamente un delito de odio". Así, aclara, "hay que pensar que defender posiciones determinadas pueden formar parte del libre juego de las posiciones democráticas que defiende cada partido político".

Fijar la frontera entre lo que es delito y lo que no "es muy difícil" porque "va a depender de qué se dice, quién lo dice, cómo lo dice y ante quién lo dice", si bien comenta que hay señales claras cuando se incita directamente a la violencia o cuando, aunque "el resultado material sean objetivamente leve", los hechos "en su conjunto sean muy humillantes para la víctima por ese componente de gratuidad --de rechazo por el mero hecho de ser diferente-- y hacerlo de forma publica".

Confiesa una especial preocupación "cuando se difunden de forma masiva a través de Internet, redes sociales o medios de comunicación contenidos que incitan al odio". "Antes, se hacía un comentario racista, a lo mejor, en un grupo de amigos tomando una cerveza en el bar de la esquina. Eso no tiene trascendencia penal. Ahora, si lo publicas a través de una red social, con una difusión indiscriminada, pues la afectación de la lesión de la dignidad de la persona es mayor", ilustra.

En cualquier caso, celebra que desde la entrada en vigor de la ley de igualdad de trato los hechos que no tienen la gravedad necesaria para sancionarse por la vía penal, pero que "son igualmente reprobables", se pueden perseguir por la vía administrativa. "¿Verdad que si tú te saltas un semáforo no te llevan al juzgado de lo penal pero alguien te pone una multa porque eso está mal?", ejemplifica.

Para "investigar y sancionar aquellos comportamientos que no tienen que ir a la vía penal", la ley prevé la creación de una Autoridad Estatal Independiente de Igualdad de Trato, una tarea "muy importante" que Aguilar avanza que recaerá ya en manos del próximo Gobierno.

El fiscal se muestra consciente de que, para combatir estos ilícitos, hace falta "una administración de justicia rápida", con más medios y "leyes procesales ágiles para que las denuncias circulen". Y, desde su nuevo ámbito de competencias, se compromete a impulsar secciones especializadas en delitos de odio y discriminación en las fiscalías territoriales.

Con todo, afirma tajante que la mejor arma contra este fenómeno es la educación, en "negrita, mayúscula y subrayado": "La educación en valores, en transmitir a la sociedad la riqueza que supone la diversidad".

Enfatiza que no es un tema "de colectivos concretos --incluso algunos los estigmatizan y los llaman 'lobbies'"--, sino que "los delitos de odio nos han de concernir a todos". Primero, "porque afectan directamente a la convivencia, al vivir de cada día de cada uno de nosotros"; y, segundo, porque "aquel que piense que no pertenece a un colectivo susceptible de discriminación, tarde o temprano lo va a ser porque va a entrar en contacto con la edad, la enfermedad, la discapacidad".

"Es un tema de Derechos Humanos. Una sociedad que es diversa, que ejerce sus derechos con plena seguridad, que ejerce la igualdad, es una sociedad más feliz. Y, por tanto, cultivar esa conciencia, cultivarla desde la educación, cultivarla desde los valores, desde los mensajes que se transmiten por parte de las administraciones, de los políticos, de los periodistas, de todos los sectores sociales, contribuye a una sociedad mejor", asevera.

La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como Ley Zerolo, que tipifica por primera vez el antigitanismo como delito de odio y prevé sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros entra en vigor este jueves, 14 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa Europa Press.

En su contenido, la norma especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.

Además, el texto destaca la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo personal será, con carácter general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.

Del mismo modo, incluye la aporofobia —el odio contra el pobre— como un delito de odio y también se modifica el Código Penal para que por primera vez el antigitanismo esté tipificado como un delito, que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión.

En cuanto a las sanciones, la ley prevé multas de entre 300 y 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 40.000 para las graves y para las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros. La recaudación obtenida del cobro de las multas será invertida en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.

El pasado 30 de junio, tras ser aprobada en el Congreso, las organizaciones que forman parte de la Alianza por la ley de Igualdad de Trato (entre las que se encuentran Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz, Provivienda, Red Acoge o Save the Children) celebraron su aprobación, aunque alertaron de que el texto tenía carencias en materia de accesibilidad o de protección de la infancia.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, declararon que esta norma era un "instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral", poniendo el foco en el régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico, la incorporación de la definición de segregación escolar o el refuerzo de la protección de las personas en situación de sinhogarismo.

Sin embargo, desde la Alianza critican que la norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación, entre otras carencias.

La Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar #AlColeJuntos2030 —que conforman el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano y Save the Children España— advierte de que la proposición de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que ahora ha sido remitida al Senado, no prohíbe explícitamente la segregación escolar, según informa Europa Press.

"El texto no define el concepto de segregación. Se cita cinco veces en el texto el término sin definirlo. No se puede identificar, denunciar y atajar algo que no se define de forma clara. No definir el concepto de segregación escolar genera inseguridad jurídica e impide que tenga efectos concretos", afirma el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez.

Sin embargo, de las cinco veces que se cita "segregación" en el texto, sólo una hace referencia a la segregación en el ámbito escolar. "Las administraciones públicas y los centros educativos pondrán en marcha medidas para prevenir, evitar y, en su caso, revertir la segregación escolar, ya sea mediante mecanismos directos o indirectos", dice la proposición.

Para la Alianza por la Educación Inclusiva, "la redacción actual no está en línea con la Directiva Europea anti Discriminación, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni cumple con las recomendaciones de instituciones internacionales como el Grupo de Expertos en Igualdad de la Comisión Europea, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) o el Consejo de Europa. Todos ellos establecen la necesidad de prohibir expresamente la segregación, incluida la escolar, con definiciones claras que permitan su aplicación", asegura la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children España, Catalina Perazzo.

La segregación es una vulneración del derecho a la educación y una forma de discriminación. La segregación escolar, entendida como la sobrerrepresentación o concentración del alumnado con discapacidad, gitano, migrante y de bajo nivel socioeconómico en determinados colegios o clases, disminuye su éxito educativo y sus oportunidades de inclusión social. España es el tercer país de la OCDE con mayor segregación escolar en sus colegios de Primaria.

Las tres entidades que conforman la Alianza lamentan esta oportunidad perdida y confían en que el Senado repare esta falta de definición y prohibición de la segregación. Para ello han remitido a los grupos parlamentarios varias propuestas de enmienda para subsanarlo. "Estamos a tiempo de que esta ley esté a la altura de los estándares europeos de Derechos Humanos", dice el presidente del CERMI, Luis Cayo.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) propone a los principales actores sociales y políticos del Estado, así como a los medios de comunicación, un pacto social y político frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables. Este viernes han tenido una reunión FELGTBI+ y otras asociaciones para sentar las bases de este acuerdo.

Margarita Guerrero, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, afirma que luchar contra el odio es un reto común. "Estamos en la necesidad de crear un frente para combatir los delitos de odio que atentan contra los derechos humanos", declara, añadiendo que este debe aglutinar "a la sociedad civil, a la administración pública a políticos y a medios de comunicación". A estos últimos, precisamente, han hecho un llamamiento especial a la "responsabilidad" que tienen a la hora de "divulgar o no mensajes de odio". "Queremos que este pacto social se convierta en un pacto de Estado y fortalecer la democracia en base a los derechos humanos", concluye Guerrero.

Aunque los participantes en la reunión también han pedido que "se aceleren" tanto la ley trans y LGTBI como la de igualdad de trato y no discriminación "para combatir la lacra del odio", la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha explicado que el objetivo principal era crear una mesa operativa conjunta para elaborar un documento de base social contra los delitos de odio y la discriminación.

Tienen como propósito reunirse cada seis meses y tener el documento definido para la próxima reunión. Tras esto, el objetivo es crear una mesa promotora para seguir captando asociaciones, que aún creen que "faltan" muchas. "No debemos dormirnos ante el auge de odio en las calles y también en las instituciones", ha declarado Sangil.

"Es por esto que estimamos importante esta unión, ya que afecta a toda la sociedad. Pretendemos aglutinar a colectivos de gitanos, migrantes, personas sin hogar, con discapacidad, gente de fe religiosa diferente a la imperante en España y del resto de la sociedad", declara.

En la reunión han estado presentes la fundación Triángulo, ONCE, el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano, Red ACOGE, la coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), Hogar Sí, LGTBI+, CCOO, UGT, el Consejo de la Juventud de España, la dirección general de diversidad sexual, la dirección general de Igualdad de Trato y diversidad étnico racial —dependientes del Ministerio de Igualdad—, la oficina de delitos odio del Ministerio del Interior, equo, Más País, Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE.

Por otro lado, la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, ha afirmado que apoyarán todas las iniciativas que se pongan en marcha para luchar contra los discursos de odio y ha indicado que "en breve" se pondrá en marcha la consulta pública de la Ley contra el Racismo, "para que todas las organizaciones y sociedad puedan hacer sus aportaciones".

Por su parte, los sindicatos UTG y CCOO han advertido de la situación "dramática" de discriminación que sufren las personas LGTBI y otros colectivos vulnerables en el ámbito del empleo.

La adjunta a la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Diana García, ha agradecido la iniciativa de este pacto social y ha manifestado su "preocupación" por la "normalización del discurso de odio" que "constituye una agresión directa".

Para el responsable confederal del área LGTBI de UGT, Toño Abad, "en el ámbito del empleo se vive una situación dramática", tanto las personas LGTBI como aquellas que sufren algún tipo de discriminación por otros motivos. En concreto, sobre las personas LGTBI, ha precisado que el 80% de las personas que han consultado tienen miedo a revelar su orientación sexual en el empleo y un 40% de personas trans reconocen haber sido rechazadas en una entrevista de trabajo.

También ha intervenido el vicepresidente de la fundación Triángulo, Raúl González, quien ha destacado la importancia de este "impulso coordinado" desde las organizaciones sociales para combatir la aporofobia, el racismo, la xenofobia y la lgtbifobia; y Oliver Marcos, de CESIDA, quien ha subrayado que ya es necesario acabar con "40 años de discriminación, de delitos de odio, de insultos y de muchísimas barreras" a las personas con VIH.

Igualmente, Santiago Sanz, de Red Acoge, que trabaja con el colectivo de personas migrantes, ha destacado que este pacto es "una oportunidad brutal de luchar de manera coordinada" contra el odio y espera "que se traduzca en el impulso de iniciativas legislativas" y en "la lucha contra la impunidad que tienen los emisores de discursos de odio", algo que les "desgarra".

También ha insistido en la necesidad de ese impulso legislativo la directora del departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, Cristina de la Serna, quien ha mostrado su deseo de que este pacto social "inspire a las fuerzas políticas" en cuanto a la "capacidad de consenso".

Hoy conmemoramos el Día de la Resistencia Rromani. Recordamos a nuestros héroes y heroínas que plantaron cara a nada más y nada menos que a los nazis en los campos de exterminio durante la infame Segunda Guerra Mundial. Pero no lo hacemos desde la perspectiva que la blanquitud nos impone. Nuestros héroes no forman parte de los cómics más vendidos, ni de las películas que ven nuestros jóvenes. Tampoco son referencia para el conjunto de la población, aunque podrían serlo sin duda. Nuestros héroes no visten trajes especiales o capas voladoras. Tampoco tienen superpoderes mágicos. Fueron y son personas normales, con vidas sencillas, con sufrimientos mundanos. Nuestras heroínas reían y lloraban, amaban y odiaban. Nuestros héroes son como nuestra familia, como cada uno de nosotros. Nuestros héroes y heroínas eran gitanos y gitanas que les tocó vivir, en el territorio español, la aniquilación literal de nuestra lengua, el Rromano, y en la Europa de los años 40, las atrocidades del fascismo, y que tuvieron que resistir hasta ser asesinados por la maquinaria criminal del nazismo y del odio, sin reparación. Quede dicho para los cada vez más numerosos desmemoriados.

Nuestras heroínas de 1944 nos recuerdan cómo debemos vivir hoy. Cuan duro es saberse el último escalafón de una sociedad que te necesita para reafirmar su orden. Ese orden que condena a miles de personas a la barbarie y al ostracismo. Un orden criminal y asesino, pero que se sigue considerando a sí mismo como el más civilizado y recomendable. Un orden que permite que el fondo del Mediterráneo esté lleno de cadáveres para vergüenza de todos. Un orden paradigma de su desorden avaricioso e insaciable. Donde se consienten Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde se vulneran los Derechos Humanos, donde se considera tolerable la existencia de barrios gueto, estableciéndose como verdaderas “reservas” de migrantes y gitanos, donde parece ser “normal” que una familia blanca (paya) pueda elegir que sus hijos no vayan al mismo colegio que gitanos y migrantes, y esta elección sea respetable.

Estamos obligados a asumir (como primer paso de la imperiosa transformación) una normalidad que nos obliga a resistir como única forma de supervivencia. Nuestros héroes nos enseñan qué hacer en “La Cañada Real”, donde los indignos gobiernos y las compañías energéticas han mostrado impúdicamente su insensibilidad ante miles de personas sin suministro eléctrico en medio de uno de los más grandes temporales de nieve que hemos conocido. El frío sufrido por miles de niños no estremeció la conciencia de muchos de nuestros conciudadanos que observaban las pocas noticias que se emitían sobre esta ignominia como quien viera una serie de Netflix.

Los Rromanies, que con palos y piedras supieron frenar a las SS con fiereza en Auschwitz-Birkenau, nos recuerdan que el racismo mata, que el antigitanismo mata. Como ocurrió con nuestro primo Eleazar García, un joven gitano discapacitado que fue reducido hasta por 15 agentes del mal llamado “orden público” en Gijón hasta provocarle la muerte. O como el caso de Manuel Fernández Jiménez, en Rociana (Huelva), que por un puñado de habas fue abatido a tiros y quien lo hizo disfruta de su “libertad” desde hace pocos días tras pagar una fianza de cinco mil euros, enseñándonos de manera cruel cuánto valor tiene la vida de un gitano en este país. El caso del primo Daniel Jiménez, que en extrañas circunstancias salió muerto de una comisaría de Algeciras. Ellos son solo los últimos casos de una antigua realidad existente, que se llama Antigitanismo y siguen cuestionando la enfermedad de una sociedad incapaz de reconocer el monstruo del racismo en todas sus formas y asociarlo con todas sus letras, institucional y estructural.

Vivir resistiendo no es una opción. No se constituye en una elección. Cuando tienes que aprender a convivir con la (re)presión policial en los barrios gueto. Cuando debes ser consciente de que por tu color de piel tienes muchas menos posibilidades de encontrar un empleo. Cuando las condiciones de vida te condenan a tener una esperanza de supervivencia hasta 15 años menor que las personas no gitanas. Cuando tienes que usar el sentido del humor como manera de sobrellevar que una guarda de seguridad te persiga cuando entras en un supermercado. Resistir no es una opción. Es una necesidad.

Resistir no es una opción. Para las personas gitanas, resistir es tan necesario y está tan presente en nuestro día a día como un trozo de pan o una prenda de ropa para guarecerte de las inclemencias del tiempo. Resistir es para las gitanas y los gitanos una filosofía de vida, una forma de entender el mundo. Si no fuera así no estaríamos hoy aquí escribiendo este artículo como personas gitanas, ya que habríamos sucumbido a los intentos reiterados de genocidio perpetrados contra nuestra gente.

Por eso, cuando nos proponemos hacer un homenaje a quienes resistieron, lo mejor que se nos ocurre es seguir usando la fuerza de la Rromanipen (gitanidad). Constituirnos una vez más en la frustración del sistema que nos quiere ver extinguidos. Seguir siendo la constatación de su fracaso como proyecto social y político. Es duro, pero créannos, es nuestra manera de saber que seguimos resistiendo y luchando, sin conformarnos, organizando el descontento.

Resistir implica una reflexión de nuestro Pueblo, que tiene que plantearse la necesidad de cambiar, moverse, dejar la anestesia y la pasividad, el conformismo. Es necesario, actuar, hacer algo diferente para que empiecen a pasar cosas distintas y mejores.

Tenemos que salir a las calles a reclamar justicia y reparación para nuestro Pueblo. Apoyar desde el pensamiento y la acción crítica a los primos y las primas que están haciendo política institucional y luchando desde donde está cada uno y cada una. Los derechos se conquistan, se pelean desde todos los ámbitos. Usar la fuerza de la Rromanipen, ese es nuestro legado; lo que nos han dejado nuestros antepasados en la epigenética hay que conservarlo y utilizarlo. Tenemos que dejar de vivir de las rentas de las acciones de generaciones anteriores. Bebamos del valor y energía de lucha de nuestros ancestros y produzcamos las nuestras; desde el hoy y el ahora; desde la acción realista; para que las nuevas generaciones puedan estar orgullosas de nosotros y nosotras; porque se lo debemos a la memoria larga y al futuro.

¡¡EN HONOR A SU LEGADO LUZ Y MEMORIA!!

¡¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO GITANO!!

¡¡OPRE RROMANO USTIPEN!!

#RromaRightsHumanRights  #RromaniResistence #UstipenRromaniphen  #StopAntigitanismo

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Iñaki Vázquez y Celia Montoya son miembros del programa Rromani Pativ

Ocho minutos con cuarenta y seis largos segundos quejándose a los agentes de policía de que no podía respirar acabaron con la vida de George Floyd. Esos minutos y segundos hicieron que, semanas después, todo el mundo perdiera el aliento y se inundaran las calles de Estados Unidos y Europa con un grito unísono: "I can't breath" y una petición: el fin del racismo institucional.

El siempre polémico Michael Moore escribía en su libro Estúpidos hombres blancos: "No importa en qué ciudad me encuentre, las noticias son siempre las mismas y el sospechoso siempre es el mismo varón negro. Esta noche estoy en Atlanta y les juro que el retrato robot del negro sospechoso que aparece en la pantalla del televisor es igualito al sospechoso que vi anoche en Denver y al que vi la noche anterior en Los Ángeles. En cada uno de esos bocetos aparece frunciendo el ceño, amenazador, siempre con la misma gorra. ¿Puede ser que todos los crímenes del país los cometa el mismo negro?".

Pero hagamos un ejercicio. Si estos informativos televisivos se emitieran en España y añadiéramos las palabras clan o reyerta, ¿qué imagen tendría ese retrato robot? Desde hace 500 años vivimos inmersos en un racismo prácticamente asumido por la mayoría de la sociedad: el antigitanismo.

"La historia del pueblo gitano es la historia del antigitanismo, lamentablemente. Es algo que la población mayoritaria tiene muy arraigado y que probablemente no se reconoce como racismo, cuando también lo es", afirma Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Aunque reconoce que la percepción general ha mejorado en los últimos años, aún siguen "arraigados muchos estereotipos tanto en la población como en las instituciones".

La falta de representación cultural e institucional alimenta los estereotipos

La creación cultural tiene mucho que ver con la permanencia de estos estereotipos en el imaginario colectivo. "Hay muy pocos personajes gitanos en las series de televisión y cuando aparecen, aparece únicamente la imagen estereotipada que responde a lo que cree la población mayoritaria que es el pueblo gitano, que está completamente alejado de la realidad", sentencia Cristina de la Serna. Esta falta de representatividad se debe, en parte, a que la mayor parte de la producción audiovisual a nivel internacional se encuentra liderada por hombres blancos, según el último informe de Women's Media Center.

Pero los medios de comunicación no nos quedamos fuera de estos prejuicios, según señala la directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación "expresiones como 'clan' o como 'reyerta'" están muy vinculadas al pueblo gitano. "Clan es una palabra que jamás oirás utilizar a un gitano. Te dirán que es el canal que ven sus hijos", bromea al otro lado del teléfono. "No sé por qué se utilizan esas palabras que son tan propias de la otredad. Vamos de antropólogos y creemos que se mueven en tribus y en clanes. Esto alimenta ese prejuicio de que se organizan para delinquir".

Además en muchas ocasiones se da por hecho que el protagonista de un suceso es gitano por vivir en un determinado barrio o hablar y vestir de determinada manera. Según advierten desde la Fundación Secretariado Gitano, "tenemos una alerta para cuando se menciona en algún medio la etnia y vemos que muchas veces son sucesos que no hablan de gitanos, pero como entran dentro del estereotipo ya se asume que lo son".

Las instituciones tampoco se quedan al margen de esta falta de representatividad, actualmente hay solamente tres diputados gitanos: Beatriz Carrillo (PSOE), Ismael Cortés (Podemos) y Sara Giménez (Ciudadanos). Cristina de la Serna admite que "poco a poco se va mejorando esta representación" aunque considera que sigue siendo "insuficiente. Si hiciésemos una regla de tres entre el número de cargos públicos y el número de personas gitanas, todavía nos quedamos cortos. Las instituciones tienen que reflejar y ser representativas de la sociedad a la que sirven".

Tanto en la creación cultural como en las instituciones "hay que intervenir para que gente que tiene una desigualdad de origen pueda llegar ser un motor del cambio", afirma la directora.

El racismo social salta a las instituciones

"En España no podemos hablar de violencia policial tan clara como en EEUU. El racismo de la policía es allí más violento, entre otras cosas, por cómo es el país y cómo son los poderes policiales. Si juntamos racismo exacerbado con amplios poderes y un país donde puedes comprar un arma en el bazar de la esquina el resultado es el de George Floyd", afirma Cristina de la Serna.

La imagen que tenemos sobre el racismo institucional viene asociada a la violencia policial, pero esta es la expresión más grave de esa discriminación. La arbitrariedad policial a la hora de las identificaciones por perfil étnico desnuda una dura realidad. Según una encuesta elaborada por Metroscopia en 2013 con una muestra de 2.800 individuos, entre las personas payas las identificaciones policiales no superaban el 6%, sin embargo entre la población gitana el porcentaje se multiplica por 10, hasta el 60%. Además, según advertía la encuesta en un porcentaje menor se les encontraba algo ilegal a la población gitana. "La Policía afina más a la hora de identificar a una persona blanca", apuntan desde la Fundación Secretariado Gitano.

Durante el estado de alarma y el confinamiento parece que este tipo de problemas se ha visto acrecentado. "Todavía es prematuro para saber los datos concretos, pero un estudio más detallado sobre el sesgo por nacionalidad, raza o etnia de las sanciones impuestas sería interesante. Nuestra intuición es que el colectivo estaría sobrerrepresentado", indican desde la Federación SOS Racismo.

Las instituciones actúan como "espejos de esos prejuicios que tiene la sociedad", apuntan desde SOS Racismo. En estos meses críticos de crisis sanitaria, social y económica no solo observamos esa discriminación desde el ámbito policial, también desde algunos cargos políticos. Como es el caso del alcalde socialista de Santoña (Cantabria), Sergio Abascal.

Un foco de infección por coronavirus en el pueblo cántabro correspondía con una familia gitana y, según explican desde la Fundación Secretariado Gitano, cuando el alcalde hacía recuento de positivos y fallecidos a causa del covid-19 segregaba las cifras de la población gitana. El socialista pidió "perdón si alguien se había sentido ofendido" y recalcó que habló "de gitanos como habría hablado de pescadores si fueran ellos los afectados". Aunque no fuera intencionadamente esto generó que "se empezaran a difundir mensajes de odio por WhatsApp de vecinos y vecinas del pueblo pidiendo la 'erradicación de la raza gitana' y culpándolos 'de haber traído el coronavirus'", tal y como denuncia la Fundación.

"Imagínate que has tenido que enterrar a varios abuelos, que no los has podido ni velar, ni llorar. Tampoco abrazar a tus familiares y tienes a tu alcalde señalándote, a tus vecinos diciendo que habría que erradicarte y a la Guardia Civil vigilando tu casa", dice al otro lado del teléfono la directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación.

El carácter interseccional de la discriminación: las mujeres gitanas y la persecución en supermercados

No es lo mismo ser gitano y rico que ser gitano y pobre. El factor de clase agrava la situación de la población gitana, con índices de más del 80% de pobreza severa y el 90% de pobreza infantil, se genera una retroalimentación de exclusión por la dificultad al acceso laboral del pueblo gitano. "El pobre payo enfrenta unas discriminaciones distintas que el pobre gitano. Del mismo modo que no es lo mismo el rico gitano que el que vive en Cañada Real y la clase social es un elemento muy importante, pero no el único, es la intersección entre varios", señala Cristina de la Serna.

Del mismo modo ocurre con el factor de género. "Hay una forma de discriminación tremenda que atraviesan las mujeres gitanas día a día que es la persecución en centros comerciales y supermercados", indican desde la Fundación. Es el caso de Jennifer Muñoz. Una joven madre de 21 años que una simple compra de potitos para su hijo de año y medio desembocó en un juicio por hurto, según denuncian.

El 11 de diciembre de 2019 en un supermercado "el hijo de Jennifer iba en el carrito jugando con un juguete que le habían regalado cuatro días antes en la juguetería de enfrente por una promoción –relata Cristina de la Serna–. El agente de seguridad del Carrefour le dice que eso es robado, ella le contesta que no, que puede preguntar al dependiente. Al día siguiente tuvo un juicio, se presentó con la tarjeta de la tienda con un escrito del dependiente de puño y letra con su nombre y teléfono. Finalmente la condenaron a una multa de 26 euros sin ni siquiera ver las cámaras de seguridad".

En la sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre, no se tiene en cuenta en ningún momento la declaración de la acusada y se consideran como hechos probados que "cogió efectos por importe de 6,90 euros y trató de llevárselos sin pagar, siendo sorprendida por el vigilante, quien recuperó los referidos efectos, que quedaron en depósito en el establecimiento", únicamente con el testimonio del agente de seguridad.

Desde la Fundación Secretariado Gitano están recurriendo la sentencia. En este tipo de acciones "se ve ese racismo interseccional, desde el vigilante de seguridad que la para, a los policías cuando llegan, hasta el juez y la fiscal", sentencia la directora del Departamento de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación.

La ausencia de una ley específica y mecanismos de control

Las instituciones y el ejercicio de la ley están ejecutadas por personas que como todos y todas tienen prejuicios, "no podemos confiar solo en el buen hacer" individual. "En España tenemos una laguna fundamental, que es no disponer de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, es una ley que lleva redactándose desde el año 2009 y se acaba quedando en el cajón", señalan desde la Fundación, que ven insuficiente el artículo 14 de la Constitución Española, que contempla la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. "Es como si las mujeres solo tuviéramos el artículo 14, necesitamos una ley de igualdad de trato y una ley de violencia de género", argumenta Cristina de la Serna.

Asimismo, también ven necesario mecanismos de control de manera independiente y con capacidad sancionadora para supervisar el ejercicio profesional de la Policía y a los que se pueda dirigir cualquier ciudadano si tiene alguna queja. "Cuando hemos sido capaces de introducir mecanismos de control, como tienen algunas Policías Locales, para preguntar a los agentes qué criterios objetivos hay para parar a determinada persona, vemos que la policía discrimina menos y al mismo tiempo es más eficaz", sentencian desde la Fundación Secretariado Gitano.

Encontrar una habitación, una buhardilla o un estudio donde empezar con la rutina de septiembre no es tarea fácil. Sobre todo para algunos. Las webs de búsqueda de vivienda como Fotocasa, Idealista o Mil Anuncios ayudan en el proceso aunque se cuelan en las descripciones detalles que podrían constituir un posible delito de odio o discriminación.

Si un propietario no quiere alquilar a una pareja porque son gais, gitanos, trabajadores precarios, estudiantes o incluso por su aspecto… habría una práctica denunciable. El problema es: ¿cómo demostrarlo?

Una persona en búsqueda de casa puede encontrar en las descripciones de los anuncios, al lado del número de habitaciones, el tamaño de la cama, los baños o si tiene ascensor… condiciones que nada tienen que ver con la vivienda: “Precioso estudio, escalera altillo cama matrimonio, muchísima luz, electrodomésticos, amueblado a estrenar, solo para jóvenes españoles”.

Por una experiencia de este cariz pasó el jugador de baloncesto del Básquet Coruña, Larry Abia, hace unas semanas, cuando denunció a través de su cuenta de Twitter el racismo de dos propietarios en su intento por alquilar un piso en la capital gallega: "Era el primer cliente del día, llegué diez minutos antes a la cita, aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron: 'No se lo alquiles a ese, dile que no, que es de color'”, explicó el jugador a través de esta red social.

No es el único caso de racismo que ha aparecido en redes sociales: una tuitera criticaba el anuncio de un piso en alquiler en Milanuncios que rezaba “Piso seminuevo, completamente amueblado, con muebles buenos, no extranjeros, piden nómina o aval bancario y gente seria. 1ª planta”.

Y más denuncias públicas en Twitter: la usuaria @ianmanysa, una joven de Larache (Marruecos) de 25 años,  que creció en Madrid y tiene nacionalidad española, entiende que el problema es que es “mora”. Cuando llegó al inmueble acompañada de su padre, las palabras de la dueña del piso fueron: “Pues… el piso lo he alquilado hace media hora”.

La afectada explica que pidió a una compañera de Málaga con la que iba a compartir el piso que llamara de nuevo por teléfono a la dueña para preguntar y sus palabras fueron: "Es que me acaba de venir una mora  de Marruecos y a mí eso es que no me gusta ni un pelo", relata en el hilo de Twitter.

Desde la cuenta de Twitter de la plataforma Es Racismo denuncian el caso de una mujer que se ve estigmatizada al ser descartada como inquilina porque es de esa etnia: "Si sois gitanos no... porque ya tuvimos malas experiencias en el alquiler con ellos."

En el caso de la aporofobia, –término acuñado el año pasado por la filósofa Adela Cortina, que se utiliza para designar la aversión que no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres–,  Rubén Sánchez, portavoz de Facua, organización que vela por el derecho de los consumidores, niega que esta pueda ser una discriminación: “En el caso de una familia pobre, si tú eres un particular y el motivo es que crees que no va a tener capacidad de pago, no es aporofobia sino falta de confianza.”

Responsabilidad social y empresarial

Las empresas privadas y sus políticas corporativas son las que regulan este tipo de anuncios de carácter racista y desde el portal inmobiliario Idealista afirman: “Luchamos activamente contra todo tipo de xenofobia, no permitimos estas prácticas”. Cuentan cómo es el procedimiento cuando aparece uno de esos anuncios: “Se suprime el comentario del propietario pero se deja el anuncio. La discriminación como tal es ilegal, se borra toda la parte que incumple la legalidad.”

Idealista, con “un millón y medio de anuncios”, conoce el problema a través de “los propios usuarios que nos alertan: bien a través de los canales para denunciar, a través de redes sociales y una vez que las detectamos, se cambian inmediatamente.”

El portal de alquiler de vivienda no aporta datos sobre la cantidad de anuncios de este tipo que ha detectado en su web por una cuestión de confidencialidad aunque señala que tienen un “equipo de calidad” que se encarga de detectar este tipo de prácticas así como de localizar posibles mafias en el sector con intereses delictivos: “Si contamos como les intentamos pillar, le damos pistas”, defienden desde Idealista.

Discriminación residencial

En el informe Provivienda del año 2013 se recogen algunas frases de un grupo de discusión mantenido con propietarios de nacionalidad española: “Esas personas no están acostumbradas a vivir en bloques de comunidad”; “Van a tener problemas con los vecinos”; “Están acostumbrados a vivir de esa forma y entonces, adaptarse a vivir en un sitio que está organizado…"; "Me preocupa un poco lo de alquilar a extranjeros, es que alquilas a unas personas y luego vienen la madre, la tía, y a lo mejor se meten en una vivienda más gente de la que tú estás alquilando”.

Hay anuncios abiertamente discriminatorios en los que dependiendo de la nacionalidad o el origen étnico se les niega directamente la posibilidad de visitar la vivienda y algunos que ponen barreras específicas a la población extranjera que no son necesarios para formalizar el contrato como el permiso de residencia. Hay otros que incluso relacionan al inmigrante directamente con el hacinamiento: "Ideal para 4 o 5 inmigrantes" (una vivienda de 50 metros cuadrados). 

Estos estereotipos y prejuicios se materializan en un trato discriminatorio que relega a los inmigrantes a barrios que perpetúan su marginación. En el caso de haya un trato vejatorio o discriminatorio, desde Facua aconsejan denunciarlo en los tribunales: “Si es un agencia inmobiliaria y tienes pruebas, lo puedes denunciar en la Administración de Protección al Consumidor de la Comunidad Autónoma”.

Discriminación de clase

La exclusión no termina con la población migrante sino que se extiende a otras personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, mucho más en plena escalada de precios y con empleos con ingresos precarios. Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l'Homofòbia, lo corrobora: “Las personas sin recursos, sin papeles, difícilmente acceden a las oportunidades básicas de una vivienda digna. En Barcelona es absolutamente prohibitivo, 900 euros de media para acceder a una vivienda en alquiler: nóminas, avales dejan fuera a muchísimas personas”. En ocasiones la única forma de hacerlo es compartiendo piso, y ahí se acumulan las quejas: "En 2017, un 1,8% de las quejas —del número total de quejas que recibió el Observatori contra l'Homofòbia— surgieron una vez que la persona tuvo la vivienda a su nombre, cuando detecta que es trans, se le empieza a hacer la vida imposible, en algunos casos llegando a insultos e incluso agresiones", señala el presidente de la institución.  

Para Rodríguez,  es la Administración la que tiene que hacer que "el acceso a la vivienda sea lo más regulado posible, que se pidan los datos imprescindibles que no supongan una invasión en la intimidad de las personas”.

Según un artículo publicado en 2008 en El Economista, se detectaron 1.770 referencias en los anuncios publicados por particulares en las que se incluyen leyendas como: “Abstenerse extranjeros”. Hoy encontrarlas en estas páginas es difícil.

El Código Penal contempla en el artículo 173.1 que infligir a otra persona un "trato degradante", menoscabando o gravando su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años", la misma que conlleva los actos hostiles o humillantes que impidan el legítimo disfrute de la vivienda. 

La respuesta por parte de los ayuntamientos es crucial para que las personas puedan vivir en un lugar asequible con condiciones mínimas. El director del Observatori contra l'Homofòbia expresa su preocupación: “Tiene que haber viviendas y espacios donde poder acceder personas con diferentes grados de vulnerabilidad”. Y critica que no sirve de nada “empezar a construir con las elecciones miles de habitáculos indignos, sino una vivienda digna acorde a las posibilidades económicas de las personas”.

"Ya no se pueden hacer chistes de gitanos". Así empezaba el monólogo de Rober Bodegas —miembro del dúo Pantomima Full junto a Alberto Casado—, que ha levantado el penúltimo debate sobre libertad de expresión, los límites del humor y su influencia en la perpetuación de estereotipos racistas. La actuación que se viralizó el pasado lunes —y que ha motivado críticas en redes, la denuncia de una plataforma progitana y "más de 400 amenazas de muerte", según el creador— fue emitida hace más de un año en el canal Comedy Central. Aunque el vídeo ha sido retirado a petición del propio cómico, según decía este en un comunicado, parte sigue estando disponible en la red social Twitter. En él se ve cómo Bodegas se propone hacer "chistes de payos" que juegan, en realidad, con los estereotipos racistas asociados a las personas romaníes: "Esto es un payo que va conduciendo, lo para la Guardia Civil y nada, tiene la ITV, el seguro, el coche es suyo...". O: "Esto es un payo que va por un polígono por la mañana y no vende droga". 

Desde que el vídeo volvió a circular por Facebook el pasado sábado, el cómico comenzó a recibir críticas tanto por parte usuarios como de colectivos, y distintas asociaciones en defensa de los derechos de los romaníes tacharon su trabajo de un "gitanófobo". Así lo definía la organización Gitanas Feministas, que apuntaban en Twitter: "El humor de arriba hacia abajo es ejercicio de poder con burla. Y eso Rober Bodegas lo sabe bien. No es lo mismo reírte de ti mismo o de los que están socialmente en una posición superior que hacerlo de quienes están en situación desfavorecida". Algunos compañeros de profesión defendían, sin embargo, que si el cómico hacía uso de estos estereotipos era con la voluntad de cuestionarlos. Estaba servida, de nuevo, la polémica sobre los límites del humor, con un nuevo giro: ¿merece las críticas Bodegas?, ¿puede no ser racista el humor construido sobre estereotipos racistas? 

Críticas, amenazas y demandas

Empieza hablando Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano residente en Barcelona en cuya literatura tiene un espacio central el humor. "Los humoristas tendemos a decir en nuestras quejas que la gente tiene la piel muy fina, y yo me pregunto si no somos nosotros los que tenemos la piel muy fina", dice, ante las quejas de sus compañeros de profesión. "Creo que usamos con mucha ligereza del término censura. Si el chiste no gusta, una de las reglas del oficio es que puedes tener escarnio en lugar de risas", valora el ganador del Premio Herralde en 2016 por No voy a pedirle a nadie que me crea. Pero, objeta, "esto no incluye amenazas de muerte ni que te denuncien y acabes en la cárcel por un chiste". 

En una nota de disculpas publicada el domingo, el cómico denunciaba, en efecto, haber recibido "más de 400 amenazas de muerte" en los días anteriores. Las reacciones de algunos cómicos ante esto no han resultado menos polémicas que el monólogo inicial. "Gitanos que se sienten reducidos a un estereotipo por los chistes de Rober Bodegas y para demostrar lo equivocados que son esos clichés le amenazan de muerte", decía en Twitter el cómico Ignatius Farray. "Quizá los cómicos deberíamos empezar a sentirnos una minoría oprimida y maltratada, y así podríamos amenazar de muerte a quien consideremos que nos causa ofensa", lanzaba el monologuista Goyo Jiménez en la misma red. Organizaciones como Fundación Secretariado Gitano o Gitanas Feministas han condenado las amenazas, igual que las condenan los humoristas entrevistados para este reportaje. 

El debate se ha trasladado también al ámbito judicial: la organización Sociedad Gitana Española, liderada por el controvertido Sinaí Giménez, ha demandado al humorista por "incitar al odio" contra el colectivo. Gitanas Feministas no se plantea demandar, pero sí apoya la estrategia de Sociedad Gitana Española: "Es un derecho que tenemos, el de poder denunciar en los juzgados basándonos en las leyes antirracistas y antiodio, y usarlo nos parece correcto". Aunque Secretariado Gitano hizo público el lunes que estudiaba también tomar acciones legales, "no se ha desarrollado ninguna acción", como aclaraba el martes a infoLibre Sara Giménez Giménez, directora de Igualdad y No Discriminación de la organización. "Pensamos que es un contenido prejuicioso que atenta contra la dignidad de todo un pueblo", argumenta esta abogada, "pero hay que analizar bien cuándo el contenido es punible".

"No quiero criticar a las asociaciones que defienden a las minorías ante las mayorías", aventura Darío Adanti, humorista y cofundador de la revista satírica Mongolia, "pero sí creo que la expresión y el humor no tienen que tener límites. Eso no significa que no se pueda criticar el humor, igual que se critica una novela o una película".

Humor racista o humor sobre el racismo

Este es el texto completo del extracto del monólogo disponible: 

La humorista Pilar de Francisco, colaboradora en los programas La ventana, Hoy por hoy y Chicas, todos en Cadena Ser, cree que no se ha entendido el propósito de Bodegas. "Yo lo vi en su día, aunque no me acordaba. En este caso, el monólogo no iba tanto sobre gitanos, sino sobre los límites del humor", apunta. "Él sabe que está haciendo humor negro, y no me parecieron chistes gratuitos como ocurre en otros monólogos. Él no da por sentado que las cosas sean así, sino que apunta a que sean tabú". Adanti retoma la cuestión: "El humor juega a la transgresión. Si tu discurso nunca ha sido racista y tu público no es racista, estás jugando a incomodar a tu propio público". En opinión de ambos, la reflexión de Bodegas no trata las características del pueblo gitano, sino el hecho de que no esté bien visto socialmente bromear con ciertos asuntos. 

Bodegas tiene una rutina en la que aborda temas peliagudos, como la violencia de género, el suicidio o el cáncer. En una actuación grabada en Phi Beta Lambda, una plataforma de monólogos online organizada por el humorista Antonio Castelo, explicaba su postura. "Vamos a hablar de tema que no molan para hacer comedia, o eso es lo que nos quieren hacer creer", introduce Bodegas en una actuación sobre un ataque machista grabada el pasado enero. "Pero, con esta mierda de los límites del humor, yo creo que se puede hacer humor de todo, siempre que se hagan las bromas adecuadas. Sobre todo, creo que alrededor de las cosas que no molan, hay cosas que sí son graciosas aunque estén dentro de un contexto sensible". En la pieza cuenta su experiencia como testigo de una agresión, pero no reproduce en ella los estereotipos machistas habituales sobre las mujeres. En la que se refiere a la muerte, grabada en junio, habla de varios procesos de luto dentro de su familia. 

Para María José Jiménez Cortiñas, presidenta de Gitanas Feministas, Bodegas pretende "dar un sentido humorístico a lo que son estereotipos que se llevan usando toda la vida", y defiende que "lo que no es responsable y tampoco es nada ético, ni en el humor ni en ningún lado es fomentar estereotipos y prejuicios". En la misma línea va Juan Pablo Villalobos, que no cree que del monólogo viral se pueda extraer que Bodegas hacía una crítica al racismo: "Yo creo que hay un tipo de humor simplón que realmente no conflictúa ni cuestiona ni nos está poniendo en un espejo para que veamos en él que somos racistas. Creo que hay un humor simplón que solo confirma estereotipos. Este tipo de humor, que lo único que hace es preservar una mentalidad racista, no puede decir luego que había una intención, que no se ve por ningún lado, de problematizar el asunto".

Los tres cómicos consultados coinciden en ver como un problema lo homogéneo del panorama humorístico español: "Es verdad que yo no veo cómicos gitanos, y al no haber diversidad parece que todo se paga con un colectivo concreto", reflexiona Pilar de Francisco. Le sigue Adanti: "Al final, no es lo mismo contar chistes sobre, no sé, la izquierda en tiempos de Franco, que les metían en la cárcel y les fusilaban, que ahora. La comunidad gitana tiene voz para decir lo suyo, y cuanta más pluralidad haya, mejor". "Al final, todo depende de quién cuente el chiste", apunta Villalobos: "¿Lo cuenta la víctima o el victimario?".

Las consecuencias de la risa

La nota de disculpa de Bodegas no fue bien recibida por las asociaciones progitanas. "Quiero pedir disculpas públicamente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas", decía el cómico, que añadía: "A mí personalmente no me ofende ningún chiste, ya ataque a mi procedencia, físico, valores o creencias, más allá de encontrarlo más o menos gracioso y/o certero, pero comprendo que no todo el mundo afronta el humor de la misma manera". "He pedido al canal que retire el vídeo y no pondré a disposición de las autoridades ninguna de las amenazas recibidas", finalizaba, "siempre que se dé este asunto por zanjado de manera cordial". María José Jiménez critica el comunicado: "Lo que ha pasado es lo de siempre: a la víctima se le ha convertido en verdugo y viceversa. Yo no puedo ser tolerante con alguien que es racista y que utiliza su poder y su espacio de control para extender esas ideas que llevamos 600 años sufriendo".

Cómicos como Adanti no creen que haya relación entre los chistes vertidos en el monólogo y la discriminación sufrida por los gitanos: "Me parece absurdo que, habiendo tantas cosas materiales que marcan esa desigualdad de las minorías frente a las mayorías, vayamos a por esto. Aunque prohíbas hablar de las minorías en términos de este tipo, la desigualdad seguirá existiendo". Para Sara Giménez, sin embargo, sí hay un lazo directo entre ambas cosas: "La imagen social negativa de los gitanos afecta a la hora de alquilar o comprar una vivienda; a que a las mujeres gitanas, cuando van al supermercado, se les pegan los de seguridad como si nos dedicáramos a robar; a los problemas de acceso al empleo; o a que se nos niegue la entrada a ciertos espacios de ocio. Todo esto condiciona la vida de las personas de manera material". 

"En mi opinión", decía Bodegas en su nota, "no hay que esperar pedagogía ni didáctica en la comedia cuando se dirige a personas adultas, pues confío en el criterio personal de cada persona para discernir entre un chiste y un discurso serio". Pero las asociaciones sí consideran que discursos como ese perpetúan el racismo. Lo defiende María José Jiménez: "Los populismos que se están fomentando en Europa, dígase [Matteo] Salvini [ministro del Interior italiano] o dígase [Manuel] Valls [ex primer ministro francés] utilizan los argumentos que ha utilizado este hombre: son personas que no se integran, que transgreden la ley. Este es el argumento que se usa para crear censos de gitanos o para expulsar refugiados, y la gente no se da cuenta".

Ambas señalan las reacciones del espectador a los chistes. "Lo que nos encontramos es todo un público que aplaude de manera desmesurada a cualquier prejuicio que dice este tío", dice, enfadada la presidenta de Gitanas Feministas. La portavoz de Secretariado Gitano destaca, por su parte, los comentarios surgidos a partir del vídeo. Comentarios como: "Supongo que se van a adaptando a la sociedad moderna, ahora usan el móvil robado para ofenderse en Internet". O: "No ha dicho nada que no sea cierto". O: "Hablan por aquí de si tenemos que respetar y adaptarnos a sus costumbres delictivas y comportamientos tribales medievales. ¿En serio?". O: "En los dos minutos de vídeo no ha dicho ninguna mentira de los trapaceros". "El monólogo", defiende Sara Giménez, "fomenta comentarios antigitanos. El humor quizás no tenga clave pedagógica, nosotros entendemos el humor perfectamente, pero el humor no debe fomentar el racismo, igual que ninguna otra creación". 

El humorista Rober Bodegas, una parte del dúo Pantomima Full, ha pedido al canal Comedy Central que retire un vídeo con uno de sus monólogos en el que habla sobre la comunidad gitana, al haber recibido "400 amenazas de muerte".

Bodegas ha explicado en un comunicado que, a raíz del vídeo de su actuación, ha recibido amenazas e incluso ha habido "batidas" para "buscar venganza, además de los miles de insultos". No obstante, el cómico ha señalado que ha "visto el error cometido" y por ello ha pedido disculpas a "todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas".

"Entiendo y asumo que la provocación forma parte de mi trabajo y que por ello las reacciones al mismo siempre suelen polarizarse. Con relación a otras temáticas tratadas en el show, que suponen el 95% del mismo y nada tienen que ver con este asunto, también ha habido reacciones encontradas, aunque por supuesto, no de este modo", ha apuntado.

En su monólogo, Bodegas hablaba de que "ya no se pueden hacer chistes de gitanos" y por eso él decide "hacer chistes de payo". "Esto es un payo que va conduciendo, lo para la Guardia Civil y tiene la ITV, el seguro, el coche es suyo... Continúe, le dice el agente", cuenta Bodegas en una de las partes de su monólogo, todavía disponible en los vídeos de usuarios de redes sociales. 

"A mí personalmente no me ofende ningún chiste, ya ataque a mi procedencia, físico, valores o creencias, más allá de encontrarlo más o menos gracioso o certero, pero comprendo que no todo el mundo afronta el humor de la misma manera", ha señalado el cómico en el comunicado, matizando que no pondrá a disposición de las autoridades ninguna de las amenazas recibidas "siempre que se dé este asunto por zanjado de manera cordial".

"En mi opinión, no hay que esperar pedagogía ni didáctica en la comedia cuando se dirige a personas adultas, pues confío en el criterio personal de cada persona para discernir entre un chiste y un discurso serio", ha añadido. Bodegas ha explicado que se encuentra estos días en zonas rurales de Centroamérica, por lo que ha tenido dificultades para "poder leer todo lo recibido y gestionarlo".

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, anunció este lunes que el Ministerio retomará un plan para la elaboración de un censo de población gitana en Italia para tener "una fotografía de su situación" y lamentó  que al menos a los gitanos italianos "desgraciadamente te los tienes que quedar", informa Europa Press.

"Tratamos de entender cómo intervenir rehaciendo lo que en su momento se llamó censo (...) para tener una fotografía y comprender así de lo que estamos hablando", afirmó Salvini en declaraciones al canal Telelombardia. "Desgraciadamente, a los gitanos italianos te los tienes que quedar en Italia", lamentó.

Salvini anunció además que están "trabajando en la expulsión de los presos extranjeros que se encuentran en Italia" y defendió alcanzar acuerdos con los países de origen. "Esto significa trabajar con Rumanía, Albania y Túnez, que desgraciadamente están entre los países con mayor población carcelaria", indicó.

La oposición del Partido Democrático respondió de inmediato a estas declaraciones de Salvini, que calificó de "escalofriantes" porque "recuerdan a las políticas nazis", en palabras del senador Edoardo Patriarca. La también senadora del PD Teresa Bellanova advirtió de que "pronto llegaremos a la defensa de la raza italiana". "Estos son quienes defienden la Constitución", criticó.

El propio Salvini respondió a las críticas a través de un mensaje en Facebook en el que se sorprende por la repercusión de sus palabras. "Algunos hablan de shock ¿Por qué? Pienso, además de en los robos, también en los niños pobres que son educados en el robo y la ilegalidad", argumentó.

Catarata publica Historia del pueblo gitano en España, obra de David Martín Sánchez, doctor en Historia e investigador del equipo Historia de los Gitanos: Exclusión, Estereotipos, Ciudadanía de la Universidad de Sevilla. El libro saldrá a la venta el 9 de febrero. infoLibre adelanta, a continuación, su primer capítulo:

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  Pueblo gitano, pueblo europeo. El origen

El origen de un pueblo puede ser importante para entender ciertos comportamientos y conductas de las personas que lo componen. También es revelador de tradiciones cuya estela se proyecta en la actualidad. Es necesario comprender la construcción de la memoria para mantener viva su historia. Pero, además, en el caso del pueblo gitano, el conocimiento de su pasado es fundamental para desmantelar ideas erróneas que provocan fantasías, recelos y tópicos. O, simplemente, para educar a la sociedad. Para decir a todo el mundo que el pueblo gitano ni es extranjero ni viene de tierras exóticas y lejanas, que el pueblo gitano se formó en Europa y es tan europeo como el resto de europeos, tan belga como el resto de belgas, tan español como el resto de españoles, tan extremeño como el resto de extremeños o tan vasco como el resto de vascos, no siendo, por supuesto, algo ni mejor ni peor, pero sí cierto.

Lo primero que deseo desmontar es el mito del origen egipcio del pueblo gitano, que no por viejo está olvidado. Y digo que es antiguo porque se remonta al siglo XV, cuando una primera inmigración gitana entró en la península ibérica por los Pirineos proveniente de Europa central. Este grupo humano fue considerado como oriundo de Egipto Menor, término medieval para designar la actual zona de Chipre y Siria, si bien algunos investigadores lo sitúan en la Capadocia turca o el Peloponeso griego. De este modo, al recién llegado la voz común lo reconoció como procedente de Egipto y de ahí la construcción de los gentilicios exipciano, egipciano, egitano y, finalmente, gitano. El nombre que vulgarmente se ha dado a los gitanos de “húngaros” procede del siglo XIX y, aunque estaba motivado por la llegada de unas familias desde Hungría, se les aplicó a diferentes grupos de gitanos extranjeros del mismo modo que en el presente siglo XXI se llama rumanos a todos los gitanos inmigrantes de Europa del Este.

Ha sido principalmente la disciplina de la lingüística, a través de estudios basados en pruebas gramaticales que conectan al sánscrito con el romanés, y, últimamente, la genética, analizando el ADN de personas gitanas, las que han reorientado esta fábula egipciana hacia explicaciones más científicas. Estos trabajos señalan al noroeste de la India como punto de partida del pueblo gitano, pero hacen énfasis en la sucesiva mezcla con la población no gitana de Europa. En definitiva, el pueblo gitano, como todo grupo humano, partió de un lugar del mundo, en este caso, de la India, pero su verdadera formación se realizó en Europa.

Una hipótesis bastante probable y que se sostiene con estudios filológicos apunta hacia una inicial emigración que salió de la India alrededor del año 1000. Se produjo hacia Occidente porque hacia Oriente chocaban con la sierra del Himalaya. A partir de aquí, se originó el comienzo de la cristalización y homogeneización de los aspectos culturales que llegaron a dar a luz la etnicidad gitana en Persia, Armenia o Asia Menor, pero, sobre todo, en Europa. Es por ello, reitero, que me inclino a señalar al pueblo gitano como preferentemente europeo, siendo el viejo continente, especialmente la zona de los Balcanes, su verdadera cuna.

Asimismo, voy a exponer una teoría que pocas veces sale a la luz por parte de los investigadores de la historia del pueblo gitano: su origen militar. La historiadora Sarah Carmona establece una original hipótesis sobre la génesis del pueblo gitano, en la que señala el origen militar de los gitanos dentro de la dinámica de soldados-esclavo y mercenarios de las tropas ghaznavíes que asolaban el noroeste de la India en el primer cuarto de siglo del primer cuarto del siglo XI (Carmona, 2013: 322). Pudieron, además, pertenecer posteriormente al ejército multiétnico del Imperio bizantino para también defender el Peloponeso veneciano durante el siglo XIV en guarniciones militares específicamente gitanas como Modon y Nauplia. Este bagaje militar desmonta la idea que normalmente se tiene sobre el pueblo gitano y su animadversión a formar parte de los cuadros castrenses y ejércitos de los diferentes imperios y reinos. Esta participación marcial pervivirá en el tiempo y, aún siendo elementos asociales dentro de los marcos férreos de los nuevos reinos modernos, existieron a lo largo del Antiguo Régimen compañías militares de gitanos en el reino de Francia, en los principados alemanes, en el ducado de Saboya, en el reino de Prusia y, sobre todo, en las islas británicas.

Pero volviendo a su llegada a Occidente, hay que señalar que esta se produce dentro de las etapas que algunos estudiosos gitanos han denominado aresipé y buxjaripé, es decir, las fases en las que se dio la difusión e instalación del pueblo gitano en todo el espacio geográfico europeo, llegando hasta el Atlántico. El profesor Ian Hancock, concretamente, divide en cuatro las etapas históricas del pueblo gitano: el teljaripé, el inicio, que muestra el proceso histórico que consolida el idioma protorromanés; el nakhipé, la marcha, que describe la creación de la etnia gitana tras sus vivencias en Asia y Asia Menor, y las mencionadas aresipé y buxjaripé.

Ese empuje hacia Occidente estuvo motivado por la paulatina expansión territorial que llevó a cabo el Imperio otomano en el Este de Europa a partir de fines del siglo XIV. De los Balcanes se desplazaron hacia el oeste europeo en una marcha de redención, un peregrinaje, lo que en palabras de los propias personas gitanas era una manera de limpiar su conciencia y salvar el alma por su pasado islámico, viajando a lugares santos del cristianismo como Roma o Santiago de Compostela.

Los viajeros, liderados por hombres con títulos nobiliarios como condes o duques, utilizaron las ventajas del ambiente religioso de la época para desplegar su estrategia y aumentar así sus perspectivas de supervivencia. Para poder realizar este peregrinaje, fue necesaria la concesión de salvoconductos y cartas de protección por parte de emperadores y otras personalidades de la época, como el propio papa. En los registros documentales pertenecientes a la primera década del siglo XV, los gitanos declaraban que su peregrinación iba a durar siete años, de modo que, cuando se superó ese tiempo, tuvieron que buscar nuevas prórrogas para esa protección. Lo consiguieron con cartas papales, como la que presentaron el llamado duque Miguel de Egipto y sus seguidores en 1422 en Basilea, o la carta concedida a Andrea, duque de Egipto Menor en 1423. No obstante, no hay constancia de la autenticidad de estos documentos, máxime cuando la manufactura de falsificaciones era una industria floreciente en ese tiempo.

En España hubo una inicial inmigración de gitanos y gitanas que entró por los Pirineos, proveniente de Europa central, a comienzos del siglo XV, cuyo origen era la mencionada zona de Egipto Menor. La primera referencia documental está fechada en 1425, cuando Alfonso V de Aragón autorizó a viajar durante un trimestre por sus dominios a don Juan de Egipto Menor. Una posterior inmigración llegó a la península ibérica en la segunda mitad del siglo XV a través del Mediterráneo, conociéndose a estos como los gitanos de Grecia. Recibieron el nombre de grecianos, si bien se acabó adoptando la manera generalizada de llamarles a todos gitanos. Ambas migraciones, como ya he dicho, estaban compuestas por un grupo humano que se presentaba como emigrados políticos o religiosos, penitentes y peregrinos, y, por lo tanto, no fueron vistos de manera peyorativa por los habitantes de la península. Por este mismo motivo, su llegada supuso una incógnita para legisladores y mandatarios, que no supieron bien cómo abordar su registro.

Tabla 1: Líderes gitanos que aparecen en la documentación histórica del siglo XV.

Una vez más, en ese afán por temporalizar y ordenar los tiempos históricos que tenemos ciertos investigadores, creo conveniente remitirme a la clasificación de una precursora del estudio de la historia del pueblo gitano. Y es que, en opinión de la historiadora Sánchez Ortega, si se observa el recibimiento que tuvo el pueblo gitano plasmado en las leyes contra él emitidas a partir de los Reyes Católicos, la historia de su relación con el resto de la sociedad en los reinos de España puede dividirse en cuatro etapas: la primera transcurre desde la aparición del primer documento donde se hace mención al pueblo gitano, es decir, 1425, hasta la pragmática emitida por los Reyes Católicos en 1499. La autora denomina esta fase como un “periodo idílico” en el que los gitanos fueron recibidos con amabilidad y comprensión, amparándose en los salvoconductos emitidos por los monarcas y nobles, gracias a su condición de peregrinos en situación penitente. La segunda etapa es un tiempo de expulsión. Comienza con la aludida fecha de 1499 y perdura hasta 1633, cuando Felipe IV, arrastrado por los criterios poblacionistas del momento, decide dar marcha atrás y mantener a los gitanos en tierras españolas. Siguió un tercer periodo de integración legal desde 1633 hasta 1783, cuando Carlos III derogó todas las leyes que impedían la entrada de los gitanos en cualquier oficio al declarar que no procedían de “raíz infecta” y convertir así a los gitanos en súbditos productivos. A partir de ese momento, empezó una cuarta etapa de integración y aceptación social, pero de manera desigual. Así, en las provincias vascas y Navarra, utilizando sus prerrogativas forales, se continuó con las políticas de represión y expulsión de gitanos de sus jurisdicciones (Sánchez Ortega, 1994: 336).

A estas cuatro etapas añado yo dos más. Una, la que sucede hasta 1978 y la promulgación de la Constitución española de ese año, momento en el cual los gitanos y gitanas comenzaron a gozar de los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos del Estado español. Y dos, desde esa fecha hasta la actualidad, donde se desarrollan esos hipotéticos derechos y deberes. Quizá puedan parecer periodos cortos comparados con los anteriores, pero los acontecimientos acaecidos en ellos provocan que el breve lapso histórico de estas dos fases temporales sea relevante para la historia de nuestra sociedad y también para la del pueblo gitano. Recordemos que el tiempo histórico no corresponde a la magnitud física con la cual medimos la duración de acontecimientos y ordenamos la secuencia de los sucesos, sino más bien a la construcción mental y subjetiva que los historiadores desarrollamos.

No es fácil calcular cuántos fueron los gitanos y gitanas que emigraron a España desde Centroeuropa, pero las estimaciones de diversos estudios históricos señalan que no fueron más allá de mil o dos mil personas las que cruzaron los Pirineos como peregrinos a inicios del siglo XV. Durante el siglo XVIII llegaron a contabilizarse unos once mil individuos, aunque, obviamente, estos números hacen referencia a aquellas personas que estaban residiendo en domicilios registrados por las autoridades, por lo que tanto aquellas familias que vivían al margen de los censos como las que camuflaban su condición étnica en lugares prohibidos estaban fuera de este listado. Por otro lado, la condición de gitano durante el Antiguo Régimen era un tipo penal, por lo que me atrevo a decir que muchas personas no gitanas de origen fueron señaladas como tales sin realmente serlo, únicamente por su forma de vida asocial o por sus relaciones con otras personas gitanas. No es extraordinario pensar entonces que la cuantificación de la población gitana se ha resuelto las más de las veces con estimaciones muy subjetivas, del mismo modo que se sigue haciendo en la actualidad.

Según fueron pasando los siglos, los grandes grupos de gitanos que aparecen en los textos procesales van decreciendo en número. No es que disminuya la cantidad de gitanos, sino que aparecen en compañías más reducidas e, incluso, como individuos vagabundos y solitarios. Este cambio no responde únicamente a una lógica defensiva, es decir: cuanto más grande el grupo, más visible a las autoridades; también es resultado de una actitud que, bien por empeoramiento de su condición social o por asimilación a la sociedad mayoritaria, lleva a ciertos individuos a romper con sus lazos familiares. Es natural ver grandes grupos de gitanos en documentación del siglo XV, cuando cuentan con el favor de los nobles y la Corona, viajando por todo el territorio español gracias a los salvoconductos y cartas de favor. Al leer también los textos europeos y las descripciones de su llegada a Bolonia o París, se evidencia que eran cientos los gitanos que acampaban a las puertas de las ciudades. Paulatinamente esas comunidades se van comprimiendo, pasando a ser grupos de unas veinte personas. Se crea, además, la figura del gitano aislado, que vive lejos de su comunidad originaria, solo o con su familia más directa. Este tipo de individuo, en algunas ocasiones, ya ha perdido todo tipo de contacto con el resto de gitanos y serán los sujetos que se diluyan en la sociedad; en otras, mantendrán contactos ocasionales con otros gitanos, a sabiendas de que eso les puede perjudicar de cara a sus vecinos y a las justicias locales. También será habitual la aparición de personas que, tras haber tenido contacto con gitanos y asimilada su forma de vida —entendiendo aquí lo que el resto consideraba como forma de vida de los gitanos: vagabundeo, oficios poco lícitos, amancebamientos—, no podrán desembarazarse de su tipo cuasipenal de gitanos, aunque realmente no lo sean.

Lo cierto es que la política de los monarcas españoles no fue muy conciliadora con las minorías y convenía guardar el anonimato, evitando así los juicios llevados a cabo bajo el paraguas de los Estatutos de Limpieza de Sangre. Los judíos fueron expulsados en 1492 bajo el reinado de los Reyes Católicos y los moriscos sufrieron el destierro generalizado durante el reinado de Felipe III, en 1609. Los gitanos no fueron expulsados en bloque, al menos no como grupo homogéneo en su totalidad. Se intentó realizar una reglamentación asimiladora por parte de las autoridades y, cuando ello no fue posible, se utilizó al legislador para establecer penas durísimas, entre las que figuraban las galeras y el destierro. Es muy extraño que se llegara a decidir por parte de la autoridad máxima, el rey, una política de exterminio o expulsión total de los gitanos. Sin embargo, existe un ejemplo claro de este cariz: la Prisión General de 1749, también conocida como Gran Redada, tema en el que profundizaré más adelante.

Forzar su asentamiento en lugares concretos fue la política común que siguieron los diferentes monarcas españoles. En la pragmática que promulgaron los Reyes Católicos en 1499 se estableció la libertad de elección domiciliaria en un afán por asentar a los gitanos en villas donde podían ser controlados y donde, a la vez, realizasen trabajos con los que mantenerse similares a los del resto de súbditos. Las disposiciones posteriores fueron acotando los lugares donde podían vivir, esto es, espacios con cierta densidad poblacional, donde las infraestructuras de vigilancia estaban más desarrolladas. Precisamente, cuando la disposición real en 1717 obligaba a asentarse en las villas, disponía que solo pudiera hacerlo una familia nuclear por cada cien habitantes. Esta medida rompía con el grupo extenso tradicional del pueblo gitano, ya que dicha familia debía estar compuesta únicamente por el matrimonio, hijos y nietos huérfanos solteros. Estas disposiciones contra natura no tuvieron el fin deseado y la confrontación entre la sociedad mayoritaria y el pueblo gitano no asimilado fue acrecentándose.

Gran parte de las personas que conforman el pueblo gitano en todo el mundo, y también en España, se sitúan históricamente fuera de la parte central de la sociedad: se han colocado siempre al margen. Lo que hoy en día señalaríamos como personas en riesgo de exclusión social, tradicionalmente se han llamado marginados. Marginados pues, fueron todos aquellos grupos humanos que no respondían a las conductas morales, religiosas, modos y usos comunes y prácticas de búsqueda de ingresos —trabajos— acostumbrados. En definitiva, los gitanos, como pueblo, se instalaron dentro de la marginalidad prácticamente desde su llegada a tierras ibéricas y solo conseguirán salir de ella aquellos individuos que pasaron desapercibidos respecto a su condición étnica o que optaron por diluirse sin retorno dentro de la colectividad mayoritaria.

En conclusión y recogiendo lo que he querido remarcar en este capítulo inicial, el pueblo gitano, cuya protohistoria se localiza en la India, se forma en Europa. Su recibimiento inicial en España, en el siglo XV, fue visto como algo exótico tanto por las autoridades como por la sociedad a la que representaban. Sin embargo, esta imagen fue cambiando hacia posturas de rechazo motivadas por su no asimilación y la negativa a participar en un sistema establecido que cada vez restringía más el libre albedrío y encorsetaba a los individuos dentro de un régimen administrativo férreo. Fruto de esta conducta asocial, el pueblo gitano mantuvo, de manera generalizada, una relación tirante con sus vecinos que se tradujo en las medidas represoras contenidas en la legislación antigitana. Una larga lista de pragmáticas y disposiciones creadas ad hoc contra el pueblo gitano que no impedirá que se asiente en España formando parte de su sociedad desde el siglo XV hasta la actualidad.

La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Congreso ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley del PSOE por la que se insta al Gobierno a declarar oficialmente el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano, así como a reconocer la bandera gitana azul y verde con una rueda roja de 16 radios y el Gelem Gelem como himno.

"La finalidad es que estos símbolos puedan ser utilizados protocolariamente en las conmemoraciones, actos y eventos institucionales relativos al Pueblo Gitano", ha explicado la portavoz socialista en esta materia, Miriam Alconchel.

Durante su exposición, la diputada jerezana ha enumerado las numerosas persecuciones y discriminaciones vividas por este pueblo a lo largo de su historia "de más de cinco siglos en España", un tiempo en el que, según ha apuntado, los gitanos han demostrado "su tenaz capacidad de supervivencia y su empeño denodado por preservar su cultura y sus señas de identidad".

Gran día contra el racismo

Alconchel ha señalado que es un "gran día" por el apoyo de la Cámara Baja a esta propuesta que, espera, sirva para hacer balance, comprobar si aún está la sociedad contaminada de cierto racismo y la ignorancia que aún existe sobre la historia y cultura de esta minoría étnica y para limpiar la mirada de prejuicios.

El texto votado finalmente, ha incluido una enmienda popular por la que se precisa que primero debe llevarse a cabo un estudio de esta iniciativa, de manera que sea el 8 de abril de 2018 cuando ya se pueda hacer uso de esta simbología, según informa Europa Press.

A pesar de su voto a favor, desde ERC y Unidos Podemos han criticado que este tema se trate en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales cuando, a su juicio, debería llegar a la Comisión Constitucional.

Además, han señalado que el texto "se queda corto". En este sentido, el PSOE ha defendido que han pedido este reconocimiento de símbolos como una reivindicación del Pueblo Gitano y que esperan tratar otras materias en diferentes propuestas en el futuro