En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

Entrar en un pub irlandés, escocés o inglés en la Costa del Sol sigue siendo, para muchos, una forma de viajar sin salir de Málaga. La ambientación, la música, las retransmisiones deportivas y hasta la forma de relacionarse reproducen fielmente el ambiente británico, lo que explica que buena parte de la comunidad extranjera los convierta en su punto de encuentro habitual. Para quienes han crecido en la provincia, esta mezcla cultural no resulta extraña: forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y ha terminado por integrarse en la identidad social de la zona.

En localidades como Fuengirola, Benalmádena o Marbella, estos locales no solo funcionan como bares, sino como auténticos centros sociales donde se comparten costumbres, idiomas y estilos de vida. Muchos expatriados encuentran en ellos un entorno familiar que reduce la sensación de estar lejos de su país. Incluso algunos negocios han adaptado su oferta para fidelizar a este público, con cartas, horarios y servicios pensados casi exclusivamente para clientes británicos o irlandeses.

Sin embargo, más allá de esa imagen turística y aparentemente inofensiva, estos establecimientos también han despertado sospechas durante años. Su elevado volumen de ingresos en efectivo, la rotación constante de clientes y la dificultad de rastrear determinadas operaciones los convierten en espacios potencialmente atractivos para actividades ilícitas. Entre ellas, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico o de otras actividades delictivas ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades.

En este contexto, la reciente operación contra el clan Lyons ha vuelto a poner el foco sobre esta realidad. La detención de Steven Lyons supone un golpe relevante dentro de una investigación que llevaba tiempo en marcha. Este movimiento no solo tiene un valor operativo, sino también simbólico, al evidenciar la intención del Ministerio del Interior de actuar con firmeza frente a organizaciones criminales extranjeras asentadas en España.

El clan Lyons, con origen en Glasgow, no es una estructura desconocida en el ámbito policial europeo. Durante años ha protagonizado enfrentamientos, investigaciones y procesos judiciales en Escocia, consolidando una reputación ligada al crimen organizado. Su salto a la actualidad española se produjo tras el doble asesinato ocurrido en Fuengirola el 31 de mayo de 2025, un episodio que atrajo la atención mediática y que marcó un antes y un después en su actividad en la Costa del Sol.

A partir de ese momento, la Guardia Civil, especialmente a través de la Unidad Central Operativa (UCO), intensificó sus esfuerzos para analizar la presencia y las operaciones del clan en territorio nacional. Las investigaciones han revelado un entramado complejo que habría permitido el blanqueo de más de 50 millones de euros en España. Este dinero se habría canalizado mediante una combinación de negocios de hostelería, principalmente pubs, y una red de inversiones inmobiliarias construida a lo largo de los años.

Se estima que la organización controlaba al menos una docena de establecimientos en la provincia de Málaga, además de propiedades adquiridas a nombre de terceros. El uso de testaferros y sociedades interpuestas habría sido clave para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar la detección por parte de las autoridades.

Este tipo de estructura no es nueva en el crimen organizado, pero su implantación en entornos turísticos internacionales como la Costa del Sol añade un nivel adicional de complejidad.

El atentado en el antiguo pub Monaghans de Fuengirola ocurrió en una noche especialmente concurrida por la final de la Champions League y supuso un punto de inflexión. La violencia empleada, sumada al contexto de gran afluencia de público, generó una alarma social y aumentó la presión sobre las fuerzas de seguridad para actuar con rapidez. Lo que hasta entonces podía pasar relativamente desapercibido quedó expuesto de manera evidentes.

Tras este episodio, el clan sufrió una serie de reveses operativos. Parte de sus miembros optaron por desplazarse a Emiratos Árabes Unidos, buscando reducir la presión policial y reorganizarse lejos del foco mediático. Sin embargo, esta estrategia no logró frenar el avance de las investigaciones. La cooperación internacional y el seguimiento de los movimientos financieros permitieron mantener el control sobre la organización.

El enfrentamiento con el clan Daniels, también de origen escocés, ha sido otro de los factores determinantes en la evolución de los acontecimientos. Esta rivalidad, que se arrastraba desde hacía años en Reino Unido, se trasladó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo escenario, al igual que ocurrió con los Hutch y los Kinahan de la mafia irlandesa. La importación de este conflicto elevó el nivel de violencia y rompió el perfil bajo que tradicionalmente habían intentado mantener estos grupos en España. Unos y otros fueron atacados por la Policía, los Kinahan en la histórica operación Shovel que les llevó a afincarse en Dubái y los Hutch en la isla de Lanzarote, donde fue detenido primero Gerry Hutch, el Monje, y recientemente su hijo, ambos por idéntico delito: blanqueo de capitales, en este caso en las Islas Canarias.

Este cambio de dinámica ha sido clave para que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional prioricen estas investigaciones. La presencia de armas de guerra, los ajustes de cuentas y los asesinatos en espacios públicos han obligado a reforzar la respuesta policial. Además, la posible conexión con otros casos relevantes en España ha ampliado el alcance de las pesquisas, situando a figuras como Steven Lyons en el centro de múltiples líneas de investigación.

En paralelo, los investigadores también han puesto el foco en las estructuras económicas que sustentan estas organizaciones. Más allá de los hechos violentos, el verdadero objetivo es desmantelar la base financiera que permite su funcionamiento. Sin recursos económicos, la capacidad operativa de estos grupos se reduce considerablemente, lo que convierte el blanqueo de capitales en un elemento clave dentro de la estrategia policial.

Todo ello refleja una realidad compleja: la Costa del Sol, con su carácter internacional y su dinamismo económico, ofrece oportunidades tanto para el desarrollo turístico como para actividades ilícitas. La convivencia de ambos aspectos plantea retos constantes para las autoridades, que deben equilibrar la promoción económica con la prevención del delito.

En definitiva, el caso del clan Lyons pone de manifiesto cómo determinadas organizaciones han intentado aprovechar este entorno para establecerse y operar con discreción. Sin embargo, también demuestra que esa estrategia tiene límites. Cuando la violencia irrumpe y la actividad delictiva se hace visible, la respuesta institucional se intensifica, dificultando la continuidad de estas redes en el territorio español.

Siempre he sido un gran defensor de los bares. En España, se calcula que hay unos 164.000 bares, es decir, aproximadamente 3,3 bares por cada 1000 personas. Es bastante. Es, en realidad, mucho. Incluso hay quien dice que España es en la práctica un gran bar: cuando alguien no sabe qué negocio montar, monta un bar. Muchos destacan este hecho como una muestra de nuestra inveterada incapacidad para inventar, para ser creativos, para ir más allá. Y puede que tengan razón. Pero lo que no ven es que los bares son, han sido, y serán, auténticos seminarios filosóficos en la calle. Los españoles (y todos los seres humanos) van a los bares a discutir de filosofía, incluso, muchas veces, aunque no se den cuenta. No se trata de esbozar grandes ideas filosóficas o políticas: pero cuando, en la barra de un bar, hablamos de nuestras parejas, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, de nuestros viajes, o incluso de nuestros políticos, en realidad lo que estamos haciendo es filosofar. Filosofar no de la manera en la que Habermas lo haría en el Max Planck; sino filosofar como probablemente a él le hubiera gustado que la gente filosofara: de manera llana, clara, sin coacciones, sin tapujos, sin miedo a la verdad, y todo ello aderezado por unas cuantas pintas, a lo que, seguramente, el filósofo tampoco habría tenido nada que objetar.

Los méritos intelectuales y políticos de Habermas ya han sido glosados por gente mucho más competente que yo en estos menesteres. Por tanto, no los voy a repetir aquí, y me voy, además, a ahorrar aquello de que fue la “luminaria de nuestro tiempo”, porque me parece una frase completamente cursi. Efectivamente, Habermas estuvo en todos los debates relevantes de la Europa de la posguerra, y aportó a dichos debates una mirada desprejuiciada, novedosa, y sobre todo, no temerosa de incomodar, que es para mí el primer oficio del intelectual: incomodar con las ideas, con las preguntas. Pero por importantes que sean esos méritos, creo que el principal de todos ellos fue el de subrayar una idea muy específica: la de la enorme fragilidad de la democracia. Para Habermas, la democracia depende de manera directa de la vitalidad de la esfera pública; de la calidad del debate público, de la amplitud de ese debate, de las condiciones de igualdad, confianza y credibilidad en las que se produce dicho debate, de la no-institucionalidad de ese debate. Depende, en definitiva, de los bares, y de lo que se va cociendo en ellos. A más bares más posibilidad de que se emprenda un debate público fuerte, de que la democracia encuentre su propia vitalidad, se encuentre a sí misma.

Hace poco intenté desarrollar un proyecto de investigación en el que trataba de explicar el terrible declive de la confianza en nuestras instituciones públicas, y concretamente en los tribunales de justicia (que están algo mejor en términos de confianza que el resto de los poderes públicos, aunque no mucho mejor). Mi idea era que las razones por las que se está produciendo, desde hace ya algún tiempo, este increíble declive, están conectadas con la cada vez menor vitalidad de nuestra esfera pública. Cada vez hay menos foros, cafés, clubs, sociedades, y sí, bares (en España su número está descendiendo de manera importante), en los que la gente pueda debatir de forma abierta, sincera, descarnada, sin tapujos. No pudimos obtener datos sistemáticos al respecto, y tuvimos que abandonar el proyecto, que necesitaría de un trabajo empírico mucho más profundo. Pero creo que la idea es buena, y se la debo a Habermas: la confianza institucional se revierte cuando la esfera pública lo hace. Es ahí, en la esfera pública, en donde se produce el entramado deliberativo que permite enervar cambios en la sociedad, en la economía, en la política, en el derecho. Y esos cambios son los que, a su vez, permiten generar más confianza y credibilidad en las instituciones. 

La esfera pública, y su dimensión, están permanentemente amenazadas. Están amenazadas, en particular, por la revolución digital, su peor enemigo. Habermas tuvo dos fases en relación con esta cuestión: en la primera, más optimista, pensaba que los seres humanos lograríamos llegar a gestionar bien las redes sociales y en general las nuevas tecnologías de la información. En una segunda fase se rindió, sin embargo, ante la evidencia de que la amenaza que provenía del mundo digital era mucho mayor de lo que él mismo había podido suponer. La tercera fase, de recalibración de expectativas, es la fase en la que, imagino, habría entrado ahora si hubiera vivido más tiempo.

Habermas ha muerto. Pero en realidad, en algunos sitios, está muy vivo todavía. Habermas está en los bares, en los cafés, en los clubs de debate, en las asociaciones, en las fiestas, en todos aquellos lugares en los que se junte más de un ser humano que esté dispuesto a emplear el lenguaje como forma de comunicación con la finalidad de llegar a un entendimiento. Cada vez que entren en un bar piensen, por tanto, en ello: Habermas está con ustedes, les está observando, les está acompañando. No lo olviden. No le olviden.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

Tomarte un café en el bar Una Grande y Libre, darte un paseo por la calle del General Millán Astray o encontrarte una marcha de Falange entonando el Cara al Sol. Lo que parece el día a día de un ciudadano en pleno auge de la dictadura, se puede seguir haciendo en España en 2025. Estas situaciones ocurren 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco y bajo una Ley de Memoria Democrática que, desde 2022, tiene como objetivo acabar con cualquier tipo de enaltecimiento del régimen franquista.

La Falange Española de las JONS convocó una misa el pasado 6 de noviembre en homenaje a sus "caídos" en la Iglesia de Santa María la Real (Sevilla), en pleno centro de la capital andaluza. La convocatoria fue ampliamente denunciada por asociaciones memorialistas como un acto de exaltación franquista y el templo decidió cancelar el acto. Pese al cierre de puertas, unos 80 jóvenes —la mayoría entre los 25 y 30 años— optaron por reunirse en la calle, donde entonaron el himno Cara al Sol y realizaron el saludo falangista con el brazo en alto. Una imagen similar se registró el 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz con otra concentración de los falangistas, que acabó con enfrentamientos y lanzamiento de objetos ante la llegada de jóvenes antifascistas vascos.

Esta exaltación no solo corre a cargo de grupos de extrema derecha, sino que también aparece en restaurantes y en el callejero de toda España. Un ejemplo paradigmático es Casa Pepe, en Venta de Cárdenas (Ciudad Real), un local que, desde hace décadas, exhibe calendarios con la imagen de Franco, llaveros de iconografía falangista o banderas franquistas con el águila de San Juan como parte de su decoración permanente. Algo similar ocurre en Casa Olga (A Guarda, Pontevedra), donde se han documentado cenas amenizadas con el Cara al Sol, o en Una Grande y Libre (Madrid), cuyo ventanal exhibe una imagen de Franco combinada con banderas de España y decoración alusiva a la División Azul.

Además de los bares, hay ayuntamientos que han decidido conservar vestigios del franquismo que la ley pretende erradicar. Por ejemplo, el municipio de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) mantiene en su nombre oficial la mención al "Caudillo", y en las localidades de Muel (Zaragoza) y El Barraco (Ávila) continúa en el callejero la Calle del General Franco. Son decisiones que, aunque la legislación identifica como contrarias a la memoria democrática, no se han revertido.

La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, establece de manera explícita la obligación de retirar cualquier elemento que exalte la sublevación militar, la dictadura o a sus protagonistas, tanto si están colocados en espacios públicos como si proceden de inmuebles privados con proyección al exterior. El texto también prohíbe los actos públicos de enaltecimiento del franquismo —desde cánticos y símbolos hasta manifestaciones organizadas con ese fin— y prevé sanciones administrativas y económicas para los responsables.

No obstante, para que ese régimen sancionador funcione a pleno rendimiento, el artículo 36 de la norma obliga al Gobierno a elaborar un catálogo estatal de vestigios franquistas, una herramienta clave que permitiría acelerar los expedientes y ordenar retiradas. Tres años después, ese catálogo sigue sin publicarse, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes en el Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto que permitirá su elaboración.

Esa falta de ejecución es precisamente la crítica que repiten los expertos y las asociaciones. El abogado Eduardo Ranz, especializado en memoria, sostiene que "la ley es clara y plenamente aplicable", pero que la Administración "ha optado por una interpretación pasiva que convierte un marco garantista en papel mojado". "Si el Estado quisiera actuar, ya lo habría hecho, pero quien tiene que sancionar no sanciona y es lo que no se entiende", añade.

Queralt Solé, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, también critica "una falta de proactividad". "En el fondo ha sido muy difícil llegar a esta ley, pero tiene tantos decretos que desarrollar para activar sus distintas facetas que no consigue verse su implementación en el día a día", incide.

La norma establece un régimen sancionador con tres niveles de infracciones —leves, graves y muy graves— y multas que oscilan entre 200 y 150.000 euros, según la gravedad del hecho. Entre las infracciones muy graves se incluyen los actos públicos de exaltación o enaltecimiento del golpe de Estado, la dictadura o sus dirigentes, mientras que las graves comprenden aquellas actuaciones realizadas en lugares de acceso público que supongan descrédito o menosprecio a las víctimas o que inciten a la violencia contra ellas. Las leves, por su parte, se aplican al incumplimiento de los requerimientos de la Administración, por ejemplo cuando no se retiran elementos identificados como contrarios a la memoria democrática.

En todos los supuestos, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es el órgano encargado de incoar los expedientes: identificar la infracción, abrir el procedimiento, escuchar alegaciones y dictar resolución. Tres años después de la entrada en vigor de la ley, solo se conoce una sanción. Tras una denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en 2022, se sancionó a Falange Española de las JONS con una multa de 10.000 euros por el acto de conmemoración del 20N.

Sin embargo, tanto Silva como Ranz denuncian que no se han conocido más sanciones contra exaltaciones franquistas que ocurren cada pocas semanas. "La ley prevé un régimen sancionador eficaz y operativo. No hay ningún impedimento jurídico para aplicarlo, lo que hay es una falta de voluntad política". Ranz insiste en que la Secretaría de Estado "podría haber actuado de oficio en cientos de ocasiones". Fuentes del Ministerio de Memoria Democrática señalan que todas las manifestaciones se estudian desde la Dirección General de Atención a las Víctimas y que se abre expediente "cuando existen claras manifestaciones que atentan contra la dignidad de las víctimas".

Emilio Silva sostiene que, si las sanciones se aplicaran con rigor, la situación sería completamente distinta. "La gente que promueve estos discursos está viendo que no tiene consecuencias. Si hay una total impunidad, lo que estás facilitando es que se siga expandiendo ese discurso franquista", denuncia.

El artículo 35 de la ley establece que los elementos contrarios a la memoria democrática situados en espacios privados con proyección pública —como iglesias, restaurantes o fachadas visibles desde la calle— deben ser retirados por sus propietarios, y faculta a la Administración para actuar en caso de incumplimiento. Ranz recuerda que él mismo llevó un caso para que la Catedral de Ourense retirara un elemento de exaltación que estaba en un espacio de acceso público.

Sin embargo, locales como Casa Pepe, Casa Olga o Una Grande y Libre continúan exhibiendo simbología falangista o franquista sin que se hayan abierto expedientes visibles. Para Silva, estos establecimientos "viven en un limbo jurídico" y la ley "abre la posibilidad de multarles, pero no de clausurar los locales". Según el presidente de ARMH, las asociaciones se han "cansado de denunciar" este tipo de espacios porque nunca ven resultados y no quieren aumentar su notoriedad.

Solé también incide en que el Ministerio de Memoria Democrática, pese a los avances, "debe realizar una mayor presión para la retirada de vestigios franquistas del callejero". Aunque la norma identifica expresamente como contrarios a la memoria democrática los topónimos, calles y denominaciones que homenajean a la dictadura, el Gobierno mantiene que la responsabilidad de retirar esos vestigios recae en los ayuntamientos. El Ejecutivo se ampara en los artículos 35 y 14 de la norma, que apelan a la competencia municipal y al principio de subsidiariedad entre administraciones, y sostiene que son los consistorios quienes deben aprobar en pleno el cambio de calles o la eliminación de referencias franquistas. Esta interpretación deja, en la práctica, la retirada en manos de gobiernos locales que a menudo se niegan a cumplir la ley. Por ejemplo, Madrid mantiene seis calles con denominaciones franquistas y el conocido Arco de la Victoria en Moncloa.

Para Emilio Silva, esta falta de responsabilidad del Estado perpetúa la impunidad. "Hay una ley de lo contencioso-administrativo con la que el Estado podría perseguir a los ayuntamientos que no aplican la ley y que tienen la obligación de hacerlo", detalla. En su opinión, el problema no es la letra de la ley, sino la falta de voluntad para hacer memoria desde todos los ámbitos.

Un hombre de 52 años ha fallecido como consecuencia de la explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid), un suceso en el que han resultado heridas al menos 25 personas, tres de ellas en estado grave, ha informado esta madrugada el servicio de emergencias de la capital, informa EFE.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado a la persona fallecida en un sótano, bajo más de un metro de arena y escombro, en el edificio en el que ha tenido lugar la explosión, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas, ha precisado Emergencias Madrid a los medios de comunicación.

El hallazgo del cuerpo se ha producido esta madrugada después de que los bomberos realizaran una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, entre los escombros de la explosión, que ha tenido su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

La búsqueda se ha reanudado después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La víctima mortal se suma a las 25 personas heridas que ha contabilizado Emergencias Madrid hasta el momento, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves y que han sido trasladadas al Hospital de La Paz y al 12 de Octubre.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y ha afectado a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, ha indicado que el edificio tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" una región de unos 50-60 m2", pero ha añadido que "hay que hacer una valoración entera".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados, "al menos durante algunas días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

"Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", ha advertido sobre las cifras de víctimas de este suceso.

Hasta el lugar de los hechos, según ha informado este sábado Emergencias Madrid, se han trasladado un total 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) y la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal, entre otros.

La explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid) fue causada por una "concentración de gases", según un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, un suceso en el que han resultado heridas 25 personas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves que han sido trasladadas a los hospitales de La Paz y Doce de Octubre, informa EFE.

Según ha informado esta tarde Carlos Marín, jefe de bomberos ayuntamiento de Madrid, el edificio donde está situado el bar 'Mis Tesoros' tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" unos 50-60 metros cuadrados, "pero hay que hacer una valoración entera".

"El edificio ahora mismo está inestable (...) por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio", ha explicado.

Además, según Marín, la zona afectada es la de acceso al portal en las viviendas superiores, con lo cual, aunque haya alguna vivienda superior que no tenga ningún daño, "el acceso a la finca está es completamente imposible".

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se ha trasladado a la zona del siniestro y ha informado de que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados "al menos durante algunas días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

También ha descartado que "pudiera haber alguna persona atrapada" ya que se ha desescombrado buena parte y los perros de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también han inspeccionado los escombros.

"Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", ha advertido sobre las cifras de víctimas de este suceso.

Hasta el lugar de los hechos, según ha informado este sábado Emergencias Madrid, se han trasladado trece dotaciones de Samur-PC y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la Unidad Canina, además de unidades del SUMMA 112.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones y la policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle ha tenido que ser cortada.

"Lo tenemos ya todo solucionado. Ven una tarde y lo compruebas. Te presento a nuestras chicas". Así pretendía convencerme la jefa de un supuesto spa en Madrid del buen estado higiénico-sanitario del lugar. Todo empezó con una obsesión periodística que tuve hace unos años: las inspecciones a los establecimientos públicos.

Llevo años trabajando dentro del periodismo en una cara poco conocida de la profesión: la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Básicamente, me dedico a realizar solicitudes a gobiernos y administraciones para conseguir información que tienen guardada y poder hacerla pública.

¿Qué tiene que ver esto con las inspecciones? Bastante. En ciudades como Nueva York, Oslo o Londres cuando se acude a un establecimiento público —como bares o restaurantes— en la puerta se puede consultar el resultado de la última inspección que le han realizado las autoridades sanitarias, pero ninguna ciudad española hace lo mismo.

Ante esa falta de transparencia en nuestro país —que, por desgracia, está a mucha distancia en esta materia de los anglosajones o los nórdicos—, allá por 2018 me puse a solicitar información y datos sobre las inspecciones. Comencé por la ciudad más poblada: Madrid. 

Estos controles en la capital los realiza el organismo municipal Madrid Salud y los califica como inspecciones higiénico-sanitarias. Se realizan periódicamente para vigilar la salubridad de establecimientos como bares y restaurantes o piscinas y gimnasios, pero los ciudadanos de la capital —entre los que me incluyo— no pueden conocer los resultados.

Basándome en la ley de transparencia, realicé solicitudes de información dirigidas a Madrid Salud pidiendo, por ejemplo, los datos y resultados de las inspecciones en los bares y restaurantes de la ciudad y los de las piscinas. No fue fácil conseguir que el organismo accediera a dar la información. Se negó a ello, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en aquel momento tenía las competencias sobre Madrid —ahora la comunidad tiene un Consejo de Transparencia propio que apenas nunca da la razón a los ciudadanos— estimó mis reclamaciones. Tras mucho tiempo de espera, nuevas solicitudes, e incluso reuniones con Madrid Salud, finalmente se me entregó la información.

Ahí empieza el análisis de los datos: quién suspende y quién aprueba las inspecciones, quién saca peores resultados, qué tipos de establecimientos son, en qué zonas de la ciudad se encuentran… Y tras ello, la investigación tradicional. Así que procedo junto a algunos compañeros a indagar y a contactar con los lugares que peores notas sacaban. 

En el caso de las inspecciones a las piscinas nos dimos cuenta de que había una serie de locales en los que se practica sexo —como los clubs de swingers o las saunas, tan nombradas últimamente— que disponían de espacios de baño y también eran objeto de las inspecciones. El resultado nos sorprendió poco: las piscinas de estos locales eran las que peores resultados sacaban.

Es ahí cuando desde uno de ellos, que operaba con una licencia de spa urbano, parece que me invitan a consumir prostitución. Llamo para preguntar por el suspenso de la piscina del local en la inspección y la jefa me asegura que está todo perfecto y solucionado y me anima a ir a conocer su local y a que me presente a 'sus chicas'. "Te pueden hacer un masaje para que te relajes", me decía.

No acudí. Tampoco a un céntrico hotel madrileño, desde el que justificaban su suspenso en que el día de la inspección había llovido en Madrid y eso había desestabilizado los valores de cloro y pH de su piscina. Los datos que habíamos conseguido de Madrid Salud incluían la fecha en la que se había realizado la inspección y actualmente existen multitud de registros meteorológicos históricos online. Ese día no cayó ni una gota de lluvia en la capital. Las excusas de unos y otros para justificar los suspensos eran realmente imaginativas.

Mejor aún fue la que le dio un club de swingers, que también había suspendido la inspección, a mi compañero José Molina. Según la inspección, se había revisado la salubridad de "un vaso de hidromasaje con agua recirculada". Lo que se conoce como un jacuzzi. Pero el dueño del local replicaba que él no había suspendido ninguna inspección porque ni siquiera tenía un jacuzzi en el local, sino que contaba con un "estanque decorativo" en el que los clientes no se podían bañar. Las imágenes del local hablan por sí solas.

El local del supuesto estanque sigue abierto y se ha reformado. Según indican en su sitio web, ahora cuentan con una piscina. ¿Cómo le va con las inspecciones? No lo sabemos. 

Todo aquel trabajo acabó publicado en una investigación en Maldita.es, medio en el que trabajaba por ese entonces. También la que hicimos sobre los bares y restaurantes. Sobre los locales de restauración también publicaron una los compañeros de la Fundación Civio. Las tres datan del periodo entre finales de 2019 y principios de 2020. Desde entonces no se han vuelto a publicar resultados de las inspecciones en Madrid.

Cuando me reuní con Madrid Salud en 2019, antes de conseguir que facilitaran los datos, aseguraban que se estaban preparando para en un futuro no muy lejano poder publicar los resultados de las inspecciones directamente en su página web, al igual que pasa en otras ciudades del mundo. Pero más de seis años después no hay ni rastro de esa iniciativa.

De hecho, parece que, en lugar de avanzar, en algunos aspectos vamos atrás en cuanto a transparencia. Madrid Salud no solo no publica los datos por su propia cuenta sino que el organismo y el propio Ayuntamiento de la capital se niegan a volver a facilitar ese tipo de datos ante solicitudes de información similares. 

Aunque por aquel entonces tampoco fue una tarea sencilla, se consiguieron revelar los resultados de las inspecciones. Pero ya había algunos problemas con la transparencia. 

A raíz de la publicación de la investigación sobre las inspecciones de los bares y restaurantes madrileños, intentamos conocer la misma información para otras zonas del Estado. Las competencias en esta materia acostumbran a ser municipales en las ciudades más grandes y autonómicas en el resto de municipios. 

Realicé una solicitud a la Generalitat de Cataluña para conocer los resultados de las inspecciones en aquella comunidad. La Generalitat, en lugar de facilitarme los datos de los locales de los municipios en los que dispone de competencias, decidió derivarla a los 947 pueblos y ciudades catalanes. 

La locura fue absoluta. No había día en el que no me llegaran múltiples mails, SMS y notificaciones de Ayuntamientos de toda Cataluña. El alcalde de un pequeño pueblo me llamó un día para preguntarme qué información quería. "Aquí solo teníamos un bar y cerró hace unos años, no hacemos ninguna inspección porque no hay nada que inspeccionar".

El nivel de comunicaciones era prácticamente inabarcable. La treta de la Generalitat les podía funcionar. Como es lógico, era imposible reclamar después más de 900 posibles resoluciones si los Ayuntamientos catalanes optaban por no entregar la información.

No es más que una de las trabas que en muchas ocasiones nos ponen a los periodistas y ciudadanos que acostumbramos a utilizar el recurso, por desgracia aún poco extendido, de solicitar información a través de la ley de transparencia. 

Uno de los motivos que esgrimen en muchas ocasiones las Administraciones para no entregar información es la protección de datos personales. Pero, en cambio, no les preocupan igual los datos de las personas que han realizado las solicitudes.

Desde Cataluña no solo me llamó aquel alcalde. Algunos Ayuntamientos pensaron que antes de decidir si entregarme o no la información debían recabar la posición de los dueños de bares y restaurantes. Una decisión acertada, pero mal ejecutada. Les facilitaron directamente una copia de mi solicitud, donde se recogían todos mis datos personales: DNI, nombre completo, correo electrónico, teléfono móvil... 

Es entonces cuando empezaron a llamarme de varios bares de algunas ciudades catalanes. "¿Por qué has solicitado información sobre las inspecciones de mi restaurante", me preguntó un día un propietario. En otra ocasión me llamó un ciudadano de origen chino, con el que no conseguí entenderme por las barreras idiomáticas. Al día siguiente quien me contactó fue su abogado preguntando por mi solicitud de información. Tuve que aclararle que no era una investigación sobre el caso concreto del bar de su representado. 

Finalmente aquella información nunca vio la luz. Todas esas llamadas se hicieron a principios de 2020. También se produjeron en ese entonces las resoluciones de los Ayuntamientos catalanes a la solicitud que había realizado y les había derivado la Generalitat.

Poco tiempo después, ese mes de marzo, llegó una pandemia, que mantuvo los bares y restaurantes cerrados durante meses porque lo primordial era reducir los contagios. La pandemia también acabó posponiendo o incluso acabando con muchas investigaciones periodísticas porque lo primordial en los medios era informar sobre la misma. Aún así, a día de hoy muchos seguimos haciendo solicitudes de información a Gobiernos y Administraciones públicas. Porque, aunque a algunas les cueste entenderlo, la información de las Administraciones nos pertenece a todos.

El 30 % de los restaurantes españoles con dos estrellas Michelin se encuentra en poblaciones con menos de 25.000 habitantes, cifra que contrasta con la tendencia decreciente que sufren los bares en estas zonas, unos negocios que, faltos de relevo generacional, cierran sus puertas en el rural, según informa EFE.

La restauración en las zonas rurales vive dos procesos antagónicos de forma simultánea: por un lado, el cierre de bares "de toda la vida" como consecuencia, en muchos casos, de la pirámide demográfica; y, por otro lado, la apertura de nuevos restaurantes que beben de las raíces gastronómicas de estos entornos.

Para la restauración, el cierre de los bares "pequeños" en las zonas rurales se debe a la pérdida de la población y el propio envejecimiento de la misma, ha explicado a EFE el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

A juicio de la Guia Michelin, los restaurantes que se encuentran en poblaciones pequeñas y que aparecen en la guía ayudan a "poner en el mapa" a esos pueblos, por los que "muchos chefs" optan para "volver a sus raíces", recuperando un "proyecto propio que habla del entorno".

En la Guia Michelin España 2025 aparecen un total de 532 localidades, de las que 169 tienen estrellas y, de ellas, 14 cuentan con menos de 1.000 habitantes y 79 con menos de 10.000.

De los 33 que cuentan con dos estrellas, 10 se encuentran en poblaciones con menos de 25.000 habitantes, además, muchos de ellos están en núcleos aún más pequeños, con apenas 1.000 habitantes, algo que ocurre también en el caso de negocios con tres estrellas.

Es el caso de Casa Marcial en Arriondas (Asturias), con unos 3.000 habitantes; de Azurmendi en Larrabetzu (Vizcaya), con 2.056 habitantes; y el restaurante Cenador de Amós en Villaverde de Pontones (Cantabria), con apenas 472 habitantes.

Mientras la apertura de restaurantes con estrellas en núcleos pequeños y comunidades más rurales se convierte en un fenómeno cada vez más habitual, los bares experimentan el proceso inverso, con un cierre paulatino que impacta año a año en las cifras totales.

Según los datos de Hostelería de España, Asturias ha pasado de contar con un total de 5.040 bares en 2021, a 5.010 en 2022 y 4.711 el pasado año; tendencia que también se puede observar en el caso del País Vasco y Cantabria.

Estos fenómenos no están conectados, pero sí interrelacionados pues, tal y como ha detallado Gallego, se produce una "sustitución de establecimientos, pero que obedece a un tipo de momento de consumo diferente".

En muchos casos, los pueblos no cuentan con la demanda necesaria para mantener la apertura de bares tradicionales, algo que no ocurre en los "restaurantes de alta gama", ya que el perfil del consumidor que visita estos negocios está más relacionado con el turismo rural.

La restauración "de alta gama" encara la búsqueda de personal con menos dificultades que el resto del sector pues, en muchos casos, estos negocios ofrecen hospedaje y un servicio que se limita al fin de semana, lo que permite compatibilizar con otros trabajos, ha dicho.

Dinamización del territorio, diversificación de los negocios e impulso económico. Estos son algunos de los beneficios que pueden dejar los restaurantes con estrella Michelin en las zonas rurales.

Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, quien ha confirmado que la presencia de estos restaurantes impacta de forma directa en la ocupación de muchos alojamientos rurales.

El "turismo rural gastronómico" lleva hasta los pueblos en los que se encuentran las "estrellas" a muchos "urbanitas", una visita que, además, puede servir como revitalizadora para esos bares y pequeños negocios de la localidad, ha añadido.

Para la Guia Michelin, el impacto de estos negocios en las poblaciones pequeñas es "total", gracias, en parte, al trasiego de clientes "que genera un importante desarrollo económico en otros sectores relacionados con la hostelería".

No obstante, la entidad ha asegurado a EFE que los criterios y selección son "totalmente independientes de cualquier estímulo económico" y solo buscan "recompensar la excelencia".

Desde que el ser humano es ser humano ha aspirado a eso que llamamos felicidad y se la ha imaginado. Cuando uno se piensa feliz, tiende a verse lejos, muy lejos, del ruido  asfixiante de la fábrica, del dolor de espalda que provocan las sillas de una oficina, de las mesas que hay que servir, de las escaleras infinitas que te pagan por fregar, de todos los paquetes que quedan por repartir y del metal del andamio. Solemos creer que la felicidad está con la familia, con los amigos, en ese tiempo que a veces tenemos la suerte de reservar para leer, pasear o divertirnos. Cuando uno se piensa feliz, se ve muy lejos de sus obligaciones y muy cerca de aquello a lo que libremente decide dedicarse cuando ya las tiene cumplidas. 

En el siglo IV a. C. escribió Aristóteles en su Política que el día en que las lanzaderas tejieran solas no harían falta ni esclavos ni ayudantes, no sería necesaria la fuerza de  trabajo. Los avances tecnológicos se suceden a velocidades vertiginosas con el objetivo de acelerar el proceso productivo, para producir más mercancías con menos tiempo de trabajo. Hoy no sólo tenemos máquinas que producen de manera cada vez más eficiente, sino que la propia productividad de los trabajadores no deja de crecer. Producimos cada vez más con menos tiempo, pero nuestro sistema de producción, recordando la imagen del sociólogo estadounidense Wallerstein, es como un ratón en una rueda que necesita correr más deprisa solamente para correr más deprisa, sin dirección ni sentido. La  velocidad de dicha rueda no permite la reflexión a la que debiera invitar cualquier avance tecnológico o aumento del rendimiento de los trabajadores que incremente la producción: ¿queremos producir lo mismo que hasta ahora y dedicar menos tiempo de vida al trabajo o producir más y más hasta que el planeta deje de aguantar? 

El tiempo no es una entidad neutral que ordene los acontecimientos de forma natural, sino que tiene un importante peso político del que nos toca hacernos cargo como sociedad. No es verdad que el tiempo pase igual para todos. Actualmente, la disposición del propio tiempo es un privilegio para los que más tienen, y esto no sólo se refleja en el momento presente de cada uno, sino también en el tiempo que nos queda para el futuro. Numerosos estudios demuestran cómo la esperanza de vida es mucho mayor en las zonas ricas que en aquellas con menor capacidad económica. Los que más tienen no sólo viven mejor, sino que también viven más tiempo, y, a su vez, tienen más tiempo disponible para vivir. 

Es por ello que el tiempo libre no puede percibirse como un lujo, sino como un tiempo ganado para la vida y la libertad. Tener tiempo libre es precisamente estar liberado de las presiones asfixiantes que el propio tiempo impone. Hoy, parar a descansar significa, en la mayoría de los casos, quedarse atrás en la carrera por el ascenso social y la mejora de las condiciones de vida. Tener tiempo libre es tener, justamente, libertad. Libertad  para hacer lo que nos dé la gana, libertad para decidir cómo queremos vivir. 

Sin esa libertad quedan suprimidas todas las condiciones que son necesarias para el ejercicio de una vida autónoma, se hace imposible que cada individuo construya, sin la coacción de la necesidad, un tipo de vida que pueda querer repetir. La dignidad que nos corresponde a los seres humanos por el hecho de serlo va de esto, de independencia, de mayoría de edad, de la capacidad de escoger nuestra forma de estar en el mundo. De la  posibilidad de la realización personal de uno mismo sin amenazas. Porque la libertad no es libertad para servir y ser servido, la libertad es la capacidad para autodeterminarnos, para ser quienes queremos ser, para hacer lo que en verdad queremos hacer y no solamente lo que necesitamos para sobrevivir. 

En medio de nuestras agendas abarrotadas de obligaciones y tareas es habitual que nos encontremos pensando en qué podremos hacer cuando tengamos tiempo. Así,  postergamos escapadas que nunca llegan, novelas que nunca serán leídas y proyectos que jamás serán realizados. Esto que sucede en nuestras vidas también ocurre en la práctica política. Es habitual encontrarse con argumentos que tratan de retrasar las conquistas sociales a un futuro imaginario que nunca llega. Excusas como el estado de la economía —como si esta fuera algo ajeno a la mayoría social— y similares aparecen con fuerza ante cualquier amago de avance colectivo. Cuando los debates sobre la  mejora de la calidad de la vida de la gente común se abren paso no como utopías, sino como exigencias para el presente —como la subida del salario mínimo—, los reaccionarios se apresuran a hacer sonar las trompetas del apocalipsis; cuando es bien sabido que, años, meses o incluso semanas más tarde, terminarán apoyando los avances en derechos y hasta reclamando la autoría de los mismos. No hay excusas que valgan.  Tenemos que dejar de aplazar la vida al igual que debemos dejar de aplazar la política útil. Libramos una contienda por el futuro, pero también por nuestro tiempo presente, y de eso trata la reducción de la jornada laboral: de hacernos dueños del presente donde se gesta el futuro que queremos construir. 

Limitar el número de horas que trabajamos no es una simple medida económica, sino la misma reivindicación de nuestra humanidad, la manifestación de un deseo mucho más  profundo, una llamada a involucrarnos en aquello que nos hace humanos y nos distingue del resto de seres vivos. Detrás de cada hora que se gana al trabajo nos aguarda una infinitud de posibilidades, tantas como queramos: contemplar un atardecer sin prisas, compartir con nuestros seres queridos, cultivarse a uno mismo o,  simplemente, divertirse e irse de cañas. En definitiva, todo aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida. Queremos vivir mejor y queremos hacerlo ahora, porque ni la vida ni el tiempo esperan, ni nosotros queremos esperar.

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Paula Barreiro Cores es estudiante de Filosofía y Derecho en la Universidad Complutense y codirectora de la sección 'En Teoría' del programa 'El vuelo de la lechuza' de la radio del CBA.

Los ocho empleados de la cafetería y comedor de la Escuela Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIAAB) están en la calle mientras el servicio se mantiene cerrado. 

Dejaron de recibir sus nóminas a principios de verano. En junio ninguno la cobró al completo y, en agosto, ya fue generalizado. La universidad, al enterarse, rescindió el contrato con la empresa de manera fulminante. Hasta ahora no ha conseguido una alternativa para continuar con el servicio, por lo que estos camareros y cocineros siguen sin recibir un salario. Han presentado una denuncia colectiva a través de Comisiones Obreras y el próximo diciembre irán a juicio. 

Lo que está pasando en la conocida como “escuela de Agrónomos” no es un caso aislado. Existe un problema generalizado en este tipo de establecimientos ubicados en edificios públicos como universidades, institutos u hospitales. Las administraciones se encargan de fijar una lista de precios que las empresas no pueden modificar durante los años que dura la concesión, además heredan deudas de contratos anteriores y, en algunos casos tienen que pagar unos cánones por beneficios. “Lo primero que hacen es dejar de pagar a Hacienda, la Seguridad Social, a los proveedores y a los empleados…” explica a infoLibre Carmen Ortiz, responsable del sector en  CCOO. 

“En el caso de las universidades, los rectores intentan que el servicio sea lo más barato posible para los alumnos, pero a veces el coste de la materia prima sube tanto que es inasumible. Y súmale los salarios, los nuevos convenios laborales que se firmen…”, añade Ortiz que asume que “hay que recortar de algún sitio”. “Si encima se gestiona mal, nos encontramos con estos casos. Es el gran problema del sector”, afirma.

Los camareros y cocineros de la Politécnica siguieron acudiendo a sus puestos de trabajo, incluso cuando ya no estaban cobrando y apenas tenían provisiones para vender. Si no lo hacían, corrían el riesgo de no cobrar paro “al no haber un despido como tal”.  Actualmente se encuentran “en un limbo”, completamente desprotegidos hasta que la universidad firme un nuevo contrato y les subrogue, de acuerdo a la Ley de Contratos Públicos. 

“Somos ocho. Cinco de nosotros tenemos una edad y llevamos aquí toda la vida, desde los noventa. Algunos afectados lo están pasando muy mal porque tienen hijos pequeños o sólo trabaja una persona en casa. Una de mis compañeras se acaba de quedar viuda y otro está sobreviviendo gracias a la pensión de jubilación de su madre. Es vergonzoso”, cuenta a este medio Socorro, una de las camareras y delegada de comisiones en la universidad.

A esta empresa se le adjudicó en octubre de 2022 el servicio de cafetería, bar, restaurante y máquinas expendedoras de la escuela con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable a tres que, finalmente, no ha llegado a su primer aniversario. Los problemas han sido constantes con trabajadores y proveedores desde el primer día, asegura la empleada: “En un año y pico no he podido reunirme nunca con él. Yo misma tuve que denunciarlo porque no quería hacerse cargo de una paga por edad que tenía garantizada por convenio. No coge el teléfono, no aparece en los juicios, es como un fantasma”.  

La legislación establece que todas las deudas generadas por las empresas a las que se les rescinde o caduca el contrato serán asumidas por la siguiente a la que se le adjudique. Todos los impagos a proveedores, problemas con alquileres, pagas o  nóminas atrasadas serán heredados por la siguiente subcontrata que, además subrogará a los trabajadores con sus mismas condiciones laborales (antigüedad, subidas salariales y otras mejoras fijadas por convenio, pluses…).

Hasta ahora nadie ha aceptado cumplir con estas condiciones en Agrónomos que, desde principios de curso, no cuenta ni con comedor, ni con cafetería. El espacio ha sido abierto para que los estudiantes puedan calentar y comer sus propios tuppers, según confirman varios de ellos, y denuncian los trabajadores que habían pedido que se mantuviera su espacio de trabajo cerrado “por respeto”.

“Una empresa se interesó por el concurso en octubre, pero pretendía que renunciáramos todo lo que se nos debe, desde vacaciones y atrasos, a nuestros sueldos y pagas extras”, crítica Socorro que, además, asegura que todos los empleados sufrieron presiones para firmar las nuevas condiciones. Ortiz confirma que estas técnicas se utilizan “más de lo que parece”: “Siempre llega la empresa de turno que les reúne y les dice ‘fírmame aquí como que rechazáis la antigüedad’ para aprovecharse”.

Cada uno de los ocho camareros acumula una deuda de unos 6.000 euros por nóminas atrasadas. La mayoría lleva más de dos décadas trabajando en esta cafetería, abierta desde los años ochenta. Sus sueldos rondan los 1.500 euros y están muy por encima de lo que se paga ahora mismo en puestos de restauración similares. 

El 20 de septiembre los trabajadores, junto con varios estudiantes miembros del Frente Obrero, se concentraron a las puertas del establecimiento. Los universitarios habían organizado una “cafetería solidaria”, en la que ellos mismos servían cafés y bollería para recaudar fondos. La protesta terminó con empujones, agarrones e insultos entre varios de ellos y el subdirector de Patrimonio e Infraestructuras de la escuela, Sergio Zubelzu. Socorro recuerda que aquel día “les mandaron a los seguratas para que no entraran dentro de la universidad” y asegura que, desde el rectorado, que no asume ninguna responsabilidad en esta situación, les recriminaron que “ese tipo de actos dificultaban aún más encontrar una empresa dispuesta a emplearlos”. 

“Algunos compañeros han conseguido arreglar el paro, pero no todos. Los que han conseguido cobrarlo es porque hemos ‘liado la de dios’ buscando papeles por todas partes para demostrar que eran empleados. Porque, claro, no tenemos carta de despido”, añade Socorro. 

No es la primera vez que los trabajadores tienen problemas. La anterior contrata se fue y les dejó sin pagar el mes de septiembre “porque les dio la gana”. Creen que el problema comenzó cuando la UPM dejó de pedir avales a las contratas porque había muy pocas dispuestas a coger el local. “Esta no era una empresa seria y no lo ha sido desde el minuto uno”, afirma la trabajadora que recuerda que esta sociedad se sigue encargando de dar servicio en otras facultades, entre ellas la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos o la Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte, y lamenta que, si no se cambian los criterios de selección, pueden verse en las mismas en un futuro. 

Algo similar a lo que se vive ahora en la Politécnica de Madrid, sucedió en 2019 en el comedor y la cafetería del complejo del Palacio de la Moncloa. Una treintena de personas se vieron afectadas por los impagos de una empresa, que ya había tenido problemas en un CETI y un acuartelamiento del Ejército.

En este caso fue el Gobierno el que rescindió los contratos con la sociedad por impagos acumulados, de acuerdo a lo que establece la ley. Antes de ello y de que se consiguiera una empresa sustituta, los trabajadores se vieron en la calle y, asegura Ortiz, al final volvieron, pero renunciaron a sus anteriores condiciones laborales. Estos camareros, cocineros y auxiliares se encargaban de servir más de 300 comidas al día, además de atender catering en las reuniones de altos cargos o de dar servicio al bar en el que almuerzan decenas de periodistas y trabajadores cada día. Ellos también acudieron a sus puestos de trabajo durante semanas hasta que se cerraron los establecimientos por completo. 

“Estos casos vienen dándose desde que existe el sector, pero no se le presta la atención suficiente porque siempre ocurren las situaciones graves de forma aislada. Estamos ante unas condiciones tan deficitarias que, a diferencia de en los comedores escolares, aquí los grandes catering no se han interesado. Casi siempre son empresas pequeñas”, añade la responsable de CCOO. 

Más allá de los problemas de gestión de algunas contratas o de la falta de control por parte de las universidades que reclaman los trabajadores, este tipo de restauración tiene un serio problema de fondo. Las universidades cada vez tienen más problemas para encontrar a interesados en llevar las cafeterías y comedores. Este mismo año la Universidad de Santiago de Compostela se ha quedado sin nadie que gestione la cafetería de la Facultad de Medicina, a pesar de haber subido ligeramente los precios del menú. Los estudiantes convocaron hace poco más de una semana “una huelga de consumo” en contra de la subida de precios. Pagan actualmente 7.50 por el menú, por encima de la media europea. 

La acumulación de deudas tampoco es nueva. En 2018 ocho facultades de la Universidad de Córdoba se encontraron con las cafeterías cerradas al iniciar el curso. El rectorado explicó entonces que se debía a la situación de deuda con la Seguridad Social que mantenían algunas empresas, hecho que complicaba la formalización de los contratos. 

Tanto trabajadores como estudiantes temen que al final se acabe rescindiendo del servicio de cafetería  por máquinas de vending. El problema, además, no se centra en las universidades, sino que ocurre, asegura Ortiz, en muchos otros edificios públicos. El único ejemplo no es el Senado. A CCOO les llegan casos de muchos hospitales. Antes de verano cerró la cafetería del Hospital San Carlos de Cádiz. En febrero el Hospital Universitario de Ceuta sufrió lo mismo tras sacar varias licitaciones pero no encontrar hosteleros interesados. 

Los permisos de trabajo concedidos a ciudadanos extranjeros se han disparado un 42,3% desde el pasado mes de octubre, cuando entró en vigor la reforma del reglamento de Extranjería promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que flexibilizó los requisitos. Según las estadísticas que publicó el pasado miércoles el Ministerio de Trabajo, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, el último mes del que ofrece datos, se han otorgado 157.208 autorizaciones, 46.766 más que entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Pero en los tres últimos meses del año pasado, el aumento fue muy superior, de un 63,6% respecto al último trimestre de 2021. Gracias a ese tirón final, el número total de permisos concedidos a extranjeros para trabajar en España fue de 198.752 en 2022, un 46,2% por encima de los aprobados en 2021. Es la cifra más elevada desde 2013.

Desde ese año, 2013, cuando se otorgaron 180.259, las autorizaciones no dejaron de caer hasta 2017, llegando a un mínimo de 111.323. Entonces comenzaron una remontada que explotó el año pasado. Y que previsiblemente se superará en el ejercicio en curso, puesto que entre enero y mayo se han aprobado 93.866 permisos de trabajo, un 30,7% más que en el mismo periodo de 2022.

Una parte del auge de los permisos de trabajo se debe a un nuevo tipo de arraigo creado con la reforma impulsada por el ministro José Luis Escrivá: el arraigo por formación. Desde el pasado septiembre al 14 de mayo de este año, 28.681 personas han solicitado una autorización de esta clase y 12.348, el 43%, la consiguieron, según cifras facilitadas a infoLibre por el Ministerio de Seguridad Social.

“[La nueva figura del arraigo por formación] ha sido todo un éxito”, resume José Antonio Moreno, responsable de Migraciones de CCOO, quien asegura que está siendo “muy bien recibida por algunas empresas”. En algunas provincias, incluso, los arraigos por formación han superado a los laborales y sociales, “que eran los clásicos hasta ahora”, apunta Moreno.

En julio de 2022 el ministerio aprobó una reforma del Reglamento de Extranjería que pretendía “favorecer la incorporación al mercado laboral” de extranjeros que se encuentran en España, “reforzar las vías de migración regular y mejorar el sistema de gestión”, que adolece de procedimientos “lentos e inadecuados”. Desde entonces, se permite a los estudiantes extranjeros compaginar su formación con el trabajo, siempre que éste no supere las 30 horas semanales. Además, ya no se les exige una estancia de tres años para obtener un permiso de trabajo una vez finalizados los estudios.

También se concede el permiso de trabajo por arraigo laboral a quienes, en situación irregular, llevan al menos dos años con un trabajo legal y a quienes, habiendo trabajado seis meses en la economía sumergida, denuncien a la empresa. Para conseguir el permiso por arraigo social, basta ahora con que el contrato del trabajador extranjero le garantice el cobro del salario mínimo interprofesional (SMI), independientemente de su duración. Finamente, la reforma creó un nuevo modelo de arraigo, por formación, que da acceso a un permiso de residencia de 12 meses a quienes lleven en España dos años, si cursan una formación reglada para el empleo.

El ministerio destacó en su día que se trata de una figura inspirada en otra alemana, denominada Duldung o estancia tolerada. Este mecanismo no otorga el permiso de residencia, pero detiene la expulsión de quien no lo tiene. Lo conceden los Länder por periodos de tiempo variables, también son distintos los derechos que tiene asociados: sólo algunos estados federados permiten el acceso al mercado laboral tras haber participado en programas de formación profesional. Según el Ministerio del Interior alemán, 247.290 personas tenían una estancia tolerada en la primera mitad de 2022, de los cuales 136.605 llevan más de cinco años en el país.

En España, la “flexibilización” de los requisitos para conseguir un permiso de trabajo tuvo un recorrido largo y controvertido. Porque tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo veían con muchos recelos las propuestas de José Luis Escrivá, que en cambio contaron con el apoyo de la CEOE. Los empresarios llevan tiempo quejándose de que no encuentran trabajadores para ciertos puestos. Por el contrario, tanto CCOO y UGT, que critican la reforma porque a su juicio genera migrantes de primera y de segunda, como la ministra Yolanda Díaz replican que no faltan trabajadores sino “condiciones laborales dignas”.

El número de vacantes en España era de 149.645 en el primer trimestre, de acuerdo con la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE. El 89,2% se encuentra en el sector servicios. En la construcción hay 6.200 vacantes.

“No es cierto que haya déficit de mano de obra”, rechaza tajante José Antonio Moreno. “En la UE estamos a la cola de esa carencia junto con Polonia, Bulgaria y Rumanía”. Según Eurostat, la tasa de vacantes española es del 0,9%, mientras que Bélgica, Países Bajos y Austria tienen la mayor, un 4,7%. Además, España es líder en sobrecualificación de sus trabajadores –el 35,9% están empleados en puestos muy por debajo de la formación que han adquirido, la media europea es del 22,2%, según Eurostat– y uno de los países con mayor tasa de paro de la UE, el 11,6%, con 2,7 millones de desempleados, enumera el responsable de CCOO. “Lo que hace falta es fomentar la empleabilidad en el mercado laboral español, lo que significa fomentar no sólo la de los trabajadores españoles”. Los sindicatos temen que rebajar los requisitos como ha hecho el Gobierno permita un “ejercicio de oportunismo por parte de las empresas: en lugar de mejorar las condiciones laborales de las plantillas, van a contratar por mucho menos a trabajadores extranjeros”.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, atribuye a los buenos resultados del arraigo por formación el aumento de los permisos concedidos pese a la desconfianza que, en principio, les suscitaba la nueva figura. Admite que si los extranjeros consiguen así salir de la economía sumergida, no es mala solución, siempre que los empleos a los que accedan tengan “las mismas condiciones que el resto de los trabajadores”. Para eso tienen que implantarse “controles muy rigurosos”, tanto en lo que se refiere a la formación como en las empresas, reclama. infoLibre ha preguntado por los resultados de la reforma de Escrivá tanto a la CEOE como a Cepyme, pero no ha obtenido respuesta.

Analizando las ocupaciones en las que se han concedido permisos de trabajo se comprueba en qué tipo de trabajos se reclama a los extranjeros. Los permisos que más han aumentado en los primeros cinco meses de este año respecto a 2022 corresponden a extranjeros que trabajan en bares y restaurantes, un 59,7%, seguidos de los trabajadores cualificados de la construcción, un 55,6%, y los peones de la construcción, un 34,9%. Sin embargo, el mayor volumen de autorizaciones lo han conseguido las empleadas domésticas, 26.966, que también han crecido de forma apreciable en lo que va de año: un 31,6%. Tras ellas se sitúan los peones agrícolas, 12.570 permisos, pero han aumentado menos, un 15,4%.

No obstante, no todas son autorizaciones para trabajadores poco cualificados. Se han concedido permisos de trabajo para 5.483 técnicos, científicos e intelectuales extranjeros –un 20,2% más que en 2022– y 1.518 para ejecutivos.

Estas cifras no incluyen los contratos en origen, que también subieron en 2022, el último año del que ofrece datos el Ministerio de Trabajo: se firmaron 18.565, un 29,2% más que en 2021, pero aún por debajo de los 18.987 suscritos en 2019, antes de la pandemia.

Por nacionalidades, los permisos concedidos a ciudadanos colombianos casi se han duplicado en los primeros cinco meses de este año respecto del mismo periodo de 2022: han crecido un 99,5%, hasta alcanzar los 13.292. Pero el mayor número de autorizaciones se ha otorgado a ciudadanos marroquíes, un total de 15.697, un 25,3% más que el año pasado. También han crecido por encima del 40% los conseguidos por hondureños y peruanos. Los de senegaleses, un 38,9%. Por el contrario, los de venezolanos sólo han aumentado un 3,5%, mientras que los aprobados para ucranianos se han hundido un 44,6% y fueron sólo 1.363.

El catálogo de ocupaciones de difícil de cobertura –los trabajadores que se pueden contratar en el extranjero– también fue objeto de enfrentamiento entre el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos. Tras meses de tira y afloja, Escrivá consiguió ampliar el número de ocupaciones, hasta ahora limitado a deportistas profesionales y a empleos relacionados con la Marina Mercante. Desde ahora, incluye siete ocupaciones más, todas de la construcción, pero no la treintena, de todos los sectores, que quería incorporar el ministerio: carpinteros de aluminio, metal y pvc, montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc, instaladores electricistas de edificios y viviendas, instaladores electricistas en general, conductores-operadores de grúa en camión, conductores-operadores de grúa fija en general y conductores-operadores de grúa móvil.

“Éramos reacios a abrir el catálogo sin analizar antes de qué ocupaciones había déficit por provincias y sectores”, explica Cristina Antoñanzas, “pero finalmente accedimos a esas siete nuevas ocupaciones que pedían las empresas de la construcción”. “Vamos a ver cómo funcionan, porque el catálogo se revisa cada trimestre”, adelanta.

El Ministerio de Seguridad Social explica a infoLibre que el catálogo se ha elaborado “en consulta con los agentes sociales, a partir de las necesidades constatadas por los servicios de empleo públicos y en consulta con los distintos ministerios”. De hecho, asegura que su papel ha sido “más el de facilitadores y canalizadores de las demandas que llegan tanto desde los territorios y desde los sectores” que de “promotores de listados”. José Antonio Moreno lo niega: “El ministerio no canaliza nada, son las empresas las que comunican sus ofertas de puestos de trabajo a las comisiones provinciales de empleo y éstas a las comisiones autonómicas, que las trasladan a la Comisión Laboral Tripartita”, describe.

Los sindicatos ven en los afanes de rebajar los requisitos para contratar a trabajadores extranjeros una cesión del ministro ante las presiones de los empresarios, ansiosos por encontrar mano de obra más barata. Pero el ministerio insiste en que la mitad de las empresas declara que tiene problemas de escasez de personal y, el pasado junio, volvió a rebajar los requisitos para conceder el arraigo por formación, reduciendo el número de horas de los cursos exigidos y ampliando el tipo de trabajos en los que se puede contratar a los extranjeros: antes tenía que ser exactamente en los empleos para los que se les había formado; ahora puede ser en cualquiera perteneciente a la familia de ocupaciones de que se trate.

Además, para obtener el arraigo, ahora les bastará con tener "experiencias de aprendizaje de corta duración" –cursos cortos– que les permitan conseguir “microcredenciales”, una figura impulsada por la Comisión Europea. El gran aumento de los permisos reflejado en las estadísticas antes citadas se ha producido, por tanto, antes de esa segunda “flexibilización” recién aplicada.

“Ponme una, que hoy tengo derecho, hoy me la merezco”. 

No hay estudio concluyente que contabilice cuántas veces se pronuncia esta frase en la barra de un bar al término de una jornada, pero deben ser miles, millones de peticiones similares a ésta a diario. Si usted no pronuncia estas palabras mágicas, quizás sea porque las escucha y está al otro lado, donde el tirador, y es uno de los más de millón setecientos mil españoles que trabajan en la hostelería en el país de los bares. 

La patronal lleva un tiempo quejándose de que no hay camareros mientras que los sindicatos aducen, sin embargo, que lo que falta de verdad son condiciones laborales y salariales dignas para los trabajadores del sector, uno de los motores de nuestra economía. Con datos de 2019, el último año normal (el siguiente será el cálculo de 2023), la hostelería aportó el 6,4% del PIB nacional.

En las vísperas del 1 de mayo, toca hablar de derechos en un ámbito del que, seamos o no parroquia fija de alguna barra, tengamos un bolsillo más o menos acomodado, todos somos usuarios. Ya lo cantó Jaime Urrutia, bares ¡qué lugares!

España es el país con más número de bares y restaurantes del mundo. Con los datos del INE de 2020, había 277.539 establecimientos repartidos por toda la geografía, uno por cada 175 habitantes. La pandemia obligó a echar al cierre a miles de ellos y aunque falta un inventario actualizado de las tascas, bares, cafeterías, restaurantes, abacerías, garitos y gastroinventos varios, hay señales más que evidentes del  vigor del sector. 

Los datos de la pasada Semana Santa evidencian que el sector turístico está en plena recuperación, según datos de CCOO, se ha facturado un 5% más y trabajan un 13% más de afiliados a la Seguridad Social. La continuación de las fiestas de primavera por todo el mapa y las temperaturas, impropias para estas fechas, invitan a echarse a la calle, a las terrazas y los bares, el espacio de socialización por excelencia a los que se encomendó Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia al grito de “Madrid es libertad” al tiempo que los hospitales y residencias perdían la cuenta de sus muertos. Tan sólo en la capital 270 mil familias viven hoy de la hostelería.  

Si es un sector al alza que crea riqueza, ¿qué falla? El humor y la ironía del Carnaval de Cádiz tiene un enorme componente pedagógico. Meses antes de que el presidente de Horeca, la patronal del sector en la provincia, propusiera como solución ante la falta de plantilla traer camareros de Marruecos, como si tener la tez morena mereciera menos derechos y licencia para la explotación, la chirigota del Airon ya radiografió el pasado febrero los males del sector con la brillantez propia de las coplas callejeras del Carnaval gaditano. El tipo era el de un empresario de la hostelería, multipropietario de varios negocios (bar, chiringuito, pub y hotel) con un alto nivel de vida pero plañidera jartible que presiona al Ayuntamiento para conseguir más metros de terraza y flexibilización de horarios en su autodenominación de salvador de la economía local, con un discurso de trazo grueso perfectamente reconocible que tiene en la presidenta de la Comunidad de Madrid a su santa particular: “Ya no quedan camareros, ya no quieren currar aquí los chavales, ya no hay cultura del esfuerzo, fue mi éxito pero no saben el trabajo que me costó a mí… conseguir la cartera de mi padre para conseguir el dinero para abrir mi bar. Nos tienen fritos a impuestos, esto es un abuso…” 

No por casualidad esta chirigota se presentaba como Los Llorones (la prensa gaditana, pionera desde el Cádiz liberal, apoda Lloreca a la patronal Horeca) y sus componentes recibieron amenazas en redes de quienes se sintieron señalados; por el contrario, encontró el aplauso unánime de los curritos de la ciudad. 

Si Los Llorones son los dueños de los bares, ¿cuál es el retrato de los camareros?

El malagueño Gonzalo Fuentes es, posiblemente, unos de los sindicalistas que más conocen el sector desde los tiempos en que luchaba en la clandestinidad por los derechos laborales de un país que se abría al turismo y daba la bienvenida al negocio en la Costa del Sol. Nacido en Teba, un pequeño pueblecito del interior de la provincia, fue uno de los primeros trabajadores del histórico Hotel Málaga Palacio, abierto en 1966, cuya ubicación y altura, tapando por completo la Catedral, explica, por otro lado, las prioridades de esta ciudad desde hace 60 años. Hoy Fuentes es el responsable nacional de Políticas sectoriales de Hostelería y Turismo de CCOO y observador a lo largo del tiempo del desarrollo del sector y de los problemas de sus plantillas: jornadas larguísimas y cargas de trabajo muy altas (“lo que antes hacían 4 camareros ahora lo hacen 2”), a los que en el actual contexto se suma que los salarios no han subido al nivel del coste de la vida.

“En la práctica, por regla general, no se cumple lo que se firma por contrato: dos días de descanso y 40 horas semanales. En los hoteles sí se cumple”, aunque el caso de las kellys y la externalización de su trabajo tenga una lectura específica en sus demandas; “pero en el trabajo en los bares, como camarero, cocinero o pinche, rara vez se cumple lo que se firma: si te dan de alta 4 horas, trabajas 8 y si te dan de alta 8 trabajas 12 o 14 con horas extra que luego no se pagan, con festivos y domingos incluidos, sin posibilidad alguna de conciliar”.

Este ritmo y sus consecuencias directas para la salud, reconoce el representante de CCOO, hace “muy poco atractivo” estos trabajos para los jóvenes y el reflejo son empleos con mucha temporalidad, alto nivel de rotación y precariedad. 

No ocurre esto en todos los bares, por supuesto, pero sí en muchos aunque no hay datos oficiales. Los abusadores no cuentan que lo son y la economía en negro es esquiva en las estadísticas. Pero sondee y pregunte cuánto cobra, cuántas horas echa y cuántos días descansa a quien le pone el café y la tostada por la mañana, a quien le sirve el menú en la venta de paso o a quien le sirve el gin tonic en esa reunión afterwork de los juernes que describe Pantomima Full. 

En el caso de los negocios ligados a la temporada de verano se añade además el problema de la vivienda y que sólo ahora, con la aprobación de la Ley, ha saltado al debate público lo que lleva siendo una verdadera tragedia para un porcentaje alto de la sociedad desde la crisis de 2008, sobre todo entre los jóvenes. 

De la pandemia no salimos mejores, como rezó aquel eslogan del Gobierno, pero quizás sí más conscientes de que hay otros modos de vida que permiten ciertas aspiraciones. “En plena pandemia los trabajadores de estos sectores no estuvieron igualmente cubiertos por los ERTE, frente al resto de profesionales de otras áreas, porque en una grandísima mayoría tenían períodos de cotización inferiores a los que realmente trabajaban”, expone Fuentes. Aquellos meses de inactividad, de hecho, sirvieron en parte para que habituales de la hostelería miraran para otro lado: la logística, que ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, el transporte o los call centers propios de una sociedad digitalizada y en remoto. “Son salarios más o menos parecidos y con horarios más razonables para la conciliación”, indica Fuentes.

La pandemia también nos enseñó a echar de menos aquellos establecimientos donde hemos sido felices. Coca Cola lanzó la campaña Benditos bares, que es un canto a todo lo bueno que se vive en un bar pero, la publicidad, claro, esconde lo que conviene obviar. La literatura ha retratado las distintas caras de estos negocios desde siempre. En El primer trago de cerveza: y otros pequeños placeres de la vida (Tusquets) Philippe Delerm describió, con la destreza que da el trabajo de campo, ese instante de gloria que tantos saben reconocer y el cine está repleto de historias en torno a una mesa. 

La buena mesa en un restaurante, las raciones compartidas entre amigos, las cervezas al sol… todo eso forma parte de nuestra identidad y buscando eso también nos visitan. Si el turismo (con todo el debate que existe sobre la gentrificación de las ciudades) es hoy nuestro maná, ¿cómo revertir esta dinámica, cómo atraer trabajadores a este sector? Gonzalo Fuentes da algunas claves sencillas pero, ay, añoradas: salarios dignos, jornadas continuas (y no partidas), un fin de semana de descanso al mes y formación específica. 

Esto último es clave porque más allá de lo económico está la percepción social. “Se debe reconocer el trabajo en la hostelería como un oficio, una carrera profesional, un trabajo con futuro con el que poder desarrollar un proyecto de vida. Hay que incentivar que, con las condiciones laborales adecuadas, es un sector muy bonito, donde se conoce mucha gente, que exige cierta destreza social. Y desterrar la idea de que para camarero vale cualquiera”. 

No siempre fue así. Hubo un tiempo, que por edad conoce bien Fuentes, en el que los empresarios del sector apostaban verdaderamente por la formación y el valor de la experiencia, que apostaban por crear plantillas consolidadas con las que se identificara la clientela y que fueran santo y seña de sus negocios. En el caso de hosteleros de temporada estival, hubo un tiempo también en que se facilitaba a la plantilla que emigraba del interior a la costa, pisos y alojamientos dignos para evitar, como existe hoy, un verdadero negocio paralelo de camas calientes para camareros o de cocineros que al término de una agotadora jornada entre fogones tienen que irse a dormir a un coche. 

El portavoz de CCOO resume la situación: “Falta mano de obra donde se abusa de la gente”. 

La falta de inspecciones en este sector abona el terreno al abuso, por desgracia. La polémica por el incendio en el restaurante italiano Burro, todavía en investigación, que costó la vida a una clienta y a un joven camarero es, quizás, el último ejemplo de la laxitud con la que a veces se observa el cumplimiento de las normas en estos espacios. En la crónica negra reciente hay decenas de ejemplos: este mismo mes la justicia ha condenado a tres ingenieros de Endesa por el incendio del transformador del 100%Fun, que se cobró, en el verano de 2017, la vida de dos personas y produjo graves secuelas a seis trabajadores más del hotel-restaurante de Tarifa, municipio paradigma que ha crecido a la par que su turismo. 

El análisis del sector y sus iniciativas deja también espacio a la esperanza. Los camareros de Guipúzcoa serán los primeros en España obligados a fichar en un registro telemático las entradas y salidas para evitar posibles jornadas abusivas gracias al acuerdo, recientemente alcanzado entre la asociación de empresarios de Hostelería de Guipúzcoa y el sindicato ELA,  para renovar el convenio del sector y del que se beneficiarán unos 17 mil trabajadores.

En Cádiz, la plaza donde la patronal sugirió buscar en Marruecos mano de obra barata, el actual equipo de Gobierno ya ha empezado a trabajar en tres vías: por un lado, la implantación de un sello de calidad, para que el cliente pueda identificar aquellos  locales donde se cumpla el convenio laboral y sus trabajadores estén en condiciones dignas; por otro lado, la formación desde el Institución Municipal de Empleo a cambio de garantizar trabajo después y, por último, promover más inspecciones para identificar los abusos y no estigmatizar de plano el sector. 

“Estamos a favor de la llegada de trabajadores de fuera, por supuesto, Cádiz es tierra inclusiva pero no queremos que la llegada de mano de obra de fuera sirva para perpetrar situaciones de abuso. No queremos enfrentar al último con el penúltimo, enfrentar a los dos eslabones más débiles de la cadena es perpetuar la miseria”, razona David de la Cruz, candidato de Adelante Izquierda Gaditana, la formación que actualmente gobierna la ciudad de Cádiz y a la que ahora se han sumado todas las formaciones de izquierdas salvo Podemos, dejando uno de esos rotos en el mapa de coaliciones de cara al 28M.

Las próximas elecciones municipales sirven, además, para describir la salud de nuestros pueblos de interior, con censos cada vez más exiguos y añosos. En los pueblos de la España vaciada está la otra cara del sector de la hostelería, la de aquellos bares que echan la persiana para siempre porque las cuentas no le salen, porque con el carajillo que marea en la barra el octogenario y único cliente que ha entrado en el local hasta las 12.00 de la mañana no llega para pagar la luz que mantiene encendida la vitrina donde languidece, sola, una ración de torreznos. 

Hablamos de los bares que quiere proteger por ley Teruel Existe, ese partido que nació para que, en la carrera de San Jerónimo, se escuchara la voz de los pueblos que habitan en el silencio. La formación que lidera Tomás Guitarte ha presentado una proposición de ley que busca modificar la Economía Social para que se reconozca como empresas de economía social a los bares, las pequeñas tiendas, comercios y venta ambulante que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes. Buscan algún tipo de beneficio fiscal que incentive el mantenimiento de estos negocios con cuya desaparición se pierde, en esas localidades, entre otras cosas, el calor del amor en un bar.

Los negocios de hostelería han superado la Semana Santa con muy buena nota: la facturación ha superado un 5% los niveles alcanzados en 2019, previos a la hecatombe del sector provocada por la pandemia, cifra que asciende al 10% en ciudades como Sevilla. Los bares y restaurantes no tienen mucho tiempo para celebrarlo: ya están en plena preparación de una temporada de fiestas, ferias, eventos y vacaciones que, si nada se tuerce, será de cifras récord. Muchos ya lo tienen todo preparado, a falta de un elemento para afrontar la oleada de clientes: más empleados. 

“Necesitamos personal cualificado”, expresó Javier Frutos, presidente de la Asociación de hosteleros de Málaga a mediados de marzo, como recogió el periódico Málaga Hoy. Se refería fundamentalmente a puestos de refuerzo de camarero y en cocina. La patronal apunta que esto se debe a la falta de cualificación y a la tardanza de los jóvenes a incorporarse al mercado laboral. De los 140.000 trabajos vacantes que detecta el Instituto Nacional de Estadística, 128.000 están en el sector servicios. 

De estas cifras, el INE solo achaca unas 4.000 a la hostelería. Sin embargo, los empresarios del sector llevan varias temporadas protestando ante la falta de empleados cualificados, unas reivindicaciones que chocan ante esa exigua cifra. Los datos del portal de búsqueda de empleo Infojobs ayudan a completar la imagen. En un análisis de la evolución de las vacantes entre 2021 y 2022, la empresa detectó 140.000 vacantes en el sector del turismo y la restauración, muy por delante de otros puestos como atención al cliente (73.000), profesiones artísticas (55.000) o sector de compras (37.000).

“La cuestión es muy compleja. Hay elementos transversales que nos afectan”, lamenta Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, la patronal empresarial de los negocios hosteleros. “En 10 años hemos pasado de tener siete millones de jóvenes entre 16 y 26 años, a cinco millones. Paralelamente, los negocios de hostelería se han multiplicado, y los puestos de trabajo han pasado de 800.000 a 1,6 millones”, señala. 

“Desgraciadamente, la reforma laboral que impulsó el PP en 2012 hizo mucho daño a la hostelería”, critica Gonzalo Fuentes, responsable de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. "Fue llover sobre mojado de un sector de por sí precario. Pero yo tengo el convencimiento que después de la nueva reforma laboral supondrá un buen momento para el sector. Las empresas tienen que invertir en recursos humanos. En definitiva, hacer el sector atractivo para que los jóvenes vean futuro laboral. Para eso hay que dignificar la profesión", añade el sindicalista.

En pleno lanzamiento de una temporada clave, un sector con más de 300.000 negocios, que emplea a más de 1,6 millones de personas no encuentra las claves para atraer y retener empleados. El sector arguye razones demográficas y formativas. Los sindicatos denuncian la falta de herramientas para hacer cumplir los convenios. Y diariamente, las anécdotas de explotación se suceden en las redes sociales, creando un retrato de explotación laboral en el sector que repelería a cualquier candidato.

“Vivo en la zona de Mojácar [7.527 habitantes, Almería]. Están buscando camareros en todos los bares, pero ningún bar ofrece condiciones según el convenio colectivo de la hostelería en la provincia”, explica a infoLibre Mateus, un barista de 22 años que asegura llevar desde los 14 trabajando en el sector. “Me encuentro con una dificultad enorme a la hora de encontrar un trabajo que mínimamente respete el convenio”, lamenta el joven. 

Como prueba, Mateus muestra una oferta de trabajo a la que se postuló recientemente. “Se precisa chico para trabajar 6 horas diarias de martes a sábado”, rezaba el anuncio. Pedía puntualidad, buenas costumbres, excelente presencia y conocimientos de cafetería. “Abstenerse personas que no tengan ganas de trabajar”, añadía la oferta.

Mateus se presentó para conocer un dato relevante: el salario. La respuesta: 600 euros. Y un detalle que no mostraba la oferta: se sugería que los domingos por la mañana también había que trabajar, por lo que casi serían 40 horas semanales en seis días, incluyendo un festivo.  

Los trabajadores de la hostelería ingresan de media poco más de 14.100 euros al año, lo que sitúa este empleo entre los peor remunerados. Este dato se refleja en la Encuesta de Estructura Salarial que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadística donde la hostelería es la categoría que ocupa el último lugar del ranking, muy por detrás de las actividades administrativas (17.800), el comercio (21.400) o la construcción. 

Estos datos, los últimos disponibles, son relativos a 2020, cuando el salario mínimo estaba en 950 euros. Cabe esperar que el aumento de la retribución mínima, actualmente en 1.080 euros (15.120 euros anuales), ha tenido un impacto positivo en los sueldos del sector. Comisiones Obreras pone como ejemplo los sueldos recogidos en el convenio colectivo de la hostelería en Murcia, que llevaban congelados desde 2018 y fueron adelantados por el salario mínimo, por lo que la iniciativa del Gobierno ha arrastrado hacia arriba el salario medio del sector. 

El portavoz de los empresarios hosteleros reconoce la situación: “Los salarios tienen mucho margen de mejora y es una de las claves para hacer el sector más atractivo. En el último año ya han subido en el sector un 12,3%. Además, con la reforma laboral, se han eliminado los contratos temporales. Hay que tener en cuenta que la inflación ha tenido un aumento fuerte en la hostelería, con los precios de los alimentos disparados, del aceite, de la electricidad, del gas… Es un entorno complicado, porque muchas veces no se puede trasladar todo el coste al precio final. Hay que hacer encaje de bolillos”, señala Gallego. 

“Es más fácil traer inmigrantes de otros países para aprovecharse de ellos y así ahorrarse dinero”, critica el joven Mateus. “No puedo hablar por el resto de España, porque yo vivo en Mojácar. Pero aquí es prácticamente imposible encontrar un trabajo que te ofrezca condiciones según convenio”, lamenta el barista.

En la búsqueda de trabajadores, el presidente de la patronal hostelera de Cádiz, Antonio de María, dio un paso más allá y propuso hacer un convenio con Marruecos para dar visados a estudiantes de la hostelería marroquíes, propuesta que generó un enorme revuelo, dado que Cádiz registra una tasa de paro del 25%, el doble de la tasa nacional.  

La reacción de los sindicatos fue inmediata: malestar e indignación, que acusó al sector de vivir a costa de someter a sus trabajadores a la precariedad: “El abuso y las condiciones laborales a las que son sometidos nuestros jóvenes por parte de empresarios cicateros (...) está en el origen de que los y las jóvenes no quieran trabajar en este sector", expresó Comisiones Obreras.

“Creo que esa propuesta hay que ponerla en contexto”, explica Emilio Gallego, de la patronal. “Forma parte de los planes del Gobierno de hacer migraciones circulares”, añade. Gallego se refiere a la iniciativa del Ministerio de Inclusión, por la que, por ejemplo, llegaron 3.900 temporeras marroquíes al campo de Huelva, en un programa más amplio que incluye a trabajadoras ecuatorianas y hondureñas. “África está a 14 kilómetros de Cádiz. Estas iniciativas del Gobierno son positivas. ¿Por qué no hacer convenios de colaboración con escuelas de hostelería marroquíes?”, añade Gallego. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo han declarado a infoLibre que el organismo considera que ha hecho un esfuerzo desde el inicio de la legislatura en reforzar los servicios públicos de empleo para facilitar la incorporación de los perfiles concretos que se necesitan en el mercado de trabajo. No obstante, añaden estas fuentes, ven en el problema concreto de la hostelería un problema de falta de atractivo de las ofertas, tanto por salario como por el resto de las condiciones laborales.   

“Se busca camarero/a con experiencia en cafetería que tenga buena impresión e higiene, sueldo negociable y saber desarrollarse en los diferentes ámbitos de trabajo”, reza otro anuncio, de un negocio también en la provincia de Almería. Horario: de lunes a sábado de 6 de la mañana a 4 de la tarde ininterrumpido –60 horas semanales–. Salario: entre 1.000 y 1.200 euros. Extras: propinas. Es una oferta enviada a infoLibre por Eneas, una trabajadora almeriense. Pese a las condiciones, 32 personas aparecen como interesadas, apenas unas horas después de su publicación.

Esta oferta es solo un ejemplo de las muchas que corren por las redes sociales. Soy Camarero difunde muchas de ellas. Se trata de un creador de contenidos en redes sociales que se dedica a recopilar y denunciar las condiciones que soportan los trabajadores de la hostelería. No solo en materia de salarios, horarios o inestabilidad: también el tener que aguantar las faltas de educación de algunos clientes. 

Detrás de Soy Camarero está Jesús Soriano, valenciano de 34 años y profesional hostelero desde los 16. Sus perfiles en las redes sociales han viralizado en los últimos años cientos de ofertas de trabajo de la hostelería con condiciones que, más allá de abusivas, directamente, incumplen la ley.

“Hay veces que más que llamar a la inspección… ¡es que hay que llamar a la Policía!”, critica Emilio Gallego. El portavoz de la patronal reconoce que también ve las numerosas ofertas abusivas que circulan por la red y considera que estos negocios hacen competencia desleal y dañan la reputación de las empresas que sí lo hacen bien en el sector: “Hay profesionales que están un poco hartos de estos anuncios. Hay más de 300.000 empresas de hostelería y hay muchos trabajadores satisfechos. Me espanto cuando veo esos WhatsApps [de empresarios ofreciendo condiciones abusivas]. Los trabajadores deberían denunciarlo, que vayan a la Policía, que dejen esos trabajos. Pueden recurrir a la inspección de trabajo, a los sindicatos, incluso nosotros colaboraríamos si fuera necesario”, indica el portavoz de la patronal hostelera.  

¿Qué debería hacer un trabajador que sufra condiciones abusivas? “Venir al sindicato”, explica el portavoz de CCOO Gonzalo Fuentes. “Poner una denuncia a la Inspección de Trabajo. El ministerio tiene un buzón de denuncias. El problema es el miedo: todos tenemos que pagar los alquileres y las hipotecas. Hay que vivir todos los días. Tenemos que tener en cuenta que en la hostelería tenemos muchas personas que viven en precariedad, inmigrantes que deben enviar dinero a sus familias en sus países…”, lamenta el portavoz sindical. 

“Queda muchísimo para que se regulen nuestros derechos como trabajadores”, lamenta María José, trabajadora hostelera que vive en Benijófar (3.427 habitantes, Alicante). La última experiencia de María José fue en un bar en su municipio, entre julio y septiembre de 2022. Critica que su encargado le iba pagando poco a poco su salario, algo que ella le recriminaba. En septiembre, el médico dio la baja laboral a María José por una fisura en la rodilla. Cuando la trabajadora se lo comunicó a su jefe por WhatsApp, este le respondió a las dos horas indicándole que estaba despedida por motivos disciplinarios.

A día de hoy, María José asegura que aún no ha cobrado completamente esos dos meses de trabajo. “Me decía que tenía sus problemas, que no podía dejar de pagar proveedores para pagarme a mí y otras sinvergonzonerías. Pero aún sigue contratando más gente”.  

Esta empleada asegura que su jornada laboral siempre rebasaba su horario y que, pese a que apuntaba sus horas extra, el jefe le terminó cuestionando que esas horas fueran reales. “A los bares les cuesta encontrar trabajadores porque las condiciones que ofrecen en la gran mayoría dan vergüenza. Y, sobre todo, por la cantidad de horas que esperan que trabajemos”, critica la empleada. 

“Hay muchas empresas que no cumplen los convenios colectivos”, lamenta el portavoz de CCOO Gonzalo Fuentes. “Se debe trabajar, como máximo, 40 horas a la semana y tienen que tener dos días de descanso. Es el sector donde más horas extras se trabajan y no se pagan. A ello hay que añadirle que a muchas personas se contratan a tiempo parcial de 4 horas o menos y luego trabajan a jornada completa y esas horas no se cotiza a Seguridad Social y en mejor de casos se la pagan en B”, critica. Fuentes cree que una medida por parte del Gobierno sería incrementar la inspección: “No hay medios para combatir la economía sumergida y el incumplimiento de los convenios sectoriales”, añade. 

“Amo la hostelería”, dice a infoLibre Yuman, un joven canario de 24 años, justo antes de relatar una experiencia en un restaurante de Alicante que califica de “esclavitud”. Este joven es un ejemplo de trabajador que sí es vocacional que se mueve allá donde le salga un empleo que merezca la pena. Yuman se siente motivado de trabajar en un sector en el que puede conocer gente, le gusta tener conocimientos de gastronomía y enología, así como de quesos, bebidas espirituosas y café. “El trato con el cliente es algo que me encanta. Si se respetasen los convenios, cualquier trabajador, camarero o cocinero estaríamos felices y contentos”, añade.

Yuman, que ahora reside en Málaga, se trasladó de su Tenerife natal a Alicante, por una oferta de empleo. Este es el ejemplo en el que la patronal de la hostelería ve el futuro del sector: “Hay comunidades autónomas con un 18% de desempleo y otras con un 7%”, explica Emilio Gallego, de Hostelería de España. “Hay que hacer planes de movilidad geográfica. Los servicios públicos podrían incentivarlo, por ejemplo, manteniendo el subsidio por desempleo en los primeros meses de prueba. Para muchos, perder el subsidio es un incentivo para no moverse por la geografía para incorporarse al mercado laboral, por miedo a no superar el período de prueba. La legislación tiene áreas de mejoras”, añade. 

No obstante, a Yuman su mudanza a Alicante no le compensó. El bar le había ofrecido alojamiento, donde compartiría piso con otros cuatro trabajadores, y transporte al lugar de trabajo. “El prometido transporte nunca llegó. No me permitieron dormir solo, tuve que compartir cuarto. En el trabajo no te avisan que la jornada son entre 11 y 12 horas, que llegan hasta 15 en temporada alta. 8 euros la hora. Si un día quieres descansar, ese día no lo cobras. Te dan de alta cuando a ellos les da la gana…”, enumera el camarero, que reconoce que acabó quemado. 

Yuman relata que el hijo de la persona que le contrató, que trabaja de encargado de barra en el bar, le ofreció un día de descanso. El camarero, que seguía en período de prueba de su contrato, recogió el guante del encargado y se cogió el día libre: “Me despidieron por no ir a mi puesto de trabajo”, lamenta. “Cuando les dije que nunca vi el contrato, me dijeron que fue culpa mía, por no haber ido nunca a recogerlo”, añade el joven. Pese a sus experiencias negativas, su vocación sigue intacta. Sigue sin ver el sector como algo temporal y espera encontrar un trabajo con condiciones dignas que le garantice desarrollarse. 

“Me produce tristeza un testimonio como este”, lamenta Gallego, el portavoz de la patronal hostelera, tras conocer el caso de Yuman. “No te creas que es un caso aislado, hay más de 1,6 millones de trabajadores y muchos lo ven como un sector en el que se realizan y que ven para ganarse la vida de manera permanente. Me entristece que se encuentren con malas empresas que no saben detectar el potencial de ese trabajador”, lamenta Gallego. 

El 65% de los trabajadores de la hostelería no se ve en el sector en cinco años. Es el resultado de una encuesta incluida en el informe Percepción sobre el empleo en el sector de la hostelería y restauración 2022, elaborado por la empresa de trabajo temporal Eurofirms. El 36% de los encuestados no recomendaría trabajar en el sector “bajo ningún concepto”. Entre los factores que alejan a los trabajadores de la hostelería están la inestabilidad laboral, los horarios y los sueldos, siendo este último factor el prioritario a mejorar. Casi la mitad de los hosteleros encuestados afirman cobrar menos de 1.200 euros al mes.

A la hora de resaltar los aspectos positivos de la hostelería, el portavoz de la patronal cree que el mayor incentivo es adquirir los conocimientos necesarios para acabar creando un negocio. “Hay muchos empleos en los que nunca vas a ser tu propio jefe. La banca, por ejemplo. En un medio de comunicación seguro que tampoco es fácil. En este sector sí. Hay gigantes multinacionales como Meliá o McDonalds, y a la vez hay muchas empresas pequeñitas, que son primorosas y funcionan perfectamente”, añade. 

No obstante, según la mencionada encuesta, un 60% afirma que su motivación al empezar en la hostelería es “recibir un sueldo a final de mes”, frente a un 9% que lo hace por vocación. Preguntados por los aspectos positivos, esta es la respuesta mayoritaria elegida por el 48%: “Es un trabajo”. 

Los horarios son el principal motivo que tienen “quemado” a Julio, de 35 años, que trabaja en un restaurante familiar en Valladolid. A diferencia de los testimonios anteriores, no se trata de un enclave turístico. Pero no es condición necesaria para que Julio también esté trabajando más de 12 horas diarias, en una jornada que empieza antes de la hora de comer y que no termina hasta que llega a su casa a las 2 o 3 de la madrugada. Las horas extras no se pagan: “Te has quedado porque había trabajo; otro día, te irás antes”, le responden, en sus propias palabras. 

“No creo que el mío sea un caso aislado, pero tampoco creo que en todos los lugares de hostelería sea así”, opina. “Yo creo que los que más intentan aprovecharse de la gente son los negocios pequeños y familiares. Como ellos han trabajado durante muchos años, muchas horas, para sacar el negocio adelante, se piensan que sus empleados van a estar ahí en todo momento. Como si el negocio también fuese suyo”, lamenta Julio.

Más allá de sueldos bajos, horarios ilegales e inestabilidad, entre los testimonios recogidos por infoLibre destaca otro factor: la gestión caótica de los servicios y el trato lamentable a los clientes. Saray, una joven cocinera de 25 años que asegura trabajar en la hostelería desde mucho antes de cumplir la mayoría de edad, acaba de dejar un trabajo en Calafell (29.102 habitantes, Tarragona) en el que tenía una labor multiusos que le resultaba frustrante: “En el restaurante había 11 ofertas de comidas diferentes. Todo salía de la misma cocina. En dos habitaciones había 24 congeladores”, explica.

“El pollo se vende como si fuera casero y era de Mercadona, con salsa chimichurri por encima. La lasaña y la tortilla de patatas, igual”, lamenta Saray. infoLibre ha consultado las opiniones recibidas por el restaurante en diversas páginas web y al menos tres clientes se han percatado de que esos productos, ofrecidos como “caseros”, son de Hacendado, la marca blanca del supermercado de Juan Roig. Los trabajadores, que son quienes preparan y sirven estos servicios ante el cliente, sienten una vergüenza que va haciendo mella en el día a día.

“Cuando entré todo estaba mal congelado, en mal estado. Había cucarachas por todos lados, y ratas. La excusa de mi jefe era que las antiguas cocineras eran ‘unas guarras’. Yo entraba a las 10 de la mañana, cuando se abría la cocina. Como tenía servicio por Just Eat y Glovo [plataformas de reparto a domicilio], si entraba un pedido a las 6 de la tarde de paella o lo que fuese, tenía que hacerlo. A pesar de hacer mi horario también estaba de guardia por las tardes”. Pese a estos horarios, Saray estaba contratada solo tres horas diarias, de 12 de la mañana a 3 de la tarde.

“Por desgracia no creo que sea un caso aislado. Llevo tiempo en la hostelería y siempre intentan no pagarte, según qué horas. Los contratos nunca son los que en realidad haces… Cuando vas a una entrevista y te dicen el horario, el empresario siempre te suele decir que la hora de cerrar es orientativa. Todos sabemos que en la hostelería siempre se hace una horita o dos de más. Simplemente ocurre, y lo dejas estar. También está lo típico que te dicen de que se hace un poco de todo. Acabas haciendo lo que sería otro puesto. Te da la sensación de que estás haciendo un buen trabajo y que están contentos contigo, cuando en realidad lo que hacen es ahorrarse un sueldo. Es lo único que ven”, lamenta.

El último fin de semana de Saray en su último trabajo fue el domingo que fue el Día del Padre: “Este año tuvimos muchas reservas y yo el día anterior y el domingo por la mañana estuve preparando de todo: guarniciones, puré de patatas, patatas a lo pobre, arroz con leche, pudín, flanes, ajo perejil, romesco, salsa al cava, bravas peladas y cortadas, tartas de hojaldre… El sábado estuve metida en la cocina 13 horas sin parar, ni comí y apenas bebí de todo lo que me mandó a preparar”, lamenta Saray.  

Pese a la gran preparación que descansaba mayoritariamente sobre los hombros de Saray, los preparativos no fueron suficientes: “El domingo hubo faena y las freidoras rebosaron. Según mi jefe, el aceite no hay que cambiarlo, solo colarlo, así que tenía el color de su alma, todo negro. El aceite se desbordó en medio del servicio. Yo intenté arreglarlo. Me dijo que me quitara de en medio y me empujó”, critica. 

Fue tras ese servicio cuando Saray comunicó a su jefe que se iba de su trabajo. “Me empezó a decir que había sido bueno conmigo y yo le dije que me tenía contratada tres horas diarias y le estaba sacando la cocina, limpiando baños, comedores y encargándome de la lavandería. Este señor se llamaba a sí mismo “Dios”, por cómo gestionaba su negocio, y siempre decía que no tenía problemas de dinero. Un mes después, todavía estoy esperando que me pague”, lamenta Saray. Otro puesto vacante en el sector. 

El Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias que abrió contra 29 sociedades vinculadas con el Grupo Restalia --incluidas 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger-- a raíz de una denuncia presentada por varios franquiciados por presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado ha concluido que "la denuncia contiene un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales".

En la resolución, firmada ayer lunes, el instructor ha precisado que los argumentos recogidos en la denuncia "no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis".

La causa tenía su origen en una denuncia interpuesta por los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados en la que se acusaba al Grupo de causar un supuesto perjuicio de unos 19 millones de euros a varios franquiciados. Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto.

En 10 folios, el instructor ha hecho un repaso de la denuncia presentada en junio de 2022. En este sentido, ha recordado que los franquiciados --"a través de un extenso escrito" y de "una ingente cantidad de documentos"-- aseguraron que desde el Grupo Restalia habían operado como una "organización criminal" que, mediante "engaño", les hizo firmar contratos de franquicia, logrando así la entrega de ingentes cantidades de dinero.

Según consta en la resolución, los denunciantes precisaron que el engaño se había producido porque les habían ocultado "de manera deliberada" la existencia de acuerdos con los proveedores que harían que las franquicias resultaran "inviables" y porque les hicieron creer que los negocios de restauración darían unos beneficios que en verdad nunca serían factibles.

Respecto al presunto delito de estafa, el juez ha señalado que no ve "elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno" por parte del Grupo Restalia hacia los denunciantes.

"Lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma", ha zanjado.

Al hilo, el juez ha considerado "rechazable" que "se pretenda sostener una imputación de estafa sobre la base de que el franquiciado debe tener un precio de venta al público de los productos marcado por el franquiciante, o que los proveedores han de ser los que establezca el franquiciante, o que el franquiciado debe acatar los cambios del menú por caso que se establezcan a nivel de todo el territorio nacional".

Además, ha recalcado que "es normal y no puede reputarse como engaño el que el franquiciante presente de la mejor manera posible, con las cifras más presentables y las expectativas máximas sus negocios".

En el marco de la resolución, el instructor ha incidido en el hecho de que los denunciantes "no son meras personas físicas ignorantes del mundo de los negocios", sino personas que quieren "dedicarse profesionalmente a la restauración, a una gestión empresarial, etcétera". "Se presume en los denunciantes la capacidad básica y elemental para entender el negocio que se les propone y las grandes cifras que comporta", ha añadido.

Al margen, el titular del Juzgado ha hecho referencia al informe pericial que encargó en el marco del procedimiento y en el que se menciona que, en los casos concretos de los denunciantes, todos "se vieron afectados al poco de iniciarse la actividad de franquicia por la epidemia del Covid 19".

Así las cosas, ha asegurado que tal acontecimiento "por sí solo es apto como para echar por tierra las expectativas más precisas y conservadoras de negocio, pues particularmente en el ámbito de la restauración, la epidemia supuso una merma radical en sus facturaciones".

Además, el instructor ha recordado que un "gran número" de franquiciados de The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña o La Sureña Blue actualmente "siguen abiertos al público" con una actividad lo suficientemente rentable como para mantenerse en el negocio.

Hay dos actitudes opuestas ante la pandemia: la de quienes la viven con responsabilidad, son cautelosos en sus actos y cumplen estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y la de quienes la viven como si no fuera con ellos. Son dos modos antagónicos de vivir la pandemia que podemos observar cada día.

Una tarde, hace pocos días, después de insistirme mucho mi hermana para salir, me aventuré a ir con ella a una terraza, en el centro de Madrid, a tomar algo. El espectáculo al que asistí a lo largo de la tarde me dejó atónita.

Las imágenes que se sucedieron unas tras otras iban incrementando mi perplejidad. Al llegar a la terraza vimos que unas quince personas estaban celebrando un cumpleaños en varias mesas unidas. Ninguno de ellos tenía puesta la mascarilla, como si la cosa no fuera con ellos. El dueño del bar, que se paseaba alegremente entre los clientes, saludando a unos y otros, se acercó también a saludarnos a nosotras, y, entre otras cosas, nos contó que la noche anterior habían terminado a las tres de la mañana porque varios grupos de amigos habían continuado, clandestinamente, en el interior del bar que desde el exterior aparecía cerrado. Lo contaba con tono de orgullo por la transgresión.

Poco después, un chico de unos treinta años se nos acercó a pedirnos fuego. Tampoco llevaba mascarilla, así que yo me temí que de esa yo salía contagiada ya que, aunque yo tenía mi mascarilla puesta, me envolvería el humo de su cigarrillo. Pero no acabó ahí la cosa. Porque, desde la sinceridad que caracteriza a los que han bebido más de la cuenta, me dijo: "Voy sin mascarilla, pero es que ya me han vacunado". Anonadada, le dije es imposible, no me cuadra, no te corresponde por la edad. Y él, arrogante, alardeando de un estatus que le permitía cualquier abuso de poder, me respondió: "Es que soy político, ya sabes".

La tarde, acumulando situaciones disparatadas, seguía avanzando. En otra mesa de la terraza había un grupo de hombres y mujeres de edad madura, y ya muy tocados por el alcohol. Pensé que, claro, ahora las ocho de la tarde, a efectos de las libaciones acumuladas, debe equivaler a las cuatro de la mañana antes de la pandemia. Una de las mujeres del grupo decidió ir al baño. La escena resultó grotesca porque no podía ni levantarse. Yo pensé, como no vaya a gatas, no llega. Después de tropezarse con una columna consiguió entrar en el local, pero, claro, sin mascarilla, bastante tenía con conseguir llegar a los servicios.

Yo apenas daba crédito a lo que iba viendo. Me sentía crecientemente cabreada e indignada, de modo que, antes de que empeorara más la situación, decidí volverme a casa.

Para colmo, hablando hace días con un vecino me cuenta que unos amigos suyos se van todos los fines de semana a esquiar a Andorra. Por lo visto, lo hacen con toda normalidad, como si la pandemia no fuera con ellos, sin que les preocupe la posibilidad de que les pillen.

La ausencia de civismo de todos esos comportamientos contrasta con la gente, afortunadamente numerosa, que cumple con las restricciones impuestas y con las medidas preventivas establecidas. Como una amiga mía que lleva desde el verano pasado sin ver a sus padres, que viven en Bilbao. O como la amiga de mi hija que lleva también sin ver a sus abuelos desde hace muchos meses, porque viven en la Comunidad de Castilla-León. O como el mecánico al que le llevo el coche, que, el pobre hombre, está muy preocupado por los frutales que tiene en la casa del pueblo, a la que no ha podido ir desde el año pasado. No ha podido ir a podarlos y ni sabe cómo estarán después de la tormenta Filomena de enero. Para él es algo importante en su vida, pero más importante ha sido su sentido de la responsabilidad y de la solidaridad. La lista de ciudadanos que están haciendo verdaderos sacrificios por no transgredir las normas necesarias para hacer frente a la pandemia sería alentadoramente infinita.

La suma paciencia que la mayoría de los ciudadanos estamos teniendo, cumpliendo las normas sanitarias para superar la pandemia cuanto antes, frente a los que, carentes de solidaridad, egoístas y frívolos, las transgreden cotidianamente como si esas normas sanitarias no fueran con ellos, hace que empecemos a estar hartos, porque los repuntes de los contagios nos llevan a pensar que vamos hacia una cuarta ola, y, desde luego, no será por culpa de la parte de la sociedad cumplidora.

Sabemos que los actos de cada ser humano, de una forma u otra, repercuten sobre toda la colectividad. Ahora observamos que la falta de civismo de un sector de la población echa por tierra los esfuerzos de los sectores cumplidores. También sabemos que a los incívicos probablemente los llamamientos a la responsabilidad les resbalan. Estos comportamientos desaprensivos que presenciamos son indicio de una corriente, preocupante, de discordia civil en el peor momento, cuando afrontamos un tiempo de grandes calamidades colectivas.

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Ana Santos Sainz es socióloga.

El dueño de un local de copas en el centro de Madrid acudirá estos días a los Juzgados de lo Civil. Y presentará una demanda contra su casero, un fondo buitre propietario de más de 10 inmuebles (por lo tanto, un "gran tenedor") que se niega a rebajar el alquiler desde que afloró la pandemia. El demandante pedirá lo mismo que han resuelto otros tribunales de Madrid, Barcelona o Benidorm: la prohibición de ser desahuciado y una rebaja del arrendamiento de al menos el 50%, sin descartar el 100%. 

El denunciante tiene jurisprudencia sobre la que asentarse. Según ha recopilado infoLibre, media docena de magistrados han decretado ya medidas cautelares contra la ejecución de avales bancarios y se han mostrado proclives en sus resoluciones a reducir entre un 50% y un 100% los alquileres de los establecimientos ante el desplome de los ingresos por la ausencia de actividad comercial, debido indiscutiblemente a las continuas restricciones que se imponen por el covid-19.  

Es una vía de momento marginal que acabará elevándose a instancias superiores. Los comerciantes aseguran que hay un vacío legal en la concesión de ayudas que puede beneficiar tanto al casero como al comerciante, en función del juez que resuelva. Pero por el momento, un puñado de autos judiciales han sido estimados apuntando a la crisis que atraviesan los negocios, incluso a pesar de haber recibido líneas de financiación desde que se decretara el estado de alarma en marzo de 2020. 

El primer recurso estimado fue en Benidorm el pasado 7 de julio por parte del Juzgado de Primera Instancia Número Dos. El denunciante, empresario de un "negocio de hostelería y restauración", obtuvo la "suspensión de forma parcial y temporal de su obligación del pago de la renta" además de la "prohibición a la arrendadora de presentar demanda de desahucio durante la tramitación del proceso". 

Xanadú quiere desahuciar franquicias

Este y todos los demás autos tienen un patrón común: se basan en el principio del Derecho Rebus sic stantibus, que jurídicamente significa que todo contrato podrá ser revisado siempre que concurran circunstancias nuevas que alteren las condiciones que se tenían cuando entraron en aplicación las obligaciones reflejadas en el documento. La causa sobrevenida que altera el contrato en este caso es obvia: el coronavirus y las restricciones para frenar los brotes. 

El 25 de septiembre de 2020 el Juzgado de Primera Instancia Número 81 de Madrid estimó las cautelares solicitadas por una sala de fiestas cuya actividad fue interrumpida por la pandemia, no pudiendo volver a reanudarla luego. El juez aceptó dos medidas: cuando reabra (aún no lo ha hecho), una reducción del 50% de la renta que venía abonando el establecimiento antes de la pandemia (tomándose como referencia lo abonado en febrero de 2020) y la suspensión total del pago de la renta si la sala está cerrada. 

El 29 de septiembre, solo cuatro días después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero acordó igualmente la suspensión cautelar de la ejecución de un aval bancario (desahucio) a un local del centro comercial Xanadú, un megacomplejo comercial al suroeste de Madrid. Xanadú reclamaba al local 10.800 euros por no ejecutar el aval, pero para el magistrado queda acreditada "la imposibilidad de la franquicia para desarrollar su actividad". Y lo mismo sucedió el 12 de noviembre pasado en Xanadú: el juez suspendió otra ejecución de aval por valor de 31.434 euros alegando el desplome de ingresos de las franquicias del centro comercial. 

Si se judicializa, "malo"

El presidente de la gran patronal del sector, José Luis Yzuel, reconoce que el goteo de sentencias basadas en el Rebus sic stantibus es cada vez más frecuente. "Pero si un empresario tiene que llegar a juicio con su casero, malo", lamenta Yzuel. "Porque eso quiere decir que hay mala relación entre ambas partes, lo que puede no ser bueno para el periodo post-pandemia". Según Yzuel, es deplorable que muchos caseros no tengan sensibilidad con los arrendamientos de locales que han podido o abrir parcialmente o han tenido que cerrar totalmente, según la comunidad autónoma. 

La madeja desigual de ayudas directas a la hostelería, impulsadas por los gobiernos regionales en los últimos meses, y la pésima situación del comercio minorista han llevado a muchos empresarios a optar por la vía judicial. La patronal Cepyme ha dirigido varias guías a sus asociados para renegociar los alquileres de manera amistosa. Algunos de los que no lo han conseguido han encontrado un aliado temporal en la justicia.   

La principal medida que han tomado las comunidades autónomas para frenar la escalada de contagios ante la llegada del invierno, que ha endurecido la emergencia sanitaria en España y en Europa, ha sido cerrar la hostelería. Ya sea clausurando solo los espacios interiores o todos los comercios, se trata de una de las medidas más duras antes de volver a una situación parecida a la de marzo, el confinamiento domiciliario, la única que garantiza con casi total seguridad el doblegamiento de la curva. Los epidemiólogos aseguran que los eventos sociales en los que se comparte comida y bebida, en lugares cerrados donde la transmisión por aerosoles se hace fuerte, son peligrosos: y ante la dificultad de controlar los eventos en domicilios sin un estado de alarma como el de esta primavera, los bares y restaurantes son los perjudicados.

El Ministerio de Sanidad ha defendido esperar 15 días –mínimo– para comprobar la eficacia de una medida, ya que el covid-19 tiene sus tiempos: pero en varias comunidades autónomas no se ha registrado una correlación clara entre la toma de la decisión y el descenso de la incidencia acumulada del virus (casos/100.000 habitantes) en los últimos 14 días, el baremo más fiable y más ajeno a retrasos metodológicos. Los expertos, en todo caso, advierten: no hay casi ninguna mágica que asegure al 100% una mejora de la situación, ya que la transmisión (y el registro de dicha transmisión) es influenciada por muchos factores: la densidad de población, el comportamiento de los ciudadanos, la estrategia de rastreo o la manera de hacer test, entre otros. 

En Cataluña, la incidencia acumulada no dejó de subir hasta el 4 de noviembre. Dicho día se registró su máximo de la segunda ola: 752 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La hostelería bajó su persiana a partir de 15 de octubre. Así, se tardaron casi tres semanas en lograr un efecto: desde entonces empezó un descenso hasta alcanzar alrededor de 450 casos este miércoles. Navarra y Aragón sí están logrando aplanar la curva a partir de las dos semanas posteriores a clausurar bares y restaurantes –en torno al 20 de octubre–. En la primera, la decisión se aplicó el 22 de octubre y su máximo –1.193, una tasa altísima– empezó a descender hasta alcanzar aproximadamente la mitad 15 días después. Y en la segunda, la caída empezó a registrarse 12 días después, aunque de manera muy tímida: el desplome solo se produjo a partir del pasado 10. Pasaron de 1.127 casos a 687. 

Poco después se unió La Rioja (22 de octubre), aunque solo en los municipios de Logroño y Arnedo: y la incidencia solo ha empezado a registrar un descenso durante los últimos tres días, siendo uno de los casos más claros de falta de correlación entre la medida y su efecto. Asturias tomó la orden el 2 de noviembre y sigue en clara escalada, al igual que Cantabria y Andalucía, que tomaron la decisión pocos días después, aunque apenas han pasado más de 15 días desde la decisión. Les sucedieron Castilla y León, Galicia (solo en las principales ciudades y en los municipios más golpeados), Murcia, Castilla-la Mancha (solo los interiores) y Euskadi, las últimas en subirse al carro en torno al 6 de noviembre. Cerca de cumplir los 15 días, no detectan subidas o bajadas significativas que permitan inferir una tendencia, más allá de la "estabilización" generalizada en todo el país que detectan los responsables del Ministerio de Sanidad. 

Madrid, mención aparte

Mención aparte merece la Comunidad de Madrid, que a pesar de ser durante septiembre el epicentro del covid en Europa, no cerró en ningún momento ni el interior ni el exterior de los bares y restaurantes. Utilizó una estrategia de confinamiento perimetral por Zonas Básicas de Salud (ZBS) que fue ampliamente criticada por expertos en gestión sanitaria y epidemiólogos madrileños por señalar a las poblaciones más vulnerables, por segregar y por su efecto limitado dada la alta movilidad laboral de la periferia al centro que se produce en la capital. Los datos, según explica el médico de familia y coautor de Epidemiocracia Javier Padilla, no muestran una evolución diferente de las zonas con movilidad restringida. "Además, las estabilizaciones o bajadas preceden a los confinamientos selectivos", señala. Pero es evidente que la situación epidemiológica en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso es mucho mejor que hace unas semanas. Sin clausurar la hostelería.

Así lo muestran las hospitalizaciones, el rato que mejor refleja la situación epidemiológica, con poco margen de error o distorsión: bajan de manera lenta pero constante los ingresados en planta por covid-19 desde el pico registrado el 27 de septiembre. Los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos, sin embargo, se mantienen altos, sin llegar al colapso pero en una situación clara de riesgo. Los casos registrados, sin embargo, muestran una caída mucho más pronunciada: a finales de septiembre se rondaban los 700 casos de incidencia acumulada a 14 días y en la última semana están en 300, de las más bajas de todo el país. "La población pudo haber tenido más miedo a que se aproximara un nuevo confinamiento estricto", apunta la epidemióloga de la Universidad Europea de Madrid Patricia Guillem. La propia contención de los ciudadanos, que han percibido una clara situación de riesgo y han contenido su movilidad y contactos, ha ayudado, apuntan todos los analistas.

Sin embargo, la estrategia de detección de Madrid puede estar haciendo que, de nuevo, se dejen muchos casos sin detectar. La región hace muchos más test de antígenos que PCR. Tienen dos obvias ventajas: su coste, mucho más barato que la prueba habitual aún en otras comunidades, y la rapidez en dar un resultado. tarda minutos. Sin embargo, varios análisis independientes advierten de que dan falsos negativos en asintomáticos. "Los [test de] antígenos no tendrían que ir en detrimento de las pruebas PCR. Tendrían que servir simplemente como un complemento", que se aplicara en caso de pacientes cuyos síntomas redujeran la posibilidad de un resultado falso, afirma Guillem. Además, la región dejó de hacer, durante su pico, pruebas a contactos estrechos que no sean convivientes o pertenecientes a un grupo de riesgo: por lo que la infradetección es un peligro real, más allá de que los hospitalizados reflejan una mejora. 

Los expertos piden cautela

Tanto el caso de Madrid como el del resto de comunidades autónomas muestran que la situación puede mejorar, aunque sea de manera lenta, sin cerrar al menos el interior de los bares y los restaurantes: y que, por el contrario, algunas regiones no descienden de golpe sus casos tras aplicar la medida. No es ninguna varita mágica, aunque los epidemiólogos siguen reconociendo su papel, en base a las experiencias de Navarra y Aragón. El biotecnólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Saúl Ares, especializado en interpretar los datos del covid, lo explica: "Casi nunca vamos a encontrar correlaciones claras de nada, porque si fuese sencillo identificar el factor clave con el que controlar la situación, todo el mundo lo estaría haciendo. Es un sistema complejo, multifactorial, y lo que en un lugar puede ser clave, en otro es irrelevante".

Con respecto al baremo de los 15 días en el que insiste Sanidad antes de comprobar la eficacia de una medida, a Ares le parece "conservador". "Si en 15 días no se nota bajada, puede ser por varios motivos: en realidad la medida no tiene mucho efecto, o a lo mejor sí lo tiene y sin ella la subida sería aún peor, o por la dinámica de realización de pruebas a lo mejor 15 días antes y después las incidencias no son comparables…", asegura. "Las medidas de la hostelería tienen un impacto, pero es muy difícil saber de forma aislada si una reducción se debe solo a esa medida", coincide Guillem. 

El vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles el cierre de bares y restaurantes, y la limitación al 50% del aforo en comercios por un periodo inicial de 15 días ante el incremento de los indicadores de la pandemia de coronavirus.

Lo ha explicado en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat en la que también han participado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y la consellera de Salud, Alba Vergés.

Aragonès ha concretado que las restricciones aprobadas por el Procicat entrarán en vigor a partir de la noche del jueves al viernes, aunque primero las medidas deben ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ya anunció que recurriría la decisión si el Govern aprobaba nuevas restricciones para bares y restaurantes.

Sin embargo, el vicepresidente ha confiado en que sean ratificadas porque, según él, están elaboradas en base a criterios sanitarios y siguiendo lo que dicen los expertos: "No prevemos otra cosa que la ratificación de las medidas porque están todas absolutamente justificadas".

Con estas restricciones, bares y restaurantes solo podrán servir para llevar o realizar entregas a domicilio, mientras que el consumo en el interior de los establecimientos quedará suspendido.

También se incluye la limitación del aforo en comercios al 30%, y se cerrarán todos los "servicios con contacto" excepto las peluquerías.

Los centros comerciales y las tiendas de más de 400 metros cuadrados deberán controlar el aforo en tiempo real, mientras que en todos los equipamientos culturales se limitará el aforo al 50%, deberán cerrar como máximo a las 23 horas, el público deberá tener un asiento preasignado y tendrá que haber un registro de los asistentes a la hora de entrar.

Se podrá acceder a las tiendas que venden productos no esenciales sin necesidad de pedir cita previa y las bibliotecas, y los muesos seguirán abiertos y sujetos a las medidas de sus respectivos planes sectoriales aprobados en el marco del Procicat.

Además, la actividad deportiva no profesional quedará suspendida estos 15 días y los gimnasios se limitarán a un 50% del aforo, los actos religiosos también al 50%, los parques y jardines públicos, y áreas de juego infantil cerrarán a las 20.00 horas, y se suspende la apertura al público de salones de juego, casinos y bingos.

Asimismo, el Govern recomienda que las empresas apliquen el teletrabajo y las universidades hagan sus clases de manera telemática para evitar al máximo los desplazamientos y la movilidad de la ciudadanía.

"Queremos evitar un confinamiento total"

En la rueda de prensa, Aragonès ha reconocido que las medidas son difíciles y tendrán un impacto económico y social, pero ha insistido en que son imprescindibles para evitar restricciones más importantes como otro confinamiento: "La alternativa, si no lo hacemos, serán inevitablemente restricciones más severas, un confinamiento total que queremos evitar", y ha asegurado que el Govern está en contacto permanente con el Gobierno central para aplicarlas y espera contar con la colaboración de todas las administraciones.

Preguntado por qué hará la Generalitat si el TSJC tumba estas medidas, ha contestado que tienen previsto "los instrumentos para poderlas llevar a cabo", como hicieron en julio con un decreto que sirvió para el confinamiento de Lleida y las limitaciones en el área metropolitana de Barcelona, y ha subrayado que de momento no ve necesario solicitar un estado de alarma, aunque lo mantiene como una posibilidad si se da el caso.

Medidas severas para frenar la evolución del covid en Catalunya

Por su parte, Budó ha tildado de severas las medidas, pero ha reiterado que son necesarias porque las cifras de la evolución del coronavirus en Catalunya "no son buenas", por lo que ha llamado a la ciudadanía a la responsabilidad para lograr que las restricciones sean solo de 15 días y las actividades que quedarán limitadas puedan recuperarse tras este periodo.

"La ciudadanía nos tenéis que acompañar desde la corresponsabilidad. Todas las medidas representan un sacrificio importante para determinados sectores. Es importante que, con nuestra actitud, seamos corresponsables y acompañemos estas medidas para que sean efectivamente de 15 días", ha reclamado.

Al ser preguntada por posibles medidas en el ámbito residencial, la consellera de salud, Alba Vergés, ha abogado por "proteger al máximo las personas más vulnerables" al covid-19 y, ante algunos brotes que han identificado en zonas que no consideraban de riesgo, ha anunciado que extenderán a toda la comunidad esta zona de riesgo para poder hacer pruebas a los profesionales.

Sobre restricciones en el transporte público, la consellera ha asegurado que se "mantendrá la oferta al 100%", así como el horario extenso en las horas punta –con una frecuencia más elevada de los transportes–, pero ha insistido en la importancia de reducir la movilidad y priorizar, en la medida de lo posible, el teletrabajo.

Al preguntársele sobre la posibilidad de desplazarse a segundas residencias, el conseller de interior, Miquel Sàmper, ha dicho que no es aconsejable aunque no está prohibido en la resolución.

"No estamos haciendo una lista prohibitiva", y ha dicho que una familia se podría desplazar a su segunda residencia si allí no se relacionan con otras personas.

El Govern hará público mañana miércoles el anuncio del cierre de restaurantes y bares durante 15 días como medida para evitar otro confinamiento, según informan fuentes parlamentarias a El Periódico.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que este miércoles el Ejecutivo catalán anunciará medidas para frenar la "segunda ola" de coronavirus, que considera que ha comenzado tras el aumento de contagios de los últimos días. 

Cataluña ha registrado hasta este martes 187.574 casos confirmados acumulados de coronavirus —161.150 con una prueba PCR—, 1.280 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. 

El Gobierno andaluz (PP-Ciudadanos) ataca el boom del coronavirus en Granada cerrando la universidad, pero sin tocar los bares y restaurantes. La Junta suspende las clases presenciales en la Universidad de Granada e instaura una especie de toque de queda en las residencias universitarias, pero deja intactas las reglas del ocio diurno y nocturno vinculado a comer y beber. “Me entristece profundamente que se valoren más los bares que la vida universitaria", lamentó la rectora, Pilar Aranda. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), confió en que las medidas adoptadas sirvan para evitar el cierre de la ciudad sin necesidad de mayores restricciones a la movilidad o a la hostelería.

La Universidad de Granada comenzó el curso el 21 de septiembre, con clases presenciales. En total, hay unos 60.000 estudiantes universitarios, 40.000 de ellos llegados de fuera de la ciudad. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada coinciden en que esta concentración está en la raíz de la fuerte subida del covid-19 en la ciudad de la Alhambra, de más de 232.000 habitantes. Durante el puente, en el que se ha sumado un 85% de ocupación hotelera a la ciudad, han circulado imágenes, algunas difundidas por la Policía Local, de juergas de jóvenes gritando y cantando, sin guardar distancia de seguridad, en algunos casos sin mascarilla, en ambiente de alcohol.

La Policía Local de Granada ha formulado 203 denuncias durante las tres noches del puente por ruidos en fiestas de pisos, botellones en la calle, no usar la mascarilla o incumplir normas en establecimientos. Este mismo martes, el alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), que se mostraba consciente del problema, afirmaba en Onda Cero que la Junta iba a tomar medidas “en dos líneas”: la universidad y el ocio. Y vinculaba expresamente el auge de los casos (más de 500 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) a la típica juerga del arranque de curso, prueba de lo cual era que durante un verano de “muchísima actividad cultural” no había habido brotes, según dijo. Pero las medidas de la Junta, a pesar de lo anticipado por el alcalde, se han quedado sólo en la universidad, sin traspasar las puertas de los bares.

Más de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días

La ciudad de Granada está en el punto de mira del Gobierno andaluz, que se reunió este martes con datos preocupantes sobre la mesa. El 12 de octubre había una incidencia acumulada de 612,1 casos por cada 100.000 habitantes en los 14 días anteriores, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andaucía (IECA). El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), cifró la incidencia acumulada en 501, si bien el dato no fue actualizado por los canales oficiales usuales por problemas técnicos, según la Consejería de Salud y Familias. En cualquier caso, se trata de una cifra alta y por encima de lo establecido por el Ministerio de Sanidad como límite –junto a otros indicadores– para tomar medidas drásticas.

Bendodo prefirió destacar que, aunque Granada sí incumple esta regla de los 500 casos, está por debajo del 35% de camas UCI ocupada por pacientes con covid-19, lo que exime a la ciudad de las “medidas especiales” acordadas por el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Es decir, Granada no está como Madrid. Sin restar importancia a la situación, Bendodo presentó un catálogo de actuaciones centradas en la universidad. Anunció que las clases en la Universidad de Granada no podrán desarrollarse de forma presencial en las dos próximas semanas. Los colegios mayores deberán cerrar a las 22.00 horas, dado que se han detectado más de 150 contagios en siete residencias universitarias. El consejero de Presidencia añadió que estas medidas están dirigidas a un fin: que “dentro de dos semanas” no haya que cerrar Granada.

Los bares no se ven afectados por las medidas anunciada por Bendodo, que aún están pendientes de concreción definitiva, previsiblemente en forma de orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andaucía (BOJA). El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, desarrolló los argumentos de la Junta e incidió en que la capital está en un "momento crítico", dado el "altísimo ritmo de contagios entre la población joven". En declaraciones a Europa Press, defendió las medidas extraordinarias activadas, con las que se busca "evitar otras de mayor calado, como el cierre de locales o la limitación de horarios, en un sector ya de por sí muy dañado".

Críticas de la rectora

La Junta entiende que el cierre de aulas universitarias tiene menor calado que el cierre de locales de ocio. La decisión causó indignación en la Universidad de Granada. “Dejan los bares abiertos y cierran las aulas", lamentó en declaraciones a los medios la rectora, Pilar Aranda, que destacó que el curso estaba transcurriendo "con total normalidad". Aranda, que afirmó que acataba la decisión aunque podría vulnerar la "autonomía universitaria", dijo desconocer las cifras que han manejado sus responsables en la Junta, que podrían no conocer ni "metodologías" ni "prácticas" de la Universidad de Granada, donde están "sorprendidos y tristes".

“En el recinto universitario se está cumpliendo toda la normativa. Me entristece profundamente que se valoren más los bares que la vida universitaria y la formación. Parece que se entiende que es mejor que vayan a los bares, a las cafeterías o al ocio nocturno", añadió. Según los datos de la Universidad de Granada, hay actualmente 840 estudiantes aislados.

El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno (PP) está teniendo especial tacto con la hostelería, un sector clave en la región. Hace dos semanas, la Junta llegó a aconsejar limitar las reuniones a seis familiares, pero sin rebajar el máximo de diez personas juntas en bares y restaurantes [ver aquí información en detalle].

Nuevos cierres

La Junta de Andalucía acordó este martes además restringir las entradas y salidas del término municipal de Écija (Sevilla, 39.873 habitantes), donde –a diferencia de Granada– sí se adelanta a las 22.00 horas el cierre de establecimientos hosteleros –bares y restaurantes– y se limita a 30 el número máximo de asistentes a celebraciones masivas como bodas y primeras comuniones.

Estas últimas medidas –no la limitación a las entradas y salidas– se extienden a Sierra de Yeguas (Málaga, 3.346 habitantes). En Écija se van a adoptar las medidas que en las últimas semanas ya se habían acordado para Linares (Jaén, 57.414 habitantes), Almodóvar del Río (Córdoba, 7.947) y Casariche (Sevilla, 5.456 ). En este último municipio, se cumplen los primeros 14 días de vigencia de estas medidas. Bendodo anunció que estas se van a prorrogar salvo en lo que concierne a las restricciones en las entradas y salidas del municipio, que sí se van a volver a permitir.

Los municipios afectados por restricciones endurecidas suman más de 114.000 habitantes. Son más de 340.000 habitantes, si incluimos Granada. En toda Andalucía, este martes se alcanzaron los 1.152 hospitalizados por coronavirus, récord de la segunda ola.