"Si el discurso hegemónico es antigitano, también lo será el judicial": cómo luchar contra el odio desde la escuela

Gran parte de la comunidad gitana está sometida a odio en todas las etapas de su vida. Es lo que reflejan las estadísticas. En los últimos 20 años se han registrado más de 4600 casos de discriminación. Solo en 2023, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) registró 27 casos de acoso a menores gitanos en la escuela y 32 personas aseguraron haber sido discriminadas en el ámbito laboral por su etnia, según datos del Informe Anual de la entidad.

Estos datos serian sólo la punta del iceberg, porque "hay muchos más casos de antigitanismo que no hemos recogido nosotros, pero sí otras organizaciones", ha señalado la directora de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la FSG, Cristina de la Serna.

Que hay muchas agresiones y formas de violencia que no se llegan a denunciar es algo con lo que coincide Roberto Juan Blázquez. Cuenta que en 2016, siendo menor de edad, fue víctima de una agresión en un bar al grito de: “¡hay que exterminar a los gitanos!”. “A raíz de que mi caso se conociera supe de muchas otras agresiones, sobre todo a mujeres gitanas, que no se han denunciado”, ha relatado en la presentación del informe de la FSG, celebrada este jueves en Madrid.

Tal y como señala el texto, el odio hacia el colectivo gitano alcanza prácticamente todos los ámbitos: 65 personas alegaron que se les negó el acceso a servicios de ocio, como bares, restaurantes y discotecas. 28 relataron que fueron discriminadas a la hora de poder acceder a la vivienda. Situaciones en los que el arrendador rechazó alquilar un piso a una familia tras enterarse de que eran gitanos. “Ante esta realidad que nos azota tiene que actuar el derecho administrativo”, apunta Sara Giménez, la directora general de la FSG.

En este sentido, Giménez apunta a los “estereotipos” que pesan sobre la comunidad y que no terminan de superarse como una parte del origen de esta discriminación. Un ejemplo es lo que le ocurrió a Sara Muñoz, que fue acusada en 2020 de un hurto que no había cometido. 

Cuando tenía 20 años fue a un supermercado con su bebé, que entonces tenía cuatro meses. Llevaba un juguete que le habían regalado dos días antes. Cuando salió del centro comercial pitaron los sensores antirrobo de la puerta, por lo que un guarda le pidió que enseñara lo que llevaba. Al enseñarle su cesta, el trabajador consideró que el juguete era robado, por lo que llamó a la Policía y Muñoz fue puesta finalmente a disposición judicial.

“Sentía que esto me pasaba por ser gitana y mujer”, expresa Muñoz, que cuenta cómo, cuando los policías de comisaría supieron que se le acusaba de hurto, no dudaron de su culpabilidad y lo justificaron concluyendo: “es gitana”. A día de hoy, la joven tiene 25 años, ha pasado por varios psicólogos y aún recuerda aquella experiencia con “mucha angustia”. “Todavía me siento insegura cuando paso por ese centro comercial”, relata.

Otro dato: en 2023, la FSG registró acoso policial hacia 11 personas, lo que implica identificaciones sin motivo aparente a personas de etnia gitana en los casos más leves. En los más graves se registró violencia física.

La ley de Igualdad de Trato, un paso adelante en la lucha contra el antigitanismo 

La Ley de Igualdad de Trato aprobada en 2020 supuso un avance en la defensa de los derechos de las personas gitans, según Miguel Ángel Aguilar, fiscal de sala y coordinador Contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Según Aguilar, esta ley impuso la “obligatoriedad de que todos los juzgados cuenten con personal especializado en delitos de odio”, lo que evita que muchas denuncias se traten de forma indebida. 

Sin embargo, el fiscal insiste en que “hay que mejorar los procedimientos” porque “no puede ser que una persona ponga una denuncia por un delito de odio y que se archive”. Para combatir este desconocimiento, señala dos claves para tener en cuenta en próximas reformas legislativas: “especialización y formación”, de manera que jueces y juezas sean capaces de dictar sentencias justas. Aguilar ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para sacar adelante un gran Pacto de Estado sobre la justicia para conseguir una justicia "ágil y rápida" y evitar "que alguien presente una denuncia y vea los resultados a los cuatro o cinco años".

La abogada y activista por los derechos humanos Pastori Filigrana ha matizado que gracias a la normativa ahora existe el agravante de antigitanismo. Sin embargo, señala, “es muy complicado que esto se añada a un delito de odio". Preguntada por las mejoras que se pueden impulsar, la letrada ha sido clara: “no vamos a avanzar en la jurisprudencia mientras no avance la conciencia social”, lo que ha añadido que “ si el discurso hegemónico es antigitano, el de los jueces y juezas también lo será”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que también ha intervenido en la presentación del informe, ha señalado que, desde los ministerios “deben crearse más lazos” con el activismo antirracista. “Necesitamos crear una red coordinada”, ha dicho, “para ver cómo podemos avanzar conjuntamente”. "No podemos ser tibios ante la discriminación”, ha zanjado.

Una de las minorías más mayoritarias

En la actualidad, en España, hay en torno a 725.000 habitantes de etnia gitana, lo que supone casi un 1,6% de la población total del país, según datos de la FSC. De hecho, se trata del segundo territorio con más personas gitanas de Europa, después de Rumanía. Sin embargo, la discriminación concreta que sufren estas personas aún está muy invisibilizada. 

“El racismo se asocia a las personas negras”, expresa Beatriz Carrillo, la actual directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad. Para ella, que es gitana, "la discriminación parece que ya está normalizada, ya estamos acostumbrados a la violencia".

En esta misma línea, Giménez ha querido hacer una comparativa con el primer informe que publicó la FSG sobre antigitanismo. Y resume las conclusiones: “el odio hacia nosotros está tan enraizado que han pasado 20 años y vemos lo mismo, con el agravante de que ahora existen las redes sociales”, haciendo así referencia a los 136 mensajes en redes de discriminación hacia el pueblo gitano que denunciaron desde la organización en 2023.