César Tomás Martín Morales, exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional donde reconoce los hechos que le imputa la Fiscalía por las presuntas actividades de la trama Gürtel en ese municipio madrileño, al tiempo que implica en ellas a la ex presidenta regional Cristina Cifuentes y al dirigente del PP Pío García Escudero, informa Europa Press.

En un escrito del 11 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, Martín Morales admite delitos cohecho, prevaricación, asociación ilícita, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Y ello por haber participado en una dinámica que habría consistido en la adjudicación de contratos a las empresas del Grupo Correa desde las entidades públicas de Boadilla del Monte a cambio de comisiones que, según manifiesta, revertían también en el Partido Popular.

En este sentido, Martín Morales afirma que "la precampaña para las elecciones municipales de 2003 y la precampaña y campaña de 2007 del PP en Boadilla del Monte se han sufragado gracias a pagos de contratistas a través del dinero que conseguía de los mismos Francisco Correa", el líder de la Gürtel.

Martín Morales indica que él dirigió la precampaña y campaña electoral de 2007, explicando que "estas campañas se solían soportar con pagos en efectivo a los distintos proveedores de productos y servicios y colaboradores al no poderse emitir facturas porque se rebasaban los límites que los partidos pueden destinar a las campañas".

"En las reuniones previas a los procesos electorales a las que se citaba a los jefes de campaña en la planta 1ª de Génova 13, sede regional del PP de Madrid, los responsables regionales de coordinación de campañas, creo recordar que Guillermo Ortega en 2003 y Cristina Cifuentes en 2007, siempre ponían de manifiesto que las campañas no debían pasar oficialmente los límites, sugiriendo que se llevaran a cabo en efectivo", cuenta.

Además, señala directamente a García Escudero. "Correa presumía de ser su amigo y decía que los adjudicatarios de las obras eran recomendados por el señor García Escudero y que se financiaba así al partido regional", sostiene.

Martín Morales recuerda en este sentido que Correa le dijo que García Escudero le pidió que se contratase en la EMSV a un arquitecto pariente suyo -"Miguel Ángel, creo recordar"- y así se hizo, aunque pocos meses después se marchó.

De acuerdo con el ex gerente de la EMSV, una de las piezas esenciales de la Gürtel en Boadilla del Monte, conoció a Correa en 1996 y se le presentó como "amigo personal de los dirigentes del PP", asegurándole que tenía una "amistad estrecha" con Francisco Álvarez Cascos, Alejandro Agag, Luis Bárcenas, Juan Carlos Vera, Gerardo Galeote, Arsenio Fernández de Mesa y Jesús Sepúlveda, además de con García Escudero.

Correa "presumía de tener grandes clientes, entre los que destacaba el PP", para quien organizaba congresos y campañas electorales, expone. "Todos le conocían, era muy ansiada la amistad con él por todos los mandos del PP porque se relacionaba con Cascos, Arenas, Vera, etc", asevera.

Tras esta confesión, Martín Morales solicita que se le rebaje la eventual pena a 6 años y tres meses de cárcel, a pocos días de que comience el juicio por la pieza Boadilla de la trama Gürtel, cuya sesión inaugural está prevista para el 16 de noviembre y que cuenta ya con una docena de confesiones.

La reunión del Comité Ejecutivo regional y la Junta Directiva del PP de Madrid que se celebrará este viernes ha vuelto a tensar las relaciones entre la dirección nacional del partido y el equipo de Isabel Díaz Ayuso. El nombramiento de cinco nuevas gestoras en "pequeños municipios" de Madrid ha generado desconfianza en el entorno de la presidenta madrileña, mientras que el PP de Madrid y la dirección nacional enmarcan esos nombramientos en la normalidad, informa Europa Press.

Este episodio abre de nuevo las rencillas internas apenas tres semanas después de la foto de unidad que se visualizó en la Convención Nacional del partido en Valencia, donde Ayuso expresó su respaldo al proyecto de Pablo Casado y subrayó que su "sitio" y su "meta política" es Madrid.

El viernes 29 de octubre se celebrarán tres reuniones: primero el comité de dirección, después el Comité Ejecutivo Regional -el último fue el 13 de mayo tras la victoria en las autonómicas del 4M- y, finalmente, la Junta Directiva del PP madrileño.

Es la primera vez que se convocan los órganos de dirección del PP de Madrid que dirige Pío García Escudero desde que Ayuso anunció públicamente en septiembre que se presentará a liderar el partido en la región.

Este miércoles, en declaraciones a los medios, Ayuso ha negado que haya una "guerra" y ha incidido en que el viernes el partido tiene una oportunidad "para hablar todos en confianza" en la Junta Directiva y en el Comité Regional. A su juicio, es un día "excepcional" para hablar y también para dar explicaciones y cuentas de las novedades del partido ante la prensa.

Una reunión "ordinaria" dentro de la normalidad 

Se prevé que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, intervenga en esa Junta Directiva, igual que "preside otras muchas juntas y como lo ha hecho otras veces en Madrid", según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP, que enmarcan esta reunión en la "normalidad absoluta".

De la misma manera, el PP de Madrid ha señalado que es una Junta y un Comité Ejecutivo "ordinario" y no entiende "el nerviosismo" ante el hecho de que figure un apartado de nombramientos porque se trata de "cubrir vacantes" tras producirse dimisiones, según ha explicado a Europa Press la secretaria general del PP madrileño, Ana Camíns.

Según ha agregado, se trata de nombrar gestoras en "cinco pueblos pequeños" como Patones y Miraflores en los que se busca no dejarles sin representación cuando hay posibilidad de "recambio" porque es "gente que está ahí" ya trabajando. "No es porque haya lío en algún sitio sino porque hay vacante", ha subrayado.

Camíns ha rechazado que haya algo extraño en esos nombramientos o que estén buscando ir más allá y ha señalado que es el mismo trámite que hacen continuamente las estructuras provinciales y locales. "Lo raro sería no hacerlo", ha aseverado.

La secretaria general del PP madrileño ha indicado que se trata de una reunión "ordinaria" que tenían previsto celebrar en septiembre pero la Convención Nacional obligó a retrasarla un mes. "El partido está volcado con las políticas y las iniciativas del Gobierno madrileño, que es un orgullo para todo el partido", ha apostillado.

Sin fecha concreta para el congreso del PP de Madrid

Sin embargo, desde el equipo de la presidenta madrileña consideran que la gestora que dirige Pío García Escudero no puede hacer esos nombramientos y ve detrás de los mismos un intento de controlar el PP de Madrid de cara al futuro.

Detrás de este cruce de reproches radica la batalla por presidir el PP madrileño. Ayuso, que ha confirmado públicamente que será candidata, quiere celebrar cuanto antes el congreso madrileño por entender que así podrán tener margen para preparar las elecciones autonómicas y municipales.

Tanto Génova como el PP de Madrid han señalado estas semanas que la Junta Directiva Nacional ya aprobó hace meses un calendario de congresos que fijaba los congresos uniprovinciales en el primer semestre de 2022.

Fuentes próximas a Ayuso consideran que detrás de retrasar al máximo la fecha de ese cónclave puede estar la intención de Génova de "desgastar políticamente" a la presidenta madrileña y creen que estaría "fuera de toda lógica" porque fue ella la que "resucitó" a Pablo Casado tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Además, fuentes del equipo de la presidenta madrileña admiten su preocupación ante la posibilidad de que la dirección nacional esté "maniobrando" para apartarla como candidata a las elecciones autonómicas de 2023.

De hecho, según las mismas fuentes, es una amenaza que la Secretaría General del PP ya lanzó el pasado 10 de marzo a colaboradores de Ayuso en la Puerta del Sol tras anunciarse la convocatoria de elecciones madrileñas el 4 de mayo.

Fuentes de Génova niegan que haya una operación contra Ayuso, a la que aconsejan dedicarse a gestionar la Comunidad de Madrid. De hecho, no entienden las prisas que hay por celebrar ya el congreso del PP de Madrid y recuerdan que las elecciones del 4 de mayo se organizaron en un mes y fueron un éxito.

El PP de Madrid, en manos de una gestora desde abril de 2018

En el entorno de Ayuso causó malestar que Casado no le brindara su apoyo público cuando anunció su candidatura y metiera en la pugna por el PP de Madrid al alcalde, José Luis Martínez-Almeida al asegurar públicamente que en Madrid hay "dos líderes estupendos" que tienen "absoluta sintonía" para "sentarse y decidir" qué partido quieren en Madrid.

Hasta este momento el PP de Madrid continúa presidido de manera interina desde 2018, tras la tormentosa salida de la expresidenta Cristina Cifuentes por la polémica de su máster. García-Escudero es la cabeza mientras que Ana Camíns, secretaria general, es su número dos.

Camíns, diputada en la Asamblea de Madrid y senadora por designación autonómica, empezó a aparecer hace meses en las quinielas como posible tercera vía para presidir el PP al margen del poder institucional del Ayuntamiento y la Comunidad. García Egea, mano derecha de Casado, ha defendido que este modelo hasta la fecha "ha funcionado", ya que permite que tanto partido como gobierno avancen.

La persona más ubicada a la izquierda de la imagen que precede a estas líneas es Pío García-Escudero, senador, expresidente de la Cámara Alta y... presidente del PP de Madrid. El jefe de los conservadores madrileños lleva más de dos años al frente de la formación regional de forma "provisional". Fue designado el 15 de mayo de 2018 después de la marcha de Cristina Cifuentes tras el escándalo del máster y el vídeo de las cremas. La idea era que no estuviera mucho más de un año, hasta que transcurriesen las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Se esperaba un congreso para el pasado otoño. Pero su "provisionalidad" se ha alargado en el tiempo y, si no hay cambios de última hora, el PP de Madrid no celebrará un congreso para elegir a su presidenta o presidente hasta el año que viene. "Ahora no es una prioridad. Pero por supuesto que está pendiente. Se hará cuando toque", señalan fuentes del partido.

El último congreso ordinario del PP de Madrid se celebró en marzo de 2017. De este cónclave salió elegida Cristina Cifuentes. Teniendo en cuenta que los conservadores eligen a sus líderes cada cuatro años, cuando el año que viene se elija al sustituto de García-Escudero ya habrá pasado ese tiempo.

Pero ¿qué ha ocurrido para que una solución provisional se haya prolongado ya dos años en el tiempo? En el PP de Madrid recuerdan que había una voluntad real de renovar la dirección del partido en otoño, una vez que el Gobierno regional, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, había echado a andar. Pero que la repetición de elecciones generales y lo que ello implica de movilización del partido, sobre todo en Madrid, lo hizo imposible. En este momento, la cita se aplazó para después de los comicios del 10 de noviembre. Y sigue siendo una tarea pendiente a día de hoy, cuando la crisis del covid-19 lo ha arrasado todo.

"Calmar las heridas"

Otras fuentes añaden nuevas explicaciones al retraso, como la de esperar a que la presidenta de la Comunidad se asentase unos meses en el cargo y la de "calmar las heridas" que había dejado abiertas en el partido el proceso de elaboración de listas, tanto para las autonómicas y municipales como para las elecciones generales. Una de las cuestiones que más se ha echado en cara a Pablo Casado Pablo Casadodesde que tomó las riendas del PP en julio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy ha sido la de hacer equipos a su medida. En el caso de Madrid, el hecho de que Ayuso y José Luis Martínez-Almeida acabaran gobernando, le evitó una crisis interna. Porque no es ningún secreto que la elección de ambos no fue vista con buenos ojos en todo el partido.

El PP de Madrid como contrapeso al PP nacional

A todo este contexto hay que sumar que el PP de Madrid es una organización muy compleja y que en los últimos años ha sido un dolor de cabeza para los presidentes nacionales del partido. Que se lo pregunten a Mariano Rajoy, al que Esperanza Aguirre retó desde la presidencia de la Comunidad de Madrid y del partido en los años en los que estuvo al frente de la organización. Por mucho que el PP de Madrid y el nacional compartan sede en el edificio madrileño ubicado en el número 13 de la calle de Génova, hasta la llegada de Casado, la primera planta del edificio, la que acoge a los conservadores madrileños, era territorio hostil para la dirección nacional. Tan hostil como que por la cabeza de Rajoy y sus colaboradores pasó más de una vez la idea de tomar el control mediante una gestora.

Desde 2004 a 2016 la presidenta del PP de Madrid fue Esperanza Aguirre, periodo que transcurrió de forma casi paralela a su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando la expresidenta madrileña deja la presidencia del partido en 2016 en plena ebullición de la operación Púnica, el partido pasa a estar en manos de una gestora dirigida por Cristina Cifuentes. Esta última ganaría después un congreso y estaría al frente del partido entre marzo de 2017 y abril de 2018. Y, tras su dimisión, la dirección nacional del PP esquivó instaurar otra gestora recurriendo a un artículo de los estatutos, el 40.1.e, que permite el nombramiento de un presidente y de un secretario general, tras ratificación del Comité Ejecutivo, sin la necesidad de crear un órgano provisional. En base a estos preceptos se nombró a García-Escudero presidente y secretario general a Juan Carlos Vera, un veterano dirigente, perfecto conocedor del "aparato" de la formación. "El que conoce mejor la estructura interna del partido. El que tiene mejor conocimiento de los afiliados", le define uno de sus compañeros. 

Vera estuvo en el cargo hasta finales de septiembre de 2019, cuando fue relevado por Ana Camins, una dirigente del círculo de máxima confianza de Pablo Casado y también de Ayuso. Este relevo fue interpretado, puertas adentro del partido, en una clave de futuro y que podría dar respuesta a dos preguntas: ¿Puede ser Camins la próxima presidenta del PP de Madrid tras el congreso regional del año que viene? ¿Ocupará en un futuro el mismo puesto que ahora, el número dos de los conservadores madrileños?

Poder absoluto frente a bicefalia y el papel de Almeida

Todo depende del modelo por el que apueste el PP de Madrid para su futuro. Desde la etapa de Aguirre al frente del PP se instauró la concentración de poder en una misma persona: quien gobernaba en la Comunidad de Madrid, también presidía el partido. Se llegó a una especie de poder absoluto, sin contrapesos. Para evitar escenarios como este, en el PP de Madrid se ha instalado la tesis de que debe volver el modelo de la bicefalia. A saber: que el presidente del Gobierno autonómico —o, en su caso, el líder de la oposición en la Asamblea de Madrid— y el del partido tienen que ser dos personas diferentes. Quienes piensan así verían con buenos ojos un tándem Ayuso-Camins.

Pero estas mismas fuentes consideran que si Ayuso quiere optar al cargo en el congreso regional nadie podrá pararlo. Y será ella la presidenta por lo complicado que es "ir contra el aparato". En todo caso, el presidente del PP actual es un ejemplo de que se puede ganar un congreso con el aparato del partido en contra. Porque él venció a Soraya Sáenz de Santamaría, apoyada mayoritariamente por la dirección saliente.

En todos estos cálculos, hay un elemento a tener en cuenta que hace un año no era un factor importante. Es el de la relevancia política que ha cobrado el alcalde de Madrid. Destacados dirigentes del PP madrileño aseguran que, a día de hoy, no está sobre la mesa que Martínez-Almeida vaya a dar el paso. Pero avisan de que es una decisión "muy personal" que puede tomar cualquier militante del partido. 

"Precisamente esa mayor fortaleza del alcalde puede hacer de contrapeso a Ayuso y que, a final, la presidencia del PP caiga, como se espera, en unas manos diferentes a las de la presidenta", analiza un concejal conservador.

La última vez que se ha reunido la dirección del PP de Madrid ha sido este jueves, 4 de junio. El Comité de Dirección de los conservadores madrileños fue presidido por Pablo Casado. El líder del PP acudió al máximo órgano de dirección de la formación regional en la que milita porque el partido celebraba el primer aniversario de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. 

Si bien en el Ayuntamiento de Madrid no hay tensiones especiales, en la Comunidad la alianza PP-Cs vive en la bronca permanente hasta el punto de que cada vez sus más fuertes los rumores de una moción de censura de la izquierda para desbancar a Díaz Ayuso. Y, por parte del PP, el entorno de la presidenta la anima cada vez con más fuerza a que disuelva la Cámara y convoque elecciones anticipadas antes de que el vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), se una al PSOE para derribarla.

Congreso y Senado no han arrancado la XIII Legislatura de una forma paralela en lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de sus señorías.Senado Así, mientras la Cámara Baja ya tiene en marcha un código de conducta que afecta a los diputados de la nueva legislatura y que viene a completar otro tipo de obligaciones ya contempladas en el reglamento de la Cámara, el Senado va algunos pasos por detrás y no ha puesto todavía en práctica las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), el organismo anticorrupción del Consejo de Europa.

Hace más de cinco años que este organismo venía reclamando a España mayor transparencia y controles para poner coto a la corrupción en el poder legislativo.

El fin de la XII Legislatura con la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del socialista Pedro Sánchez dejó en el registro de la Cámara un borrador remitido a la Mesa del Senado firmado por todos los grupos parlamentarios. Era el resultado de un grupo de trabajo constituido para hacer una serie de propuestas que, entre otras cuestiones, se adaptase a las recomendaciones del cuarto informe de Evaluación del Greco.

En el borrador remitido al órgano de Gobierno de la Cámara Alta, al que ha tenido acceso infoLibre, se dan por "consensuadas y finalizadas" un total de ocho propuestas que van desde la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en lo que tiene que ver con las declaraciones de actividades de bienes y rentas de los parlamentarios a la modificación del reglamento del Senado, también en materia de declaraciones de actividades y bienes patrimoniales y rentas, pasando una propuesta de código de conducta de los parlamentarios y una "norma sobre registro de los grupos de interés" que operan en la Cámara.

Otra cuestión de interés tenía que ver con la actualización de los datos, una obligación de los parlamentarios en cuanto cambian las circunstancias y los datos consignados inicialmente. No obstante, los senadores que trabajaron en este documento lo dejaban negro sobre blanco: "Dentro de los meses de julio y agosto de cada año todos los parlamentarios presentarán la declaración de modificación de los bienes patrimoniales y rentas correspondientes al ejercicio económico del año anterior. En el caso de que no existieran variaciones, la declaración señalará esta circunstancia".

Infracciones por omisión de datos

A diferencia de lo que ha ocurrido en el Congreso, la propuesta del Senado contemplaba una reforma del reglamento de la Cámara para introducir que la Comisión del Estatuto de los Senadores –vendría a sustituir a la actual Comisión de Incompatibilidades– "será competente para la instrucción de los procedimientos por infracción de la obligación de declarar las actividades, los bienes patrimoniales y las rentas".

Según el documento que todavía no ha visto la luz –los grupos podrían retomar los trabajos puesto que generó un amplio consenso– se considerarán infracciones leves, por ejemplo, el retraso de más de dos meses a la hora de presentar las declaraciones (suele hacerse en el momento en el que se registran como parlamentarios) y la omisión involuntaria de alguno de los datos a consignar. Estas infracciones se sancionarían con un apercibimiento.

Mientras, la omisión "dolosa" de datos o la falsedad de los mismos serán consideradas infracciones graves y la idea es que fuesen sancionados con multas de entre diez días y seis meses de la asignación constitucional. La asignación constitucional es el sueldo base de los parlamentarios y está ubicado en 2.981,90 euros al mes.

Entre las citadas propuestas a la Mesa del Senado se incluyen una serie de normas que vienen a clarificar y homogeneizar los datos que sus señorías tendrían que aportar en las declaraciones de bienes patrimoniales y de rentas. Así, se contemplaba que las declaraciones de bienes patrimoniales de los senadores —y de los diputados porque la idea era que se extendiesen los mismos preceptos al Congreso— deberían incluir "el nombre de las entidades a cuyo capital pertenezcan las acciones, participaciones o cuotas que se declaren". Y, también, "el nombre de la persona o entidad financiera que haya concedido el crédito o préstamo que se declara, la fecha de la concesión, el importe, el saldo vivo de la deuda y el tipo de interés". Este tipo de datos son clave a la hora de controlar posibles episodios de conflicto de interés.

¿Qué ocurre en el Congreso?

En el Congreso están más avanzados en esta materia, pero a diferencia de lo que ocurrió en el Senado, fue imposible que el código de conducta fuera fruto del consenso de los diferentes grupos parlamentarios.

La obligación que tienen sus señorías de presentar una declaración de intereses es una parte fundamental del código de conducta, aprobado el 28 de febrero de 2019 por un acuerdo de la Mesa del Congreso. La presidenta de la Cámara por aquellas fechas, Ana Pastor (PP), tomó la iniciativa después de que este trabajo, encargado a los grupos parlamentarios, no avanzase.

Otra de las novedades de este código es la de la incorporación de una Oficina de Conflicto de Intereses, un órgano que tendrá por objeto resolver las dudas que genere la aplicación de las nuevas normas y comprobar la veracidad de las declaraciones que los diputados trasladen al registro de intereses. En los últimos años una de las principales quejas de los trabajadores de la Cámara Baja en materia de transparencia ha sido que ni había personal ni dotación presupuestaria para estas tareas. Y que siempre que estallaba un escándalo era a raíz de investigaciones de los medios de comunicación.

Para la redacción de este código, el Congreso recurrió como modelo a documentos similares que controlan los intereses de diputados del Parlamento EuropeoParlamento Europeo.

El documento

Las declaraciones de actividades y bienes y rentas del Congreso no han cambiado esta legislatura. Los documentos a consignar por los parlamentarios son los mismos que los que han tenido que cumplimentar en los últimos años.

En la declaración de intereses, que es obligatoria en la Cámara Baja a partir de esta XIII Legislatura, se exige que los diputados detallen tres apartados. Uno: actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos. Se pide concretar año, empleador, sector y una breve descripción. Dos: donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad a la toma de posesión. Se pide concretar el objeto, la persona "benefactora" y una breve descripción en la que se incluya una "valoración aproximada". Y tres: otros intereses a declarar.

Conflicto de interés

El principal objeto del Código de Conducta es evitar que exista conflicto de interés. Y esto ocurre, según el propio documento, "cuando un diputado tenga un interés personal, tanto directo y propio como a través de una persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como parlamentario, de tal forma que pueda poner en duda la objetividad e independencia del diputado o que este no persiga la consecución del interés general".

Para evitar que se produzcan estas situaciones, los parlamentarios están obligados, por este código, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de conflicto de intereses. "En el caso de que el conflicto no se pueda resolver, el parlamentario lo pondrá en conocimiento antes de que se inicie el debate del pinto de que se trate en la sesión del Pleno o de la Comisión, mediante escrito dirigido al presidente de la Cámara, en el primer caso, o de la Comisión correspondiente en el segundo".

Si hay duda sobre si un parlamentario podrá estar incurriendo en un conflicto de interés o sobre el alcance del mismo, el afectado podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara. El órgano de Gobierno del Congreso, con carácter confidencial, resolverá lo que proceda. Y, si lo considera necesario, podrá solicitar previamente un informe al respecto a la Comisión del Estatuto del Diputado.

Por primera vez, se deja por escrito la prohibición de que los parlamentarios reciban "obsequios o beneficios similares que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta" como político. Y también la obligación de hacer pública su agenda institucional. Esta podrá ser consultada en el portal de transparencia de la institución.

Dentro de su agenda, también deberá precisar las reuniones que mantenga con representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés. El Reglamento del Congreso de los Diputados tiene pendiente una reforma en la que, entre otros asuntos, debe abordar una regulación de los lobbies. lobbies

Tras una XII Legislatura marcada por la polémica de los currículums falsos y estudios y tesis doctorales bajo sospecha, a partir de ahora los diputados podrán colgar en la web institucional, en el apartado destinado a sus perfiles personales, los títulos, datos y archivos que consideren relevantes.

¿Se impondrán sanciones?

El presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del Código por parte de un miembro de la Cámara, especialmente en el caso de conflicto de intereses, reza en el texto que se ha estrenado esta legislatura.

Debe ser la Comisión del Estatuto del Diputado la que elabore de un informe sobre la posible infracción. Este órgano escuchará al diputado afectado y podrá recabar un informe de la Oficina de Conflicto de Intereses. El informe de la Comisión deberá resolver si ha existido infracción y, en su caso, recomendar la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. De ahí, pasa a la Mesa.

Las sanciones en esta materia no son nada frecuentes.

Las declaraciones de intereses de los diputados serán públicas en cuanto reciban el visto bueno de la Comisión del Estatuto del Diputado, pendiente todavía de constituirse. La idea de los grupos era que antes de que termine julio estén conformadas todas las comisiones parlamentarias, si bien lo más probable es que este órgano no se reúna hasta después del verano teniendo en cuenta que entramos en periodo no ordinario de sesiones.

Veteranos dirigentes y exdirigentes del Partido Popular creen que Pablo Casado ha cometido un "error de principiante" a la hora de ponerse a elaborar las listas para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril. Un proceso complejo si se tiene en cuenta que debe hacerse sin perder de vista que el 26 de mayo hay elecciones municipales, autonómicas y europeas.

Pese al evidente malestar que causó en el partido la composición del listado de números uno al Congreso de los Diputados, Casado ha negado varias veces en público que lo ocurrido –desaparecen claros referentes del marianismo o apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría– pueda calificarse de "purga", como lo han calificado algunos dirigentes, porque todo aquel que quiere aportar tiene un hueco en su proyecto. Pero, al mismo tiempo, ha defendido su legimitidad para tomar este tipo de decisiones por haber sido el claro vencedor del congreso extraordinario de sucesón de Rajoy.

Pese a los esfuerzos de Génova de trasladar que el proceso se ha llevado a cabo con normalidad y sin sobresaltos, el enfado de las direcciones territoriales por no haber sido consultadas para la elaboración del listado de números uno al Congreso y las expectativas electorales a la baja están complicando hasta última hora el cierre de las listas del PP. 

La esencia del asunto no está sólo, pues, en ser incluido en las listas, sino en hacerlo en puestos que garanticen después conseguir escaño. Y en esto ha estado la pelea de los últimos días entre Génova, los barones territoriales y algunos de los aspirantes. El grueso de las encuestas publicadas en las últimas semanas ubican al PP de Casado por debajo de los cien escaños en la Cámara Baja y sin mayoría absoluta en el Senado, algo que probablemente dejaría al presidente conservador sin poder cumplir su promesa de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña como una de sus primeras medidas.

Los hombres clave de Rajoy

Fuentes conocedoras del proceso de elaboración de las listas consultadas por infoLibre aseguran que tres de los nombres que más encaje han costado a Pablo Casado han sido los de los hasta ahora diputados, y hombres fuertes de la etapa de Rajoy, Fernando Martínez-Maillo, Carlos Floriano, Rafael Hernando y el del presidente del Senado. Pío García-Escudero,

En sectores del partido sorprendió que el viernes pasado, cuando la dirección nacional difundió los números al Congreso, faltasen nombres como los de Carlos Floriano (Cáceres), exvicesecretario de Organización y Electoral, y Fernando Martínez-Maillo, excoordinador general. Dos hombres clave en Génova en diferentes etapas de Rajoy al frente.

Consciente del malestar generado en algunos sectores del partido por esta decisión que se interpretó como un "castigo" por el pasado de ambos junto al expresidente del PP, Casado intentó calmar las aguas señalando que ambos iban a tener su puesto en el Senado como cabezas de lista. Una decisión que, no obstante, no se plasmó sobre el papel hasta última hora del miércoles.

"Hasta mediados de semana no ha estado claro que esos puestos iban a ser para Maillo y Floriano", subrayan fuentes conocedoras de los pasos dados por el Comité Electoral Nacional.

Hernando no viaja a Bruselas

Al último portavoz parlamentario de Rajoy en el Congreso, Rafael Hernado, todos sus compañeros le ubicaban en "un puesto destacado" de la lista al Parlamento Europeo. "Me consta que así se habían comprometido en el partido", destaca una veterana diputada en conversación con infoLibre. 

El mismo viernes, cuando Génova difundió los cabezas de lista al Congreso y se pudo comprobar que no iba de número uno por Almería, menos dudas hubo de que lo de Bruselas estaba prácticamente hecho. 

Pero la sorpresa mayúscula llegó el miércoles, cuando en sectores del partido se extendió el rumor de que Hernando, el azote del PSOE en los años de Gobierno de Rajoy, se iba a quedar sin pisar el Parlamento Europeo. Su sitio iba a estar en el Senado, junto a otros de sus compañeros del Comité de Dirección de hace unos años. Será número uno por Almería.

En Génova señalan que Hernando, por su experiencia parlamentaria, va a ser una pieza clave de la labor del PP en el Senado y de ahí el cambio. Otras fuentes aseguran que Casado tiene una especie de overbooking para la lista europea y que se ha puesto a hacer cuentas y es incapaz de encajar a todos los cargos con los que se comprometió y garantizarles puestos de salida.

García-Escudero no fue siempre fijo como uno al Senado

Hay un caso que sirve para ilustrar la tensión del proceso. Es el de Pío García-Escudero, presidente de la Cámara Alta. Durante un par de días, desde el partido se trasladó que estaba en el aire que fuese a ser cabeza de lista por Madrid. ¿Su sustituto? El diputado Antonio González Terol, de la máxima confianza de Casado. También es alcalde de Boadilla. El enfado fue mayúsculo porque es un hombre clave no sólo en la Cámara Alta, por la experiencia acumulada, sino en el PP de Madrid. Preside la formación regional.

Para gran parte del nuevo PP, muy vinculado al aguirrismo, García-Escudero no es un dirigente cómodo precisamente por el enfrentamiento entre ambos a cuenta de Fundescam, la polémica fundación dependiente del PP de Madrid. Cuando estalló el escándalo, la expresidenta madrileña echó balones fuera señalando al presidente del Senado. "Pregunten a Pío, pío, pío...", fue su reacción.

A falta de cerrarse la lista de forma definitiva, Juan Carlos Vera, diputado por Madrid, secretario general del PP de Madrid, y uno de los 'fontaneros' de Génova, podría acompañar a García-Escudero al Senado como número dos. 

La impresión que queda con estos movimientos es que, en parte, Casado ha recurrido al Senado como Cámara en la que van a coincidir muchos de los pesos pesados de la etapa de Mariano Rajoy. Estos movimientos y la llegada de nuevas caras –algunas de miembros de las Nuevas Generaciones del partido– conducen a que la renovación en el Senado vaya a ser también importante. El presidente del PP ha cifrado la del Congreso en el entorno del 80%.

Si no hay cambios de última hora, Ignacio Cosidó, el portavoz en el Senado escogido por Casado, tendrá los días contados en esta Cámara. Eso es lo que opinan sus compañeros de partido. Senador designado por las Cortes de Castilla y León, la operación Kitchen y el whatsApp que reventó el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial no juegan a su favor. El presidente del PP podría haber optado por incluirle en las listas para que accediera al escaño de forma directa. Pero no lo ha hecho. Cosidó fue uno de los dirigentes conservadores que apostó por Casado desde el primer día. Estaba entre quienes le acompañaron a Génova a entregar los avales.

La 'lista' de Casado

En la noche de este jueves, el Comité Electoral Nacional, cerraba el listado de número uno al Senado, a excepción de Murcia. Entre los nombres están el del magistrado Fernando de Rosa por Valencia o el responsable de Deportes de Libertad Digital, Vicente Azpitarte por Granada.

El lunes 25 se cumple el plazo para la presentación de las listas en las juntas electorales. Las candidaturas completas darán algunas pistas de por dónde puede ir la lista al Senado, una plancha en la que se espera figure la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat.También, se despejará uno de los principales misterios: la candidatura por Madrid. Los nombres que acompañarán a Casado.

El líder del PP sereserva esta lista para incorporar a parte de sus colaboradores. Sería el encaje, por ejemplo, de su jefe de gabinete, Javier Fernández-Lasquetty, y de su economista de cabecera, Daniel Lacalle. O del presidente de la fundación del PP, Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, reconoció este martes que él hubiera elegido "otros nombres" para el nuevo Comité Ejecutivo del PP de Madrid. "Yo habría puesto otros nombres seguramente", manifestó Garrido, para agregar que a cada uno le toca elegir lo que es mejor.

El presidente se pronunció en este sentido a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de la renovación del Comité Ejecutivo, que se ha reforzado de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, informa Europa Press.

De este modo, contará, entre otros, con el jefe de gabinete de José Luis Martínez-Almeida y exconcejal del distrito de Centro, David Erguido, como presidente del comité electoral del PP de Madrid, y la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, como vocal del Consejo de Alcaldes del PP. Erguido fue interrogado hace un año por la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica y la segunda, investigada por un delito contra el medio ambiente en su época de concejal.

Fuentes de la dirección del PP madrileño insisten en que Erguido no está imputado. Y nunca ha sido citado como imputado ni siquiera como testigo por el juez.

Sobre Pérez Quislant, precisan que fue llamada a declarar en una investigación abierta por la denuncia de un vecino que se quejaba de malos olores en la depuradora de Húmera. Y que el caso nada tiene que ver con la corrupción.

Además, añaden que los fichajes son para poner a punto al partido de cara a los comicios de mayo.

Garrido agregó que en el caso de que tenga algo que decir al respecto lo hará a través de los órganos interno del partido.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se deshizo este martes del último cargo de representación pública que ostentaba. A las 10.30 de la mañana, dio entrada su carta de renuncia al escaño en el registro de la Asamblea de Madrid. Supone, además, su retirada de la política.

En su entorno precisan que se debe a una decisión personal, no a presiones del partido. De hecho, el acta es propiedad de los parlamentarios electos. No obstante, en el partido no ocultaban que su presencia era incómoda.

La decisión de Cifuentes, que el pasado día 25 de abril renunció a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el 27 a la presidencia del PP de Madrid se produce un día después de que Mariano Rajoy asumiera las riendas de la formación regional ubicando al frente a Pío García-Escudero. También un día después de que Ángel Garrido, el que fuera número dos de la expresidenta, fuese señalado por la dirección nacional del PP como candidato a la investidura para desempeñar la presidencia regional hasta la convocatoria de nuevas elecciones.

Escrito con el que Cifuentes renuncia a su escaño en la Asamblea de Madrid.

Con este gesto, Cifuentes y el PP se evitarán una imagen incómoda: la de la ella votando en la investidura de Garrido, siendo el foco de todas las miradas. La idea más extendida en la dirección nacional del partido era que renunciaría al escaño antes del pleno de investidura. Salvo cambios de última hora, se celebrará la próxima semana.

Con la renuncia al escaño, Cifuentes deja de estar aforada, por lo que sería juzgada como un ciudadano de a pie en el supuesto de resultar investigada en el caso de la cafetería de la Asamblea de Madrid o en el marco de cualquier otro escándalo. 

A lo largo de su carrera política, Cifuentes, que comenzó militando en Alianza Popular (AP), ha ostentado cargos de responsabilidad en la Asamblea de Madrid, en la Delegación del Gobierno y en el Gobierno regional. Hasta el estallido del caso del máster, era fija en las quinielas para suceder a Mariano Rajoy.

"El Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid".Partido Popular Así hablaba Mariano Rajoy el pasado 25 de abril en los pasillos del Congreso de los Diputados. Minutos antes, Cristina Cifuentes había convocado a los medios de comunicación para trasladarles que renunciaba a seguir al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La difusión de un vídeo en el que era descubierta tras, presuntamente, haber introducido un par de cremas en su bolso en un supermercado, se había sumado al caso del máster y decidió anticipar un final que, según ella, había previsto para el día Dos de Mayo, fiesta de la región. Dos días después dejaría también la presidencia del PP de Madrid. Este lunes, Rajoy desveló los recambios para ambos puestos y la impresión que queda, a ojos de las fuentes consultadas, es que esa nueva etapa "tendrá que esperar".

"Todo huele a provisionalidad", resume un diputado regional. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Rajoy opta por mantener a Ángel Garrido, número dos del Gobierno de Cifuentes. Mientras, para el PP de Madrid, el presidente de los conservadores ha recuperado a Pío García-Escudero. El presidente del Senado ya ocupó este puesto entre los años 1993 y 2004, cuando dejó la formación en manos de Esperanza Aguirre. Hace 25 años.

De ambas decisiones de Rajoy, es la de García-Escudero la que más ha sorprendido a los dirigentes consultados. Garrido no convencía del todo al grueso de la cúpula del PP por haber sido la mano derecha de Cifuentes y no implicar, por tanto, un giro radical, una ruptura con el pasado reciente. Al final, el presidente ha considerado que era la mejor persona para seguir dando "estabilidad" al Gobierno regional. Un Gobierno cuya gestión alabó este lunes el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo.

Pero con la elección de García-Escudero, algunas de las fuentes consultadas bromeaban con que se había derribado ese mito de que Rajoy es un hombre "previsible". "Ni aguirrismo, ni cifuentismo, aguirrismocifuentismo, un hombre para poner al PP de Madrid, harto de golpes, a punto", valora un diputado regional. Esta última idea, la de que es una persona de transición, era la más extendida este lunes en el partido. Aunque también había quien especulaba con que García-Escudero puede acabar siendo uno de esos "pesos pesados" del partido.

Pese a que García-Escudero no entra de ese perfil de renovación para el PP de Madrid en el que confiaban muchos de sus compañeros, las fuentes consultadas mantienen que el presidente del Senado es un político "respetado" por todos y que está en un puesto lo suficientemente alto como para tener mayores ambiciones. Su misión va a ser, interpretan, poner a punto al partido para los comicios de 2019. Para ello contará como número dos con Juan Carlos Vera, diputado por Madrid, coordinador de Organización del PP nacional y dirigente de máxima confianza de Rajoy. Ya desempeñó puestos similares en la gestora que Génova instauró en el PP de Madrid cuando dimitió Esperanza Aguirre en 2016. "Una buena opción para no quemar a otros", resumen.

Sin dar "pistas" a la oposición

En Génova son insistentes en que el órgano que liderará García-Escudero no es una gestora. Se respetarán, pues, la estructura interna del partido, pero el presidente del Senado tiene potestad para hacer los nombramientos que considere oportunos. Ahí será, señalan en el partido, donde se percibirá la renovación. Entre esos nombres se ubicará con casi total seguridad el de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP.

Hasta la marcha de Cifuentes, Casado era fijo en las quinielas para encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Cifuentes, por su parte, estaba llamada a repetir como número uno para la Comunidad de Madrid. Ahora, Casado sigue siendo fijo. Pero no está claro para cual de las dos instituciones madrileñas.

"Si Pío [García-Escudero] y Garrido son de transición, que así parece, Rajoy está evitando dar pistas a la oposición. Y, de paso, evitar que se desgasten", relata un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Junto a Casado, en sectores conservadores, se ha puesto sobre la mesa el nombre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

El presidente del Gobierno se ha tomado más de una semana para comunicar los nombres de quienes en los próximos meses llevarán las riendas del Gobierno y del PP madrileños. En este tiempo, desde el PP se especuló con diferentes perfiles e, incluso, con apartar a Garrido. "Rajoy ha demostrado que esas decisiones las toma él", valora un diputado.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, propondrá al Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará el próximo 15 de mayo, que dé su visto bueno a la elección de Pío García-Escudero como presidente del PP de Madrid. Compatibilizará esta labor con la de presidente del Senado.

Pío García-Escudero ya lideró los conservadores madrileños antes de Esperanza Aguirre y de Cifuentes. Lo hizo entre los años 1993 y 2004.

Será una comisión, un órgano previsto en los estatutos del partido, la que se encargue de llevar las riendas del partido hasta el próximo congreso regional. Está a medio camino de la gestora, según explicó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo en rueda de prensa. Esta comisión no disuelve los órganos del partido en Madrid, al contrario de lo que ocurre con la gestora. Pero sus nuevos responsables pueden hacer nuevos nombramientos. "No es una ruptura total, es una continuidad, pero con un nuevo impulso de personas que conocen al partido profundamente y que van a tener como principal misión designar a los candidatos en todos los Ayuntamientos madrileños y a la Presidencia de la Comunidad de Madrid", añadió Martínez-Maillo.

Aguirre: "Pregunten a Pío, Pío, Pío"

El pasado 2009, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre apuntó al elegido por Rajoy como líder del PP madrileño tras revelar el diario Público que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre por entonces, empleó una red de financiación paralela en las dos elecciones autonómicas del año 2003. La candidata era ella.

En una visita a la Universidad Carlos III, Aguirre no quiso entrar a precisar si la Comunidad de Madrid adjudicó contratos a empresarios que previamente habían financiado a la fundación Fundescam, dependiente del PP de Madrid. Ni dio datos sobre cómo funcionaba. Se limitó a señalar que en 2003 ella no era la presidenta del PP de Madrid: "En el 2003 yo no estaba [al frente del PP de Madrid]. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", espetó a puntando al ahora presidente de la Cámara Alta.

Juan Carlos Vera, número dos

Como números dos actuará Juan Carlos Vera, diputado por Madrid y coordinador de organización del partido, que ya fue secretario general de la gestora que presidió Cristina Cifuentes tras la marcha de Esperanza Aguirre.

Fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien trasladó al presidente del Senado esta decisión el domingo.

Compromís ha interpuesto denuncias contra los ayuntamientos de Ocaña (Toledo), Serratella (Castellón), Pajares de Laguna (Salamanca), Rionegro del Puente (Zamora), La Roda (Albacete), Nalvalmoral de la Mata (Cáceres) y Tórtoles (Ávila), en las fiscalías provinciales correspondientes, al no considerar el cambio de nombres franquistas de sus respectivos callejeros, lo que desde Compromís entienden que supone incumplir la Ley de la Memoria Histórica.

Según informa Compromís, las denuncias han sido presentadas para que "en caso que la Fiscalía no abra diligencias", "en los casos más flagrantes" se interpongan directamente querellas en los juzgados ordinarios.

"Esta es una primera tanda, que nos servirá también para explorar qué fiscalías son más proactivas a actuar en estos casos, qué argumentos nos dan y qué vías toman. La ley, si está en vigor se ha de cumplir en todos sus extremos y ha existido tiempo suficiente para poder cumplirla", apunta el senador valenciano.

El año pasado, Compromís se puso en contacto a través del Senado con más de 2.000 municipios que cuentan con calles con nombres relativos al franquismo, en una campaña iniciada por Mulet por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. A finales de año, informó de centenares de municipios que no habían contestado a la misiva del Senado a pesar de haber superado el tiempo dado por la institución. A todos ellos se les volvió a requerir la documentación, como paso previo a emprender acciones legales.

El partido valenciano explica que llevará ante la Justicia tanto a los ayuntamientos que no contestan, por un posible delito de desobediencia, como a los que no cumplen con la ley, por posibles delitos de prevaricación.

"También aquellos casos en los que se ha actuado de manera injuriosa, irrespetuosa o no se ha hecho caso a los requerimientos, se van a llevar ante la justicia", ha indicado Mulet.

De hecho, uno de los siete municipios denunciados es el de Pajares de Laguna, cuyo alcalde envió una carta con numerosos insultos hacia el presidente del Senado, Pío García-Escudero, a la propia formación de Compromís y contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La Cámara Alta ha denunciado igualmente al alcalde.

Juan Pablo González, nuevo miembro del tribunal que debe juzgar el caso de los papeles de Bárcenas, se convirtió en 2001 en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y tras una votación del Senado en la que participó uno de los dirigentes de la formación conservadora mencionados en esos papeles: Pío García Escudero, actual presidente de la Cámara Alta. Así lo confirma el vídeo de aquella jornada parlamentaria, celebrada el 6 de noviembre de 2001 y al que ha tenido acceso infoLibre.

Este diario contactó con una portavoz de García Escudero por si el presidente del Senado consideraba oportuno hacer alguna aportación o matización sobre el asunto. La portavoz rehusó cualquier pronunciamiento.

Las imágenes de la sesión confirman que uno de los principales acusados en el primer juicio de Gürtel, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, coordinador electoral del PP durante gran parte del periodo que abarcan los papeles de Bárcenas y exmarido de Ana Mato, también participó en aquella votación del Senado.

Los manuscritos en los que durante dos décadas Bárcenas fue anotando los movimientos de la caja B del PP reflejan, justamente en diciembre de 2001, un apunte contable según el cual Pío García Escudero devolvió un millón de pesetas. El tesorero anotó que se trataba de la primera devolución parcial del préstamo ("devol. Antic. Atentado") que el partido le había hecho al entonces presidente del PP madrileño para reparar su casa tras los graves daños causados por un coche bomba de ETA.

García Escudero ha declarado dos veces como testigo en relación a Gürtel: en mayo de 2013, ante el juez Pablo Ruz y por la pieza de los papeles de Bárcenas; y en julio de este año, en el primer juicio de la serie encomendada a la Audiencia Nacional. En ambas ocasiones, el senador admitió haber recibido un préstamo del PP, pero sostiene que fue de cuatro millones de pesetas (24.000 euros) y no de cinco (30.000 euros), que es lo que recogen las "anotaciones extracontables" del extesorero. Y niega haber reintegrado el dinero en metálico. 

La apariencia de imparcialidad

Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre entre quienes ejercen la acusación popular en Gürtel consideran relevante la confirmación de que García Escudero participó en la votación tras la que Juan Pablo González se incorporó al nuevo plantel de vocales del CGPJ a propuesta del PP y tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Porque –razonan las citadas fuentes– ese dato añade elementos para la recusación del juez González. "Que le votara alguien que está en los papeles de Bárcenas da más motivos no para cuestionar su independencia pero sí la apariencia de imparcialidad". Como publicó el miércoles este diario, las tres acusaciones populares personadas en la pieza de los papeles de Bárcenas se plantean recusar a Juan Pablo González.

Ese, el de que la apariencia de imparcialidad podía verse dañada, fue el argumento esencial por el que la actual presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, terminó apartada –previa recusación– de todas las causas derivadas del tronco común de Gürtel. Tanto Espejel como González pertenecen a un sector de la magistratura muy cercano al PP, que ha mimado sus carreras gracias a un sistema que en la práctica deja el ascenso de los jueces en manos de los partidos mayoritarios. Pese a su apartamiento forzoso de Gürtel, Espejel acudió, deliberó y votó el 20 de noviembre en la sesión de la sala de gobierno de la Audiencia que acordó cambiar sobre la marcha y a última hora la composición del tribunal responsable de dirigir el juicio de la pieza de mayor calado político, la de la caja B. 

En el caso de Espejel, la Fiscalía Anticorrupción cimentó la recusación con un argumento que había pasado inadvertido a las acusaciones populares: que el propio Luis Bárcenas, el acusado de mayor peso político en todas las piezas de la causa, había participado en la votación del Senado que en 2008 propulsó a la jueza hasta un asiento en el CGPJ. Entre Bárcenas y García Escudero, y así lo admiten las fuentes sondeadas por este diario, no cabe paralelismo dado que sobre el presidente del Senado no pesa la menor sospecha de responsabilidad penal. "Pero el simple hecho de que aparezca en los papeles de Bárcenas ya lo sitúa en el escenario respecto del cual tendrá que pronunciarse el tribunal al que ahora pertenece Juan Pablo González".

Y ese escenario es el siguiente: aunque la investigación se ha reabierto parcialmente tras la explosiva declaración judicial de Francisco Correa, a día de hoy no ha podido acreditarse que quienes hacían donaciones en B obtuvieran en contrapartida contratos públicos. Pero el foco se sitúa de manera inequívoca sobre los manejos de la caja B, cuya existencia niega el PP. Además de contra Bárcenas el auto de apertura de juicio de la pieza de los papeles se dirigía también contra su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, exonerado por "demencia sobrevenida". Siguen abocados al banquillo el gerente del PP de esa época, Cristóbal Páez, los dos arquitectos de la empresa que reformó la sede del partido, Unifica, y una de sus empleadas. Según la investigación, para esa reforma se utilizó dinero negro.

¿Y puede pesar en favor de la recusación el hecho de que el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, acusado de primera línea en el juicio inaugural de Gürtel, también depositara la papeleta en la urna del Senado que en 2001 terminó elevando a Juan Pablo González al órgano de gobierno de los jueces? Las fuentes pulsadas por este diario se muestran más cautas en ese punto. Pero remiten a un párrafo del escrito con que la Fiscalía defendió el apartamiento de Espejel y de otro magistrado también afín al PP, Enrique López, cuando ambos se enfrentaron a la tercera recusación: "El enjuiciamiento de cualquiera de las piezas separadas de las DP [Diligencias Previas] 275/08 [el caso Gürtel] por los dos magistrados ya apartados en otras dos piezas separadas dimanantes del mismo procedimiento hará que, dada la íntima cohesión entre todas ellas, resulten ilusorias las decisiones ya adoptadas por el pleno de la Sala [de lo Penal de la Audiencia Nacional]". ¿Por qué? Pues porque, "desde luego, las dudas iniciales sobre su parcialidad o interés también se comunican a todas las piezas derivadas de la misma causa". "Sepúlveda no está imputado en la pieza de la caja B pero sí en la que acaba de juzgarse. Y todas derivan de un solo tronco común".

Los principales representantes de Podemos, Izquierda Unida, En Comú y En Marea enviaron sendas cartas a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García-Escudero, protestando por el Consejo Asesor creado para los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución de 1978, que consideran "sesgado y excluyente", además de no respetar la paridad.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, dicho Consejo Asesor, que celebrará el próximo lunes su primer reunión en el Congreso, está conformado por 35 miembros de trayectoria "contrastada", entre los cuales se encuentra un padre de la Constitución, así como catedráticos, filósofos o especialistas de la cultura y el arte.

Su misión, según acordaron en su día las Mesas del Congreso y del Senado en reunión conjunta, es preparar los actos que se van a ir organizando a lo largo de los próximos meses, desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 6 de diciembre de 2018.

Todos sus candidatos han quedado fuera

En la carta, que va encabezada por los representantes de Unidos Podemos en la Mesa del Congreso, Gloria Elizo y Marcelo Expósito, se denuncia que "ni uno solo" de los nombres que propusieron para que formaran parte de ese Consejo Asesor haya sido aceptado, pese a que desde ambas mesas se les invitó a participar en el diseño del 40 aniversario de la Constitución. De hecho, Expósito fue seleccionado para integrar este órgano.

Unidos Podemos hizo llegar a la presidenta del Congreso un listado de nombres para que pudieran aportar visiones complementarias a las personalidades ya propuestas, "perfiles –precisan– acordes con los tiempos políticos actuales y de cambio que han llegado al Congreso".

Entre estos nombres se encontraban, entre otros, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional; José Antonio Martín Pallín, que ha sido fiscal del Tribunal Supremo; o María Eugenia Rodríguez Palol, profesor de Filosofía del Derecho, todos ellos especialistas en la Constitución de 1978.

Monedero entre los nombres excluidos

También proponían a la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, Boti García Rodrigo, "una de las más destacadas figuras públicas en el reconocimiento de los derechos civiles de los LGTBI" desde la dictadura y durante la Transición", o José María "Chato" Galante, "reconocido luchador por la democracia, las libertades y la memoria histórica".

Las fuentes consultadas añaden que otro de los nombres que Unidos Podemos había puesto encima de la mesa era Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos.

Unidos Podemos subraya que tenían "la mejor voluntad" de colaborar en el diseño "plural" del citado Consejo Asesor, pero critican que, al final, ha quedado "sesgado" en favor de una representación de filiaciones políticas "conservadoras" a la hora de interpretar la Constitución, "excluyéndose de manera ostensible voces más favorables a someter el texto constitucional a debates más profundos que nostálgicos".

Censuran que sus propuestas no hayan sido "respetadas", pese a representar la tercera fuerza política del país. "Nos parece triste y grave que se esté diseñando este 40 aniversario de una manera tan sesgada y excluyente", apuntan.

Ni se acerca a la paridad

Pero, además, denuncian que sólo haya 27 hombres frente a seis mujeres en dicho órgano, algo que queda muy lejos de la paridad del 60 y 40% por cada sexo.

"Debemos celebrar y debatir la Constitución, no convertirla en una losa sobre el presente ni en un candado frente al futuro", señala la carta que firman también Pablo Iglesias e Irene Montero (Podemos), Alberto Garzón (IU), Xavier Domènech (En Comú) y Yolanda Díaz (En Marea).

Por ello, y porque, según indican, fueron elegidos para tener "voz propia" y no para ejercer de "comparsas", Unidos Podemos apela a la responsabilidad de los presidentes del Congreso y del Senado para conformar unos órganos de trabajo "adecuadamente representativos, incluyentes y plurales" ante la celebración del 40 cumpleaños de la Constitución.

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, también declaró como testigo este miércoles en el juicio de la primera etapa del caso Gürtel. Lo hizo tras el paso de Mariano Rajoy por la sala de vistas y siguió la misma estrategia que el presidente del Gobierno. "Mi preocupación principal era el tema político. Yo no me ocupaba de la financiación", repitió desde el mismo sitio que ocupó Rajoy minutos antes el que fuera presidente del PP de Madrid entre 1993 y 2004. "Mi función y responsabilidad era estrictamente política", insistió.

Durante los 40 minutos que duró su declaración, Escudero fue preguntado por la financiación de las campañas electorales, por donativos al partido o por las contrataciones. La respuesta, siempre en la misma línea: "El presupuesto de la campaña era cosa del tesorero regional", "todo lo relacionado con la financiación es responsabilidad de tesorería, no de la parte política del partido", "la contratación y pago de proveedores era responsabilidad del área administrativa".

El presidente del Senado también fue cuestionado durante su declaración, que se ha realizado a petición de la representación del acusado Guillermo Ortega –exalcalde de Majadahonda imputado en el proceso–, por el power point, desvelado por el diario El Mundo, con el que el partido presuntamente enseñaba a sus alcaldes a financiar irregularmente sus campañas. "No lo he visto en mi vida", sostuvo el expresidente del PP de Madrid.

Escudero también confirmó que en 2000 recibió "por transferencia bancaria" un préstamo del PP "por valor de 4 millones de pesetas" que posteriormente devolvió "en cuatro talones bancarios, cada uno de un millón". Un dinero que, dijo, pidió después de que un atentado de ETA destrozase su casa.

Sobre la relación con Francisco Correa y Álvaro Pérez, afirmó que era "sólo una relación de trabajo". Sobre el señalado como líder de la trama corrupta, señaló que durante una cena le intentó regalar un reloj que rechazó "inmediatamente".

La declaración del presidente del Senado tendrá lugar justo después a la del jefe del Ejecutivo, fijada a las 9.30 horas del mismo día, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal señaló esta fecha tras recibir la "comunicación de la directora del Gabinete de Presidencia del Senado", tal y como indica la diligencia de ordenación emitida por la letrada de la Administración de Justicia —anteriormente denominado secretaria judicial—.

Por su posición institucional, García-Escudero tiene derecho a acogerse al artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que la citación "no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo". Además, fuentes cercanas al presidente del Senado informaron a Europa Press que García-Escudero se sometió este miércoles a una operación quirúrgica.

La resolución señala que esta decisión no es firme y que cabe contra ella interponer recurso de reposición ante la secretaria judicial en el plazo de tres días desde su notificación. García-Escudero comparecerá como testigo a solicitud del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega —para el que la Fiscalía pide 50 años y cuatro meses de prisión— por haber ostentado el cargo de presidente de los conservadores madrileños (1993-2004), así como el de coordinador nacional de la formación política en diversas campañas electorales.

Aceptada la declaración por mayoría

El tribunal que juzga a los 37 acusados de participar en la trama Gürtel entre los años 1999 y 2005 aceptó esta prueba por "mayoría, que no por unanimidad" —tal y como dijo el presidente del mismo, el magistrado Ángel Hurtado, cuando anunció la admisión de la testifical— porque considera que la declaración del presidente del Senado es ahora relevante. Ya fue rechazada al inicio del juicio —que comenzó el 4 de octubre de 2016— cuando la anterior letrada de Ortega la solicitó.

Por su parte, Hurtado emitió un voto particular en el que discrepaba del criterio de sus compañeros —los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego— y aseveró que esta prueba no servirá para esclarecer ningún hecho porque la testifical de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no aportó "nada nuevo de relevancia".

Una de las razones que esgrimió el abogado de Ortega, César Cánora, en el escrito de solicitud de la declaración era que Aguirre y el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato comparecieron en este juicio como testigos, donde manifestaron no conocer ni saber nada de cómo se financia el PP madrileño ni sus sedes municipales. En esta línea, recordó que al exalcalde de Madajahonda se le atribuye, entre otras cosas, la financiación ilegal de la formación política de dicho municipio.

Declaración "necesaria"

Por ello, recalcó que el testimonio del presidente del Senado, que por entonces era líder de los conservadores madrileños, es "necesario" y "fundamental" y, sobre todo, cuando Rajoy también está citado a declarar —a petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)—, por los mismos motivos al haber sido secretario general del partido y "máximo responsable" de distintas campañas electorales. Ante esto Hurtado recriminó que no se podía tener en cuenta una declaración que aún no ha tenido lugar.

El presidente del Senado salió a luz en varias ocasiones durante todo el procedimiento del caso Gürtel no solo por sus cargos de responsabilidad en la formación política. Unos meses después de estallar la investigación de la trama corrupta, Pio García-Escudero admitió haber recibido un reloj "caro" del cabecilla de la mismacabecilla, Francisco Correa, el cuál fue devuelto porque, según dijo, "hay que saber dónde está el límite de la obtención de esos regalos y el valor de esos regalos".

Posteriormente, la que fuera secretaria de Correa, Maica Jiménez, detalló en una conversación que fue grabada que el presidente del Senado era un "gran amigo" de Correa y le implicó, al igual que a otros dirigentes conservadores, en el recibo de sobres con dinero. La empleada de la Gürtel se retractó de estas afirmaciones cuando declaró ante el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Además, en mayo de 2013 declaró como testigo ante el entonces juez instructor Pablo Ruz —quien se desplazó hasta su despacho oficial en la Cámara Alta—, en el marco de la pieza separada en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP atribuida al extesorero Luis Bárcenas por los denominados Papeles de Bárcenas.

En esta ocasión, García-Escudero admitió haber percibido sobresueldos de 700.000 pesetas mensuales (unos 4.200 euros) entre los años 1999 y 2003 por las funciones que desempeñaba en el Grupo Popular en el Senado, los cuáles, aseguró, fueron tributados a Hacienda. También, reconoció haber recibido del PP 24.000 euros en el año 2000 que correspondía a un préstamo que le hizo la formación política para rehabilitar su vivienda en Madrid tras sufrir un atentado de ETA.

Pío García Escudero, presidente del Senado, tendrá que declarar como testigo en el juicio por la trama Gürtel para explicar cómo se financiaba el Partido Popular en su etapa como presidente del partido regional en Madrid, según adelanta la Cadena Ser.

El tribunal accede así parcialmente a la petición de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda por el PP, cuyo abogado reclamó esta declaración porque todos los altos cargos que han comparecido hasta ahora, como Álvarez Cascos o Esperanza Aguirre, han afirmado desconocer cómo se financiaba la formación local.

Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP regional y José Manuel Fernández Norniella, excoordinador regional de campaña electoral, condenados por el caso de las tarjetas black también han sido citados a declarar. 

El tribunal del caso ha citado como testigos a la exdiputada del PP, Carmen Rodríguez Flores, y al exconcejal del mismo partido en Madrid, Jorge Barbadillo, también a petición de la defensa de Ortega.

Los magistrados pretenden tomar declaración a los testigos a partir del 19 de julio y antes del 26 de este mes, fecha en la que está citado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El presidente del Congreso, Patxi López, se trasladó a la residencia oficial que le corresponde por su cargo institucional y lo hizo "por motivos de seguridad", según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La vivienda, un edificio situado en el céntrico barrio de Los Jerónimos, se encontraba deshabitada desde finales 2011. Su último inquilino fue el socialista José Bono, quien la utilizó de forma ocasional porque la mayoría de los días viajaba hasta su domicilio familiar en Toledo.

López tiene alquilado un piso en un céntrico barrio de Madrid, si bien los servicios de seguridad consideran que no reúne las medidas necesarias para garantizar su protección, por lo que le recomendaron trasladarse a la residencia reservada para los presidentes del Congreso.

Asumirá los gastos personales de manutención

Las fuentes consultadas subrayaron que ese traslado no implicará ningún aumento de los gastos que el mantenimiento de esa vivienda ya tenía, puesto que el exlehendakari va a hacerse cargo de los gastos personales de manutención.

Su antecesor en el cargo, el popularJesús Posada, renunció al inicio de la pasada legislatura a hacer uso de esa vivienda, en su caso por contar con residencia propia en Madrid. Lo mismo hizo el presidente del Sernado, Pío García Escudero, que siempre vivió en la capital española.

En los últimos días han sido varios los anuncios de partidos políticos y comunidades autónomas demandando al Senado que convoque a la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Se trata del órgano que, entre otros asuntos, se encarga de poner en marcha todos aquellos procedimientos "que considere oportunos sobre materias de naturaleza autonómica, con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas", según figura en el reglamento de la Cámara alta. Además, tiene la obligación de celebrar, una vez al año, una sesión cuyo único punto del orden del día esté dedicado a efectuar un balance de la situación de las autonomías.

El Senado, siempre en el punto de mira por no ejercer de verdadera Cámara de representación autonómica y siempre envuelto en procesos de reforma que nunca llegan a cuajar, no ha acogido este tipo de sesiones en comisión en los últimos años. Pero tampoco ha cumplido con su reglamento en un punto también relacionado con la política territorial de mayor relevancia todavía: la celebración de una sesión plenaria monográfica dedicada a analizar anualmente el estado de las autonomías. Para dar con el último debate de este tipo celebrado en el Senado hay que viajar hasta el año 2005. 

Según se informa en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fue el 9 noviembre de ese año cuando concluyó el debate sobre el estado de las autonomías. Había comenzado dos días antes y en este participaron el presidente del Gobierno, por aquellas fechas José Luis Rodríguez Zapatero, los ministros de su gabinete y 15 presidentes autonómicos más los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Vigente desde 1994

Es el artículo 56 bis 8 de las normas de funcionamiento de esta institución el que establece esta obligación: "El Senado celebrará anualmente una sesión plenaria cuyo orden del día se dedicará íntegramente a analizar el estado de las autonomías. Este debate podrá dar lugar a la presentación de mociones al amparo de lo dispuesto en el reglamento".

Este incumplimiento, no obstante, no se remonta solamente a la última década. Además del ya citado de 2005, este tipo de debates sólo se han celebrado en los años 1994 y 1997. Fue en 1994 cuando el reglamento del Senado introdujo esta obligación.

Como ocurrió en la campaña electoral que condujo a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, todos los partidos políticos que concurren a las urnas lo hacen con la promesa de convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial. Eso, sobre el papel. Porque en la práctica, y los datos facilitados anteriormente lo demuestran, pasan los años y no hay un solo avance.

En la última legislatura la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebró sólo nueve sesiones. El reparto fue el siguiente: una reunión en 2012, cinco en 2013, dos en 2014 y una en 2015. En lo que tiene que ver con su actividad, tramitó dos iniciativas legislativas, 15 preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, y otras 20 iniciativas, sobre todo mociones, covenios e informes.

Peticiones a la comisión

En la última semana han sido dos las ocasiones en las que bien desde las comunidades autónomas o desde los partidos se ha demandado una reunión de la Comisión General de las Comunidades del Senado. 

El pasado día 16, el PSOE registró un escrito en la  en el que reclama la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para acordar la apertura de un calendario de comparecencias de los máximos responsables de la Administración General del Estado y de las distintas autonomías en materia educativa a fin de que informen en la Cámara alta sobre la entrada en vigor de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)(LOMCE).

La iniciativa, según informaron fuentes socialistas, contó con el respaldo y la firma de 20 senadores del PSOE, Podemos, Grupo Vasco y DyL. La intención es elaborar un informe con una serie de recomendaciones que después será enviado al Gobierno. Gobierno.

Demanda del Gobierno canario

Este mismo lunes, el consejero de Agricultura del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, avanzó que el Consejo de Gobierno había acordado reclamar la celebración de una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. ¿El motivo? Según informó Europa Press, Quintero consideró "vital" una reunión de este órgano porque dado que el Gobierno central está en funciones hay situaciones en las que el Ejecutivo insular no puede seguir avanzando.

En lo que va de legislatura, esta comisión se ha reunido solo en una ocasión, según puede consultarse en la página web del Senado. Fue el martes 9 de febrero. El objetivo de la misma fue el de su constitución.

La mesa –órgano de gobierno– de esta comisión está integrada por siete senadores. La preside Juan José Imbroda, presidente de Melilla (Partido Popular). Sus portavoces son siete y 42 sus vocales.

Iniciativas tramitadas

En lo que va de XI legislatura ha sido tramitada una iniciativa, el "Convenio con el Gobierno de Navarra, L'Office Public de la Langue Basque y las Diputaciones Forales, para poder presentar el Proyecto del Sistema de Indicadores del Euskera (EAS) a las ayudas europeas POCTEFA 2014-2020".

Además, hay dos mociones en tramitación. Una, del Grupo Mixto "por la que  por la que se insta al Gobierno a la reforma del sistema de financiación autonómica", y otra del Grupo Podemos-En Comú-Compromís-En Marea, "por la que se insta al Gobierno a garantizar las emisiones de todas las televisiones y radios realizadas en la lengua común de los valencianos, catalanes y baleares en el conjunto del dominio lingüístico, así como a facilitar la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias".

Conferencia de presidentes

También el Senado es la sede que tradicionalmente ha acogido a la conferencia de presidentes autonómicos, el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Fue creada en 2004. Y, desde esta fecha, sólo se ha reunido en los años 2004, 2005, 2007, 2009 y 2012. 

La Presidencia de Congreso y Senado en manos del PP ya es historia. Atrás quedó la mayoría absoluta de la legislatura 2011-2015. En esta, la que arrancó tras las generales del 20 de diciembre, el Partido Popular sólo dispondrá de la presidencia del Senado. Y el candidato vuelve a ser el mismo: Pío García-Escudero.

Según sostuvo Rajoy este martes ante la Junta Directiva Nacional del PP, "no hay un acuerdo cerrado". Pero, añadió que, en principio, "el PP tendría tres [puestos de la Mesa del Congreso], Ciudadanos, dos; el PSOE, dos y Podemos, dos". La Presidencia de la Cámara sería para el PSOE y para su partido la vicepresidencia primera y la secretaría primera.

Celia Villalobos, Ana Romero y Alicia Sánchez Camacho

ocuparían los tres puestos del PP en la Mesa del Congreso, Cámara que presidirá el socialista Patxi López.

"En el Senado, el portavoz [será] José Manuel Barreiro y el secretario Javier Arenas; y en el Congreso, el portavoz Rafael Hernando Portavoz y secretario José Antonio Bermúdez de Castro", añadió Rajoy. Continuidad con una única novedad, la de Javier Arenas.

Con este paso, Rajoy cumplía con los trámites de informar a la plana mayor del partido sobre los nombres que propondrá su formación este miércoles en la sesión constitutiva de sendas Cámaras.

Sólo un día después de las elecciones, cuando los conservadores vieron que su mayoría era muy raquítica, ya empezó a instalarse en el Partido Popular la idea de que presidir el Congreso de los Diputados era una competencia que tenía pocas papeletas de recaer sobre ellos. Pese a ello, el mensaje puertas afuera de todas estas semanas ha sido el de que les correspondía seguir ocupando ese puesto porque habían sido la formación más votada.

Ningún problema tendrá el PP, por el contrario, para retener la Presidencia del Senado, Cámara en la que sí retienen la mayoría absoluta.

Además de insistir en su mensaje respecto a Cataluña de los últimos días, Rajoy  lanzó un mensaje en clave interna. "Vamos a convocar el Congreso Nacional del partido cuando se despeje la situación a nivel nacional, cuando haya un Gobierno. Después convocaremos todos los Congresos regionales y todos los Congresos provinciales en el periodo de tiempo más corto posible para, a partir de entonces, comenzar a continuar con lo que es la propia actividad partidaria. Creo que esto es lo más razonable, creo que es lo más ordenado y creo que es lo menos arriesgado y pido el apoyo de todos para esto".

Con estas declaraciones, Rajoy intenta lanzar un mensaje de continuidad. Y cortar esa tesis que apunta a que podría ceder su puesto a otro cargo del PP para facilitar su investidura. Estatutariamente, en el caso de convocarse nuevas elecciones Rajoy volvería a ser el candidato. Así quedó establecido en el XVI Congreso Nacional del PP de junio de 2008.

El proceso

El Congreso y el Senado resultantes de los comicios se constituirán el próximo 13 de enero, según quedó por escrito en el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de los comicios aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre. Esto ocurre un día antes de la fecha tope para que las Cámaras puedan echar a andar, ya que la normativa determina que tendrán que constituirse en los veinticinco días posteriores a la celebración de las elecciones.

Las sesiones constitutivas comenzarán a las 10 de la mañana. El primer paso será elegir a los miembros del órgano de Gobierno de Congreso y Senado. Será presidente la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos. Es posible que los sustitutos de Jesús Posada y Pío García Escudero no sean elegidos en la primera votación, si no se configuran pactos para formar una mayoría absoluta a lo largo de la tarde de este martes. Esto llevaría a una segunda ronda entre los dos candidatos que en cada Cámara hayan logrado más apoyos, en la que basta con la mayoría simple.

Acto seguido, los elegidos para integrar las Mesas ocuparán sus puestos y los nuevos presidentes solicitarán a los parlamentarios electos que juren o prometan acatar la Constitución.

Pero todavía queda lo más complicado. Una vez constituidas las Cámaras, el presidente del Congreso informa al rey y éste abrirá una ronda de contactos con las formaciones que hayan obtenido representación parlamentaria para poder proponer al candidato a La Moncloa. Una vez decidido, se comunica el nombre al presidente de la Cámara baja para que busque fecha para el Pleno de investidura.

No hay un plazo fijo para la convocatoria de la sesión de investidura. La costumbre marca que tenga lugar unas dos semanas después de la constitución de las Cámaras, lo que nos llevaría a finales de enero o principios de febrero. En esa sesión, el candidato propuesto expone su programa y los demás portavoces parlamentarios hacen uso del turno de palabra.

El candidato resulta elegido si consigue la mayoría absoluta, ubicada en 176 escaños. Si no lo logra habrá una nueva votación dos días después. En esta bastará con mayoría simple (más votos a favor que en contra). Pero puede ocurrir que no quede solucionado ese día y que tengan que celebrarse más sesiones. En el caso de que transcurran dos meses sin investir presidente tendrían que convocarse nuevas elecciones.

El juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata, citó a declarar este martes, como testigo a Maica Jiménez, secretaria entre 2001 y 2003 del presunto líder del caso Gürtel, Francisco Correa, para que confirme la grabación en la que, entre otras cosas, detallaba las relaciones de su jefe con el presidente del Senado, Pío García-Escudero.

El magistrado interrogará también a la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) Ana Garrido, que grabó a la exsecretaria de Correa diciendo que el presidente de la Cámara Alta era uno de los dirigentes 'populares' que solía visitar el despacho de Correa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, De la Mata también atiende la petición de la Fiscalía y cita a declarar a Fausto Cabrera Gutiérrez y a Arturo González Villarroya, hijo del que fuera alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Los tres declararán con la condición de testigos y, por tanto, con la obligación de decir verdad.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel, pidió la declaración de Jiménez y Garrido destacando la "pertinencia" de esta diligencia ya que en su conversación "se da cuenta de hechos objeto de investigación en la presente causa".

ADADE, de orientación progresista, recalcó que en la grabación, que Garrido realizó a escondidas y después entregó a la Policía Local de Boadilla, "se relatan las visitas al despacho de Francisco Correa del imputado Luis Bárcenas", extesorero del Partido Popular (PP), y "otros destacados cargos públicos" de esta formación.

La acusación, la primera que pidió esta diligencia, presentó un escrito, en el que recordaba que en la conversación se podía escuchar a las interlocutoras diciendo que dirigentes 'populares' accedían al despacho del presunto líder de la trama Gürtel "a altas horas de la noche y salían del mismo portando sobres que podrían contener dinero en efectivo".

"Bárcenas salía con sobres"

En concreto, la secretaria detalla en la conversación que vio a Bárcenas en el despacho de Correa "una sola vez, a altas horas de la noche, cuando no había testigos y el portero ya había acabado su jornada laboral". "Bárcenas, tras despachar con Correa, salía con sobres", comenta, según consta en la transcripción de la charla que hizo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.

El informe policial, al que también tuvo acceso Europa Press, añadía que, además de a Bárcenas y a su hermano José, la secretaria de Correa vio en la sede de Special Events, en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, a otros políticos 'populares'.

Entre ellos cita al presidente del Senado, Pío García Escudero, al que define como "un gran amigo" de Correa, al exdiputado Jesús Merino, al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, al empresario Jesús Calvo Soria, el exalcalde de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega o al exconcejal José Luis Peñas.

"Putas para altos cargos"

La secretaria también relata que Correa pedía "chicas altas, rubias y que sean putas para relacionarse con gente muy importante" y, en concreto, con "altos cargos". "Paco también daba ese tipo de prebendas. Decía: 'Necesito necesito chicas altas, rubias, que sean putas para relacionarse con gente muy importante'", explica Jiménez.

"¿Para quién eran, para la gente de los sobres?", le pregunta en ese momento Garrido refiriéndose a la relación de antiguos cargos del Partido Popular (PP) imputados en el procedimiento. "Para altos cargos", contesta la secretaria, quien asegura en la conversación que al extesorero Luis Bárcenas "nadie le tosía" cuando dirigía las finanzas de la formación.

Sobre los sobres que repartía Correa, la secretaria asegura que "no llevaban nombres sino siglas" y que no se entregaban en esta oficina sino en la de la calle Blasco de Garay, en la que estaba situada la sede de Pasadena Viajes, que, según dice, le organizaba "viajes al hijo de Aznar". Esta información, según apunta, se la dio el contable de la trama, José Luis Izquierdo.

El sicario de Correa

En otro punto de la grabación la secretaria explica que llegó a denunciar a Correa tras haber sufrido "mobbing y vejaciones". Según dice, éste le hacía "quedarse hasta las tantas" en la oficina después de que acabaran sus reuniones en los hoteles Sanvy o Fénix de Madrid.

También dice que una excompañera de trabajo, de nombre Carmen, le advirtió de que nunca contara nada sobre la compañía. "Maica, ni se te ocurra dar información sobre la empresa porque conozco a Paco y, si se entera, te manda un sicario. Paco no se anda con chiquitas", afirma que le dijeron.

La trabajadora confía a Garrido que "no tiene documentación que aportar" en vistas de una posible denuncia aunque "en su día sí tuvo la agenda de Francisco Correa, donde había mucha información de interés". Aún así, recoge el informe policial, "no pensó en llevársela cuando se marchó de la empresa".

Jiménez detalla, asimismo, que el lugarteniente de su jefe, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', "organizó la boda de Ana Aznar, hija del expresidente del Gobierno, y Alejandro Agag "con dinero de Special Events". No obstante, desconoce cómo se facturó porque de esa tarea se encargaba Izquierdo, "en cuyo despacho estaba la caja fuerte".