Del callejero franquista a las aulas: la insumisión de las comunidades del PP a la ley de memoria democrática
Hace tres años que el Gobierno aprobó la ley de Memoria Democrática con la que se buscaba reparar a las víctimas, resignificar determinados lugares de acceso público y retirar reconocimientos franquistas. Entre otras cuestiones, obligaba a las administraciones titulares de Lugares de Memoria Democrática a garantizar su "identificación, explicación y señalización adecuada", y al Ejecutivo a "establecer medios de difusión e interpretación de lo acaecido en el mismo" y promover "la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial". Sin embargo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no quiere que una placa recuerde que la sede de su Gobierno fue durante el franquismo un escenario de detención y torturas.
La ofensiva se ha traducido en leyes y recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional que acabaron dando la razón al Gobierno central, pero que no han frenado al Ejecutivo madrileño, que esta mismo miércoles anunció que iba a presentar otro recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la declaración como lugar de memoria democrática de su sede, la misma que durante el franquismo fue la de la Dirección General de Seguridad (DGS). La céntrica plaza madrileña, histórico lugar de movilización social –se dice que la tradición de celebrar allí la entrada de año tiene su origen, precisamente, en una protesta–, fue el epicentro del terror franquista contra la disidencia republicana. Pero Ayuso no quiere que se recuerde públicamente.
Aunque el Boletin Oficial del Estado (BOE) recoge el "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", el Ejecutivo de Ayuso alega que la Casa de Correos no es lugar para la "división", que tiene más de 250 años de historia y "una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración", en palabras del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. "Esta es una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado del autócrata Sánchez", aseguró esta misma semana. "Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad", añadió, y reiteró la negativa del gobierno madrileño a instalar la placa.
Se trata del último acto de insumisión de una autonomía del PP a la Ley de Memoria Democrática tras las derogaciones autonómicas, bloqueos administrativos y pactos con Vox para sustituirla por leyes de "concordia" o "reconciliación", que han sido objeto de disputa política durante años. En las legislaturas de Mariano Rajoy se vació de presupuesto la aplicación de la norma y, desde las elecciones autonómicas de 2023, varios gobiernos autonómicos de PP y Vox han intentado volver a frenar la legislación vigente.
Derogación de las leyes autonómicas de memoria
La recuperación de la memoria democrática siempre ha sido un objetivo a batir para el PP. Tras el cambio de ciclo que trajeron consigo las elecciones autonómicas de 2023, en la memoria se convirtió en la pieza de caza mayor de eso que en la extrema derecha llaman la guerra cultural. Tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo eliminando de un plumazo cualquier norma autonómica orientada a la reparación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y las más de tres décadas de dictadura.
Una ofensiva que acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el Partido Popular. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Galicia y La Rioja las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República. A cambio de estabilidad, los conservadores compraron acuerdos con las principales banderas ideológicas de la extrema derecha.
Unas leyes que en mayo del pasado año fueron duramente criticadas por Naciones Unidas. "Podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos", expresaron tres relatores en un informe al que el PP quitó peso. En ese informe se criticaba que las leyes no condenaban expresamente el golpe de Estado de 1936 ni la dictadura, al contrario de lo que estipula la ley de memoria democrática nacional. También censuraba que esas normas "equiparaban" a las víctimas al ampliar el marco temporal de las de Segunda República (desde 1931), equiparando así un régimen democrático con las de la dictadura posterior. Y también cuestionaban la supresión de términos como "represión franquista" o referencias explícitas a las víctimas de la dictadura.
Insumisión educativa y recortes a la memoria
Otra de las insumisiones de las comunidades del PP a la normativa vigente tiene que ver con el campo educativo. La ley memorialista recoge en un su artículo 44 que el sistema educativo "incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura". Esta obligación va acompañada de otra que se refiere a la formación del profesorado. Esta deberá incluir "formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
En este sentido, se incluyó en un decreto de enseñanzas mínimas el conocimiento de la represión franquista en los institutos, pero el PP y Vox consideran esos contenidos una forma de "adoctrinamiento". Así, comunidades como Baleares, Aragón y Castilla y León, se han eliminado o paralizado unidades didácticas que abordaban el franquismo, la represión y la transición democrática. Los contenidos introducidos desde 2022 no se han consolidado y están siendo retirados en varias regiones. En la comunidad presidida por Jorge Azcón, la primera en derogar la ley autonómica previa para sustituirla por otra de "concordia", se han cancelado cursos y recursos pedagógicos vinculados a la memoria histórica.También el Ejecutivo valenciano, en manos del PP de Carlos Mazón, pactó con Vox recortar recursos a las asociaciones y universidades en materia de memoria histórica,
Decisiones políticas que no son exclusivas de los gobiernos en los que el PP depende de Vox. El ejemplo es la Comunidad de Madrid, que dio la orden de retirar un curso para formar al profesorado sobre cómo abordar el franquismo y la memoria en las aulas. En su lugar, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso ofreció a los centros un taller sobre el "pasado y presente de ETA". En Baleares, donde la conservadora Marga Prohens siempre ha gobernado en solitario, se han suspendido visitas a lugares de memoria, como fosas comunes, refugios antiaéreos o centros de interpretación.
Nombres y simbología franquista
El franquismo sigue también presente en las calles. Pero no solo. En pleno 2025, en España sigue habiendo seis pueblos de nombre franquista que todavía no han dado este paso y continúan incumpliendo la ley de memoria democrática. Concretamente Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).
Todos ellos mantienen denominaciones relacionadas directamente con el dictador Francisco Franco o hacen alusión a políticos y militares claves entre los años previos a la guerra civil y el franquismo, como el general Mola, el general Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS. La denuncia partió del abogado y colaborador de infoLibre Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, que en más de una ocasión ha lamentado "la cantidad de simbología franquista que reside en nuestras calles". En las calles de las principales ciudades españolas, entre ellas la capital, también se siguen manteniendo o, incluso, se ha revertido su cambio. Es lo que hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con cinco calles, entre ellas la del general Millán Astray que el Ayuntamiento de Manuela Carmena modificó en 2018 por el de la Profesora Justa Freire.
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En comunidades como Baleres y la Comunitat Valenciana se rechaza directamente retirar elementos y vestigios antidemocráticos del paisaje urbano, como las placas con simbología fascista, los monumentos a los "caídos" y los nombres de calles dedicadas a aquellos que colaboraron con el golpe de estado de 1936 o con la represión franquista, tal como obliga la normativa que los de Santiago Abascal quieren suprimir. El Consell de Carlos Mazón, directamente, ha dado la potestad a los ayuntamientos para recuperar las cruces con simbología franquista que se retiraron durante la anterior ley de memoria democrática, aprobada durante el Govern del Botànic.
Paralización exhumaciones y de censos de víctimas
Las exhumaciones y los censos de víctimas también forman parte de las políticas de memoria democrática, pero aplicación depende mucho de los gobiernos autonómicos, y en las comunidades presididas por el PP suele ser más limitada. Aunque algunos procesos siguen en marcha, en comunidades como Baleares y Castilla y León se han paralizado o ralentizado exhumaciones de fosas comunes. Al derogarse las leyes autonómicas, se ha dejado sin marco legal a muchas iniciativas locales. En la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco se paralizaron en el año 2022 las subvenciones y ayudas para exhumaciones, pese a tener localizadas más de 300 fosas pendientes.
Otro ejemplo es el de Andalucía, en el que tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta se suprimieron programas autonómicos de censos ni bases de datos públicas como sucedía anteriormente. Actualmente las exhumaciones actuales se realizan por impulso estatal o local, al igual que sucede en Galicia, Murcia, La Rioja o la Comunidad de Madrid, donde no promueven exhumaciones ni censos autonómicos. Tampoco registros de fosas o bases de datos de represaliados y las las labores de memoria las realizan entidades civiles o el propio Ministerio de Memoria Democrática.
