El problema de la vivienda es fundamentalmente un alojamiento asequible a la economía del que la necesita. El desequilibrio existente entre el precio de la vivienda y la capacidad de renta de los hogares hace que muchos tengan que hacer un esfuerzo económico excesivo o, incluso, que no puedan acceder al mercado. Le Ley por el derecho a la vivienda orienta la intervención pública a incrementar la oferta en alquiler a precios asequibles. Desde el preámbulo de la ley se recuerda el fracaso de la política de ayudas a la compra, recordando que los 5,7 millones de viviendas construidas, para solucionar el problema con dinero público entre 1960 y 2022, han pasado al mercado libre y las plusvalías generadas han quedado en manos privadas. 

Sin embargo, el Gobierno ha puesto en marcha a través del ICO una línea de avales para “facilitar que unos 50.000 jóvenes y familias con menores a cargo adquieran su primera vivienda”. Es una iniciativa que ya están instrumentando varias Comunidades Autónomas (Madrid, Murcia, Valencia, La Rioja) y que venía reclamando la banca. Sorprende que, tras anunciar políticas con las que concentrar, por fin, los recursos públicos en el alquiler, el Gobierno retome este tipo de medidas, de demostrada ineficacia y con efectos negativos fácilmente previsibles. 

Se argumenta que la línea de avales permitirá acceder al mercado de compra a un mayor número de familias, que además de convertirse en propietarias se verán liberadas de unos alquileres inasumibles. La medida va a suponer que aumenten las compras, ya que los hogares no tendrán que disponer de unos ahorros en torno al 30% del precio de la vivienda para que el banco les conceda la hipoteca. 

Los avales dan garantías al banco para que preste el 100% del precio de la vivienda, pero nos engañamos si pensamos que ello supone un incremento de la capacidad de renta de las familias avaladas. Ofrecer avales para endeudarse al 100% puede ser más un riesgo que una auténtica solución para los hogares, que podrán verse atrapados en unas arriesgadas exigencias de pagos durante muchos años.

Durante la formación de la última burbuja inmobiliaria (finales de los noventa y comienzos del siglo actual) las entidades financieras ofrecían directamente el 100% del valor de la vivienda, incluso a hogares que después no tuvieron capacidad de devolución. El aumento de la demanda sin suficiente capacidad de endeudamiento no solo contribuyó al encarecimiento de la vivienda, también disparó los desahucios. La naturaleza de la actuación, los requisitos exigidos a los hogares y la indeterminación de ámbitos de aplicación ponen de manifiesto que la medida de conceder avales, por un importe total de 2.500 millones de euros en el bienio 2024-2025, no está pensada para ayudar a los hogares con mayor dificultad. 

Los avales aportan seguridad e impulso al negocio de las instituciones financieras que conceden las hipotecas. Beneficia a los promotores que tienen un stock de viviendas por vender y también al resto de los segmentos de la oferta, incluido el de la segunda mano. Por la propia dinámica del mercado, los avales animarán la demanda —más hogares con más dinero— y ello provocará la subida de los precios, lo que pone de manifiesto que esa medida a quien realmente ayuda es a la oferta. 

La política de vivienda debe ser algo más que un titular. Es obvio que el problema de la vivienda tiene una gran complejidad y que requiere de diversas y, sobre todo, nuevas líneas de actuación, pero difícilmente se reducirán las dificultades para disponer de una vivienda mientras no exista un parque de vivienda en alquiler a precios asequibles capaz de facilitar alojamiento al menos a una cuarta parte de los hogares. El gran peso de los sectores inmobiliario y de la construcción en la economía española y su fuerte incidencia en los ingresos de las haciendas locales contribuyen a que el carácter social de las políticas de vivienda quede postergado y desdibujado, como en el caso de esta línea de avales, por la fuerza de los intereses económicos.

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Julio Vinuesa Angulo y José M. de la Riva Ámez son geógrafos.

Centenares de empleados de banca protestaban este viernes ante las oficinas centrales de Caixabank en Valencia mientras su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, anunciaba los 2.457 millones de euros que ha ganado la entidad entre enero y septiembre de este año. En Madrid, en A Coruña y en otras ciudades españoles se repitieron las manifestaciones de los trabajadores bancarios, que reclaman desde hace semanas subidas de salarios que les compensen del alza de la inflación. Hasta el momento, las dos patronales del sector, AEB y CECA, se muestran reticentes a igualar la escalada del IPC, que se sitúa en el 7,3% según ha publicado también este viernes el INE. Los sindicatos reprochan a los bancos los “beneficios récord” que han presentado a lo largo de esta semana y los “dividendos astronómicos” que van a repartir entre los accionistas, al tiempo que se niegan a evitar a los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo.

En efecto, los cinco grandes bancos españoles, Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell, han ganado hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. Todos ellos han mejorado sus ingresos, especialmente los procedentes del negocio bancario puro: cobrar por prestar dinero y remunerar los depósitos.

Mientras el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se felicitaba este viernes por haber obtenido unos “muy buenos resultados y de gran calidad” en lo que va de año, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, presumió de que en la entidad van “muy sobrados” para afrontar periodos económicos más difíciles. Por su parte, Caixabank ha duplicado la concesión de hipotecas, aumentado el crédito al consumo un 23% y aún más la financiación a las empresas, un 47%. El Sabadell, que también ha crecido en créditos al consumo, un 18%, y en hipotecas, un 7%, asegura que ha alcanzado un “récord histórico” en la facturación con tarjetas –un 17%– y en los terminales de punto de venta en comercios –un 33%–.

Sin embargo, los bancos creen que esos resultados tan extraordinarios no justifican el impuesto temporal que prepara el Gobierno. “No me parece lógico, y mucho menos perpetuarlo en el tiempo”, ha criticado Gonzalo Gortázar, quien rechaza la prestación patrimonial porque grava los ingresos y no los beneficios. “Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas de resultados y pérdidas”, explicó, “tendrían que hacer frente al impuesto, aparte de otros efectos discriminatorios, porque hay entidades afectadas y otras no”. Para el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, el problema estriba en que los resultados “supuestamente extraordinarios” de los bancos no son “los que espera el mercado”. “Los resultados tienen que ser consonantes con el capital invertido y no parece que ahora que los resultados son mejores esté justificada una presión impositiva sobre un sector que no cumple con las exigencias de rentabilidad”, argumentó.

El impuesto a la banca gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que ingresaran en 2019 más de 800 millones de euros por ambos conceptos. Es decir, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectaría a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.

El rechazo al impuesto y a compensar a sus trabajadores por la subida de la inflación no ha sido óbice para que los responsables de los principales bancos hayan expresado su voluntad de negociar con el Gobierno una fórmula de ayuda a las familias “vulnerables” que no puedan pagar sus hipotecas. “Estamos en el mismo barco”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Alvárez, en referencia a un mecanismo para ampliar el plazo de las hipotecas que se encarezcan más de un 30% por la subida del euríbor y que quedará incluido en el Código de Buenas Prácticas del sector.

El caso es que también el BCE ha tomado medidas para recortar los beneficios extra que los bancos obtienen de aparcar en las reservas del supervisor europeo el exceso de liquidez que les han brindado las operaciones de refinanciación puestas en marcha con el covid y que aún no han devuelto. Gracias a las subidas de tipos, las entidades financieras reciben un interés del 1,5% por ese dinero, lo que les resulta preferible a devolverlo al BCE. Así que Christine Lagarde anunció este mismo jueves que modifica las condiciones de las operaciones de refinanciación, aplicándoles el mismo interés que paga a los bancos por el dinero depositado en el BCE, con el fin de desincentivar esa operativa.

El primer banco español, el Santander, ganó 7.316 millones entre enero y septiembre, un 25% más que el año anterior, por lo que bate de nuevo registros desconocidos desde antes de la crisis financiera. La cifra es el resultado del aumento de un 11,5% de sus ingresos, hasta los 38.594 millones de euros. Pero su margen de intereses, que sirve para medir el negocio puramente bancario, ha mejorado incluso más, un 15,4%, lo que se traduce en 28.460 millones. Los ingresos por comisiones también han crecido, un 7%. Y, pese a la fragilidad económica por la inflación y la incertidumbre, la morosidad se mantiene en el 3,08%.

Los beneficios del BBVA en los primeros nueve meses del año ascienden a 4.842 millones, por lo que han crecido un 46,2% respecto al año anterior, casi el doble que los del Santander. El margen de intereses del banco que preside Carlos Torres ha mejorado un 32,6%, por encima del 21,2% en que han aumentado los ingresos totales del negocio. La entidad atribuye ese buen comportamiento al crecimiento del crédito, un 15%. Por comisiones el BBVA ha ingresado en lo que va de año un 17,4% más que en 2021. La tasa de mora incluso ha bajado: del 3,7% al 3,5%. En la presentación de los resultados, Onur Genç avanzó que el banco utilizará sus excedentes de capital en “crear valor para los inversores” y si no encuentra vías para hacerlo, elevará la retribución a los accionistas. El pasado día 11 el BBVA les pagó un dividendo de 12 céntimos por acción, a cuenta de los resultados de este año, un 50% más que el repartido en 2021.

Caixabank ganó 2.457 millones de euros, un 21,51% más, hasta septiembre, sin incluir en la comparación el impacto de la fusión con Bankia el año pasado. De las cinco grandes, la entidad presidida por José Ignacio Goigolzarri es la que menos ha mejorado tanto su margen bruto, un 2,7%, mientras que su margen de intereses se reduce cuatro décimas respecto a 2021. Gracias a las comisiones ha ingresado un 2,1% más. Y mantiene una ratio de morosidad del 3%, en niveles mínimos desde 2008. Según destaca el propio banco, sólo el 4% de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como respuesta al covid-19, están clasificados como morosos. Además, tras la fusión de Bankia, Caixabank ha recortado sus gastos de personal en un 8,5%.

El Banco Sabadell casi ha duplicado este año sus beneficios respecto a los nueve primeros meses de 2021. Ha ganado 709 millones de euros, un 91,6% más. La cuenta es aún mayor si se le descuentan los resultados de su filial británica, el banco TSB: entonces pasa de 288 millones el ejercicio pasado a 616 millones el actual, un 114% más. En el caso de la entidad de Josep Oliu, el negocio bancario ha mejorado un 6,2% y los ingresos por comisiones, un 4,5%, mientras que en personal han reducido el gasto en un 26%, tras un recorte de plantilla que superó los 2.000 trabajadores. La ratio de morosidad del Sabadell se encuentra en el mismo nivel que el de sus competidores, un 3,4% y por debajo del 3,59% del año anterior.

De forma que el banco ha anunciado que aumentará hasta un mínimo del 40% el porcentaje de los beneficios que repartirá como dividendo entre sus accionistas. Éste será de 0,02 euros a cuenta de los resultados de este ejercicio y se pagará el próximo 30 de diciembre.

Finalmente, Bankinter se apuntó unos beneficios de 430,1 millones de euros hasta septiembre, un 22,2% más que el año pasado. El banco asegura que en los últimos tres meses han crecido todos sus indicadores de negocio. Su margen de intereses ha mejorado un 11,6%, mientras que los ingresos por comisiones suben un 2%. Bankinter tiene una de las ratios de morosidad más bajas, el 2,1%, que además se ha recortado 30 puntos básicos respecto a la de 2021, presume la entidad. María Dolores Dancausa considera que, a tenor de estos resultados, “no hay ninguna razón” para cambiar su política de reparto de dividendos: les dedica el 50% del beneficio.

Pese a estos resultados y coincidiendo con el anuncio del BCE de una nueva subida de tipos de interés y del IPC adelantado de octubre, los bancos llevan dos días cayendo en Bolsa. Le ocurrió al Sabadell el jueves, con un recorte del 2,3%, y lo sufrieron el viernes Caixabank, con un descenso del 7%, y BBVA, que comenzó la sesión perdiendo un 3,7%, pero remontó hasta el 0,73% al cierre.

El Consejo General de Economistas (CGE) ha mantenido en el 3,9% sus previsiones para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año y en el 7,1% la tasa media anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), según Europa Press.

Así se desprende del 'Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas', publicado este viernes, en el que se advierte, no obstante, de que el crecimiento del PIB del 0,2% en el primer trimestre, menor de lo esperado, denota que el país está asistiendo a una desaceleración.

De cara al segundo trimestre, los economistas prevén que en el segundo trimestre el crecimiento se sitúe entre el 0,3% y 0,4% y esperan una cierta recuperación en el tercer trimestre, que podría superar el 1%, gracias a los efectos del turismo, que no conseguirá llegar, no obstante, a los niveles de 2019.

En un entorno de incertidumbre, los economistas han mantenido también sus estimaciones para la tasa media del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 7,1%. Aunque los economistas ponen en valor que en España se estén adoptando medidas en forma de ayudas para paliar el efecto de ese incremento de los precios en empresas y particulares, han advertido de que el tope del gas y la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes "no están teniendo los resultados esperados", dado que en el caso de la bonificación "ha sido absorbida por el incremento del coste de los carburantes".

En cuanto a las últimas medidas adoptadas, fundamentalmente la bajada del IVA a la electricidad hasta el 5%, los economistas creen que, aun tratándose de una ayuda, no se espera que tenga un efecto relevante en el IPC.

"Si se tratara de una inflación de demanda, las políticas de los bancos centrales podrían ser efectivas; pero, al tratarse de un problema de oferta a nivel mundial, estas medidas palían la pérdida del poder adquisitivo, pero no tienen un efecto transcendente en el control de la inflación", han explicado.

Pese a todo, el Consejo General de Economistas considera que, hasta la fecha, no se está produciendo el efecto de segunda ronda de la inflación dado que los salarios se están manteniendo a pesar del incremento de los precios, pero, han alertado de que si se incrementan al nivel de la inflación, "podría generar el efecto peligroso de que se retroalimente y se genere una espiral alcista con difíciles consecuencias".

En cuanto al déficit, los economistas también mantienen la previsión en torno a 5,3% del PIB, pero se estima que la deuda pública supondrá el 115,9 del PIB a 31 de diciembre de 2022, 6 décimas menos que lo estimado en la previsión anterior.

La estimación del Consejo General de Economistas es que la tasa de paro se reduzca en los meses de verano y se sitúe en torno al 13,2% a final de año, la misma estimación respecto a sus anteriores previsiones.

El Consejo General de Economistas ha advertido de que hay otros factores que introducen incertidumbre en la economía como la moratoria concursal que se aprobó por el Gobierno en 2020 con motivo de la pandemia, que ha finalizado el 30 de junio, y que podría traer como consecuencia que empresas que se han mantenido acogidas a esta moratoria, finalmente tomen la decisión de acudir al concurso de acreedores y/o cerrar.

En este sentido, los economistas recuerdan que el tejido empresarial español está formado mayoritariamente por pymes, más vulnerables a los incrementos de las materias primas y a los costes salariales, que no pueden trasladar a los precios por el escaso margen con el que cuentan, "por lo que su única salida es el cierre con el efecto que pudiera tener en las cifras de empleo".

Lo que sí se ha aplazado es el vencimiento de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la ampliación del plazo de amortización hasta ocho o diez años, que ayuda a los afectados a hacer frente a sus deudas y no incrementar las cifras de insolvencias.

En el plano internacional, los economistas han señalado que el anuncio del Banco Central Europeo de incrementar el tipo de interés oficial ya se está manifestando en el coste de financiación de los distintos sectores económicos, tanto administraciones públicas como hogares y empresas.

El Euribor a doce meses, el tipo de interés de referencia para operaciones hipotecarias a tipo variable, ya se ha situado en el 1%, cuando hace un año estaba en el -0,5%. "Esto tiene como consecuencia el incremento del coste de la hipoteca y por tanto la reducción de la renta disponible, ya muy afectada por la inflación, con el efecto en el consumo y en el ahorro", han apuntado en su informe.

De su lado, han alertado de que el incremento de los precios hace que la tasa de ahorro de los hogares se esté reduciendo, a lo que habrá que sumar el incremento de los gastos de financiación por la subida de los tipos de interés.

Las petroleras se han apresurado a anunciar los descuentos que ofrecerán a transportistas y conductores particulares hasta el 30 de junio para paliar el daño que los precios récord de los combustibles están infligiendo a los bolsillos de profesionales y clientes domésticos. Superan ampliamente el mínimo de cinco céntimos que anunció el Gobierno tras llegar a un acuerdo de madrugada con los transportistas. Con dinero público se subvencionarán 15 céntimos por litro de carburante, no importa la estación de servicio. Además, Repsol y Cepsa descontarán 10 céntimos por litro en sus gasolineras, mientras BP España llegará hasta los 14 céntimos. infoLibre también ha preguntado a la portuguesa Galp y la italiana Eni cuál iba a ser su aportación, pero no ha obtenido respuesta.

Por su parte, los llamados operadores independientes, integrados en UPI (Unión de Petroleros Independientes), mantuvieron una reunión en la tarde del viernes para decidir cuál va a ser su aportación al esquema de ayudas del Gobierno. Según explicó el portavoz de una de estas empresas, no han tenido tiempo aún de ponerse en marcha. Una de ellas, la kuwaití Q8, que cuenta con 181 estaciones de servicio en España, ha concedido una rebaja de ocho céntimos el litro en sus gasolineras en Italia.

UPI envió el pasado jueves una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la que le explican que los independientes “no son equiparables” a los grandes operadores y exponen las dificultades que tienen para colaborar en los descuentos. “También somos un sector castigado [por los elevados precios del crudo]”, asegura a este periódico un portavoz de la asociación. En la carta incluyen sus propuestas, “factibles legal y económicamente, y bastante sensatas” para hacer frente a la crisis de precios.

Entre estos operadores se encuentran la catalana Meroil, que cuenta con 150 gasolineras, la citada Q8, la vasca Avia –176– y la canaria Disa, con 583 estaciones, según las estadísticas publicadas por UPI. Muy lejos, por tanto, de las redes de Repsol –3.331 gasolineras–, Cepsa –1.504–, BP –775– o Galp –570–, de acuerdo con la última memoria de AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos).

Estos grandes operadores reunidos en AOP presentaron al Gobierno sus alternativas en la reunión a la que éste les convocó el pasado martes. Entonces Transportes les emplazó a hacer propuestas en un plazo de 48 horas que terminó mientras representantes de tres ministerios negociaban con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) cómo acabar con los paros que han puesto en jaque el suministro de industrias y comercios en toda España. En el caso de AOP, sus planteamientos fueron únicamente fiscales: rebajas del IVA de los carburantes y del Impuesto Especial de Hidrocarburos. “Nunca podemos entrar en temas comerciales”, advierten, al igual que en UPI: “Nada sobre concertar precios”.

Los descuentos, al igual que ya ha ocurrido en Francia e Italia, los ha decidido cada empresa de forma voluntaria. Todos ellas los conceden únicamente a los poseedores de sus respectivas tarjetas de fidelización. Repsol ofrece 10 céntimos de descuento desde este sábado y hasta el 30 de junio a los transportistas que posean una tarjeta Solred. Ya antes rebajaba 10 céntimos a los clientes particulares que se hubieran descargado su app de pago Waylet, una medida que en principio iba a estar vigente sólo hasta el 18 de abril y ahora se extiende también hasta el 30 de junio. Repsol dice que, hasta el momento, 600.000 repostajes se han beneficiado de ese descuento. El límite para obtenerlo son 60 litros por aprovisionamiento. Y se podrá conseguir para todo tipo de combustible: gasolina, gasóleo, gas natural para vehículos y gas licuado.

El esquema de Cepsa es casi idéntico. Quienes estén adheridos a su programa de fidelización Porque Tú Vuelves disfrutarán de una deducción de 10 céntimos por litro, tanto profesionales como particulares. También hasta el 30 de junio.

La bonificación de BP España es mayor en cuantía: 12 céntimos a particulares que posean la tarjeta Mi BP y se adhieran a la promoción Ahorro de Locos, y 14 céntimos –dependiendo del tamaño del camión– para transportistas que cuenten con la tarjeta Routex. También hasta el 30 de junio.

infoLibre ha preguntado también a Galp y Eni si se van a sumar a los descuentos, pero al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta. En Italia Eni concede rebajas de cinco céntimos en el repostaje de gasolina y de siete en el de gasóleo. Los abaratamientos ofrecidos por las petroleras italianas han sido en general menores: Tamoil e IP, siete céntimos, y Q8 ocho céntimos. En Francia, TotalEnergie iguala a Repsol y Cepsa, con 10 céntimos el litro.

Sumando estas rebajas más los 15 céntimos que aportará el Estado, el ahorro en el surtidor, para un repostaje de 60 litros, asciende a entre 15 y 17,4 euros. Según los cálculos de UNO, la patronal logística, las ayudas directas que otorgará el Gobierno, entre 500 –para furgonetas– y 1.250 euros –para camiones–, beneficiarán a 260.000 camiones y 115.000 furgonetas. Además, la patronal CETM cifra en 700 euros mensuales el importe del ahorro en combustible para un camión gracias a las bonificaciones en surtidor y de 100 euros para las furgonetas. Si a las ayudas directas y a los descuentos en surtidor se añaden los 70 y 10 euros que se les descuenta en el AdBlue –un aditivo que reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel– a ambos tipos de vehículos, la factura total durante tres meses se reduce en 3.560 euros para los camiones y 830 euros para las furgonetas.

El montante total de estas ayudas directas asciende a 450 millones de euros, que beneficiarán igualmente a autobuses –950 euros– y taxis, VTC y ambulancias –300 euros–. Los descuentos del combustible suman 600 millones más.

Además, el ICO ampliará el plazo de vencimiento de los créditos que avala hasta ocho y 10 años, así como el periodo de carencia en seis meses. Y creará una nueva línea de crédito, con 12 meses de carencia, que se añadirá a las líneas ofrecidas con motivo de la pandemia. También se ha duplicado, hasta los 20 millones de euros, la partida de ayudas al abandono de la profesión de transportista.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concede los avales públicos para que los autónomos y las empresas obtengan de sus bancos préstamos con los que sobrevivir a las restricciones de actividad impuestas por el coronavirus. Hasta el momento, ha otorgado 1,03 millones de avales de la línea covid-19, por importe de 93.899 millones de euros. Pero son las entidades financieras las que analizan si sus clientes cumplen los requisitos de solvencia que les garantizarán la devolución del dinero prestado. Sólo para las operaciones de mayor volumen, por encima de 50 millones de euros, el ICO también hace su propio análisis de riesgo antes de conceder la garantía del Estado. Para los de menor cuantía el banco público revisará a posteriori una muestra aleatoria de los ya concedidos.

Sin embargo, esa verificación no la llevará a cabo el ICO, sino la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), a la que el banco público va a pagar 800.112 euros en dos años, prorrogables por otros tres más tras otorgarle un contrato por el procedimiento negociado sin publicidad el pasado mes de mayo. La adjudicación se llevó a cabo sin concurso y tramitada de emergencia por causa de la pandemia, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado.

El contrato fue autorizado por el Consejo de Ministros, que aprobó la “adjudicación directa y hasta un límite de un millón de euros” de los servicios de apoyo externo que sean necesarios para la puesta en marcha y desarrollo” de la línea de ayuda del covid-19 “lo antes posible”.

No es la primera vez que el ICO recurre a PwC para este tipo de trabajos. De hecho, desde 2014 le ha adjudicado otros seis contratos. La consultora es la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones de las Líneas de Mediación del banco público al menos desde 2016, pero también de realizar las pruebas de eficacia de las coberturas contables del ICO, al que también ha asesorado en materia financiera y fiscal en sus operaciones de pasivo. Pero el de la Línea Covid-19 es el contrato de mayor volumen hasta ahora. En total, el ICO ha pagado a PwC 1,84 millones de euros desde 2014.

El ICO no ha hecho públicos cuántos préstamos por encima de 50 millones de euros ha concedido, pero sí que la financiación media por operación era al cierre de 2020 de 121.373 euros. Es decir, la mayoría de los créditos avalados son de escasa cuantía, ya que el 98% los han solicitado pymes y autónomos.

Un problema de tamaño

El ICO ha delegado en la banca privada la gestión de los préstamos covid porque no tiene capacidad para llegar hasta los autónomos y las empresas, carece de sucursales. Son las entidades financieras las que conocen a sus clientes y tienen “capilaridad” para acercarse a ellos y evaluar mejor que nadie su solvencia. El banco público cuenta con una plantilla de sólo 346 empleados, de los que 17 son cargos directivos. Para hacerse una idea del tamaño del ICO basta con recordar que en 2019 gestionó unos activos de 31.842,6 millones de euros. Bankinter, el más pequeño de los bancos del Íbex 35, tiene unos activos de 83.732,3 millones de euros, más del doble que el ICO, y emplea a 4.554 personas. Entre las antiguas cajas, la que más se acerca al volumen de activos del banco público es Liberbank, que con 3.084 empleados, gestionaba 42.658,5 millones de euros antes de su fusión con Unicaja.

Nada que ver, pues, con la envergadura de otras entidades estatales europeas. Como el banco público alemán, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que emplea a 6.700 personas en su sede de Fráncfort, en dos sucursales en Berlín y Bonn y en tres filiales (KfW IPEX-Bank, DEG y KfW Capital). Su volumen de activos asciende a 506.022 millones de euros, casi 16 veces más que el ICO. Bpifrance, el banco público francés, tiene 3.271 empleados, 42 sucursales regionales y unos activos de 136.739 millones de euros. El British Business Bank gestiona 1,54 billones de libras –1,79 billones de euros– en activos con una plantilla de 297 trabajadores.

El último vestigio de banca pública, a la espera de un refuerzo que no llega

Nacido en 1971, el ICO coordinaba entonces la red de bancos públicos del franquismo –Banco Exterior de España, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito a la Construcción y Caja Postal–. Hasta que en 1988 se convirtió en sociedad estatal con consideración de entidad de crédito. En ese momento dejó de recibir dotaciones del Tesoro y empezó a captar fondos en los mercados de capitales.

Tres años después, los bancos públicos se integraron en Argentaria, que nació como banca comercial y terminó siendo privatizada e integrada en lo que hoy es el BBVA. El ICO se convirtió entonces en el único banco público de España, y se transformó en Agencia Financiera del Estado, con el objetivo de potenciar la economía. Para ello utiliza dos mecanismos. Es el banco nacional de promoción de grandes proyectos de inversión en el extranjero, apoyando a la banca privada. Y desarrolla las conocidas líneas de mediación, también en colaboración con las entidades financieras privadas: el ICO diseña las condiciones de los programas –dotación, finalidad, tipo de interés, plazos de amortización–, mientras que los bancos comercializan los créditos y asumen el riesgo de las operaciones. En estos casos, el dinero lo pone el ICO. En la línea covid-19, en cambio, el dinero lo prestan los bancos.

Durante la crisis financiera, desaparecidas las cajas de ahorro y con el crédito restringido en el resto de la banca, el ICO potenció sus líneas de mediación y el crédito directo. También gestionó el Fondo para la Financiación del Pago para Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con los que inyectó más de 85.000 millones de euros mediante el pago de facturas y atendió deuda financiera de las comunidades autónomas por valor de 56.000 millones más.

En su programa electoral, Unidas Podemos se comprometía a construir una banca pública alrededor de Bankia, de la que el Estado poseía el 61,78% del capital hasta su fusión con Caixabank. En febrero de 2020, antes de la pandemia, Pablo Iglesias apuntó hacia el ICO como futuro germen de una renovada banca estatal con más músculo. Sólo un par de días más tarde, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apoyó en el Congreso el refuerzo del ICO como banco de inversión pública, mediante la integración de otros organismos públicos de financiación, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE). Así, dijo, “se maximizaría su impacto para la movilización de inversión pública y privada necesarias”. La pandemia ha dejado la idea en el limbo.

El aval del Estado es el sostén que ha permitido a las empresas recibir en un año 120.800 millones de euros en préstamos para mantenerse vivas mientras sigue contagiándose el coronavirus. La línea de garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha sido todo un éxito de demanda, con más de un millón de operaciones hasta el momento que han disparado la financiación a empresas hasta niveles desconocidos desde 2008. A menos de un año de su estreno, se ha desembolsado el 65% de las cantidades previstas. Unos 40 países de todo el mundo han puesto en marcha programas de préstamos garantizados, según el recuento que hizo en diciembre el FMI. De hecho, la Unión Europea los ha convertido en su principal arma contra la parálisis económica provocada por las restricciones sanitarias. Aunque todos ellos comparten características comunes –la Comisión Europea estableció un marco temporal con las condiciones que deberían cumplir estos mecanismos de ayuda–, no son copias miméticas.

Como norma general, los estados han delegado en los bancos privados la facultad de conceder los préstamos que se benefician del aval público. Han descargado en ellos la evaluación del riesgo de los solicitantes de los créditos o han simplificado los procedimientos o incluso han aplicado una emisión casi automática de las garantías, eliminando el análisis previo de la solvencia del solicitante cuando la cantidad es pequeña y el Estado garantiza hasta el 100% del préstamo, como ocurre en algunos de los programas puestos en marcha en Alemania, Italia y Suiza. Todo ello a fin de ganar en rapidez, dada la situación de emergencia de las empresas, y para maximizar el alcance de las ayudas. La diferencia está en el grado de delegación y de control.

El BCE advierte de que el aval del Estado reduce los incentivos de los bancos a examinar y controlar la calidad de las operaciones; es decir, se ven tentados a asumir más riesgos a sabiendas de que éstos terminarán siendo pagados por el Estado. “Ésa es la teoría”, corrobora el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, “por eso el ICO ha establecido unas guías muy claras para determinar a quién se le puede conceder un préstamo y a quién no, y después, cuando audite las operaciones lo hará de acuerdo con esas guías”. García Montalvo cree, además, que el 20% de riesgo que asumen las entidades “no es desdeñable, ningún banco querrá perderlo”. Otro riesgo moral se añade, apunta el supervisor europeo, si las entidades financieras sustituyen préstamos con problemas de devolución ya antes del covid por los nuevos con garantía pública. Una práctica esta última que fue denunciada en España al comienzo de la pandemia por muchas empresas y que los bancos niegan.

En España es la entidad financiera la que aprueba la operación, “de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos”, según establece el ICO. Es decir, el banco hace sus propios análisis de riesgo y decide si el cliente –empresa o autónomo– cumple las condiciones exigidas por la normativa para acceder a la financiación. El otorgamiento del aval por parte del ICO es automático, explican fuentes el banco público, si la cantidad prestada es inferior a 50 millones de euros, un umbral muy alto comparado con los programas de otros países europeos. Posteriormente, el ICO se limita a hacer comprobaciones sobre una muestra aleatoria de los créditos concedidos.

Sólo en las operaciones por encima de 50 millones de euros es el ICO el que realiza también su propio análisis de las “condiciones de elegibilidad” de la empresa solicitante al tiempo que lo hace la entidad financiera correspondiente. El motivo para delegar en los bancos la tarea es que son ellos quienes conocen a los clientes y poseen la “capilaridad” suficiente para llegar a las empresas. “De otra manera habría sido imposible conceder un millón de créditos en un año”, resaltan a infoLibre fuentes del banco público.

García Montalvo cree que subir o bajar el umbral a partir del cual el banco público debe evaluar el riesgo depende sobre todo de la “confianza” que éste tenga en el sector financiero. Y recuerda la polémica que se suscitó en Estados Unidos cuando se supo que los créditos que debían ir a las pequeñas y medianas empresas habían terminado en los balances de grandes compañías. Que los bancos se encarguen del análisis de riesgos, recalca, es la única opción porque el ICO no está capacitado para soportar esa carga, y delegarla en las entidades financieras era la manera de “industrializar” el proceso. “Cuando llegue el momento de devolver los créditos, se verá si una concesión tan rápida, en tiempo récord, como se hizo, se llevó a cabo con buenos criterios”, resume.

Rápidos, pequeños y avalados al 100%

También en Alemania los préstamos con garantía del Estado los concede de forma automática la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), siempre que su cuantía no exceda de los tres millones de euros. Por encima de esa cantidad y hasta 10 millones, sí que se somete a los solicitantes a “un procedimiento de revisión acelerado y simplificado”, explica a infoLibre un portavoz del banco público alemán. Para operaciones de más de 10 millones de euros, la KfW lleva a cabo su propia evaluación de riesgos completa. Es decir, el banco público alemán vigila las operaciones a partir de un umbral mucho más bajo que el español. En estos dos últimos casos, el aval del Estado alcanza el 90% del préstamo. Para los llamados Schnellkredite –créditos rápidos–, de entre 300.000 y 800.000 euros, la garantía estatal es del 100% y la KfW no hace ningún análisis de riesgo. En España la garantía pública es menor: los avales del ICO cubren el 80% del préstamo si el solicitante es un autónomo o una pyme y el 70% si es una empresa de mayor tamaño.

En Francia, el autónomo o la empresa obtiene de su banco un acuerdo preliminar que sólo se convierte en definitivo cuando Bpifrance, el banco público, da su visto bueno. Las empresas de menos de 5.000 trabajadores y menos de 1.500 millones de euros de facturación deben pedir un certificado en el portal de Bpifrance antes de que la entidad financiera cierre la operación y desembolse el dinero. Para las que superen los umbrales antes citados, el Tesoro francés verifica la solicitud y la decisión final corresponde al Ministerio de Economía. El Estado avala hasta el 90% de los créditos solicitados por las empresas de menos de 5.000 trabajadores y entre el 70% y el 80% de las más grandes.

En Italia, el Fondo do Garanzia no evalúa el riesgo de los préstamos de hasta 30.000 euros, cuyo 100% garantiza, y su concesión es automática y rápida. Si el solicitante es una empresa de menos de 500 trabajadores, el aval cubre el 90% del crédito y tampoco es necesario el análisis de riesgos previo. Pero es el consejo de administración del banco público el que aprueba las operaciones, tras verificar que la empresa es “elegible” y no excede los límites de ayuda previstos.

Certificado de buena fe

En Reino Unido el British Business Bank supervisa los tres programas de ayudas a empresas creados por el Gobierno de Boris Johnson. Como en el resto de los países europeos, las entidades financieras privadas tienen “completamente delegadas” las decisiones sobre el otorgamiento de los préstamos con garantía pública. Los bancos deciden a quién prestan tanto si se trata de operaciones pequeñas, de entre 2.000 y 50.000 libras –de 2.322 a 58.000 euros– con un 100% de aval, como si son créditos para empresas pequeñas y medianas de hasta cinco millones de libras y con un 80% de garantía pública, o incluso para las de mayor tamaño, por encima de 50 millones de libras, también con un 80% cubierto por el Estado. Los bancos privados deben verificar si las empresas solicitantes cumplen las normas antifraude, contra el blanqueo de dinero y los procedimientos de verificación de identidad –conocidos en inglés como Know your customer–.

Finalmente, en Estados Unidos las entidades financieras también tienen la “autoridad delegada” de la Administración para aprobar los préstamos garantizados. La Small Business Administration (SBA) es la entidad pública encargada de supervisar el programa. A los solicitantes les basta con presentar en el banco una declaración responsable –good faith certification– para pedir un crédito del Paycheck Protection Program (PPP), que facilita hasta 10 millones de dólares –8,4 millones de euros– con el 100% avalado por el Estado. En ella debe certificar que “la incertidumbre económica actual hace necesaria esta solicitud de préstamo para sostener la actividad”. Pero, después, la SBA revisa todos los préstamos de más de dos millones de dólares –1,7 millones de euros–, y cualquier otro que considere que debe ser verificado. Para lo que puede exigir todo tipo de información adicional a la empresa, que deberá devolver el dinero si ha mentido.

Corren tiempos de tipos de interés negativos, en que los bancos se han agarrado a los préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para mantener el negocio. La demanda de este tipo de créditos se disparó en lo peor del confinamiento hasta el punto de que no se veía un aumento igual en la financiación a las empresas desde antes de que pinchara la burbuja financiera. Pero, entre la avalancha de pymes y autónomos que acudían a las sucursales en busca de liquidez para salvar el parón de actividad, comenzaron a surgir también denuncias por el manejo que los bancos estaban haciendo de la nueva herramienta pública contra la crisis del coronavirus. En abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un buzón covidbuzón covid al que le llegaron en sólo cuatro meses unas 700 reclamaciones de todo tipo relacionadas con la pandemia. De ellas, la mitad tenían que ver con el sistema financiero. El organismo no precisa cuántas quejas se refieren a los préstamos con aval del ICO, pero sí detalla algunas prácticas irregulares de los bancos. Desde obligar al posible beneficiario a suscribir un seguro o adquirir un servicio de alarma e incluso un televisor, hasta hacerle pagar gastos antes de haberle desembolsado el préstamo. También han utilizado los créditos ICO para que sus clientes les devolvieran otros préstamos que habían pedido con anterioridad.

La CNMC dice que sigue “investigando” y que ha cursado “requerimientos de información” a los bancos denunciados, a fin de determinar si esas prácticas constituyen una “conducta desleal” que, falseando la competencia, afecta al interés público. Pero los expedientes tienen un plazo de 18 meses hasta que se resuelven, por lo que aún no es posible saber ni qué entidades han sido requeridas ni si alguna va a ser sancionada.

También el Banco de España ha recibido quejas de solicitantes de préstamos ICO. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, cifró en sólo 68 las registradas hasta junio, cuando se le preguntó al respecto en el Congreso. Dijo que su número era “relativamente pequeño” comparado con el de préstamos solicitados –a finales de febrero de este año superan el millón–. Además, la mayoría, 62, se debían a denegaciones de créditos por las entidades financieras, que “no tienen la obligación de concederlos”, apuntó. Es el banco el que hace el análisis de riesgo del cliente y decide si se aprueba la operación o no. Esas reclamaciones fueron trasladadas después por el Banco de España al propio ICO, según explica a infoLibre un portavoz del organismo supervisor, que prometió ya en abril mantenerse “especialmente vigilante”, verificando los “protocolos y “revisando operaciones concretas” a fin de comprobar que se adecuan a la normativa.

El ICO confirma haber recibido las denuncias del Banco de España pero asegura que las reclamaciones totales por la línea de avales contra el covid representan sólo un 0,09% de las operaciones formalizadas. Si hasta ahora se han firmado poco más de un millón, las quejas alcanzan las 900. “Son algo residual, y la mayoría son por la denegación del préstamo”, explican fuentes del banco público. Cuando le llega una denuncia de este tipo, añaden, el ICO responde que no puede entrar en la política de riesgos de cada banco, que son plenamente autónomos en la decisión sobre la idoneidad del cliente. El banco público quita hierro a los casos en que se produjeron otro tipo de incidencias como las denunciadas por las patronales: “Ocurrieron cuando aún no había llegado la información completa sobre los avales a todas las sucursales”.

Tras las primeras reclamaciones, las patronales bancaria, de las cajas de ahorro y de cooperativas de crédito se apresuraron a anunciar que habían dado instrucciones a sus redes de oficinas para dejar claro que la concesión de un crédito ICO no podía “estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos”. Además de la CNMC, los mediadores de seguros, a través de su Consejo de Colegios, habían acusado a los bancos de cometer una “flagrante ilegalidad” imponiendo la compra de pólizas para acceder a estos préstamos con aval del Estado.

Las quejas de las empresas

En efecto, el ICO prohíbe a los bancos “condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto”. Además, vigila los precios de los créditos obligando a las entidades a suministrarle cada tres meses los tipos de interés que cobran a pymes y autónomos. En virtud del contrato que el ICO ha firmado con los bancos, éstos deben garantizar que el coste de los préstamos está “en línea” con el existente antes de la pandemia. Además, tienen que “trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal”.

Tampoco pueden destinar los préstamos con aval público a refinanciar o amortizar créditos preexistentes de los beneficiarios. Sin embargo, eso es lo que hicieron a tenor de los datos que hizo públicos la patronal de pymes catalana Pimec el pasado mes de mayo. Según se desprendía de una encuesta a 432 empresas, el 15,9% de las operaciones con aval del ICO y el 36,6% del dinero prestado se destinaban a refinanciar deuda anterior de los solicitantes. De un importe medio de 195.000 euros, 71.400 compensaron otros productos financieros suscritos por las empresas con sus bancos. En concreto, el BBVA lo hizo en un 33,3% de las operaciones, Banco Sabadell en el 28,3%, Caixabank en el 9,3% y Santander en el 7,7%. Además, aseguraba Pimec, un 11,5% de las pymes encuestadas indicaba que la entidad financiera le había obligado a contratar productos financieros adicionales. Eso sí, Pimec precisa también que esas prácticas no son “ilegales” y que se han ido reduciendo con el tiempo. Preguntado al respecto por infoLibre, un portavoz del BBVA niega la mayor: “No hemos utilizado nunca las líneas ICO para refinanciar a clientes”.

“Eso no se puede hacer y es difícil de tapar porque los bancos tienen que dar cuenta al ICO al final”, apunta el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. Según explica, en los primeros meses de la pandemia hubo dos entidades financieras, cuyo nombre no quiere mencionar, que sí refinanciaron un buen número de operaciones antiguas con los préstamos avalados por el Estado. Pero el movimiento “se cortó en cuanto el ICO dijo que iba a hacer auditorías y el resto de los bancos se quejó”, recuerda. 

No obstante, la patronal de los empresarios de ocio y espectáculos renovó las denuncias el pasado mes de febrero. Según sus números, a una de cada tres empresas de su sector los bancos le han exigido “avales desproporcionados”, al 27,3% se le han aplicado intereses por encima de lo anunciado y a una de cada cuatro se le han denegado los créditos. Casi la mitad de los empresarios del ocio nocturno han solicitado préstamos avalados por el ICO, pero sólo el 23% de ellas ha podido ampliar el periodo de carencia para devolverlos. Por su parte, el Banco de España ha encontrado una correspondencia entre el importe de los créditos con aval del ICO y el grado de relación existente entre la empresa solicitante y el banco: si éste es la entidad principal de la empresa, el importe de la operación aumenta un promedio del 20%.

Supervisión 'ad hoc' en otros países

En cualquier caso, estas prácticas irregulares no son patrimonio exclusivo de la banca española. El BCE ya ha advertido del “riesgo moral” que aparece cuando el Estado garantiza los préstamos: los bancos se sienten tentados de sustituir los créditos que ya tenían problemas para ser devueltos antes del covid por los nuevos con aval público. En el Reino Unido, un informe reciente de la Cámara de los Comunes que analizaba estos mecanismos de ayuda a las empresas recogía la denuncia de que los bancos restringen a sus propios clientes la concesión de los préstamos garantizados, mientras la demoran o rechazan para el resto. También se hacía eco de la exigencia de garantías personales a los empresarios que solicitaban créditos, una condición a la que el Gobierno británico puso coto prohibiéndola para operaciones por debajo de 250.000 libras y excluyendo que se pudiera reclamar la vivienda principal del moroso por encima de esa cantidad.

En España, mientras tanto, aparte de los expedientes de la CNMC, habrá que esperar a que el Tribunal de Cuentas fiscalice la concesión de los avales para tener una imagen completa de cómo ha funcionado la línea de ayudas. Lo hará este mismo ejercicio, en una tarea que ha sido incluida en el programa anual a iniciativa del propio organismo. 

En cambio, en otros países europeos como Francia o Italia se han creado comités específicos para supervisar los préstamos garantizados por el Estado, mientras que en Estados Unidos el Tesoro ha constituido una Oficina del Inspector General para la Recuperación de la Pandemia que “dirigirá, supervisará y coordinará las auditorías e investigaciones” sobre la gestión de los préstamos garantizados a las empresas. También se ha creado una Comisión de Vigilancia en el Congreso que no terminará sus trabajos hasta el 30 de septiembre de 2025. En Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría –el equivalente al Tribunal de Cuentas español– ya emitió un primer informe en octubre del año pasado sobre los esquemas de ayudas a pymes y autónomos del Gobierno de Boris Johnson, y en diciembre publicó el suyo el Comité Público de Cuentas, dependiente del Parlamento.

La controversia sobre la necesidad de conceder ayudas directas a las empresas, cada vez más intensa según se prolongaban las restricciones por la pandemia y se sucedían las peticiones de empresarios, expertos y hasta del Banco de España, cristalizó con los últimos 11.000 millones de euros en medidas de apoyo a la solvencia que el Gobierno aprobó el pasado día 11. De esa cantidad, 7.000 millones irán directamente a cubrir los gastos fijos de los negocios y las facturas con proveedores; el resto, a esquemas para reestructurar la deuda de las empresas y para recapitalizarlas. Hasta ese momento, el Ejecutivo había preferido reforzar la liquidez de autónomos y pymes ofreciendo avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una primera línea de 100.000 millones de euros entre marzo y junio y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones más entre julio y noviembre. Además de reforzar el capital de las grandes compañías a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y nutrido con otros 10.o00 millones.

España siguió entonces la misma ruta que el resto de los países de la Unión Europea. En la primera fase de la pandemia, al menos, los avales públicos para que los bancos prestasen a las empresas fue el “instrumento predominante” empleado por los gobiernos europeos para hacer frente a los problemas de liquidez de los negocios cerrados por el confinamiento, según destaca el Banco Central Europeo (BCE) en su Boletín Económico del pasado enero. En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido representaron más de la mitad de los fondos anunciados para sostener el tejido productivo, subraya el think tank Bruegel. También se utilizaron los bancos públicos para conceder préstamos directamente a las empresas con tipos de interés subvencionados. En total, calcula el BCE, se aprobaron garantías públicas por un importe equivalente al 16% del PIB de la zona euro, unos 1.910 billones de euros.

En todo caso, los volúmenes destinados por cada Estado a estos préstamos garantizados son muy distintos. Una buena muestra de la desigual potencia de tiro de las economías nacionales. Alemania apartó 832.000 millones de euros para avales públicos, casi seis veces más que en España. Y casi la mitad de la partida europea total. Pero si se mide cada programa en porcentaje del PIB, puede compararse con más fiabilidad. Así, el país que más apostó por los préstamos garantizados fue Italia, con un importe equivalente al 25% de su PIB, que se eleva hasta el 32% –571.000 millones de euros– si se incluyen los planes de recapitalización y los avales a las empresas exportadoras. Porcentualmente, más que Alemania, que ha destinado a este fin el 24,3% de su PIB. Le sigue el Reino Unido, con un 15,4% –340.300 millones de euros– y Francia, con un 14% –342.000 millones de euros–. El esfuerzo de España fue de un 12,2% de su PIB, esos 140.000 millones en avales a los que ahora se añaden 4.000 más para reestructuración de los préstamos ICO ya concedidos y con problemas para ser devueltos, y para recapitalizar empresas medianas a través de la semipública Cofides.

En cambio, Estados Unidos optó por un diseño diferente priorizando las ayudas directas a las empresas: del total de 4,18 billones de euros que suman los tres macropaquetes de medidas aprobados, más de la mitad, 2,61 billones, se han dedicado a ayudas directas, de los cuales 28.600 millones corresponden al último plan de rescate presentado por Joe Biden. Equivalen a un 10,3% de su PIB y a casi el triple de lo que Washington ha consignado para avales públicos, unos 803.000 millones de euros, a los que hay que sumar ahora otros 7.250 millones incluidos en el nuevo programa del presidente demócrata.

El triple de avales que de ayudas en Alemania

El reparto en Europa de estos dos tipos de mecanismos ha sido a la inversa. Alemania destinó a ayudas directas un 8,3% de su PIB, tres veces menos que a avales públicos, pese a que fue la que mayor volumen de recursos dedicó a este fin de las cinco grandes economías de la zona euro junto a Reino Unido, que apartó para subvencionar a las empresas la mitad que a garantizar préstamos. Francia presupuestó 124.000 millones en ayudas directas, casi un tercio de lo que asignó a avales públicos. Italia, apenas un 3,4% de su PIB –61,3 millones de euros–, ocho veces menos que a préstamos garantizados. Finalmente, España destinó tres veces más a avales que a subvenciones a los negocios tocados por el virus.

No hay que olvidar tampoco que, además de estos dos modelos de ayudas, los gobiernos han aplicado moratorias en pagos de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Según los cálculos de Bruegel, fue Italia el Estado que más se decantó por los aplazamientos, con un volumen equivalente al 13,2% de su PIB –253.300 millones–, seguida de Francia –8,7%– y Alemania –7,3%–. Estados Unidos le dedicó un 2,6% y Reino Unido un 2%. España, apenas un 0,4% –5.300 millones–.

“No se puede reducir la discusión a si las medidas deben ser de un tipo o de otro, tienen que ser de los dos”, explica Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas. “Al principio [de la pandemia] se trataba de distribuir el coste del confinamiento en el tiempo, pero con la prolongación de la crisis no se puede, ya no se trata de pérdidas puntuales, sino que se están deteriorando los balances de las empresas”. El problema se verá cuando las empresas españolas tengan que competir en el mercado único con empresas cuyos gobiernos las han ayudado más y mejor, advierte. Para el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, otorgar avales de hasta el 100% como han hecho algunos países o subvencionar los tipos de interés de los préstamos garantizados hasta dejarlos casi en cero como en Francia equivale casi a una ayuda directa. Y las ayudas directas son a fondo perdido tanto como lo puede ser un aval del 100% a una empresa que quiebra, aclara. Lo mismo cree Lídia Brun. Los avales al 100% “son otro tipo de ayuda” desde el momento en que los bancos “pierden el incentivo a hacer bien su trabajo: conseguir que le devuelvan el dinero”.

España ha concedido casi nueve veces más garantías que Alemania

Cuestión aparte es el grado de ejecución de las medidas aprobadas. Ya lo resaltó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una carta reciente a los eurodiputados que ha sido utilizada por el Gobierno español para hacer valer su gestión contra los perjuicios económicos de la pandemia. Del total de 3,12 billones de euros que los 27 miembros de la UE han destinado a ayudar a las empresas, sólo se han desembolsado hasta ahora 542.000 millones, un 3,3%. Pero el país cuyas empresas más ávidamente han recurrido a las ayudas ha sido España, con un volumen desembolsado que equivale al 7,3% de su PIB. Por el contrario, Alemania sólo ha gastado el 3% de lo presupuestado, Francia el 6,4% e Italia el 6%.

A diciembre de 2020, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el banco público alemán, había otorgado 103.000 avales por valor de 44.000 millones de euros, apenas el 5% del programa disponible. La cifra equivale al 1,3% de su PIB –el menor de los cuatro grandes países europeos–, mientras que en España el grado de ejecución de estos mecanismos de garantías –el mayor de los cuatro– se eleva al 9,7% del PIB, según los cálculos que publicó el BCE el pasado mes de enero.

El ICO ha concedido garantías hasta el 28 de febrero para 1,003 millones de operaciones; es decir, casi 10 veces más que su gemelo alemán. El importe total avalado asciende a 91.770 millones de euros, el doble que la KfW. Lo que se traduce en 120.799 millones de euros de financiación para 628.455 empresas. El 89% de ellas eran micropymes –menos de 10 empleados– y autónomos. Del total, 127.351 pertenecen al sector del turismo, el ocio y la cultura, el grupo más numeroso entre los beneficiados. De acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el ICO, aún quedan disponibles unos 6.500 millones de euros de la primera línea –100.000 millones– y unos 37.000 millones de la segunda –40.000 millones–. Por tanto, se ha desembolsado ya un 65% de las cantidades presupuestadas.

Además, la SEPI ha concedido ya 968 millones de euros en préstamos participativos y ordinarios a cuatro grandes empresas consideradas estratégicas: Ávoris Corporación Empresarial (Viajes Barceló y Globalia), Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra Líneas Aéreas. La compañía de renovables Abengoa acaba de pedir también la ayuda de este fondo, que dispone de 10.000 millones de euros.

En Francia, que comparte con España el mayor uso de este instrumento de toda la UE, Bpifrance ha otorgado 110.600 millones de euros en préstamos garantizados para 634.720 empresas al cierre de 2020, según BPifrance. Un 37% del programa presupuestado.

Con datos a 10 de marzo, el Fondo de Garanzia había concedido 1,76 millones de avales. Según el Ministerio de Economía italiano, hasta ahora las empresas han pedido financiación por valor de 145.300 millones de euros. El Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) también ha otorgado 21.900 millones de euros, en 1.626 operaciones para sostener a grandes empresas.

En Reino Unido, hasta el 25 de febrero pasado, se ha gastado el 63% de los fondos destinados al Bounce Back Loan Scheme (BBLS), el programa para pymes creado por el Gobierno de Boris Johnson al que han recurrido 1,5 millones de negocios británicos afectados por el covid-19. Sólo este esquema ha supuesto el 94% de los préstamos con aval concedidos, hasta sumar 45.610 millones de libras –53.096 millones de euros– del total de 72.930 millones desembolsadas, de acuerdo con las cifras publicadas por el Tesoro británico y recogidas en el último informe elaborado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes. El Gobierno británico destinó una partida de 330.000 millones de libras a garantías públicas, repartidas en tres programas distintos: además del ya citado BBLS, otro para empresas medianas hasta 45 millones de libras de facturación y un tercero para las grandes que superen ese volumen de negocio. Del primero se han gastado 22.000 millones de libras y del segundo, 5.290 millones. Los tres caducan este mes de marzo, pero ya tienen un sucesor, el Recovery Loan Scheme, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de este año.

En Estados Unidos, el Paycheck Protection Program (PPP), destinado a avalar préstamos de hasta 10 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas, ha concedido hasta el 7 de marzo pasado un total de 7,55 millones de créditos, por un importe de 687.374 millones de dólares –574.057 millones de euros– según las cifras publicadas por la Small Business Administration (SMB), la entidad pública encargada de su gestión. El Instituto Americano de Censores Jurados de Cuentas (AICPA) calcula que aún quedan disponibles unos 140.000 millones, por lo que Biden sólo ha ampliado en 7.250 millones la partida destinada al PPP en su plan de rescate.

Condiciones menos atractivas, atascos burocráticos

La dispar aceptación de los préstamos garantizados en cada país de la UE –pese a que las características de los programas son muy similares, todos han seguido en buena medida las guías fijadas por la Comisión Europea– obedece a varias razones. El BCE considera que en España las empresas acudieron en masa a los préstamos ICO a falta de medidas de alivio fiscal, como moratorias de pagos, y de ayudas directas. Mientras que en Francia los bajos tipos de interés, que rondan el cero, resultaban especialmente atractivos. Por el contrario, las empresas alemanas no han recurrido a los avales porque estaban menos endeudadas que el resto de las europeas cuando surgió la pandemia, su confinamiento fue menos estricto que el español y el italiano, y tenían a mano generosas ayudas directas y moratorias de impuestos. Además, dice el BCE, las condiciones de los préstamos garantizados no eran tan favorables. Para los italianos, el problema en un primer momento fue el atasco burocrático que sufrieron los solicitantes cuando se pusieron en marcha los avales públicos y que sólo se vio aliviado a partir del verano, con el consiguiente aumento de las operaciones.

Al cabo de un año de pandemia, la prolongación de las restricciones a la actividad económica ha cambiado el escenario. Conforme pasaban los meses, el ritmo de solicitudes se iba ralentizando. Ahora, con los avales públicos casi agotados, al menos en España, cobran protagonismo las ayudas directas, al tiempo que se abren paso los mecanismos para reestructurar los préstamos pedidos en 2020, cuya devolución se complica mientras se retrasa la vuelta al crecimiento.

Empresas y autónomos dispondrán este año de 7.000 millones de euros en ayudas directas para evitar que la falta de solvencia les aboque al cierre. Las comunidades autónomas serán finalmente las que hagan el reparto de esa cantidad, una vez que el Estado se la transfiera en un plazo que no debe superar los 40 días, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. De esa cantidad, 2.000 millones serán sólo para Canarias y Baleares, las dos comunidades autónomas que más están sufriendo las restricciones a la actividad económica impuestas por el covid-19, con caídas del PIB que duplican las del resto de los territorios. Cada autónomo que tribute por el régimen de estimación objetiva podrá recibir un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de los trabajadores por cuenta propia y las empresas percibirán entre 4.000 y 200.000 euros.

El real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se complementará con una orden que, en un plazo de “un mes y 10 días”, precisó la ministra, fijará el reparto de los fondos a las comunidades autónomas y permitirá a éstas empezar a conceder las ayudas. La “batería de medidas”, como la calificó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, suma 11.000 millones de euros, lo que eleva a un importe que equivale al 2% del PIB los mecanismos contra la crisis aprobados para este año. Los puestos en marcha en 2020 ya sumaron un 20% del PIB, recordó la ministra.

“El objetivo de este paquete es estructural”, explicó Calviño, “conseguir que la economía española tenga músculo para cuando llegue la recuperación en la segunda parte del año”. Se trata de apoyar a las empresas viables, subrayó varias veces, que tengan problemas de solvencia, a fin de que puedan mantener la actividad y el empleo, “utilizando sus fondos para contratar trabajadores en lugar de para pagar sus deudas”.

En esa misma dirección se ha aprobado también la extensión hasta fin de año de las moratorias concursales –para solicitar el concurso de acreedores– y se amplía hasta abril el periodo para retrasar los ingresos tributarios sin intereses.

Mantener la actividad hasta junio de 2022

El plan del Gobierno se compone de un primer paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros, que podrán solicitar empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído entre un 20% las primeras y hasta un 40% los segundos y las micropymes –menos de 10 empleados– respecto a 2019. Son ayudas no reembolsables y finalistas, que podrán destinarse a cubrir las deudas contraídas a partir de marzo de 2020, ya sea por pagos a proveedores, suministros, salarios, alquileres o con los bancos. Están destinadas a empresas y autónomos de más de un centenar de sectores, incluidos la hostelería y el comercio, el transporte, la cultura y el deporte. A cambio, los beneficiarios deberán mantener la actividad hasta junio de 2022, no podrán repartir dividendos ni subir los sueldos a sus directivos, ni pueden estar domiciliadas en un paraíso fiscal.

De esa cantidad, 2.000 millones de euros las recibirán Canarias y Baleares, y los 5.000 millones restantes se distribuirán entre las otras 15 comunidades autónomas según los criterios recogidos en la normativa europea: la caída del PIB, el desempleo general y el desempleo juvenil en diciembre de 2020. Hasta ahora, las comunidades autónomas habían recibido del Estado 27.000 millones de euros. Apoyado en esa experiencia previa, Montero y Calviño expresaron su confianza en que las comunidades autónomas “gestionen con agilidad” las nuevas ayudas. Para ello, dijo Calviño cuando los periodistas le preguntaron por la moción de censura en Murcia y el posible adelanto electoral en Madrid, la “estabilidad política es fundamental”. “Espero que la Comunidad de Madrid no sufra ningún despiste respecto a cuál es la prioridad: luchar contra la pandemia y proteger el tejido productivo”, apuntó.

Las discrepancias en el seno del Gobierno sobre el diseño de estas ayudas se han saldado con una cantidad ligeramente inferior a la que Unidas Podemos defendía –8.000 millones– y con un reparto que finalmente ejecutarán las comunidades autónomas, y no la Administración central como pedía la formación morada.

Código de Buenas Prácticas voluntario

El segundo instrumento incluido en el real decreto-ley es una línea de 3.000 millones de euros para reestructurar los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según las cifras que facilitó Nadia Calviño, hasta el momento se han movilizado más de 121.000 millones de euros en este tipo de préstamos, creados el año pasado para atender a los problemas de liquidez de las empresas. Ahora se extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitarlos.

La renegociación de la deuda la llevarán a cabo los bancos con las empresas que recibieron los préstamos del ICO, que podrán convertirlos en préstamos participativos, cuyos intereses suelen ir vinculados a los beneficios y tener periodos de amortización y carencia superiores a los normales. También podrán conseguir una extensión del plazo de vencimiento. Y sólo “como último recurso”, señaló la ministra de Asuntos Económicos, que no utilizó la palabra “quita”, se podrán “conceder ayudas directas para reducir la financiación”. Esas quitas han sido precisamente el caballo de batalla de las negociaciones que durante los últimos meses ha mantenido el Gobierno con los bancos. Las entidades financieras rechazaban de plano las quitas generalizadas. Así que el Ejecutivo se ha limitado a redactar un Código de Buenas Prácticas, voluntario para los bancos, a fin de “coordinarlos” y garantizar “el buen uso de los recursos públicos”, precisó Nadia Calviño.

Empresas medianas

El tercer elemento es un fondo de recapitalización para empresas medianas, de 1.000 millones de euros, que gestionará Cofides, una empresa semipública en cuyo capital participan, además del ICO y el ICEX (Instituto de Comercio Exterior), Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell. A estas ayudas podrán acceder las empresas que no tienen tamaño suficiente para solicitar las del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dotado de 10.000 millones de euros y que sólo puede conceder financiación por encima de los 25 millones. En este caso, Cofides negociará préstamos, ordinarios o participativos o incluso entrará en el capital de las empresas.

La ministra de Asuntos Económicos rechazó que estas ayudas directas lleguen tarde a las empresas, una de las críticas que más se han lanzado desde las patronales, según iba prolongándose la pandemia; por el contrario, repitió que el Gobierno se está “anticipando” a los problemas de solvencia empresarial que pueden surgir este año y amenazan con causar un “impacto macroeconómico”.

El 31 de marzo, en lo peor de la primera ola de la pandemia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habilitó un buzón "para recibir información, denuncias o consultas relacionadas con el covid-19", según anunció el supervisor en un comunicado. El buzón se cerró a finales de julio, cuatro meses después, con la llegada de la denominada "nueva normalidad", pero el balance final no había trascendido. Según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre, la plataforma ha recibido un total de 698 denuncias de abril a julio. 

De esa cantidad, una cifra cercana al 50% han sido denuncias por posibles abusos del sector financiero. No hay detalles porcentuales, pero portavoces del órgano supervisor confirman que "la información por sectores con el total desagregado es similar a la de junio" de 2020, cuando se hizo el último balance del buzón habilitado. Entonces el sector financiero copaba el 45% de las quejas. A continuación el siguiente sector que más denuncias ha recibido tiene que ver con el de seguros, seguido del sector funerario y del de productos sanitarios.

El buzón covid ha permitido al organismo que preside Cani Fernández abrir dos investigaciones: la primera, anunciada el pasado 23 de diciembre, sobre varias identidades financieras cuyo nombre no ha sido desvelado "para determinar si sus conductas a la hora de conceder créditos ICO suponen actos desleales"; los créditos ICO se han utilizado para ayudar a empresas y autónomos en apuros durante la pandemia, llegándose a movilizar más de 140.000 millones en 2020.

En concreto, la CNMC encara tres líneas de investigación en el sector financiero: ver si algunos bancos han vendido "productos cruzados" a la hora de comercializar los créditos (seguros, televisores u otros electrodomésticos, servicios de alarma), ver si se ha aprovechado la existencia de estos préstamos para reestructurar productos financieros previos y ver si los beneficiarios de dichos créditos han tenido que desembolsar algún tipo de pago previo no exigido por el ICO pero sí por los bancos.

La segunda investigación tiene que ver con la aseguradora DKV Seguros y Reaseguros, a la que Competencia investiga" por una posible conducta anticompetitiva". La firma de seguros habría eliminado unilateralmente en pólizas de clientes trabajadores autónomos el riesgo de incapacidad temporal durante el estado de alarma, algo que es ilegal. Todas estás supuestas malas prácticas han llegado gracias al buzón.

Ambas pesquisas se deben al buzón covid, que paradójicamente continúa recibiendo información aunque no se encuentre en teoría hábil. "Posteriormente, han seguido entrando peticiones por el buzón covid, teóricamente desactivadopor el buzón covid, otras a través de la sede y otras a través del buzón general de la web", indican en CNMC. "A partir de agosto el buzón no estaba activado como tal, pero se seguía atendiendo a las consultas que llegaban a través de esa dirección mail. Concretamente, se les respondía que las denuncias las podían hacer a través de la sede electrónica de CNMC". 

Banca y seguros, a la gresca

En el supervisor califican de "útil" la herramienta. "De nuevo hemos visto que la colaboración entre ciudadanos y administraciones públicas es imprescindible. Necesitamos esa ayuda para detectar prácticas anticompetitivas que nos perjudican a todos", afirman en CNMC, a la vez que piden a los usuarios seguir escribiendo y aportando pruebas a través del buzón anónimo de ionformantes o de la sede electrónica. "Ha sido una herramienta esencial durante los meses de confinamiento, pero tenemos estos otros canales disponibles de forma continuada", agregan los portavoces.

Curiosamente, los dos sectores más denunciados por los usuarios –banca y aseguradoras– chocaron durante el confinamiento. En abril, el Colegio General de Mediadores de Seguros de Barcelona denunció las "prácticas abusivas de las entidades bancarias" ya que, según el propio colegio, las entidades forzaban a sus clientes a vincular los créditos ICO con la contratación de seguros varios del propio banco.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que incluye un nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones de euros, con una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones de euros para impulsar la actividad inversora en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, informa Europa Press.

Este nuevo paquete, que ve la luz en el marco del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo con los agentes sociales, tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por el covid-19, según ha explicado el Gobierno, para lo que se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a "miles de puestos de trabajo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó ayer este nuevo paquete de medidas económicas por 50.000 millones y marcado por la importancia de avanzar en la reactivación económica para impulsar el crecimiento, el empleo y la cohesión. Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Ante el elevado uso de la anterior línea de avales, aprobada el pasado 17 de marzo y destinada a cubrir las necesidades de liquidez, por importe de 100.000 millones de euros, y el "óptimo" funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, el Ejecutivo tiene previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Sánchez subrayó ayer que se han registrado 500.000 operaciones (10.000 operaciones al día) a través de esa primera línea de garantías, que podían solicitar hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Precisamente el pasado miércoles, el Gobierno reasignó 28.000 millones de euros en avales a través del ICO que no se habían consumido, destinados principalmente a autónomos y pymes, una vez acabado el plazo del 30 de junio.

10.000 millones para salvar a empresas

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del covid-19. Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.

El fondo se articulará a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

En concreto, el fondo está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el covid-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al 'Plan Renove 2020', dotado con 250 millones de euros, para la adquisición de vehículos, aplicable a compras desde el pasado 16 de junio, y ha aprobado la moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, junto a un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico dotado con 216 millones y que prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos.

Mientras corren, y luego se desmienten, los rumores sobre un posible interés del BBVA en comprar Bankia, Unidos Podemos llevó al Congreso una propuesta para conservar el banco en poder del Estado y convertirlo en el núcleo de una renovada y más potente banca pública. También el PSOE ha resucitado la idea de una banca pública que garantice tanto el crédito para inversiones a largo plazo como el crédito social.

En España la banca pública se redujo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde que Argentaria, fruto de la fusión en 1991 del Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Caja Postal y Banco Exterior, fue privatizada y terminó fusionándose con el Banco Bilbao Vizcaya en 1999. Francisco González fue el último presidente de Argentaria y el primer copresidente, junto a Emilio Ybarra, del recién nacido BBVA.

Tras la crisis financiera de 2008 y la consiguiente restricción del crédito que padeció la economía española, han vuelto, aunque tímidas, las voces que reclaman el regreso de una banca pública con más músculo del que tiene ahora el ICO. Bankia fue rescatada con dinero público, un mínimo de 22.424 millones según las cifras oficiales del Banco de España, con la idea de devolverla al sector privado antes del diciembre de 2019. Al menos así queda recogido en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado con Bruselas. Sin embargo, los bajos índices de rentabilidad del negocio bancario lastran su cotización bursátil, por lo que la venta de las acciones de Bankia se retrasa día a día a la espera de que el mercado se anime. Por el momento, se han colocado sólo dos paquetes de acciones, el primero en febrero de 2014, un 7,5% del capital, por importe de 1.300 millones de euros, y el segundo, el 12 de diciembre pasado, un 7%, por menos dinero, 818,3 millones de euros. El 18 de abril el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, admitió en el Congreso que no tiene “ninguna ansiedad” por vender Bankia y se empieza a hablar de retrasar a 2020 la fecha límite en busca de un repunte de las acciones en el parqué.

En ese escenario el Congreso debatía sobre la conveniencia de dejar Bankia en el sector público –el Estado sigue poseyendo casi el 61% de las acciones del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri–, fusionarla con el ICO y convertir ambos en una renovada banca pública que financie proyectos de infraestructuras e industriales, facilite el acceso a la vivienda y ofrezca “un sistema de depósitos seguro y a bajo coste”. La proposición no de ley fue rechazada por la Comisión de Economía.

“En otros países europeos existen bancos públicos con cuotas de mercado de entre el 15% y el 25%”, responde Bruno Estrada, director de Estudios y Proyectos de la Fundación Primero de Mayo de CCOO y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Madrid. En Francia, la Caisse des Dépôts, la Banque Postale y la Banque Publique d'Investissements (BPI) son públicos. Este último invierte en sectores industriales considerados estratégicos, explica Estrada. Alemania cuenta con una banca pública regional, dependiente de los Länder. En Italia, a la Banca Posta y la Cassa Depositi e Prestiti se le unió en 2011 el Fondo Strategico Italiano, que imita la política de inversión industrial del BPI francés. En Holanda, el Bank Nederlanse Gemeenten es la cuarta entidad del país por volumen de activos. Hasta en Dakota del Norte, destaca Estrada, existe un banco público donde la administración estatal está obligada por ley a depositar todos sus ingresos y cuya misión es impulsar la economía del Estado.

Contra la concentración bancaria

Aunque el economista de CCOO no cree que España pueda ni deba imitar el modelo alemán, por ejemplo, sí aconseja renegociar el MoU con la Unión Europea, mantener el control estatal sobre el 51% de Bankia y dar un “papel más activo” al ICO. “El ICO carece de capacidad ni personal suficientes para gestionar las líneas de crédito, tiene que firmar acuerdos con las entidades bancarias para hacerlo”, lamenta Estrada. En esa queja coincide con Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario entre 1985 y 1994. “El ICO tiene ahora un papel muy limitado en la economía española, pinta muy poco”. Representa el 2% del crédito, cuando hasta los años 90 llegó al 15%.

Ambos defienden la existencia de un “segmento público” en el sector financiero también como forma de contrarrestar la creciente concentración bancaria. Tras la absorción del Popular por el Santander y de BMN por Bankia, “las cinco mayores entidades controlan el 70% de la actividad bancaria en España”, recuerda Bruno Estrada. Según el informe anual que acaba de publicar el Banco de España, si se le añade el negocio de estos cinco bancos en el extranjero, esa cuota es aún mayor: el 81,5%, cuando en 2008, antes de explotar la crisis, no pasaba del 49%. “La concentración redunda en un empeoramiento de las condiciones que se ofrecen a los clientes, además de que la concentración provoca exclusión bancaria: cada vez más núcleos de población se quedarán sin sucursales”, apunta Julio Rodríguez.

Para el expresidente del Hipotecario, rechazar la banca pública por anacrónica es una postura “muy ideológica”. Por su parte, Bruno Estrada destaca el elevado coste  que el rescate de Bankia ha tenido para el contribuyente y aboga por añadir “criterios sociales” a los “de mercado” en las líneas de actuación de la banca. Por ejemplo, “un comportamiento diferenciado en las hipotecas”: “Si ofreces mejores condiciones a los particulares en estos créditos pequeños obligas a la banca privada a mejorar las suyas y así mejoras las condiciones del crédito en general, introduciendo más competencia en un mercado cada vez más concentrado”, asegura.

Al tiempo, Estrada defiende que se mantenga la parte de Bankia que ya está en manos privadas. “Ayuda a disciplinar la gestión en términos de eficacia económica”, sostiene, “supone un control de la gestión pública que evitará lo ocurrido en las cajas de ahorros”.

Vivienda sí, infraestructuras no

También Julio Rodríguez ve con buenos ojos que Bankia se quede en el sector público, o bien se refuerce el ICO, con la mira puesta en promover la vivienda en alquiler. “España carece de un parque público de vivienda social para alquiler y los bancos privados no están dispuestos a financiar promociones sobre suelo cedido por los ayuntamientos”, lamenta Rodríguez, quien cree que ahí debería estar un ICO que preste directamente, en lugar de a través de los bancos privados como hace ahora, y “capte dinero también directamente de los mercados”. “O una Bankia que desarrolle determinadas líneas que sugiera el Gobierno con condiciones algo mejores que las privadas, pero sin poner en peligro su cuenta de resultados”, ofrece.

Eso sí, a diferencia de Estrada, desaconseja que la banca pública imite a la francesa invirtiendo en infraestructuras. “Para eso es mejor la financiación presupuestaria, los préstamos tienen costes muy altos y terminan siendo ruinosos”, advierte el expresidente del Hipotecario.

Julio Rodríguez recuerda que en su época “el crédito oficial funcionaba bien”. “El Banco Hipotecario tenía 500 empleados [el ICO cuenta con 300 trabajadores], unos beneficios de 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros] y el 40% de la vivienda pública oficial en su cartera”, presume. Aunque, para mejorar su experiencia, Julio Rodríguez pide que una posible nueva banca pública sea sometida a un “seguimiento muy estrecho” por parte del Parlamento y que la elección de sus directivos sea tan estricta “como la que se hace con los del Banco de España”.

“La banca pública ya está inventada y no funcionó”

Por el contrario, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, responde que “no tiene sentido” ni recuperar la banca pública ni que ésta sea Bankia. “La banca pública ya está inventada y no funcionó”, apunta en dirección a las cajas de ahorro. “Fueron el reflejo de lo que pretendía ser la banca pública, sus inversiones fallidas eran inversiones dirigidas por los gobiernos, las terras míticas y similares…terras míticas”, mantiene. Aunque se trataba de entidades privadas, las cajas de ahorro “por gobernanza sí tenían objetivos públicos”, critica García Montalvo, “por ejemplo, invertir en parques de atracciones porque de ello dependía el futuro de una comunidad autónoma era un objetivo del político de turno, que luego resultó que se equivocaba o que tenía incentivos perversos para financiar cosas que no tenían sentido”.

A su juicio, la banca pública sólo es necesaria cuando se sufre un problema general de falta de financiación, como ocurrió durante la crisis, o si hay algún sector o actividad en particular cuyo desarrollo interesa al Estado y no tiene otra forma de conseguir dinero más que recurrir al ICO. Pero en estos momentos, resalta el economista de la Pompeu Fabra, los tipos de interés están lo suficientemente bajos como para que la ayuda pública sea innecesaria. Es más, “ahora faltan empresas que pidan financiación, los bancos querrían prestar más, pero con la crisis las grandes compañías han huido de la financiación bancaria y se han lanzado a emitir bonos”.

García Montalvo replica también que las entidades privadas seleccionan mejor los sectores financiables que el Estado. Rechaza “el dirigismo industrial”. “No funciona bien”, continúa, “en Cataluña ha habido mucho y ha sido desastroso”.

Del ICO alaba el apoyo que prestó a las pymes durante la crisis, cuando se les cerró el grifo de la financiación, pero critica los préstamos Renta Universidad, que han dejado entrampados a miles de estudiantes que los pidieron para cursar másters entre 2009 y 2011. “La banca pública debe ser complementaria de la privada y dedicarse a financiar cosas muy concretas en las que los bancos privados no entran porque son muy arriesgadas pero importantes desde el punto de vista estratégico”, precisa. Y en ese campo limitado “no hay papel para Bankia”, subraya: “Si quisiera hacer una banca pública, yo no haría una Bankia”. Según explica, la entidad rescatada “tiene una estructura y una determinada concentración geográfica que no encajarían en la banca pública”. Tampoco para financiar proyectos de vivienda. “Eso ya se hace en los planes estatales de vivienda, que utilizan a los bancos privados: se ofrecen tipos más bajos y la diferencia la paga el Estado”, descarta.

Sobre lo que ninguno de los economistas consultados se atreve a conjeturar es la fecha adecuada para vender Bankia. Bruno Estrada rechaza de plano la privatización, Julio Rodríguez advierte de que la idea de vender “como sea” antes de dos años perjudicará irremediablemente el precio y José García Montalvo teme por un sector bancario en serio peligro ante la amenaza de Google, Amazon y las fintech. “Vender Bankia para recuperar todo lo invertido en el rescate es una quimera, por mucho que mejore el mercado; el objetivo será conseguir el máximo posible”, se resigna.

La disminución de la deuda en ambos ayuntamientos no es un fenómeno nuevo, ya ocurría con los anteriores gobiernos del PP y CiU. De hecho, viene impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desde 2012 impone fuertes restricciones a las corporaciones locales. Les obliga a priorizar el recorte de la deuda y el déficit, además de prohibirles aumentar el gasto y limitarles las inversiones.

Así, en caso de terminar el ejercicio con superávit, deben destinarlo a pagar la deuda. Y, si aún les queda dinero, pueden destinarlo únicamente a lo que la ley llama “inversiones financieramente sostenibles”. Son las que deben ejecutarse en el plazo de un año y contribuir al crecimiento económico a largo plazo, pero dentro de un catálogo limitado: obras de saneamiento y suministro de agua, recogida de residuos, alumbrado público, infraestructuras de transporte –carreteras, caminos vecinales–, protección del patrimonio histórico… Si superan los 10 millones de euros, necesitan autorización del Ministerio de Hacienda. También pueden dedicar el remanente a pagar gastos generales, pero nunca a gasto social, por ejemplo.

Sujetos con ese arnés, los ayuntamientos han conseguido recortar su deuda desde los máximos históricos alcanzados no hace tanto. Madrid terminó 2012 con 7.733 millones de euros. Barcelona había marcado su propio récord en 2010 con una deuda de 1.202 millones, según el Banco de España.

200 millones en inversiones sostenibles

Madrid cerró el ejercicio de 2015 con un remanente de tesorería de 560 millones de euros, de los cuales 200 millones se han destinado a inversiones financieramente sostenibles, explica Eduardo Garzón, consejero del Área Económica del Ayuntamiento. El resto ha tenido que ser destinado a adelantar la amortización de deuda, “en lugar de a atender las necesidades de los ciudadanos”, se lamenta Garzón.

El economista atribuye el superávit municipal “sobre todo” al alza de los ingresos, fruto a su vez del aumento de la actividad económica en la capital. Una mayor recaudación que se ha producido pese a que el Ayuntamiento ha bajado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 7% para el 99,7% de los inmuebles y a que ha regularizado los valores catastrales para los 22 barrios más castigados por la crisis, explica Eduardo Garzón.

Además, el ayuntamiento dice haber recortado gastos “superfluos”, que sólo en el segundo semestre de 2015 disminuyeron en más de 30 millones de euros. De ellos, 17,34 millones corresponden a ahorros en suministro eléctrico, publicidad institucional o material informático, por ejemplo. Otros ocho millones han salido de la renegociación de alquileres y la reducción de subvenciones a empresas. Y cuatro millones de euros más proceden de la reducción de salarios a cargos políticos y recorte de personal eventual y directivo.

Lo que no ha tocado la corporación madrileña, apunta Garzón, es el gasto social. “Por el contrario, ha aumentado un 24% este año; las inversiones en los distritos, otro 60%, y las inversiones financieramente sostenibles, un 100%, porque el año pasado eran inexistentes”, asegura.

Barcelona no reducirá la deuda este año

Al igual que Madrid, el ayuntamiento barcelonés atribuye el mérito de su superávit en 2015 a la mejoría de la recaudación del IBI, también la del impuesto de plusvalías, que fueron superiores a las que había previsto el anterior gobierno a principios de 2015. Pero la corporación de la capital catalana no quiere reducir ni un euro el gasto. “No es lo correcto en estos momentos”, asegura un portavoz. Así que este año, añade, terminará con la misma deuda con que cerró 2015.

Entre abril y julio del ejercicio pasado, Barcelona amortizó anticipadamente nueve operaciones financieras por importe de 138,4 millones de euros. En diciembre, ya con Ada Colau en el gobierno, el pleno municipal aprobó no refinanciarlas y destinar esa cantidad, procedente del remanente de tesorería, a reducir la deuda, “ya que no se puede destinar a gasto social”, apunta.

De esa forma, el debe municipal se quedó en 836 millones de euros, sin contar con sus organismos autónomos y empresas públicas –cuya deuda asciende a otros 159 millones–. A 31 de mayo, ha descendido hasta los 710 millones. Al cierre de 2015, cada barcelonés adeudaba 520,8 euros. En 2010, con la deuda desbordada, la cifra alcanzaba los 718,8 euros.

Naturalmente, la oposición no ve las cifras con ojos tan bondadosos ni en Madrid ni en Barcelona. De hecho, las críticas son las mismas en ambas ciudades. Los partidos, desde Ciudadanos hasta CiU, achacan el superávit al exceso de presión fiscal sobre los contribuyentes, por un lado, y a la falta de ejecución del presupuesto por otro: no se gasta porque no se actúa.

Eduardo Garzón lo niega. Apunta que el porcentaje de ejecución en 2015 ha sido superior al del ejercicio anterior, aunque también reconoce que el ayuntamiento debe mejorar su “eficiencia y capacidad técnica”. “Pero para eso necesitamos tomar medidas que las leyes estatales no nos permiten tomar, como contratar más empleados públicos para llevar a cabo determinadas actuaciones”, destaca. Sus tasas de reposición están limitadas desde 2012 para reducir el déficit público. “Por ejemplo, la construcción de nuevas escuelas infantiles se está retrasando porque no podemos contratar arquitectos calculistas para establecer las cargas de la estructura de los edificios”, protesta.

Lista de acreedores

A diferencia de Barcelona, Madrid sí tiene previsto seguir reduciendo su deuda este año. Garzón calcula que cerrará el ejercicio con un 31,8% menos, 3.844 millones de euros. Incluso recortará hasta los 2.729 millones para 2019, un 51,6% por debajo del desfase que se encontró Ahora Madrid cuando llegó al Palacio de Cibeles.

¿A quién le debe dinero el Ayuntamiento de Madrid? Sobre todo a Caixabank, 469,76 millones a 31 de marzo de este año. Otros 453,93 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 411,1 millones a Bankia. Al BBVA, 377,42 millones más. Al Santander, 169,28 millones de euros. A diferentes entidades del grupo franco-belga Dexia, especializado en financiar al sector público, le debe un total de 577,32 millones. En su lista de acreedores también figuran los alemanes Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Depfa Deutsche Pfandbriefbank y Bayerische Landesbank Munich. O el fondo de titulación irlandés Bacchus 2008-2PLC.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha cifrado en 415 millones de euros la exposición pública en Abengoa, sin contar con la participación de Bankia, y ha señalado que ahora lo importante es "saber cuál es la situación real" de endeudamiento de la empresa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Guindos ha afirmado que el Estado tiene una exposición en Abengoa a través del ICO, con 130 millones de euros, Cofides (75 millones de euros) y CESCE (210 millones de euros).

El ministro no precisó la exposición de Bankia, en la que el Estado tiene una participación del 64%, ya que señaló que la entidad financiera "se guía por criterios estrictamente de mercado como si fuera una empresa privada".

Asimismo, indicó que la banca española sólo tiene el 40% del total de la deuda bancaria de Abengoa, y que también existen emisiones en los mercados de capitales y una deuda "altísima" con proveedores.

Guindos destacó que Abengoa es una empresa "muy importante" desde el punto de vista "cuantitativo y cualitativo", dando empleo a cerca de 7.000 personas en España, pero subrayó que su "problemática fundamental" es el elevado apalancamiento, por lo que consideró que "lo primero es tener la información precisa de cuál es la situación desde el punto de vista de endeudamiento".

El titular de Economía, que desveló que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de la situación de Abengoa y que él mismo tratará el tema con el consejero andaluz, insistió en que el proyecto empresarial de la compañía "es viable e importante".

Buscar un socio industrial

Para ello, Guindos indicó que tras presentar el preconcurso ahora se abre un periodo de tres meses en el que es "muy importante" para Abengoa que haya acuerdo entre sus principales acreedores, así como "buscar un socio industrial".

"Abengoa no es una única empresa, tiene una estructura empresarial muy complicada. Los acreedores han nombrado a una compañía que está analizando cuál es la situación de endeudamiento, y eso es lo primero que hay que hacer, saber cuál es la situación real. Y a partir de ahí, cualquier actuación del Gobierno y del ICO va a ser constructiva, sabiendo también que hay limitaciones en la normativa europea de ayuda de Estado", dijo al respecto.

Asimismo, Guindos subrayó que cerca del 90% de los ingresos de Abengoa proceden del exterior, con especial presencia en América del Norte y del Sur, situándose su facturación en España en torno al 12%, por lo que "los ajustes que se hicieron para acabar con el déficit tarifario no es la causa fundamental de la problemática de Abengoa".

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha propuesto el nombramiento de su jefa de Gabinete, Emma Navarro Aguilera, como nueva presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en sustitución de Irene Garrido, que deja el cargo para incorporarse de número dos a la lista electoral del PP por Pontevedra, según indicaron a Europa Press en fuentes de este departamento.

La jefa de Gabinete de Guindos, que será nombrada previsiblemente mañana en el Consejo de Ministros, sustituye así a Irene Garrido, que fue nombrada en agosto de 2014 en sustitución de Román Escolano, que se marchó al Banco Europeo de Inversiones en detrimento de Magdalena Álvarez. Navarro Aguilera, que ya era miembro del consejo de Administración del ICO, así como del ICEX España Exportación e Inversiones, es licenciada en Derecho y máster en Derecho Comunitario por la Universidad San Pablo CEU, además de Técnico Comercial y Economista del Estado desde 2005.

Desde agosto de 2014 ha ostentado el cargo de directora de Gabinete del Ministerio de Economía, al que llegó después de ocupar la silla de España ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2012.

En enero de aquel año fue nombrada vocal asesor en el Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad. También ha ocupado este puesto en el Ministerio de Hacienda.

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Román Escolano, será el sustituto de la exministra socialista Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.

La sustitución se produce después de que Álvarez dimitiera esta semana como vicepresidenta del BEI después de que el consejo de administración de la institución debatiera los riesgos de reputación para el banco derivados de la imputación definitiva de la exconsejera andaluza de Hacienda en el caso de los ERE irregulares en Andalucía.

Sin embargo, la exministra socialista de Fomento atribuyó su marcha a "una campaña de acoso y derribo" del Gobierno y la desligó de su imputación, al tiempo que acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Economía, Luis de Guindos, de "querer poner a otro" en su puesto.

Acuerdo con Portugal

A raíz de la imputación formal de Álvarez en el caso de los ERE, el Gobierno solicitó opinión al comité ético del BEI, que concluyó que esta situación comprometía de forma sustancial la reputación de la institución. De hecho, el consejo de administración del BEI tenía previsto debatir y votar, a petición de España y Portugal, la destitución de Álvarez en una reunión prevista para el 22 de julio.

Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. Su salario superaba los 23.000 euros al mes. El mandato de Álvarez expiraba en dos años y el Gobierno tenía cerrado un acuerdo con Portugal para nombrar a otro representante español en sustitución de la exministra.

La sustitución de Magdalena Álvarez por Román Escolano se producirá probablemente durante el mes de julio y ha sido propuesto por España de acuerdo con el Gobierno portugués, explicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Las mismas fuentes destacaron el "perfil técnico y profesional" de Escolano y su experiencia en el sector financiero, así como su actividad durante los últimos dos años al frente del ICO.

En el gabinete de Aznar

Escolano fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en enero de 2012. Director de Relaciones Institucionales del BBVA, desde 2000 hasta 2004 fue director del departamento de Economía del Gabinete del Presidente del Gobierno, que en aquel momento era José María Aznar.

Anteriormente fue asesor del secretario de Estado para las Comunidades Europeas. También es miembro de la Fundación Consejo España-China y vicepresidente de la Cámara de Comercio España Turquía.

Román Escolano ha sido miembro de los consejos de administración de Correos, Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). El nuevo vicepresidente del BEI es economista y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con el número uno de su promoción.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado un programa de alta dirección de empresas del IESE.

Nadie se hace responsable del impago de los préstamos Renta Universidad en los que se han entrampado hasta el momento un centenar de estudiantes de máster y doctorado. Ni el Ministerio de Educación, que creó y gestionaba la línea de ayudas, ni el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que canalizó los fondos, ni los bancos que firmaron los contratos con los universitarios asumen competencia alguna en el problema.

Desde 2007 hasta 2012 los préstamos Renta Universidad pusieron 400 millones de euros a disposición de estudiantes que quisieran cursar másters y doctorados oficiales. Se trataba de imitar mecanismos similares existentes en EEUU. Las condiciones eran muy ventajosas: no hacía falta presentar garantías –“se conciben como préstamos sobre el honor”–, el periodo de carencia era de dos años y sólo había que devolver el dinero al año siguiente de conseguir un sueldo anual superior a los 22.000 euros, el mínimo exento del IRPF. Si no se conseguía ese umbral durante los 15 años posteriores a la firma del préstamo, la deuda quedaba extinguida. El préstamo no podía ser inferior a 2.000 euros ni superar los 28.800 para dos cursos académicos.

Sin embargo, la crisis y las políticas de reducción del déficit forzaron un cambio en las condiciones en 2010. Quienes se acogieron a esa última convocatoria, 2.200 universitarios según el ICO, sí tienen que devolver el préstamo aunque no alcancen los 22.000 euros de renta anual. Y, en marzo de 2012, el Ministerio de Educación decidió suprimir la línea de ayudas. Adujo “la bajada constante y continua de peticionarios, de más del 60% entre la última [convocatoria] de 2010 y la precedente de 2009”, así como la “progresiva pérdida de eficiencia” de los préstamos. Además, alegaba la orden ministerial de derogación, “ya existen las becas generales”.

El caso es que el aumento exponencial del paro entre los jóvenes impide ahora a muchos de estos estudiantes devolver las ayudas recibidas. O no llegan a los 22.000 euros anuales con sus subempleos o, sencillamente, carecen de trabajo alguno. Ya se han organizado en una plataforma de afectados y han empezado a reclamar una solución.

"Esperamos una orden de Educación"

Sin embargo, un portavoz del ICO asegura que el instituto es un “mero gestor” de la línea de ayudas. “El riesgo es del Ministerio de Educación, ni del ICO ni del banco”, explica. Así que la entidad pública dice estar esperando “una orden ejecutiva” del departamento que dirige José Luis Wert. El mismo portavoz minimiza el problema: “La mayoría de los préstamos eran sólo de 50 a 60 euros al mes”.

A continuación, el Ministerio de Educación aduce que el préstamo es “un contrato privado entre un banco y el estudiante” y, por tanto, que no le “toca” a él buscar una solución. “Educación se limitó a encauzar con el ICO unas medidas ventajosas para que los bancos concedieran préstamos”, apuntan fuentes del ministerio. “Y luego”, señalan, “las suprimimos porque las condiciones eran horribles para los alumnos, con unos intereses más altos, y el número de solicitudes había caído”.

Educación también culpa a algunos de los estudiantes, que se “olvidaron” de pedir la prórroga del periodo de carencia que les ofrece el propio contrato. Así que el ministerio se va a limitar a ver “cómo se desarrollan los acontecimientos”, porque no sabe “si puede actuar de alguna manera”. “Se trata”, esquivan de nuevo las fuentes, “de un triángulo entre el ICO, el banco y el alumno”.

Los bancos no saben si van a embargar

Fueron cinco las entidades financieras que firmaron los contratos con los estudiantes, entre ellas el BBVA y el Santander. “Somos meros intermediarios”, se escapan a su vez los bancos. Fuentes de uno de ellos, que pide no aparecer identificado, desvía el 100% de la responsabilidad a Educación. “Es el ministerio el que pone todas las condiciones: autoriza, hace el seguimiento y decide si condona o no los préstamos”, explica. “Todo está en el BOE”. Los bancos no pueden decir si van a proceder contra los estudiantes que no devuelvan los préstamos. “El ministerio debe dar todas las indicaciones”, concluye.

Hasta el momento, a David Martín, periodista en paro, uno de los afectados e impulsor de la plataforma que los agrupa, la única solución que le han ofrecido, y lo ha hecho el banco, es una refinanciación del préstamo, aunque con las condiciones del mercado y presentando un avalista que no tiene. Pero, si continúa la elusión de responsabilidades detrás de la que se escudan hasta ahora tanto el ICO, como el Ministerio de Educación y los bancos, puede que nadie ejecute ese embargo que tanto le agobia.