El rey emérito redobla con Corinna Larsen una ofensiva legal que resucita sus negocios ocultos

Juan Carlos de Borbón y Borbón abre un nuevo frente en su particular batalla legal. El rey emérito ha dado instrucciones a su equipo jurídico para que interponga una demanda contra su examante Corinna Larsen y el abogado suizo Dante Canónica, quien ejerciera en el pasado como testaferro de su fortuna, por las acusaciones vertidas contra él en los últimos años. Un movimiento que se suma al que dio la pasada semana contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Y que, lejos de restaurar su imagen, vuelve a poner en el ojo del huracán sus negocios ocultos, tejemanejes que poco a poco habían ido saliendo del foco público.

La relación de Juan Carlos I y Larsen hace años que está completamente rota. Quienes en su día compartían barbacoas en una casa de El Pardo, hoy son enemigos declarados. La empresaria no dudó en interponer en Londres una demanda contra él por un supuesto acoso utilizando los servicios secretos españoles. Y ahora, año y medio después de que aquella fuera tumbada por la justicia británica, el monarca pretende contraatacar en los tribunales suizos con una demanda por difamación. Pero, antes, intentará que se retracte en un acto previo de conciliación.

El emérito continúa así con una ofensiva judicial que puso en marcha la pasada semana. El primer disparo fue contra Miguel Ángel Revilla. Juan Carlos I acusa al expresidente cántabro, con quien en el pasado mantuvo una relación de amistad, de haber vertido durante años en medios de comunicación "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" contra él. Por el momento, se ha puesto sobre la mesa una amenaza de demanda, que solo será interpuesta si las dos partes no llegan a un acuerdo en un acto previo de conciliación. El monarca pide 50.000 euros. Y una rectificación pública.

Se trata de la misma estrategia judicial que lleva meses siguiendo el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y en la que ha sido pieza clave la abogada Guadalupe Sánchez, especializada en derecho al honor. Ella es a quien Juan Carlos de Borbón ha encargado el pleito contra Revilla, quien tildó de "injusto y mezquino" que alguien "inviolable" demande a un ciudadano de a pie. No es Sánchez, sin embargo, quien lidera el frente legal contra Larsen, que parece haber quedado en manos de otro equipo jurídico. "No tenemos constancia de esa demanda ni la llevamos nosotros", aseguran desde el despacho Novalex, al que pertenece Guadalupe Sánchez.

La acción judicial iniciada contra Larsen no ha sido anunciada a través de un comunicado, como se hizo la pasada semana con la que se dirigía contra el expresidente cántabro. En esta ocasión, la información se colocó primero en el programa matutino Espejo Público y en la revista Lecturas. Y horas después dio el salto al resto de medios a través de sus periodistas especializados en Casa Real. Fuentes cercanas a Zarzuela consultadas por este diario sostienen que todo sale de los "entornos del emérito", si bien la institución se niega a pronunciarse al respecto alegando que se trata de un "asunto privado" de Juan Carlos de Borbón.

Dentro de ese círculo íntimo que ha vuelto a colocar sobre el emérito un foco mediático que se había ido apagando desde que puso rumbo a Abu Dabi se encuentra la francesa Laurence Debray, quien se está encargando de dar forma a las memorias del monarca, cuya publicación está prevista a lo largo de este año.

La salida al mercado de Reconciliación –así se llamará la obra– se conoció unos meses después de hacerse público que el lanzamiento de la biografía del monarca que prácticamente tenía culminada otro de sus amigos, el periodista Carlos Herrera, había quedado paralizado.

El emérito busca lavar a través de sus memorias una imagen que quedó profundamente dañada. "Tengo la sensación de que me están robando mi historia", llegó a decir. Lo mismo que ahora busca en los tribunales. Una ofensiva judicial que, sin embargo, vuelve a situar a Zarzuela en una posición delicada y coloca de nuevo en el ojo del huracán todos los negocios ocultos del monarca cuando ya estaban fuera del foco público, salvo por el empeño de un grupo de juristas y periodistas en mantenerlos vivos a través de una querella en el Tribunal Supremo.

El rey nunca ha sido condenado. Pero no porque en sus actuaciones no se haya encontrado reproche alguno, sino por la combinación de prescripción e inviolabilidad. De la investigación que llevó a cabo la Fiscalía se desprende que el ex jefe de Estado "no incluyó" en sus autoliquidaciones de IRPF ”rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por la fundación Lucum, cuyo titular real era Juan Carlos de Borbón.

"No presentó la declaración tributaria especial (modelo 750). Ni en el ejercicio 2012 ni en los ejercicios sucesivos presentó declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720)", recogía el decreto de archivo del Ministerio Público, que cifraba en hasta 56,097 millones de euros lo que el monarca defraudó en solo un lustro: desde el año 2008 hasta 2012.

El problema es que, a pesar de estos hechos contrastados, la Fiscalía no presentó querella contra el emérito al considerar que "los posibles delitos fiscales" cometidos hasta 2011, tanto en IRPF como en donaciones, "estarían prescritos por el transcurso de más de cinco años desde sus respectivas fechas de comisión". Y el de 2012, que no prescribiría hasta julio del próximo año, "no sería susceptible de reproche penal" puesto que hasta su abdicación, dos años más tarde, "estaba protegido por la inviolabilidad".

Pero el fraude del monarca a la Hacienda Pública no se circunscribe solo a su etapa como jefe del Estado. Ni tampoco a Lucum. La investigación del Ministerio Público también analizó los 516.606,32 euros que el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause transfirió a cuentas bancarias a nombre de Nicolás Murga Mendoza, un coronel del Ejército que había sido ayudante del emérito. El dinero fue destinado "al abono de gastos particulares" de Juan Carlos de Borbón o de "personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo".

Gastos originados por el emérito que también abonó la fundación Zagatka, constituida en Liechtenstein por el primo del emérito y de la que este último fue beneficiario. En ambos casos, y al verse ya acorralado, el monarca decidió regularizar su situación con el fisco, lo que implica reconocer que tenía una deuda con la Hacienda Pública. En el de su amigo mexicano, pagó 678.393,72 euros. En el de la fundación, 4,41 millones de euros. Y las diligencias quedaron archivadas.

En el foco del Ministerio Público también estuvieron los 64,88 millones de euros que el Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí ingresó en 2008 en una cuenta del banco suizo Mirabaud, cuya documentación de apertura establecía que el beneficiario de la posición de la misma ante la entidad era únicamente el entonces rey de España. "Importe enviado por el rey Abdallah de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías", se señalaba en el informe de apertura de la cuenta.

Se barajó la posibilidad de que el dinero procedente de Arabia Saudí fuera una comisión ilícita por haber conseguido la adjudicación del AVE a La Meca en favor de un consorcio hispano-saudí, algo que la Fiscalía descartó al considerar "insuficientes" los indicios existentes para sostener un delito de corrupción en los negocios. Sin embargo, otra cosa bien diferente es el cohecho pasivo impropio, que castiga a "la autoridad o funcionario público que admitiese dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función". En este caso, y a diferencia del anterior tipo, el Ministerio Público no rechazó tajantemente este delito. Es más, ni siquiera llegó a hacer un análisis del mismo. Simplemente concluyó que la conducta "se encontraría claramente prescrita".