El Gobierno mueve ficha con rapidez para cubrir el agujero que dejó al descubierto el caso de Manuel García Caparrós, el joven sindicalista malagueño asesinado por la Policía Armada durante una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Una semana después de que el Ejecutivo le denegase la condición de víctima de terrorismo de Estado, con la implicación –también económica– que eso tiene, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la Ley de Memoria Democrática para recuperar y ampliar el derecho a una indemnización para las víctimas del franquismo. La modificación impulsada de urgencia extenderá el paraguas de la reparación a la familia del sindicalista. Pero dejará fuera del mismo a otras tantas víctimas de la sangrienta Transición.

Las indemnizaciones a las víctimas del franquismo estaban contempladas en la Ley de Memoria de 2007. Concretamente, en su artículo décimo. Sin embargo, no se incluyeron expresamente en la normativa memorialista de 2022. Ahora, con la aprobación de este real decreto-ley, el Ejecutivo recupera las ayudas. Y extiende el marco temporal de las mismas. Así, si en la norma aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podían solicitarlas aquellas víctimas comprendidas entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, ahora la fecha límite se amplía un año más, hasta el 29 de diciembre de 1978, momento de la entrada en vigor de la Constitución.

La reforma aprobada incluye el derecho a indemnización "a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes" –siempre y cuando no hubieran sido ya indemnizadas y no hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas–. En concreto, se recoge una indemnización de 250.000 euros por víctima fallecida, frente a los 135.000 que contemplaba la ley de 2007. Y de 180.000 euros y 500.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, respectivamente.

La ampliación temporal de un año permitirá incluir bajo el paraguas de la reparación a todas aquellas víctimas de la Transición de las que se había olvidado la anterior normativa memorialista. Es el caso, por ejemplo, de Gustau Muñoz, joven muerto por disparos de la Policía durante la Diada de 1978. Sin embargo, deja fuera a otras tantas víctimas de ese periodo. Según los datos recopilados por Mariano Sánchez Soler en La Transición sangrienta, solo entre 1979 y 1983 se registraron 61 muertos y 316 heridos como consecuencia de la "violencia institucional": ataques procedentes de grupos de extrema derecha, guerra sucia contraterrorista, represión en la calle por parte de las Fuerzas de Orden Público o malos tratos y torturas bajo custodia policial.

Fuera quedan ahora, por ejemplo, José Luis Montañés y Emilio Martínez Menéndez, dos jóvenes que murieron por disparos de la Policía el 13 de diciembre de 1979 y a los que la Universidad Complutense e infoLibre rindieron homenaje hace solo tres meses. Aquella tarde, el movimiento estudiantil protestaba contra la Ley de Autonomía Universitaria, que muchos percibían como un retroceso en derechos. La manifestación estaba legalmente convocada. Y transcurría con normalidad. Hasta que, en un momento dado, una ráfaga de disparos salió de un jeep policial. La versión oficial habló de tiros "al aire". Sin embargo, ambos fueron alcanzados a decenas de metros del furgón, lo que pone en cuestión lo de los disparos de disuasión.

"Los asesinatos producidos con posterioridad a la aprobación de la Constitución reflejan que la represión no desapareció de forma automática con la llegada formal de la democracia. En aquellos años persistió una estructura con prácticas, inercias y culturas políticas heredadas del franquismo que afectaron a estudiantes, militantes políticos y sindicales y personas trabajadoras que reclamaban democracia, justicia y derechos", apunta en conversación con este diario Cristina Mateos, codirectora de la revista Historia y comunicación social.

Coincide con ella Mauricio Gallego, abogado que acompaña a las familias: "Existe un trato desigual y discriminatorio de las víctimas. El 78 no supuso ninguna depuración de los cuerpos represivos del franquismo, la violencia parapolicial y policial continuó causando víctimas en los años siguientes a esa fecha y reclamamos su reconocimiento porque no hay ninguna justificación para no hacerlo".

La profesora de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid sostiene que el Estado y el Gobierno "deben asumir la responsabilidad de garantizar verdad, justicia y reparación" a unas familias que han sufrido "casi cincuenta años" de "silencio y violencia institucional", "excluidas" por el "relato oficial de la historia de la Transición". "No podemos aspirar a ser ejemplo de democracia desde la universidad y desde el sistema educativo si el marco normativo sigue dejando fuera a determinadas víctimas", afirma Mateos.

La profesora, impulsora del homenaje a Montañés y Menéndez en el centro universitario, reconocen que tenían puesta una "gran confianza" en el real decreto-ley. Ahora, espera que la comisión técnica sobre las supuestas violaciones de derechos humanos hasta 1983 permita revisar los criterios para avanzar "hacia una solución más inclusiva y justa con estas familias" y que el Gobierno "aún esté a tiempo de rectificar".

Tampoco entran dentro del nuevo marco temporal fijado por el Ejecutivo para las indemnizaciones los casos de Ursino Gallego, un muchacho de solo catorce años que murió por el impacto de una bola de goma cuando asistía a una manifestación contra la escasez de agua en la localidad madrileña de Parla el 4 de marzo de 1979; o Gladys de Estal, que falleció un mes más tarde por un disparo de la Guardia Civil cuando participaba en una sentada organizada tras una primera carga de las Fuerzas de Seguridad durante el trascurso de la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear en Tudela (Navarra).

El caso de la militante ecologista llegó a los tribunales, donde solo se condenó al guardia civil a año y medio de cárcel. La sentencia habló de "acción de omisión negligente no maliciosa", resaltando que el "arma se disparó" tras un movimiento brusco de la joven cuando estaba siendo empujada y golpeada con el subfusil, una versión que nadie ratificó. Se intentó que se aceptara la tesis del dolo y alevosía, pero el Alto Tribunal la rechazó: "Estos supuestos no permiten imputar la conducta del recurrente a título de dolo, tanto directo como eventual, y mucho menos engendran los elementos que la alevosía requiere para su apreciación". A pesar de estos hechos, el guardia civil fue posteriormente condecorado.

Pocas semanas después de la muerte de Estal, se registraba una huelga legal en el Mercado Central de Valencia, en la que perdió la vida por el impacto de una bala de goma a corta distancia Valentín González, un afiliado a la CNT. Por disparos de la Guardia Civil también murió el transportista Valeriano Martínez cuando participaba en un piquete. Y en marzo de 1981, la joven María Asensio Morales cuando protestaba en una manifestación en Almería contra la intención de una empresa de extraer agua de los pozos de la zona para regar unas fincas cercanas, lo que afectaba directamente a los agricultores locales.

Memoria...

¿Cómo es posible que teniendo ya unos cuantos años, siga atrayendo tanto mi atención esa capacidad fantástica? 

Olvidar lo ocurrido ayer porque no nos interesa ni nos es significativo y recordar hechos o circunstancias que ocurrieron mucho tiempo atrás porque nos parecen importantes, me sigue pareciendo una función fascinante. 

Recuerdo con nitidez absoluta una fábula que leí hace muchos, muchos años. No recuerdo en qué periódico, ni quien era su autor, pero sí absolutamente su contenido, de tal manera que la moraleja con la que toda fábula concluye me sirve hoy, tanto para facilitar mi comprensión del mundo, como para entender la realidad más inmediata.

Narraba aquella columna periodística cómo desde tiempos inmemoriales (y a modo de Sísifo y su piedra) un ejército inmenso recorría las llanuras. Caminaba contento, con ilusión y esperanza. Su misión era conquistar una gran fortaleza, “La Fortaleza”. Todos los integrantes, hombres y mujeres de bien, portaban armas  poderosas en sus mochilas… Contrato Social, Libertad unida SIEMPRE a Igualdad y Fraternidad, Principios Éticos, Respeto y Honestidad. A veces, también hay que  recordarlo, en voz baja, se oían críticas porque consideraban que sus cuitas personales no estaban totalmente atendidas. 

Seguros de la legitimidad y posibilidad de su victoria, con ánimo inquebrantable, se acercaban a ella sin dudas. 

Los okupantes de La Fortaleza tristes (por no tener en definitiva más encomienda que el castigo), arrogantes, ofendidos porque alguien osase intentar desokuparlos, impostados, implacables... En definitiva, con miedo, esperaban el ataque... y no dudaban nunca en utilizar cualquier estrategia para rechazar al “enemigo”. 

Este posicionamiento siempre les proporcionaba ventaja, injusta a todas luces, pero ventaja al fin y al cabo. 

Y así pasaba el tiempo... y el tiempo...

En ocasiones, el ejército lograba atravesar las murallas exteriores, otras veces ni siquiera se acercaban… A veces llegaban hasta el foso... y cuando la moral era alta porque el avance había sido muy importante, de repente litros y litros de aceite hirviendo caían haciendo sufrir muchas bajas, lo que obligaba a la retirada temporal… 

Y vuelta a empezar….. 

Nunca se han tenido noticias de que el ejército hubiera conquistado totalmente La Fortaleza... y reemplazado a sus okupantes.

Pero... ¿qué pasaría si ese ejército se desmoralizase y dejara de planear e intentar la Conquista? 

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Esther Sánchez Lavín es socia de infoLibre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este viernes sobre la "deslegitimación de la democracia" que "empieza llamando al revisionismo (histórico) concordia" y termina ignorando que "en algunos edificios institucionales se torturó hasta el final", en alusión al rechazo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de declarar como lugar de memoria la Real Casa de Correos, informa EFE

Durante el acto celebrado este viernes por el Gobierno en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, con motivo del día en recuerdo a este colectivo fijado en la Ley de Memoria Democrática, Sánchez ha agradecido la labor de la sociedad española en su lucha por la "libertad" durante la Transición y ha criticado a quienes "atacan" actualmente a la democracia.

En concreto, Sánchez ha señalado en su discurso que uno de cada cinco españoles considera positivos los años de la dictadura franquista, según el CIS, un dato que considera resultado de un "revisionismo que busca enturbiar nuestra historia para nublar nuestro presente y, particularmente, a las generaciones más jóvenes".

"Algo así no pasa por accidente ni tampoco por casualidad. Lo sabemos bien. Hay una labor lenta pero constante de deslegitimación de la democracia. Se empieza llamando al revisionismo concordia y se termina ignorando, como bien ha dicho antes el ministro de Memoria Democrática, el que en algunos edificios institucionales se torturó hasta el final", ha dicho en el acto, al que han asistido casi una decena de ministros.

De esta forma ha hecho alusión a gobiernos autonómicos del PP que, en la mayoría de casos por el impulso de Vox, han derogado las leyes autonómicas de memoria democrática para sustituirlas por leyes denominadas de concordia.

Y también se ha referido de forma implícita al rechazo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la declaración como lugar de memoria democrática de la Real Casa de Correos de Madrid, actual sede del Ejecutivo madrileño y que durante el franquismo albergó la Dirección General de Seguridad.

Sánchez ha añadido que "esta ofensiva no solo busca falsear la historia, sino sentar las bases para demoler las libertades que tantos nos costó levantar" y ha avisado de que su Gobierno no va a ceder "un ápice".

En su intervención también ha recordado que este año se cumple medio siglo de la muerte de Francisco Franco y ha asegurado que su Gobierno va a "acelerar" el procedimiento para instar judicialmente a la extinción de la Fundación Francisco Franco, un proceso que ha comenzado este viernes con una comunicación a la entidad por parte del Ministerio de Cultura.

El presidente del Gobierno también ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la concesión de la nacionalidad española a los casi 170 descendientes de las Brigadas Internacionales que la han solicitado en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

En el acto, donde ha habido actuaciones musicales y se ha guardado un minuto de silencio, Sánchez ha entregado declaraciones de reparación y reconocimiento a los familiares de una veintena de víctimas y a una de las pocas homenajeadas que siguen con vida: María Luis Ramos, de 98 años, exiliada a Francia y deportada al campo de Mauthausen, que ha sido una de las más aplaudidas.

También ha recibido muchos aplausos Laura García Lorca, sobrina del poeta granadino Federico García Lorca, que ha hablado en representación de los homenajeados y ha subrayado que el asesinato de su tío demostró que la cultura y libertad de pensamiento "pueden ser perseguidas pero no se destruyen".

Otra de las víctimas reconocidas en el acto ha sido Ana Belén Pintado, que fue una bebé robada en 1973 y cuyo recuerdo ha aprovechado una mujer del público para pedir a gritos a Sánchez que preste más atención a las madres de bebés robados que, como es su caso, quieren saber dónde están sus hijos.

Entre los homenajeados figuraban también la pintora Maruja Mallo, el cineasta Luis Buñuel, la bibliotecaria y filóloga María Juana Moliner, la atleta y pionera del deporte femenino español Margot Moles y la militante comunista Josefina Samper.

También el sindicalista y anarquista Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo; Diego José Paulino, religioso español asesinado al inicio de la Guerra Civil y beatificado en 1993; y las doce mujeres pertenecientes al sindicato de costureras que fueron asesinadas en el Barranco de Víznar, en la provincia de Granada, entre otros.

Hace tres años que el Gobierno aprobó la ley de Memoria Democrática con la que se buscaba reparar a las víctimas, resignificar determinados lugares de acceso público y retirar reconocimientos franquistas. Entre otras cuestiones, obligaba a las administraciones titulares de Lugares de Memoria Democrática a garantizar su "identificación, explicación y señalización adecuada", y al Ejecutivo a "establecer medios de difusión e interpretación de lo acaecido en el mismo" y promover "la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial". Sin embargo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no quiere que una placa recuerde que la sede de su Gobierno fue durante el franquismo un escenario de detención y torturas.

La ofensiva se ha traducido en leyes y recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional que acabaron dando la razón al Gobierno central, pero que no han frenado al Ejecutivo madrileño, que esta mismo miércoles anunció que iba a presentar otro recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la declaración como lugar de memoria democrática de su sede, la misma que durante el franquismo fue la de la Dirección General de Seguridad (DGS). La céntrica plaza madrileña, histórico lugar de movilización social –se dice que la tradición de celebrar allí la entrada de año tiene su origen, precisamente, en una protesta–, fue el epicentro del terror franquista contra la disidencia republicana. Pero Ayuso no quiere que se recuerde públicamente.

Aunque el Boletin Oficial del Estado (BOE) recoge el "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", el Ejecutivo de Ayuso alega que la Casa de Correos no es lugar para la "división", que tiene más de 250 años de historia y "una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración", en palabras del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. "Esta es una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado del autócrata Sánchez", aseguró esta misma semana. "Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad", añadió, y reiteró la negativa del gobierno madrileño a instalar la placa.

Se trata del último acto de insumisión de una autonomía del PP a la Ley de Memoria Democrática tras las derogaciones autonómicas, bloqueos administrativos y pactos con Vox para sustituirla por leyes de "concordia" o "reconciliación", que han sido objeto de disputa política durante años. En las legislaturas de Mariano Rajoy se vació de presupuesto la aplicación de la norma y, desde las elecciones autonómicas de 2023, varios gobiernos autonómicos de PP y Vox han intentado volver a frenar la legislación vigente.

La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido un objetivo a batir para el PP. Tras el cambio de ciclo que trajeron consigo las elecciones autonómicas de 2023, en la memoria se convirtió en la pieza de caza mayor de eso que en la extrema derecha llaman la guerra cultural. Tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo eliminando de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura.

Una ofensiva que acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el Partido Popular. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Galicia y La Rioja las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República. A cambio de estabilidad, los conservadores compraron acuerdos con las principales banderas ideológicas de la extrema derecha.

Unas leyes que en mayo del pasado año fueron duramente criticadas por Naciones Unidas. "Podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos", expresaron tres relatores en un informe al que el PP quitó peso. En ese informe se criticaba que las leyes no condenaban expresamente el golpe de Estado de 1936 ni la dictadura, al contrario de lo que estipula la ley de memoria democrática nacional. También censuraba que esas normas "equiparaban" a las víctimas al ampliar el marco temporal de las de Segunda República (desde 1931), equiparando así un régimen democrático con las de la dictadura posterior. Y también cuestionaban la supresión de términos como "represión franquista" o referencias explícitas a las víctimas de la dictadura.

Otra de las insumisiones de las comunidades del PP a la normativa vigente tiene que ver con el campo educativo. La ley memorialista recoge en un su artículo 44 que el sistema educativo "incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura". Esta obligación va acompañada de otra que se refiere a la formación del profesorado. Esta deberá incluir "formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".

En este sentido, se incluyó en un decreto de enseñanzas mínimas el conocimiento de la represión franquista en los institutos, pero el PP y Vox consideran esos contenidos una forma de "adoctrinamiento".  Así, comunidades como Baleares, Aragón y Castilla y León, se han eliminado o paralizado unidades didácticas que abordaban el franquismo, la represión y la transición democrática. Los contenidos introducidos desde 2022 no se han consolidado y están siendo retirados en varias regiones. En la comunidad presidida por Jorge Azcón, la primera en derogar la ley autonómica previa para sustituirla por otra de "concordia", se han cancelado cursos y recursos pedagógicos vinculados a la memoria histórica.También el Ejecutivo valenciano, en manos del PP de Carlos Mazón, pactó con Vox recortar recursos a las asociaciones y universidades en materia de memoria histórica,

Decisiones políticas que no son exclusivas de los gobiernos en los que el PP depende de Vox. El ejemplo es la Comunidad de Madrid, que dio la orden de retirar un curso para formar al profesorado sobre cómo abordar el franquismo y la memoria en las aulas. En su lugar, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso ofreció a los centros un taller sobre el "pasado y presente de ETA". En Baleares, donde la conservadora Marga Prohens siempre ha gobernado en solitario, se han suspendido visitas a lugares de memoria, como fosas comunes, refugios antiaéreos o centros de interpretación.

El franquismo sigue también presente en las calles. Pero no solo. En pleno 2025, en España sigue habiendo seis pueblos de nombre franquista que todavía no han dado este paso y continúan incumpliendo la ley de memoria democrática. Concretamente Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Todos ellos mantienen denominaciones relacionadas directamente con el dictador Francisco Franco o hacen alusión a políticos y militares claves entre los años previos a la guerra civil y el franquismo, como el general Mola, el general Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS. La denuncia partió del abogado y colaborador de infoLibre Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, que en más de una ocasión ha lamentado "la cantidad de simbología franquista que reside en nuestras calles". En las calles de las principales ciudades españolas, entre ellas la capital, también se siguen manteniendo o, incluso, se ha revertido su cambio. Es lo que hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con cinco calles, entre ellas la del general Millán Astray que el Ayuntamiento de Manuela Carmena modificó en 2018 por el de la Profesora Justa Freire.

En comunidades como Baleres y la Comunitat Valenciana se rechaza directamente retirar elementos y vestigios antidemocráticos del paisaje urbano, como las placas con simbología fascista, los monumentos a los "caídos" y los nombres de calles dedicadas a aquellos que colaboraron con el golpe de estado de 1936 o con la represión franquista, tal como obliga la normativa que los de Santiago Abascal quieren suprimir. El Consell de Carlos Mazón, directamente, ha dado la potestad a los ayuntamientos para recuperar las cruces con simbología franquista que se retiraron durante la anterior ley de memoria democrática, aprobada durante el Govern del Botànic.

Las exhumaciones y los censos de víctimas también forman parte de las políticas de memoria democrática, pero aplicación depende mucho de los gobiernos autonómicos, y en las comunidades presididas por el PP suele ser más limitada. Aunque algunos procesos siguen en marcha, en comunidades como Baleares y Castilla y León se han paralizado o ralentizado exhumaciones de fosas comunes. Al derogarse las leyes autonómicas, se ha dejado sin marco legal a muchas iniciativas locales. En la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco se paralizaron en el año 2022 las subvenciones y ayudas para exhumaciones, pese a tener localizadas más de 300 fosas pendientes.

Otro ejemplo es el de Andalucía, en el que tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta se suprimieron programas autonómicos de censos ni bases de datos públicas como sucedía anteriormente. Actualmente las exhumaciones actuales se realizan por impulso estatal o local, al igual que sucede en Galicia, Murcia, La Rioja o la Comunidad de Madrid, donde no promueven exhumaciones ni censos autonómicos. Tampoco registros de fosas o bases de datos de represaliados y las las labores de memoria las realizan entidades civiles o el propio Ministerio de Memoria Democrática.

O por lo menos hace poco que está en mi vida y vive conmigo que yo sepa.

Me la anunciaron hace ya muchos meses y me dijeron que cuando viniese a vivir conmigo seria por sorpresa sin darme cuenta y que mi vida cambiaría y ella se adueñaría de todo lo que tengo y todo lo que soy.

Aquella señora simpática de bata blanca de cuyo nombre no puedo acordarme a la ladrona le puso un apellido extranjero, “Alzanosequé”  y la llamo enfermedad irreversible. 

Pero no todo es malo, ni trágico, ni siquiera de sentir pena.

De momento, cuando ella aparece y me roba un trocito de memoria, de cuando en cuando y de tarde en tarde, aunque los túneles por los que transita entonces la vida en fracciones de segundo son cada vez más largos, al menos puedo viajar a lugares donde nunca estuve o quizás no recuerdo, mitad fantasía mitad realidades borradas, vivir en ellos durante instantes amables plácidos mágicos y regresar a mi cómodo asiento del sofá de donde nunca me he levantado.

O hacer nuevos e insospechados amigos imposibles, como el rayo de sol de las once y veinte que dibuja una autopista de partículas brillantes aparecidas de la nada, para llevarlas a chocar con una de las paredes del bonito balcón de mi cocina, justo entre las dos alcayatas grecorromanas que sujetan las cuerdas del ancestral tendedero.

Cuando mi “ladrona” aparece y me deja en blanco durante unos segundos, nunca por ahora minutos completos, no tengo prisa ni me preocupo, ni corro, camino despacio pero sin arrastrar los pies, pues sé que mi rincón especial, el secreto, el de entre las cuerdas aborígenes que han visto pasar cientos de soles, siempre estará libre y a mi disposición para enfrascarme en la imposible tarea de repasar todos y cada uno de los episodios de mi vida tal y como han sido si es que fuese capaz de acordarme de alguno de ellos, tan solo de uno.

A mí me gusta ponerme en ese rincón como un reo en un paredón y dejar que mi amigo el rayo de sol me golpee sobre el rostro, durante el breve tiempo que se tarda en olvidar setenta y pico años de vida.

Apenas dos segundos.

Mi ladrona, la “niña irreversible” mientras comete sus delitos, no me apaga la luz, no me deja a oscuras, me lleva a otro sitio.

Sitios desconocidos, casi siempre de color blanco puro, llenos de luz cegadora y de asombrosas maravillas que en mi vida real ni con la más abrumadora fantasía podría imaginar.

El otro día, por ejemplo, me robó casi tres instantes de realidad, pero a cambio me permitió ser protagonista de un milagro asombrosamente excepcional.

Trataré de explicarlo siendo fiel al recuerdo que no tengo, ni sé si existe.

“Yo al verla de lejos como un ángel luminoso, como una aparición, pero triste, acurrucada en el rincón que era de mi propiedad y la del rayo de las once y veinte, con la mirada perdida, primero pensé de golpe por instinto que era solo una visión angelical, una aparición de ese cielo milagroso que algunos venden, luego pensé que por fin iba a ser cierto que aquello de quedarse en blanco y la locura era algo que transitaba en paralelo cogiditos de la mano.

En fracciones de segundo viajé a la velocidad de la luz al pasado y me pareció recordar que aquel ángel era mío, un ángel al que ya había tocado y acariciado, un ángel cotidiano. 

Cuando me fui acercando arrastrado por aquella mirada lejana que tiraba de mi hacia el rincón del balcón entre las alcayatas, parecía que el mundo giraba a más velocidad de la normal, sentí paz y miedo a la vez, me di cuenta que la desconocida con sonrisa triste tenía un rostro que no sabía de quien era pero que con certeza  podría dibujar con los ojos cerrados,  una cara y una piel cómplice y amiga íntima de las yemas de mis dedos, una desconocida de cabellos dorados que coqueteaban con el marfil que da la solera, cabellos que aun en la distancia yo ya sabía que olían a lavanda y bardana, sin saber por qué lo sabía.

La mirada de la desconocida  me invitaba a ir a ella bañándome de melaza de caña dulce, una mirada imposible de olvidar si alguna vez te ha hecho prisionero, de las que se tatúan en el corazón de por vida y que yo reconocía como parte de mi alma, de mi aliento de vida, pero que no sabía de quién era.

Me planté de pie delante de ella, dispuesto a reclamar mi rincón, pero algo me detuvo, algo tan etéreo y frágil como el poder contundente de una sonrisa apenas esbozada en unos labios similares a dos oasis en el desierto que yo estaba seguro de que había acariciado miles de veces quizás en mis sueños, o quizás nunca.

Pero en el fondo de mi ser sabía que no podía dejarme enamorar por ese amor que durante tres segundos era uno sin memoria ni recuerdo, así qué luché contra el embrujo cautivador del ángel  con mirada de dulce de leche y sacando a pasear mi compostura de tipo duro y ogro titulado le señalé con el mentón y las manos aun en los bolsillos en un gesto austero, el espacio que aquel cuerpo por el que juraría haber viajado miles de veces hasta su último rincón, ocupaba y le dije,

- estás en mi sitio.-

Ella, desconcertada, parpadeó, me miró triste y se movió apenas dos pasos.

Entonces de pronto una tormenta tropical de recuerdos pareció precipitarse a chorros sobre mí y me vi allí solo, pasmado, mirando a las alcayatas de la pared del balcón como un bobo, recobré la oscura luz de la lucidez y mi soledad vieja y añeja. 

Giré sobre mis pasos, fui al salón, abrí un cajón de un escritorio, busqué un álbum de fotos y allí estaba de nuevo en todas ellas, el ángel de mirada mágica del balcón, la desconocida  que unos segundos antes me quería quitar el sitio donde me encuentro con mi amigo el rayo de sol.

Aquella desconocida con la que he compartido los días más felices de mi vida, risas, juegos, aventuras y milagros diarios, mientras estuvo conmigo y después cuando se llevó mi alma en su mochila de ir a caminar por el universo.

Ahora, en mi interior estoy deseando que Alzairmita –mi “la ladrona” , como la llamo ya cariñosamente, esa que me roba instantes de lucidez– aparezca de cuando en cuando y de tarde en tarde, para salir corriendo hacia el rincón del rayo de sol y volver a vivir un segundo y medio o lo que dure media vida, prendido en la mirada real de un ángel, aunque entonces sea una desconocida.

Colorín colorado ……….

Pdta: Pido disculpas a quienes consideran estos espacios solo lugares para la crítica política, y mi usurpación clandestina de su territorio.

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José Manuel López-Neira Pérez es socio de infoLibre

Las Abuelas de Plaza de Mayo comienzan este lunes una gira por Bélgica, Italia y España para crear conciencia sobre cómo les afectan las políticas contra la memoria del Gobierno del actual presidente argentino, Javier Milei, que ha eliminado subsidios a las organizaciones hasta el punto, denuncian, de poner en peligro su existencia cuando aún quedan más de 300 nietos por restituir.

En conversación con EFE, una de las nietas restituidas por las Abuelas de Plaza de Mayo, Claudia Victoria Poblete, subraya que su desplazamiento a Europa tiene el doble objetivo de que sus interlocutores "tomen conciencia" de las acciones que está llevando a cabo el Gobierno argentino contra la memoria y de buscar nuevas fuentes de financiación para continuar con su labor.

Según denuncia Poblete, las Abuelas de Plaza de Mayo han dejado de recibir todos los subsidios que les correspondían por parte del Gobierno argentino, mientras que la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos -entes creados por las Abuelas- han sufrido graves recortes presupuestarios y de personal. "Todo esto afecta a la manera en que el Estado lleva a cabo esas políticas públicas de memoria que habían sido parte de nuestro consenso democrático durante los últimos 41 años", señaló Poblete, ella misma nieta restituida en el año 2000 después de ser separada de su familia biológica por la dictadura en 1978, si bien sus padres nunca fueron localizados.

En las condiciones actuales, señalan, "se dificulta muchísimo seguir la búsqueda". Sin embargo, asegura Poblete, al igual que las Abuelas recurrieron a la "solidaridad internacional" cuando la dictadura complicaba su labor, los nietos y nietas restituidos siguen trabajando para que "se tome conciencia" de los ataques contra la memoria democrática y los derechos humanos. "(Esperamos) que haya una toma de conciencia de las consecuencias que esto va a tener para Argentina, que siempre fue un Estado ejemplo en lo que significa la justicia transicional, la reparación de las atrocidades cometidas por la dictadura (...) y la posibilidad de la condena. Argentina siempre fue reconocido por eso y ahora es algo que está siendo sistemáticamente destruido", lamentó.

Con ese objetivo en mente se reunirán esta semana con diputados del Parlamento Europeo de varios países, incluyendo españoles, en un encuentro auspiciado por el Partido Democrático italiano, y posteriormente viajarán a Madrid para verse con el sindicato Comisiones Obreras y varios partidos políticos. Concluirán su gira en Italia, donde de nuevo se verán con formaciones políticas y sindicatos y acudirán a universidades, como la de Florencia, para explicar su labor.

La organización insiste en que aún quedan más de 300 personas por ser restituidas y que cualquier persona que tenga dudas de sus orígenes, no sólo en Argentina sino en otros países del mundo (desde España a Países Bajos o Estados Unidos), puede recurrir a www.abuelas.org.ar para tratar de esclarecer sus orígenes.

A finales de los treinta, Amadeo Bordalba Armengol se ganaba la vida como comerciante. Era propietario de una fábrica de aguardientes y no le iba nada mal. Pero, de la noche a la mañana, estalló la guerra. Y en algo menos de dos años, las tropas franquistas tomaron su Lleida natal. Fue entonces cuando este empresario aficionado a la fotografía tuvo que poner todos sus ahorros en manos de las autoridades franquistas, que solo unos meses antes habían creado todo un entramado legal para requisar el dinero rojo "en las plazas que se fueran liberando del dominio marxista". El comerciante entregó ochenta y cuatro billetes. Por un montante total de 6.695 pesetas. Un dinero que la familia nunca más volvió a ver.

Los franquistas decidieron en 1938 convertir en papel mojado todo el dinero republicano. Por un lado, se establecieron normas para el canje de billetes puestos en circulación antes del 18 de julio de 1936. Y, por otro, se prohibió la tenencia de aquellos emitidos después del golpe de Estado, el "papel moneda puesto en curso por el enemigo". "Constituye acto de contrabando, que será juzgado y sancionado conforme a lo establecido en la legislación", se advertía por decreto. Cuando las zonas leales a la República caían en manos sublevadas, los ciudadanos no tenían más remedio que acudir ante las sucursales bancarias o las autoridades. Allí, entregaban el dinero. Y recibían, a cambio, un resguardo acreditando la recogida de ese dinero.

En La España de Franco (1939-1975). Economía (Síntesis, 1999) se estima que en 1939 las autoridades franquistas habrían anulado unos 13.251 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y otros 10.536 en cuentas bancarias bloqueadas. Muchos de los resguardos expedidos acabaron convertidos en polvo. Pero no pocas familias decidieron conservar como oro en paño los documentos que acreditaban el expolio. Así ocurrió con la de Bordalba Armengol. "Encontré el papel, del que nunca me habían hablado, cuando mi madre falleció", explica en conversación con infoLibre Laureana Cervera, nieta de este comerciante. En su caso, se trata de un recibo de la comandancia militar de Lleida en el que se recoge una relación pormenorizada de cada billete entregado, incluyendo, incluso, su numeración.

También en la familia de Joaquim Gràcia se guardaron todos estos comprobantes. En su caso, suman unas 70.000 pesetas. Y se corresponden con el dinero incautado a su madre, a sus tíos o a su abuela. Esta última fue la más afectada. En su caso, cuenta su nieto, le "jodieron" 46.000 pesetas, todo lo que Paquita Mercet había ahorrado regentando una mercería en la Travessera de Gràcia, en Barcelona, un negocio "próspero". "Tuvo que empezar de nuevo de cero. Les arruinaron", comenta el hombre. Misma situación en la que quedó Bordalba. Afortunadamente, el comerciante ya tenía pagada la maquinaria. Sin embargo, no era sencillo vender el género en un momento de enorme miseria. "¿Cómo iba a vender ginebra cuando lo que necesitaba la gente era pan?", desliza su nieta.

Cervera y Gràcia son, respectivamente, presidenta y secretario de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, que aglutina a más de cuatro centenares de personas de todo el país. "Algunos de ellos, con papeles por un total de 300.000 pesetas", sostiene el secretario. Un colectivo que lleva dos décadas batallando por la reparación económica de todas estas familias, igual que se hizo con los judíos tras la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ahora, todos los intentos han caído en saco roto. En 2016, el Consejo de Ministros rechazó reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado interpuestas por este motivo. Y lo hizo al entender que la petición llevaría años prescrita, algo que confirmó el Tribunal Supremo.

Pero ahora, sin embargo, opera una nueva ley de memoria democrática. Una norma que "reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura". Y, para ello, contempla la elaboración por parte de la Administración General del Estado de una "auditoría" de los "bienes expoliados", incluyendo "obras de arte", "papel moneda" u "otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas". Una nueva realidad para la que el colectivo se ha puesto en manos del bufete Vosseler Abogados, que es quien está preparando el terreno para la cascada de reclamaciones que se avecina.

La letrada Leire López cuenta que tienen sobre la mesa alrededor de siete centenares de títulos de incautación –es decir, de resguardos conservados por las familias–. En conversación telefónica con este diario, sostiene que el Gobierno se ha mostrado en las reuniones mantenidas predispuesto a abordar este asunto. Ahora bien, reconoce que poco a poco todo se ha ido ralentizando. Explica que se encuentran a la espera de la auditoría, que por el momento solo se ha hecho de obras de arte, y de que se fije la equivalencia de las pesetas de entonces con los euros de ahora. El despacho ya tiene algunas cifras en la cabeza, si bien prefiere no destapar por el momento esa carta. "No tendría que ser una cantidad inasumible para el Gobierno", expone López.

Justo antes de la pandemia, el Ayuntamiento de Sant Juliá de Ramis también intentó, de nuevo sin éxito, que el Estado devolviera el dinero incautado por el franquismo. Entonces, puso sobre la mesa un peritaje del economista Lluís Planas que situaba el valor de la peseta de la época en los 13,91 euros. Con esta cifra sobre la mesa, a Cervera le corresponderían 93.127 euros. Y a la familia de Gràcia, 973.700 euros. López deja claro que serán razonables, pero no se conformarán con cualquier cosa. "Se les quitaron los ahorros de toda una vida, con los que podían estudiar sus hijos, con los que se podían comprar una casa", expone. "Además de jodidos, apaleados", acierta a resumir Cervera.

Si no hay acuerdo, siempre queda abierta la vía de la reclamación judicial. Pero ese no es, en este momento, el escenario en el que se encuentran. Por ahora, se mantienen a la espera del Gobierno, mientras se reúnen con otros líderes políticos en busca de apoyos en torno a sus reclamaciones –en abril estuvieron en Waterloo con Carles Puigdemont–. Sobre la auditoría, que la ley daba un plazo de un año para hacerla, fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario explican que se ha iniciado sobre "bienes inmuebles" y que, después, "continuará sobre los otros supuestos". "Son trabajos lentos dadas las dimensiones", justifican. Una vez ultimada, culminan, "se impulsará una norma que precise el resarcimiento".

Aquel acto tuvo continuidad en los litorales americanos, con los homenajes a Chabás en La Habana y Santiago de Cuba, dos ciudades esenciales en su trayectoria vital, donde tuvieron una destacada participación Aitana Alberti León y Roberto Manzano Díaz. Aitana Alberti evocó, en declaraciones a la televisión nacional, el larguísimo exilio de sus padres, que retornaron treinta y ocho años después, y el de Chabás, que nunca pudo regresar a su país. Además, el libro obtuvo el premio Nacional de Diseño del año 2015 en Cuba.

Diez años después se ha presentado en la Feria Internacional del Libro de La Habana, con la participación de Virgilio López Lemus, la obra Los espacios habitados de Juan Chabás. En este libro se hace un análisis, desde la perspectiva de un arquitecto y ensayista, de los espacios que habitó Chabás, aportando datos, cartas inéditas suyas —escritas en catalán—, planos e imágenes reales y precisas de esos espacios habitados. 

A finales del mes pasado, se publicaron tres interesantes y bien documentados artículos referentes a estos espacios de Chabás: “Las casas destruidas de Juan Chabás: otro patrimonio perdido por Dénia”, en "La Marina Plaza"; “La Dénia perdida de Juan Chabás”, del periodista Alfons Padilla, en Levante. El Mercantil Valenciano; y “Los espacios imposibles de Juan Chabás Martí”, en conversación con el arqueólogo Josep Antoni Gisbert, en "Canfali. Marina Alta". 

Las aportaciones de autores, investigadores y periodistas que se acercan, de una manera honesta, a su obra y trayectoria vital son relevantes para revitalizar el legado de Chabás. El mejor homenaje que podemos hacer al escritor dianense es preservar ese legado con honestidad, difundir su obra con rigor y permitir que su pensamiento siga inspirando la reflexión y el debate respetuoso.

En los próximos meses, a partir de este valioso legado abierto a todos, se organizarán en Barcelona y Dénia otros actos dedicados a Chabás con la presentación del libro referente a sus espacios habitados. Los actos de conmemoración de los 125 años de su nacimiento, que organiza el Ayuntamiento de Dénia, y del centenario de la generación del 27, a nivel estatal, supondrán un hito muy significativo en el reconocimiento de nuestro admirado Juan Chabás Martí.

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Joan Carles Fogo Vila es socio de infoLibre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Gobierno conmemorará en 2025 la democracia nacida tras morir el dictador Francisco Franco con más de cien eventos que se celebrarán en todo el país bajo el epígrafe España en Libertad, según informa EFE. Los actos se convocarán en toda España “para poner en valor la gran transformación vivida en este medio siglo de democracia”, ha señalado Sánchez.

El presidente ha hecho este anuncio durante la celebración del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura en el Auditorio Nacional de Música. “Serán más de un centenar de eventos que tendrán lugar a partir del 8 de enero de 2025; crearemos un comité científico formado por expertos, quienes van a colaborar en la ejecución de un intenso programa de actividades”, ha añadido, antes de anunciar que en un próximo acto se darán los detalles de la celebración de la muerte del dictador.

Además, el presidente del Gobierno ha prometido poner límites a las leyes autonómicas de concordia que no respeten la norma en virtud de la cual se ha celebrado el acto de esta mañana, la Ley de Memoria Democrática, porque "no hay concordia en equiparar víctimas y verdugos o en pactar con aquellos que van contra la libertad".

"Ha pasado casi medio siglo, pero las consecuencias de la herida son aún visibles y exigen una reparación como la que hoy reciben las víctimas. Si hoy estamos aquí es porque al final triunfó la democracia, pero ese triunfo no es nunca definitivo, hoy escuchamos todavía proclamas favorables al franquismo en el Congreso", ha recordado Sánchez.

En el acto de esta mañana ha intervenido también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Jesús Montero, entre otras autoridades, así como el cantante Miguel Ríos y el periodista Iñaki Gabilondo.

Sánchez y Torres han defendido la Ley de Memoria: "gracias al impuso de la ley hemos recuperado más de 5.500 cuerpos y hemos hecho hasta ahora 637 declaraciones de reconocimiento y reparación de víctimas, mientras avanza con resolución el proceso de disolución de la Fundación Francisco Franco", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

“La historia la escriben los vencedores y a esa labor se dedicó a fondo el régimen de Franco”, ha señalado también el presidente del Gobierno, para defender que es el momento de hacer lo contrario, “recuperar esa España que es esencial en la historia de nuestro país y a la que hoy rendimos homenaje no para separarnos, sino para unirnos en una memoria compartida”. Durante el acto, el Presidente y el ministro han hecho entrega de numerosas Declaraciones de reparación y reconocimiento personal a familiares, allegados o representantes de víctimas, en un escenario dominado por el lema 'Memoria es Democracia'.

El día que la Ley de Memoria Democrática estableció para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista es 31 de octubre. Sin embargo, el pasado 31 de octubre de 2024 el acto debió ser aplazado a causa de la dana ocurrida en Valencia, de modo que el homenaje, el tercero desde que lo señaló la citada norma, ha sido celebrado esta mañana. Así, Sánchez y Torres han comenzado sus discursos recordando a las personas fallecidas por la catástrofe ocurrida en Valencia.

Los poetas Miguel Hernández y Vicente Aleixandre, la filósofa María Zambrano, el escritor Blas Infante o el cantante Miguel de Molina han sido algunos de los homenajeados esta mañana. También ha sido recordados otros militantes por la democracia, como el militar demócrata Xosé Fortes; la maestra María Egea; el político republicano Alexandre Bóveda; la militante por la democracia Pino Sosa; el periodista y político Julián Zugazagoitia. Junto a ellos, los sindicalistas Carmen Hombre y Juan Máximo; el estudiante Enrique Ruano; la miliciana Ángeles Flórez; el magistrado y diputado Francisco Javier Elola; el militante republicano Basilio Blasco y el escritor Joaquín Amigo.

Así mismo han sido recordadas Conchita Viera, hija de un alcalde asesinado en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1936 y luchadora por recuperar su memoria; la periodista Consuelo Berges; el militante antifranquista Luis Pérez Lara; o la maestra republicana Justa Freire. Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández, ha recordado al poeta, y hablando en nombre del resto de los homenajeados, ha agradecido “la magnífica Ley de Memoria Democrática”, que supone, “tras un largo camino”, una reparación para “héroes que lucharon por la libertad en nuestro país” y la anulación de los juicios sumarísimos de “aquellos tribunales militares que llenaron las fosas con 200.000 personas fusiladas” o muertas en prisión.

Aunque las crónicas están al alcance de cualquier persona interesada, la propaganda se impone apelando a la tiranía de la pereza general en un mundo urgido por las prisas y deformado por la manipulación. La hemeroteca, ayer notaria fiable, hoy hundida en el descrédito, ha abdicado de su independencia y, por ende, ha perdido la confianza en ella como fedataria del presente para las futuras generaciones. Esto se debe al papel jugado por los muñidores y corruptores, y también a la desidia y la sinrazón que se han adueñado del grueso de una ciudadanía instalada en la apatía conformista por la gracia del dios internet.

La memoria a corto plazo debería permitir analizar y comprender lo ocurrido en el presente más cercano y reaccionar de forma adecuada ante un vídeo, un audio o un texto que muestran en toda su crudeza lo que alguien ha hecho, dicho o escrito. No obstante, suele ocurrir que alguien edita el vídeo, recorta el audio o subraya el texto y alguien dice cómo ha de ser interpretado el mensaje, lo mismo que la Iglesia apostilla la palabra de dios.

España acaba de sufrir un desastre de proporciones bíblicas y espantosas consecuencias que conformarán la memoria a largo plazo, la del futuro. El país está asistiendo al afán de las derechas por retocar los hechos para editar la realidad, para manipularla, en la memoria a corto plazo de la ciudadanía, y proponen su propia interpretación ortodoxa de la misma. Es la manera de que la memoria a largo plazo diluya su irresponsabilidad, su desprecio a la naturaleza y su indolencia ante el sufrimiento de las personas. Ya lo hicieron, con éxito, con el Prestige, el Yak–42, el Alvia o las víctimas de las residencias madrileñas.

La memoria episódica retiene acontecimientos concretos surgidos de la propia experiencia personal: es la que tienen quienes han vivido en sus carnes los efectos de la dana en Valencia y otros lugares. En cambio, la memoria semántica se construye a partir de la interacción de hechos, datos, conceptos y vocabulario donde fluctúa la percepción de la realidad: es la que fabrican los medios. Y otra más, la memoria procedimental, almacena habilidades y destrezas de uso rutinario: es a la que recurren las derechas para manipular.

Además, la memoria implícita es la que no necesita un esfuerzo consciente por parte de los valencianos para recordar que lo han perdido casi todo y que hay más de 200 víctimas. La memoria explícita o declarativa sí necesita de ese esfuerzo para, por ejemplo, evocar las negligencias de Mazón y su gobierno. La memoria retrospectiva se utilizará en el futuro para depurar responsabilidades, dilatando las pesquisas hasta trabucar los hechos.

La memoria prospectiva permitiría, a partir de lo acaecido, prever qué puede suceder en el futuro y sentar las bases para evitar que se repitan desastres como el que ha ocurrido y que serán una amenaza cada vez más frecuente. La memoria retrospectiva deja constancia histórica de que la prospectiva es la menos utilizada por los aparatos políticos, la gran sacrificada en el altar del capitalismo, la víctima del negacionismo de las derechas. En esta España con la memoria de un pez, el PP, Vox, sus medios y su Justicia potencian el olvido.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Ángel Rodríguez Franco perdió a su padre cuando apenas tenía tres años. Se llamaba Eugenio Rodríguez García. Era fogonero en la fábrica de cerámica de La Cartuja-Pickman. Y un sindicalista bastante combativo. Cuando estalló la guerra, le sacaron de su casa y nunca regresó. Durante años, su familia no supo si estaba vivo o muerto. Pero un día, de casualidad, su hijo entró en contacto con un militar que le ofreció trabajar como mecánico en el Ejército. Fue ahí, con todo el trajín del papeleo, cuando el joven se enteró de que a su padre le habían aplicado el bando de guerra y le habían asesinado aquel verano de 1936.

Tras décadas de silencio, y con la democracia ya asentada, Ángel comenzó a investigar un poco más de la mano de su nieto Eugenio. Y por las fechas, todo parece indicar que los restos pueden estar inhumados en la fosa de Pico Reja. Por eso, en cuanto se pusieron en marcha los trabajos de exhumación, el hombre empezó a acudir semana tras semana al cementerio de San Fernando. "Era uno más del equipo", recuerda su nieto en conversación con infoLibre. Han pasado ya veinte meses desde que culminó la exhumación. Y la familia sigue sin tener ninguna información sobre el proceso de identificación. Buenas o malas noticias que ya no podrá recibir Ángel. Falleció hace unos meses.

"Se fue sin saber si su padre estaba o no allí", lamenta su nieto. El hombre era consciente, de que el proceso de análisis genético iba a ser "muy difícil". Pero eso no le frenó a la hora de facilitar a las autoridades allá por 2018 la muestra necesaria para las identificaciones. "Fue de los primeros", dice Rodríguez. Ahora, seis años después, la "incertidumbre" de la familia "es total". "Sabemos que a algunas personas les han dicho que deben volver a entregar una muestra. Nosotros, en principio, no estamos en esa lista, por lo que suponemos que la de mi abuelo está bien", cuenta su nieto.

La de Pico Reja es, según la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la mayor fosa común abierta en Europa occidental desde Srebrenica. Y las cifras dan buena cuenta de ello. Se han roto todas las estimaciones. La previsión inicial era de algo más de 1.100 muertos, de los que entre 850 y 900 serían víctimas de la represión franquista. Pero después de casi tres años de trabajo y una inversión de 1,5 millones de euros, lo que finalmente fue localizado bajo tierra fueron más de 10.000 personas, de las que 1.786, el doble de lo previsto, habrían sido víctimas de los golpistas.

Ana Sánchez cree que algunos de esos restos pueden corresponder con los de su tío Ramón Sánchez Moreno. Tras el golpe de Estado, cuatro falangistas se lo llevaron. Y no volvió. Hasta hace una década, no había constancia de su muerte en el registro civil. Se dio orden de incluir el fallecimiento en la Navidad de 2013. Y se hizo en base al testimonio que su hermano Antonio Sánchez Moreno dio en el proceso que acabó con su asesinato. Ambos estaban vinculados a las juventudes comunistas. De hecho, a este último le acusaron de ayudar a vecinos en el local del Partido.

"Puede inferirse que el final [de Ramón] fue idéntico al de su hermano aunque a manos de personas desconocidas y no de un pelotón de fusilamiento sin que esto último convierta en legítimo lo que nunca debió ocurrir", reza el auto del magistrado encargado del Registro Civil Exclusivo de Sevilla, que fija como fecha de defunción del joven, que apenas rozaba la veintena, el 22 de julio de 1936. Es por la fecha por lo que la familia cree que puede estar inhumado en Pico Reja. "Fue la fosa que se estuvo llenando hasta septiembre u octubre de 1936, si bien se han descubierto restos posteriores", cuenta su sobrina.

Antonio, por su parte, fue asesinado en abril de 1937, de ahí que piensen que sus restos pueden estar en Monumento, otra de las fosas del cementerio de San Fernando que aún está pendiente de abrir y que podría ser todavía más grande que Pico Reja. En una y en otra es también donde Rogelia Beltrán cree que pueden estar los restos de su bisabuelo materno Antonio Beltrán o de su abuelo materno Rogelio Pérez. Al primero, cuenta su biznieta, le asesinaron en octubre de 1936. Y al segundo, un mes más tarde, tras ser sacado a rastras de su domicilio.

Y en Pico Reja busca también Miguel Guerrero a su abuelo. El hombre, con el que comparte nombre y apellido, era delegado sindical y trabajaba para la minera inglesa Río Tinto Company. Cuando se produjo el golpe de Estado, se organizó una columna con gente de la cuenca minera onubense para marchar sobre Sevilla y dar apoyo a la resistencia obrera. Medio millar de personas que sufrieron una emboscada de la Guardia Civil la mañana del 19 de julio de 1936. Sesenta y ocho personas fueron detenidas. Entre ellas, el abuelo Miguel, que terminó condenado en consejo sumarísimo por rebelión militar. El 31 de agosto, todos menos uno, que se salvó por ser menor, fueron asesinados.

Al igual que la de Ángel, todas estas familias siguen aún a la espera de unas pruebas de ADN cuyo resultado no termina de llegar. Y ya son, explica Guerrero, "dieciséis meses de espera". La "última remesa de muestras" de Pico Reja, continúa, se envió en mayo de 2023 a la Universidad de Granada, que es la que se encarga de las identificaciones a través de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía. Pero desde entonces sólo un puñado de personas han recibido una llamada. Entre ellas, Rogelia Beltrán: "Me dijeron que el resultado con respecto a mi bisabuelo Antonio era no concluyente y me preguntaron si podía conseguir la muestra de otro familiar, que me enviarían un kit de ADN. Pero me niego, no caerá sobre mi responsabilidad la custodia de esa muestra".

Las familias se quejan de la lentitud. "Es inaceptable que a estas alturas sigamos sin saber nada. Muchos familiares directos están falleciendo", lamenta Sánchez, que recuerda que en una reunión que tuvieron hace más de un año se les aseguró que podrían estar "en cuatro meses". Pero, sobre todo, critican la falta de información. "Estamos totalmente olvidadas, es como si nos mataran una y otra vez", señala Beltrán. De ahí que los colectivos memorialistas se concentraran el pasado miércoles frente al Parlamento andaluz para exigir a la Junta que "agilice" los cotejos genéticos.

No es la primera vez que las víctimas del franquismo denuncian lentitud en las pruebas de ADN. En marzo de 2022, por ejemplo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) denunciaba tres años de espera en relación con las exhumaciones en el cementerio de la Salud de Córdoba. Aquello llevó al Defensor del Pueblo Andaluz a abrir una queja de oficio y a pedir información sobre lo que estaba ocurriendo a la Consejería de Cultura y la Universidad de Granada. Actuaciones que decidió concluir al considerar, en base a las respuestas recibidas, que el problema se encontraba "en vías de solución".

A preguntas de este diario, el Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía explica que el "plazo de resolución de la identificación genética" oscila, con carácter general, "entre 12 y 18 meses". Y cuando se trata de grandes fosas, "los tiempos de toma de muestras y envío al laboratorio" de la Universidad de Granada "se suelen dividir por campañas, que duran aproximadamente entre seis y nueve meses". En el caso de Pico Reja, confirman que el último envío de muestras de víctimas data de mayo de 2023, mientras que las de familiares "se han realizado de forma continuada, siempre a petición de ellos, registrándose el último envío en junio de 2024".

"Hay que tener en cuenta que una vez en el laboratorio los técnicos se encuentran dificultades en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas por su mal estado de conservación. Así, resulta muy complejo poder obtener la información genética necesaria para cotejarla con el ADN de los familiares. Por ello, con la finalidad de aumentar la información obtenida para intentar dar respuesta a la demanda de los familiares, el proceso de análisis de los restos óseos se repite hasta tres veces con distintos procedimientos", concluyen desde el departamento.

“Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. No es una frase pronunciada por una celebrity en un plató de televisión que quiera rivalizar con el relato que los comentaristas o el público hacen de su propia vida. O mejor dicho, y esa es la tragedia: quizás sí. Porque esas palabras las ha pronunciado el rey emérito Juan Carlos I. La declaración completa es como sigue: “Mi padre siempre me aconsejó no escribir memorias. Los reyes no se confiesan. Menos aún en público. Sus secretos quedan enterrados en las sombras de los palacios. ¿Por qué desobedecerle hoy? ¿Por qué finalmente he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Las memorias, que ocupan más de 500 páginas, se publicarán el año que viene en la editorial francesa Stock. Según la editorial, el rey emérito “explica sus errores y malas decisiones. No oculta sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como alguien que sabe que no le queda mucho tiempo y prefiere confesarse que mentir”.

Algo funciona profundamente mal cuando un rey emérito habla con el lenguaje de las celebrities de televisión. Efectivamente, su padre tenía toda la razón: un rey no se “confiesa” en público porque un rey no es una persona privada con interioridades e intimidades. Un rey es una figura institucional: como jefe del Estado, constitucionalmente, es la forma más general de la representación de un país, la encarnación de su continuidad y unidad. Un rey no es, pues, un individuo: es una forma de representación de una entidad política. Como tal, no puede hablar, vivir ni aparecer como individuo privado. Como tal, le juzga su país y la historia de su país, y se juzgan sus actos y su papel histórico. En ese sentido, la historia tendrá que juzgar el papel del rey emérito en la Transición, su relación con la dictadura, sus actos como monarca, etc. Pero, evidentemente, no es eso lo único que ha trascendido al público. En este caso, los escándalos de su vida privada, el uso de dinero público para taparlos, las investigaciones sobre su fortuna privada, han construido su figura pública tanto o más que lo anterior. Es decir, su figura institucional se confunde con los contornos de un individuo privado.

Ello no se puede solventar con unas memorias ni con una confesión. Da igual lo que diga la “confesión”. El hecho mismo de pretender que unas confesiones “con el corazón abierto” pueden redimir actos y fallos de un rey, el hecho mismo de poner ambos registros en un mismo plano, es el error. Un rey no se confiesa porque un rey no es un individuo. El problema es el hecho mismo de que la persona individual y privada de Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón haya suplantado el rol institucional de Juan Carlos I; aprovechando, en no pocas ocasiones, el rol, los privilegios y prerrogativas de Juan Carlos I para realizar los asuntos y apetencias de Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón. Pretender salvar al primero con una “confesión” y unas “memorias” no restaura ni un ápice lo que debería ser el segundo. Por principio, ninguna memoria o confesión restaurará esa confusión terrible de planos. La historia dirá si Juan Carlos I fue un mal o un buen rey. Pero si el balance final es Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón confesándose “con el corazón abierto”, quizás lo que ocurre es que no se trata ya de un rey en absoluto, y lo que está en duda no es su persona particular, sino el sentido mismo de la idea de “rey”.

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Clara Ramas San Miguel es filósofa, política y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Estos días llega a las librerías su nuevo ensayo, 'El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada. Una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía', editado por Arpa.

El rey emérito de España, Juan Carlos I, ha terminado un libro de memorias de 500 páginas, para que no le roben "el relato" de su propia historia, que publicará en Francia a inicios de 2025 la editorial Stock, informó este martes la revista del corazón Point de Vue. La publicación adelanta algunas de las confidencias de estas memorias de Juan Carlos I, que llevarán por título Reconciliación.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia", afirma el rey emérito, según las revelaciones de la revista.

Reconciliación bucea en la infancia del soberano, y en la época dorada de su reinado, cuyo punto álgido —según la editorial— fue su intervención en el golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981. Stock señala que Juan Carlos I reconoce sus "errores y sus malas decisiones", sin esconder "nada", "hablando con el corazón abierto", puesto que es una persona a la que no le queda "mucho tiempo y prefiere confesar antes que mentir".

Juan Carlos I, que cumplirá 87 años el próximo enero, se marchó a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020 en medio la investigación sobre sus irregularidades fiscales y las donaciones recibidas que acabó por archivar la Fiscalía del Tribunal Supremo en 2022. Con unas relaciones distantes con su hijo, el actual monarca Felipe VI, la mayoría de los viajes del rey emérito a España ha tenido como destino Sanxenxo (Pontevedra) para navegar con el Bribón y estar con sus amigos de la vela, alojado en la vivienda de Pedro Campos.

La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido para la derecha un objetivo a batir. Lo fue hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy derogó de facto la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero dejándola sin fondos. Y lo sigue siendo ahora, tras el giro político de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. En solo cinco meses, Gobiernos locales y autonómicos pilotados por la derecha han comenzado a dar pasos atrás en materia memorialista. En algunos casos, asfixiando económicamente a colectivos. En otros, protegiendo vestigios levantados como homenaje a los golpistas o iniciando los trámites para borrar del callejero nombres vinculados al régimen republicano. Un boicot a lo largo y ancho de la geografía española.

Los acuerdos de la derecha para recuperar el control de Ejecutivos regionales tras los comicios del 28M dan buena cuenta del rechazo de PP y Vox a todo aquello que huela a memoria democrática. Cada pacto suscrito por ambas formaciones recoge, entre otras cosas, el compromiso de eliminar de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura. Una medida que conservadores y extrema derecha enmarcan sin ruborizarse en los distintos acuerdos en la búsqueda de una supuesta "reconciliación" y "concordia real" que evite cualquier "manipulación histórica" que pretenda "imponer una memoria parcial y sesgada".

Por el momento, no se ha derogado ninguna normativa memorialista autonómica. Ahora bien, la intención de hacerlo es firme y se mantiene. Hace justo un mes, la derecha lo dejó claro en el Parlamento de Cantabria, donde PP y Vox unieron sus votos para sacar adelante una iniciativa en la que se insta al Gobierno regional, en manos de los conservadores, a redactar una norma que derogue la Ley de Memoria cántabra. "Es una ley de revancha, es una ley que omite por completo a una parte de las víctimas, las que no fueron del Frente Popular", señalaron desde la bancada ultra. "Su ley parcial, sectaria, caprichosa quería enfrentar a los cántabros, su ley hay que derogarla", coincidieron desde los sillones conservadores de la Cámara.

Durante aquella sesión parlamentaria se habló de todo. También de los fondos públicos destinados a los colectivos memorialistas. Unas ayudas a las que ya ha cerrado el grifo el Ayuntamiento de Burgos. A finales de julio, el consistorio, que gobiernan en coalición PP y Vox, decidió eliminar de sus presupuestos dos subvenciones para proyectos relacionados con la memoria. Una de ellas, de 25.000 euros, es la que se otorgaba anualmente, también en tiempos del PP, a la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica, quien tenía previsto iniciar con ese dinero la creación de un espacio de memoria en el Monte de Estépar –donde fueron asesinadas cientos de personas–. La otra, de 15.000 euros, era para financiar la Cátedra de Memoria de la Universidad de Burgos.

Los esfuerzos de este último proyecto iban encaminados a recuperar biografías –tanto de los represaliados como de los exiliados– y avanzar en la investigación sobre las mujeres burgalesas en los años veinte y treinta, la represión carcelaria en la región o los movimientos sociales, entre otras muchas. Una cátedra en la que el consistorio veía una especie de intento de hacer política. "Hacerla exclusivamente de un momento histórico es hacer política, y no vamos a caer en eso. Si tiene que haber una cátedra puede ser de todo el siglo XX, pero no de un momento determinado porque la historia hay que leerla en su conjunto", apuntó la alcaldesa, Cristina Ayala, durante un pleno municipal, al tiempo que hablaba de "concordia" y del "abrazo" entre españoles de la Transición.

Seis semanas después, era el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en manos del PP, el que se colocaba bajo el foco de los colectivos memorialistas tras su firme compromiso de mantener el pie el monolito de Sa Feixina. El monumento, obra del escultor Francisco Roca, se levantó para homenajear a los "héroes" del Crucero Baleares, el navío que bombardeó Málaga durante la Guerra Civil. Y aunque ya no cuenta con ninguna inscripción que honre a los golpistas, su derribo fue acordado por el anterior equipo de gobierno local. Pero la demolición no se producirá. El nuevo consistorio acordó a comienzos de septiembre desistir del procedimiento de contratación de dichas obras. Y ahora el Consell de Mallorca, en manos de PP-Vox, lo ha declarado Bien Catalogado.

En Torrelodones, al norte de Madrid, lo que enciende los ánimos de los colectivos memorialistas no es un monumento, sino el intento de la ultraderecha de retirar el nombre de Mariano Cuadrado, maestro y último alcalde republicano de la localidad, de una plaza. Por el momento, el consistorio gobernado por Almudena Negro ha iniciado los trámites, abriendo un expediente sobre el cambio de nombre y designando como instructora del mismo a Sonsoles Palacios, segunda teniente de alcalde y concejala de Vox. No es la primera vez que la ultraderecha trata de borrar el nombre de Cuadrado, asesinado por las tropas franquistas en septiembre de 1939, de las calles de Torrelodones. Ya impulsó una iniciativa similar en 2020, pero fue rechazada –incluso el PP votó en contra–.

No es el único maestro republicano cuyo nombre pretende borrarse de la historia. A comienzos de julio, por ejemplo, el Ayuntamiento de Briviesca (Burgos) decidió cancelar la representación de la obra de teatro El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca. Lo hizo escudándose en razones económicas y logísticas, si bien uno de los directores de la misma dejó claro que el espacio en el que iba a representarse había sido propuesto por el propio consistorio. La función narra la vida de Antonio Benaiges, un docente de la pequeña escuela de la localidad burgalesa de Bañuelos de Bureba que fue fusilado y arrojado a una fosa común al comienzo de la guerra.

"La memoria histórica", reflexiona, sentado en un céntrico bar de Sevilla, Antonio Martín (Arahal, 1955), "es mucho más que abrir fosas". Lo dice llevando bajo el brazo su investigación Fundaciones Queipo de Llano. Historia de un expolio (El Paseo, 2023), que sale a la venta esta semana y que infoLibre ha podido leer y comentar en detalle con su autor. Su libro entra a saco en un asunto que, a pesar de las décadas, sigue impactando a cualquiera que se interese por conocerlo: el brutal ejercicio del poder del general golpista que encabezó la represión en Andalucía, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. Pero esta vez la aproximación no es a su obra genocida, ni a sus llamamientos a la violación. Martín no sigue esta vez el rastro de la sangre, sigue el rastro del dinero.

Su objeto de estudio es lo que el autor llama "golpe económico" de Queipo, que logró, en una "obscena carrera de enriquecimiento", convertirse en plena guerra en un latifundista partiendo de una posición de "cero patrimonio rústico y urbano". Entre las herramientas para ese cometido sobresalen las fundaciones, que fueron dos, la segunda continuadora y "transformación" de la primera. En realidad, siguiendo el relato de Martín, podría hablarse incluso de una sola con dos etapas. La segunda forma que adoptó el aparato fundacional, la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, en manos hoy de la familia del general, continúa vigente y activa. Supuestamente dedicada desde su origen a "amparar y proteger a la infancia desvalida", la investigación de Martín pone negro sobre blanco cómo en realidad su función durante el franquismo fue la de ejecutora de un expolio y cortina de humo del mismo.

infoLibre trató de recabar la versión de la Fundación Pro Infancia sobre las principales conclusiones del libro sobre la entidad, sin respuesta. Casi un año después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la fundación sigue a salvo de su disposición adicional quinta, que prevé la extinción de las entidades que supongan una apología del franquismo o del golpe, el enaltecimiento de sus dirigentes o el menosprecio a las víctimas. Este periódico preguntó al Ministerio de Presidencia si se había adoptado alguna medida contra la fundación, pero tampoco hubo contestación.

Doctor en Geografía y licenciado en Derecho, Martín sabe que su libro es exigente, muy técnico, casi notarial. "Es lo que había que hacer", dice. No quería "literatura", añade, porque su empeño era "zanjar" dato a dato un asunto sobre el que ha habido "demasiadas leyendas urbanas". ¿Ejemplos? Que el "pueblo de Sevilla" regaló a Queipo el cortijo de Gambogaz. Falso. O que Franco era "enemigo acérrimo" de Queipo. Falso. "En lo que respecta a los negocios, al menos, no. Lo dejó hacer sin molestarlo". A cada afirmación, Martín acompaña una fecha, la cita de un protocolo, el contenido de una escritura. Es su terreno. Técnico superior de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, se ha dejado las pestañas en un puñado de prospecciones en la historia de la capital andaluza, su evolución urbanística y su relación con el estamento militar: Sevilla (1872-1994), de lo local a lo metropolitano; Terrenos públicos y crecimiento urbano. Sevilla, 1850-2006; Los suelos ferroviarios de Sevilla: saqueo de la ciudad; y Sevilla: territorio militar (1848-1992).

Ahora ha puesto el ojo en una pieza de caza mayor: el patrimonio del que se adueñó Queipo aprovechándose de su condición de general jefe de la 2ª División Orgánica, de "militar más decisivo" de la época. El hilo para contar la historia es el emblemático cortijo de Gambogaz, unas 500 hectáreas entre Sevilla y los pueblos limítrofes de Camas y Santiponce. No es un trozo de tierra cualquiera. El movimiento por la recuperación de la memoria histórica, tras anotarse el éxito de la exhumación de Queipo y su esposa de la Macarena, ha convertido Gambogaz, que a su muerte fue legado por Queipo a sus herederos, en un nuevo símbolo de la injusticia franquista.

Siguiendo el ejemplo del Pazo de Meirás, el objetivo del movimiento es dotarlo de carácter público, posibilidad que se ve lejana a tenor de la investigación de Martín. "Carece de soporte legal alguno", escribe. Llega a tal conclusión tras reconstruir la historia de la propiedad del cortijo desde el siglo XIX, primero en manos de una familia de la burguesía latifundista, los Vázquez, que lo perdieron casi en su totalidad a las puertas de la guerra. ¿Queipo? No, aún no. Queipo llegaría después, ya con la guerra empezada. Antes María de la Lastra, viuda de José Vázquez, el último de la saga en explotar el cortijo, tuvo que venderlo casi entero en junio de 1936 a quien era su acreedor, el comerciante Manuel Camacho, por 1.250.000 pesetas de la época. Sin saberlo, Camacho se colocaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Queipo, tras el triunfo del golpe, se colocó al frente no sólo de la represión criminal, sino también de lo que Martín llama "golpe económico". "Utilizó, como hábil marionetista y desde su más absoluto poder personal, medios ajenos, personas e instituciones varias" para su propio lucro, anota Martín. Tuvo, añade, la "frialdad suficiente como para compaginar [...] un ilimitado aparato de represión [mientras] desplegaba la anulación y sustitución de las instituciones vigentes y articulaba la disposición de cuantos medios le fuesen necesarios para conseguir un enorme acopio de capital". Nada escapaba a su control: ni la Cámara Agraria, convertida por el general en "delegada de mi autoridad", ni los bancos, como acredita una soflama radiofónica en la que, enterado de cómo algunos clientes temerosos estaban sacando dinero por lo que pudiera pasar, amenazaba a quien de inmediato no volviera a sus entidades a reintegrarlo.

En diciembre de 1937, el "virrey de Andalucía" se lanza a por Gambogaz en una calculada operación. Hay dos documentos clave para ese asalto. El primero, del día 22, es un mandato otorgado por Camacho a Miguel Aramburu, hijo de José Aramburu, fundador de Banca Aramburu, para que venda su parte del cortijo a Queipo. El segundo, del día 24, Nochebuena, es la escritura de venta. A primera vista, si nos quedásemos sólo con las grandes cifras, podría parecer incluso un buen negocio para Camacho, que compró el cortijo por 1.250.000 pesetas en 1936 y lo vendió por 1.520.000 en 1937. Pero nada más lejos de la realidad. Aquello tuvo más de incautación que de venta.

Banca Aramburu era acreedora de María de la Lastra, la anterior propietaria, por lo que el hombre delegado por Camacho para la operación bien podía ser –expone Martín como hipótesis– la persona que había informado a Queipo de la posibilidad de hacerse con el cortijo. El mandato a Aramburu sorprende además por su "liberalidad" y "generosidad". ¿A qué se debía? Todo apunta a que Camacho no vendía, pagaba. Y lo que compraba era su propio pescuezo.

El hombre había sido encarcelado en febrero por una causa judicial, la 363/37, de supuesto contrabando de billetes del Banco de España. Una causa llena de anomalías, detalla Martín. Trasladado de Algeciras a Sevilla, fue puesto a disposición de Queipo y del general Bohórquez Vecina, hombre de confianza del general hasta el punto de que fue enterrado también en la basílica de la Macarena (y exhumado el año pasado). "¿Por qué Queipo iba a querer implicarse personalmente de un caso contra alguien anónimo?", pregunta Martín. La respuesta más verosímil tiene tres sílabas: Gambogaz.

La espada de Damocles de la causa 363/37 no se apartó de la cabeza de Camacho hasta después del 24 de diciembre. No hay constancia de que recibiera un duro. Es más, en todo el proceso de adquisición de Gambogaz, no consta ni un solo papel que acredite que Queipo pagara nada. Hay una total "ausencia" de "tracto" de dinero aportado por el general en ninguna de las operaciones que condujeron a su total dominio de Gambogaz, ya en en 1940, anota Martín. Pero eso sería más adelante. En 1937 Queipo estaba centrado en hacerse con la parte de Camacho, la mayor, el 86%. La fórmula elegida incluía el abono de 750.000 pesetas al Banco de España para cancelar una hipoteca de Camacho. ¿Constancia de que Queipo cumpliera lo que dicen las escrituras y pagara las 750.000? Cero. Martín ve impensable que un desembolso así, en 1937, no deje ningún rastro. El autor concluye que Queipo ni pagó, ni "corrió riesgo alguno" en la operación, en la que ve al Banco de España como "colaborador necesario". Aquí es donde se aferra el movimiento memorialista para reivindicar que hubo uso de fondos públicos en la operación. Pero Martín opone que, hasta 1962, el Banco de España tuvo la forma de una sociedad de acciones, todas ellas privadas.

Así que al cierre de 1937 Queipo ya es dueño de 1.375 de las 1.600 partes en las que se divide el cortijo. Le queda el 14% de la familia Vázquez. Fue pan comido. Queipo vuelve a prevalerse de su superioridad. Al igual que en 1937, prodiga procedimientos coactivos y se vale, para certificar la operación, de personas de tanto poder como motivos para temer al general. A lo largo de todo el proceso de compra (1937-1940), se sirvió de una lista de comparecientes de la élite civil, política y militar, entre los que figura incluso Pedro Parias, el que era gobernador civil de Sevilla. En cuanto al "notario de cabecera" de Queipo, Fulgencio Echaide, es más que lícito sospechar de su falta de neutralidad.

De modo que en mayo de 1940 Queipo culmina la apropiación del cortijo, tras la supuesta aportación a los Vázquez de 225.000 pesetas, lo que sumado a la cuantía de la anterior aportación hace un total de 1 millón 745.000 pesetas. De nuevo, siguiendo a Martín, hay una mucho más que sospechosa falta de constancia de pagos de Queipo.

El Queipo dibujado por la investigación de Martín es, además de un obseso del dinero, un mago de las apariencias, capaz de presentarse no sólo como el libertador de la ciudad, sino como un benefactor de los pobres, al tiempo que amasaba "una importante fortuna" a través de "campañas de suscripción" popular. Las aportaciones "voluntarias", claro, están bajo sospecha de coacción. Para su autobombo como supuesto filántropo, Queipo utiliza dos fundaciones con la "rechazable intención de conseguir apariencia ejemplaridad social". Pero no sólo le valieron para eso. Las fundaciones –una continuadora de la otra, hasta el punto de que puede sostenerse que fueron parte de una misma realidad– fueron una herramienta de enriquecimiento personal.

El origen del aparato fundacional hay que encontrarlo en una fecha que sonará al lector: 24 de diciembre de 1937. Sí, el día de la escritura de compraventa entre Camacho y Queipo. Al mismo tiempo, con el mismo notario, nace la llamada "Fundación Agraria". Según la información registrada, el dinero para la compraventa, algo más de 1 millón y medio, proviende una aportación popular en "homenaje" a Queipo. Fue, dice la escritura, una "pequeña muestra de la gratitud que Sevilla y Andalucía" guardan a Queipo por salvarlas "de la derrota" con "actitud heroica". Luego, siempre según las inscripciones oficiales, Queipo debía donar los bienes a la propia fundación. Además, Camacho –ya sabemos que con su libertad coartada– mandata a Aramburu para que done también a la fundación fincas por valor de hasta 150.000 pesetas. Con todo ello la fundación se convierte en "origen" del "cambio de titularidad del cortijo", anota Martín.

La fundación, sostiene Martín, fue una mera "pantalla escritural para publicitarse" mientras ponía los bienes "a salvo" de de una "potencial reivindicación". No sólo fue "opaca" y "carente de personalidad jurídica". Es que, más grave aún, nunca estuvo "facultada para ser objeto o ejercitar derechos ni cumplir obligaciones ante terceros" en ningún negocio, a pesar de lo cual fue clave en Gambogaz. Su actividad mercantil "se reduce" al cortijo sevillano, lo que evidencia su finalidad: ser "una muleta muy útil" para la "defensa patrimonial" de Queipo.

La jugada se hace evidente, desde la perspectiva que ofrece la investigación de Martín, cuando en 1943, ya ganada la guerra, la propiedad del cortijo vuelve a Queipo mediante una "cesión a título de venta", en un acto en el que el general "se compromete" al pago. No hay constancia de que lo hiciera. Es una pauta: nada acredita que Queipo pague nada. El militar golpista culmina su apropiación del 100% del cortijo, más de 500 hectáreas, tras "un proceso intencionado de confusión" entre persona y fundación.

¿Qué ocurrió con la Fundación Agraria, después de haberle sido extirpado el cortijo al que había consagrado su existencia? Quedó vagando en su "limbo legal" hasta experimentar una "transformación nominal" en 1950 y convertirse en la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, expone Martín. No consta que el general explicase por qué decidió cambiar la herramienta, pero no creando una original, sino una resultado de transformar la anterior. Entre los posibles motivos, está el de apartar del ojo público la Agraria, cuya existencia era un recordatorio no sólo de la apropiación de Gambogaz, sino de posteriores adquisiciones de terrenos agrícolas a pesar de que desde 1943 "carecía de patrimonio alguno". Así que Queipo modifica la fundación "agraria" y pasa a destinarla a "amparar y proteger a la infancia desvalida".

Como el propio Martín subraya, hay que preguntarse si para tal fin lo más adecuado era nacer como fundación asumiendo un patrimonio –el proveniente de la Fundación Agraria– que consistía sobre todo en tierras de cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir. Lo seguro, señala el autor, es que la Pro Infancia era la "viva imagen" de la Agraria, "continuidad de una mala práctica legal", ambas "instrumentos [...] utilizados como pantalla" para el acopio, siempre "de espaldas al derecho" y con los "mismos fines". ¿Cuáles? "La privatización o apropiación" de bienes, sumando la condición de obstáculo para hacer "difícil o imposible" la "reversión ante reclamaciones de terceros".

Tanto una como otra fundación, la de 1937 y 1950, formaron parte del "armazón administrativo" del mismo "golpe económico particular" de Queipo "para su propio y exclusivo interés", anota el autor. Y eso si pudiera hablarse de dos fundaciones distintas, cosa discutible, a tenor de los hechos registrados. Un detalle: la ficha de la Fundación Pro Infancia en el Ministerio de Justicia –donde declara sede en la avenida República Argentina, en Los Remedios, barrio noble de Sevilla, y mantiene como fin "amparar y proteger a la infancia desvalida"– le marca como "fecha de constitución" el ya famoso 24 de diciembre de 1937, el día en que Camacho fue privado del cortijo.

Hay que remarcar, eso sí, una diferencia: el cortijo, tras salir de la Fundación Agraria, no regresó ya a la Pro Infancia, que dispuso de otros bienes agrícolas, pero no del emblemático Gambogaz, actualmente mermado y dividido y cuya propiedad Martín no detalla en el libro. Como ha publicado eldiario.es, la Pro Infancia gestiona actualmente patrimonio agrario. Hay al menos cinco miembros de la saga Queipo en el patronato. La familia mantiene un discreto perfil en Sevilla, que rompió el año pasado con su aparición en la exhumación del militar y su esposa. Esta discreción contrasta con los elevados honores que aún mantiene la Iglesia a su figura.

Martín hace un balance con "ganadores" y "perdedores". Entre los primeros, poca sorpresa: Queipo –hasta su muerte en 1951– y sus sucesores, a los que legó sus propiedades (incluido Gambogaz). Entre los segundos, destacan Camacho y los Vázquez. ¿Y el interés general? En concreto en la operación Gambogaz, Martín cree que no puede hablarse de lesión al interés general en el expolio a Camacho, pero que sí podría haber un perjuicio al mismo por el uso de las fundaciones, ya que se beneficiaron de un trato fiscal privilegiado, concebido para entidades benéficas, cuando sólo lo eran por su nombre.

Martín reflexiona: "Franco dijo en 1942 que la guerra española fue la única de la que los ricos salieron más ricos. Es una verdad a medias. Él y sus colaboradores, sin ser ricos, también llegaron a serlo". A su juicio, si la dimensión criminal del franquismo está ampliamente estudiada –con autores con Ángel Viñas, Paul Preston o Francisco Espinosa–, queda en cambio demasiado por detallar de la represión económica. "Hay que investigar, con fuentes primarias, el enriquecimiento de los grandes partícipes en el golpe", invita el autor. Las andanzas de Queipo, siguiendo a Martín, podrían haber constituido un "modelo" para la élite franquista. En el libro sugiere una serie de apellidos a los que poner la lupa: Yagüe, Millán-Astray, Varela, Cabanillas, Dávila Redondo...

Me viene a la memoria una larga “conversa” con Constantino Méndez en mi casa en Santiago de Chile, fue en uno de sus viajes para asesorar al futuro gobierno de Michelle Bachelet, los dos resaltábamos el sentido de institucionalidad que tenían los iberoamericanos, muy superior al que tenemos los españoles.

Él tenía claro que España no había sabido incorporar a su acervo político, a pesar del consenso constitucional, un sentido de patriotismo democrático que pusiera por delante el valor de lo que nos unía como pueblo y nuestro destino común al patriotismo de militancia política o de tribu orgánica, donde se mezclaban demasiados intereses espurios.

El hecho de ser funcionario del Estado y de un cuerpo prestigioso le permitía tener un amplio conocimiento de la gestión pública y del sentido de Estado. Ninguno de los puestos directivos que desempeñó fueron una prebenda, empezando por la Dirección General del Instituto Social de la Marina en un tiempo en que este colectivo de la gente del mar necesitaba un sistema de previsión acorde con la importancia que este sector tiene en la economía española. Su origen gallego le facultaba para entender mejor a la gente de la mar que, unido a su conocimiento técnico, le hacían idóneo para el ejercicio del cargo.

Experiencia que posteriormente supo trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social durante más de seis años y que le llevó a convertirse en uno de los mayores especialistas en España en los sistemas de previsión social, con capacidad de trasladar la experiencia a otros países.

En 1994 se le encargó la Secretaría de Estado para la Administración Pública, donde intentó poner en marcha una nueva planta para la organización de la Administración Española una vez que el grueso de las transferencias de funciones a las Comunidades Autónomas ya se había concluido.

En 2004, con el regreso de los socialistas al Gobierno de España, asumió la responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid, donde volvió a plantear un modelo de organización de la seguridad pública en esta difícil región capitalina afrontando la lucha contra la delincuencia de las bandas juveniles y el crimen organizado dotando de medios suficientes a un creciente problema. Su honestidad ante los servidores públicos quedó patente cuando dimitió al ser condenados dos agentes por un rifirrafe político al cual él fue ajeno. Lo hizo por "responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. La sentencia contra los funcionarios fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo, pero Constantino Méndez (Tino) había tomado su decisión, como bien decía, pues es lo que debe hacer un directivo del servidor público cuando son cuestionados, aunque injustamente, miembros del personal a su cargo.

Un responsable público no puede desaprovecharse cuando capacidad, experiencia y talla moral están fuera de toda duda. Por esta razón la ministra de Defensa, Carme Chacón, no dudó en nombrarle secretario de Estado. Desde este puesto puso todo su empeño en que España tuviera una potente industria de Defensa a la altura de nuestra posición internacional y apostando por un desarrollo tecnológico acorde con los nuevos tiempos. ¡Visión de futuro!

Tras la moción de censura su nombre sonó como posible ministro de Defensa, más que sonó su nombramiento fue comunicado previamente, como es preceptivo protocolariamente, a la Casa Real por Moncloa, esta contactó con Méndez para felicitarle y mostrarle su satisfacción por el hecho. No obstante, algún “imponderable” se cruzó y finalmente se nombró a otra persona que parecía haber mostrado sus dudas en ocupar esa cartera por esperar algo más. Nadie le explicó a Tino Méndez este ir y venir con su nombre, la única respuesta que recibió la Casa Real fue un inconsistente así es la política. Un error.

La política en Tino Méndez no era ocupar un puesto para ser, era un deber ser, una pulsión personal que sabía trasladar con su palabra templada, su buen hacer en la responsabilidad de lo público y por ende con la institucionalidad.

Las convicciones ideológicas pueden caminar de la mano del respeto al adversario que en democracia nunca es un enemigo sino, en el sentido más machadiano, un complementario. Ello permite que el acuerdo en los grandes temas de España siempre sea posible y que la discrepancia esté fundamentada en la argumentación reflexiva y responsable. Solo así se pueden marcar diferencias, nunca insalvables.

Hoy España está necesitada de este tipo de personas, de las que el servicio está por encima de los intereses del corto plazo, que al fin y a la postre no dejan de diluirse al día siguiente, que coloquen la mirada hacia donde queremos ir y cómo encontrar el acuerdo para ello.

Gestionar lo público cada vez es más complejo. Por ello la edad y sobre todo la experiencia acumulada constituyen un valor imprescindible cuando cada vez imperan más las ocurrencias tácticas, que sin duda pueden hacernos alcanzar un éxito tan pírrico en sus contenidos como efímero en su duración.

Tino Méndez era de esos personajes que están llamados a generar envidia de los otros, en los mediocres, pues parecen tener respuesta a todo. Yo personalmente creo que las tenía, eso puede que sea admiración de amigo, aunque siempre sometía su opinión al contraste y con la capacidad de saber enriquecer la suya propia al escucharla. No es tan fácil saber hacer esto en un país habitado por poseedores de la verdad.

España debería tener ministros, como Méndez, a los que siempre poder acudir, con capacidad para hacer que lo complejo parezca sencillo.

Constantino Méndez falleció el pasado 13 de agosto con la discreción a la que nos tenía acostumbrados. Joan Navarro publico un bello obituario al día siguiente de recomendable lectura.

Tino deja una huella imborrable en su familia, que para él era lo primero, y en sus muchos amigos, pero sin duda es además un ejemplo de sencillez humana y profesionalidad plena de responsabilidad y capacidad que debería ser ejemplo para aquellos que creen con convicción en el servicio público, en la España que debe ser y en la política como una pasión siempre racional y desinteresada.

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Álvaro Frutos Rosado es abogado y ex director de gestión de Crisis en la Presidencia del Gobierno.

Y es que las cuentas no les debían salir, si solo pretendían atender a su balance final de ganancias contantes y sonantes.

Atentos pues a los márgenes que deben dejarles las cañas de cerveza, los vinos “finos y seleccionados, de buena crianza”, los pelotazos de gin tónics y otros combinados alcohólicos, para dar servicio a una clientela pudiente y alejada del inveterado gusto de tomarse apenas un café observando “el ambiente”. Adiós entonces a las tradiciones, al buen regusto de un café tomado al aire libre, en el centro de la capital vizcaína, sin que nadie haya hablado de su precio, salvo los gerentes de las terrazas que han considerado poco rentables los servicios de cafés para el rato que se pasa la parroquia sin originar ganancias.

Y es que parece que estemos abocados a buscar la cuenta de resultados pronta y abundante, por encima de cualquier otra consideración, al margen del placer que pudiera devenirse de poder tomarse unos sorbitos de buen café en la Plaza Nueva de Bilbao, como antaño, como siempre.

Mi abuelo jamás tomó café en casa. Siempre tuvo la costumbre de bajar a la calle a tomarse los apreciados brebajes de cafés tan sabrosos, tan proclives a la sobremesa, de charla con amigos o conocidos, en los bares de debajo de casa, en la calle donde poder compartir con conocidos, vecinos y amigos.

Mi padre también tuvo esa costumbre y yo también… Claro que ahora, de momento, no va a poder mantenerse esa costumbre, al menos, en la Plaza Nueva, en el mismo centro turístico del gran Bilbao. Mecachis con la modernidad.

Mecachis con el nuevo orden si no deja de observar el rendimiento pecuniario por encima de todas las cosas, y se lleva por delante una costumbre tan inocua como placentera.

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Antonio García Gómez es socio de infoLibre.

Virginia González nunca se conformó ni se acomodó. Siempre ansió la libertad absoluta. Y la persiguió desde que era una cría. "Las injusticias sobre todo me sublevaban, y le decía siempre a mi madre: 'Quiero ser mayor para ser libre", le contaba a Margarita Nelken en otoño de 1917. Pero cuando creció se dio cuenta de que no todo era tan sencillo. Y de que la libertad había que lucharla. Ella siempre estuvo en primera fila. Peleando por los derechos de la clase obrera y de las mujeres. Fue una de las primeras grandes líderes políticas y sindicales. Estuvo en lo más alto del PSOE o de UGT en una época en la que ellas siempre quedaban relegadas a un segundo plano. Y a pesar de ello, sigue siendo una de las grandes olvidadas un siglo después de su muerte.

González nació en Valladolid en plena Primera República, en el seno de una familia humilde. Su madre Feliciana era tejedora. Su padre, Santos, mecánico tornero. Ni ella ni ninguno de sus veintiún hermanos tuvieron acceso a instrucción alguna. Por eso, desde bien pequeña seguiría la tradición familiar y se dedicaría a guarnecer calzado. A los dieciocho, se casó con otro chiquillo, también zapatero. Juntos, se fueron a vivir a A Coruña. Y allí, a orillas del Atlántico, entró en contacto con la política a través de los movimientos anarquistas. Con apenas veinte años, participó en la constitución de la Sociedad de Zapateros y Guarnecedores de la ciudad.

"[Su figura] encierra la gran paradoja de ser una de las primeras grandes líderes femeninas de la historia contemporánea de España y, sin embargo, a la vez es una de las olvidadas de la historia", apunta el profesor jubilado Jerónimo Martín de Bernardo Rodríguez en Virginia González Polo: el olvido de la primera dirigente obrera (Editorial SoldeSol). La obra, que bebe de multitud de fuentes documentales y hemerográficas, es una biografía completa de aquella vallisoletana que durante años se ganó el cariño y el respeto de la clase obrera española. Una gran oradora que conseguiría alcanzar las cúpulas políticas y sindicales con un discurso marcadamente feminista.

Tras sus años en A Coruña, González se muda a Bilbao. Y es allí, en ese enclave industrial, donde empieza a hacerse un nombre. Se afilia al PSOE. Y se convierte en presidenta del Grupo Femenino Socialista de Bilbao (GFSB). El objetivo de este colectivo, cuenta Martín de Bernardo en la obra, era "multiplicar" la "presencia y visibilidad" de las mujeres en las filas socialistas. En una noche, relataban las crónicas de la época, se afiliaron más de un centenar. "Virginia, con la creación de este grupo, cuestionó abiertamente uno de los elementos definitorios del obrerismo socialista, que era la masculinidad imperante", completa la biografía elaborada por el profesor jubilado.

Muchos medios conservadores no tardaron en ponerla en la diana. Un periodista del semanario La Libertad, por ejemplo, no dudó en calificarla de "canalla, mujercilla incivil, mujerzuela". Pero la vallisoletana siempre plantó cara al machismo. Al plumilla, cuenta la obra, le soltó una bofetada y un escupitajo en cuanto lo tuvo delante, al tiempo que le llamaba "deslenguado" y "sapo". "Tan lamentables procedimientos para contrarrestar los efectos de la propagación de nuestros ideales no hacen otra cosa que poner al descubierto el alma de esos padres de la santa iglesia católica", respondía a aquellos curas que la llamaban "licenciada de presidio".

Algunos de sus discursos, recuperados en la obra, han quedado para la posteridad. Es el caso del que pronunció en una conferencia organizada por la Agrupación Femenina Socialista de Madrid (AFSM) con el título "Educación política de la mujer española". "En España domina todavía un espíritu retrógado que pone trabas y límites a las aspiraciones femeninas, dándose este ejemplo hasta por hombres que, llamándose liberales, procuran alejar a las mujeres de la vida activa y de las luchas políticas, prefiriendo tenerlas en la indiferencia. [...] Las clases altas en España hacen de la mujer una figura decorativa. Los aristócratas, los políticos burgueses, los literatos, los poetas ensalzan a la mujer cuando va espléndidamente ataviada", resaltó González.

La dirigente obrera, que siempre defendió que las mujeres tenían que tener la suficiente formación si querían lograr una emancipación real, jamás se apartó de la primera línea. Por iniciativa suya se aprobó, en el VIII Congreso de la UGT, la propuesta para que los vocales obreros del Instituto de Reformas Sociales pidieran que se prohibiera por ley que las mujeres obreras embarazadas hicieran tareas en las cuatro últimas semanas del embarazo y en las cuatro posteriores al parto. Y su nombre estuvo ligado a la organización de las diferentes huelgas organizadas en los convulsos primeros compases del siglo XX. Por ejemplo, contra la guerra de Marruecos.

El belicismo siempre estuvo entre sus grandes preocupaciones. Y así lo plasmó en su artículo "Antimilitarismo", recogido en la obra de Martín de Bernardo: "La Patria, esa madre fantasma, reclama a los muchachos que no tienen las pesetas necesarias para burlarse de los llamados deberes de la Patria. (...) También para mí llegará la horrible fecha. Pero yo la espero tranquila; mi hijo, para entonces, llevará en su cerebro la hermosa idea socialista y tendrá tan grande el corazón como para amar a todos los seres sin distinción de razas, tendrá una patria que será el universo".

Su compromiso político y sindical le generó serios problemas judiciales. En 1916, fue condenada a un año y ocho meses de destierro, además de una multa de 750 pesetas. Y unos meses después tuvo que enfrentarse a un Consejo de Guerra por su participación en el Comité de Huelga de la general de 1917, si bien en aquella ocasión logró salir absuelta tras pasar un tiempo entre rejas. Por aquel entonces, González ostentaba el mérito de ser la primera mujer que había entrado a formar parte del Comité Nacional del PSOE y del Comité Nacional de la UGT. Unos años después, tras el alejamiento de los socialistas de la III Internacional, la zapatera impulsaría el Partido Comunista Obrero Español, que luego se convertiría en el Partido Comunista Español.

González sería, de nuevo, la única mujer del primer Comité Central del PCE. Sin embargo, esta nueva etapa no duraría mucho tiempo. Unos meses después, la zapatera enfermó, falleciendo el 15 de agosto de 1923 en su casa de Madrid. "Se dice por algunos que Virginia ha cambiado, y no es cierto. Yo no he cambiado. Los que han cambiado han sido los que creen que con leyes sociales, que luego no se cumplen, está resuelto el problema de la actuación de los sindicatos", diría en uno de sus últimos discursos públicos. Su pérdida fue muy llorada, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Se había ido una mujer brava. Un referente cuya historia, poco a poco, fue cayendo en el olvido.

Recordamos viajes, historias de amor, un primer beso, días de celebración, acontecimientos políticos, la tarde de una mala noticia, entierros… Recordamos también conversaciones, porque una conversación puede ser un acontecimiento. Recibo por wasap una foto de 1937 en la que aparece mi padre con su madre y sus hermanos. Lo veo al principio de su adolescencia, y recuerdo la mía, y recuerdo dos conversaciones que tuvo conmigo en los veranos de 1968 y 1974.

En un claro del bosque, en Burgos, mi abuela Irene posa delante de la cámara con sus 6 hijos. Está vestida de negro, quizá porque ya se ha quedado viuda o quizás porque era costumbre que las mujeres en aquella época vistieran así. ¿En qué año nació? No sé, sobre 1875. Como sólo vi a mi abuela siendo muy niño, me sorprende reconocer en su rostro muchas de las facciones de mi padre. Tengo pocos recuerdos de ella. Ahora me viene a la memoria una anécdota que repetía mi madre para recordar lo desconsiderada que había sido en una de las visitas que hicimos a Burgos. Tenía yo dos años, se quedó a mi cuidado mientras mis padres salían a pasear, y al volver me encontraron chupando la llave grande y oxidada de la casa en la calle Hospital de los Ciegos. Te pudiste intoxicar, repetía mi madre al contar esa anécdota.

Mi posible intoxicación y la tarde en la que recibimos la noticia de que se estaba muriendo son mis recuerdos más claros de ella. Al volver de Burgos, mi padre justificó 2 multas por las prisas de llegar al entierro. Se ponía sentimental al contarnos que le hubiese gustado ver a su madre antes de morir.

Mi padre era autoritario y sentimental. Ahora me conmueve ver el parecido de su rostro con el de su madre. Las conversaciones paternas que recuerdo tienen que ver con un deseo extraño de explicarme por qué no era partidario de que yo hiciese algo que no me quería prohibir. Tu decidirás, me dijo después de darme su opinión. La conversación de 1968 se dio cuando conté en casa que me iba a apuntar a la OJE, la organización juvenil que en 1960 había fundado la Secretaría General del Movimiento. Mis amigos del barrio salían de excursión, subían a la montaña, dormían en tiendas de campaña, vestían de uniforme. A mi padre, militar, todo aquello le sonaba a manipulación falangista, y me explicó por qué no quería que a su hijo le comieran la cabeza con ideas falangistas mientras lo sacaban de paseo.

La conversación de 1974 tuvo lugar después de unos ejercicios espirituales en los que un sacerdote me convenció de que los ricos no iban a entrar en el reino de los cielos. Quise irme a terminar el bachillerato a Sevilla, a un piso de curas obreros. Entonces mi padre me invitó a un largo paseo en coche por la carretera de Málaga y me convenció de que esperase a acabar mis estudios para tomar las decisiones que iban a marcar mi vida.

Cuando murió mi abuelo Manolo, mi abuela llevó a mi padre a un internado para huérfanos de militares. Allí acabó el bachillerato, después estudió en las Academias de Toledo y Zaragoza. Tuvo su primer destino como teniente en Jaca, donde se especializó en alta montaña. A mitad de los años 50 fue destinado a Granada. Su uniforme de entonces era blanco y llevaba los esquís cruzados en la espalda. Es verdad lo que contaba mi madre, me lo confirman las fotos: se parecía mucho a Gregory Peck. Sé que tienes un novio, le dijo a mi madre, pero te conviene dejarlo pronto, porque no sé si sabes que te vas a casar conmigo. Y así fue. Tuvieron 6 hijos, se quisieron mucho, aunque no siempre se llevaron bien.

Mi padre era muy conservador, militar franquista, pero siempre mantuvo una relación estrecha con un hijo mayor que se le fue haciendo a lo largo de los años estudiante antifranquista, militante comunista y finalmente intelectual socialdemócrata. Después de enfadarse conmigo, me defendía delante de cualquiera. Mi madre mantenía que sus excesos autoritarios y sentimentales tenían que ver con su adolescencia huérfana. Es que se lo quitaron de encima, afirmaba, y lo metieron en un colegio de huérfanos. Eso fue para que no chupara las llaves oxidadas, respondía yo.

Ahora me emociona ver el rostro de mi padre y de mi abuela juntos. Tienen el mismo gesto de soledad y de necesidad de amor. Por eso las conversaciones son a veces un acontecimiento. Y la tranquilidad veraniega ayuda a conversar. Los hijos, esos parientes lejanos.

Desde que era adolescente me acostumbré a fijarme en la velocidad de la gente que camina por la calle. Debe ser una deriva más de mi afición por la lectura, ya que el ritmo de los caminantes solitarios me invita a imaginar los destinos, los estados de ánimo y las circunstancias de cada transeúnte. Quien tiene una meta y una hora precisas camina rápido, porque suele salir de su casa a la hora fijada por una meticulosa preparación. Aunque vaya concentrado en sí mismo con la ayuda de unos auriculares, la rapidez es compatible con lo que oye si se trata de música.

Con menos prisa suelen caminar los que hablan por teléfono. Mientras apoyan los pies en el suelo y el móvil en la mejilla, necesitan escuchar al otro, responder a lo que la vida les dice, y eso recorta un poco la velocidad. Escuchar y mirar con atención son ejercicios que detienen el vértigo de la existencia. Frente a las normas sociales que nos fijan y nos marcan la hora como si fuésemos siervos de un itinerario establecido, escuchar y observar nos convierte a veces en extranjeros de nosotros mismos, gente que camina para descubrir una calle, un paisaje, algo que se ve por primera vez.

Ocurre lo mismo con el ejercicio de pensar. No es aconsejable ir con pasos de urgencia si nos encerramos en el propio pensamiento para indagar, dudar, prevenir y decidir, aunque a veces la vida nos obligue a navegar bajo la tormenta. Y si se piensa en el pasado, si se trata de recordar, la lentitud nos hace caminar con pies de plomo en medio de detalles que necesitamos reconocer poco a poco, coser en la memoria para conformar el tejido que lleva nuestro nombre. Eso sí, una vez que el pasado se hace presente y empezamos a revivir lo que sucedió, lo que nos sucedió, la lentitud entra en un proceso íntimo de reanimación que une el pasado y el presente, mientras le habla al mismo tiempo a la razón y a los sentimientos. Recordar es una forma de pensar, pero también de decirle al corazón.

Cumplir años con cierta tranquilidad exige que el pasado sea una buena compañía. La hermandad, las conversaciones, las paces o los pactos en el camino que falta por andar son posibilidades que conviene cultivar. Para vivir como una persona madura, y luego como una persona mayor, y luego como un viejo tranquilo, resulta necesario que la conciencia y los recuerdos puedan caminar de la mano. Como la lentitud del recuerdo desemboca en los pies ligeros de la reanimación, y es sabido que cada cual vive la misma realidad de distinta manera, a mi memoria le aplico el consejo que Albert Camus nos dio para hacer periodismo: no podemos creernos en posesión de la verdad absoluta, pero debemos comprometernos a no mentir. Falsear con premeditación lo que uno ha vivido, falsear con alevosía una información política, puede salvarnos de los pies de plomo, pero nos condena a la deshonestidad y a la convivencia atormentada con nuestro propio rostro en el espejo.

La deshonestidad de los destinos humanos y de los proyectos políticos dañinos provoca sus primeros síntomas en la aceptación del imperio de la mentira, donde el pensamiento acaba en las caminatas vertiginosas del fanatismo, y en la cancelación de la memoria, porque el fanatismo necesita más la reinvención del pasado que el recuerdo comprometido con la verdad, que no es un valor absoluto, pero sí un acuerdo, un deseo de convivencia y mundo compartido.

Vivimos junto al agua, escribimos sobre el agua. Por eso conviene aprovechar la ocasión para observar nuestro rostro en el agua del mar, los lagos, los ríos, las piscinas y los charcos. Observar nuestro rostro es una buena manera de hacernos dueños de nuestro tiempo para preguntarnos sobre nuestra vida. Tomarnos el tiempo necesario para hablar con nosotros mismos, para recordarnos, es un acto de conciencia ante las realidades que apuestan por el vértigo de las servidumbres.

Uno de los poemas que prefiero de Baudelaire se titula “El hombre y el mar”. Nos dice que el hombre libre siempre preferirá el mar y nos recuerda que el agua marina puede ser un espejo para observarnos. Pero después la metáfora del poeta se pone en movimiento para hablar de los rumores en la superficie y las profundidades oscuras, los siglos y las mismas luchas de siempre. Sin piedad y sin remordimiento, hermanos implacables, acabamos formando parte de la masacre.