La libre afiliación, una brecha abierta entre los sindicatos de la Policía Nacional

Dos agentes de Policía Nacional delante de una concentración para exigir la clasificación profesional de los técnicos superiores y de grado medio en el SNS, frente al Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2024, en Madrid.

“Fortalecer la calidad democrática de la institución policial”. Este es el principal argumento por el que desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP), actualmente sin representación en el Consejo, lleva años luchando para que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo. Desde los casos de agresiones sexuales que han afectado a la cúpula de la Policía hasta las polémicas por las actuaciones de algunos agentes en diferentes manifestaciones, desde esta organización consideran imprescindible este paso para conseguir una Policía Nacional al “servicio de la sociedad”.

Esta semana se ha vivido un paso clave en esta lucha, gracias al apoyo público por parte de Comisiones Obreras y UGT a esta reivindicación. “Hacemos un llamamiento al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, explican en un comunicado conjunto.

La razón por la que desde la Policía Nacional no se les permite sindicarse viene del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical, que en su punto quinto recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, que en el caso de los nacionales les limita a solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo, según marca la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada  durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, la visión del SRP es diferente. El primer argumento a favor es que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

El principal punto a favor está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. 

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, a diferencia de la Guardia Civil, que sigue bajo el régimen militar.

Por esta razón, el SRP tiene ahora mismo dos líneas abiertas para conseguir su objetivo. Dos demandas judiciales después de que dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que pronunciarse a favor o en contra de la libre sindicación, mientras que la segunda está todavía pendiente de ser aceptada en el TSJ de Valencia. Por otra parte, se está impulsando una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados que se encuentra en tramitación.

De conseguirse, una de las mayores ventajas que plantean desde este sindicato, es que los representantes de los policías podrían sentarse en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y compartir las luchas por subidas salariales o más derechos junto al resto de funcionarios públicos.

“Una clara intención política de ejercer un mayor control”

Sin embargo, el hecho de que esta lucha se esté haciendo pública, ya está despertando los primeros rechazos dentro de los sindicatos que actualmente se encuentran en el Consejo de la Policía. JUPOL, uno de los mayoritarios, con actualmente cuatro representantes, denuncia que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”.

“Desde nuestra organización no podemos evitar pensar que detrás de este tipo de planteamientos existe también una clara intención política de ejercer un mayor control sobre las organizaciones sindicales policiales independientes, limitando la capacidad reivindicativa de los sindicatos profesionales que durante años han denunciado públicamente el abandono institucional que sufre la Policía Nacional”, describen desde el sindicato.

Por su parte el SUP, también con cuatro representantes en el Consejo, con una posición más moderada, muestra su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. 

“No obstante, creemos que el actual modelo de representación de la Policía Nacional responde a la singularidad de nuestra función y ha permitido que los policías estén representados por organizaciones especializadas que conocen de primera mano los problemas profesionales del colectivo”, explica su portavoz, Ana Alarcón, a infoLibre.

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Añade que “el debate no debe centrarse únicamente en quién puede afiliarse a qué organización, sino en garantizar que la representación de los policías siga siendo eficaz, independiente y centrada en los intereses profesionales de los agentes”.

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que tiene dos representantes en el Consejo, consideran que este tema “abre muchos interrogantes”. “La ley orgánica de libertad sindical lo dice bien clarito: nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López. 

“¿Qué pasará con nuestro Consejo de Policía, ese mini parlamento que tenemos dentro del cuerpo donde los sindicatos ejercemos un papel importante? ¿Va a venir alguien de Comisiones o de UGT? ¿Esos consejeros tienen que ser policías o no?”, plantea. “Si se nos permite afiliarnos a sindicatos de clase, ¿tendrá la Policía Nacional derecho a huelga? Es decir, ¿habremos conseguido al final ese derecho que a día de hoy lo tenemos restringido?”, añade. En cuanto al CEP, con dos representantes en el Consejo, no quieren, por el momento, hacer comentarios sobre el tema.

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