Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

El sistema de reciclaje basado en devolver los envases vacíos al supermercado gana adeptos en el continente a toda velocidad y ya está implantado en 16 países de la Unión Europea. Mientras tanto, en España el proceso de implantación sigue estancado, pese a que debería ponerse en marcha antes del mes de diciembre y el sector no espera que vea la luz hasta 2029, saltándose así el reglamento español y europeo de residuos.

Portugal se sumará el 10 de abril a esta extensa lista poniendo en marcha el conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más –10 céntimos en el caso portugués– que se recuperan al devolver el envase vacío y en buen estado a unas máquinas específicas o en mano en miles de establecimientos del país.

En los últimos dos años también han introducido el SDDR Austria, Hungría, Irlanda, Rumanía y Polonia, hasta el punto de que ya son mayoría el número de países de la UE que lo tienen. La razón, explican los expertos, es que el sistema funciona y da muy buenos resultados en tiempo récord porque el consumidor se beneficia económicamente de reciclar, o sufre las consecuencias de no hacerlo. También es más transparente que el sistema actual, en el que todos los envases tienen un pequeño sobrecoste que es invisible para los ciudadanos, de alrededor de 1 céntimo por lata o botella, que además no se recupera.

"Es evidente que si queremos un modelo de economía circular hay que pasarse al SDDR en España", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje. "En todos los países que se ha puesto en marcha es eficiente para la sociedad y la industria, con unos índices de recuperación de envases del 90%".

Austria, que cumplió un año con el sistema de recuperación de envases el pasado 1 de enero, demuestra que el modelo logra un cambio de mentalidad y de comportamiento inmediato en la población. En doce meses han conseguido que el 81,5% de los envases que compran los hogares se devuelva a las máquinas, reintroduciendo en el circuito de reciclaje 1.400 millones de latas y botellas.

El caso austriaco es solo una prueba más de la eficacia del SDDR. En los países que lo han adoptado en Europa se recuperan de media el 88% de los envases adheridos a este sistema, con algunos ejemplos donde se roza la circularidad plena. Finlandia (99%), Alemania (98%), Dinamarca (93%) y Noruega (92%) son los países con los sistemas más eficientes de recuperación, mientras que el único que rompe la estadística es Países Bajos (68%).

Lo interesante del sistema SDDR es que garantiza que las latas y botellas se recogen en máquinas que facilitan enormemente su reciclaje porque se clasifican automáticamente y se conservan relativamente limpias. La alternativa actual son los contenedores amarillos, donde se mezclan todo tipo de residuos: bidones de aceite, latas de conservas, briks de zumo, papel de aluminio, basura que termina ahí por error... encareciendo el tratamiento de los envases e incentivando que se acaben incinerándose o llevándose a vertederos.

El funcionamiento del sistema depende de cada país. En Portugal, según publica Expresso, para que el reembolso sea válido los recipientes deben estar intactos, con sus tapones y etiquetas. El incentivo para devolver el envase va a ser importante porque a 10 céntimos por envase, detalla el diario portugués, supone que un paquete de seis botellas de agua que costaba hasta ahora un euro, pasará a costar 1,60 euros, un 60% más.

Por supuesto, implantar este sistema cuesta mucho dinero porque supone instalar miles de máquinas de recuperación de envases en lugares públicos, pero en todos los países donde funciona se ha demostrado económicamente viable, según César Sánchez. Al incrementar el porcentaje de reciclaje de plástico y aluminio, las empresas pueden vender estos materiales y recuperar la inversión, y también se generan ingresos de los céntimos no reclamados por los usuarios que no devuelven los envases. En última instancia, si todo eso no es suficiente para costear el mecanismo, son las empresas que ponen esos envases en circulación las responsables de pagar la diferencia.

En Portugal, por ejemplo, el Gobierno calcula que el SDDR costará de entrada 150 millones de euros, además de 90 millones de euros anuales para costear la operativa, y contará con 2.500 máquinas de recogida.

En teoría, el Gobierno debe implementar en España el sistema de devolución de botellas al supermercado este año, pero nadie en el sector cree que se llegará a tiempo. En noviembre de 2024 el Gobierno confirmó que España había incumplido los objetivos de recogida separada de botellas de plástico y eso obligaba, según la Ley de Residuos, a instaurar el SDDR en un plazo de dos años, que vence antes del 22 de noviembre de 2026.

Sin embargo, diferentes fuentes del sector coinciden en que esto no ocurrirá hasta al menos 2029 porque ni siquiera se ha dado autorización a las empresas productoras y comercializadoras de plástico, agrupadas en organizaciones llamadas SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) para que empiecen a organizar el sistema. En España se han postulado a esa tarea tres SCRAP (SDDR España, Ecoembes, Procircular), que necesitan la homologación de la Comunidad de Madrid para poder empezar a trabajar.

El problema es que el Gobierno regional inició en mayo del año pasado el proceso de concesión de autorizaciones para gestionar el sistema, un papeleo que en principio debía resolverse en seis meses, pero se prorrogó otros seis, hasta mayo de 2026, y todo apunta a que se volverá a extender el proceso una vez más.

Arancha Bengoechea, experta de Derecho Público del despacho Andersen, descarta que este primer paso se cierre antes de mayo porque la Ley de Residuos choca en algunos puntos con el reglamento de la Unión Europea sobre este asunto, que entra en vigor el próximo mes de agosto. Por ejemplo, la ley española no contempla que el canal de distribución forme parte del SDDR y el reglamento europeo sí.

"Si ahora ponemos en marcha el sistema con la normativa en vigor, en agosto va a ser incompatible con el reglamento europeo", opina la experta. Como ese proceso de autorizaciones finaliza en mayo y no se puede volver a posponer, Bengoechea cree que se cerrará en esa fecha y se volverá a iniciar después en el punto en que quedó, por lo que no hay una fecha clara para que el sistema eche a andar.

Una vez que la Comunidad de Madrid aclare qué SCRAP tienen permiso para operar, deberán sentarse con la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica a organizar el sistema de devolución de botellas: aclarar cómo funcionará, dónde estarán los puntos de recogida, comprar la maquinaria, contratar al personal y adaptar los centros de tratamiento de residuos al SDDR, de ahí que se vaya a retrasar probablemente a 2029.

Eso supondrá, por un lado, que España incumplirá la Ley de Residuos porque no llegará a la fecha tope de noviembre de 2026 o la adaptará a la nueva realidad. Por otro lado, España incumplirá probablemente también el Reglamento europeo de Residuos, que obliga a la recogida separada del 90% de las botellas y latas en cada país antes del 1 de enero de 2029. España apenas recogió por separado en 2023 el 41,3% de las botellas de plástico.

Hace seis años que Ecoembes, la organización que tiene el monopolio de la recogida de envases domésticos en España, implantó un sistema que según ellos "evolucionaría" la manera de reciclar en el país. Crearon una app de móvil llamada Reciclos que daba boletos para sorteos a quienes demostrasen que tiraban al contenedor amarillo las botellas o las latas, pero una investigación de infoLibre demostró que el sistema era un despropósito porque se podía canjear una y otra vez el mismo envase. Lo que entonces se anunció con stands publicitarios por toda España, fue discretamente cancelado el pasado 31 de diciembre.

Ecoembes –que aglutina a gigantes de los envases como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona– presentó Reciclos en 2020, un momento clave del sector, cuando el Gobierno estaba elaborando la nueva Ley de Residuos y la nueva Ley de Envases, que entraron en vigor a lo largo de 2022. En los años anteriores se discutía cómo reconvertir el sistema de reciclaje de España, que algunas organizaciones civiles ya calificaban de desastroso –como se confirmó oficialmente en 2024–. Ecoembes, que tiene desde los años 90 el monopolio del reciclaje de las botellas y las latas, anunció entonces Reciclos para corregir la situación, pero seis años después solo ha servido para incentivar el reciclaje de una fracción ínfima de los envases, aunque Ecoembes no da cifras oficiales de la campaña.

Una investigación de infoLibre de 2023 demostró que estaba en las antípodas de solucionar los pésimos datos de reciclaje de España, donde solo se tiran al contenedor amarillo el 43% de las botellas de plásticos. El sistema consistía en fotografiar con el móvil el código de barras de un envase y depositarlo en un contenedor amarillo que también tuviese un código QR. A cambio, el usuario recibía dos puntos "R" por botella y uno por lata, que podía canjear en la app para entrar en sorteos de tecnología, comida y viajes o donarlos a causas solidarias.

El problema era que un solo envase podía escanearse infinitas veces y simplemente había que repetir el proceso una y otra vez para conseguir más puntos. La solución para evitar el trampeo pasaba porque una persona solo podía canjear un máximo de seis envases del mismo tipo (botella o lata) al día y 25 a la semana, pero eso derivaba en el segundo absurdo: un mecanismo pensado para incentivar el reciclaje limitaba el reciclaje. 

Más allá de los problemas técnicos, los expertos en residuos advirtieron desde el primer momento que el programa era "una huida hacia adelante" de Ecoembes, como lo calificó Greenpeace, porque era la propuesta de la industria para evitar implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase vacío al supermercado.

El SDDR es la fórmula más popular en el mundo para incentivar la recogida selectiva de botellas y permite, en cuestión de meses, lograr una recogida de estos envases por separado del 90%, facilitando enormemente su reciclaje. Sin embargo, Ecoembes se creó en 1997 precisamente para evitar implantar en España un sistema SDDR, más costoso para las grandes empresas. No obstante, como los datos de reciclaje de botellas continúan hoy siendo pésimos, la Ley de Residuos de 2022 finalmente obligó a imponer el mecanismo SDDR, aunque parece que no llegará hasta 2029.

Desde que Reciclos empezó a funcionar en 2020, Ecoembes lo ha utilizado como el gran expositor de su compromiso con el reciclaje, con numerosos influencers haciéndose eco del proyecto en redes sociales, campañas de publicidad en medios de comunicación y stands en diferentes ciudades para atraer al público. Sin embargo, la organización no anunció públicamente el fin del programa, solo a los usuarios suscritos.

En su mensaje de despedida, Ecoembes hablaba de Reciclos como un "proyecto piloto". "Cada participación, cada reciclaje y cada interacción nos ha ayudado a avanzar con paso firme por un futuro sin residuos", decían a los usuarios. Fuentes de la organización confirman que Reciclos ya está dado de baja porque "ha cumplido el cometido con el que nació, que no fue otro que ensayar en un terreno real el uso del incentivo para empujar aún más el reciclaje en España". "A partir de ahora ese terreno corresponderá al SDDR", añaden desde Ecoembes. Sin embargo, aunque ahora hablen de Reciclos como un experimento para la transformación del sistema en el futuro, Ecoembes nunca promovió el cambio a un modelo SDDR.

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende desde hace 20 años la implantación de un sistema SDDR en España, opina que Reciclos se puso en marcha "para tapar lo que luego se confirmó, que solo se recuperaban el 40% de los envases de bebidas" en los cubos amarillos. "Fue una operación de marketing que llegó cuando se empezó a discutir en el Congreso la nueva ley de residuos. Su cierre ahora demuestra que nunca tuvo recorrido y que no estaba controlado", añade.

Fuentes de Ecoembes explican que Reciclos tuvo en esos seis años 900.000 usuarios en España, aunque no trasladan cifras de cuántos envases se reciclaron con esta plataforma. Un comunicado de la organización a cierre de 2024 decía que se habían repartido hasta ese momento 2,5 millones de puntos, que en el mejor de los casos –si solo se devuelven latas, que daban un punto– equivaldrían a 2,5 millones de envases. Sin embargo, en España se consumen cada día 50 millones de ellos. Y esto sin contar con que el sistema permitía fácilmente el fraude, permitiendo canjear una sola botella o lata repetidas veces.

En los últimos meses se está hablando mucho de la gestión de residuos o, cuando menos, del precio que la ciudadanía debe pagar en los recibos de la recogida de la basura. La mayor parte de los ayuntamientos están incrementando las tarifas, un aumento que se debe al incremento de las tarifas de Sogama y a la aplicación de la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que en aplicación de directivas europeas establece que los ayuntamientos deben reflejar en estas tarifas el coste real del servicio.

El encarecimiento de las tarifas cobradas por Sogama —que gestiona los desechos de 295 de los 313 ayuntamientos de Galicia— procede en parte del modelo escogido por esta empresa público-privada (la Xunta posee el 51% y Naturgy el 49%), en el que prima la incineración de los residuos. La nueva ley estatal, con el objetivo de fomentar el reciclaje, grava con un nuevo impuesto la incineración de la basura y su envío a vertederos, en la línea de lo estipulado en 2018 por una directiva europea que la norma estatal incorporó a la legislación española. Ese impuesto tiene la gestión cedida a la Xunta. Según la Agencia Tributaria de Galicia, supuso unos ingresos de 10,8 millones en 2023.

Así pues, quemar la basura sale caro para el bolsillo de la ciudadanía, lo mismo que enviarla a un vertedero en lugar de apostar por el reciclaje y la recuperación de materiales. Y los últimos datos conocidos muestran que Galicia no está mejorando en este ámbito.

Este miércoles el INE publicó la estadística actualizada sobre recogida y tratamiento de residuos, con datos de 2023, que muestra para el conjunto del Estado una mejora muy leve en el porcentaje de desechos reciclados, que pasó del 43,1% al 43,3% en un año y que aún se sitúa por debajo de los datos de 2021 (43,7%). Muy lejos de los objetivos fijados por la Unión Europea para 2025 (55%), 2030 (60%) y 2035 (65%).

Los datos gallegos son aún peores y, de hecho, en los últimos datos conocidos hasta ahora a nivel de comunidades autónomas se convirtió en el territorio con un menor porcentaje de residuos reciclados, recuperados y compostados, apenas el 24%, 19 puntos por debajo de la media española. En el año 2021 ocupaba la penúltima posición, solo por delante de Asturias, que en 2022 superó a Galicia por unas décimas.

La mitad de la basura generada en Galicia se quema y el 26% restante se acumula en vertederos. Galicia es la segunda comunidad que más residuos incinera, solo por detrás de Baleares, que quema el 56%. La responsable de esta situación es Sogama, que gestiona la mayor parte de los residuos generados en el país. En 2022 incineró el 60% de la basura que recibió y envió al vertedero un 20%. La planta de Nostián, que gestiona la basura de A Coruña y su área metropolitana, presenta mejores cifras de reciclaje y no incinera sus residuos.

En los últimos años Galicia está mejorando muy lentamente sus resultados. Entre 2019 y 2022 el porcentaje de residuos reciclados o compostados aumentó en tres puntos, del 21,4% al 24,4%. En el conjunto del Estado la mejora fue de 5,2 puntos y en Baleares y la Comunitat Valenciana superó los diez puntos. Tan solo Murcia y Castilla y León —comunidades en las que VOX formaba parte del Gobierno— empeoraron sus datos.

En Galicia aumentó en ese período el porcentaje de basura incinerada —del 48,2% al 49,7%— y se redujo la enviada a vertederos —del 30,5% al 25,9%—.

En la última década Galicia viene ocupando sistemáticamente los últimos lugares en reciclaje y recuperación de residuos, manteniendo una lenta tendencia de ascenso (cinco puntos en ocho años), inferior a la que registra la media del Estado (12 puntos entre 2014 y 2022) y otras comunidades que sí se están acercando a los niveles exigidos por la UE, como La Rioja, Comunitat Valenciana, Cataluña, Extremadura o Navarra.

Los datos conocidos esta semana muestran, igualmente, que Galicia ocupa también los últimos lugares en la recogida separada de residuos, que apenas llega al 18,6% del total de residuos recogidos, siete puntos por debajo de la media española (25,6%). El dato gallego, en un lento ascenso desde el 15% del año 2016, solo mejora los indicadores de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.

En cambio, Cataluña, Navarra o Euskadi recogen de forma separada más del 40% de sus residuos, lo que les permite alcanzar unos niveles de reciclaje muy superiores a los gallegos.

La cantidad total de residuos recogidos en Galicia se mantiene estable en los últimos años, situándose en 2023 en 1,14 millones de toneladas. Crece ligeramente la recogida separada, que alcanzó en 2023 su máximo (211.000 toneladas) y, dentro de esta, destaca la tendencia de ascenso de la recogida de vidrio, papel y cartón y residuos animales y vegetales (orgánicos). Un ascenso, con todo, muy insuficiente.

Hace un año que el Ministerio de Transición Ecológica activó el calendario para imponer en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase vacío al supermercado. La ley obliga a implantarlo en todo el país antes del 22 de noviembre de 2026, pero nadie en el sector espera que esté listo antes de 2029, lo que forzaría a saltarse la ley de Residuos o a modificarla antes de que llegue la fecha.

La culpa es principalmente de la Comunidad de Madrid, que debe autorizar a las asociaciones del sector que se postulan a coordinar ese nuevo sistema, que será organizado y controlado por las empresas privadas que produzcan y vendan los envases, bajo supervisión del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque el sistema de reciclaje será nacional, las organizaciones deben estar avaladas por la comunidad autónoma donde se encuentra su sede social, y las más importantes –Asociación SDDR España y Procircular– están en Madrid.

Fuentes del sector culpan también al Ministerio de Transición Ecológica, el autor del marco normativo nacional que regirá la implantación del SDDR. Según afirman, la Comunidad de Madrid "está pidiendo aclaraciones jurídicas" al ministerio de Sara Aagesen y las dos administraciones no terminan de ponerse de acuerdo. La realidad es que el sector sabe poco sobre lo que pasa en esas conversaciones. "Lo que pedimos es un impulso político general porque tanto las asociaciones sociales como la industria coincidimos en que todos saldríamos beneficiados de implantar el SDDR", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje.

El sistema SDDR garantiza que los hogares, los bares y las oficinas se molesten en separar las botellas, las latas –y posiblemente también los briks– del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico. Esto permite recuperar los envases mucho más limpios para facilitar su reciclaje y evita que una parte importante acabe en la naturaleza o en los vertederos, como ocurre ahora.

Tal y como está montado el sistema actual de reciclaje, monopolizado por Ecoembes, los municipios tienen que hacerse cargo ahora de los envases que se reciclen incorrectamente –del resto se ocupa Ecoembes–, y eso supone un sobrecoste de cientos de millones al año para los alcaldes. Sánchez subraya que cuanto antes se implemente el SDDR en España, mayor será el ahorro de los ayuntamientos: "Si seguimos con el sistema actual durante más tiempo, solo recogemos por separado el 40% de las botellas, un sobrecoste que pagan los municipios y los contribuyentes".

Todo el sector del reciclaje se ha reunido este martes en Madrid para meter presión a las administraciones, aunque tanto las empresas como los activistas son muy pesimistas. "Tenemos un calendario muy exigente y cada vez somos más los que sabemos que no se va a poder cumplir. Lo que no entendemos es por qué, ya que el calendario lo conocíamos desde hace tiempo y es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica que se cumpla", afirmó durante una mesa redonda Ignasi Puig, de la consultora ambiental ENT.

Según el calendario que dicta la ley, las comunidades autónomas tenían seis meses desde mayo de 2025 para autorizar a las diferentes asociaciones el permiso para coordinar el sistema SDDR. Ese plazo termina el 22 de noviembre, pero la Comunidad de Madrid ya ha avisado al sector de que el proceso se pospone otros seis meses, porque las consejerías tienen la posibilidad de extender el plazo hasta un año. "Acaban de darnos una prórroga de seis meses argumentando que hay dificultades en el procedimiento, y la dificultad es que no hay una regulación jurídica segura [desde el ministerio]", opinó también Arancha Bengoechea, consultora jurídica de reciclaje. "No podemos mover un dedo hasta mayo de 2026, y en teoría debería estar funcionando el 22 de noviembre. Ni por asomo", añadió.

Además del sobre coste para los ayuntamientos, implementar el sistema SDDR en 2029 significa que será prácticamente imposible para España cumplir la Directiva europea de Resiudos, que marca que en 2029 todos los países de la Unión Europea deberán recoger por separado el 90% de sus botellas de plástico y sus envases metálicos de menos de tres litros, fundamentalmente latas. Esto expondría a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recogerlas sea de las empresas que los ponen en circulación.

El establecimiento de un sistema de devolución de botellas se fijó hace un año, cuando el Ministerio de Transición Ecológica publicó los primeros datos independientes sobre la recogida de botellas de plástico en España. En 2023 solo se recogieron por separado el 43,1%, una cifra muy inferior al objetivo de Bruselas para ese año (al menos un 70%). Pero eso no es todo. Ese número es muy inferior a los datos que había dado en años anteriores Ecoembes, que estimaba una recogida separada del 74,4%, una cifra artificialmente inflada, como denunciaban expertos del sector. Ese maquillaje de los números, que se produjo durante años, permitió a las compañías evitar la implantación de un SDDR durante años, más caro para la industria que el sistema actual.

El Gobierno quiere que los fabricantes de toallitas húmedas de un solo uso y de globos asuman los costes de limpieza de los vertidos de estos residuos, incluidos los que las toallitas producen en infraestructuras de saneamiento y depuración, ya que pueden provocar obstrucciones en el alcantarillado, según informa EFE.

Esta obligación se recoge en el borrador del Real Decreto por el que se regula la gestión de los residuos de las toallitas húmedas y de los globos, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y que se encuentra abierto a consulta pública hasta el 27 de junio.

El documento, que se aplica a las toallitas húmedas de un solo uso y a los globos que contengan plástico y sean de un solo uso introducidos en el mercado, busca "prevenir y minimizar" los impactos ocasionados por este tipo de residuos, "en particular aquellos que resultan de su pérdida, abandono o eliminación inadecuada".

El Miteco alerta de que, al no desintegrarse completamente, las toallitas obstruyen el sistema de alcantarillado, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos, especialmente durante episodios de lluvias intensas, mientras que los globos contaminan las playas y ocasionan graves perjuicios a la fauna marina.

La principal novedad es que serán los fabricantes de toallitas y globos quienes tendrán que asumir la financiación de la gestión de los residuos, de acuerdo al principio de "quien contamina, paga".

Esto incluye los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por las toallitas húmedas o globos, incluida la de infraestructuras de saneamiento y depuración, y de su posterior transporte y tratamiento; de medidas de concienciación sobre estos productos, y de los análisis económicos o técnicos sobre prevención, valorización e impactos en el medio ambiente.

El decreto establece que, "para minimizar los costes administrativos" se podrán fijar cantidades fijas plurianuales "adecuadas".

Además, los costes se establecerán en función de cada tipología de toallitas y globos, para promover decisiones de diseño con menor impacto ambiental.

De hecho, los productores con una cuota de mercado anual superior al 2,5 % deberán elaborar y aplicar planes empresariales de prevención y ecodiseño, para reducir el contenido en plástico en dichos productos y su abandono como basura dispersa.

El documento prohíbe expresamente el desecho de toallitas húmedas a través del inodoro y la liberación "intencionada" de globos al medio ambiente.

Quedan fuera de esta legislación las toallitas húmedas de uso industrial o profesional -como las médicas o sanitarias- y los globos para usos y aplicaciones industriales o profesionales que no se distribuyen a los consumidores, como globos de aire caliente o meteorológicos.

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) calcula que la presencia de toallitas en las infraestructuras de saneamiento y depuración incrementa los costes entre un 10 % y un 15 %, con un sobrecoste anual estimado de aproximadamente 230 millones de euros.

Esto se traduce en un aumento del coste de entre 4 y 6 euros por persona al año, lo que implica que la carga económica "recae de manera significativa sobre los consumidores, e incluso aquellos que no son consumidores directos de dichos productos, en lugar de ser asumida por los propios productores", según recoge la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto.

La economía circular y la economía social son dos maneras de desarrollar actividades económicas que comparten un mismo enfoque centrado en la rentabilidad, la sostenibilidad y en las personas, eje sobre el que pivotan la mayoría de sus actuaciones.

La economía circular se centra en la optimización del uso de los recursos y de los productos, el mantenimiento de su valor la mayor cantidad de tiempo posible y la reducción al mínimo posible de la generación de residuos; por tanto, se orienta a recuperar, reciclar, reusar, reducir y regenerar, estrategias de circularidad implantadas, en mayor o menor medida, en muchas de las entidades de economía social.

La economía social representa un modelo empresarial basado en valores o principios como la solidaridad, la democracia y la participación, promoviendo la mejora de la calidad de vida de las personas y la creación de valor social.

Es habitual encontrar entre las entidades de economía social aquellas que incorporan la sostenibilidad entre sus valores de una manera natural e innata, por principios, sin apenas darle valor y sin ser conscientes del impacto positivo que ello tiene en el medioambiente y en la sociedad general.

Son muchas las entidades de economía social que incorporan modelos, estrategias, actuaciones y buenas prácticas de economía circular en todo el territorio nacional, por ejemplo, en sectores como el ecodiseño, la moda sostenible, la agricultura con residuo cero, la gestión de residuos, la educación, la producción industrial o la prestación de servicios profesionales, así como muchos otros.

La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, FECOMA, ha editado la guía Economía Circular y Economía Social: Experiencias de éxito para poner en valor el binomio economía circular–economía social como fórmula que consigue un triple impacto, generando resultados económicos eficaces y eficientes, resultados en materia de sostenibilidad e impacto social.

El impacto económico medible en materia de resultados contables o de empleo, creando nuevos puestos de trabajo o garantizando empleos en unas condiciones dignas es imprescindible, por ejemplo, en el caso de empresas de inserción o centros especiales de empleo dedicados a sectores como la limpieza, la recogida y la gestión del residuo, que dan empleo a colectivos vulnerables o con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo y que requieren de un período de aprendizaje y adaptación. Estas empresas de empleo protegido utilizan la economía circular como palanca para generar oportunidades de empleo para la inclusión social de mujeres víctimas de violencia de género, personas inmigrantes o personas con discapacidad, que son empoderadas a través del empleo.

El impacto en la sostenibilidad se presenta, principalmente, a través de acciones de ahorro energético, disminución del consumo de recursos y el alargamiento de la vida de los productos, dándoles otros usos en otras personas o nuevos usos, por ejemplo, a través de tiendas de segunda mano y la elaboración de productos como lámparas, maceteros, etc. a partir de residuos.

El impacto en la sociedad viene dado por la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras y/o beneficiarias y de su entorno, que se ve reforzado positivamente a través de la dignificación del trabajo.

Economía Circular y Economía Social: Experiencias de éxito es una herramienta para poner en valor las actuaciones en materia de circularidad que desarrollan las entidades de economía social, pero es, también, una recopilación de 21 experiencias de éxito inspiradoras que relatan sus actividades, acciones y buenas prácticas en sectores como el ecodiseño, la gestión de recursos, la eficacia energética, la moda sostenible, la agricultura, la jardinería, las comunicaciones, la inclusión social… adoptando todas ellas fórmulas de economía social.

Las experiencias de economía circular y economía social que se detallan en esta guía son un claro ejemplo de que la suma de ambos modelos da resultados positivos económicos, sociales y medioambientales e impacta positivamente en el territorio, fomentando el consumo de productos de proximidad y/o locales, con la consiguiente reducción de la huella de carbono.

La publicación y divulgación de Economía Circular y Economía Social: Experiencias de éxito ayuda y sirve de inspiración a otros proyectos emprendedores desarrollados en diversos puntos de la geografía española que pueden ver en los modelos circulares un área de innovación para el desarrollo de sus actividades empresariales.

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José Vidal García es director gerente de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social (FECOMA).

Continúa este sábado la huelga del servicio de recogida de residuos de la ciudad de Madrid que arrancó a las 23:00 horas del pasado lunes, lo que convierte a esta huelga en la más larga del sector desde aquella de 2013 que se saldó tras doce días de parón de los trabajadores, según informa EFE.

La huelga convocada por los sindicatos CCOO, UGT y Sector Profesional RSU Madrid afecta a la recogida de los residuos domiciliarios y los contenedores de tapa naranja (restos), marrón (orgánica) y amarilla (plástico-metal-brik), y es la primera que vive la ciudad en los últimos ocho años.

Y es que la última huelga de los trabajadores del servicio de basuras tuvo lugar en 2017, cuando Manuela Carmena (Ahora Madrid) gobernaba una ciudad que rige desde 2019 José Luis Martínez-Almeida.

Aunque antes de aquella última huelga de basuras hubo muchas más, que se detallan a continuación.  

Relación cronológica de las huelgas de basuras en la capital desde 1990 

-El 28 de marzo de 1993 el Comité de Empresa de FOCSA, la empresa entonces concesionaria de la recogida de basuras domiciliarias de Madrid, convocó una huelga por desacuerdos en la negociación del convenio colectivo que se prolongó durante cuatro días y que concluyó tras un preacuerdo que incluía una subida salarial y un día adicional de descanso anual.

Durante la protesta se acumularon 600 toneladas en las calles madrileñas y aunque según fuentes municipales la situación nunca fue crítica, los contenedores llegaron a rebosar desperdicios.

-El 30 de mayo de 2006 comenzó una huelga indefinida de los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la capital, cuya empresa adjudicataria era entonces Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), también para reivindicar mejoras en su convenio colectivo.

El Ayuntamiento fijó servicios mínimos del 50% pero no se cumplieron y FCC anunció el despido de 20 trabajadores. Sin embargo, las partes alcanzaron un acuerdo al día siguiente, la huelga fue desconvocada y los trabajadores readmitidos.

En total, según el Ayuntamiento, se acumularon 2.400 toneladas de residuos sólidos en las calles de Madrid. 

-En noviembre de 2012 los sindicatos convocaron tres días de huelga en el servicio, en protesta por el nuevo pliego de condiciones para el contrato de gestión del servicio que reducía el precio de la licitación un 16 % respecto al anterior. La protesta registró un seguimiento masivo y se cumplieron los servicios mínimos.

-El 5 de noviembre de 2013 comenzó una huelga indefinida en protesta contra los tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) planteados por tres de las cuatro empresas adjudicatarias que suponían el despido de más de un millar de trabajadores de los 6.000 con que contaba el servicio.

Tras doce días de huelga y con la basura rebosando en las calles, la empresa pública Tragsa retiró, por orden de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 60 toneladas de basura acumuladas

La protesta concluyó al día siguiente, 17 de noviembre, después de un acuerdo para mantener el empleo de todos los trabajadores a cambio de ejecutar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 45 días de suspensión de empleo al año por empleado hasta 2017 y bajas voluntarias incentivadas.

-El 16 de noviembre de 2017 empezó una nueva huelga indefinida de los trabajadores del servicio de basuras que concluyó al día siguiente tras alcanzar un acuerdo con las empresas adjudicatarias.

La Ley de Residuos obliga desde el pasado 1 de enero a que las prendas y textiles que tiran los hogares a la basura se recojan por separado para facilitar su reciclaje, como se hace con los envases. Los responsables de hacerlo son los fabricantes, como Inditex, El Corte Inglés o Ikea, pero la normativa todavía no se cumple y los vertederos continúan llenándose de ropa. El porqué de este retraso se explica por razones administrativas, según fuentes del sector.

Las compañías están a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique el reglamento que regula la recogida separada de textil, y este organismo está a su vez pendiente de que Europa publique una modificación en la directiva de residuos. Mientras tanto, son los ayuntamientos los que asumen los costes de la basura textil, con sus reducidos presupuestos municipales.

Recoger por separado la ropa que se tira es imprescindible para que el residuo sea de calidad, y hasta ahora solo el 10% del textil recuperado en España lo es de forma individual, gracias a las campañas de caridad, y menos del 1% se recicla, según datos de Cáritas. De hecho, el textil es el segundo residuo más importante en el día a día: representa entre el 12% y el 15% del peso de la basura de un hogar, solo por detrás de los restos orgánicos, y está incluso por delante del plástico. En total, cada año llegan 990.000 toneladas de ropa a vertederos en España.

Como la Ley de Residuos concluye que la responsabilidad sobre la recogida de la basura recae sobre quien la genera, el Gobierno dio tres años a los fabricantes para poner en marcha lo que se conoce como un sistema de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), y tenía que estar plenamente operativo como tarde el 10 de abril de 2025.

Un Scrap es un sistema que garantiza que las prendas y tejidos no acaban en el cubo genérico, y la fórmula más habitual es mediante la instalación de un cubo específico, como ocurre con el plástico, el vidrio y el papel. En estos casos, la responsabilidad es compartida entre Ecoembes y Ecovidrio, y el textil ya ha creado su organización, Re-Viste, donde están agrupadas firmas como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, IKEA, Inditex, KIABI, Mango o Primark. Como ocurre con el cubo amarillo o azul de las calles, los ayuntamientos serían los que coordinarían esta recogida, y luego Re-Viste —con dinero aportado por las marcas— devolvería a los alcaldes el coste del sistema.

Pero la recogida separada no funciona todavía, y parece que tardará más de un año en empezar a hacerlo.

Juan Ramón Meléndez, director de Re-Viste, insiste en que ellos están preparados para empezar a operar, pero que el Ministerio de Transición Ecológica no ha publicado el reglamento que necesitan para poder empezar. "La ley daba hasta el 8 de abril de 2025 para hacernos cargo del flujo de residuo textil, pero no se va a cumplir porque nos falta un reglamento del decreto que defina los objetivos y los plazos para trabajar", defiende Meléndez. 

Según añade, el Gobierno está a su vez esperando a que la Unión Europea saque adelante su revisión de la Directiva de Residuos, donde se esperan cambios importantes en las obligaciones del sector textil. "Lo poco que sabemos de Transición Ecológica es de conversaciones que tuvimos hace meses. Parece ser que no quieren adelantarse con un reglamento por si la directiva da unas indicaciones distintas para el tratamiento de la ropa", añade Meléndez.

El problema es que, mientras todos los actores esperan, son los ayuntamientos quienes costean con sus presupuestos la recogida de prendas de ropa, porque toda la basura que acaba en el cubo gris, el cubo marrón y las papeleras es responsabilidad de la administración local. Además, desde el 1 de enero de 2025 los alcaldes están obligados a recoger por separado los residuos textiles con cubos y camiones específicos, pero falta que se ponga en marcha el segundo eslabón de la cadena: que las marcas paguen a los ayuntamientos ese coste a través de un Scrap.

Igor González, fundador de Ecotextil, la primera organización de recogida de residuo textil del país —la predecesora de Re-Viste—, opina que el Gobierno y las empresas han hecho bien su trabajo, y que tiene sentido esperar a que Bruselas dé el siguiente paso antes de poner en marcha el Scrap. "No tiene sentido que el ministerio saque un reglamento cuando Europa te ha dicho que prepara una modificación sustancial de la directiva que afectará al reciclado textil. Sería poner en marcha un sistema que probablemente luego habrá que cambiar", afirma el experto. González cree que "el Scrap textil no estará plenamente operativo hasta la segunda mitad de 2026".

En todo caso, aunque la culpa sea de las administraciones, los fabricantes también avanzan muy lentos en el diseño de su sistema de recogida del textil desechado. Re-Viste está pendiente de iniciar un proyecto piloto en seis municipios de España —Zaragoza es el más grande— para perfeccionar el sistema, y durará "como mínimo un año".

La idea de los fabricantes es que cuando el Scrap se ponga en marcha en toda España, funcione con contenedores de ropa que estarán en la vía pública, en puntos limpios y en zonas comerciales. Una vez recogida, la ropa se clasificará entre la que puede volver a circular en el mercado de segunda mano, y la que tiene que reciclarse para fabricar nuevos productos.

Raúl González, director de Ecodicta, una empresa de reutilización de prendas, es muy crítico con el sistema de Scrap que prepara la gran industria textil. Afirma que la recogida selectiva de ropa en la calle no resuelve el problema de consumo abusivo de ropa, y que allí donde se ha probado no ha funcionado. En Francia llevan más de diez años utilizando un formato similar, a través de una organización textil llamada Re_Fashion, y los fabricantes no logran recoger en los contenedores ni un cuarto de la ropa que les corresponde tratar. 

"Re-Viste es copiar el fallido modelo Ecoembes en el textil. Solo provoca que los consumidores se relajen todavía más pensando que hay gente ocupándose de las prendas que tiran, pero la realidad es que el mercado está inundado de ropa de segunda mano, y no van a poder hacer nada con ella", explica González. "Separar la ropa y reciclarla es muy caro, la única solución es que la industria se comprometa a reducir la producción con un cambio del sistema", añade.

En julio de 2024, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) publicó un duro informe sobre el sector de los residuos de envases en España en el que señalaba que el mercado está completamente monopolizado por Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro donde están representados gigantes de la industria como Coca-Cola, Nestlé o los grandes supermercados.

Este lunes, el Ministerio de Transición Ecológica junto con responsables de la CNMC y expertos del sector se han reunido en Madrid para buscar una solución que dé transparencia a este sector opaco e introduzca nueva competencia para mejorar su eficiencia. El Gobierno afirma que hay seis sociedades que ya cuentan con autorizaciones provisionales para empezar a operar y desplazar a Ecoembes en la recogida de envases domésticos, pero todavía hay barreras que dificultan la apertura de este negocio.

En teoría, la entrada de competencia en un mercado sirve para abaratar un servicio, pero en este caso los expertos opinan que los ayuntamientos —y los vecinos— apenas notarán en sus presupuestos la entrada de nuevos operadores en la recogida de residuos urbanos. Aunque Ecoembes cubre el coste de la recogida de envases en los cubos amarillos (plásticos y latas) y azules (papel y cartón), en realidad quien gestiona la recogida, la clasificación y el reciclaje son los ayuntamientos. De manera que, si la competencia consigue arrebatar contratos a Ecoembes en ayuntamientos y comunidades autónomas, pagará más o menos lo mismo que en la actualidad, porque el coste del sistema de recogida y tratamiento de envases no cambiará.

"El impacto para el ciudadano de una mayor competencia en la recogida de residuos será realmente bajo o imperceptible", opina Josep Simó, director del Área de Infraestructuras de la Agencia de Residuos de Cataluña. "En realidad, aproximadamente el 95% del coste de la recogida lo determina el sistema que tenga contratado cada ayuntamiento. Podría abaratarse un poco si la nueva competencia es más eficiente en su organización, o si logra sacar más dinero vendiendo los materiales reciclados, pero el margen es muy pequeño", añade el experto, que participó este lunes en la mesa redonda organizada por la CNMC.

En el informe que publicó el año pasado Competencia, se recogía el caso alemán, que en 2003 decidió abrir las puertas del sector de la recogida de basuras para que entrasen nuevos actores. En una década logró reducir los costes de recogida un 44 %, y los de clasificación y procesamiento un 76 %. En total, según un informe del regulador alemán, lograron un ahorro anual de 1.000 millones de euros para los consumidores. 

Pero la estrategia de Alemania no puede trasladarse a España porque allí incorporaron el llamado sistema organizativo, en el que son las empresas de envases las que organizan su recogida (contratan los camiones y costean el tratamiento de los residuos) en lugar de pagar a los ayuntamientos para que lo hagan, como en España (modelo financiero). De esta manera, la competencia entrante en Alemania realizó una recogida y una clasificación de residuos mucho más eficiente, lo que permitió ese ahorro sustancial.

En todo caso, durante el encuentro de este lunes se debatieron otras fórmulas para tratar de abaratar la recogida de basuras, que el año pasado costó a los ayuntamientos españoles 3.947 millones de euros, según calcula la fundación de residuos ENT. Margarita Ruiz, subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica, explicó este lunes que el Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para elaborar acuerdos marco para facilitar la negociación de estas administraciones con Ecoembes y con sus futuros competidores.

Uno de los principales agujeros contables de los ayuntamientos en materia de residuos es que Ecoembes no paga actualmente a los alcaldes el coste real de la recogida de los envases, sino unas cantidades previamente pactadas con los ayuntamientos o las comunidades autónomas. De esta manera, si la recogida se encarece en los siguientes años (los acuerdos duran de media 4,2 años), la diferencia se cubre con los presupuestos municipales. Lo que busca Transición Ecológica es que en esta negociación plurianual entre Ecoembes y las comunidades autónomas y los alcaldes, los funcionarios negocien acuerdos que reflejen el coste real del tratamiento de los envases.

Otro de los asuntos que se discutieron en la jornada fue cómo facilitar la entrada de competencia en la recogida de los envases generados por los hogares, un sector que lleva 25 años dominado por Ecoembes. Salvo en municipios puntuales, esta sociedad es responsable de la recogida de los envases de papel, cartón, aluminio, plástico y vidrio que generan las familias en todo el país. En este sentido, la CNMC insiste en que es imprescindible que empiecen a operar otros rivales para garantizar la eficiencia en el sector.

Las sociedades encargadas de costear la recogida de envases se denominan Scrap (sistemas de responsabilidad ampliada del productor), y son organizaciones que reúnen a las empresas que ponen cada día millones de envases en el mercado (botellas, latas, tetrabriks, cajas…). Como estas compañías están obligadas por ley a hacerse cargo de estos residuos, la función de los Scrap es reclamar a cada fabricante un dinero —en función de su volumen de ventas— para entregárselo anualmente a los ayuntamientos a cambio de la recogida. En este momento, Ecoembes es el único Scrap que opera en España para el tratamiento de envases doméstico, pero el objetivo es que entren nuevos en los próximos años. 

Margarita Ruiz, de Transición Ecológica, señaló que el Gobierno ya está trabajando para garantizar la competencia en el sector. "Estamos iniciando el proceso a esa apertura de la competencia. Ya hemos emitido 19 autorizaciones temporales para que empiecen a funcionar nuevos Scrap", dijo este lunes la alto cargo del ministerio. De esas 19 autorizaciones, seis son para sistemas de recogida de envases domésticos, y el resto para envases comerciales e industriales. 

Para fomentar la entrada de esta competencia, los representantes de la CNMC pidieron al Gobierno más facilidades para crear un Scrap en España, ya que consideran que se les exigen demasiada documentación. También flexibilizar el proceso que tiene que realizar una empresa que pone plásticos en circulación para cambiar de Scrap, de manera que sea más fácil cambiarse a la competencia. Entre otras cosas, proponen además que cada uno de los Scrap no tenga que negociar con un ayuntamiento o comunidad para operar en ella, lo que puede demorar durante meses su entrada en funcionamiento, sino que puedan suscribirse a convenios previos que tenga esa administración.

"Los Scrap se han dado cuenta de que pueden enterar en el sector doméstico, donde ha existido un monopolio de facto durante los últimos 20 años", señaló Lara Tobías, de la sección de Estudios e Informes de la CNMC. "Esto supone una oportunidad para los productores [de plástico] de elegir qué vehículo que quieren utilizar para cumplir con sus obligaciones y fuerza a los Scrap a ser más atractivos. La duda está en si esta competencia mejorará la gestión de los residuos, porque en España eso recae en los ayuntamientos, no en los Scrap", resumió la analista.

Desde el pasado 1 de enero, todos los municipios de España están obligados a recoger de forma separada los residuos textiles de sus vecinos. Al igual que ocurre con los envases de plástico, el vidrio, el papel y el orgánico, la ropa y otros artículos elaborados con tejidos tendrán que tener sus propios cubos de depósito para garantizar que no acaban mezclados con la basura en los contenedores genéricos, como ocurre ahora. El sistema tiene que ser organizado y financiado por las empresas textiles, y en teoría no costará dinero a los ayuntamientos, aunque los expertos dudan que vaya a ser así, porque la experiencia similar de la recogida de envases —que en teoría deben pagar las empresas del plástico— ha terminado costando cientos de millones cada año a los alcaldes. 

La normativa de recogida separada de textiles introdujo con la Ley de residuos de 2022, que a su vez es proviene de la directiva europea de residuos, pero se dio un periodo de adaptación a los ayuntamientos hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, es evidente que el sector no ha cumplido con el calendario porque la recogida separada todavía no se está llevando a cabo en la inmensa mayoría del territorio. La ley también recoge que el 1 de enero de 2025 se tienen que recoger por separado aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y voluminosos (muebles y enseres).

La política europea de residuos se basa en el principio de que cada empresa debe hacerse responsable de la basura que generan sus productos, por eso debe ser la industria textil la que financie el coste de recoger la ropa. Igual que en el sector de los plásticos es Ecoembes quien debe pagar a los ayuntamientos a cambio de la recogida de los envases, las empresas de ropa, calzado y tejidos tendrán a partir de ahora que pagar a los alcaldes el coste de instalar cubos específicos para textiles, así como su recogida.

Hace solo tres meses, en octubre, la patronal de los fabricantes de ropa presentó la organización que se encargará de esta gestión, Re-viste, donde participan empresas como Inditex, H&M, Mango o Primark. La industria se encuentra todavía muy lejos de cumplir con la normativa porque Re-viste todavía no está operativo. En abril comenzará una prueba piloto de un año en seis municipios de España donde recogerán ropa y tejidos en contenedores urbanos y en puntos clave como centros comerciales, tiendas, colegios y parroquias. Los textiles que se recuperen en buen estado se destinarán a reventa, mientras que los desgastados se clasificarán por composición para ser después reciclados. 

Raúl González, director de Ecodicta, una empresa de ropa de segunda mano, se muestra muy escéptico con el sistema Re-viste. Este experto en moda circular explica que en Francia llevan más de diez años utilizando un formato similar y los fabricantes no logran recoger en los contenedores ni un tercio de la ropa que les corresponde tratar. En concreto, la principal sociedad creada para este cometido en Francia, Re_Fashion, apenas recuperó en 2023 el 23% del textil que pusieron sus empresas en circulación. "El ejemplo francés nos dice que la recogida separada de textil es muy difícil. En realidad lo que van a montar es un sistema que sirve para maquillar a los fabricantes porque les permite seguir con su negocio de venta de fast fashion intacto. Lo que tenemos que exigir es que se vendan menos prendas", afirma.

Alberto Vizcaíno, experto en residuos y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., advierte también de que la industria textil está siguiendo peligrosamente los pasos de Ecoembes, la sociedad creada por los fabricantes de plásticos para hacerse cargo de los envases. Ecoembes lleva más de dos décadas funcionando y sus resultados son nefastos, puesto que todavía hoy solo se hace cargo realmente de cuatro de cada diez botellas que pone en circulación. "Una de las propuestas originales era formar una organización textil a partir de Ecoembes, pero las grandes marcas se han desligado. En todo caso, quien dirige Re-viste es una persona de la compañía", explica Vizcaíno. Se refiere a Juan Ramón Méndez, director general de Re-viste, que trabajó seis años en Ecovidrio y entre 2013 y 2018 fue alto cargo de Ecoembes.

La industria del plástico ideó en los años 90 un sistema que todavía funciona basado en la recogida de envases en las calles mediante contenedores amarillos, que después recogen los ayuntamientos con sus equipos de limpieza. Una vez separados y almacenados los envases, Ecoembes paga a los ayuntamientos por haberse hecho cargo del proceso. El sistema es similar al que se plantea ahora para el textil, por eso los expertos temen que Re-viste tenga un desempeño tan nefasto como el de los plásticos. 

El sector textil es una de las industrias más contaminantes del mundo y las prendas cada vez se desechan con menos usos, generando una cantidad ingente de basura que acaba en los vertederos. Según la Agencia Europea de Medioambiente, cada europeo tiró a la basura 16 kilos de ropa en 2020, el dato más reciente disponible, y solo el 12% de esa cantidad se recogió por separado en contenedores específicos. Los productos de tejidos naturales y sintéticos son especialmente difíciles de reciclar, según los expertos, por lo que prácticamente todos los textiles que acaban en la basura mezclados con comida, metales o plásticos, nunca se recuperan. De media en Europa, el 87% de la ropa usada acaba en vertederos o en incineradoras.

"El reciclaje de ropa es muchísimo más complicado que el de otros residuos, como las botellas", explica Raúl González. "Las prendas combinan fibras de muchos materiales e incluso de plásticos de diferentes tipos, y tienen también cremalleras de metal. En general, es más barato fabricar prendas nuevas en países en vías de desarrollo que reciclar la ropa, por eso hasta ahora no había voluntad de invertir en estos sistemas", añade.

Los incidentes en las plantas de reciclaje ha crecido de manera sospechosa en la última década. El número de incendios en instalaciones de gestión de basuras ha aumentado sin parar y en 2024 se ha alcanzado un récord, con al menos 142 fuegos en los últimos doce meses. A falta de cifras oficiales, este número lo recopila el consultor ambiental Fernando Follos, que reconoce que el origen de muchos de estos focos es realmente extraño, porque se producen en mitad de la noche en días festivos. Comunitat Valenciana ha sido este año de lejos la región con más incendios de residuos (25), seguida de Andalucía y Cataluña (12 y 13 conatos).

Este experto en medioambiente e industria explica que empezó contabilizando estos fuegos en 2016 porque en esos años ya percibía un incremento importante de los siniestros en las plantas de basuras. Y aun así, desde entonces, el número no ha parado de subir. "Salvo en los dos años siguientes a la pandemia, el crecimiento ha sido brutal y continuo", afirma Follos.

En 2016, el experto recopiló 29 incendios, una cifra que fue ascendiendo hasta los 82 de 2019 y los 110 de 2023. En 2024 ha contado casi cinco veces más que cuando empezó el estudio y los conatos se han incrementado un 29% frente a 2023. Como no hay fuentes oficiales que proporcionen esta información, él toma los datos de la prensa, por lo que aclara que estas cifras "es lo mínimo de lo que puede haber". En su recopilación incluye incidentes en vertederos públicos y privados, plantas de tratamiento de residuos, escombreras, puntos limpios o desguaces. Y los desechos afectados son de todo tipo, desde orgánicos, a chatarra o plásticos.

Las razones que explican este incremento en los fuegos son diversas, y no están del todo claras. El principal argumento es que en muchas instalaciones la vigilancia del material es muy precaria y no se toman las medidas adecuadas para prevenir incendios, pese a que en un mismo solar se pueden acumular cientos de toneladas de enseres inflamables. Una brasa mal apagada que acaba en un vertedero puede ser el origen de estos fuegos, aunque cada vez juegan un mayor papel las baterías de teléfonos y otros aparatos, que por error acaban entre la basura y que al ser trituradas emiten chispas o explotan.

No obstante, los datos recopilados por Follos recogen incendios que podrían ser premeditados. "Hay cosas raras. Muchos incendios en días festivos, y de madrugada. O en los que solo arde el material que está fuera de la nave, sin dejar daños en la planta. Hay patrones que te llevan a pensar que hay una intencionalidad", aclara. 

El consultor explica que las empresas de residuos operan con márgenes muy pequeños y compiten contra rivales que gestionan residuos de forma ilegal, y como no logran ser rentables, es posible que opten por deshacerse de la mercancía. "La competencia desleal hace mucho daño a los que hacen las cosas bien, y cuando la economía aprieta, hay tendencia a que los residuos se incendien. Uno de los problemas es que los gestores de basuras cobran por adelantado, de manera que cuanto menos te gastes en la gestión, más ganas, y una manera de abaratar el trabajo es quemándola", afirma.

Otro experto en residuos, Francisco Peula, director de la organización Rethinking, opina que el dueño de un vertedero no tiene incentivos para quemarlo, pero sí podría haber una motivación económica en las plantas de separación de residuos. "No conozco casos, pero podría ser que su intención sea beneficiarse con el cobro del seguro. Esas plantas ganan dinero vendiendo los materiales que previamente han separado, pero si tienen un stock muy grande que no consiguen poner en el mercado a un precio rentable, igual le sacan más dinero reclamando una cobertura por incendio", opina.

La subida más sospechosa en la siniestralidad es la de Comunitat Valenciana, donde se han más que duplicado los incidentes respecto al año pasado. Los basureros improvisados para los residuos de la dana ha protagonizado dos de estos incendios —el último, el 22 de diciembre, en un solar con vehículos de Catarroja—, pero la gran mayoría se produjeron en los meses anteriores a la riada. Fernando Follos subraya, por ejemplo, los fuegos en las plantas de tratamiento de Onda (Castellón), donde ha habido un incendio cada año desde 2017. O la planta de reciclaje de Almussafes (València), que el pasado mes de julio ardió en dos ocasiones en solo dos semanas. También apunta al extraño caso de la planta de tratamiento de Abajas (Burgos), que se ha quemado en cuatro ocasiones en los últimos dos años.

El Ministerio de Transición Ecológica y Ecoembes se han visto este lunes las caras tras conocerse que España suspende ampliamente en la separación de botellas de plástico. Este incumplimiento de la directiva europea supone que el país debe implantar antes de noviembre de 2026 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo que trastoca el negocio del gigante del plástico y reconfigura el sistema de reciclaje del país. Tanto el Gobierno como Ecoembes han evitado adelantar cómo se organizará el sistema, pero el Ministerio de Transición Ecológica ha aprovechado para disipar cualquier duda sobre el cumplimiento del calendario por parte de Ecombes, pero también de posibles competidores que surjan en el sector.

La encargada de trasladar el mensaje ha sido Margarita Ruiz, subdirectora general de Residuos del ministerio, que dejó claro este lunes al sector que tiene dos años para reinventarse. "El reglamento dice que para garantizar una recogida separada de botellas del 90% en 2029 hay que establecer un SDDR. Para alcanzar ese objetivo hay que establecerlo antes de esa fecha, porque si no no lo vamos a alcanzar". Y lo reiteró a continuación: "No es que el plazo [para implantarlo] sea hasta 2029, sino que ese año ya tenemos que cumplir con el objetivo".

El mensaje aplaca las dudas que surgían estos días entre expertos del sector, que insisten en que Ecoembes siempre ha sido contrario a establecer un sistema de retorno de envases al supermercado, y que trataría de posponer su entrada en vigor más allá de 2026. "La experiencia nos dice que las empresas tratan de alargar el proceso lo máximo posible. Te dicen que el calendario es demasiado apretado, que son objetivos inviables… lo que pedimos al Ministerio de Transición Ecológica es que la fecha de puesta en marcha se cumpla", opinaba la semana pasada César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que apoya la implantación de sistemas SDDR. 

Otro analista del sector, Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la Fundación ENT, especializada en residuos, añade que dos años "es un plazo ajustado, pero asumible". "Nuestros estudios de implantación de un SDDR en España contemplan plazos superiores, pero se puede cumplir el calendario si no se enredan pensando en cómo hacerlo. Hay que ponerse ya en marcha porque hay que construir plantas de clasificación de envases, plantas de conteo… son inversiones potentes que requieren permisos y ejecución de obras", añade el experto.

El encuentro de este lunes entre Transición Ecológica y Ecoembes en el Congreso Nacional de Medioambiente (Conama) era muy esperado por el sector porque se produjo solo diez días después de que el Gobierno publicase por primera vez cifras oficiales de la recogida separada de botellas de plástico en España, unos datos que las organizaciones civiles y los analistas de reciclaje llevan años esperando.

Las cifras son muy importantes porque en la práctica son el primer examen que hace la Administración Pública del trabajo de Ecoembes, que lleva operando por libre y sin auditoría pública desde 1996, pese a que gestiona cada día decenas de millones de envases en todo el país. En concreto, según las estadísticas publicadas ahora por el ministerio, en España solo se recogieron por separado el 43,1% de las botellas de plástico en 2023, una cifra muy inferior a la obligatoria por la Directiva Europea de Residuos (al menos un 70%). La cifra oficial es mucho menos ambiciosa que la de Ecoembes, que estima una recogida separada del 74,4%, una cifra artificialmente inflada, como denuncian expertos del sector.

Incumplir la normativa europea supone que España debe implantar de facto un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este mecanismo se basa en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase al supermercado cuando ya está vacío. Esto garantiza que los hogares se molesten en separar las botellas y las latas del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico.

Durante la mesa redonda en la que participó el Gobierno y Ecoembes, junto con otros miembros clave del sector, se esperaba algún adelanto de cómo funcionará este mecanismo SDDR, que transformará la manera en que los ciudadanos reciclan y gestionan sus envases. Pero ninguno de los dos actores protagonistas ha querido adelantar cómo funcionará, ni si el Gobierno intervendrá en él para garantizar la transparencia.

"Nosotros estamos abiertos a trabajar conjuntamente, pero no puedo decir cómo se organizará el sistema porque es una decisión que deben tomar los productores [de productos envasados], no del ministerio", apuntó Margarita Ruiz. Aunque sí apuntó a que el sistema de devolución de envases al supermercado tendrá que "basarse en modelos europeos, pero con nuestras particularidades; será un modelo a la española", afirmó la alto cargo del ministerio. "El año que viene vamos a comenzar un camino que no se ha dado en España, puesto que nunca se ha aplicado [un SDDR]. Va a ser una situación novedosa porque vamos a tener muchos SCRAP [Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor] y sistemas individuales en competencia, y tendremos que vigilar que se cumplan loas obligaciones de todos los agentes", añadió.

Por el lado de Ecoembes, quien representa la voz de las empresas del plástico en España, con más de 14.000 asociados, se aclaró cuáles serán sus próximos pasos, preguntado por infoLibre. "No puedo dar una respuesta porque son los productores los que tienen que decidir a través de quién y como cumplen con esa responsabilidad. Nosotros estaremos ahí para aportar nuestra ayuda", apuntó Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas de Ecoembes.

El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado lo que diferentes organizaciones civiles llevan años denunciando: que Ecoembes ha publicado datos ampliamente maquillados sobre reciclaje desde hace dos décadas para evitar asumir el coste real de los 50 millones de envases de bebidas que se venden cada día en España.

En la trampa ha participado el Gobierno y las comunidades autónomas, que han mirado hasta ahora para otro lado en lugar de elaborar sus propias estadísticas. La Administración ha confiado en ellas hasta tal punto que las cifras de los fabricantes se han entregado cada año a la Comisión Europea para que elabore los censos de residuos de la UE, pese a tratarse de una información adulterada por gigantes como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona. Estos son algunos de los accionistas de Ecoembes, la organización que tiene el "monopolio" de la recogida de envases.

Las consecuencias de publicar cifras irreales es que los ayuntamientos de todo el país han asumido durante un cuarto de siglo el costoso trabajo de hacerse cargo de las latas, las botellas o los envases de comida que no llegan al contenedor amarillo. Greenpeace calculó en 2021 que las administraciones locales asumen un sobrecoste de 1.700 millones de euros al año en recogida de basuras que debería asumir Ecoembes.

El Gobierno publicó el pasado viernes 22 de noviembre que la recogida separada de botellas de plástico en España fue del 41,3% en 2023, una cifra que corrige el dato de Ecoembes, que eleva la estimación hasta el 73,4%. Los resultados del ministerio están en la línea de dos informes previos de Greenpeace y de Alianza Resiudos Cero, que llevan años denunciando que el sector privado adultera las cifras. Desde Ecoembes, explican que sus cifras son diferentes porque emplean otra metodología, y señalan que se sentarán con el Gobierno en los próximos meses para adecuar sus cálculos a los oficiales.

La diferencia los números oficiales y los de Ecoembes es muy importante. Primero, porque es la primera vez que Transición Ecológica elabora sus propias cifras de recogida de envases, y demuestra que los datos de Ecoembes son radicalmente falsos. Segundo, porque supone que España inclumple la Directiva europea de Residuos, y ahora el país está obligado a implantar un sistema de devolución de envases al supermercado (SDDR), un mecanismo que la industria lleva esquivando desde 1997. Y tercero, porque significa que 6 de cada 10 botellas de plástico —uno de los residuos más comunes— no entran en el contenedor amarillo, lo que equivale a unos 5.000 millones de envases al año solo en España.

Que las botellas terminen en otros contenedores o en el suelo de las calles es determinante para Ecoembes. Hasta hace apenas dos años, la normativa establecía que las empresas del plástico solo tienen que hacerse cargo de los envases que estén dentro del cubo amarillo, y los ayuntamientos de los que entran en el contenedor gris —el genérico—y las papeleras. Aunque esto cambió con la nueva Ley de Residuos de 2022, todavía está pendiente de implementarse, y en la práctica se sigue cubriendo con los presupuestos municipales.

De esta manera, Ecoembes se ahorra esta recogida, por mucho que la ley establezca que todos los envases son responsabilidad de quien los pone en el mercado. Es cierto que esta organización paga una especie de incentivo económico a las administraciones por los envases que se recuperan en las plantas públicas de tratamiento, pero es muy inferior a lo que cuesta en realidad recogerlos, moverlos y separarlos del resto de la basura.

Este detalle es especialmente importante si se tiene en cuenta que alrededor del 70% de todos los envases acaban fuera del contenedor amarillo, de manera que los ayuntamientos se hacen cargo de la mayor parte del trabajo de Ecoembes, según calcula Francisco Peula, experto en residuos de la ONG Rethinking y colaborador del informe de Greenpeace de 2021. "Eso supone que alrededor del 40% del volumen de residuos que recogen los ayuntamientos en el contenedor gris son envases, que debería gestionar Ecoembes", añade Peula.

Por si fuera poco, todos los consumidores pagan entre 1 y 2 céntimos extra cada vez que compran una botella, una lata, un tetrabrik —y cualquier envase-—para financiar su reciclaje, la llamada tasa de punto verde. Este dinero lo ingresan las empresas que venden el envase y lo transfieren a Ecoembes. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento se encarga de un envase, el consumidor paga dos veces: una con la tasa de punto verde, y otra con los impuestos municipales. Pero esto está a punto de cambiar.

La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, pero los datos publicados el viernes por el Gobierno confirman que España está muy lejos de cumplir —nada menos que 30 puntos porcentuales por debajo—.

La norma establece que si no se alcanza la cifra, hay que implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en un plazo de dos años, antes del 22 de noviembre de 2026. Este mecanismo se basa en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase al supermercado cuando ya está vacío. Esto garantiza que los hogares se molesten en separar las botellas y las latas del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico.

Sin embargo, los expertos ponen en duda que se vaya a cumplir el calendario de dos años. Según la ley, es la industria la que debe implantar el mecanismo de retorno de envases, y es de sobra conocido que Ecoembes no está por la labor. En los últimos años ha tratado de introducir lo que las organizaciones civiles llaman "una falsa solución", el sistema Reciclos, un supuesto mecanismo SDDR que mantiene intacto su negocio y que no funciona. A día de hoy no hay cifras transparentes de su funcionamiento.

De hecho, el origen de Ecoembes está directamente ligado a evitar implantar un sistema de retorno de envases en España. La primera Ley de Envases del país, de 1997, contemplaba la creación de un sistema SDDR, pero daba la opción a la gran industria de "eximirse" de ese mecanismo si creaba su propio sistema de tratamiento. Precisamente, un año antes, Ecoembes se constituyó "para proporcionar una respuesta a las obligaciones derivadas de la Ley 11/97 de envases", como reconoce hoy en su propia web.

"La industria vio lo que se le venía encima y creó una estructura societaria para cumplir la ley a su manera", afirma Alberto Vizcaíno, consultor ambiental y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., donde desgrana el sistema de residuos en España. El experto añade que el sistema Ecoembes, organizado por grandes empresas de alimentación y plásticos, se saltó la ley a los pocos años, porque establecía que en 2001 se valorizaría el 50% de los envases generados, y todavía no se ha logrado más de 20 años después.

De nuevo, en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a actualizar la Ley de Residuos para introducir que los productores y vendedores de envases "podrán ser obligados a establecer sistemas de depósito y retorno del producto para su reutilización o tratamiento", pero no duró ni un año. Uno de los primeros reales decretos de Mariano Rajoy modificó la Ley de Residuos para darle al SDDR un "carácter voluntario", de manera que Ecoembes continuó con su negocio intacto.

Sin embargo, en este momento no hay margen normativo para esquivar el cambio de modelo. El propio ministerio de Transición Ecológica publicó hace diez días los datos de recogida de botellas (43,1%) y añadió que "no se alcanzan los objetivos de la Ley de Residuos". Por lo tanto, "se deberá implantar, en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno".

Fuentes de Ecoembes niegan que sus accionistas estén en contra del sistema de retorno de envases, y afirman que ellos no quieren entrar "en ninguna guerra de sistemas" de separación de residuos. De hecho, admiten que van a trabajar, ahora que lo impone la ley, en implantar un SDDR en España. "Ecoembes ayudará a la administración pública y a las empresas a que cumplan en plazo y con la mayor agilidad posible sus obligaciones derivadas tanto del actual Real Decreto como del inminente Reglamento europeo de envases", señalan.

Sin embargo, la posibilidad ha estado sobre la mesa desde 1997, y hasta ahora no se ha abordado. ONG y grupos de consumidores llevan más de dos décadas reclamando su implantación, y en 2009 se agruparon en la ONG Retorna para aumentar su altavoz. Otras organizaciones han realizado estudios sobre su implantación en España, como la catalana ENT, o incluso Tragsa, que publicó un extenso informe en 2021 con el Ministerio de Transición Ecológica. En Europa, el sistema SDDR ya está presente en 14 países, con una tasa de recogida separada de envases del 90% (frente al 41,3% de España solo en botellas)

Los defensores de los sistemas de devolución y retorno explican que sus beneficios son arrolladores porque permite disparar la tasa de reciclaje de envases. Buena parte de las botellas y latas que se depositan en los contenedores grises y en las papeleras —las que recogen los ayuntamientos— acaban en vertederos, de forma que su vida útil es ínfima. Pero si se recogen por separado en supermercados, "se recuperan juntas y limpias, con un proceso de reciclaje puedes hacer nuevas botellas", explica César Sánchez, portavoz de Retorna.

Entonces, ¿por qué Ecoembes ha evitado hasta ahora implantarlo? Simplemente porque el sistema actual le beneficia, es más barato. Y porque si los consumidores devuelven los envases a máquinas con lectores de etiquetas, habría cifras exactas de cuántas botellas y latas ponen las multinacionales en circulación en España, un dato muy en entredicho hasta ahora porque era imposible de verificar, según explica una fuente del sector, que prefiere omitir su nombre.

"Por un lado, el SDDR daría más ingresos a Ecoembes porque puedes vender materiales reciclados de alta calidad, pero también es más caro porque tendría que mantener los cubos amarillos en las calles —para botellas de aceite, envases de comida, latas de conservas…— y pagar además las máquinas para recoger las botellas y latas, y construir plantas de clasificación y conteo. Por otra parte, cada empresa que forma parte de Ecoembes paga cada año en función de los envases que pone en el mercado, y las cantidades que se dan no se sustentan con los estudios de composición de la basura. El SDDR aporta una transparencia que no interesa a Ecoembes", señala esta persona.

El problema, en todo caso, es que el nuevo sistema de devolución y retorno tiene que ser ideado y organizado por el sector privado, según recoge el Real Decreto de Envases de 2022. Los expertos consultados creen que Ecoembes tratará de crear una nueva marca para este mecanismo —ya tiene Ecoembes y Ecovidrio—, aunque también podrían surgir otras agrupaciones empresariales similares (llamados SCRAP) que le hagan la competencia. Por ejemplo, desde los supermercados, ya que en su interior se ubicarán las máquinas para devolver las botellas.

Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la fundación ENT, reclama al Ministerio de Transición Ecológica que forme parte de ese proceso de desarrollo del sistema de devolución y retorno para que esta vez las multinacionales cumplan con su obligación. "No sé si dejará libertad total al sector privado, pero no tiene por qué hacerse así. La presencia de las administraciones públicas garantiza la transparencia, y esa es una de las decisiones que se tienen que tomar a corto plazo", resume.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases de bebida que tiene que implantar España antes de noviembre de 2026 transformará la manera en que los hogares tratan los residuos, pero ese cambio radical lleva décadas funcionando en el continente. Suecia fue el primero en instaurarlo en 1984 y desde entonces se han sumado otros 14 países de la Unión Europea, mientras que otros tantos van camino de adoptarlo. El sistema SDDR ha logrado que se recojan por separado en Alemania el 98% de los envases, o el 96% en Finlandia, con una media de éxito 90% en la Unión Europea.

Esas cifras tan elevadas permiten que prácticamente todas las latas y las botellas de plástico de un solo uso (agua, refrescos…) que se utilizan cada día puedan reciclarse para ahorrar recursos y generar ingresos con la venta de esas materias primas. La clave está en que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno).

Los países que ya tienen un sistema SDDR, además de tener una gestión más eficiente de sus residuos, se evitan mandarlos a un vertedero, donde cada tonelada de basura que entra tiene fuertes impuestos, y donde además se genera una importante contaminación atmosférica y de aguas subterráneas. Una eficiencia cercana al 100% en la separación de los plásticos también permite a estos países cumplir con la Directiva Marco de Residuos de la UE, mientras que España, entre otros, incumple la normativa y se expone a futuras multas.

Según el dato publicado el viernes por el Ministerio de Transición Ecológica, solo se recogió el año por separado el 41,3% de las botellas de plástico, mientras que la normativa comunitaria establece un objetivo del 70%. Incumplir la directiva implica de facto la imposición de un mecanismo SDDR en un plazo de dos años (noviembre de 2026) para garantizar que la cifra se corrige. "Los resultados de otros países con un sistema de depósito y devolución son muy buenos, y no creo que podamos cumplir con la directiva si no lo implantamos", opina Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la Fundación ENT, especializada en residuos.

Países Bajos, Dinamarca o Finlandia llevan más una década con este mecanismo, y este año se han sumado Irlanda y Hungría. En total hay 14 países europeos con el sistema SDDR, además de otros externos a la UE como Islandia o Noruega. Reino Unido, Portugal o Grecia ya tienen aprobada su creación y empezará a funcionar entre 2026 y 2027.

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG especializada en promover los sistemas de retorno de envases, explica que la clave del éxito en España estará en la tarifa que se cobre. Lo normal es que cada envase que forme parte del mecanismo cueste entre 15 y 20 céntimos de más, que luego recupera el cliente cuando devuelve al supermercado las latas y las botellas. "Lo que definirá el éxito del SDDR es que el depósito sea el más alto posible, para incentivar a la gente a devolver el envase", afirma. La cuantía final la decidirán las empresas, que son las que tienen que poner en marcha el sistema, pero el Real Decreto de Envases de 2022 ya fijó un coste mínimo de 10 céntimos por cada botella o lata para el futuro sistema de SDDR. "También es clave el dónde se devuelven las botellas, y el real decreto también dice que será en supermercados. Eso es bueno porque facilitará a la gente depositarlo donde lo ha comprado", añade Sánchez.

La diferencia entre el sistema que se plantea en España y el de otros países, es que por ahora no se contempla ampliarlo para incorporar las botellas de cristal, principalmente los cascos de cerveza y las botellas de vino. El Real Decreto de Envases recoge que el futuro mecanismo de depósito y devolución se aplicará sobre botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros de agua, zumos, bebidas refrescantes, energéticas, isotónicas y bebidas alcohólicas. También para latas y envases de cartón (tetrabriks) de estos productos, pero no dice nada sobre vidrio.

En todo caso, será la industria del plástico (empresas como Coca-Cola, Alcampo o Danone) la que tendrá la oportunidad en los próximos meses de incluir las botellas de cristal, puesto que el real decreto es la base sobre la que trabajar, pero las compañías pueden decidir ser todavía más ambiciosas. 

César Sánchez explica también que el sistema SDDR permite recoger todas las botellas "juntas y limpias", en vez de mezcladas con otras basuras, de manera que es mucho más fácil su reciclaje. "Ahora mismo, cuando se habla de reciclar plásticos en España, no es crear nuevas botellas con las antiguas, sino triturarlas para hacer fibras para ropa o recubrimientos de goma para parques infantiles. Lo que permitiría el sistema de retorno es recuperar un plástico de calidad y lograr una circularidad real: fabricar botellas con botellas", apunta. En todo caso, añade que lo idóneo sería popularizar los envases de vidrio, que se pueden devolver a la tienda, limpiar, y reutilizar fácilmente, con un impacto mucho menor.

En las tres semanas que han pasado desde la dana, la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) ya ha recibido más de 60.000 toneladas de muebles y enseres, mientras que antes de la tragedia apenas trataban 2.000 toneladas mensuales. Es decir, han ingresado en menos de un mes casi la misma cantidad que en tres años. Y eso solo es una parte de los residuos recogidos, porque la Generalitat calcula que ya se han retirado en toda la Comunitat más de 100.000 toneladas —València ciudad produce cada año 12.000—. Las autoridades reconocen que aun así todavía quedan muchos desechos por sacar, mientras que las organizaciones ecologistas empiezan a exigir más atención para evitar que la situación derive en una catástrofe ambiental.

Organizar una cantidad ingente de basura fue un caos durante los primeros días tras la riada, pero los responsables explican que ya han conseguido recobrar el orden para intentar dar un tratamiento lo mejor posible a los enseres. Por ejemplo, los colchones, los electrodomésticos y los hierros pesados se están separando para que no vayan a vertedero directamente y así dar una salida a los metales, que se pueden reciclar. Los coches siniestrados —unos 120.000— se envían a desguace porque tienen elementos muy contaminantes.

Emilio José Belencoso, presidente de la Emtre, afirma que la ley de residuos de 2022 les permite rebajar todas las exigencias ambientales en caso de emergencia, pero que aun así están intentando hacerlo lo mejor posible. "Por ahora estamos haciendo una separación mínima para intentar reutilizar grandes productos metálicos, que enviamos a gestores autorizados, pero es verdad que ahora mismo estamos tratando de todo, menos coches y lodos. Si fuésemos al detalle con lo que nos entra, la basura nos comería", dice el responsable.

La labor habitual de la Emtre es hacerse cargo de los residuos del contenedor gris (basura general) y el marrón (orgánico) de 45 municipios del área metropolitana de València. Todos ellos ahora arrasados por la dana, de forma que ahora llega de todo: muebles, electrodomésticos, ladrillos, restos vegetales… y todos embarrados.

Para gestionar tal cantidad de enseres, la principal planta de tratamientos de la Emtre, Quart de Poblet (Valencia), ha sido ampliada con 95.000 metros cuadrados que han adecuado en tiempo récord para que sirva de almacén temporal. Es una parcela que equivale a 25 campos de fútbol, y tiene tres metros de profundidad. Allí se depositan los restos que traen cada día unos 400 camiones, con entre 2.000 y 4.000 toneladas de residuos. De hecho, llegan tantos contenedores que ni siquiera pueden pesar los residuos, pero trabajan con la estimación de que cada camión porta algo más de 10 toneladas.

Los portavoces de la empresa pública reconocen que casi la mitad de la nueva parcela ya está llena, pero no creen que se vaya a quedar pequeña porque tres máquinas trituran cada día 1.500 toneladas de escombros y madera, que luego se envían a otros vertederos de la provincia. El encargado de gestionar estas salidas de camiones es la Generalitat, junto con Tragsa, que coordina el trabajo de todos los vertederos de la comunidad autónoma.

La Emtre solo se encarga del tratamiento de enseres en las plantas de Los Hornillos y Manises, pero en la región hay casi una decena de vertederos, y es ahí donde acaban todos los restos triturados. Fuentes de la Generalitat explican que una parte de los residuos también se entierran en siete minas de la Comunitat, algunas abandonadas, aunque añaden que no hay riesgo para el medioambiente porque "cuentan con suelos aislantes". Como el Gobierno regional controla no solo las dos plantas del Emtre, sino toda la gestión de los enseres de la región, sus cifras son más precisas. "El operativo supera ya las 10.000 toneladas diarias y se ha evacuado en total 100.000 toneladas de enseres. Poco a poco esa cifra de retirada irá bajando", añaden esas fuentes.

Las organizaciones ecologistas de València temen, sin embargo, que esta enrome cantidad de residuos sea una condena a largo plazo para la naturaleza de la zona, y esta semana enviaron una carta a la Generalitat en la que reclaman la creación de una comisión que informe sobre los impactos ambientales de la dana. "Hay una falta de información total, la opacidad es absoluta. No se informa de qué ni quién está actuando, dónde o cómo se toman las decisiones o en base a qué información, incluso en cuestiones tan importantes como son agua potable o residuos peligrosos. Ni siquiera en los espacios naturales protegidos de gran valor como el Parque Natural de la Albufera y su parte marina protegida o el Parque Nacional del Turia", se lee en un escrito firmado por cinco asociaciones, entre ellas Ecologistes en Acció y SEO BirdLife.

Durante la primera semana tras la riada, los escombros de decenas de miles de viviendas se amontonaron en las calzadas de la provincia, impidiendo el paso de los vehículos de emergencias. La prioridad era vaciar las casas afectadas para evitar que los muebles y la ropa se pudrieran, y la única salida era echarlos a la calle. El dispositivo de residuos de la Generalitat ha consistido desde entonces en recoger estos enseres y llevarlos fuera de la ciudad, y para eso se ideó un sistema de tres fases, que todavía funciona.

Primero, se concentran los residuos en diferentes lugares de los municipios para evitar que los montones de escombros corten el tráfico. Una vez que los vecinos y los voluntarios llevan aquí los restos de sus viviendas, el Gobierno regional se encarga de trasladarlos a cinco puntos "de transferencia": la planta de tratamiento de Hornillos, el antiguo campo de fútbol de Alfafar, el antiguo campo de fútbol de Catarroja, la vía de servicio de la pista de Silla, y la antigua cantera de la ladrillera Almudíver. Según el Cecopi, cada día están entrando 15.000 toneladas de restos a estos puntos, una cifra muy superior a la de los centros de tratamiento de la Emtre (hasta 5.000 toneladas diarias) porque a estas escombreras improvisadas también llegan vehículos y lodos.

Una vez que los residuos se concentran en estos cinco lugares, son transportados hasta los vertederos y canteras que se han habilitado para ello, "donde permanecerán hasta que sea posible llevar a cabo los tratamientos correspondientes para su correcta gestión", según alegan desde la Conselleria de Medioambiente de la Generalitat.

Por su parte, los miles de toneladas de lodo que se están extrayendo de los 75 municipios afectados se están vertiendo directamente al cauce del Turia y las ramblas fluviales de la zona. El lodo, el protagonista de la tragedia, ha acabado principalmente en el sistema de alcantarillado y de ahí ha acabado directamente en la naturaleza.

De hecho, la semana pasada la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica autorizaron depositar en la desembocadura del río Turia los barros retirados por los 145 camiones cuba que trabajan en la zona. Esto solo se llevará a cabo "en la medida que los análisis confirmen su inocuidad, dado que los primeros resultados corroboran que se trata mayoritariamente de tierras y arenas arrastradas por la corriente", según publicó el Gobierno regional. El fango que arrastre elementos contaminantes, como aceites de motor o combustibles, debería acabar en las minas para minimizar su impacto ecológico, según el plan de la Generalitat.

El Ministerio de Transición Ecológica apura las últimas horas del plazo para publicar el porcentaje de botellas de plástico que se reciclaron en España de 2023: debe hacerlo antes del 1 de noviembre. Lo que debería ser un informe rutinario sobre residuos se ha convertido en un documento decisivo que podría cambiar el sistema de tratamiento de envases en el país. Si la cifra de recogida separada de plásticos es inferior al 70%, el Gobierno tendrá que implantar en 2025 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que cada botella vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase. Aunque Ecoembes —el sector plástico— afirma que España tiene una tasa de recuperación del 71%, organizaciones civiles y expertos rebajan la cifra al 38% y dan por hecho que habrá que implementar el nuevo sistema.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en 2021 un estudio preliminar sobre cómo funcionaría un hipotético SDDR en España, y valoró cobrar un extra de 10 céntimos por envase.

La principal aportación de este sistema es que consigue disparar las tasas de recogida de botellas de plástico, mientras que ahora alrededor del 60% de ellas acaban en un contendor gris junto a residuos de todo tipo y no se reciclan. En su estudio de 2021, el Gobierno calculó que el 86% de los consumidores estarían dispuestos a devolver los envases para recuperar esos céntimos, de manera que será muy fácil clasificarlos y reciclarlos. Además, según estas estimaciones, se evitaría lanzar al medioambiente 6.752 toneladas de plásticos y vidrio.

La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, y cada dos años aumenta, hasta alcanzar el 90% en 2029. El problema, según los expertos, es que las cifras de reciclaje de envases en España las ha proporcionado siempre Ecoembes, la empresa que tiene el monopolio de la gestión del plástico y que aglutina a gigantes como Coca Cola, Nestlé o Danone. Incluso los datos oficiales de reciclaje que el Gobierno traslada a la Comisión Europea provienen de este lobby, que defiende que el 71,1% de las botellas PET utilizadas en España en 2021 se recuperaron.

Sin embargo, diferentes ONG han recabado por su cuenta datos muy diferentes. Dos investigaciones publicadas por Greenpeace y Zero Waste Europe calculan que, en realidad, ese año solo se recuperaron entre el 36% y el 37% de las botellas de plástico, una cifra en las antípodas del objetivo del 70% para 2023. El Gobierno tiene la obligación de publicar antes del 1 de noviembre "el estado de cumplimiento de los objetivos fijados para 2023", y en lugar de replicar los datos que traslada Ecoembes, el Ejecutivo lleva meses reuniéndose con todos los actores para que la cifra sea la real, por lo que se espera un número cercano al 40%.

Francisco Peula, consultor de residuos y director de la ONG Rethinking, insiste en que ya es hora de dejar de lado las cifras erróneas con las que España ha estado "engañándose" durante años. "Ecoembes ha vendido un bulo que las administraciones se han querido creer, pero que ya es insostenible. El Estado prefería usar esas cifras para evitar una multa de Bruselas, y las Comunidades Autónomas para vender unos resultados fantásticos. El problema lo han tenido los ayuntamientos, que han asumido el coste real de los plásticos que no ha gestionado Ecoembes durante años", afirma.

Si se incumple la meta del 70% para 2023, la ley obliga al Gobierno a implementar un sistema SDDR en un periodo de dos años. Desde el Ministerio de Transición Ecológica confirman que eso equivale a que entre en vigor el 1 de enero de 2025, cosa que no ocurrirá porque no se ha organizado nada. Los expertos dudan incluso que un sistema así a escala nacional pueda implementarse a lo largo del año que viene.

Por otra parte, si el SDDR es tan efectivo como estima el Gobierno —con una tasa de devolución de botellas del 86%— la meta que contempla la Ley de Residuos sdel 70% sería relativamente fácil de cumplir. La estimación está dentro de los parámetros habituales de este sistema, puesto que la tasa de retorno media de los envases es del 91% (en Alemania del 98%), según el Global Deposit Book 2022, un estudio global sobre el sistema SDDR. Este informe afirma que hay al menos 50 países que lo utilizan, como Países Bajos, Suecia, Canadá o Australia.

Hay diferentes métodos para intercambiar las botellas por dinero en un sistema SDDR. El más común es mediante máquinas distribuidas por la ciudad que funcionan de manera automática: se introduce una botella y esta devuelve los céntimos que en su día adelantó el consumidor.

También se puede aplicar sobre toda clase de botellas, aunque siempre menores de tres litros de capacidad. El estudio de viabilidad que elaboró hace dos años Transición Ecológica se realizó teniendo en cuenta envases tanto de plástico como de cristal y que contienen agua, cerveza, bebidas refrescantes y zumos en envases de un solo uso, pero excluyó lácteos, vinos y bebidas espirituosas. 

En España, la acogida sería bastante buena, según una encuesta publicada este año por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que el 57% de los españoles declararon "muy probable" devolver sus envases al súper a cambio de recuperar el dinero. El 21% se mostró "bastante probable", el 15% "poco" y el 7% "nada".

Ecoembes afirma a infoLibre que está "a la expectativa" de que Transición Ecológica publique las cifras oficiales de recuperación de botellas de plástico, y afirma que en los últimos meses se ha reunido con el Gobierno para trasladar que sus cálculos de reciclaje "están auditados y cumplen con los estándares de la Comisión Europea", por mucho que difieran de las cifras que dan las ONG.

Las empresas de plásticos tienen mucho que perder si el Gobierno termina por imponer un sistema de depósito, devolución y retorno, ya que en este momento los envases que no se depositan en el contenedor amarillo ya no son responsabilidad suya, sino de los ayuntamientos, que se gastan millones de euros en recogerlos del suelo, de las papeleras o de los cubos grises. "Mis cálculos son que si Ecoembes asumiese el coste real de su cometido, sus gastos subirían un 250%", afirma Peula.

Ignasi Puig, coordinador de Residuos en la organización ENT, ha elaborado diversos informes sobre la introducción del SDDR en España, y afirma que sería un sistema mucho más caro para Ecoembes que el actual. La empresa tendría que hacerse cargo de tres veces más de plásticos que ahora, pero recuerda que su obligación es hacerse cargo de cada una de las toneladas de envases que pone en el mercado.

"El sistema SDDR se financiaría de tres formas: vendiendo los materiales que se logren reciclar, los céntimos que no sean reclamados por los ciudadanos, y las aportaciones que hagan las empresas de Ecoembes por haber productores de plásticos. La tercera pata servirá para compensar las otras dos, y en función del coste de las materias primas y del porcentaje de retorno, pagarán más o menos por tratar los residuos", aclara el experto.

Desde el sector de las ONG temen que Ecoembes proponga al Gobierno sustituir el sistema convencional de SDDR por uno que ya tiene implantado y que no tiene resultados demostrables, el sistema Reciclos, una aplicación digital que otorga premios por reciclar. infoLibre publicó en 2023 una investigación en la que demuestra que es un agujero que permite el fraude en el reciclaje y no incentiva su uso por parte de la sociedad. Sobre esta cuestión, un portavoz de Ecoembes garantiza que ellos aceptarán un sistema SDDR si lo impone el Gobierno porque no quieren que haya "un debate sobre sistemas". "No tenemos líneas rojas, solo queremos que España cumpla con los objetivos".

El sistema de recogida de basuras en los municipios se encarecerá de manera drástica el año que viene. A partir de abril de 2025 —en la práctica el 1 de enero, porque los presupuestos municipales son anuales— ningún ayuntamiento del país podrá tener un servicio deficitario de deshechos, es decir, que la recogida y el tratamiento sea más caro que los impuestos recaudados para ese fin. En este momento, las tasas de basuras cubren el 59% del coste del servicio, una enorme brecha que hay que compensar con impuestos más agresivos. Sin embargo, dependiendo del municipio, el ciudadano no tendría por qué notarlo en su bolsillo, puesto que muchos alcaldes optan por mantener unas tasas de basuras artificialmente bajas que compensan con un IBI más elevado, que ahora habría que rebajar si se sube los impuestos a los residuos.

En las últimas semanas numerosos ayuntamientos ya han anunciado una subida en sus tasas de basuras. En Madrid capital, se anunció la semana pasada la recuperación de este tributo, que de media ascenderá a 140 euros anuales por hogar, en función del barrio y el tamaño de la casa, pero que irá acompañado de una rebaja del IBI del 0,02%. En Málaga y en Alicante se va a cuadruplicar la tasa de basuras respecto a 2024, mientras que en Zaragoza será suficiente con subirlo un 12,7% y en Vigo un 4%.

El Partido Popular ha intentado ligar la subida a una decisión del Gobierno, pero el cambio en la normativa está relacionado con la trasposición de la Directiva Marco de Residuos de la UE que se realizó en abril de 2022. Fue entonces cuando se aprobó en España la nueva Ley de Residuos en la que se dan tres años para implementar en los munipios dos grandes cambios fiscales. Primero, es obligatorio los impuestos destinados a cubrir la recogida y tratamiento de basuras se recojan a través de una tasa de basuras o una prestación patrimonial de carácter público no tributario, pero nunca a través del IBI u otros impuestos. Y segundo, la recogida de basuras nunca puede ser deficitaria, es decir, el 100% de su coste anual tiene que ser cubierto con estas tasas.

Sin embargo, la situación actual está muy lejos de este objetivo. La Fundación ENT, dedicada a la mejora de los sistemas de residuos, elabora cada año un informe de fiscalidad donde estudian 130 ciudades españolas. Su conclusión del estudio de 2023 es que la recaudación total de los tributos de basuras apenas cubrió el 59% de los costes totales del servicio, que ascendieron a 3.828 millones de euros, "muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025". Los autores también calculan que el 98% de los municipios de España tienen una tasa específica de basuras, pero está muy por debajo del coste real de la recogida y el tratamiento. Según el informe, el importe medio de la tasa de basuras es 92,80 euros.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, que ha gestionado la trasposición de la normativa europea, trasladan que "no se trata de una tasa nueva ni de que el ciudadano vaya a pagar más, solo se diferencia el pago que el ciudadano hace ya". "Por ello, habrá que equilibrar los cobros. Si el ayuntamiento estaba cobrando este servicio dentro del IBI, habrá que bajar ahora el IBI al sacar del mismo los residuos", afirman desde este ministerio.

El objetivo de estos cambios es dar más visibilidad al coste real de los desechos, debido a que España es uno de los países de Europa con peores rendimientos en el tratamiento de basuras. Según la organización Retorna, el 78% de los residuos se recogen sin separar y acaban en un vertedero, de manera que se desaprovecha su potencial de reciclaje y donde además se generan vertidos muy contaminantes. La Comisión abrió un expediente a España en julio por incumplir la meta de reciclar el 50% de sus desechos en 2020.

Francisco Peula, consultor en gestión de residuos, explica que todo se resume en dar "transparencia" a un sector en que siempre se han hecho las cosas mal, salvo en algunas regiones como Cataluña, País Vasco o Navarra. "Lo que hay que hacer ahora es bajar el IBI donde corresponda e intentar modular las nuevas tasas para que paguen menos los hogares que se molesten en separar la basura, es decir, premiar al que hace las cosas bien", resume.

El experto añade que es imprescindible que la tasa de basuras local traslade a los vecinos el coste real del tratamiento de los residuos porque hasta ahora la gestión de muchísimos ayuntamientos es nefasta, con costes inflados que se han financiado con recursos del ayuntamiento, sacrificando dinero que podría haber ido a actividades o a infraestructuras. Esta situación es mucho más grave desde que entraron en vigor otros cambios de la Ley de Residuos, como la obligatoriedad de recoger la materia orgánica por separado —ha encarecido alrededor de un 30% el presupuesto de basuras—, o el nuevo impuesto a vertederos, que grava con hasta 40 euros cada tonelada de basura que se vierte, casi el doble del coste anterior.

"Tirar la ropa o los residuos orgánicos a un vertedero supone un dineral para los municipios, y además es una pérdida ingente de materias primas, de abonos que se podrían recuperar para la agricultura o de energía que se podría producir atrapando el metano. Si hablamos de riqueza, reciclar y reutilizar la ropa genera 36 veces más puestos de trabajo que un vertedero", explica Peula.

El nuevo sistema de financiación de recogida de basuras también quiere incentivar el mejor reciclaje de los hogares y los comercios, de manera que la nueva Ley de Residuos contempla modular el impuesto para beneficiar a familias con bajos ingresos o personas en paro. Otra opción es diferenciar la tasa de basuras por zonas, elevando el impuesto allí donde los vecinos tienen menos cuidado con sus residuos, aunque implementar esto en grandes ciudades no es sencillo, porque en cada barrio habrá gente más y menos responsable.

Dos sistemas muy extendidos en Cataluña, País Vasco, Navarra o Baleares son el de recogida de basura puerta a puerta o el del contenedor electrónico, que permiten diferenciar el nivel de separación de residuos de cada hogar. En el primero, los desechos se recogen casa por casa, y cada día de la semana se retira exclusivamente un tipo de basura —vidrio, plástico, papel, orgánico, etc.— de manera que los vecinos están obligados a separar los desechos. El contenedor electrónico consiste en que los cubos de las calles se abren mediante una tarjeta personal, de manera que es posible identificar en qué zonas se generan más residuos y quiénes contaminan más.

César Sánchez, portavoz de la organización Retorna, formada por ecologistas y consumidores, critica que con estos cambios se vuelve a poner la responsabilidad sobre los ciudadanos, mientras que las empresas que generan estos residuos se libran. "Estamos poniendo la responsabilidad al final de la cadena, pero son los supermercados y los fabricantes los que deberían ocuparse de que el sistema funcione, que son los que ponen en circulación ingentes cantidades de plásticos", afirma.

Los campo petrolíferos y los pozos de gas son los principales causantes de las emisiones masivas de metano a la atmósfera, pero a continuación se encuentran los vertederos a cielo abierto. En España no hay de los primeros, pero plantas de residuos hay en todas las provincias, y emiten cada año millones de toneladas de metano, un gas 28 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Un análisis de la huella de metano realizado con imágenes satelitales identifica en España tres fugas masivas ligadas a vertederos, aunque todos contaminan, según los expertos.

El mapa, elaborado por Carbon Mapper, una organización sin ánimo de lucro, sitúa como la más contaminante a la planta de compostaje de Pinto, en el sur de Madrid, con unas emisiones medias de 2,7 toneladas de metano por hora en el momento en el que se tomó la medida, lo que equivale a más de 560.000 toneladas al año. También identifica la planta de reciclaje Global París, a las afueras de la ciudad de Murcia (250.000 toneladas al año) y la planta de residuos de Alhedin, a las afueras de Granada (50.000 toneladas).

El mapa con las plumas de metano —el nombre que recibe el rastro de metano en el aire— se ha construido a partir de fotografías de la NASA, aunque todavía está en plena elaboración y hay zonas de España todavía sin estudiar, como Galicia, Asturias y gran parte de Castilla-La Mancha. Tampoco se han ubicado las fugas de metano en el centro y el norte de Europa, y falta por estudiar Rusia al completo, pero por ahora ya se han encontrado 17.390 plumas, y la mitad pertenecen a campos petrolíferos y gasistas.

Casi una cuarta parte de las fugas globales de metano proceden de vertederos, una fuente muy agresiva de gases de efecto invernadero y de aguas residuales que tiene un impacto enorme en la atmósfera y el subsuelo. La producción de metano en las plantas de residuos es inevitable, según los expertos, porque se genera durante la descomposición de los restos orgánicos de los vertederos, aunque hay formas de absorber ese metano si las instalaciones están correctamente selladas y se invierte en la tecnología necesaria.

Un técnico con amplia experiencia en el sector, que prefiere omitir su nombre por su vinculación a los vertederos españoles, explica que la gran mayoría de los estercoleros del país están descuidados y no cuentan con las medidas adecuadas. "Para empezar, desde 2001 está prohibido enterrar basura en un vertedero sin un tratamiento previo, pero se sigue haciendo ampliamente. Por ejemplo, en el centro de Pinto". Un informe publicado en 2023 por la Comisión Europea recogió que "en 2020, la tasa de reciclado de residuos municipales en España fue del 36,4% (18,6 puntos porcentuales por debajo del objetivo de 2025), mientras que la tasa de vertido a vertederos fue del 52,0% (más del doble de la media de la UE)", destacan desde la Comisión.  

Cuando los restos de productos biodegradables se cubren de tierra en los vertederos, comienza un proceso de descomposición en el que la materia orgánica se transforma en compost, liberando metano y CO₂ a la superficie, dos gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. El metano es, de hecho, 28 veces más contaminante que el CO₂ si se compara su impacto a lo largo de un siglo. El proceso de descomposición de la materia orgánica, además de producir gases, también genera un mejunje líquido llamado lixiviado, muy contaminante y que se filtra al subsuelo y contamina ríos y acuíferos.

Aproximadamente, el 80% de los grandes vertederos de España tienen mecanismos para atrapar sus emisiones de metano y reutilizarlo, ya sea para producir energía para la propia planta, o directamente para venderlo como gas ciudad. Este negocio se ha vuelto especialmente en los últimos tres años, cuando el gas natural ha pasado a ser un combustible estratégico tras la invasión de Ucrania. Para hacerse con este gas, bajo los montones de basura circula una red de tuberías que succionan el metano y el CO₂ producidos por la digestión de los desechos, se limpian y se almacenan hasta darles una salida.

Sin embargo, como no se invierte lo suficiente en estas instalaciones, el sellado de los vertederos es pésimo y la mayoría del metano se termina filtrando al aire antes de ser absorbido por los desgasificadores. "La cifra que circula por el sector es que alrededor del 70% del metano acaba en la atmósfera incluso instalando redes de tuberías porque se filtra a través de la tierra. Si quisiéramos hacerlo bien y redirigir ese gas por completo, tendríamos que sellar la basura en algo parecido a una olla a presión, lo que se conoce como una planta de biometanización", añade el experto en reciclaje.

Julio Barea, portavoz de Greenpeace, señala que el problema principal es que los residuos orgánicos no se están separando, como marca la ley, que obliga a que todos los municipios de más de 5.000 habitantes recojan cada tipo de basura por separado. De esta manera, se podría tratar los restos biodegradables en lugar de enterrarlos junto con plásticos, metales o escombros. "Lo único que hace falta es cumplir con la ley. No puede entrar materia orgánica, porque además bien recogida es una mina de oro. Si la biometanizas puedes usar el gas para calentar las ciudades, y el compost utilizarlo en un país con millones de hectáreas de agricultura. Nos ahorraríamos millones de euros en fertilizantes que encima producimos con productos químicos tóxicos", resume el representante de la organización ecologista.

Nos encontramos en un mundo que enfrenta una triple crisis ambiental sin precedentes: cambio climático, escasez de recursos y contaminación ambiental. En este escenario, la economía circular se presenta como una alternativa viable, ofreciendo un modelo económico que promete un futuro más sostenible para el planeta. Este modelo supone un cambio radical en la forma en que producimos, manteniendo el valor de los materiales en la economía durante el mayor tiempo posible, minimizando el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades. Ante esta crisis ambiental, la economía circular no es solo una alternativa, sino una necesidad para garantizar la viabilidad de nuestro planeta y el bienestar de las generaciones futuras. Un futuro donde la prosperidad económica va de la mano con la protección del medio ambiente, donde los recursos se utilizan de manera responsable y eficiente, y donde las comunidades prosperan en armonía con la naturaleza.

La economía circular se presenta como una solución sostenible frente al agotamiento de los recursos naturales y los desafíos medioambientales. Se espera que, para el año 2030, la economía circular se haya convertido en un elemento fundamental para la sociedad, impulsando la creación de empleo, la competitividad empresarial y la protección del medio ambiente. Para alcanzar esta visión, se han establecido objetivos ambiciosos a nivel global: reducir el consumo de materiales en un 30% para 2030, disminuir la generación de residuos en un 15%, aumentar las tasas de reutilización y reciclaje, impulsar eco-industrias y empleos verdes, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger la biodiversidad y los ecosistemas. La visión para 2030 es ambiciosa y transformadora, con la expectativa de que la economía circular esté completamente integrada en los sistemas económicos globales, influyendo tanto en las políticas gubernamentales como en las prácticas empresariales y el comportamiento del consumidor. Para 2030, se proyecta que las empresas habrán adoptado modelos de negocio basados en la circularidad. Esto incluye la adopción de tecnologías innovadoras para el reciclaje avanzado de materiales, el diseño de productos que faciliten su reparación y reutilización, y la implementación de sistemas de logística inversa que aseguren el retorno de productos al ciclo de producción.

Sin embargo, alcanzar estos objetivos ambiciosos no está exento de barreras y dificultades significativas. Desde obstáculos tecnológicos hasta resistencias culturales, la transición hacia un modelo económico circular enfrenta numerosos retos que requieren atención y soluciones innovadoras. La resistencia al cambio, la necesidad de inversiones sustanciales y la falta de infraestructura adecuada son barreras que deben superarse. No obstante, las oportunidades son igualmente grandes. La economía circular no solo promete beneficios ambientales, sino también económicos, como la creación de nuevos empleos y la apertura de mercados innovadores.

La transición hacia una economía circular no será un proceso fácil, pero es un camino necesario para asegurar un futuro sostenible, y requerirá esfuerzos conjuntos por parte de todos los actores de la sociedad. Las empresas deberán adoptar modelos de negocio circulares, rediseñando sus productos y procesos para minimizar el impacto ambiental. Los gobiernos deberán establecer políticas públicas que incentiven la economía circular, como la inversión en investigación e innovación, la creación de marcos legales adecuados y la promoción de la educación ambiental. Y la ciudadanía deberá adoptar hábitos de consumo responsables, reduciendo el consumo innecesario, eligiendo productos duraderos y reciclables, y participando en iniciativas de reciclaje y reutilización.

Una de las barreras más importantes es la resistencia al cambio. Cambiar esta mentalidad implica un proceso educativo y cultural que puede ser lento y complicado especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que a menudo se muestran reticentes a adoptar prácticas circulares, debido a la percepción de altos costos iniciales y la incertidumbre sobre los beneficios a largo plazo. La falta de infraestructura adecuada es otro obstáculo significativo. La economía circular requiere sistemas de reciclaje avanzados, plantas de tratamiento de residuos y tecnologías para la recuperación de materiales.

Las limitaciones tecnológicas también juegan un papel crucial en la transición hacia una economía circular. Aunque hay avances significativos en tecnologías de reciclaje y recuperación, muchas aún no están suficientemente desarrolladas o son demasiado costosas para su implementación a gran escala. Y no debemos olvidarnos del marco regulatorio. Un marco regulatorio inadecuado puede dificultar la adopción de prácticas circulares. Las leyes necesitan ser revisadas y actualizadas para incentivar prácticas sostenibles y desincentivar aquellas que no lo son. Y junto al marco regulatorio, necesitamos inversiones significativas para avanzar en nuevas tecnologías, infraestructuras y procesos necesarios. Sin embargo, acceder a la financiación puede ser un desafío, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Los inversores a menudo buscan retornos rápidos, mientras que los beneficios de la economía circular tienden a ser a largo plazo. Esto crea una brecha entre la necesidad de inversión y la disposición a invertir.

En conclusión, aunque la economía circular presenta una visión prometedora para un futuro sostenible, alcanzar los objetivos planteados para 2030 enfrenta múltiples barreras. Superar estos desafíos requerirá un esfuerzo coordinado y multifacético en medir el progreso mediante indicadores de economía circular. Medir cómo evoluciona la economía circular ha de involucrar a todos los actores de la sociedad, desde gobiernos y empresas hasta consumidores y educadores. Porque medir el progreso mediante indicadores no solo ayudará a evaluar la efectividad de las políticas y prácticas circulares, sino que también será crucial para identificar áreas de mejora y asegurar la transparencia en el camino hacia la sostenibilidad. Los indicadores son herramientas vitales para el seguimiento de los avances en la economía circular. Permiten cuantificar el impacto de las iniciativas, comparar el desempeño entre diferentes regiones y sectores, y tomar decisiones informadas basadas en datos concretos.

Sin indicadores, es imposible determinar si se están alcanzando los objetivos establecidos o si las estrategias necesitan ser ajustadas. Tener en cuenta indicadores como la huella material, la huella de consumo y, por supuesto, la tasa de reciclaje son esenciales para evaluar el impacto, identificar áreas de mejora y asegurar la transparencia. Y no debemos olvidar que la economía circular también busca reducir estas emisiones promoviendo prácticas sostenibles, por lo que es fundamental medir las emisiones de CO2 asociadas a la producción y el consumo para evaluar el impacto ambiental de las actividades económicas.

En definitiva, la transición hacia una economía circular para 2030 depende en gran medida de nuestra capacidad de colaboración, un marco regulatorio eficaz, inversiones y un sistema robusto para medir el progreso de manera efectiva. Aunque los desafíos son grandes, las oportunidades que nos brinda la economía circular para construir un futuro sostenible y próspero son mucho más significativas.

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José Luis de la Cruz es director de sostenibilidad de la Fundación Alternativas.