Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación regional.

"Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas", señaló el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, después de que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de "48 heridos que han sido rescatados".

Antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte de que voluntarios de esa organización en el Putumayo, "en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia", y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos cien pasajeros con sus armas y munición.

Me cuentan que hoy, justo hoy, 26 de mayo, el PP ha convocado una gran manifestación en Madrid para defender el Estado de Derecho. Si me leen Feijóo, Rajoy o el mismo Aznar espero que se acuerden de lo que pasó justo hace hoy 21 años… Como no creo que ese día esté en su memoria, se lo digo yo: murió mi hijo junto a sus 61 compañeros cuando venían de cumplir una misión internacional en Afganistán.

Allá fueron enviados por el Estado de Derecho que hoy van a reivindicar sin importarles que sus militares volaran hasta allí sin seguro y sin importarles que el avión que el Estado de Derecho les mandaba para regresar a su patria (otra palabra que hoy no dejarán de ensuciar) fuera una chatarra fruto de 7 subcontratas: el Yak-42.

En nombre del Estado de Derecho falsificaron hasta 32 identificaciones y en nombre del Estado de Derecho nos dejaron sin un juicio digno en el que investigar y buscar responsables políticos y militares de tamaño desastre con resultado de 62 muertes. También en nombre del Estado de Derecho indultaron a los tres mal llamados médicos encargados de falsificar sus identificaciones.

Esos que hoy se manifiestan nunca hicieron ninguna concentración pidiendo que el Estado de Derecho investigara sus muertes o amparara a las familias. Esos que hoy se manifiestan no se acuerdan o no quieren acordarse de qué día es hoy: el día en el que para mí y muchas otras familias se nos estrelló un avión en nuestras casas, el día en el que murió mi querido hijo. Porque unos políticos que hoy estarán en esa manifestación corrompieron sus obligaciones en contra del Estado de Derecho por el que hoy no se cansarán de gritar.

Ellos se manifestarán mintiendo, de nuevo, a todos. Yo iré como cada año al cementerio a creerme que está ahí mi hijo enterrado, el que nunca se me entregó.

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Paco Cardona es el padre de Francisco José Cardona, militar fallecido en el desastre del Yak 42 el 26 de mayo de 2003.

El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido el pasado mes de diciembre junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano ha adelantado este viernes la petición de recusación del juez togado militar número 21 de Sevilla, a la vez que le ha pedido que archive el expediente disciplinario que le ha abierto por informar a los medios de comunicación sobre el caso.

En su escrito de alegaciones al expediente, presentado esta jornada, el letrado Luis Romero ha defendido que ha hecho uso de su "libertad de expresión y opinión, el derecho de defensa y colaborando con el derecho a la libertad de información de los medios", a la vez que añade que en el expediente no se ha concretado cuáles de sus afirmaciones "vulneran el ordenamiento jurídico" y entiende que "no resulta ninguna responsabilidad disciplinaria" por su parte.

Mientras, el abogado ha preguntado este jueves qué pasa con el teniente investigado por estos hechos, después de que el Ministerio de Defensa haya cesado al capitán que dirigió los ejercicios en los que murieron los dos militares y que está investigado, igual que un sargento.

En este sentido, el letrado ha comentado que "cuando ocurre el fatal accidente, con las dos muertes del soldado y el cabo, que fue el día 21 de diciembre, al día siguiente el Ministerio de Defensa había informado de que el capitán había sido apartado del mando, y así lo creímos todos".

No obstante, ha indicado que "desde enero comenzaron a llegar los rumores desde el cuartel de Cerro Muriano de que seguía activo totalmente y seguía incluso mandando en los mismos militares, incluso muchos de ellos participaron en ese ejercicio y corrió su vida un riesgo, y además muchos eran testigos", de modo que desde la acusación se empezó a hacer "las preguntas oportunas, por escrito, tanto al Ministerio de Defensa, como en ruedas de prensa y notas".

Al respecto, el abogado ha recordado que hace tres semanas dirigieron 35 preguntas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "que justo este miércoles llegó su contestación diciendo que no puede contestar ninguna de las preguntas, puesto que el caso está sub iudice", a la vez que ha precisado que "cinco preguntas iban dirigidas respecto al capitán, que cuándo lo iban a cesar, que si era cierto que seguía mandando en los militares".

Igualmente, Romero ha remarcado que preguntaban por el teniente, sobre el que "nada dicen", tras declarar hace más de dos semanas y "reconoció que lo habían cambiado solamente de compañía en Cerro Muriano, pero que seguía mandando en muchos de los soldados que participaron en el ejercicio aquel día", ha subrayado el letrado.

En este caso, ha afirmado que el teniente sigue en el mando, "al no ser que haya habido alguna medida desconocida por nosotros", a la vez que ha manifestado que "el juez togado militar número 21 de Sevilla tiene entre sus potestades que cuando hay un militar investigado podría apartarlo del mando, como medida cautelar", pero "no lo ha hecho, y que nosotros sepamos, el Ministerio de Defensa, tampoco aún", ha apostillado.

Tras defender que "la mayoría de las preguntas son de carácter administrativo o de contenido político", Romero ha adelantado este jueves que iba a "contestar al expediente disciplinario" que le ha abierto el juez togado militar número 21 de Sevilla, "por hablar con la prensa", cuando "no está declarado el secreto de las actuaciones", al tiempo que dijo que "se ha intimidado a los abogados de la acusación" con la apertura de "expedientes disciplinarios penales".

A su juicio, "quieren tapar todo lo que ocurrió", que "está dando lugar, además, a saber no solamente la organización del cuartel de Cerro Muriano, sino de otros muchos, de las Fuerzas Armadas, con el recorte del presupuesto, la falta de medidas de seguridad y ahora toca a los abogados sufrir las consecuencias". Ante ello, ha avanzado que va a solicitar amparo al Colegio de Abogados de Sevilla y que este viernes iba a "quedar presentado el incidente de recusación contra el juez militar", al entender que "está siendo parcial y que hay una enemistad manifiesta" contra él.

Y especialmente, el abogado Luis Romero advierte de que "el juez da la apariencia de favorecer a las defensas", señalando además las numerosas "advertencias (del magistrado) a los abogados de las acusaciones particulares".

"Sabemos que su señoría está siendo muy presionado por los abogados de la defensa y por su jefes. Este letrado que ejerce desde 1991 nunca ha tenido ninguna advertencia de ningún juez sobre el hecho de haberse dirigido a la prensa realizando manifestaciones sobre el procedimiento, y ello a pesar de haber intervenido en más de 50 juicios mediáticos", expone Luis Romero, anunciando que dirigirá al juez titular del Juzgado Togado militar número 21 de Sevilla una advertencia de recusación.

El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido el pasado mes de diciembre junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano ha preguntado este jueves qué pasa con el teniente investigado por estos hechos, después de que el Ministerio de Defensa haya cesado al capitán que dirigió los ejercicios en los que murieron los dos militares y que está investigado, igual que un sargento, tal y como ha recogido Europa Press.

En una entrevista con Canal Sur Radio, el letrado Luis Romero ha comentado que "cuando ocurre el fatal accidente, con las dos muertes del soldado y el cabo, que fue el día 21 de diciembre, al día siguiente el Ministerio de Defensa había informado de que el capitán había sido apartado del mando, y así lo creímos todos".

No obstante, ha indicado que "desde enero comenzaron a llegar los rumores desde el cuartel de Cerro Muriano de que seguía activo totalmente y seguía incluso mandando en los mismos militares, incluso muchos de ellos participaron en ese ejercicio y corrió su vida un riesgo, y además muchos eran testigos", de modo que desde la acusación se empezó a hacer "las preguntas oportunas, por escrito, tanto al Ministerio de Defensa, como en ruedas de prensa y notas".

Al respecto, el abogado ha recordado que hace tres semanas dirigieron 35 preguntas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "que justo este miércoles llegó su contestación diciendo que no puede contestar ninguna de las preguntas, puesto que el caso está 'sub iudice'", a la vez que ha precisado que "cinco preguntas iban dirigidas respecto al capitán, que cuándo lo iban a cesar, que si era cierto que seguía mandando en los militares".

Igualmente, Romero ha remarcado que preguntaban por el teniente, sobre el que "nada dicen", tras declarar hace más de dos semanas y "reconoció que lo habían cambiado solamente de compañía en Cerro Muriano, pero que seguía mandando en muchos de los soldados que participaron en el ejercicio aquel día", ha subrayado el letrado.

En este caso, ha afirmado que el teniente sigue en el mando, "al no ser que haya habido alguna medida desconocida por nosotros", a la vez que ha manifestado que "el juez togado militar número 21 de Sevilla tiene entre sus potestades que cuando hay un militar investigado podría apartarlo del mando, como medida cautelar", pero "no lo ha hecho, y que nosotros sepamos, el Ministerio de Defensa, tampoco aún", ha apostillado.

Tras defender que "la mayoría de las preguntas son de carácter administrativo o de contenido político", Romero ha apuntado que este jueves va a "contestar a un expediente disciplinario" que le ha abierto el juez togado militar número 21 de Sevilla, "por hablar con la prensa", cuando "no está declarado el secreto de las actuaciones", al tiempo que ha dicho que "se ha intimidado a los abogados de la acusación" con la apertura de "expedientes disciplinarios penales".

A su juicio, "quieren tapar todo lo que ocurrió", que "está dando lugar, además, a saber no solamente la organización del cuartel de Cerro Muriano, sino de otros muchos, de las Fuerzas Armadas, con el recorte del presupuesto, la falta de medidas de seguridad y ahora toca a los abogados sufrir las consecuencias". Ante ello, ha avanzado que va a solicitar amparo al Colegio de Abogados de Sevilla y que este viernes "va a quedar presentado el incidente de recusación contra el juez militar", al entender que "está siendo parcial y que hay una enemistad manifiesta" contra él.

Mientras, el capitán ha pasado a la situación de servicio activo "pendiente de asignación de destino", según aparece publicado en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) de este jueves. En él, el Ministerio especifica que contra la resolución de cese "se podrá interponer" en el plazo de un mes un recurso de alzada.

La medida adoptada por el Ministerio de Margarita Robles se conoce días después de que la familia del soldado Carlos León Rico remitiera una carta a Robles en la que demandaba información sobre si el capitán investigado "aún manda" sobre tropas, después de ser anunciado que sería apartado del mando.

En un comunicado, después de que compareciesen como investigados ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla el capitán Zúñiga -ahora cesado-, el teniente Tato y el sargento Estupiñán; el abogado Luis Romero, que representa a la familia del difunto soldado Carlos León Rico, exponía que ha remitido la carta a la ministra de Defensa.

En dicho escrito, reclamaba que Defensa informe sobre aspectos como si el capitán y el teniente investigados en esta causa aún mandan o han mandado a militares en ejercicios o maniobras tras el fatídico ejercicio de cruce del lago artificial de la base de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, saldado con la muerte de los dos citados efectivos.

Al punto, el letrado planteaba si después de anunciar públicamente que el capitán investigado en la causa judicial sería apartado del mando "tan sólo se le cambió de compañía". También pedía esclarecer si el capitán y el teniente tienen o han "tenido bajo su mando a militares testigos de los hechos del día 21 de diciembre en el lago"; así como información sobre si el capitán Zúñiga "ha tenido anteriormente algún expediente disciplinario abierto y ha sido sancionado por ello" o sobre "qué medidas de seguridad se cumplían" en el ejercicio.

Según este abogado, en la maniobra le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano "sin contar con las más elementales medidas de seguridad, asumiendo" los citados mandos militares "el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas", según el letrado Luis Romero.

"Eran plenamente conscientes de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el capitán no quiso", subraya, entre otros aspectos.

Unos 20 militares de los 60 que iban a hacer maniobras en un lago de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X, el día 21 de diciembre supuestamente llevaban sobrecarga en sus mochilas "como castigo por la mala ejecución de un ejercicio durante la instrucción previa", entre ellos el soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), que falleció en el acto.

Así lo ha confirmado a Europa Press en base a las diligencias del caso el abogado Luis Romero, que representa al soldado sevillano, tras adelantarlo Radio Córdoba, de forma que "casi la mitad de los soldados cargaba desde dos semanas antes del siniestro con lastre en su mochila", concretamente una mina inerte en su macuto, mientras que los mandos ni los soldados de la segunda sección portaban dicho peso extra, que presuntamente fue colocado por el mando.

De este modo se internaron en el lago parte de los militares que formaban la primera sección a la que se ordenó entrar en el agua. El cruce de la balsa se produjo con la luz del día, cerca de las 9.00 horas, aunque la actividad de los militares se había iniciado horas antes, todavía de madrugada, alrededor de las 6.00 horas, con una práctica de topografía y otra subterránea.

Se explicaron los objetivos y la manera de llevarlos a cabo, se dieron las instrucciones e incluso se llevó a cabo previamente una prueba fallida antes de que los efectivos entraran en el agua. Además, los soldados entraron en el agua sin chaleco para aligerar el peso, según las fuentes.

Al respecto, se había dispuesto una cuerda atada a dos encinas, una especie de guía que dividía la superficie del agua por su parte más corta -la distancia entre orilla y orilla era de unos cien metros-, al tiempo que "no había línea de vida, ni ambulancia ni flotadores o salvavidas a los que poder asirse en caso de peligro", según remarcan las fuentes, para agregar que en la balsa "no se hacía pie".

En este sentido, la práctica se frustró unos minutos después de entrar en el agua los primeros efectivos. De hecho, la segunda compañía no llegó siquiera a iniciar el ejercicio. Los mandos y el resto de soldados que estaban fuera del agua fueron los primeros en socorrer a los compañeros, que pedían auxilio desde el agua, entre ellos, el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar.

Otro de los soldados fue rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria. Le salvó la vida otro militar antes incluso de que llegara la ambulancia, al hacerle la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). Algunos de los efectivos que iniciaron el rescate terminaron teniendo que ser a su vez rescatados y atendidos por hipotermia. El Ministerio de Defensa apartó del mando al capitán que ordenó el ejercicio horas después del suceso.

En concreto, el soldado Carlos León Rico estaba a punto de terminar la instrucción requerida por Defensa para el ingreso en el Ejército de Tierra. Había dejado su carrera de Derecho para incorporarse al Ejército. Ya había culminado las dos primeras fases de formación en el Centro de Formación de Tropa, número 1, ubicado en Cáceres y hacía poco más de mes y medio que había llegado a la Base de Cerro Muriano para completarla en la unidad de destino.

Mientras, el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar estaba casado y esperaba un hijo. Había ingresado en el Ejército en 2011 y tenía dos condecoraciones al mérito tras haber participado en las misiones de Líbano y Letonia.

Los militares están recibiendo atención psicológica y los testigos del siniestro están siendo llamados a declarar dentro de las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.

Entretanto, la Fiscalía Provincial considera que "la jurisdicción militar es la competente para continuar con la investigación" de este caso, según ha comunicado el Ministerio Público en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 4. Al hilo de ello, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, ha pedido al Juzgado de Instrucción que se inhiba a su favor en este caso. Las familias de ambos militares están personadas en las diligencias.

El abogado del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar considera que la responsabilidad de los hechos está en los mandos inferiores. El letrado José Antonio Cumplido ha expresado que es "un planteamiento erróneo" centrarse en la cadena de oficiales y ha defendido hacerlo en la de "los suboficiales, el sargento o el teniente que dieron la orden y que eran los que tenían que tener en cuenta que se diesen todos los requisitos de seguridad que no se llevaron a cabo".

Y el abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, Luis Romero, ha presentado denuncia contra el capitán responsable del ejercicio y sus tres superiores inmediatos. El letrado ha informado de que la denuncia se dirige contra dicho capitán, retirado del mando por el Ejército de Tierra a cuenta de los hechos; el teniente coronel inmediatamente superior a él, un coronel y un general, con petición de que todos ellos sean llamados como investigados en el procedimiento judicial.

Las diligencias previas, según el letrado, giran en torno a la supuesta comisión de dos delitos de homicidio imprudente, toda vez que ambos efectivos fallecieron ahogados en un lago de la base, realizando un ejercicio práctico.

De su lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita a la base militar de Cerro Muriano, ha trasladado a las familias su "más sentido pésame" y "aliento en estos momentos tan difíciles", a la vez que afirmó que se ponen "a su disposición" y "vamos a colaborar con la justicia sin reserva alguna" en la investigación de los hechos, que sigue su curso, y que debe contar con "la máxima transparencia".

Así lo subrayó Robles a los periodistas después de mantener un encuentro con los compañeros de los fallecidos, a quienes trasladó su pésame y todo el apoyo para esclarecer los hechos, recalcando que "si ha habido errores, se tienen que saber, se lo debemos al cabo, al soldado, y a sus familias".

"Queremos que se esclarezca toda la verdad de lo ocurrido", remarcó la ministra de Defensa, quien instó a los compañeros de los fallecidos a que, "cuando declaren ante el juez, lo hagan sin reserva alguna", de modo que el juez pueda tomar "las decisiones correspondientes" y decir "qué fue lo que de verdad pasó".

Durante su visita, Robles, acompañada de distintos mandos militares, se acercó hasta el lago donde fallecieron ahogados el soldado Carlos León Rico y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, lugar en el que depositó un "ramo de flores en homenaje a los fallecidos", además de dedicarles una "oración" y "un minuto de silencio".

Por su parte, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat, quien acompañó a la ministra a Córdoba, coincidió en la necesidad de "colaborar al máximo en la investigación" y "tomar todas las medidas para minimizar los riesgos en las instrucciones".

Además, en su visita, la titular de Defensa expresó su reconocimiento a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y "a quienes forman parte de esta brigada que es una de las unidades más modernas, potentes y resolutivas del Ejército, prestando su apoyo en misiones como la de Líbano o Letonia, donde está previsto se despliegue en este 2024 y principios de 2025".

La Brigada Guzmán el Bueno X, dirigida por el general de brigada Ignacio Olazábal, ha sido la primera unidad española que se incorporó al Eurocuerpo y una de las primeras en tomar parte en las operaciones de exterior. Desde entonces ha participado y participa en misiones de paz fuera de nuestras fronteras en diversos escenarios tales como Bosnia o Irak.

Al menos tres militares estadounidenses han muerto y cinco han resultado heridos de gravedad después de que un avión con 23 pasajeros a bordo se estrellara este domingo en Melville, situada en las islas Tiví, un archipiélago al norte de Australia, informa Europa Press.

Según el último balance proporcionado por el comisionado de policía del Territorio del Norte, Michael Murphy, al menos cinco heridos han sido trasladados a un hospital en Darwin para recibir tratamiento, mientras que los demás están siendo atendidos en el lugar, ha informado la cadena estadounidense ABC.

Las autoridades han recibido un aviso sobre las 9.43 horas (hora local). Personal del servicio médico de CareFlight y efectivos de la Policía del Territorio del Norte de Australia se han trasladado al lugar del siniestro en Melville, a 60 kilómetros de la costa de la ciudad de Darwin.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, que ha lamentado el accidente, ha explicado con anterioridad que el Gobierno está brindando apoyo y asistencia a los heridos "en este momento difícil". Por su parte, el Ministerio de Defensa ha señalado que en el avión solo había personal estadounidense.

"En esta etapa inicial crítica, nuestro enfoque está en la respuesta al incidente y en garantizar la seguridad de los involucrados", ha relatado un portavoz del Ministerio, que ha añadido que "se proporcionará más información cuando sea apropiado".

Más de 2.500 soldados de Estados Unidos, Australia, Filipinas, Timor Oriental e Indonesia llevan a cabo esta semana ejercicios militares conjuntos en aguas de las islas Tiví, según ha recogido la cadena Sky News Australia.

El 26 de mayo del año 2003 figura como una de las fechas más negras de la democracia española. Ese día, 62 militares españoles, a bordo de un avión que no cumplía las más básicas condiciones de seguridad, perdieron la vida al estrellarse el aparato en el que viajaban en Trabzon, Turquía. Unas muertes que quedaron marcadas en la historia de nuestro país no solo por ser víctimas del peor accidente aéreo sufrido por el Ejército del Aire en toda su existencia, sino también por la desgarradora sensación de que todo aquello se podría haber evitado. Si el entonces Ministerio de Defensa, dirigido por Federico Trillo, no hubiera cometido toda una serie de imprudencias y negligencias que después se demostrarían en el recorrido judicial del caso, probablemente, esa tragedia no habría sucedido. Ese avión fue un Yakolev 42, de fabricación rusa y de tripulación ucraniana, que fue subcontratado por el Gobierno sin ningún tipo de fiabilidad sobre su seguridad ni su capacidad para realizar el vuelo que trasladaba a los militares españoles.

De la tragedia se cumplen este viernes 20 años. Dos décadas donde se ha demostrado que el desinterés del Gobierno de Aznar por estos militares no terminó cuando el Yak-42 se estrelló. Sus familias, que a día de hoy siguen reclamando justicia, tuvieron que soportar, además del dolor de la pérdida de sus seres queridos, un constante maltrato, desatención y desamparo por parte de la administración del PP. Actualmente, tanto la vía judicial como política del accidente están cerradas, pero las familias siguen convencidas, pese a ello, de la gravedad de lo acaecido en ese infausto día de mayo del 2003. "Sabemos que estamos en posesión de la verdad, no de nuestra verdad, sino de la verdad, pero nos falta la justicia, que es lo que se nos ha negado desde el principio", afirma Francisco Cardona, cuyo hijo, el sargento Cardona, murió en el accidente.

Ese 26 de mayo, el abandono por parte de las autoridades españoles hizo que aquellos jóvenes (la tripulación tenía de media 34 años de edad) perdieran la vida de una forma que ninguno de ellos se imaginaba. "Ellos no querían morir de esa manera, yo creo que todos tenían asumido que iban a una misión de riesgo y podía haber un tiroteo, una explosión de una mina... pero morir de esa manera no. Sirviendo a esa bandera sí, pero morir de esa manera no", recuerda Cardona. 

Dos décadas después de la tragedia, las familias siguen recordando a los fallecidos y reclamando por su memoria. En el año 2017, recibieron uno de los pocos reconocimientos proporcionados por la administración después de estos 20 años con la publicación de un informe del Consejo de Estado. Este confirmaba algo que esas familias sabían desde el principio: el accidente se podía haber evitado. Lo conocían porque, antes de subir al fatídico Yak-42, muchos de sus seres queridos les contaban el verdadero miedo que sentían de montarse en el aparato. Algunos pedían que rezaran por ellos, otros, como el hijo de Cardona, relataba las negligentes condiciones en las que estaban los pilotos que luego iban a dirigir ese avión, consumiendo bebidas alcohólicas. Después de ese informe, el Ministerio de Defensa admitió su responsabilidad catorce años después de que se produjera la tragedia. Catorce años tarde.

Antes del 2017, las familias tuvieron que sufrir un interminable periplo judicial que Cardona define como "difícil" y que tenía como objetivo hacer justicia por sus seres queridos. Porque los tripulantes del Yak-42 no solo fueron abandonados por el gobierno en el momento de la escandalosa subcontrata y de la negligente gestión del traslado, también después de su fallecimiento al negar su responsabilidad y al realizar una paupérrima identificación de los cadáveres, a la que Cardona se refiere más bien como una "no identificación". La rápida repatriación de los cuerpos y las prisas para realizar, por parte de las autoridades, el funeral de estado a los fallecidos, hizo que no se pudieran llevar a cabo de forma correcta las autopsias ni las identificaciones, haciendo llegar a algunas familias restos incorrectos y con cuerpos incompletos. Los cadáveres tampoco contaban con la documentación necesaria para el traslado ni tampoco con el certificado de defunción. El caso llegó a la Audiencia Nacional, donde se demostró la negligente identificación de, al menos, 30 cuerpos de los militares después de mucha pelea por parte de las familias.

De ese juicio solo se derivaron tres condenas, al general Vicente Navarro, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Sanz. El primero no entró en la cárcel por enfermedad y murió al poco tiempo y los otros dos fueron indultados por el Gobierno de Rajoy, no llegando así a entrar en la cárcel por un escándalo tan grave como este. Además, Federico Trillo, premió a varios de los responsables de la repatriación de los cuerpos, entre ellos al general Navarro, con ascensos y condecoraciones como la Gran Cruz Militar. El propio ministro sería luego nombrado como embajador de España en Londres.

Después de esa sentencia, las familias recibieron un nuevo varapalo cuando el actual ministro del Interior y, por entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, decidió archivar la causa contra la cúpula militar del ministerio de Trillo al ver su responsabilidad en la tragedia como "irrelevante".

El asunto de la no identificación de los cuerpos no se terminó con el juicio, ya que en el año 2018, Turquía contactó con el Ministerio de Defensa de España para informar del hallazgo de una extremidad de una víctima del Yak-42 en el cementerio turco de la ciudad de Macka. Había sido inhumada allí tan solo dos meses después del accidente al no haberse podido identificar. Además, Turquía también informó de que existían 23 tarros con muestras biológicas que aún estaban almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul. Todas ellas fueron enviadas a España y puestas en manos de las familias, una vez ya habían sido identificadas por las autoridades turcas.

Durante todo el proceso también se descubrió, por ejemplo, que las cajas negras del Yak-42 estaban estropeadas, que ni el vuelo tenía seguro, ni todo el dinero había ido a la compañía aérea y que un piloto tenía la licencia de vuelo caducada. Todo ello sucedió bajo un intento constante de las autoridades militares y políticas de presionar y dificultar la investigación, tal y como denuncian las familias y también el sucesor de Trillo en el ministerio, el socialista José Bono.

Este 20º aniversario es para Francisco Cardona "una fecha de recuerdo sobre todo para los familiares. Igual para los autores de aquella tropelía les da igual, pero para quienes lo hemos sufrido no es lo mismo". "Yo creo que en mi caso y en el de mi mujer hemos aprendido a sufrir de otra manera diferente, en contra de nuestra voluntad", añade, aludiendo a su sensación después de estos 20 años.

El 14 de enero de 2022 se inauguró en el Parque del Oeste de Madrid un monumento que recuerda a los 62 militares españoles fallecidos. El acto contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Fue un pequeño gesto de reparación para unas familias que reclaman un mayor reconocimiento. "A mi me parece muy bien que se hagan 15 o 20 homenajes en Madrid a las victimas del terrorismo, pero todos son victimas del terrorismo. Hay algunas victimas de un terrorismo que nadie quiere admitir y que están olvidados por parte de la inmensa mayoría", reivindica Cardona, que reclama que su hijo y los otros 61 jóvenes murieron en un acto de terrorismo político.

A la pregunta de si la democracia española ha aprendido algo, 20 años después de la tragedia, el padre del sargento Cardona opina que depende a quién se pregunte. "Algunos han aprendido y otros se han callado y han metido la cabeza bajo tierra", concluye.

Los 62 militares españoles del Yak-42 ya tienen su homenaje en el madrileño Parque del Oeste casi 19 años después del accidente mortal en las montañas de Turquía cuando regresaban de una expedición de cuatro meses en Afganistán, según informa Europa Press.

Familiares de las víctimas han descubierto el homenaje arquitectónico en el Paseo de Camoens, obra de Diego Manuel Novo, hijo de uno de los militares fallecidos, donado altruistamente después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara en febrero de 2017, en la pasada legislatura por unanimidad y a partir de una proposición del socialista Antonio Miguel Carmona, dedicar un espacio a los caídos.

En el acto han estado presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la delegada de Cultura, Andrea Levy, y los portavoces de los grupos de la oposición, Rita Maestre (Más Madrid), Mar Espinar (PSOE), Javier Ortega Smith (Vox) y Marta Higueras (Recupera Madrid).

Las primeras palabras de Robles han sido para agradecer la entereza, firmeza y generosidad de los familiares, a quienes ha pedido "perdón" en distintas ocasiones "cuando no fueron bien tratados o fueron olvidados". Ellos han sabido hacer gala de su "solidaridad" dando una lección de "mirar al futuro".

La titular de Defensa ha definido como "héroes" a los 62 militares españoles que viajaban a bordo del Yak-42 representando lo mejor de las Fuerzas Armadas, "la solidaridad, la valentía, el compromiso". "Son un ejemplo y no han dado su vida en vano" porque han conseguido construir "un Afganistán mejor".

Eso le ha llevado a enlazar la misión de los fallecidos con la evacuación afgana el pasado agosto actuando los militares presentes con el recuerdo de sus compañeros desaparecidos. "No hay mayor generosidad que ir a un sitio lejano a dar la vida por otros", ha aseverado la ministra sobre estos "héroes que dan ejemplo".

Una joven de 18 años evacuada le trasladaba a la ministra precisamente su agradecimiento por el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas españolas. "Quería que les dijera a los familiares de los militares que ellos, con sus vidas en España, serán el mejor ejemplo de lo que supusieron", ha declarado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha glosado a "los 62 héroes muertos en la mayor tragedia militar española en tiempos de paz" para destacar, a renglón seguido, que el monumento en el Parque del Oeste es un tributo permanente a quienes dan incluso su vida por proteger la de los demás.

"En estos tiempos en los que se reclaman derechos, ellos siempre anteponen los deberes", ha subrayado el primer edil, después de asegurar que el monumento no es "el punto final para Madrid sino un jalón más de homenaje por su sacrificio", además de una muestra de cariño hacia sus familiares.

Almeida tampoco ha obviado el "calvario" por el que han pasado sus familias, tratados "injustamente", pero "gracias a su moral consiguieron el reconocimiento que merecían".

El monumento recuerda a los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42 en mayo de 2003, que costó la vida también a catorce profesionales de la tripulación ucraniana y bielorrusa. Ha sido inaugurado este 14 de enero cuando se cumplen exactamente 19 años desde que partieron de la base de Valladolid con destino a Kabul. El accidente se produjo en las montañas turcas cuando regresaban tras cuatro meses de misión en Afganistán.

Ha sido el autor de la obra e hijo de uno de los fallecidos quien ha destacado que el accidente dejó "más de 40 viudas y 60 huérfanos" como él. Los fallecidos "se fueron demasiado pronto": la media de edad era de 34 años.

El monumento está integrado por dos paredes de hormigón negro, cada una de ellas de 31 centímetros, de modo que al sumarlas da el número de 62, la cifra de militares fallecidos. "Cada centímetro representa a uno de ellos", ha explicado el autor.

Una de las paredes incluye el nombre de todos los fallecidos y un poema elaborado por una de las madres que perdió a su hijo, versos que ha querido leer la ministra, junto con la autora, una vez que ha terminado el acto.

El muro principal cuenta con 62 perforaciones, una por "cada hueco en el corazón que han dejado". Son de distinto tamaño en función del lugar de procedencia de cada militar. Los dos muros dan a una plaza abierta como símbolo de vida y esperanza.

Cinco militares fallecidos y tres heridos, dos de ellos de extrema gravedad. Ese fue el duro balance que dejó el accidente ocurrido hace ya casi once años en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) durante un ejercicio de desactivación de explosivos. En teoría, no dejaban de ser unas maniobras rutinarias en la preparación de estos uniformados para incorporarse a la misión de la ONU en Líbano, pero de repente, en el traslado de unas minas contracarro, todo estalló.

El suceso ocurrió el 24 de febrero de 2011 y a día de hoy no se ha señalado a ningún responsable por el estado en el que se encontraba la munición. La investigación judicial ha sido reabierta y archivada varias veces, pero las familias de los fallecidos y los supervivientes siguen esperando que se les diga si fue un accidente fortuito o una negligencia de los mandos por permitirles hacer prácticas con un explosivo catalogado como inútil. La sorpresa llegó este año, al cumplirse una década del accidente, cuando la jueza togada que ha instruido los hechos trató de procesar dos veces a uno de los heridos más graves, el teniente José Manuel Candón.

La pretensión de la comandante Patricia Moncada, titular del Juzgado Territorial número 11 de Madrid, se quedó en intentos porque la instancia superior, el Tribunal Militar Territorial, los frenó. Ahora, la defensa de Candón ha presentado un incidente de recusación, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que pide que la jueza se aparte del procedimiento por arbitrariedad y falta de imparcialidad en su instrucción. Según fuentes jurídicas, el otro herido grave, el brigada Raúl González, se ha adherido a esta petición que aún está pendiente de resolución.

El teniente Candón, que siempre ha sido considerado una víctima más del grave accidente, pasó de la noche a la mañana a ser considerado verdugo, a pesar de que en diez años de instrucciones judiciales nunca se había planteado esta posibilidad, básicamente porque ningún informe pericial apuntaba a una eventual responsabilidad de los militares que estaban realizando las maniobras. Es más, tal y como publicó La Razón cuando se cumplió el décimo aniversario, las víctimas consiguieron reabrir la causa en 2018 tras aportar documentación que explicaba que las minas que detonaron habían sido catalogadas como material inútil en diciembre de 2010, que ya desde 1999 un manual técnico del Ejército prohibía su uso para prácticas o que, pese a que debían ser desmilitarizadas, diversos mandos de unidades permitían que se utilizasen para ejercicios de desactivación. 

La sorprendente decisión de la jueza Moncada tuvo lugar en febrero de este año, cuando dictó un auto de procesamiento contra Candón al responsabilizarle de la explosión in vigilando por ser el militar de más alta graduación de los que estaban haciendo ese ejercicio. Le consideraba "autor de siete delitos, en relación de concurso ideal, contra la eficacia en servicio, cinco de ellos con resultado de muerte, uno con resultado de lesiones graves y otro con resultado de lesiones leves". También le reclamaba una fianza de casi 1,6 millones de euros para cubrir el pago de posibles indemnizaciones al resto de víctimas.

Le procesaba sin haberle interrogado previamente como imputado, lo cual fue alegado por la representación letrada del teniente como vulneración de su derecho de defensa y a un proceso justo, pues el hecho de procesarle directamente le había impedido defenderse planteando diligencias de exculpación. La jueza tampoco había pedido opinión a la Fiscalía.

El auto de procesamiento no sólo fue recurrido por Candón, sino por el resto de víctimas del accidente, así como por el fiscal y el abogado del Estado. Por ejemplo, la defensa de la familia de uno de los fallecidos explicaba que el procesamiento del teniente entraba en "evidente contradicción" con las conclusiones a las que la instrucción judicial había ido llegando en los últimos años, que nunca ha considerado responsables del siniestro a los militares que se encontraban en la práctica de desactivación de explosivos, según la documentación de la causa consultada por este periódico.

Uno de los recursos más duros fue el del Ministerio Público. "Se ha transmutado de manera radical y sorpresiva la condición de parte de Candón, quien durante, nada más y nada menos, diez años ha ostentado la condición de testigo/perjudicado, pasando mediante el auto que ahora se recurre a tener la condición de parte pasiva, de sometido a procedimiento penal, sin que en ningún momento se le haya oído ni informado de la imputación", dijo el fiscal jurídico militar, que tuvo que recordar a la jueza que las declaraciones que el teniente ha ido prestando como testigo a lo largo del proceso no estuvieron "revestidas de las garantías procesales" que corresponde a todo investigado.

Pero es que además, el fiscal sostiene en su escrito que las causas de la explosión de Hoyo de Manzanares que defiende la jueza y por las que quería procesar al teniente "se sustentan en conjeturas y presunciones no apoyadas por indicios de entidad relevantes que justifiquen el procesamiento acordado". El auto va "más allá" de lo que establecía el informe pericial del Grupo de especialistas en desactivación de explosivos, que no pudo determinar una causa concreta.

El Tribunal Militar Territorial estimó todos los recursos el pasado mes de mayo. En un contundente auto en el que expone la falta de la "necesaria exhaustividad" por parte de la comandante Moncada, le recrimina la "falta de la debida exposición y razonamiento de los indicios racionales de criminalidad que justifiquen el procesamiento", pues sus conclusiones se basan en "opiniones, conjeturas, meras sospechas, pero ausencias de indicios de criminalidad".

Para el tribunal, el auto de Moncada "adolece del necesario sustento incriminatorio en cuanto a que los hechos puedan razonablemente sustentarse en los motivos apreciados por la juez, ya que no constituyen verdaderos indicios y, por otra parte, se entiende vulnerado el derecho de defensa del procesado".

A pesar de que el tribunal había revocado el procesamiento de Candón, la comandante Moncada volvió a la carga unas semanas después dictando un nuevo auto en el que volvía a proponer que el teniente fuera juzgado. A principios del pasado noviembre, el Tribunal Militar Territorial resolvió archivando el procedimiento contra Candón de forma definitiva, recriminando a la jueza que los hechos investigados “ya fueron objeto de exposición en el anterior auto” o que los delitos imputados “vuelven a coincidir con los realizados en la citada ocasión anterior, no aportando novedad alguna”.

Tras el segundo procesamiento fue cuando el teniente se decidió a presentar un incidente de recusación contra la jueza por considerar que "concurre contaminación y merma de la precisa imparcialidad", puesto que ve su actuación "alejada de toda buena práctica procesal". Aparte de acusar a Moncada de usar las testificales de Candón "para incriminarle", vulnerando su "derecho fundamental de no autoincriminación como manifestación específica de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia", considera que la instructora no practicó las "pruebas oportunas" para responder a la pregunta de quiénes fueron los responsables de facilitar la "munición (inútil), quien o quienes la gestionaron, entregaron y recibieron la cadena de custodia de la misma". "Y un sinfín de actuaciones de investigación que competían y competen a la juez, pero que no realizó", añade.

El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, destaca "la sospecha manifiesta de la existencia de un posible interés personal en la causa" por parte de la comandante, "eclipsando las causas reales de lo ocurrido con el único fin de proteger la cadena de mando implicada, de empleos superiores" al del teniente.

Basándose en las conclusiones del Tribunal Militar Territorial, la defensa de Candón opina que la jueza optó por procesarle "sin contraponer prueba alguna que arrojara luz al asunto, emitiendo una acusación sin fundamento, alejada de todo hecho probatorio, sin indicio alguno de responsabilidad, basado en conjeturas y apreciaciones que obtiene de una interpretación particular y torticera de los manuales y procedimientos, entendiendo las testificales a su forma y manera, actuando y atribuyéndose una función pericial que ni ostenta ni le corresponde para desvirtuar cualquier informe o peritaje que no vaya en consonancia con su particular e infundada tesitura".

El teniente considera también que la instructora "presenta una enemistad manifiesta" sobre él "dado el trato que le viene dispensando y el daño moral infligido tanto a él como a sus familiares, con el reiterado y persistente procesamiento por la misma causa y los mismos hechos en contra de lo argumentado y probado por esta parte", así como el recurso del Ministerio Fiscal y el primer auto del Tribunal Militar Territorial, "y de manera predeterminada, unido a un aparente interés por no llegar al fondo del asunto y proteger a los verdaderos responsables por la alta graduación y empleo que ostentan los mismos".

Por todo ello, Candón pide al Tribunal Militar Territorial que estime el incidente de recusación y, por tanto, aparte a la jueza togada de esta instrucción, que continúa abierta cuando sólo quedan tres meses para que se cumplan once años de la explosión en Hoyo de Manzanares.

Al menos 46 personas han muerto y 49 han resultado heridas al estrellarse este domingo un avión militar en el sur de Filipinas, según ha informado a DPA el comandante de la fuerza antiterrorista del Ejército, William Gonzales.

De los fallecidos, 43 eran militares que viajaban en el avión, mientras que las otras tres víctimas mortales eran civiles que acabaron aplastados por el fuselaje. Todavía quedan por encontrar cinco militares, según informa Europa Press.

El accidente tuvo lugar a las 11:30 (hora local), en el municipio de Patikul, provincia de Jolo. Según las primeras investigaciones, el avión de transporte de tropas, un Lockheed C-130 Hercules procedente de Mindanao, fue incapaz de aterrizar en la pista del aeropuerto provincial y acabó estrellándose en una aldea del municipio de Patikul, cerca del aeródromo.

Todos los heridos ellas están recibiendo tratamiento de atención inmediata en un hospital de Jolo, pero algunos han tenido que ser trasladados a Zamboanga para recibir tratamiento adicional.

Se cree que 92 personas, entre ellas ocho miembros de la tripulación, podrían haber estado a bordo en el momento del siniestro, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio, recogidas por la filial nacional de la cadena CNN. El Ejército ha explicado que entre los pasajeros había soldados a punto de ser enviados a la región de Sulu como parte de la campaña antiterrorista del Gobierno.

El secretario de Defensa, Delfin Lorenzana, ha precisado que a bordo del avión había tres pilotos, cinco miembros de la tripulación y el resto eran soldados que viajaban a Jolo desde Cagayan de Oro.

Según testigos de CNN Filipinas, varios soldados saltaron de la aeronave antes de que golpeara el suelo, lo que les permitió evitar la explosión inicial, de acuerdo con fuentes explosión", de acuerdo con fuentes de la Fuerza de Intervención y Rescate.

Una militar de 33 años ha fallecido este viernes por la tarde en Alicante como consecuencia de un accidente durante un ejercicio práctico en Santa Pola (Alicante), según ha informado el Ejército de Tierra en su cuenta de Twitter.

La fallecida es la sargento de artillería Débora Grau, quien sufrió un accidente al enganchar el obús de artillería al camión tractor. Fue inmediatamente trasladada al Hospital General de Alicante, donde ha fallecido alrededor de las 20.30 horas, informa Europa Press.

El Ministerio de Defensa ha informado de que su unidad se encontraba participando en un despliegue en la localidad de Alicante. "Todo nuestro apoyo en estos duros momentos a su familia y compañeros del regimiento. Ha dado su vida por España", ha lamentado el Ejército de Tierra.

El auto, que tiene fecha del pasado 10 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se han practicado "cuantas diligencias se han estimado necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias" de los hechos investigados, resultando "indubitado" que 127 kilos de cocaína fueron encontrados en un habitáculo que se hallaba ubicado en un compartimento de cables dentro del pañol de contramaestre del buque.

Sin embargo, no existen indicios que sostengan la participación de los investigados en este procedimiento, ni de cualquier otro, en el embarque y transporte de dicha droga, por lo que se accede al sobreseimiento solicitado por una de las defensas ejercida por el letrado Fernando Pamos de la Hoz.

El caso se remonta a abril de 2014, cuando Elcano hizo una escala en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. En los cinco días que el barco estuvo allí atracado, varios marineros introdujeron presuntamente más de 150 DE kilos de cocaína que les entregó un grupo de narcotraficantes.

En la siguiente escala, en Nueva York, los militares entregaron supuestamente unos 26 kilos a otros traficantes, un caso que fue investigado por las autoridades estadounidenses y que desembocó en la detención de los seis marineros y el cocinero del buque. Se trata de un brigada, un cabo primero y tres marineros, dos de ellos ya procesados en la pieza principal por delitos de tráfico de estupefacientes.

Un avión de la Academia General del Aire ha caído al mar frente a la costa de La Manga, en Murcia, a primera hora de la tarde de este jueves, según ha informado el Ejército del Aire.

El avión, un caza C-101, pertenecía a la Patrulla Águila, ha caído al mar cuando participaba en un ensayo.  Este tipo de caza es el que usan habitualmente los pilotos de la Patrulla Águila y con el que entrenan los alumnos de la Academia del Ejército del Aire. Un aparato del mismo modelo sufrió el pasado mes de agosto un accidente similaraccidente similar en el que falleció el comandante Francisco Marín.

Efectivos del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército del Aire y de la Guardia Civil se han sumado al operativo de rescate. La Guardia Civil ha movilizado al lugar unidades del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), una patrullera de la Benemérita y efectivos terrestres para colaborar en el rescate, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. El Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado a tres embarcaciones para colaborar en las tareas de rescate si así se lo solicita el Ejército del Aire. Se trata de los barcos Albufera, Punta de Algas y Buena Esperanza.

El piloto es el comandante Eduardo Fermín Garvalena, de la Patrulla Águila. Garvalena es el responsable del solo de la patrulla, el encargado de llevar el avión a sus límites de la forma más segura y espectacular. Garvalena cuenta con una experiencia de más de 2.000 horas de vuelo en diferentes escuadrones del Ejército del Aire, entre ellos en el Ala 14 al mando del caza Eurofighter. En el año 2017 se incorporó a la Academia General del Aire en San Javier. En el exterior, ha participado en la misión de Policía Aérea del Báltico en Lituania en el año 2016 y en la Operación Atalanta en Yibuti en 2018.

El Ejército del Aire ha informado del hallazgo de restos del avión siniestrado frente a las costas de La Manga, en Murcia, y ha confirmado que el piloto, el comandante Eduardo Fermín Garvalena, no ha podido eyectarse del aparato.

Tercer accidente en los últimos meses

Este es el tercer accidente de una aeronave de la Academia General del Aire en los últimos meses. Los dos anteriores tuvieron lugar en los meses de agosto y septiembre en sendos accidentes en los que fallecieron sus tripulantes.

El primer siniestro se produjo el 26 de agosto y también fue un C-101 el que cayó al mar frente a la costa de La Manga. En el accidente falleció el comandante Francisco Marín, piloto de la Patrulla Águila e instructor del Ejército del Aire.

El segundo tuvo lugar pocas semanas después, el 18 de septiembre, en aguas del Mar Menor. En él perdieron la vida el comandante Daniel Melero y la alférez alumna Rosa María Almirón. En este caso la aeronave siniestrada fue una de enseñanza elemental de la AGA, modelo Tamiz.

Un avión de enseñanza y vuelo acrobático

El avión siniestrado es un Airbus C-101 Aviojet, una aeronave dedicada a la enseñanza de pilotos y el vuelo acrobático que cuenta con más de 40 años de servicio en el Ejército del Aire español. El C-101 llegó al Ejército del Aire para sustituir al anterior reactor de enseñanza, el T-6 (Texan). De la mano de la antigua CASA, los cuatro primeros aparatos se incorporaron a San Javier en marzo de 1980.

El C-101 es un avión de entrenamiento avanzado que permite a los pilotos una formación aeronáutica completa desde las primeras fases de vuelo hasta la transición a los aviones de combate. Está construido totalmente en España y sus buenas características aerodinámicas, fiabilidad, facilidad de manejo, bajo coste de operaciones y completa instrumentación le convierten en un avión muy adecuado para el vuelo de enseñanza y el vuelo acrobático.

El primer C-101 de serie voló el 8 de octubre de 1979 y los cuatro primeros ejemplares fueron entregados oficialmente al 793 Escuadrón de la Academia General del Aire de San Javier el 17 de enero de 1980, donde recibieron la denominación E-25. Actualmente esta aeronave presta su servicio a la Academia General del Aire (AGA), al Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA) y al Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX).

Los C-101 también son utilizados por la Patrulla Águila para sus exhibiciones acrobáticas. Sus aparatos tienen instalado un sistema generador de humo blanco y de color con el que habitualmente 'pintan' en el cielo la bandera de España.

Una investigación de la Armada Noruega ha concluido que el hundimiento de una fragata el pasado 8 de noviembre se debe a un fallo en la fabricación de la nave por parte del astillero español Navantia. El navío KNM Helge Ingstad (F-313) colisionó ese día con un petrolero con bandera de Malta, cuando volvía de realizar unas maniobras militares en las aguas del norte del país escandinavo.

Según informa el diario El País, la Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte de Noruega, ha dictaminado que el hundimiento, en primera instancia, se produjo por un fallo "crítico" en el diseño de los compartimentos, que deberían ser estancos y al parecer no lo eran. No obstante, algunos expertos militares cuestionan la versión de la propia Armada y sostienen que el siniestro tuvo lugar por una negligencia de la tripulación.

Desde Navantia aseguran que ni han recibido una comunicación oficial del informe ni se los ha permitido participar en la investigación. Ahora se estudia si el supuesto fallo en los compartimentos se podría repetir en las otras cuatro embarcaciones que el astillero español vendió a Noruega por unos 1.500 millones de euros hasta 2010.

Según el diario, y tal y como indica el informe de la investigación, el agujero en el lateral de la fragata que se produjo en el choque inundó tres de esos compartimentos —cuya estanqueidad garantiza que la inundación no se propague por otros y hunda inmediatamente el barco—. Aunque al principio la tripulación pensó que el barco podría mantenerse a flote, al final optó por evacuarlo completamente.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se han desplazado a Albacete tras saludar al rey en la recepción del Palacio Real, según ha informado fuentes del Gobierno y recoge Europa Press. De esta forma el presidente no estará presente en los corrillos de políticos y periodistas que suceden a la recepción.

Rajoy visitará la base aérea de Los Llanos, lugar en el que ha fallecido un piloto del Eurofighter del Ejército del Aire que se ha estrellado cerca de esta base aérea cuando regresaba de participar en el desfile militar del 12-O en Madrid.

El avión se ha estrellado a las 12.09 entre el Parque de La Pulgosa y la base aérea, al término del desfile del Día Nacional, en el que han participado todas las autoridades que posteriormente se han trasladado al Palacio Real.

Al comienzo de la recepción en el Palacio Real, el rey ha entrado en el salón del trono con gesto serio. Rajoy ha sido el primero en saludar a los reyes, con los que ha conversado durante unos segundos. Poco después ha pasado la ministra de Defensa que también ha hablado unos instantes con ellos.

Los reyes han expresado sus condolencias a Rajoy y a Cospedal y se han interesado por los datos que se conocían en esos momentos del accidente, que ha tenido lugar tras finalizar el desfile del 12-O.

En el desfile aéreo desarrollado en Madrid han participado 78 aeronaves con representación de todos los tipos del Ejército del Aire, un avión de la Guardia Civil, helicópteros y la Patrulla Acrobática Águila.

Un avión Eurofighter del Ejército del Aire se ha estrellado cerca de la base aérea de Los Llanos en Albacete cuando regresaba tras participar en el desfile militar del 12-O en Madrid. El piloto ha fallecido, según confirmó el Ministerio de Defensa, que explicó que el accidente se ha producido en la maniobra de aproximación para aterrizar y señaló que el Ejército del Aire está investigando las causas del siniestro. El piloto fallecido es el capitán del Ejército del Aire Borja Aybar.

El departamento ha informado también en un comunicado de que el accidente se produjo "en la maniobra de aproximación para aterrizar". La aeronave se ha estrellado cerca de la base militar sin que el piloto haya intentado eyectarse del avión antes de que colisionara con el suelo. Según informa Telecinco, no lo hizo para evitar que el aparato se estrellara contra una urbanización.

El avión se ha estrellado a las 12.09 entre el Parque de La Pulgosa y la base aérea, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, una UVI y un helicóptero sanitario, informaron a Europa Presss fuentes del 112 de Albacete.

En el desfile aéreo desarrrollado en Madrid han participado 78 aeronaves con representación de todos los tipos del Ejército del Aire, un avión de la Guardia Civil, helicópteros y la Patrulla Acrobática Águila.

El avión siniestrado es uno de los cuatro Eurofighter que han participado en el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, procedentes de la base aérea albaceteña, junto a otros cuatro pertenecientes a la base de Morón (Sevilla).

Jiménez-Ugarte, para situarnos, era secretario general de Política de Defensa en las fechas en que familiares de los 62 militares fallecidos se interesaban desesperadamente por comprobar si sus restos habían sido correctamente identificados antes de devolverlos a España urgentemente para ser sepultados cuanto antes. Había grandes motivos para dudarlo, puesto que los médicos enviados por Defensa a Turquía no eran forenses ni especialistas en necroidentificación. Trillo designó a Ugarte como responsable de la relación y comunicación con los familiares de las víctimas.

Rosario Benítez, viuda de uno de los comandantes muertos, escribió una carta pública a principios de 2004 en la que concluía: “Sólo me queda preguntar ¿a qué o a quién hemos enterrado?” El señor Jiménez-Ugarte, diplomático de carrera,  respondió con un escrito sellado por el Ministerio de Defensa en el que recriminaba a la viuda “la muy negativa imagen” que estaba dando del equipo médico y le lanzaba el siguiente reproche: “Sería más solidario por su parte no escribir cartas como ésta que sólo sirven para hacer sufrir más a todos sus compañeros y compañeras”. A Curra Ripollés, hermana de otro comandante que murió en ese avión chatarra que nunca debió volar porque no cumplía las condiciones mínimas, Jiménez-Ugarte la trató de “loca” y hasta le dio la tarjeta de un psiquiatra amigo suyo para que fuera a verle. Incluso envió a la madre de Curra una extensa carta que incluía su currículum para recordarle esa cosa tan marca España: no sabe usted con quién está hablando. Cuando se le preguntó a Trillo si le parecía correcto el trato que su subordinado estaba dando a las víctimas, se permitió contestar: “Lamento que se esté haciendo electoralismo con todo esto”.

La indignación de las familias es tan comprensible como justa. La ha expresado en infoLibre Sara García Díaz, hermana del cabo David García Díaz, en este texto en el que afirma: “Impotencia es la palabra que a muchos esta semana nos ha invadido al leer la noticia”.

Rajoy y la "satisfacción moral"

Mientras esperan a que la ministra Cospedal concluya la investigación que prometió tras el informe del Consejo de Estado que certificó oficialmente por primera vez la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el siniestro del Yak, las familias de los muertos ya han podido comprobar el concepto que Mariano Rajoy tiene del respeto a la memoria de las víctimas. El pasado 31 de enero, Rajoy recibió en la Moncloa –casi catorce años después– a un grupo de familiares que le escucharon pronunciar palabras reparadoras y hasta esperanzadoras: “A partir de ahora las cosas se van a hacer bien. Trabajaremos para una resolución que les dé satisfacción moral y jurídica, sin ningún condicionamiento político”.

De momento, aquí la única “satisfacción” debe de sentirla el señor Jiménez-Ugarte, a quien el Gobierno del PP nombró en 2012 embajador en Suecia y ahora le permite incorporarse nada menos que al órgano encargado de cuidar y fomentar la Marca España. Antes ya se había encargado de indultar a los únicos militares condenados por las falsas identificaciones de los fallecidos (otro de ellos murió antes de entrar en prisión). Federico Trillo, premiado en su día con la embajada en Londres, ha regresado a su plaza del Consejo de Estado, que acaba de concederle la prórroga para que no tenga que jubilarse, si lo desea, hasta los setenta años.

Aunque nadie pueda discutir la “legalidad” de todos estos pasos, es obvio que el concepto de “satisfacción moral” de Rajoy es bastante peculiar. Con el caso de Jiménez-Ugarte no puede escudarse en que la cosa no tiene nada que ver con él, como sostiene respecto al Consejo de Estado presidido por su amigo y padrino político José Manuel Romay Beccaría. Porque resulta que el Alto Comisionado para la Marca España “depende funcionalmente del presidente del Gobierno”, como se especificaba en el Real Decreto por el que se creó en 2012, aunque orgánicamente esté ubicada su oficina en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Por último, ya va siendo hora de que se informe con detalle de ese emporio presidido por Carlos Espinosa de los Monteros, expresidente de Iberia, de Mercedes Benz España y vicepresidente no ejecutivo del grupo Inditex, entre un rosario de cargos y honores que incluye el de Marqués de Valtierra. Tiene rango de secretario de Estado, sin sueldo aunque con todos los gastos y viajes cubiertos. Fue designado a dedo por el propio Mariano Rajoy, y no hay forma de que Exteriores aporte con absoluta transparencia los datos sobre los recursos públicos y privados que maneja Marca España y a qué se destinan. Colaboran en el lobby casi todas las principales empresas españolas, y su objeto consiste –como su propio nombre indica– en cuidar y fomentar la imagen de España. Mientras no tengamos más datos, queda la duda de si la Oficina del Alto Comisionado produce más beneficio a España o a determinadas compañías particulares y privadas, por muy españolas que sean. 

De momento, la incorporación de Jiménez-Ugarte demuestra muy poco respeto a lo que cualquier ciudadano de bien entiende como Marca España, pero además es toda una apuesta por la transparencia, teniendo en cuenta que, como recuerda Miguel González en El País, Ugarte "maniobró para que las familias del Yak-42 no descubriesen la verdad".

Los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 han denunciado este viernes la incorporación de Federico Trillo al Consejo de Estado después de que este mismo órgano emitiera un informe a principios de enero responsabilizando a Defensa del siniestro sucedido en el año 2003."Nuestros peores presagios se han confirmado. Federico Trillo ya  ocupa un sillón en el Consejo de Estado", lamentan las víctimas en un comunicado.

El presidente de la asociación, Miguel Sencianes, reconoce en la nota que el exministro de Defensa "tenía su plaza", pero se pregunta si "reúne condiciones de dignidad y responsabilidad acreditadas para que la ocupe".

Federico Trillo, que abandonó la Embajada de España en Londres días después de conocerse el informe del Consejo de Estado, ha ingresado como letrado mayor del citado organismo consultivo, siendo uno de los ocho letrados mayores adscritos a las diferentes secciones que analizan las iniciativas del Ejecutivo.

Ante esta situación, las víctimas critican "que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no impidiera este escándalo indecente haciendo las cosas bien tal y como se comprometió en persona con la Junta Directiva de la Asociación". En este sentido, consideran que el Consejo de Estado "ha de encontrar la fórmula" para evitar la incorporación del exministro conservador. 

"Urgimos al Consejo de Estado para que tome medidas y excluya al señor Trillo de su función de letrado asesor de ese organismo, que tanto debe hacer por preservar el estado de derecho en democracia", exigen, tras añadir que "no vale todo", y tras denunciar que "permitiendo este tipo de situaciones se ampara al que obra sin responsabilidad y se protege al hombre capaz de mentir para salvar". Como ejemplo de buena praxis, señalan la iniciativa de algunas localidades a la hora de condenar a Trillo, como Cartagena, que lo ha declarado "persona non grata".

Finalmente, Sencianes no quiere olvidar, en nombre de las víctimas y sus familiares, que Trillo "se burló de España" al "mentir a las familias y mentir en el Congreso". "Escándalos como este no sólo hacen daño a la sociedad sino que hacen más inmadura nuestra democracia", sentencian.

La hermana de uno de los fallecidos en el accidente del Yak-42, Sara García Díaz, ha iniciado una petición en Change.org para declarar al exministro de Defensa Federico Trillo persona non grata en las comunidades autónomas en las que nacieron las víctimaspersona non grata del suceso. Estas regiones son Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Canarias, Murcia, País Vasco, la ciudad autónoma de Ceuta y el territorio marroquí de Ifni, hasta 1969 una provincia española. García pide que estos territorios se sumen a la decisión de las localidades de Lalín (Pontevedra) y Cartagena (Murcia), que ya han declarado persona non grata al exdirigente. Cartagena es la ciudad de nacimiento de Trillo.

En la petición, García –quien ya escribió una carta abierta al exministro donde decía sentir "vergüenza" y "asco" por su gestión– enumera las razones que le han llevado a tomar la iniciativa. Afirma que Trillo "no solo no admite su culpa", sino que además "se niega a pedir perdón y sigue justificando su lamentable labor" tanto a la hora de esclarecer el suceso como en las propias actuaciones de la cartera que dirigía que, según los familiares, desembocaron en el fatídico accidente. La hermana de uno de los fallecidos recuerda que el exdirigente "conocía el mal estado en el que volaban sus militares" y pasó por alto "más de 14 quejas" en las que los soldados le advertían del deterioro de aviones como el Yak-42. 

En nombre de los familiares afectados por el accidente del Yak-42, García ruega "al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos de cada región de nacimiento de los militares" que se siga la determinación que han tomado en Cartagena y Lalín y se nombre a Federico Trillo persona non grata. 

Desde que se conoció el dictamen del Consejo de Estado en el que se señalaba al Ministerio de Defensa como responsable del accidente, en el que murieron 75 personas, la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 no se ha dejado de mover. Entregaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores casi 137.000 firmas, recabadas por infoLibre, para exigir la destitución de Trillo como embajador de España en Londres. Este martes las familias se encuentran reunidas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien la pasada semana mostró su predisposición a un encuentro. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido este martes con los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42, que en el año 2003 acabó con la vida de 62 militares españoles. Los representantes de la asociación celebran que el equipo conservador apueste por una "satisfacción moral y jurídica" para las víctimas, pero mantienen su exigencia de "verdad y justicia".

El encuentro se ha producido en el Palacio de la Moncloa a las 10:30 horas, y a él ha asistido también la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien el pasado 10 de enero ya prometió a las víctimas "un cambio de criterio" del Gobierno a la hora de asumir responsabilidades. La reunión tiene lugar casi un mes después de que el Consejo de Estado resposabilizara a Defensa –entonces liderada por el conservador Federico Trillo– del siniestro.

Curra Ripollés, portavoz de las víctimas, ha insistido en "poner en valor que Rajoy nos haya recibido". Asimismo, ha señalado que el Ministerio de Defensa está "trabajando en una respuesta al dictamen que dé satisfacción moral y jurídica para las familias". Ripollés valora que el equipo de Gobierno esté "trabajando sin ningún tipo de condicionamiento político", aunque subraya que sus exigencias siguen apuntando a "la verdad y la justicia". "De los hechos tenemos que pasar al derecho", escenario en el que "esa resolución es fundamental", ha explicado. 

El abogado de la asociación, Leopoldo Gay, ha señalado que el actual es "un momento difícil pero también esperanzador". En este sentido, ha solicitado que "la resolución recoja el conato fáctico equiparable al que hacíamos las familias en el 2004 y que el Consejo ha hecho suyo". La "dificultad", ha matizado, radica en "cambiar una orientación", la del Gobierno, "que hasta ahora ha sido de no admitir esa responsabilidad". El abogado ha incidido en que saludan y valoran "este esfuerzo, pero es un esfuerzo fundado en derecho, y hay una buena alfombra para que pueda transitar por ella: el informe del Consejo de Estado". Finalmente, ha señalado que, tras el recorrido penal y civil por los juzgados, "sólo queda esta resolución, que no tiene trascendencia económica, pero que sí la tiene en el relato jurídico y en el posible nexo de causalidad que tiene no haberlo hecho bien" en el momento de la tragedia.

Ripollés ha sentenciado que, aunque Mariano Rajoy no ha pedido perdón de forma explícita, "es importante reconocer que la administración que rectifica es una administración que madura", y ha exigido que "en cuanto tenga la resolución, la ministra acuda al Congreso y en un pleno explique cómo se ha llegado a ella y cuál es su objetivo".

El presidente del Gobierno ya reiteró en una entrevista a Onda Cero que suscribía "la intervención que tuvo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados", en la que pidió perdón a las víctimas "en nombre del Estado", y todo lo que su también secretaria general "ha dicho y hecho a lo largo de estas fechas". Este martes, en declaraciones a los medios, el presidente Mariano Rajoy expresó su deseo de que "entre todos, seamos capaces de hacer las cosas bien".

Mientras tanto, el exministro de Defensa Federico Trillo, que abandonó la Embajada de España en Londres días después de conocerse el informe del Consejo de Estado –adelantado por El País y publicado íntegramente por infoLibre–, se prepara para incorporarse a su nuevo destino como letrado mayor del citado organismo consultivo. Inicialmente, él aseguró que ocuparía el cargo de letrado mayor decano, un puesto que, como ya explicó este diario, no existe en el organigrama de la institución. Será uno de los ocho letrados mayores adscritos a las diferentes secciones que analizan las iniciativas del Ejecutivo. El vicepresidente de la asociación, Francisco Cardona, denunció que Trillo "no debe ocupar un cargo público y menos como letrado en el Consejo de Estado".

Podemos pide una comisión de investigación

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Irene Montero, considera que los gestos del Gobierno con los familiares de las víctimas "son importantes aunque lleguen tarde" pero han pedido poner en marcha una comisión de investigación para esclarecer las causas del accidente.

"Cuando se trata de acabar con la impunidad y de asegurar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, los gestos son importantes, pero no es lo único. No es suficiente. Ahora toca que nos comprometamos a hacer una comisión de investigación", ha señalado.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Montero ha señalado la necesidad de que aparezcan los contratos del vuelo y de que se conozca "cómo y por qué se produjo el accidente pese a las alertas que se estaban dando" por parte de algunos mandos militares.

La dirigente estima que los partidos deben hacer "reparación social" y que todavía "tienen que pasar muchas más cosas para aclarar la verdad", pese a que los gestos del Gobierno de Mariano Rajoy y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal "son importantes" y eso "es importante reconocerlo". Con todo, ha asegurado que "no ha sido mérito de ningún partido que se produzcan" los gestos de reconocimiento, sino que es "mérito de las víctimas que llevan tantos años luchando contra viento y marea".