El protocolo antiabortista del Gobierno de Castilla y León ha abierto una fisura en el bipartido de PP y Vox capitaneado por Alfonso Fernández Mañueco. Mientras los conservadores niegan ahora que tal protocolo existiese y aseguran que "en ningún caso habrá coacción a la mujer", la ultraderecha se mantiene firme en las medidas de fomento de la natalidad anunciadas hace siete días por su vicepresidente, Juan García-Gallardo, que incluían, entre otras cosas, la obligación de los sanitarios a ofrecer a las mujeres que decidan abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal u ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente.

Aunque ahora el PP rechaza, a su manera, este protocolo, en 2012 veían con buenos ojos este tipo de medidas. En concreto, el expresidente de Les Corts Valencianes, exconseller en la etapa de Francisco Camps y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, afirmó hace una década que las mujeres que quisiesen abortar tuviesen que ver, antes de hacerlo, una ecografía del feto. "Con respecto a las mujeres que decidan abortar, considero que debería ser obligatorio que vieran una ecografía de su hijo antes de decidir y se les planteen diferentes opciones y alternativas eficaces para el hijo que lleva en su seno", aseguró en un artículo publicado en su blog el 1 de agosto (actualmente ya no se encuentra disponible) bajo el título La solución es más vida.

Cotino, que falleció en abril de 2020 por el covid, se posicionaba así en el debate que reabrió el por entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre posibles reformas en la ley del aborto, en concreto, en los casos de malformación fetal. Una reforma que finalmente no salió adelante y que terminó con Gallardón dimitiendo al sentirse desautorizado ante la retirada del anteproyecto por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2014.

"Hay que fomentar en nuestra sociedad una cultura de más vida", explicó Cotino que, en el momento de escribir este artículo, era presidente de Les Corts. "Las mujeres embarazadas deben percatarse del valor de la vida humana que llevan dentro, de que la vida de su hijo o su hija es digna de ser vivida", defendió al tiempo que señaló que "todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y el mismo derecho a vivir con independencia de cuál sea nuestra situación".

Cotino también aprovecha este artículo para recordar la ley de protección a la maternidad que estaba en aquel momento en vigor en la Comunitat Valenciana, cuyo Gobierno en agosto de 2012 estaba en manos del conservador Alberto Fabra, tras suceder un año antes a Francisco Camps. Esta ley, según Cotino, "parte del concepto de reconocer la vida desde el momento de la concepción, desde el momento en que un médico certifica el embarazo. Legalmente ya se trata de una persona con todos los derechos en lo referente a ayudas en aspectos sociales, educativos, sanitarios o económicos". Asimismo, recuerda que también se había aprobado una ley similar en Galicia —que gobernaba en ese momento el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo— y en La Rioja —con un Ejecutivo también del PP con Pedro Sanz al frente— y "sería interesante que el Gobierno de España impulsara una iniciativa legislativa en términos similares".

No sería la única vez que Cotino usó su blog para cargar contra el aborto. Un año después, el 28 de diciembre de 2013, equiparó a Herodes con las personas que defienden el aborto. "Hoy, día de los Santos Inocentes, recordamos que todavía en pleno siglo XXI hay legisladores, jueces, médicos, que pretenden hacer lo mismo que hace dos milenios llevó a cabo Herodes", afirma al tiempo que sostiene que "la matanza de inocentes fue una aberración entonces, y lo es ahora, aunque en cada momento se intente vestir con diferentes excusas".

"No debemos entrar en el debate negativo de la izquierda sino en el positivo de la defensa de la vida humana. Vayamos a lo que es cierto, que hay vida desde que se engendra y que hay que ayudar a ese ser humano indefenso", aseguró en su artículo. Cotino se pronunció así en el marco de la aprobación por parte del Gobierno de Rajoy de la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada que, para él, suponía "un notable avance en la protección de la vida del concebido".

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que dirigió la investigación de la trama Gürtel ha ratificado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la red liderada por Francisco Correa mantuvo reuniones con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, pues era quien "dirigía el grupo preliminar de trabajo" en la organización de la visita del papa a Valencia en 2006, ha informado Europa Press.

Así lo ha dicho el inspector Manuel Morocho, que ha comparecido en calidad de perito en el juicio por el presunto amaño de la adjudicación de RTVV con la Gürtel para la instalación de pantallas y megafonía para seguir el recorrido del pontífice. Sus actuaciones durante la investigación han sido denunciadas en numerosas ocasiones por las defensas de los acusados de esta macrocausa al entender que sus derechos fueron vulnerados, algo que han alegado en las distintas vistas orales que ya se han celebrado para tratar de anular la causa.

Tras explicar el modus operandi de la trama, se ha detenido en las conclusiones a las que los investigadores llegaron tras analizar una agenda del número dos de la Gürtel, Pablo Crespo. En ella, anotó lo que para la UDEF es "la fase preliminar, preparatoria, de la ejecución del contrato", que se firmó en mayo de 2006.

Puesta en marcha en 2005

Según ha dicho el inspector, Crespo "monitorizó todo el proceso" y apuntó el "diseño del conjunto de acciones que se estaban poniendo en marcha durante la segunda parte de 2005, y que culminaron en 2006 con la adjudicación, para la concreción y prestación de ese servicio", por el que se pagó más de siete millones de euros y que permitió el reparto de comisiones de tres millones de euros.

La fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás ha preguntado al inspector por dos reuniones que aparecen en la agenda y en las que, según se puede leer, supuestamente participaron Juan Cotino, el exdirector de RTVV Pedro García Gimeno y representantes de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), organizadora del evento, como el secretario del arzobispo de Valencia, Antonio Ramón Corbí y el exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Enrique Pérez Boada. Sobre ellas, Crespo anotó las palabras "pantallas", "luz" y "sonido".

Morocho ha descrito estos encuentros como el "germen de todo el proceso", ya que tuvieron lugar antes del 9 de febrero de 2006, fecha en la que se "concreta" que Canal 9 se encargue de la retransmisión de la visita. La firma del convenio entre la FVEM y la televisión valenciana tuvo lugar semanas después, el 27 de febrero.

"Se están dando los pasos que ponen de manifiesto quiénes tienen capacidad de decisión, las adjudicaciones que se derivaron de estas reuniones y qué contratos y las acciones concretas de cada uno de ellos", ha subrayado. En este sentido, ha indicado que la "captación del negocio" se hizo a través de García Gimeno, como director de RTVV, y que Cotino "era el que dirigía el grupo preliminar de trabajo".

Ha añadido que el "elemento nuclear de este proceso, una vez captado el negocio, era darle ese revestimiento de legalidad al contrato" y que Correa subcontrataba los servicios a distintos proveedores porque sus empresas "carecían de recursos técnicos".

Cotino se desvinculó en su declaración como acusado en esta causa de la organización de la visita de Benedicto XVI en Valencia. Afirmó que sólo se encargó de coordinar a los grupos de voluntarios en materia de seguridad, ya que en esta materia tenía experiencia por sus cargos como delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana y director general de la Policía Nacional, y negó haber participado en las reuniones relacionadas con pantallas y sistema de megafonía.

El papel de El Bigotes y la "amistad" con el exdirector de RTVV

El inspector de la UDEF ha resaltado que hay otra "anotación relevante" de Crespo sobre la "posición muy ventajosa" del responsable de Orange Market (empresa de la Gürtel en Valencia), Álvaro Pérez El Bigotes, ante "cargos públicos" de la Comunidad Valenciana, como el exvicepresidente del Consell Víctor Campos o el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, ya que entendía que les generaría "importantes beneficios en forma de adjudicación de contratos".

En cuanto a la relación de la trama con el director de RTVV —para quien la Fiscalía pide la pena más alta, 40 años de prisión, que se puede ver reducida tras alcanzar un acuerdo de conformidad—, Morocho ha hecho hincapié en que en una conversación telefónica se le describe como un "amigo íntimo". "Esta terminología la emplean para alguien muy cercano a ellos, alguin en el ámbito de su acción o responsables políticos", ha apostillado.

Para incidir en la "proximidad" de Pedro García Gimeno y los líderes de la trama Gürtel, ha destacado que éste sirvió de enlace para presentarles a Cotino en el momento en el que la red de Correa planteó trasladar su negocio de Madrid a Valencia para prestar servicios de "márketing y comunicación externa".

Intento de organizar los Grammy Latinos en Valencia

Asimismo, ha señalado que Correa y El Bigotes "llevaron" a García Gimeno a Estados Unidos para "captar la organización" de los Grammy Latinos y realizar la ceremonia en Valencia y que estudiaron el "papel" que podría tener dentro del entramado societario, después de que éste les trasladara que no quería continuar en RTVV.

Morocho ha apuntado que este encaje en las empresas de la Gürtel coincide con el "cambio" que Correa había iniciado en 2008 para "salvar" su estructura societaria, a raíz de que la Audiencia Nacional investigara a empresarios por presunto delito fiscal cometido a través de cuentas bancarias localizadas en Liechtenstein, y tras tener conocimiento que había una investigación en marcha por las presuntas irregularidades en el ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, pieza de la macrocausa que aún está pendiente de juzgar.

El propio Parlamento valenciano ha confirmado la noticia en Twitter, donde ha mostrado sus condolencias a la familia y amigos.

Cotino fue un referente del Partido Popular valencian,  hasta que su figura se vio salpicada por distintos escándalos de corrupción, como Gürtel o la investigación sobre la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, en la que se produjo un supuesto amaño de contratos realizados a través de la Fundación V Encuentro. Ante su defunción, los procedimientos abiertos contra el político quedan automáticamente archivados.

En vísperas de la vista oral que comenzará en la Audiencia Nacional el próximo lunes, 9 de marzo, buena parte de los 23 acusados en este nuevo proceso ultiman sus negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, y así lo ha confirmado infoLibre en fuentes conocedoras del caso. Reconocer los delitos y devolver dinero del sustraído al erario público por aquel "desembolso ilícito" –uno de los objetivos habituales de Anticorrupción y de la acusación popular que en Gürtel ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE– reportará a quienes firmen los llamados "acuerdos de conformidad" un beneficio: el pacto que suscriban les evitará bien entrar en prisión al aceptar condenas de, como mucho, dos años. O, al menos, les garantizará permanecer entre rejas menos de lo que podría acarrearles una condena sin atenuantes.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que a la admisión de culpa ya se han sumado los funcionarios que participaron en la mesa que desde Canal Nou adjudicó un contrato hinchado y amañado y cuyo objetivo formal pasaba por garantizar la retransmisión mediante pantallas gigantes del Encuentro Mundial de la Familia y las intervenciones del pontífice. 

En este caso, quien en 2006 dirigía la radiotelevisión pública valenciana, Pedro García Gimeno, se arriesga a 40 años. Pero todo apunta a que, como adelantó el domingo el diario Levante, García se cuenta entre quienes buscan a marchas forzadas un pacto con la Fiscalía antes de que el juicio arranque. Porque, dirigido por un tribunal integrado por José Antonio Mora, Julio de Diego y Fernanda García (la ponente), este juicio ofrece visos de arrancar desde su primer minuto como una máquina imparable en cuanto a pruebas y declaraciones incriminatorias. El cerebro del asesoramiento financiero que desde el estallido del caso en 2008 ha planeado sobre distintas operaciones, José Ramón Blanco Balín, consta igualmente en la lista de posibles firmantes de los acuerdos de conformidad.

Más lejos de la cifra de 40 años de prisión, pero también con dos dígitos en juego –11 años le pide la Fiscalía; 15, el PSOE–se encuentra Juan Cotino. Y afronta un riesgo de condena potencialmente mayor si otros inculpados de relevancia –como el ya citado Pedro García– reconocen que delinquieron y expoliaron las arcas de Canal 9. Histórico del PP valenciano, exdirector general de la Policía, luego conseller, más tarde presidente de Les Corts, tío de uno de los empresarios que terminó por confesar su papel en la financiación ilegal del partido y auténtico poder fáctico, según la Fiscalía, en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de llevar las riendas de la visita papal y ahora señalada como partícipe a título lucrativo: es decir, beneficiaria económica de los delitos supuestamente perpetrados.

Las acusaciones consideran crucial la participación de Juan Cotino en un tinglado que, supuestamente, sustrajo a Canal 9 más de siete millones a través de un contrato de "precio desorbitado, y notoriamente superior al del servicio realmente prestado". La "empresa instrumental" contratada –relata la Fiscalía– fue Teconsa, uno de los clásicos en el entramado Gürtel.

Según los escritos de acusación, la meta real de aquel contrato era una muy distinta a la de ofrecer cobertura a la visita del papa. Lo que se buscaba era el enriquecimiento de la trama Gürtel, que se embolsó 3,3 millones de los 7,49 que costó el evento a una radiotelevisión pública, Canal Nou, cuyo cerrojazo impuso luego la Generalitat valenciana en noviembre de 2013. Para cuando la televisión valenciana dejó de emitir, los 22 millones de deuda de 1995 se habían disparado hasta 1.200 millones. ¿Hubo más contratos como el de la visita del papa que contribuyesen a la ruina de la cadena autonómica? No se sabe. Pero de lo que no hay duda es de que el grupo beneficiado por aquel contrato millonario de la visita papal, el de Francisco Correa, era el mismo que participó en la financiación del partido admitida casi a coro hace dos años en la vista oral donde Ricardo Costa disparó un auténtico cañonazo: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Basándose en todo lo investigado, Anticorrupción sostiene que Juan Cotino, Pedro García y los tres principales responsables de la red Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– "acordaron y planificaron de común acuerdo" atribuir al ente público RTVV (Canal Nou) "el encargo y el coste de la celebración de este contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido". Al hacerlo –prosigue el escrito de la Fiscalía– conseguían "apoderarse directamente de los fondos públicos de RTVV a los que Pedro García Gimeno tenía más fácil acceso por su condición de Director general del Ente Público".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad, ha citado a declarar a un total de ocho investigados a lo largo de los meses de abril y mayo, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos, el expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, informa Europa Press. 

La jueza ha fijado de nuevo las fechas de las comparecencias de estos ocho investigados en la causa después de que a principios del pasado mes de enero decidiera aplazar estas declaraciones tras la petición de las defensas de la práctica de pruebas periciales y testificales, así como la incorporación de determinados documentos al procedimiento.

Ahora, la instructora del procedimiento ha comunicado a las partes que la ronda de declaraciones de los investigados comenzará con la de monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar y presidente de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), el próximo 3 de abril, mientras que el 5 será el turno del representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez, y el 9 declarará el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El 12 de abril tendrá que acudir a la Ciudad de la Justicia de València Enrique Pérez Boada, miembro del Patronato y comisionado de la visita de Benedicto XVI, y ya en el mes de mayo, el día 9, será el turno de la secretaria general de la FVEMF, Henar Moliner.

El expresidente de Les Corts Juan Cotino, conseller de Agricultura y vicepresidente del Consell en el momento de los hechos investigados, comparecerá en los juzgados el 15 de mayo. Finalmente, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exvicepresidente Víctor Campos tendrán que presentarse ante la jueza el 16 de mayo. Todas las declaraciones arrancan a las 09.00 horas.

Prevaricación, malversación y falsedad

La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En febrero del pasado año se acordó la consideración de investigados de Camps y el resto de ex altos cargos, si bien hasta noviembre no se fijó la fecha de su declaración, que ahora se pospone.

Según se informó en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa, que se investigaba en Instrucción 15, por lo que también se informó que serían llamados a declarar como investigados dos exdirectores de Vaersa Enrique Simón y Felipe Espinosa Bolaños.

La magistrada había requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones, y acordó citar a los investigados una vez hubiera recibido y estudiado los informes y documentación recibida, y tras oír a los testigos.

La comisión en la que se investiga el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, aprobó este martes el dictamen conjunto de PSPV, Podemos, Compromís y Ciudadanos (C's) que considera que el descarrilamiento era "previsible y evitable" y apuntan a 13 responsables. Estas conclusiones han contado con la posición en contra del PP, que ha presentado un voto particular, por el que concluyen que la causa del accidente fue un exceso de velocidad.

Los grupos expusieron sus conclusiones este martes en la última sesión de esta comisión, cuyo dictamen pasará ahora al pleno de las Corts y será presentado, por acuerdo de todos, por la presidenta de esta comisión parlamentaria, la socialista Sandra Martín.

La conclusión de los cuatro grupos coincide en señalar que ahora 43 fallecidos y 47 heridos dan como resultado 13 responsables, frente al dictamen de la comisión celebrada en 2006, en la que se estableció que no hubo ninguno. En cuanto a responsabilidades políticas, señalan al expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el exvicepresidente Víctor Campos; los exconsellers Juan Cotino y Serafín Castellano y el ex director general de Transporte, José Vicente Dómine.

Sobre la gestión en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), los grupos consideran responsables a la ex directora gerente, Marisa Gracia; al que fuera responsable de recursos humanos de la empresa pública, Dionisio García; al ex director adjunto de explotación Vicente Contreras; al ex director de operaciones Manuel Sansano; al que fuera jefe de talleres, Francisco García Sigüenza y al ex jefe de talleres de València Sud, Luis Miguel Domingo.

En cuanto al tratamiento de la comunicación sobre el accidente, destacan al ex director de RTVV, Pedro García, y al ex responsable de Informativos Lluís Motes.

El Ayuntamiento de Valencia pagó 145.898 euros en publicidad a Trasgos Comunicación –y a otras dos empresas con los mismos dueños, Cuco Comunicación y Tannhäuser Producciones–, la agencia que llevó la campaña electoral de la exalcaldesa Rita Barberá en 2011 y a la que investiga un juzgado por haber sido beneficiada de contratos municipales fraccionados durante 20 años.

En los listados de la publicidad contratada por el consistorio valenciano entre 2011 y 2015, a los que ha tenido acceso infoLibre, aparece Trasgos SL, con un total de 83.462 euros en anuncios, insertados hasta 2014. Producciones Tannhäuser facturó al Ayuntamiento cuando Barberá lo gobernaba otros 41.382 euros, mientras que Cuco Comunicación sumó 21.054 euros. Es decir, Trasgos trabajaba al mismo tiempo para el consistorio y para el partido de la alcaldesa.

La institución municipal repartió un total de 9,7 millones de euros en publicidad entre medios de comunicación durante su último mandato. La empresa más beneficiada fue Onda Cero, con un total de 650.622 euros, seguida del diario Las Provincias, que ingresó 495.052 euros, más otros 108.148 euros que se llevó Radiodifusión Torre SL, la empresa adjudicataria de una licencia de TDT local que el periódico del grupo Vocento ha alquilado a Canal 7 Televalencia, –603.200 euros–. La Cope, la cadena de radio de la Conferencia Episcopal, es la tercera del ránking tras contratar 425.149 euros en anuncios.

Tanto Trasgos como Cuco y Tannhäuser pertenecen, junto con Construcciones Payá y Montesinos, a Antonio Puig Payá y José Vicente Peris Montesinos. El Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia los investiga por los 2,2 millones de euros en contratos que firmó durante 20 años con el Ayuntamiento de Valencia. La actuación es el resultado de la denuncia que Compromís presentó en 2014 antes la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto troceo de contratos, para adjudicarlos sin concurso.

Además, según publicó El Mundo, la Policía investiga la adjudicación a Trasgos de un contrato por 1,4 millones de euros por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, organizadora de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La empresa aparece mencionada en el sumario del caso Gürtel. En concreto, sela cita en la agenda de Pablo Crespo, el número dos de Francisco Correa: estudiaban presentarse juntos en una UTE (Unión Temporal de Empresas) para adjudicarse contratos en la visita del papa. Según los apuntes de Crespo, la empresa Trasgos, Correa y Pedro García Gimeno, entonces director general de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), se iban a repartir medio millón de euros cada uno del contrato para suministrar el sonido a la retransmisión de los actos de Benedicto XVI.

“Ni imputados ni procesados”

Antonio Puig Payá asegura a infoLibre que ni él ni su socio están “imputados o procesados” por ninguno de estos dos casos. Y que la fiscalía ha archivado todas las denuncias. También asegura que sólo trabajó para el PP en la campaña electoral de 2011 por una cantidad que no superó los 150.000 euros. “No recuerdo en concepto de qué contraté publicidad con el Ayuntamiento de Valencia”, explica, “durante 20 años he estado trabajando para ellos en miles de cosas, desde imagen corporativa hasta folletos, así que es imposible que me acuerde”.

Tanto Trasgos Comunicación como el resto de las sociedades de Puig Payá y Peris Montesinos han cerrado sus puertas. También la constructora, que facturó al Ayuntamiento no por obras, sino por trabajos de cartelería y sonorización de eventos. “Eso es ridículo, fue una tontería de un asesor mío y ni siquiera es ilícito”, apunta, “la empresa nunca actuó como una constructora”.

De Trasgos fue consejero el exconcejal valenciano Enrique Pérez Boada, quien también ejercició posteriormente como comisionado de la Generalitat en el patronato de la fundación que organizó la visita del papa. Sin embargo, Pérez Boada precisa que sólo fue consejero de la agencia de Antonio Puig “durante unos meses”, entre octubre de 2003 y marzo de 2004, tras dejar su puesto en Telefónica. Cuando fue nombrado director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por Francisco Camps, renunció a su empleo en Trasgos, que nunca, asegura, llegó a ejercer en realidad. Tampoco cobró, concluye.

En la 'trama Gürtel' por la visita del papa

Pérez Boada sí admite que conocía a los socios de Trasgos de su etapa al frente de las concejalías de Deportes y Vías y Obras entre 1995 y 1999, con las que la empresa contrataba. Volvió a coincidir con ellos al ser nombrado comisionado en el patronato de la Fundación V Encuentro de las Familias. Pero asegura que Trasgos sólo hizo “pequeños trabajos” para la visita del papa Benedicto XVI.

“Se trataba de una fundación privada, pese a que los miembros de su patronato eran organismos públicos [Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Valencia, además del Arzobispado]”, destaca. También aclara que la mayor parte de sus recursos procedía del sector privado, no era dinero público. “No obstante”, añade, “procuramos que se aplicara al menos el espíritu de la Ley de Contratos Públicos y dividíamos los contratos por su tamaño: los gastos pequeños los decidía el gerente, para los equivalentes a contratos menores [hasta 18.000 los de servicios y 50.000 euros los de obras] se pedían varias ofertas y para los mayores se convocaban concursos, que se publicitaban en la web y en el periódico El Mundo”. Pérez Boada dice que éste fue el caso de los contratos que ganaron Trasgos y Cuco Comunicación.

Al tiempo, niega cualquier relación con la trama Gürtel. “Ellos se beneficiaron de la visita del papa y eso ha contaminado todo el evento”, se queja. El juez José de la Mata investiga los contratos de esta fundación en una pieza separada del caso Gürtel: gastó 22 millones de euros sin ningún tipo de control público. De la Mata ya ha procesado a 24 personas por amañar contratos. En concreto, pide 11 años de prisión para Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, por malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal, por haber participado en la adjudicación de un contrato de 7,5 millones de euros a Teconsa, una empresa de la trama de Francisco Correa.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado abrir juicio oral contra 23 personas físicas y 13 jurídicas como responsables civiles por la pieza del caso Gürtel dónde se ha investigado la contratación de las pantallas y megafonía con motivo de la visita del papa a Valencia en 2006.

Entre los acusados figura el expresidente de las Corts Valencianes y ex director general de la Policía Nacional, Juan Cotino, y el exdirector de la televisión pública valenciana, Pedro García Gimeno, así como varios altos cargos de la televisión pública valenciana. También han sido procesados los responsables del llamado Grupo Correa, entre los que destacan su cabecilla, Francisco Correa, el número dos, Pablo Crespo, Álvaro Pérez el bigotes y Jose Ramón Blanco Balín.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó por su parte 11 años de prisión para Cotino por “impulsar activamente” y “gestionar de facto” la adjudicación.

En el auto del juez se da por formulada la acusación por nueve delitos: asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, delito continuado de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho.

A la vista de las solicitudes efectuadas en los respectivos escritos de acusación, el juez ha fijado fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en sentencia. A partir de ahora los acusados disponen de diez días para formular sus escritos de defensa.

En otro auto el juez se inhibe en favor de los juzgados de Valencia en relación con la pieza abierta recientemente por la que se ampliaba la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las familias desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción en marzo de 2014. En línea con lo expuesto por la Fiscalía, el juez considera que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia y carecen de conexión con el objeto de cualquiera de las demás piezas referidas.

Diez años después del triste suceso en el que murieron 43 personas, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha negado cualquier error que desencadenara el accidente:

La Fiscalía Anticorrupción pidió condenar a 11 años de cárcel al expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino por "impulsar activamente" la contratación de empresas vinculadas a la trama Gürtel en la retransmisión de la visita que el papa Benedicto XVI hizo en Valencia en 2006.

El Ministerio Público acusa a Cotino de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada, mientras que solicita que sea inhabilitado durante 10 años para el ejercicio de la función pública.

En su escrito, el fiscal asegura que "pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsó activamente y gestionó de facto la contratación objeto de investigación", informa Europa Press.

Según Anticorrupción, Cotino, en común acuerdo con el exdirector de Canal 9, Pedro García Gimeno, y los principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, actuó para que la contratación de la red se realizara a través del ente público RTVV a fin de realizar el "pago con cargo a fondos públicos".

El juez De la Mata propuso sentar en el banquillo a Juan Cotino y a otra veintena de acusados, al entender que el exconsejero de la Generalitat actuó como "factótum" y "elemento nuclear" en la contratación de la red de Francisco Correa.

El magistrado ha dictado un auto en el que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado –un trámite que equivale al procesamiento– contra nueve personas jurídicas y 24 físicas, entre ellas el ex director de la televisión pública valenciana, Pedro Garcia Gimeno, y otros altos cargos de Canal 9, así como a los denominados empresarios del grupo Correa: Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez y Jose Ramón Blanco Balín.

Además, el juez ha incoado una pieza separada para ampliar la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación de la Comunidad Valenciana V durante este evento mundial. A su juicio, la Gürtel aprovechó la visita del Pontífice para conseguir la adjudicación ilícita de contratos públicos, apoderándose de fondos públicos para su enriquecimiento personal, informa Europa Press.

Los hechos se acotan a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía. Los investigados decidieron que el coste de ese suministro, que fijaron en siete millones de euros, lo llevaría a cabo el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del Grupo Correa.

Los empresarios Enrique Ortiz y José Francisco Beviá han reconocido que financiaron de forma ilegal al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, según consta en sendas confesiones por escrito dirigidas a la Audiencia Nacional a las que ha tenido acceso infoLibre.

Ortiz, uno de los empresarios de la construcción cuyo nombre aparece de forma recurrente en las diferentes tramas de corrupción destapadas en torno al PP valenciano, ha remitido el pasado 29 de marzo un escrito en el que muestra su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación del PSOE.

Este constructor, que se enfrenta a los delitos de falsedad en documento mercantil y falsedad en las cuentas electorales del PP de Francisco Camps, trata de que el tribunal de la Audiencia Nacional rebaje la pena de hasta cuatro años de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción.

De esta forma, Ortiz propone que se le condene solo a un año de cárcel por el delito de falsedad en documento público, con una multa de 160 euros diarios durante cinco meses. Y por el segundo delito de falsedad en las cuentas electorales la condena sería de tres meses, con una multa de 160 euros durante 45 meses. De aceptar esta petición el tribunal, este constructor que no tiene antecedentes penales, no entraría en la cárcel.

José Francisco Bevin también pretende una reducción similar a las penas que se le piden a Ortiz, que era su superior jerárquico en la empresa en la que trabajaba. Al final de sus escritos, tanto Ortiz como José Francisco Beviá reclaman a las acusaciones que se sustituyan las penas de prisión por una multa.

La confesión de estos dos empresarios se produce después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata decidiera abrir juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2008; en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes. Además, están procesados cinco ex altos cargos del PP en Valencia, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino.

Requiere ciertas dosis de verde. Por aquello de evitar canibalismos y excesos de grasas. Un verde de jardín botánico, el parque valenciano que también estuvo en el punto de mira de la especulación inmobiliaria con el Partido Popular. En un solar cercano se proyectaron torres de hoteles tan altas como para dejar caer su mortífera sombra sobre especies muy necesitadas de luz.

En aquel lugar con aroma a poema de Mario Benedetti, muchos gatos y una sección específica de plantas carnívoras, se firmó el 11 de junio de 2015 el Pacto del Botánico entre PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. Los dos primeros formarían Gobierno y el tercero daría su apoyo desde fuera.

La firma se rubricó entre representantes sindicales y primeras figuras del asociacionismo valenciano. Un tumulto expectante, callado, ante el crujido de los bolígrafos sobre las hojas. Fue un pacto y un parto. La distancia siempre es amable con el dolor y el calendario, pero las dos semanas previas fueron duras. Mònica Oltra (Compromís) volvió a fumar, Antonio Montiel (Podemos) perdió cinco quilos y Ximo Puig (PSOE) pasó demasiados días sin viajar a Morella ni ver a su perro Pancho, uno de sus delirios. Y no pocas veces flaquearon las piernas. Dos días antes llegaron a darse por suspendidas las negociaciones por una concepción distinta de la aritmética. El PSPV sumaba 23 diputados y había perdido 10 respecto a los anteriores comicios. Compromís contaba con 19 y había ganado 12. Y Podemos, que apoyaba a Oltra, disponía de 12 parlamentarios. Y ella lanzó el órdago: ¿por qué no podía ser la presidenta?

El tira y afloja también sacó a la luz tiranteces internas dentro del PSPV. El sector lermista (heredero del expresident Joan Lerma), conservador y dueño del aparato, apostó duro por un pacto con Ciudadanos, algo difícil de digerir para una sociedad marcada por dos décadas de Partido Popular y necesitada de un golpe de timón en el gobierno. Y el verde se impuso bajo la fórmula adverbial de primero el qué, después el cómo y por último el quién. Oltra renunció a presidir la Generalitat y se vislumbró todo como una estrategia para que los socialistas cayeran del lado más a la izquierda. Apretar y después ceder para generar energía centrífuga.

Repartos y mezcla

La segunda fase consistió en buscar fórmulas para constituir el Consell. Se apostó por la mezcla, por lo híbrido. Allá donde hubiera un conselleria socialista, la secretaría autonómica sería para Compromís. Y a la inversa. Salvo Presidencia –Puig– y Vicepresidencia –Oltra–. Tampoco hubo fricción en el reparto de carteras. La división fue amable, incluso, entre las dos grandes áreas: Sanidad para PSPV y Educación para Compromís.

Una entente a la que ayudó, y sigue ayudando, la buena predisposición de Podemos, la escasa beligerancia de Ciudadanos y el minucioso proceso de autoaniquilación del Partido Popular. La atmósfera general es que las cosas funcionan “razonablemente bien” y sin apenas oposición. De hecho, Oltra reivindicó en Navidad que en solo medio año se había “solucionado o abordado la mitad de los objetivos”. Entre ellos, bajo el lema de “rescatar a las personas”, la recuperación de la Sanidad universal, la supresión de los copagos, la batalla a los desahucios y a la pobreza energética, la gratuidad en libros de texto y la lucha contra la corrupción.

En este último punto se han impulsado comisiones de investigación como la del accidente del Metro, los sobrecostes en Feria Valencia o las adjudicaciones de residencias para mayores a empresas familiares del exconseller Juan Cotino. La colaboración parlamentaria es tal que algunas comisiones se confeccionan como si gobernara un cuatripartito, con el apoyo de Ciudadanos, el consenso en el funcionamiento y hasta el reparto pactado de preguntas en los interrogatorios. Un engranaje político que trabaja por desmontar pieza a pieza el legado del PP.

Además, en el plano personal, la relación entre Puig y Oltra es buena. Existe compenetración y ambos juegan papeles complementarios. Ella no es la política ambiciosa que dibujan sus detractores ni él ese gobernante anudado a la ortopedia interna del PSOE que critican sus adversarios. Todo queda en un punto medio. Y apenas han existido escollos durante la corta vida del Pacto del Botánico. El roce más serio se produjo tras el nombramiento a dedo de Alberto Hernández como gerente de Egevasa, la empresa mixta de aguas dependiente de la Diputación de Valencia. Hernández es el marido de la consellera de Sanidad, Carmen Montón. “La designación no es ética ni estética”, señaló Oltra y el directivo dimitió a los pocos días.

Entre las principales reivindicaciones aún pendientes destaca la mejora de la financiación (la valenciana es, según sus datos, la autonomía peor financiada, cosa que genera un gran déficit) y en base a ello el reingreso de la deuda histórica. Cabe decir que los grandes abanderados de un Gobierno de España a la valenciana son Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, y la propia Oltra, quien ha desarrollado una gran empatía con Pedro Sánchez. “Ya me gustaría que Pablo Iglesias tuviera su altura de miras”, expresó éste el pasado 7 de marzo, en plena zozobra de pactos. “Hemos mejorado la vida de la gente y necesitamos un Gobierno así en España”, apuntó Oltra el pasado 18 de marzo durante la visita fallera del secretario general del PSOE.

Tras la reunión este miércoles de Sánchez e Iglesias el acuerdo de izquierda vuelve a ganar cierto peso. Los números no están tan claros como los de la época post Partido Popular en Valencia, con una clara mayoría progresista, y las sumas requerirán mayor pericia. Pero todo es posible en Madrid, una ciudad con jardín botánico y un amplio parque del Retiro donde pasear adverbios de interrogación, abandonar las prisas y sosegar egos. Y con un Palacio de Cristal en medio donde practicar transparencia y participación siempre y cuando el insuperable y descreído Javier Krahe no se haya llevado las llaves a la tumba.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008; en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las Generales de 2008.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes. Además, están procesados cinco ex altos cargos del PP en Valencia, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino.

Empresarios implicados

El magistrado de la Audiencia Nacional acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil. El imputado que afronta una mayor multa es Álvaro Pérez El Bigotes, con 10,2 millones de euros.

Las conclusiones de la investigación muestran que un grupo de empresarios radicados en la Comunidad  Valenciana habrían financiado, en connivencia con la empresa de Correa Orange Market, al Partido Popular valenciano. Abonaban pagos de servicios adeudados por la formación conservadora valenciana a Orange Market, mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, según explica el auto, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública valenciana.

Dinero Alicante y BarcelonaAlicante y Barcelona

La investigación permite concluir, según De la Mata, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte presuntamente, en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de la empresa Orange Market y la del grupo de Correa)".

En el desarrollo de esas campañas electorales, según explica el auto del juez, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente.

Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, "los acusados integrados en el Partido Popular valencianoPartido Popular valenciano, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad", completa el auto de De la Mata que envía al banquillo a los responsables de las cuentas del PP y a los empresarios que abonaban las mordidas.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, destacó este viernes que tiene "mucha esperanza" en la nueva comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre el siniestro, en el que fallecieron 43 personas y resultaron heridas otras 47. Asimismo, espera que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Juan Cotino "den la cara", informa Europa Press.

Rosa Garrote se expresó en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la cámara autonómica, donde acudió para asistir como público a la primera jornada de comparecencias de la segunda comisión de investigación sobre el accidente del metro.

"Tenemos mucha esperanza. Por lo menos hay voluntad de investigar", dijo la presidenta de la asociación, quien criticó que el PP está haciendo "un uso partidista del accidente", porque "es el único que se niega a investigar para que no salgan a la luz las responsabilidades políticas de la mala gestión pública de FGV, que es la que permitió el accidente, y las responsabilidades políticas en cuanto a la gestión posterior del Gobierno valenciano que lo único que ha hecho durante estos nueve años es intentar silenciar el accidente e intentar obstaculizar la investigación".

Asimismo, entiende que "el resto de grupos está cumpliendo su obligación de ponerse al servicio del ciudadano, investigar una tragedia para depurar responsabilidades, para que se solucionen las deficiencias y evitar que una tragedia tan brutal pueda volver a suceder".

Preguntada por qué espera de las futuras comparecencias de Camps y Cotino, respondió que "por lo menos den la cara". A su juicio, "Camps ha estado ocultándose y negándose a respondernos" y, por ello, espera que el expresidente "responda y explique por qué ni investigó, ni permitió investigar y dio órdenes a RTVV para que no dieran publicidad al accidente y no entrevistaran a los familiares de las víctimas".

Rosa Garrote considera que en la comisión de investigación sobre el siniestro que se realizó en 2006 "se pudo llegar a la conclusión de que el accidente era inevitable e imprevisible porque se ocultaron informes y se negó que pudieran venir a comparecer técnicos que pudieran aportar conclusiones en esa vía". "Se ocultaron actas e informes de que los trenes eran viejos y de que el tren ya había descarrilado", denunció.

"Cerrar el duelo"

Para Garrote, "se están cumpliendo los pasos que son los necesarios para cerrar el duelo", como son "que haya una investigación, una repuesta de los políticos que son los que tienen que estar al servicio de los ciudadanos y tienen que vigilar que los derechos de los ciudadanos se cumplan y una reparación moral que ya nos la dio el nuevo Gobierno valenciano". Así considera que "con todos estos pasos después de diez años podremos cerrar el duelo".

Es uno de los agujeros negros del parlamentarismo valenciano. Tanto como aquel túnel donde quedó la vida de 43 pasajeros de la línea 1 del metro de Valencia cuando la unidad 3736 descarriló a 80 km/h a 37 metros del andén de Jesús. Fue el 3 de julio de 2006 y otros 47 viajeros resultaron heridos de gravedad. Días después llegó Benedicto XVI y el Partido Popular aplicó el gran fasto como sedante. Era el tiempo en que Canal 9 callaba el dolor de las víctimas y destinaba, fraudulentamente, 3,4 millones a la trama Gürtel para la sonorización de la multitudinaria misa central. Con 3,4 millones podrían haberse instalado 944 balizas de seguridad, a 3.600€ la unidad. Los sindicatos de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) llevaban años solicitando una veintena. En la curva fatídica había una, pero no programada para detener el convoy si superaba los 40 km/h. Al poco, el PP colocó 14 nuevas “para evitar la alarma social”.

Esta y otras anomalías jamás se trataron en la comisión de investigación que se celebró en les Corts en agosto de 2006. El PP blindó las comparecencias: 32 en total, solo cinco a propuesta de la oposición. Y en apenas cuatro días se sucedieron los interrogatorios. Fue la comisión de investigación más breve del parlamentarismo valenciano. Jamás apareció el libro de averías y las cajas negras fueron borradas. Los trabajadores de FGV vivieron meses bajo la ormetá de su gerente, Marisa Gracia, quien contrató a la consultora H&M Sanchis para preparar las comparecencias de 18 técnicos. Los ensayos se celebraron en su despacho con un cuestionario de 66 posibles preguntas y respuestas donde palabras como “tragedia” o “baliza” estaban vetadas. El PP concluyó que la única causa del accidente había sido el exceso de velocidad y el culpable el maquinista, uno de los 43 fallecidos. El éxito de la representación se celebró con un opípara comida, con cargo al erario público, por parte de dirigentes y técnicos de FGV.

La oposición, entonces, prometió que su primera medida al llegar al poder sería pedir perdón a las víctimas y reabrir la comisión de investigación. Lo primero ocurrió el pasado 3 de julio. Lo segundo este lunes. “Es un día de la recuperación de la dignidad”, anunció el president Ximo Puig, quien arribó a la sala acompañado de Enric Morera, presidente de les Corts. La jornada fue breve, apenas una hora para conformar la mesa, presidida por Sandra Martín (PSPV-PSOE) y Juan Ponce (Compromís). La secretaria será Eva Ortiz del PP. Los grupos tendrán hasta el 8 de octubre para presentar su listado de comparecencias y documentación.

Juan Cotino y Pedro García

Juan Cotino, ex consejero de Agricultura en el momento de la tragedia, es uno de los nombres que propondrá Compromís. Quien también fuera mano derecha de Francisco Camps se dedicó a visitar a las familias y ofrecerles trabajo y becas de estudio a los hijos a cambio de no acudir a los tribunales. Otro posible compareciente será Pedro García, director general de RTVV, a petición de Ciudadanos. Por su obviedad también se solicitará el interrogatorio de Marisa Gracia y de Pablo Cotino, el último gerente de FGV con el PP, destituido en julio tras dificultar el acceso de María José Salvador, consejera de Obras Públicas, quien se presentó por sorpresa en las oficinas de la empresa pública para recabar documentación sobre el accidente.

Por su parte, tanto Ciudadanos como el Partido Popular solicitarán la comparecencia de Nieves Molina, titular del juzgado de instrucción número 21, quien hasta en dos ocasiones ha archivado la causa. En la actualidad, el proceso sigue abierto a instancias de la Fiscalía y de la sección segunda de la Audiencia de Valencia. Con su asistencia, El PP busca ratificar sus tesis y Ciudadanos “aclarar si hubo injerencias políticas o si el Gobierno colaboró en la entrega de toda la documentación”, según su portavoz adjunto, Alexis Marí.

Desde el PSPV-PSOE se avanzó la negativa a esta comparecencia para no entorpecer la investigación. “Queremos saber cómo se gestionó el antes, el durante y el después del accidente, por lo que estamos hablando de responsabilidades políticas y técnicas, no jurídicas”, aclaró Ana Barceló, portavoz del PSPV-PSOE en la comisión. Un criterio que coincide con el de Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas 3 de Julio, quien explicó a infoLibre “la necesidad de no mezclar unas vías con otras”. Esta entidad ha sido la mayor crítica de la instrucción realizada por Molina, “repleta de déficits y lagunas”, pero en Les Corts “deben depurarse competencias exclusivamente políticas”, según Garrote.

Las víctimas no acudieron a la primera jornada de la comisión, aunque anunciaron su disposición no solo a exigir reparación y justicia, “sino también a que se implementen medidas para que no vuelva a pasar”. En ese sentido, Garrote reveló que requerirán una nueva ley de seguridad en el transporte y una remodelación del reglamento de comisiones parlamentarias que impidan experiencias “denigrantes” como la de agosto de 2006. También aspiran a un nuevo protocolo de protección de las víctimas. Y aunque el pasado 3 de julio realizaron su última concentración en la plaza de la Virgen tras años (desde noviembre de 2006) juntándose el día 3 de cada mes, Garrote aseveró que continuarán vigilantes. “Si nos decepcionan, volveremos”.

Podría ser una de esas comedias toscas en las que nadie sabe qué hacer con el muerto. O un film de ciencia ficción con agujero negro de 320.000 metros cuadrados y más de 300 millones dilapidados. La Ciudad de la Luz se concibió en el año 2000 como el gran Hollywood europeo y se ha convertido en un monstruoso disparate urbanístico sobre una loma con vistas al mar a siete quilómetros del centro de Alicante. Una mole vacía desde febrero de 2013 por la que se desangran 20.000 euros diarios de presupuesto público.

“Es una ruina. El único futuro es la venta”, sostiene Eva Martínez, diputada del PSPV, quien ha tenido acceso a los expedientes del complejo. Pero vender no es fácil. El pasado mes de diciembre saltó a los medios un supuesto interés del director Francis Ford Coppola, después desmentido y más tarde matizado a través de otra hipotética oferta de CineMar Partners LCC, cuyo productor, Fred Fuchs, está relacionado con la empresa American Zoetrope, fundada por Coppola. El Gobierno valenciano también habla de propuestas asiáticas e inglesas, pero sin concretar. “Todo es un bluf”, opina Martínez, quien cree que al PP le conviene “generar una expectativa inexistente para tapar su pésima gestión”.

De hecho, la Ciudad de la Luz es un auténtico manual de malas prácticas políticas y económicas. Un idea del director Luis García Berlanga y que Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat, retorció y deformó hasta el límite. Berlanga quería unos estudios asequibles en las naves abandonadas de Sagunto y con el apoyo de la industria del cine español. Y Zaplana ideó una obra elefantiásica más orientada al ladrillo que al fotograma. Y la situó en Alicante, epicentro de su poder político y urbanístico.

En aquella operación entraron los Enrique Ortiz y Vicente Cotino, promotores de cabecera del PP y procesados en la Gürtel, y se expropiaron a toda prisa, a través de un PAI, centenares de miles de metros cuadrados divididos en dos zonas. La primera se destinó a las naves y estudios del centro cinematográfico. Y no se escatimó en gastos: 275 millones. Ni en lujos: la garita de entrada costó un millón y la rotonda de acceso casi dos.

La segunda zona quedó a la espera de un desarrollo posterior con hoteles de lujo, bungalows y campos de golf. Pero los terrenos fueron pagados a precios irrisorios y muchos propietarios litigaron. En 2013 el Tribunal Supremo sentenció en contra de la Generalitat y le obligó a abonar 42 millones por las expropiaciones. Y también a devolver las tierras a sus dueños originarios a cambio de que estos reintegraran el dinero que recibieron en su día. “Un galimatías jurídico aún sin resolver y poco atractivo para posibles compradores”, constata Martínez.

Frente abierto

La gestión del complejo se asignó a dedo a Aguamarga Gestión de Estudios SL, empresa de García Berlanga, a través de un vericueto legal que permite adjudicar directamente a personas de reconocido prestigio y solvencia profesional. Y en 2004 se inauguraron los estudios. En aquel tiempo también se inició la lucha interna del PP valenciano entre Zaplana, que quería blindar su herencia, y el recién nombrado jefe del Consell, Francisco Camps, deseoso de implantar su liderazgo, más aún en territorio enemigo alicantino. La Ciudad de la Luz se convirtió así en un frente de batalla más con la figura de García Berlanga en disputa. Y cuando este murió, en noviembre de 2010, las tensiones llegaron a su punto álgido al negarse la Generalitat a pagar 1,2 millones a Aguamarga, que en diciembre de 2011 entró en concurso de acreedores.

Pero la peor noticia estaba por llegar. En mayo de 2012, la Comisión Europea, a partir de una denuncia de 2007 de la productora inglesa Pinewood, sentenció que la administración valencia había incurrido en competencia desleal al destinar dinero público a unos estudios que deberían haber sido construidos desde el sector privado. Y además con presupuestos desorbitados e inasumibles para cualquier empresa del ramo. El fallo obligaba a la Ciudad de la Luz, es decir a la Generalitat, a reintegrarse los 275 millones iniciales así como las ayudas destinadas a las productoras.

Nepotismo

Herida de muerte, la Ciudad de la Luz promovió un ERE en agosto de 2012 que desveló buena parte de las miserias internas. Entre ellas el continuado despilfarro y nepotismo con la que había sido gestionada. Uno de sus directores, José María López Galant, cobraba 55.647 euros al año más 4.127 euros para dietas y desplazamientos. Rodríguez había sido concejal del PP y consejero del equipo de baloncesto Lucentum, que recibió un patrocinio de 300.000 euros de la Ciudad de la Luz. Y abonó 0,5 millones a Coppola por una conferencia. Su sustituta, Elsa Martínez, también fue concejal del PP. Asimismo Camps colocó a su profesor de tenis, José Luis Villanueva, y, anteriormente, Zaplana hizo lo propio con su preparador de pádel, Ignacio del Moral. También entraron a dedo Carmen Sánchez, cuñada de la entonces consejera Angélica Such, o Alejandro del Valle, exjefe de Policía de Valencia y hombre de confianza del expresidente de Les Corts, Juan Cotino.

Finalmente, en febrero de 2013 se celebró el último rodaje, el que hacía sesenta. Y en julio de 2014 Europa ratificó su dictamen. La Ciudad de la Luz ya era un cadáver. Un muerto que sigue generando pérdidas, ya que para este año se han presupuestado siete millones, uno menos que en el 2014. “Fabra no sabe cómo cumplir la sentencia y lleva dos años y medio paralizado, con la cabeza bajo el ala”, lamenta Eva Martínez, y se pregunta: “¿De dónde va a sacar los 275 millones?”. “Imposible”, se contesta Martínez, quien apuesta porque el PP ganará el tiempo suficiente para dejar “el marrón” para los que vengan tras la elecciones. Un legado putrefacto, en avanzada descomposición en el que la cerámica del Palacio de las Artes se cae a trozos, las naves de la Copa del América se derruyen para solares, el aeropuerto de Castellón sigue sin aviones o Terra Mítica se malvende por 67 millones tras una inversión inicial de 377. “Una autonomía de saldo”, resume Martínez. O el guión perfecto para una gran súper producción sobre la corrupción y el despilfarro.

El expresidente de las Corts Valencianes y exconseller del Gobierno valenciano Juan Cotino defendió este martes ante el juez del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que trabajó desinteresadamente por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, pero sin contratar ni decidir nunca nada. Así, ha explicado que colaboró como un voluntario más, estando a disposición del Arzobispado.

Cotino se pronunció en estos términos en su declaración en calidad de imputado ante el juez del caso Gürtel, quien le interrogó por la pieza cuatro del procedimiento, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de RTVV con Teconsa por el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 para el V Encuentro Mundial de las Familias. Cotino esgrimió uno de los argumentos que suele utilizar para defender su inocencia pero se equivocó al decir: "Yo puedo haber metido la mano, pero nunca la pata". Al segundo, al percatarse de su error, rectificó y exclamó: "Perdón, lo he dicho al revés... Toma... Puc ficar la pata, pero no la mà (Puedo meter la pata, pero no la mano)".

Cotino llegó al tribunal valenciano sobre las 10.30 horas, en un taxi, donde le aguardaban numerosos periodistas y medio centenar de extrabajadores de RTVV que le han recibido entre gritos de "Al infern" (Al infierno) y de "Lladre" (Ladrón).

Tras bajar del taxi, los periodistas y extrabajadores de RTVV se agolparon a su alrededor, por lo que agentes de la Policía tuvo que intervenir y abrirle camino para que pudiera acceder al TSJCV, donde estaba citado a las 11 horas y donde le esperaba su letrado, Juan Carlos Navarro.

Cotino, a quien el fiscal imputa presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, respondió únicamente a las preguntas que le ha formulado Fiscalía, el juez y su abogado, y comenzó su testimonio recordando que antes de haber sido imputado, se ofreció voluntariamente a declarar como testigo, tal y como figura en un escrito que remitió a la Audiencia Nacional, puesto que su intención era declarar por este asunto cuanto antes y lo que hiciera falta, según indiaron a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración.

Seguidamente, se le preguntó por si las pantallas y la megafonía que se dispuso para la visita del papa era necesaria, a lo que indicó que sí. Así mismo, explicó que sus trabajos en la visita del papa se limitaron a una colaboración y porque así se lo pedía el Arzobispado.

Recordó en este sentido que siempre ha estado al lado de la Iglesia desde la organización de la primera visita del papa en el año 1982, y ahora aseguró que lo volvería a hacer. También señaló que siempre ha colaborado en este tipo de eventos desinteresadamente.

En concreto, sobre la visita del papa a Valencia en 2006, aseguró que su intervención se limitaba a acudir a las reuniones del Patronato, pero en ellas acalaró que no tenía ni decisión ni voto. De esta forma, reiteró que solo podía dar su opinión.

Al respecto, en declaraciones a los medios a las puertas del TSJCV, indicó que trabajó "muy estrechamente" con el Arzobispado y "siempre" que la Iglesia se lo ha pedido "como católico". En esta línea, defendió que no ha contratado "con nadie de la trama Gürtel" nunca en su vida, ni en ninguna conselleria en la que ha estado ni "en ningún lugar". "Eso es una cosa que es un poco absurda", dijo.

También negó que ordenara nada al ex director general de RTVV Pedro García, e insistió en que no hizo ninguna gestión con Canal 9: "Podría haberla tenido, pero no la tuve. Si me hubieran dicho si podía hablar con éstos o aquellos... porque hablé con la Cámara de Comercio y con otras entidades. Pero vamos, no hablé nunca con Canal 9", dijo.

En cualquier caso, agregó: "Me parece mal que el dinero público acabe en esa trama o en cualquiera. Eso no se debe de permitir. Por lo tanto, si alguien ha hecho un delito, que lo busquen, que le condenen y que pague por ello".

También negó haberse reunido en alguna ocasión con uno de los presuntos cabecillas de la trama, Pablo Crespo, o con Álvaro Pérez –responsable de Orange Market–, conocido como El Bigotes. Así mismo, ha vuelto a criticar el informe de la Udef –incorporado al procedimiento– porque "no era verdad, y la policía hacía más interpretaciones que no eran ciertas", ha agregado. Por último, preguntado por qué diría a los extrabajadores de RTVV que le estaban abucheando, contestó: "Que es una lástima".

Cotino negó cualquier regalo de la trama –según mantenía el fiscal, se le pudo haber obsequiado con un chaquetón de Milano de 375 euros en las Navidades de 2007–. "Cuando ostentaba cargo y había regalos, los repartía entre la gente de la casa o los daba a Cáritas. Se registraba en un libro de regalos y se repartían", explicó.

“No te desvele el conflicto económico que se avecina a tu empresa de apostolado. Aumenta la confianza en Dios y verás qué pronto el dinero deja de ser conflicto”. Es la máxima 487 de Camino, la principal obra de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Un axioma que Juan Cotino, uno de los apóstoles del santo en la tierra, célibe y agregado de la Obra, ha aplicado con rigurosidad a su vida política. Tan refulgentes han sido los destellos del becerro de oro que han atravesado la venda de la Justicia. Cotino, que lo ha sido todo en el PP valenciano, declarará este martes como imputado en la pieza de la Gürtel que investiga el saqueo de fondos públicos durante la visita del Papa a Valencia en julio del 2006. En concreto, 7,4 millones se destinaron a la instalación de medio centenar de pantallas gigantes para la retransmisión de las misas. De esa cifra, 3,4 millones acabaron a los bolsillos de la trama.

“Puedo haber metido la pata, pero nunca he metido la mano”, aseguró Cotino, un hombre sin conflictos. Ni morales ni monetarios. Su carrera política se funda sobre una catástrofe de tinte bíblico. El gran diluvio a la valenciana se produjo el 14 de octubre de 1957. El Turia se desbordó en agua y barro y abrió una larga herida psicológica en la ciudad que se representó en el desvío del río, una década más tarde, por un cauce artificial al oeste de la ciudad. Aquella obra monumental se conoció como el Plan Sur y tocó tierras de Xirivella, la población natal de Cotino. Su padre, cambió la agricultura por el ladrillo y fundó Construcciones Cotino, embrión de Sedesa, que entre 1997 y 2010 ha recibido más de 1.000 millones en adjudicaciones, 830 de las cuales en obra pública. Tan prolífica ha sido la trayectoria de Sedesa que figura como donante de 200.000€ en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. Y como receptora de 580.000€ de Bancaja por un hipotético asesoramiento al entonces presidente José Luis Olivas. Ya lo decía Lucas: “dad y os será dado”.

“Pongo la mano en el fuego por toda mi familia”, ha insistido Cotino. Pero lo cierto es que su peregrinaje por distintas consejerías ha dejado un rastro de incendios silenciosos. Una herencia solo equiparable, por aquellos años, a la del exconsejero Rafael Blasco, condenado a ocho años de prisión por el saqueo de los fondos de Cooperación. Ambos, uno laico y el otro pío, obraron el milagro de la multiplicación de los panes, los peces y las cuentas bancarias de amigos durante la época de Francisco Camps. Una trinidad de extenso horizonte corrupto que ha obligado a reforzar las partidas de la Fiscalía Anticorrupción en suelo valenciano.

Agricultura y familia

Cotino era consejero de Agricultura cuando la trama Gürtel operaba a manos llenas a través de Orange Market, filial indígena a cargo de Álvaro Pérez, el Bigotes, quien en febrero de 2006 se presentaba como “adjudicatario” de la sonorización de la visita del Papa. Una partida que se licitaría en mayo, tres meses después. De hecho, el carácter “visionario” de Pérez llamó la atención de José Selva, responsable de infraestructuras en aquel evento, quien le comunicó a Cotino su alarma de que aquello “olía a dinero de por medio para el PP y que era muy fuerte que fuera en nombre del Papa”. Selva, en declaraciones al juez José Ceres, aseguró que el consejero le recomendó “que no viera fantasmas donde no los había”. Acto seguido fue apartado y dimitió una semana después.

Quienes sí han visto fantasmas sobre aquel evento son los agentes policiales de la Udef (Unidad de delitos fiscales), que en julio de este año emitieron un informe de 168 páginas en el que se describen a Cotino como “elemento nuclear” de la mordida de los 7,4 millones de la trama y máximo director en la sombra de la súper dotada económicamente Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Según la Udef era “el responsable último en la toma de decisiones” y no “un colaborador más”, como siempre ha defendido el político.

El sobrino entra en escena

No es el único escándalo. En su etapa siguiente, en Bienestar Social, se le investiga por un supuesto trato de favor a Savia Gerocentros, empresa constructora de residencias para la Tercera Edad, propiedad de su sobrino Vicente Cotino y el todopoderoso empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en la trama Brugal y en la pieza de Gürtel sobre financiación irregular del PP. En unas conversaciones interceptadas en 2009 entre los dos constructores, Ortiz se refiere a Cotino como “claramente partidario y con ganas de llenárnoslas [las residencias]”. Y cuando el consejero pasa a Urbanismo, su sobrino se disgusta: “De puta pena, me estaba adjudicando obras”. De hecho, Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas 11,2 millones en 2006 a 40,5 en 2009.

Y en Urbanismo y Medio Ambiente, Cotino fue el responsable de la firma pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos), cuyos directores fueron detenidos en junio de 2014 acusados de malversación de fondos públicos. Y en el área medioambiental presidía la Entidad de Saneamiento de Aguas Residual, uno de los pilares de Emarsa, escenario de un fraude cercano a los 24 millones.

Pero no sólo la polémica le afecta en lo terrenal. Cotino juró como presidente de Les Corts con un enorme crucifijo en dirección al hemiciclo. Y promulgó una ley autonómica para que las mujeres parieran y dieran a los hijos en adopción como alternativa al aborto y, en todo caso, fueran obligadas a ver una ecografía del embrión antes interrumpir el embarazo. Y, ebrio de caridad cristiana, visitó a numerosas familias víctimas del accidente del metro de julio de 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos de gravedad, en tanatorios y domicilios, ofreciéndoles trabajo y estudios para los hijos a cambio de que no acudieran a los juzgados. Omnímodo y misericordioso, Cotino abandonó la política el 13 de octubre de 2014 (justo 57 años después de la proverbial riada) acosado por su controvertida herencia política. Y aunque en su despedida ofreció razones de génesis labriega –“Me voy para plantar caquis”, dijo– este martes deberá desgranar un rosario de imputaciones: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho. ¿Demasiada prosa para tanto espíritu? Ora pro nobis.