Los colegios privados siguen aumentando sus ingresos, que ascienden a 14.400 millones de euros anuales, sobre todo impulsados por los centros concertados, y pese a que en el sector varios grupos empresariales han adquirido centros en los últimos años, las entidades de pequeño tamaño que gestionan un único colegio son las predominantes, según informa EFE.

Según el informe elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA publicado este jueves, el volumen de negocio de los colegios privados en el curso 2024-2025 creció el 2,5% respecto al curso anterior y mientras los colegios concertados generaron 10.900 millones de euros, los no concertados ganaron 3.500 millones.

Alrededor del 85% del total de los ingresos se deriva de los servicios de matrícula y enseñanza, frente al 15% generado por otros conceptos.

En el curso 2024-2025 había 9.330 centros privados, de los que el 60% eran concertados. El total de matriculaciones en ambas categorías ascendió a 2,76 millones de alumnos y alumnas.

El número de alumnos matriculados en colegios privados aumentó en dos cursos escolares en 3.000 estudiantes, según señala el estudio que incide en que alrededor del 74% del alumnado corresponde a centros concertados (2,05 millones frente a 714.000 alumnos matriculados en centros que no reciben recursos públicos).

 El mercado está liderado por varios grupos empresariales y congregaciones religiosas que gestionan múltiples centros, habiendo protagonizado algunos de ellos procesos de crecimiento mediante adquisiciones en los últimos años. No obstante, la oferta continúa mostrando un alto grado de fragmentación, en un sector en el que predominan las entidades de pequeño tamaño encargadas de la gestión de un único colegio.

Los cinco primeros operadores —excluyendo congregaciones religiosas— reúnen una cuota de mercado conjunta de alrededor del 4% del negocio total generado por los colegios privados.

Lo advirtieron hace meses: Ciudad Real tendrá, el curso que viene, 25 aulas menos. ¿El motivo? No hay niños suficientes a los que dar clase, así que no queda más remedio que agruparles en las pocas que sí pueden seguir funcionando. No pasa sólo allí, en cualquier caso. La caída demográfica ha empezado ya a dar sus frutos y están siendo los colegios y los institutos los termómetros perfectos para comprobarlo. Ahora bien, como ocurre siempre, no está pasando igual en todas partes. Lo sufre más la España vaciada, claro, pero también la escuela pública. De hecho, es, sin duda alguna, la principal damnificada.

Lo han señalado los expertos en varias ocasiones y las estadísticas les dan la razón. Las últimas cifras sobre unidades escolares publicadas por el Ministerio de Educación revelan que en la última década —desde el curso 2013-2014 al 2023-2024— las aulas de Educación Infantil públicas han caído un 2%, pero las privadas han crecido un 1,6%. Pasa igual en Primaria, aunque es cierto que en menor medida: en esa etapa las públicas han caído un 0,5%, pero las privadas han crecido un 2,3%. En números absolutos, los datos hablan de 1.744 aulas públicas cerradas y de 1.410 privadas abiertas. En prácticamente el mismo periodo —el último disponible en el INE, entre 2012 y 2022—, la media de edad de los españoles y las españolas ha subido tres años: de los 41,6 a los 44,08.

Han sido todos estos los años clave. Un estudio publicado por EsadeEcPol ya cifró en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España había perdido precisamente entre 2013 y 2023. Bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, el think tank auguraba además que, para 2037, esa cifra habría alcanzado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnosticó uno de los autores del estudio, el sociólogo Jorge Galindo. Así se explica, precisamente, que las mayores caídas se hayan producido en la etapa Infantil: el proceso acaba de empezar.

Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación, pide expresamente fijarse en esa etapa para comprender la dimensión del problema. "Mirar lo que ocurre en Infantil es lo más interesante, porque es donde más se comprueba cómo la caída demográfica se está cebando con el sistema público", explica, desde el otro lado del teléfono.

Volvamos a la estadística oficial, como plantea. Si se acerca la lupa, se comprueba que en la última década se han cerrado 1.312 aulas públicas y se han abierto, por su parte, 559 privadas. En Primaria, sin embargo, los números no distan tanto: mientras se han clausurado 432 de la primera red, se han inaugurado 851 de la segunda. Ahora bien, el esquema es el mismo. Y además lleva años ocurriendo.

Un informe de CCOO que analizó esta variable entre los cursos 2017-2018 y 2022-2023 concretó que, a nivel estatal, las unidades de las escuelas públicas de Infantil y Primaria habían descendido un 2,51%, un porcentaje mucho más elevado que el de las privadas, que fue del 0,13%. El alumnado, no obstante, había caído en casi idénticas proporciones en ambas: un 7,06% en las primeras y un 7,45% en las segundas.

Ahora bien, la pregunta que surge es obvia: ¿por qué ocurre?

Turienzo cree que la explicación tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con una cuestión de territorio, y se fundamenta en que "las aulas que cierran lo hacen sobre todo en zonas rurales, donde la única escuela que existe es pública" y donde, básicamente, nacen menos niños. Según los datos del INE, comunidades como Cantabria, Asturias o La Rioja son las que mayores descensos en cuanto al número de nacimientos han experimentado en la última década. En concreto, y respectivamente, su natalidad ha caído un 38,4%, un 31,8% y un 31,1%. Estas tres comunidades, además, superan la media nacional de caída de la población matriculada en el segundo ciclo de Infantil —el que más alumnado tiene—, según las cifras recogidas por el departamento de Pilar Alegría: los descensos han sido del 29,8%, 29,6% y 27% respectivamente.

¿Y la segunda vertiente? Según Turienzo, esta respondería más a una cuestión política. "Lo que está influyendo sobre todo en estas estadísticas es el sistema de conciertos", advierte.

Es ideológico. El 13 de enero de 2021, el Gobierno de la Comunidad de Madrid respondía a la aprobación de la ley educativa de la entonces ministra Isabel Celaá con la extensión de la duración de los conciertos educativos a un plazo de diez años. Es decir, que las escuelas privadas que consiguieran un contrato con la administración para recibir fondos públicos lo harían, como mínimo, durante una década. Y antes no se podría tocar ese acuerdo. Podrían seguir funcionando exactamente igual. Pasase lo que pasase en ese periodo de tiempo. Y si el número de alumnos cae en picado, se mantienen las mismas unidades.

La explicación oficial pasaba por el deseo de garantizar "la libertad de elección de más de 360.000 alumnos madrileños". Pero los principales beneficiados por esta decisión fueron los colegios católicos, puesto que son estos los que principalmente integran la red privada financiada con fondos públicos. A nivel nacional, y según los últimos datos de Escuelas Católicas, suponen en concreto el 57% de toda la red. "Si se cierran unidades públicas porque no se pueden cerrar concertadas y la oferta se reduce a esta última, realmente lo que se está haciendo es todo lo contrario a garantizar la libertad de elección", lamenta Turienzo.

Para Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, la conclusión está clara: "Buena parte de la última década ha gobernado un partido político que decía respetar la gratuidad de la enseñanza. A las pruebas me remito que esta promesa electoral no se está cumpliendo". Héctor Adsuar, secretario de Pública no Universitaria de CCOO, hace el mismo diagnóstico. "En cualquier variable, siempre que hay que recortar en educación se hace por la pública. La privada está protegida", lamenta. El informe que presentó su sindicato también lo aseguraba. "Se está privatizando progresivamente el sistema y los datos son especialmente impactantes en algunos territorios", recogía.

Clara Fontdevila, investigadora postdoctoral de la Universidad de Glasgow, se centra sobre todo en eso: en la variabilidad territorial. Por eso ella prefiere no ser tan contundente. Según destaca de la estadística, no en todas las autonomías y regiones ha ocurrido así, puesto que algunas pierden unidades de todas las redes y en otras, en cambio, las ganan. "Es muy complejo y complicado dar una explicación general, no hay que olvidar que en España hay muchas dinámicas y, en muchas ocasiones, muy específicas de cada comunidad autónoma", destaca.

Sea como sea, la caída demográfica está ahí. Y como vaticinan todos los expertos, y confirman las proyecciones como la realizada por EsadeEcPol, irá a más. Ahora bien, lo que determine el futuro del sistema será cómo se lo enfrente. Todos los expertos coinciden en cuál sería la manera más adecuada: la bajada de alumnado debe tomarse como una oportunidad para mejorar todo el sistema público, no para cercenarlo. "La pérdida de población no es una buena noticia como sociedad, pero si la enfrentamos con planificación puede convertirse en una buena oportunidad educativa", señala Turienzo.

¿Cómo puede hacerse? Según el experto, manteniendo en primer lugar la inversión actual y consiguiendo, de ese modo, que los fondos por alumno se vean necesariamente incrementados. En segundo lugar, aprovechando las unidades que en principio se cerrarían para, por ejemplo, ampliar la oferta o modificarla y orientarla a etapas con más necesidad de plazas como la Formación Profesional. Y por último, decidiendo, en los casos más extremos, qué cerrar y dónde. "Sería esta una buena oportunidad para consolidar el sistema público si conseguimos que las aulas que se clausuren sean las que no tienen una clara vocación de servicio público como, por ejemplo, las concertadas que cobran cuotas ilegales a su alumnado", añade.

Adsuar, por su parte, asegura que desde CCOO están completamente de acuerdo en esas medidas. Y es más, explica que su propuesta, planteada explícitamente al Ministerio de Educación, pasa también por la mejora general de las ratios, apuntando a una bajada directamente proporcional al número de alumnado con necesidades educativas especiales.

Tras el frenazo, la educación concertada vuelve a acelerar. Y con fuerza. Tanta, que ha vuelto a marcar un récord de financiación por parte del Estado, rozando ya los 8.000 millones de euros en 2023, un 5% más que un año antes. Así se desprende de la última Estadística de Gasto Público en Educación publicada por el Ministerio, que revela que, en el mismo periodo, la pública creció apenas dos puntos más: un 7%. Exactamente el mismo porcentaje que entre 2021 y 2022, el plazo en el que la concertada sólo vio sus fondos aumentar un 1%. Mucho menos que ahora.

La financiación pública a la escuela concertada nunca ha disminuido. Es más, tampoco se ha estancado. Como mucho se ha reajustado, según se desprende del análisis de los datos, que muestran que en 2021 los fondos que recibió esta red fueron un 6% superiores a los que hubo el año anterior. Dicho de otro modo: la red de la escuela privada sostenida con fondos públicos experimentó un gran incremento justo después de la pandemia para, entre 2021 y 2022, ver un freno en las transferencias por parte del Estado. Un hecho que ahora, de nuevo, vuelve a cambiar. Y que ocurre además a pesar de los negativos augurios que aventuraban que la entrada en vigor de la ley Celaá —de la que el pasado mes de enero se cumplieron cuatro años— amenazaría con hacer desaparecer al sector.

Jesús Múñoz de Priego, creador de la plataforma Más Plurales, llegó a asegurar por ejemplo que el texto conducía "hacia el dominio sistemático del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias". "Se inventa un derecho a la educación pública y la enfrenta al modelo de educación concertada, devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión y acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas", añadió. Lo que ocurre es que los datos lo desmienten.

El detalle de la Estadística publicada el viernes por el departamento de Pilar Alegría recoge que lo que el Estado destina a educación —tanto universitaria como no universitaria— asciende a 67.937 millones de euros, de los cuales 60.054 van a parar a la red pública y 7.883 a la privada sostenida con fondos públicos. Todas esas cifras son récord, y de hecho en cuanto a la educación pública supone la constatación de que lo que se destina a la escuela se ha recuperado plenamente de la crisis económica. Hasta 2020, era 2009 el año en el que más había invertido en ella el Estado. Desde entonces todo han sido incrementos.

Ahora bien, la velocidad a la que ambas redes salieron del periodo de recortes no ha sido, ni mucho menos, la misma. "El que sufrió la pública durante la crisis fue muchísimo más grande que el que soportó la concertada", confirma Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación. Justo antes de la Gran Recesión, el gasto público educativo se situaba en 53.895 millones, de los cuales algo más de 48.000 iban a parar a la pública y 5.900 a la concertada. Desde entonces hubo cinco años seguidos —entre 2010 y 2014— de caídas globales de la inversión. La primera lo hizo un 18,7% y la segunda un 2%. Además, en 2014 la concertada ya empezó a recuperarse, mientras que la pública tuvo que esperar un año más para hacerlo. Entonces la concertada suponía un 12,9% de todo lo destinado a la educación; hoy es un 11,6%.

Pero hay un último dato que menciona Turienzo y que resulta revelador: en los últimos 25 años la inversión en la escuela pública ha crecido un 136%, mientras que la de la concertada lo ha hecho un 169%.

El incremento de la financiación de la red concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, supone un 5% más de fondos que en 2022 y, además, un incemento cuatro puntos superior al anterior, acercando el montante destinado a los 8.000 millones de euros. La barrera de los 7.000 se superó apenas tres años antes, en pleno 2020, cuando la red pública, por su parte, recibió 48.198 millones por parte del Estado. Ahora bien, ¿cómo pueden explicarse estas cifras? ¿Por qué el aumento de la privada sostenida con fondos públicos ha resultado tan exponencial?

Turienzo sitúa la explicación en dos cuestiones: una demográfica y otra política. La primera, explica, tiene que ver con la caída de la natalidad, que afecta sobre todo a la escuela completamente pública porque, al contrario que la concertada, reajusta laoferta a la demanda cada año. "Es esta enseñanza la que cubre toda la España rural y la que, por tanto, ha experimentado mayor caída en el alumnado", sostiene.

Según los datos oficiales también publicados por el Ministerio de Educación, las unidades de Primaria en la pública han crecido un 0,6% en una década, el mismo periodo que en la privada —la estadística no distingue entre la que es concertada y la que no— se han incrementado un 3%. Si observamos lo sucedido en la Educación Infantil, la más afectada por este fenómeno, la estadística revela que entre la pandemia y el curso 2023-2024 las unidades públicas han disminuido un 1,5%, mientras que en la privada han crecido prácticamente lo mismo: un 1,2%. "Los conciertos no se redimensionan hasta que no se renuevan, así que si hay pocos niños y niñas pueden incluso cerrarse aulas públicas y redirigirse a las privadas", continúa el experto. Tanto es así, completa, que en algunos barrios o localidades de comunidades como el País Vasco ya sólo existe oferta para este último modelo.

La segunda explicación, la política, depende por su parte de lo que ocurre en cada comunidad. "En muchas autonomías existe una postura de defensa de esta red", señala Turienzo. Si se analiza la Estadística del Ministerio se comprueba que son Aragón, País Vasco, Castilla y León y Murcia los lugares donde más se destinó a la educación concertada.

Turienzo y otros muchos expertos alertan en cualquier caso de los efectos negativos que tiene que la concertada gane tanto terreno. Más que nada porque las pruebas muestran que es un sistema profundamente segregador. Y generador por tanto de desigualdad. En primer lugar, porque cobra a las familias cuotas que prohíbe la ley y que suponen, de facto, una selección del alumnado con mayor poder adquisitivo. Según la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024 publicado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), el 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa haciéndolo obteniendo, en algunos casos, 510 euros al mes por cada estudiante.

Pero no sólo segregan con esa fórmula. Un estudio publicado por la Fundació Bofill afirmó que, "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela". Es decir, la concertada ni es gratuita ni para todos.

Y es más, tampoco ha dejado fuera de sus aulas a la religión. Según los datos de la Conferencia Episcopal, la Iglesia tiene 2.536 centros católicos, de los cuales 2.402 (el 94,7%) son concertados. La plataforma Escuelas Católicas informa de que aglutinan ya al 57% de los matriculados en la red.

La escuela concertada —financiada con más de 7.000 millones de fondos públicos al año— sigue haciendo caso omiso a la ley. No pueden hacerlo, pero sus centros cobran sistemáticamente cuotas mensuales a las familias de su alumnado. Y no son voluntarias, como muchos se empeñan en defender: o bien se imponen directamente o bien deslizan que, de no hacerlo, el niño o niña estará excluido del resto. Y sería el único, porque no hay familia que se niegue.

Es lo que ha constatado una vez más la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que este martes ha presentado en Madrid la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, en el que han comprobado que nada cambia. Según los datos que han obtenido, el 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa cobrando lo que denominan cuotas bases a las familias. Es decir, importes por la escolarización, no por ningún otro tipo de servicio que, en el 72% de los casos, además, es obligatorio. Pero esta enseñanza es gratuita. En teoría.

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que establece el actual sistema de conciertos, dejó claro ya hace cuatro décadas que la educación obligatoria debe ser gratuita. Pero es que la ley Celáa aprobada en 2020 insistió en ello. En concreto, en su artículo 88, que indica lo siguiente: "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los niños sin discriminación [...], en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades por recibir las enseñanzas de carácter gratuito". Tampoco pueden "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica".

"A estos colegios se les cede el terreno en muchos casos, se les concede el concierto de manera inmediata, se les paga al profesorado y no pagan impuestos. Luego tienen una doble financiación privada, porque cobran cuotas a las familias, que también pagan otros servicios como los de comedor o actividades extraescolares. Hacen que sea imposible competir", denunció la directora de la organización, Elena Cid, en la rueda de prensa en el que se presentó un documento que se elabora anualmente, en parte, para denunciar eso que ellos consideran una clara "competencia desleal".

El estudio se ha llevado a cabo entre marzo y mayo de 2024 y el método empleado ha sido el de mistery shopper, una técnica que consiste en hacerse pasar por una familia interesada en matricular a su hijo en los colegios escogidos al azar para la muestra. Concretamente, los investigadores se han interesado por el segundo ciclo de Educación Infantil en un total de 321 colegios repartidos por toda la geografía: 100 en la Comunidad de Madrid, 58 en Cataluña, 50 en Andalucía, 30 en la Comunitat Valenciana, 28 en Galicia, 20 en Aragón y País Vasco y 15 en Murcia. El informe, ha defendido en la rueda de prensa Amparo Núñez, la responsable de su realización, "refleja de manera objetiva y clara la información que los colegios concertados verbalizan a las familias", durante las entrevistas para escolarizar a un niño de 3 años, una edad escogida por ser la de inicio de la educación obligatoria y la que refleja una mayor gravedad en los casos en los que se expresa una posible exclusión, criticó Cid.

Los importes, al contravenir directamente la ley, son escogidos por los centros. No hay nada que los regule más allá de los propios deseos de la dirección de la escuela en cuestión. Por eso hay tanta disparidad entre comunidades: mientras que una familia en Cataluña puede pagar hasta 510 euros al mes por niño, en aragón abonará, como mucho, 85.

Madrid se lleva el bronce en el precio, pero ocupa igualmente un lugar predominante en el estudio de CICAE, que este 2024 ha incluido por primera vez un informe sobre las 100 páginas web de los centros con las cuotas más altas. Una orden publicada el 22 de diciembre del año pasado les obligó —también en teoría— a incluir el listado y los importes de todas las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que se hayan llevado a cabo en el curso anterior y de las planificadas para el siguiente. Sin embargo, una vez analizadas se observa que más de la mitad no muestra información de estas cuotas y un 25% informa de algunos conceptos de manera incompleta.

En cualquier caso, la falta de transparencia no termina ahí. Y es que en ninguna comunidad hay un 100% de centros que indiquen en la documentación que entregan los precios, los conceptos por los que cobran las cuotas, los horarios o qué ocurre si no se paga.

Y esta cuestión no es baladí. CICAE ha constatado que el 68,6% no menciona la voluntariedad que en teoría debería primar en el pago de estas cuotas y que sólo el 19,4% lo refleja en la documentación. Si no se paga, en cualquier caso, un 14% del alumnado es excluido, un porcentaje que en la Comunidad de Madrid asciende incluso hasta el 31%. Ningún centro lo dice abiertamente, pero sí lo desliza. El método pasa, por ejemplo, por indicar que el menor "se iría a otra aula" o "tendría que entrar más tarde por la mañana y por la tarde" si no se abona. "Se perdería todos los beneficios que ofrecen dentro de esta aportación", llegan a indicar algunas escuelas.

Muchas de ellas, además, ofrecen como servicios complementarios cosas como un taller de inglés en horario lectivo de esa misma asignatura, por lo que en la práctica excluirían al alumnado de esa enseñanza obligatoria, lamentó Cid en la rueda de prensa. Por eso urgió a las administraciones a una nueva regulación tras un estudio de las necesidades de financiación de cada tipo de enseñanza y pidió a las comunidades autónomas que "no autoricen estos cobros" porque son "cuotas lucrativas" y "desvirtúan los conciertos tal como fueron concebidos en 1985". Deben coexistir los tres tipos de enseñanza, opinó, pero "con las mismas reglas de juego".

No pretendían reducirlo a España. Tampoco ir más allá del necesario debate pedagógico que, dicen, hace falta. Juan Manuel Moreno (Madrid, 1961) y Lucas Gortazar (Bilbao, 1986) buscaban, más bien, tratar de comprender. Y explicar. Y hacer pensar. El proyecto de educación universal, el más exitoso de la historia, sostienen, ha sido vapuleado por distintas crisis que le hacen tambalearse. La última, la sanitaria de 2020. Sigue en pie, pero es momento de repensar hacia dónde va. Y qué está fallando. Porque es incuestionable que genera "malestar" y "desigualdades".

Ese es precisamente el subtítulo del libro que el catedrático de Didáctica de la UNED y el director del Área de Educación de EsadeEcPol acaban de publicar y que ya va por su segunda edicicón. Educación universal. Por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades (Debate) es un viaje por los debates educativos que recorren no sólo España, sino el mundo: ¿se ha roto la meritocracia? ¿La educación sirve para igualar o para apuntalar las desigualdades? ¿Ha bajado el nivel del alumnado? ¿Hay demasiada política en las aulas? No pretenden dar soluciones a todo, señalan en conversación con infoLibre, pero sí volver al necesario "debate sosegado".

PREGUNTA. El título del libro ya es toda una conclusión de la situación actual de la educación. En él se plantean por qué “el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades”. ¿Se puede hablar por tanto de fracaso?

JUAN MANUEL MORENO. Mucha gente lo hace. En el debate político actual es moneda de uso común decir que los sistemas escolares están fracasando o que no solamente hay problemas con los estudiantes, sino también con el profesorado. Mucha gente piensa que ese proyecto de 'enseñar todo a todos' y de la educación como derecho universal y no como privilegio de unos pocos está yendo a peor. Curiosamente, cuando a esas personas les preguntas por el colegio de sus hijos, la visión que te dan es bastante más optimista.

P. ¿Se puede señalar a algún culpable de ese fracaso?

JMM. Hay una diferencia entre decir que es un fracaso y que realmente lo sea. Mucha gente dice que lo es, pero nosotros pensamos que no. Mirando con una perspectiva histórica, no los últimos cuatro años, la educación universal es un proyecto de un enorme éxito. Formaba parte de las reformas de la Ilustración que comprende, entre otras, la democracia liberal, la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad religiosa… Todos esos elementos pasan por muy mal momento y mucha gente piensa que están fracasando, globalmente hablando. De todos ellos, a pesar de sus problemas, el que está en un estado aceptable es el de la educación universal. 

LUCAS GORTAZAR. Es difícil plantear de quién es la culpa de las derrotas que ha sufrido la educación universal en este comienzo de siglo. No obstante, hay una serie de factores que escapan del sector de la educación y que explican parte del problema como, por ejemplo, los conflictos en el África subsahariana o, en los últimos años, la gran recesión o la pandemia. Son golpes a la escolarización y a la calidad de la enseñanza.

P.  Decís que hay descontentos y desencantados en el sistema, ¿quién es quién?

LG. Los descontentos son aquellos que, sin estar en contra de la escolarización universal, consideran que la expansión educativa baja la calidad de la enseñanza. Es decir, aquellos que creen que es imposible hacer compatible una educación de calidad con una educación para todos. Después hay otro grupo de descontentos que vienen de dentro del sector y que, sobre todo, están en la Secundaria. Estos se quejan porque la expansión ha hecho que la tarea educativa sea más compleja porque se trata de un trabajo con una dimensión social y pedagógica. Y este grupo va en auge. Los desencantados, por su parte, no piensan que todo va mal, sino que nada va bien. Es decir, son quienes, a pesar de todos los esfuerzos y de creer en la promesa de la educación, contemplan atónitos cómo el proyecto ha traído unas desigualdades que sabemos que dependen de los genes y del hogar y que, por tanto, escapan a la magia que pueda hacer la escuela o el profesorado. Este grupo pide invertir muchísimos más recursos o regular e intervenir los resultados para distribuir las oportunidades. Por último hay otro grupo, que son los enemigos, los más peligrosos aunque los más minoritarios.

JMM. Estas posiciones hacen pinza y, por distintos medios, contribuyen a una pérdida de la confianza pública en la educación que tiene consecuencias públicas y presupuestarias muy serias. 

P. Es imposible desligar la educación de la política. Siempre se ha criticado que en España las leyes educativas van variando en función del gobierno de turno que llega al poder. En el libro lo llamáis “guerras curriculares”. ¿En qué sentido esto afecta a la calidad de la educación? 

JMM. Hace 2.000 años ya no nos poníamos de acuerdo sobre lo que hay que enseñar y lo que la gente tiene que aprender. El debate y la polémica ha existido desde hace milenios, pero la 'guerra', que es una palabra más fuerte, es relativamente reciente. Esa politización, la contaminación de la política partidista al sector educativo, es la que nos lleva a estas guerras culturales que en el libro llamamos 'guerras curriculares'. Hay muchos ejemplos y, efectivamente, tienen un componente de control político sobre el profesorado, convirtiendo la profesión en una profesión de riesgo en ciertos países. Respondiendo a la pregunta, el impacto es enorme. Y cuanto más va subiendo la politización, mayor es el riesgo para el profesorado y, sobre todo, su ninguneo.

P. ¿Creen que este 'ninguneo' también ocurre en España?

JMM. ¿Qué es el pin parental? No pasa como en Estados Unidos u otros países, pero está ahí y el riesgo es evidente.

P. Sobre el currículum se ha hablado mucho en los últimos meses del viraje que ha emprendido España que consiste en cambiar un modelo puramente memorístico a uno competencial. ¿Es este el camino? Mencionan que hay dos opiniones: que este sistema o bien está al servicio del mercado laboral o bien aumenta “la ignorancia”.

JMM. Hay un consenso bastante amplio ahí fuera sobre esta cuestión, lo que ocurre es que en España se ha politizado. Aquí desde hace al menos 25 años es imposible tener un debate pedagógico pausado, se politizó en la etapa pos Logse y eso parece que, al menos por ahora, no tiene vuelta atrás. En España hay por tanto una anti pedagogía que ocupa bastante espacio público en el debate y en el sector y eso deriva en que tener un debate sosegado alrededor de las competencias es imposible. Mi visión particular es que memorizar es a aprender como respirar es a vivir. La enseñanza necesita toneladas de conocimiento, el siguiente paso es saber qué se puede hacer con él. Cuando tú llegas a una entrevista laboral con una empresa lo que te preguntan es qué puedes hacer con lo que sabes. A uno y otro argumento les quitaría la razón: poder hacer cosas con lo que sabes no implica ignorancia y que el conocimiento sirva para tener un trabajo decente y ser independiente no me parece una esclavitud del capitalismo.

P. Sobre esa supuesta “ignorancia” se han criticado mucho los últimos resultados de PISA. ¿Ha bajado el nivel del alumnado o es una manera de atacar el sistema?

LG. Hasta 2015 el nivel en el mundo occidental no había bajado, era estable. Y quien diga lo contrario sólo está haciendo caso a una experiencia personal, porque los datos dicen que ha habido o bien un progreso o bien un mantenimiento del aprendizaje mientras el sistema iba expandiéndose. Es verdad, no obstante, que los resultados medios en las pruebas internacionales empezaron a caer un poco a partir de 2006 y 2009, pero la propia OCDE y otras agencias de evaluación dijeron que eso se debió, fundamentalmente, a un cambio en la composición del alumnado que participa en la prueba. En ese momento se incorporó el que tiene necesidades educativas especiales y el de origen migrante, con un capital cultural más bajo que el que había entre el alumnado de principios de siglo y, en algunos casos, con cierta distancia lingüística. La propia OCDE ha dicho que si no hubiera cambiado la composición del alumnado los resultados serían los mismos. Lo que sabemos es que algunas regiones del mundo en desarrollo han sido capaces de expandir su educación de manera más exitosa, incluso mientras mantenían la calidad media o la mejoraban, y que otras, sobre todo del África subsahariana, India o Pakistán, no han sido capaces de hacer eso. 

P. ¿Y a partir de 2015?

LG. Ahí ponemos encima de la mesa la pandemia y también la exposición a pantallas, que aunque todavía no sabemos qué alcance tiene sí sabemos que es un candidato serio para explicar los cambios estructurales que empezaron a producirse en la década anterior.

P. Hablábamos de lo que había pasado a nivel global pero, ¿qué ha pasado en España? ¿Ha bajado ese nivel?

LG. España es un caso paradigmático de un sistema que mantuvo los resultados hasta 2015 mientras expandía las oportunidades, y eso no es una bajada del nivel, sino una subida. Esta historia de la baja del nivel es en realidad un cuento sin estadística, un cuento anecdótico. Es verdad que la universidad ha cambiado, por ejemplo. Llega gente peor preparada, pero es que llega más gente. Sin embargo, los de mayor nivel son los mismos que antes. En cualquier caso, nosotros también exploramos algunos factores de agotamiento en los sistemas educativos occidentales. Hay países como Finlandia que han caído mucho, pero decir que los resultados están estancados o cayendo no se sostiene. Es un debate legítimo, pero claramente interesado. 

P. Si se miran con lupa los resultados que se obtienen en ese examen, hay diferencias, fundamentalmente, por el origen. En el libro decís que “el secreto del éxito es empezar desde arriba”. ¿Hay manera de corregir esa desigualdad de base?

LG. Lo importante es tener en cuenta que antes no había que competir por el éxito si empezabas desde arriba. Ahora, en cambio, hay una carrera abierta en la que todo el mundo puede ganar, aunque es verdad que quien empieza desde los pisos superiores del famoso ascensor social tiene más oportunidades de hacerlo. ¿Hay maneras de corregir que ganar no dependa de tu posición de partida? Eso es en lo que todos estamos pensando, en cómo podemos mejorar la igualdad de oportunidades, el peso que se da a los méritos reales y la equidad en la educación. Antes de pensar en eso, de todos modos, es importante recordar que aunque nos demos cuenta de lo imperfecto que es el sistema, y de que la tentación de echarlo por la borda es grande, no hay un plan B. Las alternativas, ya sea volver al siglo XVIII o un sistema de cuotas, son problemáticas llevadas al extremo. ¿Cómo podemos repartir mejor las oportunidades? Por un lado, reforzando el sistema educativo en su conjunto para que la calidad llegue de la mejor manera a todas partes. Todos los méritos deben ser reconocidos de una manera más abierta y transparente y de forma que no se puedan comprar o trucar. Pero no es sólo una cuestión educativa, hay también una serie de políticas económicas y sociales alrededor de la educación que permiten igualar las condiciones de partida. 

P. Sobre esa meritocracia, en el libro se menciona que ha pasado de ser un concepto requerido por la izquierda a abrazo por la derecha. ¿Por qué?

JMM. En esencia, la derecha negaba la existencia de desigualdad y señalaba que lo que había era justicia, un orden natural de las cosas. Es decir, que cada uno estaba donde se merecía estar. Ante esa idea, el pensamiento progresista ilustrado dijo: 'Ustedes para llegar donde han llegado sólo se han tenido que molestar en nacer y yo, para estar mucho más abajo, he tenido que trabajar muchísimo'. La meritocracia es un concepto de izquierdas como el que más, pero cuando pasan dos siglos y empiezas a ver que los dados podrían estar trucados y que ese concepto es en realidad la continuidad del privilegio por otros medios, la izquierda se baja de esa idea y empieza a defender que la igualdad de oportunidades no existe, por lo que la igualdad tiene que llegar por otras vías distintas. De esa manera dejaron espacio libre a que la derecha tomara ese concepto y empezase a hablar de 'cultura del esfuerzo', pero los que más se esfuerzan no son nunca sus hijos. Es decir, la meritocracia se ha hecho de derechas. 

P. ¿Hay algo que se pueda hacer para resolver todos estos problemas?

LG. La primera idea que nosotros planteamos en el libro es la de fortalecer la profesión docente y hacer de ésta una profesión mejor pagada a nivel global, porque eso permite ser más exigente con quienes consiguen entrar en ella. Lo  mismo ocurre con la manera en la que se reparten las oportunidades de acceso a la educación superior: que las pruebas de acceso a las carreras más demandadas reconozcan diferentes tipos de méritos y, sobre todo, que no se puedan comprar. 

JMM. Todo régimen genera una élite, la idea es que sea renovable: que quien está fuera pueda entrar y que quien esté dentro pueda salir.

La inversión en educación en España creció en todos los niveles entre 2015 y 2021 y pasó del 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) al 4,9%, según el informe Panorama de la educación 2024. Indicadores OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico–, el mismo del que se desprende que, no obstante, en las aulas quedan desafíos pendientes como el abandono escolar temprano, la tasa de repetición, que sigue siendo elevada en comparación con la de otros estados, o la carga laboral de un profesorado que a menudo se queja de estar atiborrado de burocracia.

En relación a la inversión algo se mueve. Durante años, expertos en la materia han repetido que a partir de unos niveles determinados, aumentarla no suponía mejores resultados educativos y han puesto el foco en cómo se tenía que gastar el dinero público. Pero este mantra comienza a ser rebatido. Así se refleja, por ejemplo, en el libro Economía de la Educación, que se ha publicado recientemente como colaboración de 22 investigadores y está accesible en la web de la Fundación Areces. Uno de sus coordinadores, Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador de Funcas, explica a infoLibre que “muchos trabajos, empezando por el informe PISA, mostraban que había un umbral a partir del cual los incrementos adicionales del gasto público en educación no siempre conducían a mejoras de aprendizaje de los estudiantes. Pero en otros que son metodológicamente más consistentes y científicos, que aíslan el impacto causal del gasto y el aprendizaje, sí que empiezan a encontrar esa relación”. Es más, señalan que “un aumento del 10% en el gasto en educación eleva las puntuaciones de los exámenes en 0,069 desviaciones estándar” o, dicho de otro modo, “el impacto promedio de esa alza en el resultado de los alumnos es de dos meses de aprendizaje”. “Las estimaciones causales revisadas por Handel y Hanushek sí marcan que un déficit en la financiación de la educación afecta negativamente a la formación del alumnado, si estos gastos en educación se invierten de forma efectiva”, sostiene Sanz.

El cómo se gaste esa ampliación adicional de fondos en educación podría influir en que los efectos fueran más o menos mayores. En relación a esto, el profesor de la URJC asevera que los trabajos más novedosos apuntan a que “reducir el número de alumnos por clase, entre otras cuestiones como tutorías en pequeños grupos o clases de refuerzo, sobre todo en asignaturas como matemáticas o lengua, mejora el aprendizaje”. “Pero es cierto que es muy costoso”, admite Sanz, para apostillar: “Quizá es una estrategia más inteligente hacerlo en los centros educativos situados en zonas desfavorecidas, en los que haya más estudiantes de colectivos vulnerables y disruptivos”. Lo que sí parece claro ya es que, rebajar la ratio de alumnos por clase, “tiene mayor impacto en Primaria”. ¿La causa? “En educación, si se tiene un déficit, una laguna, dificulta aprender las siguientes lecciones, es acumulativo”. Con todo, en Secundaria, “es importante hacerlo también, sobre todo si hay alumnos rezagados, que no siguen al profesor, o que interrumpen las clases, para que los docentes puedan gestionar mejor y crear un clima más propicio para la enseñanza”, enlaza Sanz. 

Para rematar, el investigador de Funcas indica que, de acuerdo a la información de la OCDE, España se sitúa por debajo de la media en gasto por alumno y “países como Luxemburgo, Dinamarca o Estados Unidos superan significativamente la inversión en la educación superior con respecto” a la nacional. En este sentido, plantea que “habría que aprovechar un fenómeno que en sí no es positivo, como es la bajada de la natalidad, porque precisamente en educación, si no se reduce el número de docentes, puede acabar aumentando el gasto público por estudiante”. El alumnado ha caído por ese motivo “en el segundo ciclo de Infantil, en Primaria, y este año el Ministerio de Educación ha previsto que pase por primera vez en la ESO”, cierra.

En línea con lo expuesto, una de las 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española que se desmontan en el libro Educafakes, escrito por el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Rogero y el maestro Daniel Turienzo, es que “a partir de un mínimo de financiación, los recursos no influyen en los resultados educativos”. “Durante mucho tiempo, en especial la OCDE presentó un gráfico en el que se veía como la asociación entre rendimiento e inversión por estudiante era muy fuerte hasta cierto punto y luego desaparecía. Se hicieron además dos estudios con metodologías correlacionales que venían a decir que a partir de cierta cantidad de fondos no mejoraban. Entonces se produjo una falsa dicotomía entre si había que invertir más o invertir mejor que hoy sabemos que no es cierta, que son importantes las dos cosas”, resume Turienzo.

Es más, mantiene que “los brutales recortes que se hicieron en educación, partían de esa premisa: si a partir de cierta cantidad no influye cuánto invertimos, desinvirtamos, que no se va a notar. Pero estudios con bases de datos muchos más grandes que permiten detectar mejor los efectos y con metodologías causales, han probado que la inversión está fuertemente ligada con el rendimiento educativo y que es importante invertir más e invertir mejor, las dos cosas”, incide.

Comparte con Sanz la idea de que las inyecciones económicas "más eficaces" se producen "en las etapas más tempranas, hablando en términos de retornos”. “En Educación Infantil, de 0 a 3 años, está comprobado que son grandes y una máxima que se debe aplicar es la de ‘más vale prevenir que curar’”, anima. Lo desarrolla: “Hay que intentar apostar por políticas pre distributivas y por la detección temprana de los problemas a través de programas de refuerzo, de desdoble, de tutorías en pequeños grupos, docencia fuera del horario escolar… Todo ello está asociado con mayores niveles de rendimiento”, enumera.

Otro fake educativo ligado al ámbito económico que desmontan en el libro editado por Capitán Swing es el de que “los centros totalmente privados no reciben financiación pública”. “En España estos tienen muy pocas responsabilidades y están sometidos a un control más laxo. Por ejemplo, tienen derecho de admisión o aplican medidas más extremas en cuestiones relacionadas con el adoctrinamiento o la defensa de algunos valores. Se asume que pueden hacerlo porque no reciben financiación pública y son independientes”, comenta Turienzo. Pero, ¿es cierto? “Los datos dicen que sí la reciben” a través de elementos como “las exenciones fiscales o las mal llamada becas de la Comunidad de Madrid”. “Hay trabajos que la cifran en 500 euros por alumno al año, pero creo que en la actualidad se llegaría a cifras incluso mayores. Si se les cede suelo público o se les reducen impuestos a las familias por pagar la cuota, es dinero que dejamos de ingresar todos y al final es dinero público”, defiende el coautor de Educafakes.

¿Y es la educación privada o concertada más eficiente que la pública? Pues tampoco. “Es un mito”, asegura el maestro. Para combatirlo, parte de que para analizar la eficiencia, “hay que mirar los imputs, aquello que se pone en juego en el sistema educativo, y los resultados”. Respecto a los primeros, hace notar que el “único cálculo” sobre “cuánto cuesta una plaza en un centro público y uno concertado que se ofrece por parte del ministerio" es "bastante burdo", al "omitir que algunos gastos educativos se le imputan sólo a los alumnos de los centros públicos, cuando todos participan de ellos”. Se refiere a factores como el desembolso que supone “la inspección” o “la propia administración educativa”. A lo que suma que, “hay que tener en cuenta que gran parte del gasto educativo en España está asociado al índice de ruralidad: mientras más rural es un centro, más cuesta, no porque lo haga más en sí mismo, sino porque es igual gasto con menos alumnos. Y los centros en esas zonas son públicos”, condensa. Asimismo, “aunque están reguladas desde 1985, en España, la mayoría de los colegios privados cobran cuotas alegales o ilegales”. “Si se junta todo eso”, une, “la radiografía de cuánto se invierte en la pública y en la concertada cambia”. Y por lo que respecta a los resultados, “son mejores en los centros privados, pero porque básicamente atienden a un tipo de alumnado diferente, que tiene un mayor nivel socioeconómico y cultural”, arguye.

Preguntado sobre si las desigualdades académicas se deben en buena medida a las desigualdades sociales, responde que sí, “hablando de medias y en conjunto”. “El nivel socioeconómico de los niños que acuden a los centros públicos es más bajo porque segregan en menor medida y tienen un enfoque más inclusivo, es la escuela de todos”, manifiesta. Y aporta otros datos: “Si uno de los dos progenitores tiene estudios superiores, hay un 77% de posibilidades de que los hijos y las hijas los tengan. Sin embargo, si ninguno de los dos cuenta con ellos, se reducen al 31%. La diferencia es muy llamativa y pone de manifiesto las barreras o las dificultades que tiene que enfrentar una niña o un niño que proceda de una familia popular”.  

Considera, en definitiva, que la escuela española aún no ofrece las mismas oportunidades para todos. “Es una utopía por la que debemos luchar, pero es una utopía". En su opinión: "La educación pública es la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el ascenso social y que los niños desarrollen competencias, pero hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Sabemos que elementos como el nivel formativo de los padres o la dificultad para llegar a fin de mes están muy vinculados a los desempeños escolares y todavía no somos capaces de compensarlo educativamente”. De hecho, pone de relieve que, “cuando se analizan pruebas internacionales, uno de los factores que sigue teniendo una capacidad predictiva muy grande del éxito escolar de los niños es el número de libros en el hogar, que está asociado al nivel de lectura”. 

Y hay otra realidad: España es el país de la OCDE que más segrega a los alumnos entre la escuela pública y la concertada según su situación socioeconómica, a la luz de lo plasmado en un informe de Save the Children. Una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 20% de éstos a la escuela concertada, teniendo que abonar unas cuotas de alrededor de unos 100 euros durante los nueve meses del curso. Se trata de cantidades inasumibles para muchos. 

España es el país de la OCDE que más segrega a los alumnos entre escuela pública y concertada según su situación socioeconómica y la falta de ayudas y de financiación pública impide a las familias vulnerables acceder a este modelo de enseñanza, normalizado en países como Portugal, Reino Unido o Países Bajos, según informa EFE.

Así lo destaca un informe de Save the Children, que recalca que el coste de las escuelas concertadas en España es "inasumible" para las familias con menos recursos. Así, una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 26 % de sus ingresos a la escuela concertada, teniendo en cuenta el pago de unas cuotas mensuales de unos 100 euros.

Y es que España es el quinto país de la OCDE donde la financiación privada de la escuela concertada es más elevada y las familias asumen un coste del 22 % del total, mientras que el Estado subvenciona el 80 %. Solo por delante están Francia, Australia, Dinamarca y Estonia. Países como Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Turquía o Eslovaquia pagan el 100 % de la enseñanza concertada.

Además, el informe de Save the Children elaborado por el investigador de esta organización, Alfonso Echazarra, señala que la financiación pública de la escuela concertada está relacionada con las diferencias socioeconómicas que se observan entre el alumnado matriculado en ambos tipos de enseñanza.

El perfil socioeconómico de los alumnos de las escuelas públicas y concertadas es más parecido en aquellos sistemas educativos donde la escuela concertada recibe mayor financiación pública y a medida que aumenta la financiación privada de una escuela, principalmente a través del cobro de cuotas a las familias, la proporción de alumnado vulnerable disminuye.

En el caso español, por cada 10 puntos porcentuales que aumenta la financiación privada de los centros escolares (equivalente a unos 50 euros mensuales), la matriculación de alumnado socioeconómicamente desfavorecido disminuye en unos 1,3 puntos porcentuales en esos centros, y la de alumnado con origen migrante en 0,9 puntos porcentuales.

Por otra parte las regiones más ricas, con mayor nivel de renta per cápita, cuentan con más alumnado en el modelo concertado. El estudio no vincula la educación concertada a factores como la religión o la filosofía pedagógica del centro. De hecho en comunidades donde hay mayor porcentaje de creyentes, la enseñanza concertada es menos habitual.

Esta es la clave de que autonomías como Andalucía tengan menos colegios concertados. En Euskadi, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León al menos uno de cada tres estudiantes esta matriculado en un centro concertado en primaria y secundaria, mientras que en Ceuta, Extremadura, Canarias, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha, menos de uno de cada cuatro estudiantes asiste a dichos centros. 

"La escuela concertada no prolifera donde existen familias más religiosas, sino donde estas tienen suficiente capacidad financiera para pagar las cuotas que la mayoría de las concertadas necesitan para ofrecer servicios educativos de una calidad equivalente a las escuelas públicas", señala Echazarra. Una vez constatado esto, Save the Children apunta que no existe brecha en el rendimiento académico entre la enseñanza pública y la concertada. 

La ONG pide mejorar el sistema de concierto, con más financiación del Estado y con fondos adicionales por alumno en función de su vulnerabilidad. "Una actualización de los módulos económicos por unidad escolar, tal como estaba en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar", incide el director general de la ONG, Andrés Conde, que también apuesta por tomar como ejemplo el modelo del sistema catalán, donde hay una financiación adicional según la pobreza de las familias.

Asegurar la gratuidad a través de una Inspección Educativa o una Oficina de Gratuidad, eliminar las cuotas que hacen pagar los concertados e igualar los criterios de admisión en todos los centros y que sean implantados por las consejerías, son otras de las medidas que apunta Conde.

Todo ello junto con una supervisión en la inspección educativa y el mismo acceso a becas para todo el alumnado. "Todas estas medidas producirían una reducción significativa en la segregación y mejora de la equidad y de la educación", recalca.

"Ilegales en teoría pero habituales en la práctica". Así son las cuotas que sigue cobrando la escuela concertada, a pesar de que la ley Celáa lo prohibió hace ya más de tres años. Las paga, en las etapas obligatorias, entre un 81% y un 95% del alumnado. Y cuestan, de media, entre 680 y 860 euros al año. No son, por tanto, anecdóticas. Y menos en Cataluña, Madrid y País Vasco, las comunidades que aglutinan el 70% del pago de todas ellas. En las tres, más del 90% de los niños y niñas que estudian en estas escuelas privadas pero financiadas con fondos públicos asumen este tipo de gastos, que muchas veces los centros denominan como "aportaciones" y van dirigidas por ejemplo a actividades complementarias.

Es una de las conclusiones que alcanza el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, publicado este miércoles por EsadeEcPol y disponible en este enlace. El documento es, en palabras de sus autores, un intento de "dotar de análisis a un debate ampliamente trabajado pero que ha carecido hasta la fecha de estudios con rigor", señaló el director del área de educación de la organización, Lucas Gortazar, en rueda de prensa. "Es, además, un momento relevante para abordar la cuestión, dados los importantes cambios que está produciendo la caída de la natalidad y el número de alumnos", añadió.

Pero esa es una cuestión a futuro. Por ahora, el peso que tiene la concertada en nuestro país se mide en números muy elevados. En cuanto al volumen de alumnado matriculado en las etapas obligatorias analizadas en el informe —Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO—, la proporción entre la escuela pública y la concertada es de un 70% frente a un 30%, unos porcentajes que se ven más equiparados, precisamente, en Cataluña, Madrid y País Vasco. Según se puede extraer de las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, en la primera es de un 66,7% frente a un 30,7%; en la segunda, de un 54,2% frente a un 36,5%; y en la tercera, de un 50,6% frente a un 48,5%.

El otro dato para ver el peso de la concertada pasa por la financiación. Según también las cifras oficiales, los centros privados que reciben fondos públicos ingresan en sus cuentas casi 7.500 millones de euros procedentes del Estado. Sin embargo, y según el informe de EsadeEcPol, la "infra-financiación" es uno de los motivos por los que algunos centros cobran cuotas a las familias de su alumnado. Hay, junto a esa, otras dos razones: otros centros lo hacen para hacer frente a "gastos no concertados" por las administraciones educativas —lo que les permite, según el informe, ampliar "los servicios ofertados"— y otros, simplemente, para mayor beneficio económico.

Pongamos la lupa precisamente en este análisis que contiene la investigación: el de los centros que cobran cuotas y los motivos por los que lo hacen. Los autores de EsadeEcPol se sirven para ello de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), una estadística que Gortazar califica de "representativa" de la situación global. De su revisión, según explicó en rueda de prensa el economista e investigador Ángel Martínez, se extrae que, "al contrario de lo que sugería el debate público hasta la fecha, el sector es más diverso que monolítico".

¿Por qué? Según el informe, y dependiendo de la etapa educativa —siempre dentro de las tres analizadas—, hay entre un 66% y un 75% de colegios que cobra cuotas a las familias, pero se observa un comportamiento diferente si nos atenemos a varias características. Así, en primer lugar, la probabilidad de que se cobren estos importes y la cuantía de los mismos es mayor en los centros peor y mejor financiados y menor en los que se encuentran en una financiación media.

Esa catalogación se relaciona, a su vez, con el número de alumnos y alumnas a los que dan clase. Es decir, con su tamaño. Según concluye el informe, "el tamaño del centro no es independiente de su nivel de resultado económico o financiación". Es decir, los colegios más grandes están, en su mayoría, muy bien financiados, mientras que los de "tamaño medio" se encuentran dentro de los tramos "más intermedios de la financiación". ¿Y qué ocurre con los pequeños? Que hay mucha desigualdad, es decir, pueden estar muy bien financiados, pero pueden ser también los que peores condiciones económicas soportan.

Teniendo en cuenta esto, la investigación concluye que el 90% de los centros más grandes —y mejor financiados a su vez— cobra cuota, mientras que el porcentaje de medianos y pequeños que lo hacen desciende a entre un 60% y un 70%. Los primeros, según la investigación, lo harían por puro beneficio económico, mientras que los peor financiados —más pequeños— lo harían, por su parte, para mantenerse. Lo explica la investigación de la siguiente manera. "Es evidente que, por un lado, los centros con peor financiación cobran cuotas y lo hacen en mayor magnitud con una finalidad de supervivencia económica. También puede desprenderse que aquellos centros con mejor financiación (financiación elevada por alumno), y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios o, directamente, con el beneficio económico", señala la investigación.

Se ve de mejor manera en el siguiente gráfico, en el que se observa que los peor y mejor financiados —a su vez los más pequeños y más grandes— cobran cuotas más elevadas, de hasta 583 euros en el primer caso y 699 en el segundo.

El informe, en paralelo, también analiza quiénes son quienes asumen esos copagos. A grandes rasgos, según la investigación, del mismo modo que un altísimo porcentaje de centros concertados cobra cuotas, un altísimo porcentaje de alumnado de esos colegios también lo hace. Así, en concreto, entre un 81% y un 95% —dependiendo de la etapa— de matriculados y matriculadas en estos centros asume estos importes, que oscilan entre los 680 y 860 euros al año. Si sumamos el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO, el alumnado de la concertada paga entre 947 y 1.186 millones de euros en cuotas al año.

Pero no obstante también hay factores que determinan pagar más o pagar menos. Según la investigación, hay una correlación en mayor o menor medida equilibrada con la situación económica de las familias, puesto que el 20% con renta más baja paga unas cuotas de 310 euros de media, mientras que el 20% con renta más alta paga unos importes que incluso superan —aunque ligeramente— los 1.000 euros.

Pero también hay diferencia por comunidades. Casi todas las cuotas (el 70%) se pagan entre el alumnado de la concertada de Madrid, Cataluña y País Vasco, pero no sólo es eso. Allí también es donde los importes son mayores. Así, las familias catalanas pagan 1.696 euros de media al año por cada matriculado, las madrileñas 1.156 y las vascas 959. Más del 90% de las familias de centros concertados de estas autonomías pagan estos importes. En Andalucía, como mucho, lo hace el 61%.

El estudio, en cualquier caso, no distingue el concepto de las cuotas ni si éstas son o no obligatorias, algo que en muchas ocasiones sucede, contraviniendo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que establece el actual sistema de conciertos y deja claro que la educación obligatoria debe ser gratuita. Y también la ley Celaá, que reforzó esta idea en diciembre de 2020 en su artículo 88: "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los niños sin discriminación [...], en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades por recibir las enseñanzas de carácter gratuito". Tampoco pueden "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica".

Y dice más: "Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar" y su "situación socioeconómica" no debe suponer "una barrera para el acceso a las actividades complementarias".

En cualquier caso, la mera existencia de las cuotas es uno de los motivos por los cuales siempre se afirma que la escuela concertada es segregadora. Lo señala también el informe. La existencia de esa red, apunta, "facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago". Así, continúa, "los centros concertados escolarizan un alumnado con un nivel socioeconómico más alto y escolarizan en muy menor medida alumnado inmigrante, lo cual aumenta la segregación escolar en España".

Para acabar con ella, señala la investigación, es necesario tomar ciertas medidas que resumió Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, y co-autor del informe, durante la rueda de prensa: "Entre otros, proponemos mejoras de información promoviendo estudios del coste del puesto escolar, auditar gastos no concertados, supervisar el coste de los comedores o desarrollar mecanismos para el sistema de conciertos de los centros claramente sobre-financiados y cuyas cuotas son elevadas y se sitúan por encima de los gastos no concertados de su contabilidad".

En 1914, el empresario y filántropo Miguel Muñoa fundó la primera escuela en la que se enseñaba euskera. La Euskal-Ikastetxea estaba ubicada en un convento de los carmelitas en Donostia. Fue la primera ikastola. Con el paso de los años se multiplicarían por toda Euskal Herria. Tras la Guerra Civil, la dictadura intentó acabar con ellas, pero no fue capaz. Eran, en aquel momento, el único reducto educativo donde seguía siendo posible estudiar en una lengua que no fuera el castellano. Se contraponían, así, a la llamada escuela nacional, en el sentido más franquista de la palabra, como explica el exdirector del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), Francisco Luna, que vincula esta historia a la que vivió, paralelamente, Cataluña. Aun así, su objetivo entonces no era ser la alternativa, sino lo oficial. "Su perspectiva era la de convertirse en el modelo público del sistema educativo", cuenta Luna. Pero la mayoría, más de un siglo después, todavía no lo ha hecho.

No ha sido porque no hayan podido. Según recuerda el experto, se les dio la oportunidad de integrarse en la red pública, por ejemplo con Fernando Buesa (PSE-EE), asesinado por ETA en el año 2000, al frente de la Consejería de Educación. "Pero sólo lo hizo un pequeño porcentaje de centros que tenían problemas económicos para sobrevivir. El resto se mantuvieron como centros concertados", señala el experto.

Retrotraernos tantos años atrás en el tiempo es imprescindible. Esta fue una de las semillas que convirtieron en único al modelo educativo vasco. En España y en Europa. En ningún otro lugar su alumnado se reparte de la misma manera: prácticamente al 50% entre los centros públicos y los concertados. "Esto es completamente anormal, ni siquiera ocurre en países tan católicos como Italia, que tiene al 81% de su alumnado escolarizado en escuelas públicas", señala Luna. "La situación es excepcional. En algunos municipios, incluso, tan sólo hay oferta de centros concertados", apunta por su parte el doctor en Educación Daniel Turienzo.

"Estas cifras se explican por una cuestión histórica. Una gran parte de los colegios concertados vienen de ahí. El resto, de esos centros religiosos que tradicionalmente han tenido mucho peso", continúa Luna.

Vayamos a los datos concretos. Las últimas estadísticas del Ministerio de Educación —publicadas el pasado 3 de abril— revelan que en el curso 2022-2023 había 213.040 niños y niñas matriculados en Primaria y en ESO —las enseñanzas no universitarias obligatorias. De todos ellos, 106.423 lo estaban en centros públicos y 104.569 en concertados. En porcentaje, la proporción es de 50% frente a 49,1%. Prácticamente un empate estadístico en el que, además, la privada casi no tiene presencia, con tan sólo un 1% de los niños y niñas matriculados en sus centros. "No es como Madrid o Cataluña, donde la concertada tiene mucho peso pero también la privada pura. El del País Vasco es un modelo propio que nada tiene que ver", añade Turienzo.

Hay más datos que ayudan a entender la situación: los relativos a la financiación. Según también las cifras oficiales, el 28,1% del total de gasto público en educación del País Vasco ha ido a parar a la enseñanza privada concertada. Es la que más le destina. Por detrás le sigue Madrid, con un 27,3%, casi un punto menos. Después se encuentra Cataluña, con un 21%. "El País Vasco es la comunidad con el gasto en concertada más alto, pero también la que ofrece mejores condiciones económicas y de recursos a los centros", explica Luna.

Aun así, la situación a la que se llegó por una cuestión meramente histórica, según señalan los expertos, ahora se ha apuntalado. El pasado mes de diciembre el Parlamento autonómico aprobó la Ley de Educación vasca. Había estado tres años en negociaciones y su antecedente fue el pacto que PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU (el 90% de los parlamentarios) habían firmado en abril de 2022. En resumidas cuentas, además de establecer que la educación se estructuraría como "un sistema plurilingüe cuyo eje es el euskera", el documento contemplaba distintas medidas para reforzar el peso de la escuela pública y para combatir la segregación.

Sin embargo, en cuanto a lo último, los expertos señalan que el texto definitivo consiguió lo contrario. De hecho, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se descolgaron en la votación final de la ley, rompiendo así el consenso que se había alcanzado en el pacto firmado meses antes. Una de las razones fue precisamente considerar que la nueva norma iba a "reforzar el sistema más privado de Europa", criticó Miren Gorrotxategi, parlamentaria de la formación morada.

Luna y Turienzo opinan igual. "Lo que se ha hecho es equiparar la concertada y la pública, hablando únicamente de servicio público de educación y considerando como tal todas aquellas escuelas que reciban fondos del Gobierno, independientemente de su titularidad", explica el exdirector del ISEI-IVEI. "Desde algunos sectores pensábamos que era el momento de empujar la escuela pública, pero finalmente el texto no ha sido lo que esperábamos", lamenta.

Vayamos ahora al segundo punto que incluía el pacto que alcanzó el apoyo del 90% de los parlamentarios vascos: combatir la segregación. El texto final, en este aspecto, remarca que los centros que presten el servicio público vasco de educación "deberán garantizar la libertad sexual y de género y la laicidad", así como regirse por una serie de "principios"; entre ellos, "la no discriminación, transparencia, carencia de ánimo de lucro, atención al alumnado vulnerable y a la diversidad, y el compromiso contra la segregación y la igualdad de oportunidades".

Sin embargo, Turienzo señala que un mayor peso de la privada —esté o no sostenida por fondos públicos— siempre conlleva más segregación, aunque otras fuentes matizan que resulta reduccionista vincular la segregación únicamente a la titularidad, obviando por ejemplo la segregación puramente residencial. En cualquier caso, un informe elaborado por Save The Children y EsadeEcPol a raíz de los datos de las últimas pruebas PISA sí que apuntaba a que existe en el País Vasco. Y de forma destacada.

Las tres comunidades que más porcentaje educativo público destinaban a la escuela concertada eran, por este orden, País Vasco, Madrid y Cataluña. Según la investigación publicada por estas dos organizaciones el pasado mes de diciembre, son estas tres precisamente las autonomías con mayor segregación escolar por origen migrante. Esta vez en un orden diferente, no obstante: Cataluña, País Vasco y Madrid.

Esta conclusión a la que llegaron los autores del estudio es fundamental. Y enlaza precisamente con el último punto en el que la gran mayoría del arco parlamentario vasco estaba de acuerdo en su pacto firmado en 2022: articular el sistema educativo como "un sistema plurilingüe cuyo eje es el euskera".

El sistema educativo vasco tiene tres modelos lingüísticos establecidos en un decreto de 1983:

Actualmente, y según el avance de datos del curso 2023-2024 que ofrece el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), la gran mayoría de estudiantes lo hace bajo el modelo D. En concreto, en el conjunto de Euskadi, lo hacen 256.814 alumnos, el 70% del total de los 371.798 que estudian en la comunidad. Afinando un poco más, por titularidad del centro, ese porcentaje se incrementa hasta el 82,3% en el caso de las escuelas públicas y se reduce hasta el 54,2% en el caso de las privadas, que son casi al 100% concertadas.

Como explica Luna, esto ha sido un proceso gradual, puesto que el reparto no siempre ha sido así. Según señala, el modelo A decreció por una cuestión política, mientras que el B lo hizo porque muchas familias no estaban conformes con el nivel de euskera que se alcanzaba en él. "El sistema euskalduniza a la población, y sobre todo el público", señala el experto. Sin embargo, es al que en su mayoría acude la población inmigrante. Según los datos de Educación, el 66% del alumnado extranjero acude a la pública mientras que el 33% lo hace a la concertada.

El primer porcentaje, por tanto, estudia casi en su totalidad en euskera, provocando un "problema muy grave de resultados", señala Luna. Para verlo hay que volver al último informe PISA. Y al análisis de Save The Chidren y EsadeEcPol, que concluye que un alumno de origen migrante saca de media 32,5 puntos menos en la prueba de matemáticas que uno de origen nacional. Esa es la media en España, pero en el País Vasco la diferencia es muchísimo mayor. De hecho, es la más alta: un estudiante de origen nativo saca hasta 70 puntos más que uno extranjero. "Se han fijado unos objetivos lingüísticos que han creado la tormenta perfecta, puesto que la población inmigrante de Euskadi es la que peores resultados tiene de toda España", incide Luna.

Desde hace algunos años, los alumnos de la inmensa mayoría de institutos públicos catalanes tienen las tardes libres. Con algunas variaciones, suelen entrar a las ocho de la mañana y salen sobre las tres de la tarde, lo que significa que, en el mejor de los casos, no comen hasta media hora después. Eso, si tienen suerte y viven cerca. Y aunque la normativa dice que los estudiantes de secundaria no pueden tener más de tres tardes sin clase, el 88% de los centros hace caso omiso. Pero eso podría cambiar.

El departamento de Educación está a la espera de conocer las conclusiones del informe que ha encargado al Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Iválua) que podrían servir para abordar el polémico debate de la reforma horaria, en este caso, en la escuela. Paralelamente y tal como confirman fuentes de la Generalitat a infoLibre, la consellería también está elaborando un Plan de Educación a Tiempo Completo con el fin de “reflexionar” sobre los usos educativos del tiempo fuera de los centros escolares.

A la espera de los resultados de ambos estudios, el grupo de expertos designado por el Govern tras el batacazo del informe PISA ha lanzado una batería de medidas entre las cuales figura “avanzar hacia una educación a tiempo completo”, como en las escuelas concertadas, y “garantizar el acceso al servicio de comedor escolar al alumnado socialmente desfavorecido”.

“La educación intensiva generalizada en secundaria es insólita a nivel internacional. No hay ningún otro país en el mundo en el que los alumnos hagan seis horas seguidas de clase y la comida no llegue hasta primera hora de la tarde, precisamente por sus efectos nocivos en términos educativos y sociales”, sostiene la socióloga Elena Sintes. De acuerdo con la también jefa de proyectos de la Fundación Bofill, el ritmo que se impone a los adolescentes es “muy estresante”. “Son muchas horas en las que prácticamente no hay momentos para un buen descanso, lo que repercute en la dificultad de atención, problemas mentales y se vincula con peores resultados educativos”, sostiene antes de agregar que comer tan tarde también se relaciona “con mayor riesgo de sobrepeso y diabetes”.

Más contundente se muestra la maestra, psicopedagoga y doctora en Pedagogía de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, Laura Domingo: “Hacer comer tan tarde a los adolescentes es una aberración. Lo mires por donde lo mires es un problema de salud en mayúsculas”. Domingo, que ha analizado la reforma horaria en el mundo rural, asegura que es en estas zonas donde cobra mayor importancia debido a las distancias y la falta de transporte: “Tenemos un drama en los institutos públicos”. 

En la comarca del Lluçanès (Barcelona), por ejemplo, ubicada en la Cataluña Central, hay un solo instituto, de forma que los jóvenes de la región deben desplazarse hasta la capital. “Hacen el recorrido en autobús y, el último, llega a casa sobre las 15.45 horas sin haber comido todavía. Esto es inaceptable”, remarca.

Para poder mantener el ritmo, los institutos suelen hacer dos pausas durante la mañana lo que, para esta experta, no tiene ningún sentido. “El segundo patio debería ser la comida”. Reclama así que se recuperen los comedores en la ESO, especialmente en los municipios rurales, donde los estudiantes tardan hasta cuarenta minutos para regresar a sus casas. “Al menos así los estudiantes, especialmente los que están en riesgo de exclusión, se asegurarían una comida de calidad”.

De esta forma, coinciden los especialistas, se podría estrechar la brecha que separa la educación pública de la concertada. “Ambas prestan un servicio público, pero hay grandes desigualdades en la oferta que ofrecen y, en términos de justicia y equidad social, no deberíamos permitirlo”, enfatiza Sintes.

De hecho, la eliminación de este servicio ha sido una de las consecuencias de los recortes que impuso a partir de 2012 el gobierno del entonces president Artur Mas. Los menguantes presupuestos y la reducción de plantillas y personal docente llevó a muchos centros a pedir el horario continuado en secundaria y cancelar el servicio de comidas.

“La supresión del servicio de comedor y, por tanto, de las becas comedor, comporta muchos problemas”, advierte Sintes. “Los alumnos de familias en situación de vulnerabilidad que en sexto de primaria pueden tener al menos una comida saludable al día, pierden este derecho dos o tres meses después por pasar al instituto, que también es una etapa obligatoria”, denuncia. 

“Especialmente los niños y jóvenes de entornos desfavorecidos, que son el 30% en Cataluña, cuanto más tiempo pasen en la escuela, mejor. Son espacios seguros”, sostiene, por su parte, Domingo. Ahora bien, en su opinión, el comedor no sólo se debería subvencionar a los alumnos en riesgo de exclusión, sino también a todos los estudiantes rurales, que no tienen opción de volver a casa. 

Precisamente una de las cuestiones que plantean los expertos consultados por este diario es que los horarios se adapten a cada zona en función de las necesidades educativas. “En un entorno rural, en el que los alumnos deben recorrer kilómetros, que se queden a comer es fundamental”, recalca el profesor de Pedagogía Internacional de la Universidad de Barcelona Enric Prats. De hecho, en algunos municipios del Pirineo, las escuelas empiezan más tarde para evitar las heladas de primera hora de la mañana. “Debería existir un criterio gubernamental, y, dentro de este marco común, que haya flexibilidad en función de las casuísticas”, resalta Sintes.

Es más, según esta socióloga, aunque la jornada partida es mejor que la intensiva, también presenta algunos problemas, como la larga pausa del mediodía o el horario de entrada, que propone atrasarlo para adaptarse a los biorritmos de los adolescentes. A grandes rasgos, sugiere que los institutos empiecen las clases a las 9 de la mañana, paren sobre las 15 horas a comer y acaben alrededor de las 16 horas. “Podría ir variando por etapas con una cierta gradación en función de la edad, porque no es lo mismo primero y segundo de ESO, que tercero y cuarto”. Eso es lo que hacen muchas escuelas concertadas, donde las tardes libres aumentan a medida que los estudiantes pasan de curso. 

“Cada comunidad educativa debería establecer lo que más le convenga a través de procesos participativos, con autonomía de los centros y horarios más flexibles”, matiza Domingo, para quien el horario de la comida debería ser “formativo”. “Es en los espacios no formales donde pasan todos los conflictos, donde los niños y jóvenes pueden ser más ellos, están más desinhibidos y, por tanto, donde debería haber más mirada pedagógica”, indica.

Para Prats, el criterio debe ser precisamente pedagógico: “El proceso de maduración también incide mucho, aunque yo no sería muy fundamentalista con el horario porque la idea de tiempo completo va más allá de la idea de tiempo lectivo e incluye otras actividades como las extraescolares”. El profesor pide fijarse en Portugal, donde existe una idea de “horario integral” y cuyo modelo educativo integra diversos tipos de profesionales, así como un conjunto de actividades no curriculares destinadas a desarrollar otro tipo de competencias y habilidades, también emocionales.

“Hay desde deporte a artes plásticas, juegos, refuerzo o incluso el comedor, alrededor del cual se generan una serie de situaciones, vivencias y hábitos que no se pueden reproducir en una clase normal”. “Es una medida muy potente siempre y cuando haya recursos y los ayuntamientos y territorios se impliquen con dinero y fórmulas imaginativas”, apostilla. Prats está convencido de que, con esta mirada, se podría combatir el abandono escolar, al reforzar el vínculo entre los estudiantes y los centros educativos.

Sintes también reivindica el modelo portugués, uno de los “más exitosos” y más fácil de asumir en España por las similitudes culturales, sociales y económicas. “El currículum oficial lectivo es tan importante como el no lectivo. Las competencias que se adquieren son extremadamente valiosas y marcan un diferencial enorme entre los que han podido acceder a ellas y los que no, por eso las administraciones deben asumir la responsabilidad de disponibilizar estas actividades a todo el mundo”.

La última de las cuestiones que los expertos ponen sobre la mesa es justamente cómo pasan los jóvenes sus tardes libres. “Si la escuela acaba a las 15 horas y no hay extraescolares, generas mucha desigualdad, porque los que tienen recursos llevarán a sus hijos a inglés o natación y, los que no, se quedarán en la calle”, advierte Prats. ¿La solución? Que las actividades estén subvencionadas o patrocinadas en la escuela pública para evitar mayores diferencias con las concertadas.

También lo comparte Domingo, quien enciende de nuevo la alarma en el mundo rural. “Las extraescolares son uno de los hándicaps más bestias porque no salen a cuenta. Solo las familias de clase media o alta, que tienen el coche en la puerta y pueden pagar la cuota, pueden llevar a sus hijos a la capital de comarca a hacer deporte o música. Los demás, no tienen opción”, lamenta.

La educación es un ámbito "nuclear" para la Iglesia. Y un pilar "histórico". Y principalmente, señala también la Conferencia Episcopal Española, "por responsabilidad eclesial": "Porque es una misión del propio Evangelio". Por eso la institución quiere ahora fortalecer su papel en este terreno, en el que además la mayor parte de su presencia está sostenida por fondos públicos. Del total de centros católicos que hay actualmente en España, el 94,7% son concertados, según sus propios datos. En paralelo, las personas que acuden regularmente a misa han descendido, en tan sólo un año, un 2,5%. El número de sacerdotes, un 2,8%. Y el de seminaristas, un 5,2%. Es decir, la espiritualidad pierde terreno, pero la Iglesia lo compensa ganando parte de él en la educación.

Por eso la Iglesia pretende ahora volcar ahí sus fuerzas. Y no es una idea abstracta. Este sábado se plasmará en un gran congreso en Madrid que, bajo el título La Iglesia en la Educación: presencia y compromiso, reunirá a alrededor de 1.200 personas, según ha explicado este martes la Conferencia Episcopal. "Será un punto de llegada, pero también un punto de partida", explicó durante la presentación del evento Raquel Pérez Sanjuán, directora de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia.

Se ha puesto toda la carne en el asador para la ocasión. La Conferencia Episcopal ha creado una página web en la que aglutina, separados por nueve ámbitos, los desafíos del papel de la Iglesia en la enseñanza. Y al acto acudirán alrededor de 400 colegios, 300 profesores y 100 personas relacionadas con la universidad. Y más de una veintena de ponentes procedentes de distintos organismos internacionales. Todo para dar el pistoletazo de salida al trabajo para ese objetivo. "La Iglesia quiere volver a renovar este servicio y a apostar por esta humanización desde su propia identidad", señaló el profesor de la Salle Centro Universitario Carlos Esteban.

Es ahora porque han percibido "una urgencia", según han plasmado desde la institución en el documento de presentación de su congreso. Pero, ¿urgencia de qué? En concreto, señalan que de estar "presentes", además de para "continuar un diálogo en el que la Iglesia pueda hacer su aportación específica a los retos y desafíos de la educación". "Lo estamos haciendo bien. La educación es un bien público y necesita de todos para educar a todos", remachó Esteban.

En la página web creada ad hoc para el congreso de este 24 de febrero, hacen una denuncia. Concretamente, en el documento marco relativo a los colegios. Ahí la Conferencia Episcopal habla de una financiación "limitada" de los centros concertados por parte de las Administraciones, algo que les "invita" a "explorar y compartir experiencias y procedimientos de sostenibilidad económica". Pero no especifica cuáles.

Lo que no extraña es que la Iglesia aluda concretamente a la enseñanza concertada. Y es que la mayor parte de su red está formada por centros privados sostenidos por fondos públicos. Vayamos al detalle. En su última memoria de actividades, correspondiente a 2022, la Iglesia cifra en 2.536 su número de centros, un dato que se mantiene prácticamente inalterable a lo largo del tiempo. En la memoria de 2021 hablaban de 2.536 colegios. En 2012, de 2.620. Desde entonces, el alumnado sí que se ha incrementado. En una década, ha pasado de ser 1.434.524 a más de un millón y medio. En concreto, 1.502.868, un 4,8% más.

Pero volvamos a los centros. En las mismas memorias se ofrece la cifra de cuántos esos centros católicos son concertados. Y en 2022 eran 2.402. En proporción, el 94,7% del total. Todos, según sus propias cifras, suponen "4.213 millones de ahorro al Estado". ¿Cómo lo explican? Por, otra vez, "la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza pública", además de "la eficiencia en la gestión del gasto en los centros".

Sin embargo, las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación dibujan otro panorama diferente. En concreto, uno que muestra que, año tras año, la financiación pública de la educación concertada rompe récord tras récord. En 2021, último curso del que hay cifras en el departamento que dirige Pilar Alegría, se destinaron más de 7.400 millones a la enseñanza privada —sea o no sostenida con fondos públicos–. Hace una década, en 2011, fueron más de 5.700 millones, un 28,5% menos que ahora.

Pero este dato, revelador en solitario, adquiere mayor relevancia si se compara con lo que ocurrió, en el mismo periodo, con la inversión en educación pública. En la misma década, su inversión creció un 16,7%, pasando de 44.800 a 52.300 millones de euros, según también la última estadística oficial de Educación. Es decir, hay dos velocidades. Y la Iglesia, que posee el 60% de los centros concertados, según Escuelas Católicas, es clara ganadora de estos números.

Pero también por otra cosa. Y es que esta "segunda red" ha aumentado, en sólo seis años —del curso 2014-2015 al 2020-2021— un 50% las cuotas cobradas a las familias de su alumnado.

Y muchas son irregulares, porque contraviene la LOMLOE y la propia LODE que regula los conciertos y que estableció en 1985 que la educación obligatoria debe ser totalmente gratuita. En concreto, y según la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, el 87% de centros lo hace. Y además sin transparencia, vistiéndolas de "aportaciones" o "donaciones" y provocando, además, un desplazamiento del alumnado que proviene de familias que no las abonan.

Hay una paradoja, y es que este incremento de fondos a la concertada —recordamos, en su mayoría en manos católicas— se contrapone a los apocalípticos augurios que desde la propia Conferencia Episcopal se lanzaron cuando el Gobierno puso en marcha la maquinaria para aprobar la ley Celaá. "Vuelve la dictadura totalitaria", llegó a clamar el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. "Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libres de veras, y por eso la quieren controlar, expulsando a los padres de la educación de sus hijos e imponiendo ellos una ética de Estado".

Sin embargo, la ya exministra Isabel Celaá declaró en su día que la concertada no tiene "nada que temer". Porque la red no estaba —ni de hecho está— en cuestión. Aun así, desde el congreso que se celebra este fin de semana se regresa a esa idea de "libertad". Acompañado del de "identidad". La Conferencia Episcopal pretende, lo dice en sus propios documentos, que la cita sirva "para redescubrir lo específico de nuestra identidad y aportación al bien común en este momento histórico" en el que, señaló Pérez Sanjuán durante la presentación del evento, hay "efectivamente" una "norma nacional" que puede suponer "un desafío" para el papel de la Iglesia en la educación. "Mediante leyes se puede facilitar u obstaculizar la actividad", añadió. Pero no dio más detalles.

No es casualidad que la Iglesia centre ahora todos sus esfuerzos en este terreno. En otros en los que hasta ahora tenían una presencia indiscutible han perdido una fuerza que, esa sí, es más complicado recuperar. Y lo saben. "En muchas ocasiones sucede que alguien que va a clase de Religión luego no va a catequesis. Es importante que haya interrelación", señaló Pérez Sanjuán.

El último informe de La laicidad en cifras, de la Fundación Ferrer i Guàrdia, publicado el año pasado, concluyó que la población española es cada vez menos creyente, puesto que cuatro de cada diez personas se declaran ya ateas, agnósticas o indeferentes a la religión. Y la cifra aumenta a medida que la edad disminuye. Así, el 60,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años no son religiosos, un porcentaje que se sitúa en el 57,9% en el caso de los que tienen entre 25 y 34 años.

Además, la Iglesia cede también espacio en uno de sus grandes espacios de influencia, la planificación del proyecto familiar. Según los datos del INE, el porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha crecido de forma espectacular. En 1975, cuando arranca la serie, eran el 2,02%. En 2022 supusieron, por primera vez, más de la mitad: el 50,14%.

También cae la actividad sacramental. Entre 2012 y 2022 los bautizos han pasado de 268.810 a 159.129 (-40,8%) y las primeras comuniones, de 245.427 a 171.494 (-30%). En cuanto a los matrimonios católicos, la caída es más espectacular: pasa de 62,487 a 35.253 (-43,9%).

Galicia ha incrementado su gasto público en educación un 17% en una década. Hablando en números brutos, la Xunta pasó de invertir 2.390 millones en 2011 a destinar más de 2.796 millones en 2021, el último año disponible en la Estadística de gasto público en educación publicada por el Ministerio. Hasta ahí todo bien. El problema viene, como casi siempre, cuando se empieza a analizar la letra pequeña. Ahí ya la frase suena diferente, porque el incremento en el mismo periodo de los fondos destinados a la educación concertada y a la enseñanza privada ha crecido más. Concretamente, un 28,9%.

El educativo, junto al sanitario, es uno de los sectores más movilizados, precisamente, por el "deterioro" de lo público. Así lo denunció por ejemplo una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa do Ensino Público el pasado mes de junio. En un recorrido a través de las calles de Santiago, profesorado, padres de alumnos y estudiantes clamaron contra el desmantelamiento de la educación pública en Galicia y para reclamar más medios para la atención a los alumnos. Seis meses más tarde, docentes y sindicalistas se encerraron en la sede de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de la Xunta para mostrar su rechazo a la política educativa de Alfonso Rueda (PP). Hablaban, sobre todo, de precariedad. Y la enmarcaban también en los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo.

Porque la mala situación, como muestra el Ministerio de Educación, viene de lejos. Volvamos a la estadística. Para conocer correctamente cuál ha sido la evolución de la inversión en la educación puramente pública se debe descontar la cantidad de fondos destinados a la enseñanza concertada y privada. Del cálculo se obtiene una diferencia de porcentajes todavía mayor: el dinero destinado a la pública en la última década supone un 15,7%. En números absolutos, ha pasado de 2.147 a 2.483 millones de euros. El montante de la concertada, en el mismo periodo, ha pasado de ser más de 243 millones a más de 313.

¿Y a dónde ha ido a parar todo esto? Si se analizan las transferencias de las administraciones a centros de titularidad privada que contiene la misma estadística se observa que prácticamente todos los fondos a la educación que no es pública han sido destinados a la educación no universitaria. Y, dentro de ella, el mayor montante se lo lleva la educación infantil y primaria, en la que la Xunta invirtió 169.561 millones, el 54,1%. El resto lo recibió la educación secundaria y la formación profesional (127.574 millones, el 40,7%) y la educación especial (16.085 millones, el 5,1%).

Nada se dedicó al Bachillerato, por ejemplo, que en Galicia no se concierta. A este respecto, la comunidad precisamente destaca como la segunda (sólo por detrás de la Comunitat Valenciana) en la que más se inflan las notas del Bachillerato privado. Lo reveló un informe publicado el pasado mes de junio por el Observatorio de Sistema Universitario (OSU). Según sus datos, el 20,8% del alumnado gallego consigue sobresaliente en Bachillerato en estos centros, pero sólo un 2,8% lo obtiene en las pruebas de acceso a la universidad.

Y, ¿cuál es el peso de la enseñanza privada y concertada en Galicia? Los datos pueden extraerse también del Ministerio de Educación. La última estadística elaborada bajo el título Las cifras de la educación en España, referida al curso 2021-2022, cifran en un 23% el número de colegios que imparten la etapa Primaria privada y concertada. En números brutos, se trata de 199 colegios de un total de 868. El resto son públicos. En la ESO tenemos porcentajes similares. También son 868 los centros que lo imparten y, de ellos, 178 son privados o concertados, es decir, el 20,5%.

Estos últimos, en su mayoría, y al contrario de lo que ocurre si hablamos del mapa general en España, son laicos. Para hacer esta afirmación hay que mirar al Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece estos datos para el curso 2020-2021. A nivel nacional, el 27,8% de las escuelas concertadas son religiosas (son, en números brutos, 2.598 de 9.323), mientras que un 27,3% son laicas. En Galicia los porcentajes se invierten. Y se distancian. El 31,5% de los centros concertados son laicos, mientras que el 23,7% son religioso.

A un así, sí hay una cosa que es común: la mayoría de los centros religiosos tienen concierto con la Administración pública. En concreto, más del 82%. Son estos los que, a nivel nacional, se benefician de los récords de financiación que se producen año a año. El último (2021), también recogido por las estadísticas oficiales del departamento que dirige Pilar Alegría, cifró en más de 7.400 millones los fondos que el Estado dedicó a este tipo de enseñanza en la que, a pesar de estar prohibido por la LOMLOE, se sigue segregando por sexo.

También en Galicia. Según publicó Praza.gal el pasado mes de abril, hay al menos cuatro colegios vinculados al Opus Dei (Montespiño y Peñarredonda en A Coruña y Las Acacias y Montecastelo en Vigo) que lo siguen haciendo. En el curso 2022-2023 se les acababa el concierto aprobado por el Gobierno de Feijóo en 2017. Para renovarlo debían ajustarse a la nueva ley educativa, que prohíbe expresamente separar a los niños de las niñas. Pero según publicó este diario, estas escuelas permiten aulas mixtas en Primero de Primaria. Sólo. Y así consiguen la financiación pública. En septiembre la CIG instó a la inspección educativa de la Xunta y a la del Estado a vigilar que estos colegios cumplen con la ley. La Consellería de Educación, a preguntas de infoLibre, ya aseguró no obstante que así ocurre.

La enseñanza privada, tanto la que está sostenida con fondos públicos –es decir, la concertada– como la que no, sigue haciendo negocio. Lo muestran año a año las estadísticas que cifran sus ingresos. Y lo muestra también el Consejo Escolar del Estado en su último informe anual. Según los datos que recoge, procedentes de la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), la enseñanza no universitaria privada ha aumentado sus ingresos un 14,3% en tan sólo seis cursos, desde el 2014-2015 hasta el 2020-2021. Pero lo llamativo, además, es que el gran incremento que explica esa explosión en las ganancias se ha dado en las cuotas que pagan las propias familias. En esos años, los ingresos de la educación privada procedentes de los hogares crecieron un 50%. El cobro de cuotas a las familias es especialmente controvertida en la concertada, mayoritariamente católica y que constituye el tipo de enseñanza privada más extendida en España. ¿Por qué controvertida? Porque los cobros dificultan el acceso a las familias con pocos recursos en escuelas que son sostenidas con fondos públicos.

Vayamos a la letra pequeña del informe del Consejo de Estado, publicado en diciembre. Durante el curso 2014-2015, las ganancias a la privada procedentes de las familias se cifraron en 3.378 millones de euros; en 2020-2021, en 5.067 millones. Durante el mismo periodo, las subvenciones públicas también crecieron. Por su parte, de 5.946 a 7.138 millones, un 20%. Al mismo tiempo, las transferencias privadas y otros ingresos procedentes de, por ejemplo, donaciones, pagos de asociaciones de padres y madres o concesiones de servicios, disminuyeron. De 1.638 millones a 327. En porcentaje, un 80% menos.

Todas estas cifras dieron como resultado que toda la enseñanza privada acabase el curso 2020-2021 con más de 12.500 millones de ingresos y un saldo positivo en sus cuentas de 408 millones de euros. Y se debió exclusivamente a las aportaciones familiares y a las subvenciones públicas. Porque los gastos en bienes y servicios aumentaron un 3,6% y los de personal un 18,7%.

Ni el Consejo General del Estado ni el INE desagregan estas cifras diferenciando entre enseñanza netamente privada y privada sostenida con fondos públicos, pero lo que sí recuerda el primer organismo es que estos datos pueden asociarse en su mayoría a la concertada. ¿Por qué? Porque casi todo el alumnado matriculado en centros privados lo está en uno concertado. Concretamente, durante el curso 2020-2021 el 32,8% del alumnado español matriculado en enseñanzas de régimen general lo estaba en centros de titularidad privada: el 25,2% en uno concertado y el 7,6% en uno exclusivamente privado.

La consecuencia de todo esto, sin embargo, no radica sólo en que la privada siga haciendo negocio con la educación, sino en que la desigualdad, inevitablemente, aumenta. Así lo asegura el maestro y doctor en Educación Daniel Turienzo, que explica que un mayor gasto en la privada significa menos equidad entre el alumnado. Siempre. "Aunque sea un gasto en actividades extraescolares", matiza. "Que aumente la inversión de las familias en educación supone que la escuela esté más ausente", explica. Y es la principal herramienta para, al menos teóricamente, garantizar la igualdad de oportunidades.

Ya pasó, según recuerda, tras la crisis de 2008. Los recortes sufridos en educación durante esos años obligaron a que fueran los hogares quienes supliesen esa falta de financiación. Y obviamente no todos pudieron permitírselo. Según la Encuesta de presupuestos familiares también elaborada por el INE, el gasto de las familias en enseñanza ha tenido un crecimiento sostenido, destacando sobre todo el producido en 2010 (cuando gastaron un 8,8% más que el año anterior), en 2018 (11,9% más) y en 2022 (un 7,6% más, un porcentaje que no obstante recupera el gasto que en 2020, a consecuencia de la pandemia, cayó un 8,5%).

"Que los ingresos de la privada que proceden de las familias hayan crecido un 50% en seis años es una barbaridad. Nos hace ver que tenemos un problema, porque al final ese dinero, si la educación fuese 100% gratuita, tendría que aportarlo el Estado. La inversión pública siempre supone igualdad de oportunidades; la privada, privilegios", critica.

Por eso la enseñanza que no es pública, también la concertada, es una fuente de segregación. A pesar que contraviene la LOMLOE —que todavía no había entrado en vigor en 2020-2021— y la propia LODE que regula los conciertos y que estableció en 1985 que la educación obligatoria debe ser totalmente gratuita, los centros privados sostenidos con fondos públicos cobran sistemáticamente cuotas irregulares a las familiares. En concreto, y según la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, el 87% de centros lo hace. Y además sin transparencia, vistiéndolas de "aportaciones" o "donaciones" y provocando, además, un desplazamiento del alumnado que proviene de familias que no las abonan. Ahí aparece la segregación.

Porque además el 53% de los centros analizados por el informe cobra cuotas de más de 100 euros al mes a las familias, siendo la cuota promedio de 122,44 euros. Pero es que en Cataluña, en algunos casos, se alcanzan los 1.000 euros, así que el resultado es obvio: las familias más vulnerables no pueden acudir a esos centros.

"La segregación en la concertada por el pago de cuotas es el mecanismo más bestia, porque consigue que muchas familias no puedan entrar en esos centros y que muchas otras se tengan que ir", resume Turienzo. Pero no el único. Un estudio publicado por la Fundació Bofill en noviembre del año pasado, además, afirmó que "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela".

Más de 500 millones de euros para reforzar los conocimientos en matemáticas y comprensión lectora. Ese es el nuevo plan del Gobierno, anunciado este domingo por el presidente Pedro Sánchez, destinado a corregir los malos resultados que el alumnado de nuestro país obtuvo en el último Informe PISA, publicado el pasado mes de diciembre. Pocos detalles se conocen todavía, y está previsto de hecho que esta misma semana el propio líder del Ejecutivo se reúna, junto a la ministra del ramo, Pilar Alegría, con el Consejo Escolar del Estado para impulsar la medida, que llegará a 4,7 millones de alumnos. A priori, la sensación de la comunidad educativa y los expertos es positiva, pero también advierten: no debe beneficiarse cualquiera, sino el que más lo necesita. El reparto, por tanto, no debería ser igualitario, sino garantizar la equidad.

Como todos los planes que se anuncian a bombo a platillo, lo que el Ejecutivo tiene entre manos no va mucho más allá del mero titular. Fuentes de Educación concretan por ahora a infoLibre que la financiación del plan se negociará en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, que esperan presentarse en un mes. El montante, que superará los 500 millones, servirá para toda la legislatura y todavía está por ver cómo se realizará el reparto, puesto que son las comunidades autónomas las que gestionan las partidas destinadas a educación. Los beneficiarios serán todos los centros sostenidos con fondos públicos, por lo que la medida abarcará a los colegios tanto públicos como concertados, y a las etapas de Primaria y Secundaria, aunque sin saber por ahora desde y hasta qué cursos.

¿Y por qué ahora? Lo explicó Sánchez en su discurso de cierre de la Convención Política del PSOE celebrada este fin de semana en A Coruña. "Pese al esfuerzo de los jóvenes, de nuestro alumnado, también de los maestros y de las familias, hay asignaturas que son duras. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora", dijo. Se ha visto recientemente, añadió, en los últimos "informes de la OCDE". En concreto se refería a uno, el más reciente. En el último PISA, presentado el pasado 5 de diciembre en el Ministerio de Educación, el alumnado español obtuvo el peor resultado de su historia en Matemáticas y en Lectura. En la primera la nota fue de 473 puntos —cuando desde 2003 el mínimo era de 480—; en la segunda, 474, tres puntos menos que en 2018.

Sin embargo, a juicio de los expertos, esto es un error. "Me preocupa que este plan sea una respuesta a PISA. El Informe no puede ser una herramienta de diagnóstico que explique un plan así. Éste debería motivarse por la equidad", defiende Jesús Rogero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Coincide con él Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. "La educación es un motor que predice cómo funcionarán los países a medio y largo plazo, por lo que las medidas y las posturas políticas en este ámbito no pueden adoptarse por modas. Hay que plantearse, desde el inicio, la repercusión que tendrán las reformas", critica.

Por ahora, desde el departamento de Alegría concretan la medida en tres ejes: hacer desdobles por aula, lo que implica tener dos profesores en lugar de uno en esas "asignaturas duras", fomentar las actividades extraescolares e impulsar la formación de docentes y centros escolares. Ahí sí que acierta el Gobierno, a juicio de los sindicatos y expertos consultados. "Aunque todavía no se conoce el detalle de la medida, creo que estas líneas son un buen inicio para realizar los cambios que veníamos demandando", señala la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca. "La reducción de ratios es un objetivo correcto. Ese es un elemento que, a nuestro juicio, puede contribuir a mejorar los resultados", añade su homólogo en CCOO, Francisco García.

De media, según el último informe relativo a Las cifras de la educación en España, referidas al curso 2021-2022, hay 17,4 alumnos y alumnas por clase en los centros públicos de Primaria y ESO, un número que en los privados aumenta hasta los 22,7. La normativa en vigor fija unas ratios máximas de 25 alumnos para Educación Infantil y Primaria, 30 para Secundaria y 35 para Bachillerato. A nivel europeo, las cifras de Eurostat sitúan a España en la media del resto de la Unión Europea, donde la media de alumnos por profesor se situaba en el curso 2020-2021 en 12 niños y niñas, dato que en nuestro país se rebaja a los 11,3.

En cualquier caso, desde los sindicatos son claros desde hace tiempo: a menor ratio, mejor resultado. Un estudio reciente llevado a cabo en dos colegios de Extremadura y publicado en la revista Bulletin of Economic Research lo confirmó. Y específicamente lo hizo en las áreas en las que ahora el Gobierno quiere poner atención. Concretamente, la disminución de alumnos por profesor en los dos centros durante la pandemia mejoró 0,3 puntos la nota media de Lengua y 0,27 la de matemáticas. Y eso que estas cifras son las estimadas en el peor de los escenarios.

Pero para conseguir eso hace falta aumentar las plantillas, sobre todo teniendo en cuenta que, como denunciaron desde CCOO, el 33% de los profesores que se contrataron durante la crisis sanitaria ya fueron despedidos. En concreto, a inicios del actual curso había 11.027 docentes menos. "Hubiera sido necesario no solo mantenerlos sino incrementarlos", dijeron entonces desde la organización, que calcularon en 84.915 el número de profesionales que deberían contratarse, un número que supondría una media de cuatro profesores más en cada centro educativo.

Lucas Gortazar, experto en políticas educativas y responsable de educación del think tank EsadeEcPol, ha hecho cálculos con los pocos datos que se tienen por ahora del plan que maneja el Gobierno. Y estima que 500 millones para la legislatura permitirían contratar a 2.500 profesores, algo que es, dice, "objetivamente poco" para los 5 millones de alumnos que se beneficiarían de la medida. "La decisión va en la buena dirección, pero la ambición es baja", lamenta.

Pero no es sólo contratar. También hay que ver dónde. "Es clave focalizar las medidas en la población más vulnerable y en el alumnado con más necesidades educativas", apunta Rogero. "Es evidente que existen escuelas que concentran a los estudiantes con más vulnerabilidad. Ellas deberían ser el objetivo de estas medidas, porque un reparto igualitario de nuevos docentes no soluciona el problema, sino que afianza la situación de las ecuelas", añade Martínez-Garrido.

Y esto no sólo tiene que ver con la ampliación de las plantillas, sino con lo relativo al refuerzo de clases extraescolares, otro de los ejes del plan del Gobierno. Desde los sindicatos hacen hincapié en la necesidad de que este refuerzo no se privatice y se amplíe la oferta pública, pues el resultado de lo primero ya ha sido constatado en algunas investigaciones.

Una se publicó el pasado mes de enero, precisamente, por EsadeEcPol. Bajo el título Educación en la Sombra en España: Una radiografía del mercado de clases particulares por etapa escolar, capacidad económica de los hogares, titularidad del centro y Comunidad Autónoma, el estudio concluyó que mientras el alumnado que pertenece a clases socieconómicamente más favorecidas usan las clases particulares para mejorar, los de clases más vulnerables lo hacen para no estancarse y quedarse atrás. Por ejemplo, el alumnado de la privada —que pertenece en su mayoría al primer grupo— no acude a estas extraescolares para fortalecer las competencias de las materias centrales. Sin embargo, sí lo hace el 40% de la pública y, por su parte, el 30% de la concertada.

Por otro lado, el Informe PISA, la explicación por la que el Gobierno decidió poner en marcha este plan, constató también que el origen socioeconómico del alumnado influye, y no poco, en el rendimiento académico. Y pasa en matemáticas y en lectura. En concreto, el rendimiento en matemáticas está 35 puntos por debajo en las escuelas públicas (462 puntos) que en las privadas (497) y en lectura el alumnado de la pública obtiene 32 puntos menos (464) que el de la privada (496). Las diferencias, sin embargo, desaparecen cuando se descuenta el paso de esa mochila que no es sólo académica.

Más allá de las medidas, desde los sindicatos reclaman al Gobierno que los fondos que se destinen a este programa sean finalistas, para impedir que las comunidades puedan emplearlos después en partidas diferentes. Y, también, que cualquier medida destinada a un cambio de cualquier tipo para los docentes cuente con su opinión en una mesa sectorial. "Exigimos que se convoque, pero por ahora nos mantenemos simplemente a la expectativa de que se concrete la medida del Gobierno", sentencia Loranca.

Los malos resultados de Cataluña en el Informe PISA presentado la semana pasada se deben a una "sobrerrepresentación" del alumnado migrante en la muestra analizada. Lo dijo el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Ignasi Garcia Plata, pocos minutos después de que se hiciera público el documento que constataba una caída generalizada del rendimiento en la comunidad: de 38 puntos en lectura, de 15 en ciencias y de 24 en matemáticas. La polémica desatada por la explicación hizo que el Ejecutivo matizara: el Departamento de Educación aseguró que tiene "confianza completa en la calidad y rigor de las pruebas". Y que trabajará para resolver el "problema" del retroceso académico. Sin embargo, detrás de la polémica subyace una realidad: el alumnado migrante tiene peores resultados que el nativo. Y la brecha es cada vez mayor.

Así lo certifica el estudio Todo lo que debes saber de PISA 2022 sobre equidad, publicado este martes por EsadeEcPol y Save The Children. No es una explicación "xenófoba", como la calificó el PP, sino basada en que la segregación sigue siendo el elefante en la habitación de la educación en nuestro país.

La investigación, realizada por Lucía Cobreros y Lucas Gortazar, es clara: el origen influye, bastante, en el rendimiento académico. Como explica la autora en conversación con infoLibre, el estudio analiza tres aspectos: el rendimiento en matemáticas, la probabilidad de repetir curso y la segregación. Y en todos el alumnado migrante sale perdiendo.

En primer lugar, un alumno o alumna migrante obtiene, de media, 32,5 puntos menos en matemáticas que uno de origen nacional, aunque estos, en el último Informe PISA, han visto reducido su rendimiento en mayor medida. Sin embargo, lo más llamativo no está ahí. Como señala la investigación, la brecha se reduce hasta 6,6 puntos si se descuenta el efecto de la desigualdad económica entre ambos grupos. Porque este factor es vital para entender el éxito o el fracaso académico. En todos los ciclos. Quienes proceden de entornos más humildes tienen menos oportunidades. Siempre. "El mayor problema de equidad está relacionado con el nivel socioeconómico y no tanto con el origen", señala Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save The Children.

El esquema se reproduce en todas las autonomías, aunque la que peor parada sale es País Vasco. Allí, el alumnado nativo obtiene, de media, hasta 69,7 puntos más en esta materia que el migrante. Descontando el efecto del nivel socioeconómico, incluso, el dato es abrumador: entre y uno y otro existe una diferencia de 35,2 puntos.

¿Y qué pasa con Cataluña? Se encuentra por encima de la media: 42,6 puntos de diferencia sin descontar el factor socioeconómico; 5,1 si se tiene en cuenta. En la otra cara de la moneda se encuentran Andalucía y Canarias, donde la distancia en el primer caso es de 3,5 y 4,3 puntos, respectivamente. En el segundo caso ni siquiera existe: los migrantes sacan, de hecho, mejores notas de media. "Es lógico que en aquellas zonas geográficas donde hay zonas metropolitanas con mayor diversidad poblacional haya más diferencias", explica Del Moral.

Por tanto, la conclusión está clara: no es una cuestión de origen, sino de dinero. "El origen es determinante, sobre todo, cuando hay condiciones socioeconómicas desfavorables detrás", explica la experta de Save The Children. Se ve claro si se pone en contexto con más estadísticas. Según las últimas cifras del Ministerio de Educación —publicadas el pasado mes de septiembre—, el alumnado migrante ha crecido un 29,6% en la última década en todos los niveles, aunque el mayor ha ocurrido en Primaria, donde el incremento ha sido de un 48% desde el curso 2012-2013 al 2022-2023.

Pero ahora hay que hacerse la pregunta fundamental: ¿quién ha absorbido todo ese crecimiento? La escuela pública. Y también son datos oficiales del Departamento de Pilar Alegría. Estos centros escolarizan al 67% de todo el alumnado, y el 77,3% de él es extranjero, una cifra que desciende hasta el 15,4% en el caso de la concertada (donde estudia el 24,8% del total) y al 7,3% en el de la privada (en la que estudian el 8,2%). Ocurre, dice Del Moral, porque estas últimas, estén o no sostenidas por fondos públicos, tienen la capacidad de elegir a su alumnado. ¿Cómo? Elevando su coste con cuotas irregulares o decidiendo en qué zonas de qué ciudades realizar su actividad.

Así se selecciona al alumnado y el más vulnerable termina, únicamente, en la pública, donde tiene, volviendo al principio de nuevo, más probabilidades de tener un peor rendimiento académico.

Y este es el segundo aspecto que, precisamente, analiza el estudio de EsadeEcPol y Save The Children. Según revelan sus autores, repetir curso hasta es 1,9 veces más probable para un alumno o alumna migrante. Y da igual que sea de primera o segunda generación —es decir, que haya nacido en otro país o que sus padres lo hayan hecho. "Resulta curioso que el nivel socioeconómico, en este caso, no influye", explica Cobreros. Es decir, da igual de dónde se venga. Aquí influye el origen. Y pasa, de nuevo, en todas las autonomías. Y en casi todas en mayor medida que en 2018, año en el que se presentó el anterior Informe PISA.

Aun así hay excepciones: en Galicia, Aragón y Comunitat Valenciana era entonces más probable que el alumnado migrante repitiera. Por el contrario destacan Extremadura, Castilla y León y Murcia, donde se ha producido "un empeoramiento muy notable del indicador".

¿Por qué ocurre? Según Cobreros, no hay ningún argumento que explique claramente por qué el alumnado migrante repite más, independientemente de dónde venga, aunque cree que podría estar relacionado con el hecho de que "España es el cuarto país de la OCDE con más niveles de repetición", algo que ni expertos ni organismos internacionales aconsejan. De hecho, la propia organización Save The Children puso de relieve —en su informe Repetir no es aprender— que el coste de esta herramienta durante el curso 2019-2020, cuando repitieron 234.500 estudiantes, se elevó a 1.441 millones de euros, lo que supone un 6,2% del gasto público en Primario y Secundaria. "El equivalente al presupuesto de educación de todas las islas Canarias", ejemplificaron.

Pero no es sólo por el impacto económico, sino también por el educativo. Lo dijo hasta la comisaria europea responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, en el informe Equidad en la educación escolar en Europa. Estructuras, políticas y rendimiento escolar [disponible en este enlace] , confeccionado por el grupo Eurydice de la Comisión Europea en 2020: existen razones "para esperar que las repeticiones puedan tener un impacto negativo" a la hora de "ampliar la brecha" entre el alumnado.

Y así se llega al tercer factor estudiado por Cobreros y Gortazar: la segregación del alumnado migrante, aunque en línea con la que se produce en la media de la OCDE y de la Unión Europea, ha aumentado considerablemente desde 2018. Y aquí sí que Cataluña es una de las peor paradas: si en España el grado se sitúa en 0,161, en la comunidad la cifra asciende a 0,231. "Es, además, la comunidad que más ha aumentado sus niveles de segregación", explica la autora de la investigación. Aun así, es País Vasco la que se lleva la medalla de oro: su nivel se encuentra en el 0,231, los mismos niveles que se registran en países como Bélgica o Dinamarca.

Asumir equivocaciones en política es un verbo que pocas veces se practica. Sin embargo, a veces ocurre. 4 de noviembre del año 2011, hace poco más de 12 años. El ya entonces expresidente del Gobierno Felipe González admitió, tajante, que su Ejecutivo había cometido "algunos errores". Se refirió a uno muy concreto: la educación concertada. Según afirmó el socialista, lo que habría que haber hecho es financiar la escuela pública. Y "quien quiera escuela privada que se la pague", añadió. Hace algunas semanas, la ministra de Educación de Suecia vino a asegurar lo mismo: el modelo en el país había resultado ser un "fracaso". Prometió, por ello, la mayor reestructuración del sistema educativo en 30 años. Los estándares educativos han caído, la desigualdad ha ido en aumento y la influencia religiosa en esos centros es excesiva, argumentaron en Suecia. Un diagnóstico que distintos expertos y estudios comparten para España.

Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente en Suecia? Un informe del mayor sindicato de docentes del país, Sveriges Lärare, ya advirtió el pasado mes de junio de las consecuencias negativas que había tenido el haber mercantilizado el sistema. Ni el alumnado ni el profesorado estaban conformes. Por eso pidieron repensar el sistema y acabar con él gradualmente. Y la ministra Lotta Edholm ha recogido el guante. Según publicó The Guardian, la liberal ha iniciado una investigación sobre un modelo que, dijo, había que "limitar severamente". Los centros, añadió, no pueden ser un mero negocio. "No es sólo un problema de varias escuelas, sino que se convierte en una falla de todo el sistema", dijo.

Distintos expertos consultados por infoLibre creen que en España también hay datos objetivos para realizar una afirmación así.

Empecemos por el principio. Año 1985. El Gobierno socialista de Felipe González crea el marco jurídico para la doble red de centros educativos articulada en la Ley Orgánica de Educación (LODE). La inspiración vino de países europeos como Bélgica y Países Bajos, como indica Paloma Muñoyerro en su artículo La educación concertada en España: origen y recorrido histórico, publicado por la Universidad de Salamanca. Entonces, la creación de esa doble red tenía una explicación muy concreta: el crecimiento de la población derivado de los cada vez más numerosos nacimientos y de la creciente migración provocaba que los centros públicos del país no pudieran absorber a todos los niños y niñas en edad de escolarizar. No sólo no había infraestructuras, sino que tampoco había profesorado suficiente. Como recoge Muñoyerro en su artículo, entre el curso 1977-1978 y 1980-1981 se crearon alrededor de 30.000 unidades públicas de EGB (Educación General Básica, el nombre que antes recibían los estudios primarios).

Así se palió esa necesidad. Sin embargo, la distribución no era la más acorde, y por eso el entonces ministro de Educación, José María Maravall, escribió una carta a los padres y madres en 1983 en la que aseguró que "cada alumno" dispondría "de una plaza escolar digna cerca de su casa". "Debe concluir la construcción caótica de puestos escolares", añadió. Y justificó así la creación de la red concertada, según la cual los centros privados que quisieran acogerse a financiación pública ofrecerían una plaza "completamente gratuita". "Ya están previstos en los Presupuestos del Estado para 1984 105.000 millones de pesetas para subvencionar esta enseñanza gratuita en los centros privados concertados", explicó.

Estas escuelas, a cambio, debían cumplir una serie de requisitos. Los recuerda el profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Rogero. El primero es que la enseñanza, como dijo Maravall en su día, fuera gratuita. El segundo, que no se seleccionara al alumnado, como sí hace la privada. Y el tercero: que la actividades confesionales tuvieran carácter opcional y no tener espacio dentro del horario lectivo. En España, la educación concertada está, fundamentalmente, en manos de la Iglesia: entre 2007 y 2017 sus centros ganaron 219.855 alumnos, un 17,2%.

"No se cumplen estas condiciones, y eso es un ejemplo claro del fracaso del modelo", sentencia Rogero.

El incumplimiento del primer requisito se hace patente año tras año. Con cifras. El pasado 5 de octubre se presentó en Madrid la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, un informe que elaboran anualmente Cicae, una asociación de colegios privados independientes, y Ceapa, un colectivo de familias en defensa de la educación pública. Se unen, aunque parezca paradójico, para denunciar lo que los primeros consideran competencia desleal y los segundos un castigo a la pública. El documento es claro: el 87% de las escuelas concertadas cobran cuotas irregulares a las familias. En el 76%, además, de forma obligatoria.

Hacerlo no sólo contraviene la LOMLOE, sino que va radicalmente en contra de la propia LODE que reguló los conciertos y que estableció que la educación obligatoria debe ser totalmente gratuita.

Las cuotas, además, se cobran sin transparencia, vistiéndolas de "aportaciones" o "donaciones" y provocando, además, un desplazamiento del alumnado que proviene de familias que no las abonan.

Esto lleva al segundo incumplimiento. El 53% de los centros analizados por el informe cobra cuotas de más de 100 euros al mes a las familias, siendo la cuota promedio de 122.44 euros. En Cataluña, en algunos casos se alcanzan los 1.000 euros. El resultado es obvio: las familias más vulnerables no pueden acudir a esos centros.

Pero hay más maneras de seleccionar al alumnado. El extranjero, que por regla general tiene mayores dificultades de aprendizaje y exige mayor esfuerzo del centro, y el que tiene necesidades educativas especiales acude, en su mayoría, a la pública. De hecho, según publicó infoLibre, la concertada asume menos de la mitad del alumnado africano que le correspondería.

Un estudio publicado por la Fundació Bofill en noviembre del año pasado, además, afirmó que "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela". En julio de 2016, el Síndic de Greuges de Cataluña (Defensor del Pueblo) elaboró un informe monográfico en el que denunció que muchos centros disuaden la demanda de plaza de determinadas familias recomendando otros centros con un perfil social más parecido al de la familia.

La ubicación de los centros, además, es otro sutil mecanismo de selección social. "Estos colegios siempre están en zonas urbanas. Y, dentro de ellas, en las que viven aquellos con rentas más altas", explica Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León. Según denuncia, la concertada es "actualmente el mayor factor de segregación educativa y social". "Como dice José Gimeno Sacristán, los conciertos responden a una necesidad de clase aspiracional. A ellos acuden aquellas familias que esperan relacionarse con la clase social a la que quieren pertenecer", apunta.

El tercer factor, el que tiene que ver con la confesionalidad de las aulas concertadas, tampoco se cumple. Según las últimas cifras disponibles en la web de la Plataforma Escuelas Católicas, correspondientes al curso 2020-2021, hay actualmente 1.487.637 alumnos y alumnas estudiando en centros católicos concertados. Sólo en Primaria (573.154) y Secundaria (431.457) ya superan el millón. La Iglesia asume, así, el 19% de todo el alumnado dentro de la concertada. Los centros que no son católicos escolarizan tan sólo al 7,1%. Dentro de toda la red concertada, los centros católicos suponen el 72,7%.

Y eso no va separado del currículo. "De forma generalizada, la libertad de credo no se respeta", indica Rogero.

La ministra sueca criticó que la concertada inflaba las notas de su alumnado. Y esto también ocurre en nuestro país. Según el estudio Notas de acceso a la Universidad: ¿Son equitativas?, presentado el pasado mes de junio por el Observatorio del Sistema Universitario, los centros públicos aglutinan el 59,7% de notas inferiores, mientras que ese porcentaje en los concertados se sitúa en un 52,6%. Por el contrario, el 23,9% de las mejores calificaciones se dan en las escuelas concertadas. En las públicas, sólo el 17,9%.

Otro dato más. Según los datos de este curso 2023-2024 publicados por el Ministerio de Educación, la tasa de repetición en Educación Primaria se sitúa en un 1,3% en los colegios concertados y en un 2,5% en los públicos. En Secundaria, la comparativa aumenta: el 9,2% repite en la pública, mientras que en la concertada lo hace tan sólo el 4,7%.

Todos estos datos llevan a los expertos consultados a la misma conclusión alcanzada en Suecia: el modelo de la concertada no debería tener cabida en España. "No mejora la calidad educativa. Supone una vulneración sistemática de derechos y una mayor segregación que crea desigualdades. El modelo es un fracaso. Forma parte de la realidad educativa, pero en realidad es un desastre que no por haberlo normalizado deja de ser un problema", sentencia Rogero. "No tiene sentido mantener a la concertada. La educación debe ser pública, suponer un mismo espacio donde se viva en igualdad", añade Díez Gutiérrez. infoLibre se puso en contacto con la Plataforma Concertados para conocer su visión en este debate, pero no obtuvo respuesta.

La realidad demográfica que de hecho impulsó la creación de esta doble red ya ni siquiera existe. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan, año a año, que la natalidad no toca suelo. En 2021, el último año con datos disponibles, hubo 337.380 nacimientos. Un año antes fueron 341.315. Desde 1992, cuando comenzó la serie histórica, el número de alumbramientos ha descendido un 15%. Desde 2008, cuando se registró la cifra más alta (519.779), el descenso ha sido de un 35,1%.

El efecto que esto producirá —y de hecho ya está produciendo— en la escuela es obvio: cada vez habrá menos alumnado. Según un informe de EsadeEcPol —Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo—, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de su alumnado potencial en 2037, pasando de los casi 2,1 millones de niños y niñas entre 12 y 15 años de hoy a 1,6 entonces. Primaria, por su parte, se vaciará antes: si en 2017 tenía 3 millones de alumnos, en 2032 se quedará por debajo de los 2,4. La consecuencia, según alertaba el estudio, es el cierre de aulas. Pero el problema es que actualmente, con el modelo de concertada existente, será más probable que sean públicas. Las concertadas están blindadas, precisamente, por los conciertos firmados con las comunidades autónomas.

Pero ya no es sólo eso. Como recuerda Rogero en conversación con infoLibre, en un artículo titulado ¿Permitimos que los centros concertados puedan convertirse en públicos?, la red concertada tenía como objetivo "transitar de un sistema educativo propio de una dictadura a otro plenamente democrático y público". "Hoy nadie justifica la elevada presencia de la educación concertada por la incapacidad para ofertar plazas públicas. El gran porcentaje de centros concertados en un anacronismo que se mantiene gracias a las concesiones de los sucesivos gobiernos", escribió Rogero.

Por eso precisamente, señala Díez Gutiérrez, no se acaba con el modelo. "No hay voluntad, pero perfectamente se pueden nacionalizar esos centros educativos", dice. Se hizo, recuerda, con el Colegio Inmaculada Concepció de Barcelona, un movimiento que se amparó en un decreto del Departamento de Educación catalán que abría la puerta al cambio de titularidad de escuelas concertadas a públicas.

El propio Maravall, igual que hizo Felipe González, dijo haberse equivocado dando alas a esta red. Fue en 2013 en una entrevista en Público. "Lo que más lamento echando la vista atrás y recordando la aprobación de la LODE, es que en aquel momento no me podía imaginar que una ley orgánica de obligado cumplimiento en toda España llegase a ser vulnerada hasta tal punto por comunidades autónomas ni que el Gobierno central se fuera a encontrar sin instrumentos o sin voluntad para impedir esas infracciones. Cuando hablo de instrumentos, me refiero a que la alta inspección ha sido descuidada. Y cuando hablo de voluntad, hablo de un absoluto desapego respecto de la enseñanza pública en relación de la enseñanza privada por parte del PP y de falta de músculo político por parte de algunos gobiernos del PSOE".

La llegada del PP a la Junta de Andalucía ha supuesto un espaldarazo a la enseñanza concertada de la comunidad. Es decir, a la educación privada financiada con fondos públicos, en su mayoría controlada por la Iglesia católica. Así lo indican las estadísticas de gasto público publicadas por el Ministerio de Educación, que recogen, como últimas cifras, las relativas al año 2021. Ese año, siempre según las estadísticas oficiales estatales, el Gobierno autonómico transfirió más de 1.050 millones a la etapa no universitaria de centros educativos de titularidad privada. Tan sólo un año antes esa cifra se situaba en 879 millones de euros, un 19,5% menos. Pero la apuesta clara del Ejecutivo regional por la educación concertada se ve todavía mejor si echamos la vista atrás 12 meses más. En 2018, último año de presupuestos socialistass, la partida era de más de 829 millones, un 26,7% menos que en 2021.

No son cifras aleatorias. Ni casuales. Forman parte de una línea inspirada en el PP de Madrid y compartida por otros presidentes autonómicos de su misma formación. Moreno, de hecho, ya apostó por la concertada en 2018, cuando manifestó que el PP "luchará y defenderá la libertad de las familias para elegir qué modelo educativo quieren para sus hijos". Según dijo, la enseñanza privada y sostenida por fondos públicos también forma parte del "sistema público de educación". Y acusó a la entonces presidenta, Susana Díaz, de "cerrar el grifo" a estas escuelas.

Otro ejemplo del modelo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió el pasado mes de febrero más inversión para la concertada. "Vamos a multiplicar los recursos que destinamos a los centros concertados con un aumento del 15% en la partida de gastos de funcionamiento y la destinada a personal no docente", dijo. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, la región ha pasado de invertir más de 1.143 millones a estos centros en 2020 a financiarlos con más de 1.233 millones en 2021. El incremento, en este caso, es de un 7,8%.

Madrid es, además, la segunda autonomía que más fondos destina a este tipo de enseñanza, sólo por detrás de Cataluña, que en 2021, también según el departamento de Pilar Alegría (PSOE), destinó más de 1.400 millones, lo que supuso un aumento de un 4,5% con respecto al año anterior, cuando la partida se situó en 1.342 millones.

De vuelta a Andalucía: ¿qué ha ocurrido mientras tanto con la enseñanza pública? También ha visto incrementada su inversión, pero en comparación con lo que ha recibido la escuela concertada, en menor proporción. La estadística oficial del Ministerio de Educación refleja una inversión en 2021 —descontando lo relativo a centros privados— de 9.836 millones, una cifra un 23,6% mayor que en 2018 (7.955 millones) y un 10,8% mayor que en 2020 (8.880 millones).

Ha sido esta escuela la que, precisamente, ha salido a la calle –y no sólo una vez– para defenderse. El pasado mes de abril, miles de personas marcharon en Sevilla para "alzar la voz contra las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía", señaló la Marea Verde. Este domingo 19 de noviembre se produjo otra protesta. "Desde hace muchos años nosotros estamos sufriendo lo que ahora mismo vemos con la sanidad pública. Muchísimos recortes, conciertos que cada año van superando su propio récord, con el único plan de destruir la única escuela accesible para todos y todas y que ofrece igualdad de oportunidades", señaló en declaraciones a Europa Press la portavoz de la organización en la capital andaluza, Berta Gallardo.

La Consejería de Educación de Andalucía objeta las cifras publicadas por el Ministerio. Las suyas, extraídas de la Ley de Presupuestos de Andalucía, contemplan una inversión en 2021 de 889 millones de euros para la enseñanza concertada y de 6.450 en la red pública. La diferencia, explican, radica en que, "como suele ocurrir otras veces", los "criterios" con los que se elaboran las estadísticas pueden diferir. "No se pueden considerar conciertos las plazas públicas que pagamos a las familias en el primer ciclo de Infantil, porque no existen conciertos", argumentan. "El Ministerio así los computa", añaden, defendiendo que "no hay concierto con las escuelas infantiles".

Por otro lado, desde la Consejería no desglosan el presupuesto a la concertada correspondiente a 2019 o 2020, pero sí el de 2018. Entonces la inversión para la concertada, siempre según el departamento autonómico de Educación, se situó en 819 millones, un 7,8% menos que en 2022, cuando sitúa la partida en 883 millones. Por ahora, Educación no ha actualizado la cifra para ese año.

En cualquier caso, según los datos de la comunidad, la inversión a la concertada descendió de 2021 a 2022, lo que explican con el fin de los fondos europeos, que provocaron el incremento tan elevado entre 2018 y 2021. "Los crecimientos entre 2018 y 2021 en la concertada (también en parte en la pública) tienen que ver con la aplicación de fondos europeos covid. Además de la gratuidad de la enseñanza en la concertada para el alumnado, se incluyeron partidas de limpieza extraordinaria y refuerzos de plantilla (como ocurrió en la pública)", señalan.

La escuela concertada continúa segregando por sexo en España. Ocurre a pesar de que la LOMLOE, la última ley educativa, impulsada por la exministra Isabel Celáa (PSOE) y que que en diciembre cumplirá tres años, prohíbe expresamente que el Estado financie un modelo que, según llegó a denunciar el Defensor del Pueblo, "no es razonable". Y ocurre también a pesar de que el Constitucional avaló el pasado mes de abril que se retiren las ayudas públicas a los centros que desobedecen la lnorma. Separar a los niños y a las niñas en las aulas, estableció el tribunal, responde a una "concepción ideológica". Concretamente a la católica: de los 69 centros que justo cuando se aprobó la ley Celaá seguían segregando, 62 pertencían al Opus Dei. Ahora la cifra es mucho menor, pero sigue pasando. La ampliación de conciertos y la separación por aulas o cursos son algunas de las fórmulas que lo permiten.

No pasa en todas las comunidades. Según informaron a infoLibre las consejerías de Educación de Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura, estas autonomías no financian actualmente ningún centro que continúe apostando por la educación segregada, aunque conseguirlo no ha sido sencillo en todos los casos. A finales de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló que dos centros —Viaró de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la Camp Joliu de L'Arboç (Tarragona)— mantuvieran el concierto de manera cautelar a pesar de desarrollar la educación segregada en la ESO. Lo harían bajo fianza y hasta que hubiera sentencia firme. Pero el fallo del TC, informan desde el departamento de Educación, lo cambió todo. "El gabinete jurídico de la Generalitat pidió la revocación de las cautelares, cosa que se consiguió", recuerdan. Siguen segregando, pero ya no se sostienen con fondos públicos.

Sin embargo, sólo ocurre en la ESO. En Primaria continúa la segregación. Y seguirá al menos hasta el año 2026, que es cuando cesa el concierto actualmente vigente. "El Departament, a través de su Dirección General de Centros Concertados y Privados y la Inspección Educativa, trabaja para hacer seguimiento del cumplimiento de los requerimientos para hacer escolarización mixta, y también acompaña e informa a los centros sobre los cambios que deberán hacer si quieren mantener el concierto de Primaria, que se renovará en 2026", añaden fuentes de Educación.

Con este ejemplo se ven dos de las trampas que, a juicio del doctor en Educación Daniel Turienzo, sigue empleando la concertada para burlas la LOMLOE. Por un lado, blindar la segregación con conciertos; por otro, acabar con la segregación pero sólo en determinados cursos o etapas.

"Hay administraciones que han decidido esperar a que se pierda la vigencia de los conciertos y siguen sosteniendo a estos centros con fondos públicos", denuncia Turienzo. Acaba de hacerse patente en Navarra, donde según informan fuentes de Educación a infoLibre sigue habiendo dos escuelas segregadoras: Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga. El Tribunal Superior de Justicia autonómico decidió hace una semana avalar la decisión del Gobierno foral de retirar los conciertos de 2º y 6º de Primaria por no haber implantado la educación mixta, una resolución que en la práctica no tendrá ninguna consecuencia para las escuelas, que tienen la financiación aprobada hasta el curso 2025-2026.

También ocurre en las Islas Baleares. Allí, la Conselleria decidió el pasado mes de octubre, "de manera excepcional", prorrogar un año el concierto de un centro con el objetivo, dijeron, "de evitar un perjuicio grave a las familias y a los profesores". "Ese argumento es muy utilizado y permite continuar segregando en muchos casos", señala Turienzo.

En La Rioja, donde también hay un colegio que sigue segregando, también se amparan a que en 2019 el PP blindó "por seis años los conciertos". Cuando cesen, publicó Europa Press, se verá qué ocurre.

Madrid también ha empleado esta técnica, pero en este caso además de manera planificada y con el objetivo claro de oponerse a la LOMLOE. Según informan desde su Consejería de Educación, en la Comunidad hay actualmente 11 centros que siguen segregando pero que, sostienen, "no incumplen la legislación" por tener los conciertos vigentes hasta el curso 2027-2028.

Los ampliaron hasta entonces en diciembre de 2020, días antes de la aprobación de la LOMLOE, precisamente para blindar a la concertada y continuar dando la batalla política al Gobierno. No lo ocultaron. En su nota de prensa especificaron que la medida se tomaba ante la "inminente" aprobación de la ley educativa. "Hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada vamos a alargar estos conciertos hasta diez años", dijo entonces la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Pero en esta región, además, la escuela concertada emplea otra fórmula para burlar la prohibición de segregar. De los 11 centros que todavía lo siguen haciendo, concretan desde la Consejería, cuatro sólo matriculan o a niños o a niñas y siete, por su parte, "son mixtos y escolarizan en aulas diferentes". Esto, para Turienzo, no cambia nada. "Los que segregan por clases lo hacen de manera ilegal, lo que pasa es que si no se explicita es muy difícil de detectar por los inspectores", apunta.

En la práctica, además, los efectos son los mismos. ¿Cuáles? Un estudio publicado por la revista Science en 2011 y realizado en Estados Unidos concluyó que la educación no mixta fomenta el sexismo y refuerza los estereotipos. Además, en términos meramente educativos, este modelo tampoco ofrece ninguna ventaja. "No hay pruebas que demuestren los buenos resultados de separar y segregar. Cualquier forma de segregación mina la igualdad en lugar de promoverla", señaló Richard Fabes, uno de los autores del informe. Las expertas en igualdad de género, como publicó infoLibre —en este artículo—, siempre han opinado lo mismo.

Similar es la técnica de acabar con la segregación, pero sólo en determinadas etapas. Pasa en Cataluña, pasa en Asturias y pasa en Galicia. En el primer caso ocurre en un centro: el Colegio de Fomento Peñamayor, que en Infantil es mixto y desde Primaria femenino—en esta autonomía, además, se mantiene el concierto al Colegio de Fomento Los Robles, únicamente masculino—. La consejería, no obstante, pretende tomar cartas en el asunto y por ello convocará a los propietarios de estas escuelas a "aclarar los motivos por los que mantiene" la educación no mixta, algo que eliminaron de su red concertada con la renovación de los conciertos el pasado 6 de julio, informaron desde el departamento.

En Galicia, según publicó Praza.gal, los colegios que separaban a los niños y a las niñas, a excepción de uno, sólo permiten la coeducación a partir de primero de Primaria.

infoLibre se puso en contacto con la Plataforma Concertados para conocer cuántas escuelas habían acabado con la segregación tras aprobarse la ley y cuántos centros continúan segregando por aulas o cursos. Además, este periódico también preguntó por si consideran que esta fórmula es acorde a la LOMLOE. Sin embargo, todavía no ha obtenido respuesta.

Además de todo esto, para Turienzo hay otra barrera que, aunque de manera más sutil, impide terminar del todo con la segregación por sexo. Y es la barrera social de las familias que dificulta la matriculación de sus hijos o hijas en centros que se han resistido a acabar con este modelo. "Para las familias de niños o niñas no es atractivo matricular en centros que han sido sólo masculinos o femeninos. ¿Cómo vas a apostar por una escuela que ha puesto todas sus resistencias a acabar con la segregación y en la que a día de hoy todos sus estudiantes son o niños o niñas?", plantea.

Pasó en Valencia, como publicó El País. La Generalitat apostó, nada más aprobarse la LOMLOE, por acabar con la segregación sin esperar a que caducaran los conciertos, y aunque los centros lo acataron y los procesos se realizaron conforme a la norma, hubo muy pocas solicitudes del sexo contrario al que, hasta la entrada en vigor de la ley educativa, inundaba la escuela. "Los centros que segregan en España están asociados al Opus, así que tienen unos idearios radicales y muy marcados" que, además, son compartidos por las familias, explica Turienzo, que apunta también a que algunos criterios de matriculación fomentan, de manera incubierta, que se mantenga la educación no mixta. "Tener hermanos o ser antiguo alumno, por ejemplo, siempre suma puntos", sentencia.

Oigamos tres declaraciones sobre la actualidad política española vertidas en la última semana. 1) "Los que delinquieron grave y violentamente destruyendo un Estado de derecho determinan el futuro de un pueblo”. 2) Es “inmoral” una amnistía “a cambio" de votos y por "ansia de poder”; "es especialmente doloroso que se pretenda tomar por tonta a una nación". 3) "La unidad de España está en peligro"; "la paz de una nación entera no podemos jugárnosla por intereses particulares".

¿Quiénes son? ¿Portavoces del PP? ¿De Vox? No. Son, respectivamente, Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo; José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante; y Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, las tres voces que han llegado más alto en su crítica al Gobierno por la amnistía, todo ello dentro de un coro que incluye al azobispo de Valladolid, Luis Argüello, ex secretario general y exportavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), y al obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, que augura que el Estado de derecho "se resentirá enormemente". Otros, como el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el mismísimo arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, han aprovechado el debate para alertar sobre la posible secesión de Cataluña.

La ofensiva simultánea contra la amnistía se produce justo cuando el tema está al rojo vivo. Aunque, en realidad, las voces críticas ya habían empezado a oírse en septiembre, cuando César García Magán, portavoz y secretario general de la CEE, dijo que no había nada "excepcional" que justifique una amnistía. Tras un rumor de desacuerdo llegado desde el episcopado catalán, que pidió "neutralidad", parecía que la cúpula eclesial ponía en práctica una de sus artes: correr un tupido velo sobre un asunto incómodo. Hasta que Sanz, Munilla y compañía salieron en tromba. ¿Y en defensa de la amnistía? Nada. Tampoco el presidente de la CEE, Juan José Omella, al que se considera defensor de una salida dialogada en Cataluña. Lo más ecuánime han sido las palabras del arzobispo de Madrid, José Cobo, que dijo este miércoles en una homilía por La Almudena que "la convivencia es diálogo y discusión amable".

Un próximo a un obispo moderado señala que, aunque es previsible que la CEE no se pronuncie sobre la amnistía en su asamblea del 20 de noviembre, "a la sociedad ya le ha llegado el mensaje de que la Iglesia está contra la amnistía", lo cual es "un éxito" del ala conservadora. ¿Es mayoritaria? "Parece que sí, y desde luego tiene menos complejos para hablar", responde.

Ángel Luis López Villaverde, profesor de Historia Contemporánea, señala que la tendencia de la cúpula eclesial a ver en peligro la nación española obedece a una "reminiscencia nacionalcatólica". A juicio del autor de El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013), la socialización en el nacionalismo excluyente de la mayoría del alto clero ayuda a entender su mayor afinidad con la derecha no sólo en los temas habituales en los que la Iglesia toma partido –educación, aborto, familia–, sino también en los temas nacionales.

Así que se dan dos fenómenos. Por un lado, una oposición sistemática de la jerarquía católica a la legislación progresista en numerosos ámbitos. Por otro, una inclinación, en los temas que provocan grandes controversias nacionales, al alineamiento con la derecha. Y no se trata de fenómenos nuevos. Son, más bien, toda una tradición de quienes mandan en la Iglesia española, tradición que con la amnistía está siendo honrada de nuevo.

Limitando el arco temporal al periodo democrático –dejando pues de lado la actividad de la Iglesia contra la República y a favor del golpe de 1936, el bando nacional y el franquismo–, el historial de encrucijadas en las que la jerarquía ha guerreado contra la izquierda es interminable. En realidad, nunca ha habido excesivo disimulo sobre la falta de neutralidad no ya de las ideas, sino de las adhesiones.

La línea de marcaje a la izquierda la fijó Juan Pablo II en cuanto el PSOE tocó poder. Cuando se produjo la primera victoria de Felipe González, el 28 de octubre de 1982, Wojtila ya tenía organizada su primera visita a España para el día 31. Sólo tres días después. Fue una demostración de fuerza, con el papa rodeado de la cúpula católica española y una multitud de fieles. Todo un aquí estamos de la Iglesia, que trataba de minimizar su pérdida de influencia en el rumbo del país con la llegada de la democracia. Atención a lo que ha explicado José María Maravall, ministro de Educación con González, sobre cómo veían los prelados su relación con el poder político en los 80: "A los pocos días de entrar en el ministerio, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un característico papel sepia los decretos que teníamos que firmar. Así se gestionaba la educación en España en 1982".

La etapa felipista ofreció a aquella institución malacostumbrada por décadas de privilegios sus primeras excusas para dar la batalla. La jerarquía hizo campaña contra la Ley del Derecho a la Educación, de 1985, pese a que sentaba las bases del actual sistema de conciertos, que el tiempo demostraría tan favorable a la institución católica. Es difícil saber hasta qué punto la presión eclesial sirvió para que los socialistas renunciaran a su programa de partida de "escuela pública, laica, autogestionaria y única", para optar por el modelo de doble red. Si dura fue la oposición a la LODE, más aún lo fue a la Logse, de 1990. "Puede conducirnos a un ahondamiento de la ruptura entre la cultura y la fe", declararon los obispos en bloque.

Pero la cúpula católica no se ha limitado a dar la batalla educativa. Tampoco se ha ceñido a los temas sobre los que ha ejercido históricamente de tutora moral: familia, sexualidad, tradición, valores... Los frentes han sido mucho más variados. Antes de la Logse, en 1987, la CEE ya denunció, a través de su secretario, el obispo Fernando Sebastián, la "gran voracidad fiscal" del Estado, que se estaría excediendo en su afán recaudatorio.

No se trata de una posición aislada o anecdótica. En 1992 Ángel Suquía, presidente de la CEE, solemnizaría que "tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". Frente al cristianismo social de las corrientes izquierdistas de la Iglesia o las críticas a la injusticia capitalista del papa, la jerarquía española siempre evita la profundización en el diagnóstico de las causas de la pobreza, limitándose a ofrecerse como complemento caritativo de un Estado del bienestar con lagunas [ver al final del texto El papa y el alto clero español, en sintonías diferentes].

Uno de los periodos de más clara toma de partido de la cúpula eclesial fueron los años centrales de los 90. Tras la inesperada victoria del PSOE en el 93, la CEE, a través de la COPE, fue un puntal de la ofensiva político-mediática contra González. Antonio Herrero, desde los micrófonos de la radio episcopal, se convirtió en actor clave de aquella campaña. La elevada temperatura que alcanzó el conflicto la ilustran las palabras en 1996 del entonces ministro José Manuel Eguiagaray: "Si la Iglesia utiliza una radio como punta de lanza contra el PSOE [...], tendrá una respuesta terrenal y podría revisarse su situación en un Estado aconfesional, como la aportación tributaria y estatal". Aquellas palabras fueron un intento de alcanzar una tregua que no se produjo. También fueron uno cruda exteriorización del estatus privilegiado de la Iglesia en su relación con el Estado.

Por supuesto, no se tocó ni un solo privilegio. Es más, tras la mayoría absoluta de José María Aznar se ampliaron los ya abundantes de la etapa anterior. Si con González la Iglesia había amarrado su casilla en el IRPF, múltiples ventajas fiscales, mejoras para los profesores de Religión y capellanes pagados con dinero público, así como los conciertos, con Aznar llegaron las inversiones estatales del Plan Nacional de Catedrales (1997); la reforma de la Ley Hipotecaria para que las diócesis pudieran inmatricular lugares de culto (1998); la exención del cumplimiento de la Ley de Asociaciones, librándola de obligaciones de rendición de cuentas (2001); la Ley de Mecenazgo, que implica una casi total supresión de obligaciones fiscales. Queda para el recuerdo la ovación que Aznar, escoltado por Rouco Varela, recibió de un centenar de obispos en un congreso episcopal en 2002 en San Lorenzo del Escorial.

¿Quién manda en la Iglesia cuando llega (2004) José Luis Rodríguez Zapatero? Primero como presidente de la CEE y luego como arzobispo de Madrid, la diócesis más rica y poderosa, el hombre fuerte es Rouco. Bajo sus auspicios, Jiménez Losantos demostró desde la COPE que Herrero podía parecer tibio por comparación. La emisora se convirtió en puntal de la teoría de la conspiración sobre el 11M, así como contra dos de las políticas más importantes de la primera legislatura de Zapatero: matrimonio igualitario y educación para la ciudadanía.

La estampa de 2005, con los prelados manifestándose en la calle contra las bodas gays, vestidos con sotana y alzacuellos, aparecería en cualquier álbum gráfico de la historia de la primera década del milenio. Rouco, con su gesto airado asomando tras las gafas ahumadas, estaba escoltado por los arzobispos de Toledo, Málaga, Granada, Burgos, Castellón, Huesca, Teruel, Getafe, Alcalá y Tarazana. A sus espaldas, carteles que decían: "¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Zerolo?" y "Sodomía no con mi dinero". Por cierto, en aquella mani estuvieron ya, como obispos de diócesis distintas a las de hoy, dos de los prelados ahora volcados contra la amnistía: Jesús Sanz y Demetrio Fernández. Los políticos cambian, ellos siguen... y siguen haciendo política.

Los niveles de rechazo público de los obispos a las iniciativas políticas del PSOE alcanzaron durante la etapa de Zapatero sus mayores cotas. Del Estatuto de Andalucía, por ejemplo, dijeron que iba "debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia".

La mayor crisis llegó en 2008, cuando en etapa preelectoral la CEE emitió unas orientaciones de voto en las que –sin citar siglas– orientaba contra el PSOE. Y no sólo porque hay que apoyar a los partidos defensores de "la vida", es decir, antiabortistas. En la coctelera entraba un ingrediente nuevo. En pleno debate sobre los límites del diálogo con ETA, el texto decía: "Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer [...] a una organización terrorista como representante político [...], ni puede tenerla como interlocutor político".

Aquella vez el PSOE se revolvió con un comunicado en el que calificaba de "inmoral" el posicionamiento eclesial y recordaba la doble vara de medir de la CEE: "Si no hay que votar a los partidos que han dialogado con ETA, no hay que votar a nadie [...]. Con ese criterio, no se hubiera podido votar a Adolfo Suárez, ni a Felipe González, ni a José María Aznar. Todos ellos dialogaron con ETA e incluso alguno de ellos, como Aznar, con un obispo como intermediario". Ese "obispo" es Juan Mari Uriarte, citado por numerosos medios como intermediario entre el Gobierno y ETA cuando estaba al frente de la Diócesis de Zamora.

Con Mariano Rajoy en La Moncloa, volvió la quietud. Con la Lomce o Ley Wert como gran cesión a los obispos y la retirada de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón como principal disgusto, las relaciones PP-CEE no alcanzaron los niveles de idilio de la era Aznar-Rouco, pero quedaron lejos de las tensiones de las etapas PSOE.

¿Y durante los gobiernos progresistas desde 2018? La CEE ha hecho campaña contra la Lomloe o Ley Celaá, que vio como una amenaza –no cumplida, eso es seguro– a la concertada. "Vuelve la dictadura totalitaria", llegó a clamar monseñor Jesús Sanz sobre la norma. Tan previsible como el rechazo a la reforma educativa ha sido la oposición en bloque a las leyes de eutanasia, aborto y trans, esta última tildada de "perversión". En el caso de la eutanasia, su rechazo ha llegado al límite de defender la "objeción institucional". ¿Y la ley del sólo sí es sí? En su estreno como portavoz y secretario general de la CEE, hace un año, García Magán dijo –en un momento de crisis para el Gobierno– que la "alarma social" ante la misma era "justa".

Proliferan además posiciones alineadas con las nuevas corrientes derechistas, enfrentadas a una supuesta ofensiva progresista, que querría imponer una corrección política castrante y una agenda anticristiana embozada tras la lucha contra el cambio climático. Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid, sostiene que el "sistema económico dominante" quiere imponer un "capitalismo verde" que actúa como freno a la procreación. Más. Detrás de las erradas políticas de la "ideología de género" hay "organismos financieros globales", concluyó en enero de este año la CEE en su documento El Dios fiel mantiene su alianza. Es un discurso que suscribiría Vox.

Poco después, en abril, el episcopado dio un un paso más. En su discurso ante el pleno de los obispos, Omella, tenido por un moderado, afirmó que "ante las citas electorales que se nos avecinan", los los fieles debían actuar contra el aborto y la eutanasia y a favor de la concertada. No citó partidos, pero blanco y en botella. Es en esta estela donde hay que colocar la ofensiva anti-amnistía. A diferencia de 2008, el PSOE y el Gobierno han optado por el silencio tanto tras las instrucciones de voto como tras los ataques a la amnistía.

Las posiciones de la Iglesia no sólo se explican por lo ideológico, también por lo corporativo. Es decir, por la protección de sus intereses. Su defensa de la concertada obedecerá a un compromiso con la "libertad" de los padres, pero tampoco se puede olvidar que la Iglesia se beneficia gracias a este modelo de cuantiosos recursos. En cuanto a la sanidad, la Iglesia se ha opuesto a través del lobby IDIS a la Ley de Equidad –finalmente no aprobada–, que pretendía limita las privatizaciones. Pero en este caso no lo hacía directamente la Iglesia diocesana, sino las órdenes con intereses en el negocio y beneficiarias de conciertos sanitarios. La oposición de la Iglesia en 2020 a que el ingreso mínimo vital fuera "permanente" hay que entenderla como una reivindicación de la utilidad de su propia red asociaciones asistencialistas, que reciben subvenciones para encargarse ellas mismas, no el Estado, de paliar la pobreza.

Con Sánchez, los obispos han suavizado las formas, no el fondo. Se han mantenido alejados de la calle y con la COPE han aflorado tensiones –"la COPE no tiene ningún problema con Sánchez, sino Sánchez con la COPE", dijo García Magán en junio–, pero menores por comparación. Uno de los factores que podrían explicarlo es que la CEE ha tenido abiertas varias carpetas abiertas con el Gobierno que afectaban a sus intereses, destacadamente fiscalidad e inmatriculaciones. Ambas carpetas están ya cerradas y la Iglesia ha logrado proteger con éxito la práctica totalidad de los bienes inmatriculados y ventajas fiscales.

Así es la relación de la jerarquía con la izquierda en el poder: la Iglesia golpea donde más duele, la izquierda no devuelve el golpe.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desestimado los recursos presentados por los colegios Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín contra la resolución del Gobierno foral que extinguió los conciertos de 2º a 6º de Primaria por no haber implantado la educación mixta en todos esos cursos de forma inmediata, según ha informado el TSJN, según informa Europa Press.

Ambos centros, que implantaron la educación mixta en 1º, plantearon continuar con la educación diferenciada de los cursos existentes hasta el final de las etapas obligatorias.

En la práctica, la desestimación de los recursos no supone, sin embargo, que ambos centros no continúen recibiendo financiación pública, puesto que el propio Gobierno de Navarra prorrogó en 2022 los conciertos educativos con la condición de que, a la finalización del curso 2025-26, en los seis cursos de Primaria el alumnado comparta aulas sin distinción de género.

La exclusión de los conciertos a los centros que imparten educación diferenciada está regulada en la disposición adicional 25ª de la Lomloe, un precepto que el Tribunal Constitucional avaló en una sentencia dictada el pasado abril.

Al respecto, el TSJN cita ahora, en las dos sentencias notificadas este viernes, la doctrina del Constitucional y explica que, según el Tribunal de garantías, la exclusión de las ayudas públicas a los centros que impartan educación diferenciada no lesiona la libertad de enseñanza (art. 27.1 de la Constitución Española), ni el derecho al ideario del centro privado como derivación de la libertad de crear centros docentes (art. 27.6 CE), ni el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos (art. 27.3 CE -derecho que también recoge el art. 14.3 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea).

"Tales derechos quedan incólumes por la disposición recurrida, que no tiene más alcance que el de no ofrecer ayudas públicas a aquellos centros educativos que opten por un modelo pedagógico que no se corresponde con los valores que el legislador quiere promover", remarca la Sala, que añade, citando una sentencia del Constitucional de 1985, que el derecho a la educación "no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales".

El Tribunal Superior de Navarra explica en las dos sentencias que la extinción de los conciertos no tiene efectos económicos, ni afecta al derecho de los alumnos a continuar en el centro educativo por razones económicas, debido a la prórroga aprobada por el Gobierno de Navarra para que, curso a curso, los nuevos alumnos de ambos colegios compartan aulas sin distinción de sexo en Primaria.