El ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, aseguró que Wilmer Chavarría, 'Pipo', el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, detenido el domingo en Málaga (España), será extraditado al país.

Y "probablemente" terminará en la nueva cárcel de máxima seguridad con la que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere replicarla el "modelo Bukele" instaurado en El Salvador por su mandatario.

Loffredo, en declaraciones a periodistas, se refirió así al máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente en Ecuador, arrestado en España después de que en 2021 fingiese su muerte y saliese del país.

El ministro señaló que la captura de 'Pipo' fue posible gracias a la "efectiva cooperación internacional" con España y recordó que el líder de Los Lobos "es responsable de al menos 400 muertes" en Ecuador.

La captura de 'Pipo' coincidió con el inicio de la jornada electoral del referéndum impulsado por el presidente, que obtuvo una contundente derrota al ser rechazadas las cuatro propuestas de esta consulta popular, incluida la de establecer una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución.

Al mando de 'Pipo', Los Lobos se alzaron en los últimos años como la organización criminal más fuerte de Ecuador tras desatar una guerra de bandas para emanciparse de Los Choneros, la otra gran organización delictiva del país, que hasta finales de 2020 tenía el monopolio de la actividad criminal.

Para ello, Los Lobos se aliaron con el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, al que proveían de la cocaína producida principalmente en Colombia, a diferencia de Los Choneros, con vínculos con el cártel de Sinaloa, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas.

Además, ampliaron sus operaciones al incursionar en la minería ilegal y, de acuerdo con las autoridades, establecieron alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para explotar enclaves mineros en la Amazonía.

No es casualidad que 'Pipo' viviese entre España y Dubái, lugar junto a India donde se destina la mayor parte del oro ilegal que se produce en la cuenca amazónica.

Los últimos meses están siendo frenéticos en la lucha entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en España. La Península Ibérica ha recuperado el dudoso honor de ser la principal puerta de entrada de cocaína en Europa, el mayor mercado del mundo –probablemente nunca lo había perdido, pero los datos de incautaciones pueden llevar a engaño–, y las mafias internacionales dedicadas al negocio más lucrativo que existe echan raíces en el territorio. La Costa del Sol se mantiene como el punto neurálgico de sus actividades, sin olvidar Madrid y la periferia –Canarias y Galicia–. Detrás de los grandes negocios está el cártel de Los Balcanes.

“La organización más poderosa del mundo, rivalizando con los cárteles mexicanos”, según destaca Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. A cuyo servicio trabaja la mafia albanesa. “Los albaneses están sobre el terreno, en España y en Sudamérica, bajan a la arena y se meten de lleno en las operaciones. El cártel de los Balcanes intenta no aparecer en la primera línea”, explica una fuente confidencial a Narcodiario, la misma que sitúa a los capos en Dubái. De hecho, la policía española está investigando el nexo entre el mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España, 13 toneladas, en el puerto de Algeciras el pasado octubre, el inspector jefe de la UDEF al que se encontraron 20 millones de euros ocultos en una pared de su casa de Madrid y el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, residente en Dubái.

Compuesto principalmente por ciudadanos serbios y croatas, pero también del resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia, el cártel de los Balcanes está integrado por clanes que se agrupan según sus zonas de procedencia. Muy violentos en su lucha por el control territorial, protagonizaron en los últimos meses varios ajustes de cuentas, con resultado de muerte, en los Balcanes, en España y en otros países. En los últimos tiempos, además, cuentan con el apoyo clave de la mafia albanesa.

En este punto aparecen las principales conexiones con España. El pasado enero, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron in fraganti a siete albaneses cuando pretendían descargar un gran alijo de cocaína en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Era la primera vez que personas ajenas al narcotráfico gallego se aventuraban a descargar cocaína en las Rías Baixas. Aunque los albaneses llevaban tiempo dejándose ver en Galicia: en 2023 en un pesquero intervenido antes de su llegada a las Islas Cíes, poco después como presuntos dueños de los 7.500 kilos de cocaína incautados en un contenedor en Cambre (A Coruña) y más tarde en el primer alijo del año, más de 1.200 kilos confiscados en el puerto de Vigo.

La Policía Nacional tiene constancia de que el cártel de los Balcanes está detrás de la financiación de alijos multimillonarios como los 9.500 kilos intervenidos en el puerto de Algeciras en el último trimestre de 2023, los 7.500 kilos de Galicia poco tiempo después o el descomunal cargamento de 13.000 kilos localizados en la dársena gaditana en octubre de 2024. Y de que el cártel ha operado con la intermediación de la mafia albanesa. Es más, la Policía sostiene que, al menos en el caso de las 13 toneladas, contó con el apoyo del inspector jefe detenido con 20 millones de euros emparedados en una pared de su vivienda en Madrid.

El policía, según pudo saber Narcodiario, entró en contacto con las grandes mafias internacionales del narcotráfico tiempo atrás. Se desconoce si lo hizo cuando era responsable de la lucha antidroga a través de Internet o ya en su destino como investigador contra el blanqueo de dinero. Antes de pasar a dirigir el área de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fisca (UDEF) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estuvo en el complejo policial de Canillas y decidió pasarse al otro lado a cambio de suculentas cantidades de efectivo. El asunto sigue bajo secreto de sumario, pero Narcodiario muestra en exclusiva nuevas imágenes del dinero y de otros objetos de lujo incautados en la histórica operación, que incluyó numerosas detenciones en todo el país.

Estos arrestos, el decomiso de los 20 millones en efectivo y el alijo de 13.000 kilos en Algeciras tuvieron un veloz reflejo en las mesas de Dubái, donde se organizan operaciones que, como ésta, mueven cocaína por valor de 500 millones de euros en los mercados clandestinos internacionales. A una de esas mesas, sostiene la Policía Nacional, se sienta El Tigre.

Las autoridades españolas siguen esperando que sea extraditado por su presunta implicación en grandes operaciones de tráfico de cocaína. En concreto, un juzgado de Algeciras lo reclama por un cargamento de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón que llegó al puerto gaditano desde Paraguay en 2020. Pero, como ocurre con otras decenas de extradiciones solicitadas desde Europa, Dubái no responde.

Mientras, el cártel de los Balcanes ha pedido explicaciones a El Tigre por las últimas pérdidas de droga en manos de la policía. Alejandro Salgado Vega se encuentra en libertad en el emirato después de haber pasado un año entre rejas: en agosto de 2022 fue detenido por consumir droga en su propia casa, un lujoso apartamento de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah.

Este presunto narcotraficante español es considerado por la Guardia Civil “el más importante de España”, si bien otras fuentes le señalan como “uno de los grandes, pero no el único”. En cualquier caso, las autoridades españolas le situaban como una pieza clave de la operación Faukas, llamada Desert Light por Europol, por su nexo directo con el cártel de los Balcanes para las grandes operaciones de tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras. Ahora lo investiga también por su posible nexo con el macroalijo de los 13.000 kilos, aunque aún no ha conseguido probarlo.

El poder de los narcos es casi infinito. Las caídas se arreglan con nuevas operaciones y, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025, han entrado miles de kilos de droga colombiana en Europa a través de la Península Ibérica. El negocio sigue, aun cuando el inspector jefe que hacía de topo está entre rejas y los grandes capos se esconden en su jaula de oro dubaití. Los precios de la droga están por los suelos ya no sólo en España, sino en el resto de Europa. 16.000 euros el kilo de cocaína en Galicia y 22.000 libras en Reino Unido eran cifras impensables hace apenas un lustro. Mientras, los Estados no se ponen de acuerdo a la hora de desarrollar políticas que frenen una espiral delictiva que se traduce en un daño social difícil de cuantificar, además de en violencia y muerte.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

En noviembre de 2015, cuando ya era un hombre buscado en todo el mundo, el narcotraficante Raffaele Imperiale firmó la venta de acciones de una empresa inmobiliaria de los Emiratos Árabes Unidos a Marwan Al Maktoum, hijo del emir de Dubái, Mohamed Al Maktoum. El napolitano, uno de los grandes capos de la Camorra, residió y tuvo negocios en España durante años. En 2014 fue detenido en el emirato, adonde había huido, a resultas de una orden de detención emitida por la justicia española, que reclamaba su extradición.

También fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. La empresa conjunta con el hijo del emir, de la que Imperiale era fundador y presidente del consejo de administración, construyó cinco villas de lujo en la isla artificial de Palm Jumeirah, que se vendieron por más de 25 millones de euros.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 16 de noviembre de 2015. Ante un notario en el barrio residencial de Al Barsha, al oeste de la ciudad, dos hombres firman un contrato que establece una transferencia de acciones de una empresa. La sociedad inmobiliaria AA Real Estate and Development tiene un nuevo socio mayoritario: “Su Alteza Marwan Al Maktoum, hijo del soberano de Dubái, el emir Mohamed Al Maktoum. Le transfiere el 51% de su participación accionarial otro emiratí, un tal Atif Ahmed Karrani, que, sin embargo, no está presente ese día. Lo que hace extraordinario ese hecho es el nombre de su representante: Raffaele Imperiale, traficante de drogas de profesión que ahora colabora con la Justicia italiana.

En Dubái, un representante puede ser cualquier ciudadano mayor de 21 años sin impedimentos legales, al que se le haya asignado un poder notarial. ¿Por qué eligió Karrani a Imperiale? Porque el narcotraficante formaba parte del trato, aunque, formalmente, ya había abandonado la estructura corporativa.

El pasado de la inmobiliaria así lo sugiere: AA Real Estate fue fundada en 2013 por el propio Imperiale, que también era el presidente del consejo. Karrani, antiguo gestor del registro de la propiedad en Dubái, era en cambio su “patrocinador”. En aquel momento –la ley cambió en 2021–, para invertir en Emiratos –excluidas algunas zonas francas– era necesario tener como accionista mayoritario a un ciudadano emiratí.

Cuando los fiscales de España e Italia le identifican como un poderoso narcotraficante internacional, Imperiale se hace sustituir por respetables hombres de negocios que le ayudarían a invertir en propiedades inmobiliarias emiratíes sin comparecer en persona. Es gracias a estas inversiones que el narcotraficante puede llevar la máscara limpia de empresario. Él mismo lo confesará después ante los magistrados italianos.

Para contar esta historia, la cadena de televisión holandesa RTL Nieuws y el periódico italiano IrpiMedia, en colaboración con el consorcio de investigación OCCRP e infoLibre, tuvieron acceso a documentos oficiales en los que los nombres de Raffaele Imperiale y Marwan Al Maktoum figuran en la misma página. Los reporteros cruzaron esta información con entrevistas a decenas de fuentes y con filtraciones del registro de la propiedad de Dubái, compartidas por la organización estadounidense C4ADS en la investigación Dubai Unlocked. De este modo, los periodistas pudieron rastrear inversiones inmobiliarias hasta entonces desconocidas y atribuibles a Raffaele Imperiale en el emirato.

Ni Imperiale ni Marwan Al Maktoum han respondido a las numerosas peticiones de comentarios que les enviaron los medios autores de esta investigación. Contactado por teléfono, Karrani se negó a responder ninguna pregunta, limitándose a añadir: “Se trata de una vieja historia que he cerrado”.

La presencia del nombre de Imperiale en las escrituras notariales es importante porque empresas como AA Real Estate han transformado el horizonte de Dubái a lo largo de los años gracias a sus enormes inversiones inmobiliarias. Mientras tanto, durante el actual reinado del emir Mohamed Al Maktoum, la ciudad se ha ganado la reputación de refugio dorado para delincuentes.

Su hijo Marwan, según consta en los documentos oficiales del Registro Mercantil de Dubái, siguió siendo socio de AA Real Estate hasta mayo de 2018, cuando fue sustituido por otro ciudadano emiratí. La empresa sigue activa, pero su licencia expiró en 2022.

Originario de Castellammare di Stabia, Raffaele Imperiale suministraba drogas a la familia de la Camorra de los Amato-Pagano desde los años 90, y más tarde también al clan 'ndrangheta de los Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Según los investigadores, su organización se convirtió en un “proveedor global de servicios” en torno a la cocaína, que vendía al por mayor a otras “organizaciones delictivas estructuradas”, auténticos “clientes fieles”.

Durante una década, el napolitano pudo dirigir el tráfico de cocaína desde el emirato, blanqueando sus beneficios mediante inversiones en lujosos proyectos inmobiliarios de Dubái. Allí fue detenido en 2021, para ser deportado y entregado a las autoridades italianas al año siguiente.

En el momento de la firma del contrato de venta de las acciones de AA Real Estate, Imperiale ya era un hombre buscado en todo el mundo. Su nombre ya había saltado a los titulares en 2014: el Gobierno español había solicitado su extradición y fue arrestado en Dubái, pero quedó en libertad enseguida. Apenas un mes antes de la reunión ante el notario de Al Barsha, un juez de instrucción de Nápoles había ordenado la detención de Imperiale por tráfico internacional de drogas.

En esas fechas, la federación de la que forma parte Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, aún no había firmado un acuerdo de cooperación judicial con Italia, que solo está en vigor desde 2019. Su extradición desde el país árabe era imposible para Italia, pero no para España, que cuenta con un acuerdo de este tipo desde 2009.

Contactada al respecto, la Fiscalía de Nápoles rechazó hacer declaraciones alegando que aún hay investigaciones en curso.

Ya en 2010, en busca de un lugar más seguro desde el que dirigir sus negocios ilegales, se había trasladado hasta Dubái desde España, país que había elegido como base de operaciones durante cinco años. También tuvo negocios legales, como un restaurante, en la calle de Santa Engracia de Madrid llamado Perla di Napoli. “Presenta platos con salsas sobreabundantes y sabores un tanto imprecisos, ya sean unos espaguetis amatriciana o unas gambas dello chef recargadísimas de curry. Correcto su Dolcetto d’Alba Roccabella 2005”. Ese fue el párrafo con el que lo despachaba en septiembre de 2008 el crítico gastronómico de El Mundo, Fernando Point –así firmaba el recientemente fallecido Víctor de la Serna sus artículos culinarios–. No es de extrañar que la calidad de su menús no constituyera la prioridad en Perla di Napoli. El restaurante, según ha podido comprobar, ya no existe. Y sus vecinos no lo recuerdan con especial cariño, precisamente. “No sé quiénes eran sus dueños y no quiero saberlo. No dejaron muy buena impresión”, resume suspicaz quien atiende en un comercio próximo.

En julio de 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 32 personas en la Operación Tarantela, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Entonces se anunció la desarticulación de varios clanes de la Camorra en España, dedicados al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. De hecho, se bloquearon 40 inmuebles valorados en ocho millones de euros. Los investigadores, que llevaban tras la pista desde 2011, sostenían que el dueño real de todo ese patrimonio era Rafaelle Imperiale.

Sin embargo, a los pocos días, el juez Andreu dejó en libertad en cargo a 30 de los 32 detenidos. Sólo una persona fue a prisión. Otro más fue liberado sin cargos. Y en octubre de 2017, tres años después  después de la macrooperación, la causa fue sobreseída provisionalmente y archivada.

Como queda dicho más arriba, Raffaele Imperiale, que tiene ahora 49 años, fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. Una, en concreto, le permitió establecerse como empresario del sector en el emirato.

Fue en 2003 cuando el emir Mohamed Al Maktoum dio a conocer un proyecto futurista, concebido por él y desarrollado por la empresa pública Nakheel: Las Islas del Mundo, un complejo de 300 islas artificiales con la forma de los cinco continentes frente a la costa de Dubái.

En las actas recogidas entre 2023 y 2024 por la Fiscalía de Nápoles, con la que empezó a colaborar, Imperiale contaba que había pagado a Nakheel, en 2008, 13 millones de euros, más una parte en negro. Con ese dinero compró una de las islas, Taiwán. Un privilegio reservado a unos pocos: sólo las islas más caras, apenas el 6%, estaban disponibles para su compra como islas privadas, según explicó el director del proyecto en una entrevista a Vanity Fair. “Presumía ante todo el mundo en Dubái, incluso haciéndome pasar por empresario. Este proyecto era mi 'tarjeta de visita”, relató Imperiale en referencia a Taiwán.

El juez de Instrucción de Nápoles ordenó la incautación de la isla en junio de este año. Considera que el valor de la propiedad –que calcula entre 30 y 50 millones de euros en la actualidad– es “muy inferior a lo que era sin duda el beneficio” del narcotráfico dirigido por Imperiale.

Por tanto, a través de un proyecto inmobiliario impulsado por la familia Al Maktoum y realizado a través de una sociedad vinculada a la misma familia real, Imperiale ha blanqueado “con toda seguridad” los beneficios obtenidos con la cocaína porque, prosigue el juez italiano, “no surgen elementos de los que deducir que [...] [la isla] pertenezca a una persona ajena al delito”.

De hecho, según declaró a los magistrados napolitanos, Imperiale pagó a Mario Sarnataro –empresario inmobiliario y comerciante de oro originario de Nápoles pero residente en Dubái– para que fingiera que la isla estaba a nombre de una de sus empresas.

IrpiMedia pudo comprobar a través del Registro de la Propiedad de Dubái que Taiwán sigue siendo propiedad de Rajaa Trading Investments Management, una empresa emiratí que, según las declaraciones de Imperiale, es propiedad de Sarnataro. El juez de instrucción opina que el registro de la isla es “sólo formal, de hecho ficticio”.

Entre 2008 y 2011, el narcotraficante comunicó a Sarnataro que quería construir 10 villas en los 10.000 metros cuadrados de la isla de Taiwán. El proyecto nunca vio la luz pero, para llevarlo a cabo, Imperiale necesitaba una mano que creara una empresa “a cuyo nombre [la isla] debería registrarse”. Sarnataro le ofreció Rajaa. Imperiale la compró por 400.000 dirhams –unos 80.000 euros– y en 2011 le cedió el título de propiedad de Taiwán.

Sin embargo, según argumentó el narcotraficante ante los fiscales italianos, “la isla pertenece a Mario Sarnataro”, porque el empresario sigue siendo formalmente “beneficiario de Rajaa”. Como la empresa estaba registrada en una zona franca de Dubái, los periodistas no pudieron rastrearla ni verificar la exactitud de la información facilitada por Imperiale a los magistrados. 

Mario Sarnataro, por el momento, no está siendo investigado y no consta que haya cometido ningún delito.

Convertido en un respetado empresario inmobiliario, Imperiale fundó en 2013 AA Real Estate and Development, la inmobiliaria de la que dos años después Marwan Al Maktoum, hijo del emir, se hizo socio mayoritario. Tiene su sede frente a Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que se extiende frente a la costa de Dubái, en la planta 34 de la Concord Tower. Es la sede de la empresa “legal” de Imperiale, como escriben la periodista Daniela de Crescenzo y el inspector de la policía financiera Tommaso Montanino en su libro Los narcos.

Compartiendo una oficina de casi 800 metros cuadrados, con muebles de piel de cocodrilo y puertas de nogal californiano, se encuentran otras empresas con nombres similares, entre ellas AA Investments & Development –de la que Imperiale es socio directo en un 15%–. Se la confiscó el juez de Nápoles con la orden de detención de octubre de 2015.

Entre 2012 y 2017, AA Real Estate vendió cinco villas de arquitectura geométrica, que se iban a construir en la punta de la fronda M de Palm Jumeirah. El proyecto inmobiliario se llama M State. Cada villa tiene al menos cinco dormitorios, una piscina infinita e impresionantes ventanales con vistas a decenas de metros de playa privada.

Si para la isla de Taiwán, el proyecto de desarrollo inmobiliario de Imperiale, se había quedado sólo en el papel, con M State pasó de la representación futurista a la realidad. Consultando los registros catastrales, IrpiMedia calcula que las cinco villas se vendieron en 2014 sobre plano –es decir, cuando aún existían poco más que los cimientos– por un total de más de 26 millones de euros. Hoy, con la obra terminada, la propiedad central, Villa Aurum –que tiene seis dormitorios en lugar de cinco, gimnasio y sala de cine– vale sólo ella esa cifra.

Al igual que había ocurrido con Taiwán, durante la fase de construcción del proyecto inmobiliario el nombre de Imperiale desapareció de los expedientes: el 28 de septiembre de 2014, la empresa de la que era socio, AA Investment, canceló sus acciones en AA Real Estate. Así pues, formalmente, Raffaele Imperiale ya no tenía nada que ver con el proyecto inmobiliario. Como en el caso de Taiwán, le sucedió Mario Sarnataro a través de la sociedad AGK Consulting. 

“M State fue mi proyecto, importante y valioso, desde la concepción hasta la realización. Estas exquisitas villas se hicieron realidad gracias a mi pasión por el diseño y la vida de lujo”, explicaba Sarnataro en una entrevista a una publicación comercial emiratí. “Dubái es una ciudad de crecimiento, riqueza y encanto, y puede albergar propiedades tan exclusivas que satisfacen claramente las necesidades de estilo de los particulares con grandes patrimonios”. Sarnataro no respondió a varias solicitudes de comentarios enviadas por los medios que firman esta investigación.

Su relación con Imperiale, según la versión contada por el narcotraficante a los fiscales, pudo haber comenzado en 2006-2007 en Madrid, donde Sarnataro “se dedicaba a hacer trabajos para restaurantes italianos, entre ellos el Perla de Napoli, [...] y nació una relación de amistad”.

Cuando ambos se reencontraron unos años más tarde en el emirato, en el exclusivo restaurante italiano Roberto's, Sarnataro dijo a Imperiale que “trataba con una empresa gubernamental [de la familia real emiratí] para la que importaba materiales [puertas, etcétera]”.

Prueba de ello son los contratos firmados con Emaar Properties, la empresa emiratí de promoción inmobiliaria que construyó en Dubái el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. El segundo mayor accionista de Emaar sigue siendo el propio emir, Mohamed Al Maktoum, a través de su propia sociedad de inversiones. Emaar no respondió a las preguntas que los medios participantes esta investigación le hicieron llegar sobre su relación con Sarnataro.

Según los hallazgos de IrpiMedia a partir de las filtraciones del Registro de la Propiedad de Dubái, Mario Sarnataro figuraba como propietario de 20 inmuebles en el emirato. Entre ellos, dos villas en Palm Jumeirah y cuatro lujosos pisos en el Oceana Hotel and Apartments y en las Royal Amwaj Residences. Los documentos del Registro de la Propiedad de Dubái muestran que Sarnataro posee actualmente seis propiedades. Los registros de transacciones de estas propiedades, en las que el empresario aparece como comprador desde 2017 hasta la actualidad, ascienden al cambio actual a casi 20 millones de euros.

Dubái es una monarquía autoritaria gobernada por la dinastía Al Maktoum desde hace casi 200 años. “La policía y la judicatura de los Emiratos Árabes Unidos no son tontas. Disponen de sofisticados servicios de inteligencia con acceso a mucha información”, comenta Matthew T. Page, experto en corrupción asociado al instituto británico Chatham House, “por lo que es lógico suponer que sabían quién era Raffaele Imperiale. Significa que Dubái hace la vista gorda conscientemente ante delincuentes como él”.

La reputación de Dubái es desde hace tiempo la de un paraíso para delincuentes o presuntos delincuentes. Entre estos últimos se encuentra Daniel Kinahan, sospechoso de estar a la cabeza de una organización criminal que importa grandes cantidades de cocaína a Europa. En octubre de 2024, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un tratado de cooperación judicial con Irlanda, allanando el camino para la posible extradición de Kinahan.

Por otro lado, el holandés Ridouan Taghi, el bosnio Edin Gačanin, y el chileno Ricardo Riquelme Vega, alias Rico, fueron condenados en los Países Bajos. En 2017, a la boda de Daniel Kinahan en el hotel Burj al Arab de Dubái, asistieron todos ellos: Taghi, Gačanin y Riquelme. Junto con Raffaele Imperiale. 

En 2022, la operación Desert Light, coordinada por Europol, condujo a la detención de Gačanin y de decenas de personas más entre Europa y Dubái, acusadas de formar parte de un supercártel que supuestamente controlaba un tercio del comercio de cocaína sólo en Europa. Entre ellos, dos objetivos de alto valor, como los etiqueta Europol, reclamados por la Justicia española: Ryan James Hale, un ciudadano británico, miembro del clan de los Kinahan, que residió en la Costa del Sol, pero debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro, y Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, con pasaporte de Panamá.

En un gráfico elaborado por las autoridades bosnias, los presuntos miembros de esta megaorganización aparecen con apodos: El chileno, es decir, Riquelme; Pasta, es decir, Imperiale, y Mr. Cuscús, vinculado a la organización de los Kinahan. Los holandeses Taghi y Gačanin, forman parte de la banda de Tito y Dino. 

A pesar de su evocador nombre, el supercártel no parece ser una organización rígida y estructurada. Más bien, como se explica en un análisis de la fundación Insight Crime, se trata de un “exitoso ejemplo de crowdsourcing, en el que diferentes actores criminales ponen en común su dinero para comprar cocaína al por mayor a precios más bajos”. 

La fluidez del supercártel es relatada por Imperiale en un testimonio prestado en 2023 en Nápoles ante fiscales italianos y en presencia de sus homólogos holandeses. Según el narcotraficante de Campania, en 2016, el chileno Riquelme quería mandar matar a alguien en Dubái. “Y yo le digo: ‘¿Estás loco? Si quieres matarlo, pídeme consejo, yo vivo allí desde hace años y te diré cómo hacerlo. Si lo quieres matar así, qué te parece, después van a detener a todo el mundo, ¿eso es lo que quieres?”, reconstruye Imperiale.

Todavía refiriéndose a Riquelme, continúa: “A él le gustaba aparentar que había creado un megacártel, pero no era cierto, porque yo tenía mi negocio, Danny [Kinahan] el suyo, Rico el suyo y Taghi el suyo. [...] Mientras Rico estaba allí, todos éramos amigos, pero cada uno con su propia organización. Los irlandeses siempre estaban en contra de Rico y decían: ‘No debes cometer asesinatos aquí, somos tus amigos, pero vivimos aquí, aquí están nuestros hijos, éste es un país neutral [...]”.

De hecho, los asesinatos habrían llamado la atención y obstaculizado los negocios y las inversiones de los capos en Dubái. E Imperiale deja claro que no impugna el método, sino el lugar: “Si lo hubieran eliminado, me habría alegrado mucho, pero en lugar de en Dubái, quería que lo mataran en España, en Países Bajos, en Italia, en Colombia... [...] Es decir, es importante que esto quede claro, porque si no parece que quiero defender a esa gente. Nunca lo habría hecho en Dubái, esa es la verdad”.

Efectivamente, en Dubái, Imperiale ni se escondía ni tenía que preocuparse por la Justicia italiana. La situación no cambió hasta 2021, tras años de solicitudes de extradición rechazadas y de presiones políticas por parte del Gobierno de Roma.

Tras ser acogido libremente entre jeques y hombres de negocios, Imperiale fue detenido por la policía dubaití, oficialmente por estar en posesión de un pasaporte falso. Fue deportado al año siguiente y colabora con la policía desde 2023.

En octubre de este año, el juzgado de instrucción de Nápoles lo condenó a 15 años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado, y ordenó la confiscación de la isla de Taiwán. Esa isla, que según los jueces fue comprada con dinero procedente de la cocaína y que Imperiale afirma haber adquirido directamente a una empresa perteneciente a la familia real de Dubái.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

La Guardia Civil, en coordinación con Europol y la ayuda de las fuerzas de seguridad de Dubái, Brasil y Turquía, ha desmantelado las sucursales en Europa del cártel de los Balcanes y sus centros logísticos en África. En una investigación que se ha prolongado durante cuatro años y que culminó hace sólo dos días con cuatro arrestos en Málaga y Canarias, han sido detenidas 40 personas, incautadas ocho toneladas de cocaína, confiscados 12,5 millones de euros y tres millones de dólares en Brasil, además de haber bloqueado activos por importe de 50 millones de euros más en Serbia. “Pero lo más importante es que la estructura ha quedado inoperativa; no han caído los eslabones más bajos de la cadena, sino los líderes de los diferentes clanes”, destacó en rueda de prensa el teniente coronel jefe del Departamento contra el Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Óscar Esteban Remacha.

Dos de los implicados han sido detenidos en Dubái, donde residían. De hecho según explicó el teniente coronel Esteban Remacha, las operaciones de los cuatro clanes de los Balcanes que han sido desarticulados, uno de ellos el serbio Kavac, se dirigían desde el emirato y Turquía, donde han sido capturados los tres principales capos, aquellos a los que las fuerzas de seguridad europeas etiquetan como “objetivos de alto valor”.

Una vez más, Dubái se revela como refugio de los mayores narcotraficantes que operan en la Unión Europea. Dubai Unlocked, la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, ha destapado a decenas de criminales convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos que poseen propiedades de gran valor en Dubái. También ha expuesto la laxitud con la que las autoridades del emirato aplican las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y las trabas que pone para extraditar a los delincuentes reclamados por otros países.

En esta operación, sin embargo, la policía dubaití detuvo hace unos meses, en cumplimiento de una orden emitida por Bélgica, a Mario Krešić, quien se había refugiado en el emirato tras residir en Sierra Leona. Desde allí dirigía la logística que los clanes de los Balcanes necesitaban en África occidental para transportar hasta Europa la cocaína que les suministraban desde Colombia, Ecuador y Brasil. En estos momentos Krešić se encuentra en libertad en Dubái, pero fuentes de la Guardia Civil indicaron a infoLibre que será detenido los próximos días para extraditarlo. En octubre de 2009, un tribunal de Bosnia-Herzegovia condenó a tres años de prisión por tráfico no autorizado de estupefacientes a quien hasta ahora era el responsable de la logística africana del cártel.

El segundo detenido es Aomar el Harraj, un ciudadano canario que residía en Dubái. Fue arrestado hace unas semanas en el aeropuerto de Barcelona, antes de coger el avión que debía llevarle de vuelta al emirato tras pasar unos días de vacaciones en España. De los 40 detenidos en la operación, 13 fueron capturados en España, pero sólo cinco tenían nacionalidad española. El resto eran serbios, croatas e italianos.

La investigación en España ha estado al cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al mando de Manuel García Castellón, quien ha emitido 18 órdenes internacionales de busca y captura para completar la operación. “No descartamos que alguno más de los que hemos reclamado se encuentre en Dubái”, apuntó en la rueda de prensa el teniente coronel Óscar Esteban.

Además de Mario Krešić, los otros dos objetivos de alto valor capturados son Nemad Petrak y Kristjan Palic. De nacionalidad croata, fueron detenidos el pasado mes de noviembre en Turquía, que se ha convertido en el segundo refugio preferido de los narcotraficantes después de Dubái.

Palic era el bróker de los clanes de los Balcanes, que es como se llama en el argot de los narcos a quien coordina a las distintas organizaciones necesarias para gestionar un alijo. En este caso, fueron tres: el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor banda criminal de Brasil, la 'Ndrangheta o mafia calabresa, y los clanes de los Balcanes. Como detalló Óscar Esteban, el croata tenía los contactos para conseguir la droga en Brasil, transportarla a través del Atlántico hasta Sierra Leona y Costa de Marfil y luego introducirla en Europa tras hacer escala en Canarias. Es en ese punto donde entraban en juego los españoles, que se encargaban del trasbordo de la cocaína en embarcaciones rápidas desde las naves nodriza. Palic disponía de personal a su cargo no sólo en España, sino también en Francia, Alemania, Italia, Montenegro y Croacia. Sus poderosas alianzas, en este caso con el PCC brasileño, que intermedió en su favor, le sirvieron para quedar libre tras ser secuestrado por otra organización criminal del país suramericano, que quería cobrarle una deuda.

Nenad Petrak, por su parte, se dedicaba al blanqueo del dinero obtenido con el tráfico de droga. Según informó en su día Turkish Minute, el croata había adquirido la nacionalidad turca en diciembre de 2022, tras comprar una casa en el barrio de Yenibosna, en Estambul, por 250.000 dólares –233.642 euros–, y adoptó el nombre de Nenat Çelik.

Pedrak ya ha sido extraditado a Croacia, mientras que Palic se encuentra aún en un centro de detención a la espera de ser entregado a las autoridades croatas, según explicó Erdem Koc, director adjunto del Departamento Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional de Turquía.

Óscar Esteban destacó en la rueda de prensa la cooperación entre las policías de siete países europeos –Bélgica, Italia, Alemania, Serbia, Croacia, Países Bajos y España–, así como de Turquía, Brasil y Dubái. De hecho, junto al teniente coronel de la UCO comparecieron los jefes antidroga de estos tres países y de Europol, Robert Fay, mientras enfrente les escuchaban representantes policiales del resto de los países implicados en la operación. Gracias a la coordinación entre todos ellos, se han desmantelado cuatro clanes que en conjunto mueven la mitad de la cocaína que entra en Europa, subrayó Tomislaw Stamuk, jefe antidroga de la Policía Nacional de Croacia.

El jefe de Europol advirtió de la “extrema violencia” de estas organizaciones –“envían vídeos con las mutilaciones y ejecuciones a miembros de otros clanes”, aseguró Óscar Esteban–. Un motivo de “preocupación” para la oficina europea de policía, añadió, porque la mitad de las redes criminales internacionales están relacionadas con el tráfico de drogas. Y Europa es el principal mercado mundial de estupefacientes.

De ahí la presión que los países europeos están ejerciendo sobre Dubái. La Guardia Civil resalta la colaboración que la policía del emirato lleva prestando desde hace “tres o cuatro años”. La misma que permitió a Europol y a la Guardia Civil desmantelar en octubre de 2022 el supercártel que cayó en la Operación Desert Light. Seis capos de la droga fueron detenidos en Dubái, cada uno de ellos de una organización distinta: los Kinahan irlandeses, un bosnio del clan de los Balcanes, un panameño y tres miembros de la Mocro Maffia, dos belgas y un holandés. Casi dos años después, todos ellos se encuentran libres en el emirato y pendientes de una extradición que nunca llega.

Porque la cooperación policial dubaití no continúa en los tribunales, según se quejan al unísono todos los países europeos. Francia, Bélgica y Países Bajos tienen una veintena de solicitudes de extradición de criminales pendientes con el emirato. Cada uno. España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación.

La investigación que ha acabado con los clanes de los Balcanes se abrió en 2020 cuando la Guardia Civil interceptó un velero de bandera croata, cargado con una tonelada de cocaína, en aguas canarias. La mercancía había sido alijada desde un carguero en el Golfo de Guinea, lo que reveló la existencia de una ruta africana de la droga. La bautizada entonces como Operación Adriática permitió cerrar posteriormente otras ocho operaciones en seis países distintos.

Hasta que en agosto de 2023 se capturó un segundo velero en Canarias con 700 kilos de cocaína. Y fueron detenidos dos italianos que pertenecían a la 'Ndrangheta. Entonces se descubrió que la misma tripulación, italiano-croata, había gestionado un alijo anterior de 500 kilos de cocaína procedente de Brasil también con la misma nave. La organización había quedado al descubierto.

Una de las razones por las que Dubái se ha convertido en el resort favorito de decenas de fugitivos de la justicia internacional es el escaso interés que sus autoridades muestran en cumplir con las solicitudes de extradición de otros países. El pasado verano Francia tenía pendientes con el emirato 26 solicitudes de extradición de otros tantos delincuentes. La Fiscalía de los Países Bajos lleva al menos 13 casos de blanqueo y contra sospechosos escondidos en Dubái, según la fundación holandesa Investico –miembro de OCCRP–. Bélgica pide al emirato la entrega de otros 20 criminales, según el periódico belga De Tidj –también socio de OCCRP–.

España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación, según cifras oficiales obtenidas por infoLibre. En ese mismo periodo, los Emiratos sólo han enviado una solicitud a España. De carácter civil, las autoridades españolas han mandado siete comisiones rogatorias a la autocracia del Golfo, y ésas sí, han sido todas contestadas.

Entre las peticiones de extradición españolas destacan las de dos capos del supercártel detenidos en la Operación Desert Light, en octubre de 2022, y la de Alejandro Salgado Vega, conocido como El Tigre, capturado en agosto de ese año en el emirato y considerado el más importante narcotraficante español de cocaína del mundo. En estos momentos hay cuatro ciudadanos españoles encarcelados en Dubái.

Todas las solicitudes, no importa el país, se encuentran paralizadas por una mezcla letal de falta de voluntad y rigidez burocrática de la justicia emiratí. En julio de 2023, Países Bajos aprobó un tratado de extradición con los Emiratos. Bélgica lo firmó en diciembre de 2021. Francia, en 2018. Irlanda está negociándolo ahora. España tiene uno desde 2009, por tanto, no es precisamente una recién llegada a la cooperación judicial con los Emiratos. Pero los resultados siguen siendo decepcionantes para los europeos, pese a que los ministros de Justicia de casi todos los países antes citados han visitado el país del Golfo en el último año para intentar acabar con la renuencia de su sistema judicial a la entrega de criminales extranjeros.

El ministro belga, Paul van Tigchelt, voló a Abu Dabi el pasado mes de marzo e incluso habló con su homólogo emiratí de la incautación de las propiedades que tienen allí los delincuentes pendientes de extradición. “La cooperación en materia de confiscación es nueva. La Fiscalía [belga] las está pidiendo [las incautaciones], ya hemos identificado una serie de casos, aunque aún no hemos enviado solicitudes concretas de incautación. Pero están en camino”, aseguró Van Tigchelt a la revista belga Knack –socio de OCCRP–.

Desde junio de 2023, los Emiratos han extraditado a tres presuntos delincuentes: el capo albanés Franc Gergely, por ordenar desde Dubái el asesinato de un compatriota; el narcotraficante Nordin El Hajioui y un delincuente financiero al que, de momento, sólo se identifica como François D.

La referencia del ministro belga a la confiscación de propietarios no es baladí. Fran Gegerly figura como dueño registrado de al menos 10 inmuebles en el emirato, según los datos de Dubai Unlocked, una investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En el proyecto han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

De acuerdo con el análisis realizado por De Tidj y Knack, el valor de los ocho apartamentos y dos villas que el capo albanés afincado en Bélgica tenía a su nombre en Dubái suma 18 millones de euros. Una cifra a la que habría que añadir los 600.000 euros que Gegerly ingresó por alquilar algunos de esos inmuebles. Además, las propiedades fueron adquiridas sobre todo en 2020, el año del asesinato por encargo del que se acusa al albanés. Buena parte de ellas las ha ido vendiendo, con el consiguiente beneficio.

Los medios belgas de OCCRP también han localizado los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Otro tanto ocurre con los delincuentes reclamados por los Países Bajos. Jos Lejedkkers, a quien la Policía considera uno de los principales capos europeos de la cocaína, compró un apartamento de 164 metros cuadrados en la isla artificial Palm Jumeirah valorado en casi 650.000 euros.

Pero el pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái fue Raffaele Imperiale, un narcotraficante de la Camorra con negocios en Marbella que ya en 2013 abandonó Países Bajos para instalarse en el emirato. Como publica IrpiMedia –socio de OCCRP–, invirtió 30 millones de euros en comprar una isla artificial, llamada Taiwán y situada en un complejo aún en construcción conocido como The World. También encargó el diseño de 10 villas por valor de 20 millones de euros. Fue detenido en 2021 en una villa en Emirates Hills, donde residía desde un año antes.

Ciro Arianna y su hermano Giuseppe, dos empresarios investigados por la Fiscalía de Nápoles por contrabando de cigarrillos desde los Emiratos, fueron propietarios en Dubái igualmente. Poseían un piso de 143 metros en la Sunrise Bay Tower y otro en la Sport One Business Tower, respectivamente, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP.

A diferencia de otros narcos europeos, Imperiale fue extraditado a Italia rápidamente, sólo siete meses después de ser detenido, pero por utilizar un pasaporte falso. Italia, que tiene un tratado de extradición con los Emiratos desde 2019, había empezado a pedir la entrega de Imperiale en 2016. En 2017 fue condenado allí a 18 años de prisión. Es decir, desde la primera solicitud hasta su extradición habían pasado seis años. Entretanto, tres peticiones habían sido desatendidas, resalta Irpimedia.

No obstante, con los italianos Dubái ha sido bastante generoso. Poco después de Imperiale, entregó a Raffaele Mauriello, a quien se buscaba por asesinato; a Bruno Carbone, socio de Imperiale, y a Gaetano Vitagliano, tesorero de otro clan de la Camorra. También fue detenido en el emirato Ciro Guglielmo Filangieri, jefe del clan Giuliano.

Edin Gačanin, de origen bosnio pero con pasaporte holandés, entra en la categoría de supercapo y también reside en Dubái. Fue uno de los seis detenidos por Europol en la Operación Desert Light, en la que también participó la Guardia Civil. Lo reclama la justicia de los Países Bajos. Dubai Unlocked ha localizado el apartamento donde vivía uno de sus lugartenientes, Dženis Kadrić. Ex policía bosnio, de 36 años, se encargaba de la seguridad de Gačanin desde que dejó el cuerpo. Kadrić compartía apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo, con su esposa. El casero al que pagaban el alquiler, 133.800 euros en tres años, es un cuñado del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema.

Mientras, su jefe, Gačanin, fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de un millón de euros por un tribunal de Rotterdam. Se le consideró responsable de un envío de cocaína a través de los puertos de Rotterdam y Hamburgo. El juicio se celebró en noviembre de 2023 y, según publicó entonces el diario holandés NRC, la sentencia se dictó con el pacto previo de la fiscalía y la defensa. Gačanin había declarado por teleconferencia desde Dubái.

Allí permanece en libertad, pendiente de extradición, desde que las autoridades dubaitíes le sacaron de la cárcel a los dos meses de ser detenido en Desert Light. Según el Gobierno emiratí, Países Bajos cursó la solicitud de entrega fuera de plazo, algo que los holandeses niegan.

También fue detenido en la misma operación de Europol y puesto en libertad a los pocos meses Zouhair Belkhair, cuyo rastro sí aparece en Dubai Unlocked: un apartamento de 168 metros cuadrados y cuatro millones de euros en The Residence, en Marina Gate, que ya no está a su nombre desde el año pasado. Lo tuvo alquilado en 2020, a razón de 3.130 euros al mes.

Otro de los capos del supercártel desmantelado por Europol es Hoesny Ajaray, reclamado por Bélgica y Francia. A su nombre figura un terreno de 900 metros cuadrados en La Mer Maisons, que compró por 1,57 millones de euros en 2021, presumiblemente para construir una villa.

También figura en la lista de Desert Light Ryan James Hale. Aunque británico, pertenece al clan irlandés de los Kinahan, una de las mayores bandas criminales de Europa. Christopher Kinahan y sus hijos Daniel y Christopher Junior llevan casi una década escondidos en Dubái. The Irish Times –otro miembro de OCCRP– ha identificado también las numerosas propiedades del clan irlandés en el emirato, desde una mansión de 2.238 metros cuadrados en Emirates Hills a nombre de la mujer de Christopher Senior –por la que pagó 6,05 millones de euros–, un apartamento de 300 metros en Elite Residences –893.588 euros– y otra villa en Parkway Vistas de seis dormitorios, hasta una oficina de 114 metros en una torre de 55 plantas en Jumeirah Lake.

La peculiaridad de los Kinahan es que han ido vendiendo los inmuebles durante los dos últimos años, desde que en abril de 2022 su nombre apareciera en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU, que ofrece una recompensa de 13,9 millones de euros por cualquier información sobre ellos. También han ido cerrando las sociedades que habían registrado en Dubái.

Ryan James Hale, que se dedicaba a blanquear el dinero negro de los Kinahan en la Costa del Sol, también es uno de los dos detenidos en Dubái cuya extradición pide España, junto con el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan. La UCO de la Guardia Civil bautizó como Operación Faukas a su participación en Desert Light. La Fiscalía de Marbella está tras la extradición del británico. La de Valencia, detrás de la del panameño, a quien se responsabiliza de un alijo introducido en el puerto de la capital levantina. Como el resto del supercártel, siguen en libertad en el emirato y con la extradición en el limbo judicial dubaití.

Además, España pide a Dubái la extradición de un tercer gran capo, no relacionado con Desert Light pero, como los citados más arriba, considerado igualmente un Objetivo de Alto Valor. La diferencia con los anteriores es que Alejandro Salgado Vega, El Tigre, ha permanecido más de un año en prisión. Le pilló la Policía dubaití consumiendo drogas en su propia casa, un delito duramente castigado por las leyes locales. Según ha confirmado su abogado en España, Javier Yagüe García, El Tigre salió de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Al tiempo, avanza por fin el procedimiento para extraditarle, aseguran a infoLibre fuentes judiciales. Aunque con los obstáculos que parecen ser la tónica habitual de la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, ahora han pedido que se les traduzcan los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición.

Se trata de las mismas maniobras dilatorias que Dubái empleó cuando Brasil le reclamó a Danilo Vunjao Santana Gouveia, acusado de blanqueo de capitales y fraude por una estafa piramidal masiva de bitcoins. Fue puesto en libertad porque los brasileños no enviaron al emirato los 10 volúmenes del sumario contra este empresario traducidos al árabe.

En el caso de Alejandro Salgado Vega, el juzgado español ni siquiera recibió una comunicación oficial de las autoridades dubaitíes comunicando su detención. Si en Algeciras se enteraron fue sólo porque se lo comunicó la Guardia Civil, aseguran las mismas fuentes.

“La cooperación judicial que nos presta Dubái es muy limitada, prácticamente inexistente”, resume a infoLibre un responsable gubernamental europeo con competencias en la materia. Pese a que España tiene con los Emiratos Árabes Unidos un convenio completo que incluye la asistencial judicial mutua, las extradiciones y el traslado de condenados y fue firmado hace ya 15 años, a la hora de aplicarlo “surgen 1.000 problemas”. “Siempre ponen pegas, te vuelven a pedir datos que ya les has dado, o resulta que no los habías pedido bien… te marean, no hay manera de conseguir una colaboración eficaz”, lamenta. Preguntado por la causa, concluye: “La contumacia hace entender que se trata de una falta real de voluntad por parte de Dubái”.

Además, el problema es común a todos los países europeos que, como Bélgica, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, hacen frente en los últimos tiempos a una amenaza para ellos inédita: el crimen organizado. De hecho, la preocupación ya se ha manifestado en reuniones de los responsables gubernamentales en Bruselas. Dubái suele ser el único nombre concreto que se menciona cuando se discute sobre jurisdicciones no cooperativas. Las fuentes consultadas reclaman que la solución se busque a nivel político y a escala europea. “Que se afronte de modo global y se meta en la agenda de la UE”, urgen.

A preguntas de OCCP, las autoridades dubaíties responden que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 1.362 millones de euros entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, y han impuesto multas por blanqueo por importe de 29 millones de euros, además de incautarse de activos por valor de 233 millones.

Buena muestra del papel protagonista que Dubái ha alcanzado en el mapa mundial del crimen es el Centro de Inteligencia Criminal Antidroga (CICA), recién creado en España y que quiere funcionar como una plataforma de intercambio de información entre Europa y América para combatir el narcotráfico internacional. Financiado por la UE y dirigido por la Guardia Civil, en el CICA van a trabajar analistas de España, Portugal, seis países latinoamericanos –Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil y Panamá– y Dubái. La idea es atacar toda la estructura del narcotráfico, desde el origen de la droga, en América, y su destino, en Europa, hasta el emirato, “donde se encuentran los cabecillas”, explica el comandante Javier Valdenebro, jefe del grupo de Drogas de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil y coordinador del proyecto GDIN, del que forma parte el CICA. Ya están trabajando en unos 130 asuntos, asegura, aunque su objetivo no son los “resultados inmediatos” en forma de operaciones, sino hacer un “análisis estratégico para descubrir nuevas tendencias”.

La idea del CICA es que los analistas alternen estancias de cinco meses en España y cuatro meses en sus respectivos países. En febrero todos ellos habían enviado ya sus analistas… excepto Dubái. A finales del mes de abril, el delegado emiratí aún no había aterrizado en España.

¿Qué quiere el CICA de Dubái? “Nos interesan los fugitivos, los Objetivos de Alto Valor que se esconden allí, y el blanqueo de capitales, algo sobre lo que ya estamos trabajando”, indica el coordinador del proyecto. Según destaca, la colaboración con la policía del emirato es “buena” –“Hay buena predisposición”–, pero también “lenta”.

Trabajo no les va a faltar si no cambian las condiciones de las que aún disfrutan en Dubái criminales de toda clase. Hajli El Harraj, un español de origen marroquí al que se consideraba el jefe del cártel del Sur, no debió de tener muchas dudas cuando huyó de España en junio de 2022, justo cuando iba a ser detenido. Sólo hizo escala en Marruecos, estaba de camino a Dubái. Con él, sin embargo, las autoridades del emirato fueron expeditivas: lo detuvieron en octubre y lo extraditaron dos meses después.

Otro ejemplo. El cabecilla de la organización que se desmanteló en la Operación Jumita, en junio de 2021, había creado una red de empresas en Dubái para blanquear sus ganancias. Importaba cocaína a través del puerto de Algeciras, donde incluso tenía en nómina al jefe de Operaciones de la terminal de la naviera APM Maersk. El caso aún está en fase de instrucción y el juicio no se celebrará hasta por lo menos el mes de febrero de 2025, aunque antes el Tribunal de Justicia de la UE deberá resolver la cuestión prejudicial presentada por la defensa de los implicados sobre la legalidad de la desencriptación de sus conversaciones telefónicas.

Y una posible señal de alerta: Melanie, la mujer de Karim Bouyakhricham, el capo holandés de la Mocro Maffia, vive en Dubái, tal y como recuerda el auto de la Audiencia Provincial de Málaga que lo dejó en libertad el pasado mes de abril tras pagar una fianza de sólo 50.000 euros. Se encuentra en paradero desconocido y pesa sobre él una orden internacional de busca y captura.

1. ¿Qué es Dubai Unlocked?

Dubai Unlocked es una investigación internacional sobre los propietarios de inmuebles en Dubái. Con sus lujosos clubes de playa, tiendas de lujo y rascacielos ultramodernos, el emirato es conocido como el patio de recreo de los ricos y famosos del mundo.

Pero las laxas normativas que aplica también han convertido su mercado inmobiliario en un imán para otra clase de élites mundiales: delincuentes, fugitivos, políticos e individuos bajo sanción internacional que buscan esconder su dinero en el extranjero.

Dubai Unlocked, una colaboración en la que participan 74 medios de comunicación de todo el mundo, revela quién posee qué en el centro financiero más pujante de Oriente Próximo, y cómo el emirato ha abierto sus puertas a cientos de personas acusadas de todo tipo de delitos.

2. ¿En qué se diferencia Dubai Unlocked de otras investigaciones?

Dubái lleva años siendo señalado como uno de los principales destinos para blanquear capitales ilícitos, especialmente a través de su mercado inmobiliario. Mientras que otras investigaciones se han centrado en las propiedades de personas procedentes de regiones y países concretos, Dubai Unlocked es el primer proyecto de este tipo que analiza las propiedades en el emirato a escala mundial. También se basa en datos más actualizados, gracias a la filtración de un nuevo conjunto de registros de la propiedad, en gran parte de 2022 y 2020.

Los periodistas hemos identificado a decenas de propietarios de Dubái sobre los que creemos que es de interés público escribir, desde presuntos blanqueadores de dinero y capos de la droga hasta políticos acusados de corrupción y empresarios sancionados por financiar el terrorismo.

3. ¿Por qué Dubái es un centro de blanqueo de capitales?

Dubái no es la única ciudad donde se sabe que delincuentes y cleptócratas limpian su dinero en efectivo a través del sector inmobiliario. Pero los expertos afirman que tiene varios puntos de atracción, sobre todo para quienes huyen de las fuerzas de seguridad occidentales o de las sanciones internacionales.

Hasta hace poco, el emirato carecía de tratados de extradición con muchos países, lo que lo convertía en destino obligado para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con los gobiernos extranjeros, siguen siendo conocidas por su falta de coherencia en las respuestas que dan a las solicitudes de extradición.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a sospechosos de alto perfil como “moneda de cambio”. “Incluso si afirman que han detenido a personas o congelado sus activos, puede que sólo sea a efectos de comunicados de prensa”, asegura.

Algunos agentes inmobiliarios de Dubái también han cultivado la reputación de hacer preguntas mínimas sobre el origen de los fondos de sus clientes. Hasta 2022, los agentes inmobiliarios, brokers y abogados no estaban obligados a informar a las autoridades sobre grandes transacciones en efectivo o en criptomonedas.

Por último, el mercado inmobiliario dubaití es uno de los más dinámicos del mundo y ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en su cambiante silueta urbana. Con el valor de la propiedad en alza, las inversiones inmobiliarias ofrecen una vía no sólo para blanquear fondos ilícitos, sino también para obtener beneficios adicionales.

“Las políticas del emirato tienen el efecto secundario de garantizar que los activos se revaloricen con el tiempo”, afirma Colin Powers, investigador principal y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro. 

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022.

4. ¿De dónde proceden los datos inmobiliarios de Dubái?

Los registros inmobiliarios que constituyen el núcleo de este proyecto proceden de múltiples filtraciones de datos, en su mayoría del Departamento de Suelo de Dubái, así como de empresas de servicios públicos de titularidad estatal o municipal. En conjunto, los datos proporcionan una visión detallada de cientos de miles de propiedades en Dubái e información sobre su propiedad o uso, en gran parte a partir de 2020 y 2022.

Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Posteriormente se compartió con el medio financiero noruego E24 y con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre y que coordinó el proyecto de investigación con decenas de medios de comunicación de todo el mundo.

5. ¿Qué contienen los datos sobre la propiedad?

Los datos incluyen el sujeto de control de cada propiedad, así como otra información identificativa como su fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En algunos casos, los datos recogían el nombre de los inquilinos en lugar de los propietarios.

Según los economistas del Observatorio Fiscal de la UE y del Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022. Para este proyecto, optamos por destacar a unas 200 personas, entre presuntos delincuentes, fugitivos, políticos y personas bajo sanción internacional, que han sido propietarios de más de 1.000 inmuebles que encontramos en los datos y verificamos posteriormente.

6. ¿Cómo se han verificado estos datos? ¿Qué sabemos de ellos y qué no sabemos?

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos filtrados, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y otras filtraciones. Los periodistas sólo han incluido a personas en el proyecto si su identidad podía confirmarse de forma independiente a través de otras fuentes.

También se recurrió al registro de Dubái para averiguar si las personas que aparecían en los datos seguían siendo propietarias de los inmuebles.

En algunos casos, los reporteros no pudieron determinar la situación actual de la propiedad, por lo general porque se ha vendido recientemente. Entonces se hicieron esfuerzos adicionales para confirmar que la persona había sido propietaria del inmueble, por ejemplo cotejando la información de su pasaporte con una base de datos pública del gobierno sobre propietarios de inmuebles. 

En los casos en que los datos filtrados no dejaban claro si la persona había sido inquilina o propietaria de un inmueble, los periodistas también pudieron confirmar su propiedad comprobando los datos sobre alquileres, donde se puede confirmar si un inmueble ha sido alquilado alguna vez. En algunos casos también fue posible acceder a contratos de alquiler en los que figuraban los nombres o la nacionalidad de los propietarios. 

7. ¿Cómo eligieron los periodistas a quién investigar? ¿Qué pasa con la protección de la intimidad?

Los periodistas sólo han revelado los nombres de los propietarios de inmuebles en Dubái en casos de interés público. Esto incluye a los propietarios que han sido condenados o acusados de delitos, que se enfrentan a sanciones, o que son funcionarios públicos o sus asociados, incluidos los acusados de corrupción o quienes han mantenido sus propiedades ocultas al público.

Hemos optado por no escribir sobre celebridades u otros particulares que no cumplan estos criterios.

8. ¿Qué ha hecho Dubái para combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario?

En marzo de 2022, los Emiratos Árabes Unidos recibieron un duro golpe a su reputación cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales creado por el G8, los señaló por “deficiencias” en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La medida, que amenazaba con empañar la imagen de Dubái como centro financiero de primer orden, desencadenó un esfuerzo concertado de las autoridades emiratíes para endurecer la legislación y aumentar la cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras en materia de extradición.

Según las autoridades emiratiés, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022.

Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de informar de los agentes inmobiliarios sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no respondieron a las preguntas detalladas que sobre los hallazgos de la investigación les formuló OCCRP, pero las embajadas de los Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido y Noruega enviaron una breve respuesta a los periodistas, afirmando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”.

“En su continua persecución de los delincuentes globales, los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todas las formas de financiación ilelgal”, añade el comunicado. “Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”.

9. ¿Cuántos medios de comunicación participaron en Dubai Unlocked?

Periodistas de 74 medios de comunicación contribuyeron al proyecto. Junto con OCCRP y E24, son:

● Africa Uncensored

● Age y Sydney Morning Herald

● Al Jazeera

● AZDA TV

● Centro Bielorruso de Investigación (BIC)

● BIRD

● Buro Media

● Civilnet

● Context Investigative Reporting Project Rumanía

● Red de reportajes de investigación de Chipre

● DARAJ

● Dawn

● De Groene Amsterdammer

● De Tijd

● Delfi

● Der Spiegel

● Der Standard

● Diario Rombe

● Direkt36

● E24

● Economy Post

● El Universal

● Etilaat Roz

● Expresso

● Forbes

● Frontier Myanmar

● Frontstory.pl/Fundación de reporteros

● Proyecto de rendición de cuentas del Gobierno

● infoLibre

● inside story

● Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

● Investico

● investigace.cz

● Centro de investigación de Jan Kuciak

● Laboratorio de reportajes de investigación - IRL

● Irish Times

● IrpiMedia

● iStories

● Knack

● Centro coreano para el periodismo de investigación (KCIJ) - Newstapa

● KRIK

● Le Monde

● Le Soir

● Lighthouse Reports

● Malaysiakini

● Malta Today

● Mikroskop Media

● NIRIJ

● Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción

● Oštro

● paper trail media

● Rappler

● Reporter.lu

● Esquemas, proyecto de investigación del servicio ucraniano de RFE/RL

● Shomrim

● Siena

● SIRAJ

● Slidstvo.Info

● Straits Times

● SVT

● Tempo

● The Age

● The Confluence Media

● The News International Pakistan

● The Nikkei

● The Sydney Morning Herald

● The Times

● Times of Malta

● Twala

● VG

● Vlast

● Yle

● Zamaneh Media

● ZDF

Mucho antes de la cita de las 8.30 de la mañana, ya estaban coreando "Liberad a Julian Assange". Frente a los edificios neogóticos del Tribunal Superior de Justicia de Londres, había jóvenes, personas mayores, británicos, pero también de muchas otras nacionalidades, como alemanes, brasileños y suizos. 

Matti es uno de los que van vestidos con un pijama naranja, como los presos de Guantánamo. Lleva colgada una pizarra al cuello en la que figura el número de Julian Assange en el centro de detención de Belmarsh, y su delito escrito con tiza: "Publicar la verdad". "Debemos defender el periodismo, para defender nuestras democracias", dice este joven suizo, caminando entre la multitud con una gran sonrisa en la cara. 

Atados a las verjas del tribunal hay una lista de todos los premios periodísticos que ha recibido Julian Assange. Y alrededor, a lo largo de varios metros, colgando de algunos postes, hay también lazos amarillos (haciéndose eco de la campaña #YellowRibbons4Assange apoyada por Stella Assange, la esposa del fundador de WikiLeaks, en 2022 en Twitter). 

Había cientos de cintas, pero también cientos de personas delante del tribunal. La mayor concentración que jamás he visto hasta ahora, dijo Stella Assange al subir a una tarima el martes por la mañana. Enfundada en un abrigo verde esmeralda, Stella pidió a la gente que "siga mostrando su apoyo. Estén ahí por Julian, por nosotros y por ustedes mismos, hasta que sea libre". 

La esposa del fundador de WikiLeaks está visiblemente debilitada. Estuvo enferma a principios de año, hasta el punto de que faltó a una de sus visitas a la prisión de Belmarsh, pero asegura que "se encuentra mejor". Ahora no es el momento de bajar el ritmo, porque "lo que le ha pasado a Navalny le puede pasar a Julian", en referencia al opositor ruso asesinado en prisión. Katya, una joven rusa que vive en Inglaterra desde hace quince años, también hace la misma analogía: el Reino Unido, dice, "señala a Rusia diciendo: 'Mirad lo que hacen a los que dicen la verdad, les persiguen y son víctimas de las mentiras del gobierno'. Pero en realidad, aquí estamos haciendo lo mismo". 

Detrás de una pancarta de varios metros de largo con el nombre y el rostro del fundador de WikiLeaks, Katya sostiene un cartel en el que se lee: "La verdad no es un delito, es nuestro derecho". 

Para los partidarios de Julian Assange y su equipo de abogados, la línea de defensa es clara: Assange es un periodista y un editor. Hizo su trabajo publicando documentos que le envió Chelsea Manning, que a su vez fue sometida a un consejo de guerra y encarcelada por ser una denunciante. Luego, el presidente Obama conmutaría su pena en 2017. 

"Si es extraditado, Julian Assange será el primer periodista acusado en virtud de la Ley de Espionaje", ha declarado Fiona O'Brien, directora en el Reino Unido de Reporteros sin Fronteras. “Esta ley no permite invocar el interés público como justificación", ha alegado ante el tribunal. “Pero publicar información, a veces información filtrada, es la esencia del trabajo de los periodistas, por lo que esto sería muy preocupante para la libertad de prensa y para el derecho de los ciudadanos a la información". 

Dentro de la sala, los abogados de Julian Assange tomaron la palabra el primer día de la vista. Ante una sala repleta, hasta el punto de que la mayoría de los medios de comunicación tuvieron que conformarse con una conexión de vídeo o incluso de audio, el abogado de Assange, Ed Fitzgerald, tuvo primero que excusar a su cliente, que estaba demasiado enfermo para asistir a la vista. Sin embargo, como señaló la juez Victoria Sharp, había solicitado y obtenido el derecho a estar presente. 

Unos días antes, Stella Assange había declarado ante un grupo de periodistas que su marido quería estar allí para "consultar a sus abogados y hacerles preguntas". La última vez que se le permitió asistir a una de esas vistas fue el 6 de enero de 2021. Desde entonces, añade, "uno de los grandes absurdos de este caso es que haya tenido que seguir los procedimientos como espectador". 

La salud de Julian Assange preocupa a sus partidarios. “Llevamos mucho tiempo preocupados por el deterioro de su salud", dice Gina, una mujer de Normandía vestida con un chaleco amarillo que ha venido a Londres para estos dos días. “Físicamente, lo ha pasado mal. Psicológicamente, cada vez está peor.” 

En enero de 2021, un juez británico bloqueó la extradición de Assange por el riesgo de suicidio y Estados Unidos recurrió con éxito esa decisión. Stella Assange sigue convencida de que si es extraditado, "morirá". “No os creáis las garantías que ha dado Estados Unidos de que le tratarán bien", advirtió a los periodistas la semana anterior. “Si le envían allí, le meterán en un agujero y no le volveremos a ver". 

Julian Assange está en peligro, según su esposa. Sus abogados subrayan los riesgos para la seguridad de su cliente, pero también apuntan a amenazas externas. "Existe un riesgo real de que la CIA y otras agencias emprendan acciones extrajudiciales contra él", afirman. Stella Assange y sus abogados afirman que los servicios secretos americanos, con la aprobación de Mike Pompeo, exjefe de la CIA y secretario de Estado con Donald Trump, pretendían secuestrar, o incluso asesinar, al fundador de WikiLeaks. 

Estas acusaciones son actualmente objeto de un procedimiento en España, debido a que una empresa de seguridad implicada es española. Otro de los abogados de Assange, Mark Summers, volvió a hablar por la tarde de "este increíble proyecto". 

Mientras tanto, durante la pausa de la comida, Stella Assange volvió a la tarima para dirigirse una vez más a los partidarios de su marido, que ambientaron la explanada con músicos, coreando "Siempre apoyaremos a Julian Assange." 

Cuando se reanudó la vista, los abogados desplegaron más argumentos para convencer al tribunal de que Julian Assange tiene derecho a recurrir su extradición. El fundador de WikiLeaks "está siendo procesado por un delito político", afirmó Ed Fitzgerald. Porque el tratado bilateral entre Estados Unidos y Reino Unido estipula que un sospechoso no puede ser extraditado por un delito de naturaleza política, alegó. "Es un abuso procesal solicitar la extradición por razones políticas", concluye el abogado. 

Al final de la primera jornada de la vista, Stella Assange compareció por tercera vez ante los seguidores para rogarles que volvieran al día siguiente, cuando le toque intervenir a Estados Unidos. El mensaje fue escuchado, porque el miércoles por la mañana, a pesar de la lluvia, seguían allí las mismas personas. 

Con capuchas o con un paraguas en una mano y una pancarta en la otra, el ambiente era menos festivo. Una bandera palestina ondeaba entre las pancartas de Julian Assange con los ojos vendados. “Es un hombre totalmente inocente", afirma Patrick, que ha viajado desde Irlanda para asistir a las vistas. “Los verdaderos criminales son los que apoyan el genocidio en Palestina". Para él, querer "extraditar a un ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos" es una prueba más del "imperialismo americano". 

Dentro de la sala, Claire Dobbin, representante de Estados Unidos, tomó la palabra. Julian Assange estaba "muy fuera del ámbito del periodismo o del periodismo responsable", dijo. Habló de "maniobras de hacker" e insistió en uno de los principales argumentos de Washington: las revelaciones de WikiLeaks habían puesto en peligro la vida de informadores y espías internacionales. 

"Tras la publicación de los cables desaparecieron varias personas [...]. Otras fueron detenidas después de que se revelaran sus nombres", afirma la abogada, pero añade que no se pudo "establecer ningún vínculo con la difusión de los documentos". Claire Dobbin quiso pasar "rápidamente" a abordar la cuestión del tratado bilateral mencionado la víspera, que excluye toda posibilidad de extradición por opiniones políticas. 

Según ella, la “Ley británica de Extradición” , que incorpora el tratado bilateral al corpus legislativo británico y regula las solicitudes de extradición presentadas al y por el Reino Unido, "reformó en gran medida" el tratado en 2003. La referencia a la excepción de las opiniones políticas fue entonces "omitida", argumenta, concluyendo que "La extradición no está prohibida por delitos políticos". 

Cuando, al final de la jornada, uno de los abogados de Assange, Ed Fitzgerald, volvió a tomar la palabra, fue sobre todo para señalar la contradicción entre la ley británica y el tratado bilateral: "No podemos ignorar el tratado [...], es la base de la solicitud de extradición." 

Los dos jueces se retiraron a considerar la decisión que tiene en vilo a los partidarios de Assange, convencidos de que una decisión rápida podría perjudicar al fundador de WikiLeaks. Pero también temen que el caso se alargue durante meses, lo que sería perjudicial para la salud del australiano de 52 años. Al final, los jueces volvieron a decir que no tomarían una decisión hasta al menos el 4 de marzo, a la espera de recibir ciertos documentos. 

Los partidarios de Assange abandonaron luego el tribunal para marchar hacia el 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro. Una forma de mostrar que creen que la solución no vendrá necesariamente del tribunal, sino quizás de la voluntad política, tanto en Londres como en Washington.

Traducción de Miguel López

El futuro de Julian Assange será sometido de nuevo a debate la próxima semana en Reino Unido, en unas vistas que pueden representar la última oportunidad del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde está imputado por la filtración masiva de documentos secretos, según ha informado Europa Press.

Assange fue detenido en Reino Unido en abril de 2019, después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. El programador se refugió en un primer momento en la Embajada para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia Estados Unidos.

El Gobierno británico autorizó en junio de 2022 el traslado de Assange al país norteamericano, pero el fundador de Wikileaks intenta agotar todas las vías posibles para evitar su traslado. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior, que ha fijado sendas vistas para el 20 y el 21 de febrero.

Del desenlace de este nuevo capítulo dependerá que Assange pueda tener nuevas oportunidades de defender su caso ante la Justicia británica o que el proceso se eleve hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su entorno ha relanzado en estos últimos días la campaña para pedir su liberación, convocando incluso protestas en distintas ciudades.

El Parlamento de Australia reclamó el pasado miércoles a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido la liberación del programador para que pueda regresar a su país de origen, en una resolución que contó entre sus defensores con la voz del primer ministro, Anthony Albanese.

El Gobierno británico, sin embargo, se ha puesto de perfil estos últimos años y, más allá del visto bueno a la extradición, ha dejado el futuro de Assange en manos de los tribunales, en un aparente intento por esquivar polémicas políticas o de poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos.

Sobre Assange, que según sus abogados ha sufrido un drástico empeoramiento de su salud física y mental en estos últimos años, pesa una batería de cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel en un centro de máxima seguridad. ONG como Amnistía Internacional temen por su propia seguridad, pero también por el "efecto disuasorio" que una condena supondría para la prensa en todo el mundo.

La experta en lucha contra el terrorismo y justicia penal Julia Hall opina que "la seguridad de editores y periodistas de investigación de todo el mundo pende de un hilo". "Si se envía a Julian Assange a Estados Unidos y se le procesa allí, también se someterán a juicio las libertades de prensa", declara, antes de pedir a las autoridades norteamericanas que retiren todos los cargos y a las británicas que pongan fin a una "detención arbitraria".

"En el banquillo no se sienta sólo Julian Assange. Al silenciar a Assange, se amordazará a otras personas", apostilla Hall.

Una de las muestras más polémicas de apoyo en estos últimos días la ha protagonizado el artista Andrei Molodkin, que asegura haber reunido 16 obras de arte, entre las que habría cuadros de Picasso, Rembrandt y Andy Warhol con vistas a rociarlos con ácido si Assange muere en prisión.

En total, estas piezas estarían valoradas en más de 45 millones de dólares y se encuentran en una caja fuerte, a la espera de cómo se resuelva la situación del fundador de Wikileaks, informa Sky News. Entre quienes han apoyado su iniciativa figura la mujer de Assange, Stella.

En una declaración emitida el martes 6 de febrero, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Alice Jill Edwards, pidió al Reino Unido que no extradite al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por revelar miles de documentos militares secretos estadounidenses en los que se detallan sus abusos en Irak y Afganistán. 

“Julian Assange sufre desde hace tiempo un trastorno depresivo recurrente", escribe Alice Jill Edwards. “Ha sido identificado como una persona en riesgo de suicidio. En Estados Unidos se enfrenta a numerosos cargos, algunos de ellos en base a la Ley de Espionaje de 1917 por la presunta distribución ilegal de documentos y otros cables diplomáticos a través de WikiLeaks. Si es extraditado, podría ser mantenido en aislamiento prolongado a la espera de juicio, o como preso. Si es declarado culpable, podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel". 

"El riesgo de que sea recluido en régimen de aislamiento, a pesar de su precario estado mental, y de que reciba una condena potencialmente desproporcionada plantea dudas sobre la compatibilidad de la extradición del Sr. Assange con las obligaciones del Reino Unido respecto al derecho internacional", prosiguió la relatora especial de la ONU. 

Alice Jill Edwards se refiere al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –que establece que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes"– y al artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura –que establece que "ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura"– y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". 

Desde su detención el 11 de abril de 2019 dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres. Mantenido en régimen de aislamiento, ha sido sometido a unas condiciones de detención denunciadas en repetidas ocasiones por sus defensores. 

En diciembre de 2020, el predecesor de Alice Jill Edwards como relator especial sobre la tortura, Nils Melzer, ya las había comparado con "la detención arbitraria, pero también con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". 

Pero esta nueva advertencia sobre las posibles consecuencias de la extradición para la salud de Julian Assange es más apremiante que las anteriores. Los días 20 y 21 de febrero, el Tribunal Superior de Londres debe examinar el último recurso del periodista australiano ante la justicia británica. Si su recurso es rechazado, sólo cabría la posibilidad de que intervenga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 

Porque la salud mental de Julian Assange está en el centro del debate, como así ha sido a lo largo de todo este proceso. Precisamente por los riesgos para su salud, los tribunales británicos rechazaron inicialmente en una sentencia en primera instancia, en enero de 2021, la solicitud de extradición de Estados Unidos. 

Durante las vistas, que se celebraron en febrero, septiembre y octubre de 2020, los abogados del fundador de WikiLeaks pusieron sobre la mesa los dictámenes de varios médicos que destacaban su estado de depresión crónica vinculado al aislamiento casi total al que fue sometido en la prisión de Belmarsh. Incluso expresaron su preocupación por posibles pensamientos suicidas. 

Al mismo tiempo, varios especialistas del sistema penitenciario americano habían detallado las condiciones de vida de los presos en el centro de detención de Alexandria, en Virginia, a donde Julian Assange iría casi con toda seguridad en espera de juicio, así como en "ADX", la prisión de muy alta seguridad de Florence, en Colorado, donde cumpliría después su condena. 

Como persona condenada por delitos contra la seguridad nacional, sería muy probable que Julian Assange fuera sometido a "medidas administrativas especiales" (SAM), destinadas a impedir cualquier contacto con otros detenidos. 

Yancey Ellis, abogado colegiado en Alejandría, describió la vida cotidiana en estas minúsculas celdas, con mobiliario reducido al mínimo, una sola ventana de plexiglás que no se puede abrir y una puerta de acero con una sola trampilla para pasar la comida a la hora de comer, que se vuelve a cerrar inmediatamente para que los detenidos no puedan comunicarse entre sí. 

Esos argumentos convencieron a la juez Vanessa Baraitser para rechazar la petición del tribunal americano. "El estado mental de Julian Assange es tal que sería un abuso extraditarlo a Estados Unidos", declaró en su sentencia del lunes 5 de enero de 2021. 

En respuesta, el Gobierno americano recurrió esta decisión y en febrero de 2021 envió una "nota diplomática" a la justicia británica, en la que ofrecía una serie de "garantías". 

Julian Assange no sería recluido en una prisión de alta seguridad ni sería sometido a régimen de aislamiento. Las autoridades americanas también abrieron la puerta a un posible traslado de Julian Assange a Australia, su país de origen, para que pudiera cumplir la pena a la que fuera condenado. Por último, Estados Unidos se comprometió a garantizar que Julian Assange recibiría "tratamiento clínico y psicológico adecuado" a su estado de salud. 

En la vista de apelación, en diciembre de 2021, los abogados de Julian Assange cuestionaron la validez de esas "garantías", que las autoridades estadounidenses podrían revocar en función del comportamiento del periodista durante su detención. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Londres aceptó las promesas estadounidenses y anuló la sentencia de primera instancia. 

En enero de 2022, los defensores de Assange obtuvieron el derecho a presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, en marzo siguiente, el Tribunal Supremo no admitió el recurso y, un mes más tarde, la orden de extradición fue transmitida a la Secretaria de Estado de Interior, Priti Patel, que la firmó el 17 de junio de 2022. 

Los abogados presentaron un nuevo recurso contra esa orden de extradición, pero un magistrado lo rechazó de nuevo el martes 6 de junio de 2023. Como señaló entonces Reporteros sin Fronteras (RSF), Julian Assange está desde entonces "peligrosamente cerca de la extradición". 

Sin embargo, una victoria al final de estas nuevas vistas ante el Tribunal Superior de Londres no sería más que un primer paso. El único objetivo es determinar si Julian Assange tiene derecho a interponer recurso contra la decisión del martes 6 de junio de 2023. Si se acepta, habrá que programar una nueva vista en apelación. 

Si se rechaza, los abogados del fundador de WikiLeaks habrán agotado todos los recursos internos y la única opción restante sería remitir el caso al TEDH en virtud del artículo 39 de su Reglamento. Éste permite solicitar al Tribunal Europeo que dicte "medidas cautelares" con carácter de urgencia cuando exista un riesgo inminente de daños irreparables, como amenazas contra la vida o malos tratos a un ciudadano. 

En su comunicado de prensa, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura también expresó sus dudas sobre las "garantías" ofrecidas por las autoridades americanas. "Las garantías diplomáticas de trato humano por parte del gobierno americano no son suficientes para garantizar la protección del Sr. Assange contra tales riesgos", afirma Alice Jill Edwards. 

"No son jurídicamente vinculantes, tienen un alcance limitado y la persona a la que pretenden proteger puede no tener ningún recurso si se incumplen", añade la relatora. 

Por ello, Alice Jill Edwards "pide al gobierno del Reino Unido que revise cuidadosamente la orden de extradición del Sr. Assange para garantizar el pleno cumplimiento de la prohibición absoluta e inderogable de exposición a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que tome todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud física y mental del Sr. Assange".

Traducción de Miguel López

Policías de Países Bajos, Francia, Bélgica, Dubái y España desarticularon en noviembre de 2022 un supercártel de narcotraficantes que controlaba buena parte del mercado de la cocaína en Europa. En la operación Desert Light fueron detenidas 49 personas, de las cuales siete eran consideradas por Europol Objetivos de Alto Valor, grandes capos. “Es un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico global”, anunció entonces la Guardia Civil, que fue la encargada de la parte española de la investigación. Ésta, bautizada como operación Faukas, se cerró con el arresto de 15 personas, de las que tres fueron distinguidas con la etiqueta de grandes capos: dos de ellos fueron capturados en Dubái y el tercero en Málaga.

La cooperación policial europea conseguía así desarticular la estructura logística de una macroorganización en la que señores de la droga de diferentes nacionalidades se habían asociado para inundar Europa de cocaína, pero además habían descabezado el entramado gracias a la colaboración de Dubái, un hecho sin precedentes. Seis de los siete grandes capos detenidos vivían en el emirato, convertido en un auténtico “santuario” para delincuentes del más alto nivel. Para dar una idea de la contundencia del golpe basta con reseñar que se incautaron 30 toneladas de cocaína, lo que equivalía a “un tercio del mercado”, según destacó la Guardia Civil.

Sin embargo, un año después de la meagoperación europea, los seis capos detenidos en Dubái se encuentran en libertad en el emirato y aún pendientes de extradición. Incluidos los dos que reclama España, tal y como han confirmado a infoLibre tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Antidroga. El primero es Ryan James Hale, un ciudadano británico que residió en la Costa del Sol, pero que debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro. Entonces se mudó a Dubái. Desde allí, este miembro del clan irlandés de los Kinahan dirigía el negocio y se coordinaba con el resto de los capos con los que compartía residencia. El segundo, Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, que tiene pasaporte de Panamá, era el responsable de proveer la droga y de enviarla desde el puerto panameño de Manzanillo. También vive en el emirato.

Otro tanto ocurre con los cuatro capos reclamados por Francia, Bélgica y Países Bajos, según ha podido confirmar OCCRP, red de medios de investigación a la que pertenece infoLibre. Se trata del bosnio Edin Gačanin y del marroquí Zouhair Belkhair, ambos con pasaporte holandés, y los belga-marroquíes Hoesny Ajaray y Rabhioui Bourfa, cuya extradición piden tanto Bélgica como Francia. Todos ellos quedaron en libertad ya a comienzos de este año, apenas dos meses después de su detención en Dubái. Y sus respectivas extradiciones permanecen en el limbo de la burocracia judicial del emirato.

Cuando se hizo público que Belkhair había quedado en libertad bajo fianza y Gačanin en libertad sin ningún cargo, las autoridades holandesas pusieron el grito en el cielo, según publicaron entonces los medios del país. Porque, además, parecía que el bosnio se encontraba en paradero desconocido.

En Francia también llegaron a las páginas de los periódicos las penalidades de la extradición de Ajaray y Bourfa. En los cuatro casos, Dubái respondió asegurando que ambos países europeos habían presentado sus respectivas solicitudes fuera de plazo, fijado en 40 días. Los fiscales holandeses lo negaron taxativamente, al igual que los franceses.

Unos meses después, en verano, el semanario Le Nouvel Observateur hizo pública una nota que los servicios de seguridad franceses habían enviado a la policía quejándose de la falta de colaboración de Dubái en el proceso de entrega de los delincuentes reclamados por Francia. “Hasta la fecha, ninguno de estos narcotraficantes ha sido extraditado a nuestro país, y varios procedimientos contra individuos especialmente activos y peligrosos han sido incluso archivados por las autoridades emiratíes, que han invocado pretextos más o menos falaces en apoyo de sus decisiones”, protestaban los servicios de inteligencia franceses. A su juicio, que los narcos fueran puestos en libertad constituye una “fuerte señal de impunidad enviada por los Emiratos Árabes Unidos a los narcotraficantes que se instalan en masa en Dubái y continúan desde el emirato organizando y gestionando el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los asesinatos en las ciudades francesas”. Según explicaban en la nota los agentes, Francia tiene unos 26 procedimientos en curso, no sólo los de la Operación Desert Light. Bélgica, otros tantos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio belga de Justicia por las extradiciones de Ajaray y Bourfa, que se ha limitado a confirmar que, en efecto, “persigue a cierto número de fugitivos que se cree que se encuentran en los Emiratos” y que tiene “solicitudes de extradición pendientes” ante los tribunales de Dubái. Pero se niega a hacer comentarios sobre casos individuales. Bélgica firmó con Emiratos un convenio de extradición en 2021 que entregó en vigor en noviembre de 2022. El Ministerio del Interior francés no ha respondido a la solicitud de información que le ha enviado este periódico. Francia y Emiratos también cuentan con un convenio de extradición desde 2018. Los abogados de los holandeses Gačanin y Belkhair sí han confirmado a OCCRP que ambos siguen en libertad y pendientes de los jueces dubaitíes.

En España, en cambio, no se ha levantado revuelo alguno. Pero los fiscales Antidroga de Valencia, Ismael Teruel, y Málaga, Fernando Bentabol, coinciden en quejarse de la “falta de interés” de los dubaitíes por cumplir con las extradiciones. “Empezaron a pedir informes e informes, cosas raras… y trámites absurdos”, recuerda Teruel. Es en Valencia donde se tramita la solicitud de entrega del panameño Martínez Meza, porque fue en su puerto donde se decomisó el alijo de 698 kilos de cocaína en marzo de 2020 que permitió tirar del hilo y llegar hasta los capos instalados en Dubái. Además, advierte el fiscal, las autoridades judiciales del emirato no han dejado de manifestar sus dudas sobre la legalidad de la desencriptación de las plataformas de chats Encrochat y Sky ECC, que permitió a la Guardia Civil ligar ese cargamento con quienes lo habían organizado. Anular la validez del descifrado de las comunicaciones se ha convertido en la principal estrategia utilizada por los abogados de los narcos para salvar a sus clientes. Sin embargo, en un paso hacia lo que puede ser su validación definitiva, la Abogada General de la UE Tamara Cápeta acaba de avalar el uso de los mensajes descifrados de Encrochat que fueron intervenidos gracias a la policía francesa.

“No se molestan en ser eficaces y ágiles, ponen inconvenientes, dan largas. Y más aún cuando se trata de personas que invierten allí, para blanquearlo, parte del dinero que han obtenido”, lamenta por su parte el fiscal malagueño, quien de todas maneras dice que en el caso de Ryan James Hale el juzgado ya ha presentado toda la documentación requerida y está pendiente de que respondan las autoridades judiciales del emirato. Su colega de Valencia asegura que el panameño Martínez Meza está libre en Dubái “pero sin posibilidad de salir del país”. El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Fran Torres, que dirigió la operación Faukas, alaba ante infoLibre la cooperación de la policía dubaití, que tanto tiempo les costó conseguir, pero ahora teme que las reticencias de la justicia del emirato permitan la huida de los supercapos.

Otra prueba de la renuencia dubaití la esgrime el fiscal Antidroga de Valencia. Ya antes del verano, Europol convocó en París a las policías de los países implicados en la operación Desert Light y éstos, a su vez, invitaron a los fiscales encargados de las extradiciones. Pero la policía de Dubái, que también había sido citada, no acudió, explica Ismael Teruel: “Así que quedó claro que el emirato no tenía mucho interés”.

La fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, se queja igualmente de la falta de fluidez, pero más que a la ausencia de voluntad atribuye el retraso al hecho de que “los Emiratos no han desarrollado el sistema de extradición como los países europeos”. También a que tienen unos procedimientos “muy burocratizados y muy antiguos”, asegura. Aunque Rosa Ana Morán tampoco descarta la “corrupción”, que “el retraso se deba a la voluntad de algún funcionario”.

La fiscal repite las quejas de Valencia y Málaga sobre las “formalidades nada habituales” que exige Dubái, como que el juez firme las traducciones de los documentos que les envían.

Sin embargo, al menos en el caso de los reclamados por la justicia española, no toda la culpa recae sobre el lado dubaití. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la extradición de Alejandro Salgado Vega, un madrileño conocido como El Tigre a quien la Guardia Civil considera “el más importante narcotraficante español” de cocaína del mundo. Para sorpresa de los propios agentes, que no lo consideraban una pieza de caza mayor, descubrieron que controlaba “una red global de tráfico de cocaína con presencia en los cinco continentes” que movía un volumen enorme de droga desde Sudamérica. También se había asentado en Dubái, donde fue detenido el pasado mes de agosto, pero no por dirigir una narcobanda internacional, sino por un delito menor: le pillaron consumiendo droga en su propia casa, que estaba siendo vigilada por la policía del emirato. Así que el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras emitió una orden internacional de detención contra él en diciembre del año pasado, después de que la Guardia Civil arrestara en esa localidad gaditana a siete personas relacionadas con un cargamento de casi dos toneladas de cocaína aprehendido en un contenedor procedente de Paraguay. Al mando de la organización estaba el español.

Pero, a diferencia de los detenidos por Europol, El Tigre lleva un año en prisión en el emirato. El pasado septiembre declararon ante el juez los policías que lo detuvieron. Estos confirmaron que allí sólo se estaba consumiendo droga, pero no se estaba cometiendo ningún otro delito, asegura a infoLibre Javier Yagüe García, abogado de Alejandro Salgado. En ese momento sus letrados dubaitíes solicitaron la libertad bajo fianza de El Tigre, pero no se le concedió. En estos días, añade el defensor, se debe celebrarse la vista en la que se dictará sentencia. En España, la posesión de cocaína no está penalizada si es inferior a 7,5 gramos a la semana; se considera consumo propio. Pero en Dubái le puede caer hasta un año, dice Yagüe, “un tiempo que, en todo caso, ya habría cumplido”.

Una vez sentenciado, El Tigre tendrá que lidiar con el proceso de extradición, cuando el juzgado de Algeciras envíe a Dubái toda la documentación traducida al árabe y solicite formalmente la entrega. Otro tribunal deberá decidir entonces si la concede, o no, por los delitos que supuestamente ha cometido en España. Javier Yagüe esgrime las dudas sobre el descifrado del móvil. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, explica su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

En cualquier caso, el juzgado de Algeciras se ha encontrado con los mismos obstáculos burocráticos –o la misma desgana institucional– que los jueces de Valencia y Marbella. Con un añadido nacional. La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, asegura que Dubái ha pedido al juzgado que le traduzca al árabe todo el sumario del caso, que tiene cientos de páginas. La empresa contratada para ello, Ofilingua, lleva nueve meses en esa tarea. La fiscal Arroyo cree que está a punto de entregar el documento. Y sí, en efecto, los dubaitíes piden que la traducción la firme el juez.

Así que, aunque con un enorme retraso, puede que comience a procesarse la entrega de El Tigre al mismo tiempo que se celebra el juicio por el cargamento paraguayo que puso a las fuerzas del orden sobre su pista. Esta misma semana está previsto que se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz su lugarteniente, Rubén Panadero Gil, alias Pana, y el financiador del alijo, apodado El Osito.

El abogado Javier Yagüe desdeña el riesgo de fuga. “De allí no te escapas”, zanja. Dubái “es otro mundo”, dice, donde ni siquiera dejan a los abogados ver a sus clientes en la cárcel. “Sólo pude comunicarme con él [Alejandro Salgado] por teléfono o por videoconferencia”. Y donde, para dejar a un detenido en libertad bajo fianza, deben depositarse en el juzgado dos pasaportes, el del recluso y el de una segunda persona, detalla con sorpresa el letrado.

Como se ve a la luz del caso contra El Tigre, en España los procedimientos de extradición también sufren por el proverbial atasco judicial. “El juzgado que se encarga de la operación es el que se encarga también de solicitar las extradiciones necesarias”, resume Rosa Ana Morán. Es decir, juzgados pequeños, como el de Algeciras, son los que tienen que lidiar con la burocracia de Dubái, con un ministerio de Exteriores que está en Madrid… y con la endémica falta de medios materiales y humanos, enumera. “¿Para qué tenemos una Audiencia Nacional si una gran operación no podemos traerla aquí?”, se pregunta. Muchos de estos juzgados mixtos –de instrucción y de primera instancia– tienen que tramitar desde disputas vecinales hasta, en efecto, extradiciones internacionales. La fiscal delegada de Cádiz, Ana Villagómez, recuerda, además, que estos destinos son los “peor considerados”, por lo que los jueces se marchan en cuanto pueden, al cumplir los dos años de permanencia. Para hacerse una idea del trabajo con que cargan estos juzgados, basta con apuntar que en el de Algeciras, como destaca Macarena Arroyo, el 80% de las causas están relacionadas con el tráfico de drogas.

Por eso, la fiscal jefa cree que España debería copiar el modelo francés de Jurisdicciones Interregionales Especializadas (JIRS), integrados por jueces, fiscales y funcionarios especializados a los que se libera del resto de los asuntos para que atiendan sólo la delincuencia organizada. “Serían como pequeñas audiencias nacionales en los territorios donde hace falta: Levante, Cádiz y Galicia”, precisa. Tanto ella como Villagómez y Arroyo piden, además, que se cambie la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir a los fiscales instruir las causas. España es de los pocos países europeos donde aún son los jueces los encargados de investigar los delitos, un modelo que copió de Francia en 1882 y que incluso los franceses han abandonado ya, destaca Ana Villagómez. Ese cambio en España, pese a que PP y PSOE están de acuerdo en que hay que hacerlo, lleva atascado por lo menos un par de décadas.

Luis Chabaneix, abogado penalista especializado en extradiciones, apunta en otra dirección para explicar el supuesto desinterés de Dubái por entregar a los seis capos: la falta de peso geopolítico de España. Pero también menciona la corrupción. “Ese tipo de delincuentes tienen muchos contactos en las altas esferas y mucho dinero e influencias que pueden ayudarles a salir del escollo”, apunta.

Además, detrás de las peticiones inusitadas de documentos Chabaneix adivina el papel de los abogados defensores, que piden sucesivos complementos de información a los jueces dubaitíes para demorar el proceso, desde el propio expediente judicial hasta copias de la legislación que debe aplicarse o cualquier otro documento.

Sin embargo, otros procedimientos han sido muy rápidos. En 2019, Dubái deportó a Ridouan Taghi, líder de la violenta mafia marroquí en Países Bajos, a quien se acusa de una docena de asesinatos y de dirigir uno de los mayores cárteles de droga de Europa. En realidad, no fue una extradición, porque entonces Países Bajos no tenía pactado un procedimiento de ese tipo con Emiratos Árabes Unidos. Taghi fue expulsado tres días después de su detención, tras ser declarado persona non grata por haber entrado en el país con un pasaporte falso.

Hace sólo un mes también fue detenido en Dubái el mayor de los hijos de Taghi, Faisal, de 22 años, acusado de dirigir la organización en ausencia de su padre. Ridouan, que se encuentra en una prisión holandesa de alta seguridad conocida como El Bunker, se enfrenta a una condena de cadena perpetua en un juicio que comenzó en marzo de 2020 y aún está pendiente de sentencia. En su caso, la extradición puede ser problemática porque Faisal ha vivido en el emirato desde que era un niño.

Igualmente fue capturado en Dubái Rafaelle Imperiale, miembro de la Camorra y socio de Taghi en el narconegocio. En marzo de 2022. Italia solicitó su extradición, que fue rechazada en un primer momento. Para que fuera finalmente concedida, hizo falta que el ministro de Justicia italiano volara al emirato y le entregara la petición en mano a su homólogo emiratí.

Una excepción más fue la de Hajli El Harraj, detenido en octubre de 2022 en Dubái y extraditado dos meses después a España. Era el capo del autodenominado cártel del Sur, una organización que introducía tanto hachís como cocaína a través del puerto de Algeciras y tenía en nómina a cuatro guardias civiles, un policía nacional, un administrativo de Aduanas y un ex policía local.

El fiscal Antidroga de Valencia dice que la entrega del panameño Martínez Meza depende ahora de la vía diplomática. España y Emiratos Árabes Unidos firmaron un convenio de extradición, otro de asistencia mutua en materia penal y un tercero sobre traslado de personas condenadas, todos ellos con la misma fecha, el 24 de noviembre de 2009. En febrero de 2021, además, suscribieron un acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, aprobado por el Congreso y el Senado en abril y mayo de 2022. En él, ambos Estados se obligan a cooperar en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, e incluso prevén el nombramiento de “agregados y oficiales de enlace” y de una comisión mixta para supervisar la cooperación. Según el convenio de extradición, cualquier controversia debe resolverse “por conducto diplomático”.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia por el retraso de las extradiciones de los dos capos de la operación Faukas, si Dubái las está bloqueando y qué medidas está adoptando para desatascarlas, pero no ha recibido respuesta alguna pese a los reiterados intentos de este periódico por obtenerla en las últimas semanas. infoLibre también ha preguntado a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en España por estos procedimientos, pero no ha contestado.

Si el ministro italiano de Justicia tuvo que ir a Dubái para traerse a Rafaelle Imperiale, la ministra holandesa, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, viajó al emirato el pasado octubre. Allí firmó un MoU (Memorando de Entendimiento por sus siglas en inglés) para “profundizar” en la cooperación policial, según informó entonces el propio departamento. Pero ya antes, en agosto, habían entrado en vigor dos acuerdos bilaterales entre ambos países, uno sobre extradición y otro sobre asistencia jurídica. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, también visitó los Emiratos en las mismas fechas. Según un comunicado de la Embajada de Francia en el país del Golfo, además de debatir sobre la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, Darmanin impuso al ministro del Interior dubaití la insignia de comandante de la Legión de Honor.

Ambas visitas formaron parte de la reunion ministerial anual de la Alianza Internacional para la Seguridad –integrada por ministros del Interior de 11 países–, que se celebró esos días en el emirato vecino de Abu Dabi. Tanto el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, como el italiano, Matteo Pentedosi, participaron mediante videoconferencia.

La fiscal jefa antidroga española, Rosa Ana Morán, asegura que Francia está estudiando nombrar un magistrado de enlace con Dubái para acelerar el regreso de los narcos capturados por Europol. Pero subraya que el problema con Dubái no tiene una solución política bilateral, sino que debe ser la Comisión Europea la que negocie con Emiratos, y otros países árabes, cómo mejorar los mecanismos de intercambio de información y extradición. “No se trata de negociar uno por uno”, protesta, “sino de establecer un sistema menos burocrático y que estos procesos no se eternicen”.

La operación Faukas es un buen ejemplo del papel que desempeña España en el narcotráfico mundial. También de cómo operan las organizaciones criminales del siglo XXI. “Geoestratégicamente, somos importantes”, aclara el comandante de la UCO Fran Torres, “España es el país que más cerca está de los productores, de Marruecos para cánnabis, de Sudamérica para la cocaína. Somos el puerto de entrada en Europa. Pero si hiciéramos una lista de los 50 mayores capos del mundo, sólo habría cinco o seis españoles. De los que están más arriba, quizá sólo El Tigre”.

“Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores, quienes controlan las puertas de entrada, pero a nivel top, si hablamos de auténticos capos, ésos están en las grandes organizaciones, el cártel de los Balcanes, la Mocro Mafia [marroquíes europeos de segunda generación como Taghi asentados en Bélgica y Países Bajos], los italianos de la Camorra y la ‘Ndrangheta, los colombianos y los mexicanos”, añade el comandante. “Y eso es positivo”, aclara enseguida, “porque habla bien de la Policía Nacional y de la Guardia Civil: aquí es muy difícil que un capo prospere; tarde o temprano, se le va a descabezar”.

Dubái, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos, tiene 3,5 millones de habitantes, una renta per cápita de 50.428 euros –la española es de 28.280 euros– y una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. No se pagan impuestos. Aunque no figura en la lista de paraísos fiscales española ni en la europea, la UE lo mantiene “bajo vigilancia” y es uno de los 10 mayores centros offshore y el octavo país del mundo en secretismo financiero, según Tax Justice Network.

Es pues un buen sitio para evitar los ajustes de cuentas y, al mismo tiempo, disfrutar de los millonarios beneficios del narconegocio sin llamar la atención en un entorno donde es normal la ostentación y el lujo. Muchos de los capos que salieron de la Costa del Sol huyendo del cada vez mayor ruido generado en torno a ellos, se desplazaron a Dubái. Con la mayor colaboración policial del emirato y tras el golpe al supercártel, los narcoseñores se están desplazando a Turquía, avanza el comandante Fran Torres. Otros prefieren Tánger, según la policía holandesa.

Hace sólo unos días, la policía turca detuvo en Estambul a uno de los mayores capos del mundo, Dritan Rexhepi, líder de un cártel internacional llamado Kompania Bello, a su vez uno de los grupos más poderosos del cártel de los Balcanes. Con ramificaciones en Ecuador, el norte de Europa, Italia y Dubái, Kompania Bello suministraba cocaína colombiana a organizaciones italianas como la Camorra y disponía de vías de entrada segura en los puertos de Róterdam y Amberes, y algunos del Mediterráneo.

Dependiendo de cómo acaben las extradiciones de los seis supercapos de Desert Light, se verá si, como proclamaba Europol, Dubái ha dejado de ser el santuario de los grandes narcos europeos o, por el contrario, continúa acogiendo sin mayor escándalo a estos delicuentes internacionales y sus cuantiosos patrimonios.

---------------------------------------------------------

Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Encarcelado desde hace más de cuatro años en una prisión de alta seguridad cerca de Londres, Julian Assange está ahora "peligrosamente cerca de la extradición" a Estados Unidos, donde se enfrenta a una pena de hasta 175 años de cárcel por publicar documentos confidenciales, advirtió el pasado jueves Reporteros sin Fronteras (RSF).

Según esta organización, el martes 6 de junio un magistrado británico rechazó el recurso presentado por el antiguo editor de WikiLeaks contra la orden de extradición firmada el 17 de junio de 2022 por la entonces Ministra británica del Interior, Priti Patel.

A Julian Assange sólo le queda ahora un recurso en virtud de la legislación nacional británica para impugnar su extradición. Este recurso se presentará a principios de la próxima semana, según ha anunciado en Twitter su esposa, Stella Assange. “El caso se verá entonces en una vista pública ante dos nuevos jueces", dijo, "y seguimos siendo optimistas con que ganaremos y Julian no será extraditado".

“Es absurdo que un solo juez pueda tomar una decisión de tres páginas que podría enviar a Julian Assange a prisión para el resto de su vida y que podría tener repercusiones en todo el mundo", ha declarado Rebecca Vincent, directora de campañas del caso Julian Assange en RSF. “Es hora de poner fin a esta persecución de Julian Assange. Es hora de actuar para proteger el periodismo y la libertad de prensa. Nuestro llamamiento al presidente Biden es más urgente que nunca: retire los cargos, cierre el caso contra Assange y autorice su liberación lo antes posible."

Después de su detención el 11 de abril de 2019 en los locales de la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange se encuentra ahora recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres. Mantenido en régimen de aislamiento, ha sido sometido a condiciones de detención que han sido denunciadas en repetidas ocasiones por sus defensores. En diciembre de 2020, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, las comparó con "la detención arbitraria, pero también con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

El martes 4 de abril, se negó la entrada a la prisión al secretario general de RSF, Christophe Deloire, y a Rebecca Vincent, a pesar de que el día anterior se había confirmado el acuerdo de visita. Sólo Stella Assange pudo visitar a su marido.

La justicia de Estados Unidos pretende juzgar al fundador de WikiLeaks por dieciocho cargos, entre ellos una violación de la Ley de Espionaje cuando, en 2010, publicó documentos facilitados por Chelsea Manning en los que se detallaban abusos del ejército americano en Irak y Afganistán.

La solicitud de extradición de Estados Unidos fue rechazada en primera instancia en enero de 2021 por considerar que el estado de salud de Julian Assange era incompatible con las drásticas condiciones de encarcelamiento y aislamiento a las que sin duda sería sometido en Estados Unidos. La juez Vanessa Baraitser dictaminó entonces que "el estado mental de Julian Assange es tal que sería un abuso extraditarlo a Estados Unidos".

El Gobierno estadounidense recurrió esa decisión y, en febrero de 2021, envió a la justicia británica una "nota diplomática" en la que pretendía ofrecer una serie de "garantías".

Julian Assange no sería recluido en una prisión de alta seguridad ni en régimen de aislamiento. Las autoridades americanas también abrieron la puerta a un posible traslado de Julian Assange a Australia, su país de origen, para que pudiera cumplir allí su condena. Por último, Estados Unidos se comprometió a garantizar que Julian Assange recibiría "tratamiento clínico y psicológico adecuado" a su estado de salud.

En la vista de apelación, en diciembre de 2021, los abogados de Julian Assange cuestionaron la validez de esas "garantías", que la justicia estadounidense podría revisar en función del comportamiento del periodista durante su detención. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Londres aceptó las promesas estadounidenses y anuló la sentencia de primera instancia.

En enero de 2022, los defensores de Julian Assange pudieron presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, en marzo siguiente, el Tribunal Supremo se negó a examinar el recurso y, un mes después, la orden de extradición fue transmitida a Priti Patel, que la firmó en junio de 2022.

El recurso rechazado el pasado 6 de junio se refería a esa firma de la orden de extradición. Una vez estudiado el nuevo recurso, los abogados de Julian Assange habrán agotado todas las vías de recurso previstas en la legislación británica. Su última esperanza residirá entonces en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el que se presentó un recurso el pasado mes de diciembre.

Este avance en el procedimiento de extradición se produce dos días después de la publicación de nuevos datos sobre la operación de espionaje de la que fue víctima Julian Assange entre enero de 2017 y marzo de 2018 mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

En enero de 2020, el diario El País reveló que una empresa española de seguridad privada, Undercover Global (UC Global) y su director, David Morales, habían llevado a cabo una operación de espionaje especialmente intrusiva sobre Julian Assange, bautizada como "Operación Hotel", sin conocimiento de las autoridades ecuatorianas y por encargo de un cliente americano.

En el marco de una investigación abierta por las autoridades judiciales españolas, se incautaron numerosos documentos internos de la empresa, en particular de varios empleados de UC Global que aceptaron colaborar en calidad de "testigos protegidos".

Según informó en su momento Mediapart, que tuvo acceso a muchos de los documentos, UC Global había instalado varias cámaras y micrófonos en las pocas habitaciones ocupadas por Julian Assange, incluso en los aseos femeninos. Los teléfonos y documentos de todos los visitantes del periodista, incluidos sus abogados, fueron abiertos y fotografiados.

Entre las víctimas se encuentran la periodista Sarah Harrison, cercana colaboradora de Julian Assange; Jennifer Robinson, su abogada inglesa; Baltasar Garzón, su abogado español; Renata Ávila, activista guatemalteca y miembro de su equipo de defensa, y, como reveló Mediapart en noviembre de 2019, el abogado franco-español Juan Branco.

En los documentos internos de UC Global recuperados por las autoridades judiciales españolas, se aludía al patrocinador de esta operación en términos imprecisos como "amigos americanos". Pero había varios indicios de que la CIA estaba implicada.

El domingo 4 de junio, nuevas revelaciones de El País confirmaron esa hipótesis. El diario español informa de que un fallo informático en el almacenamiento de los documentos incautados en el domicilio de David Morales ha sacado a la luz nueva información. Los abogados de Julian Assange descubrieron que, en un disco duro externo perteneciente al jefe de UC Global, se almacenaban vídeos en una subcarpeta "vídeos" situada en una subcarpeta "embajada", que estaba a su vez en otra subcarpeta titulada "CIA".

En este caso, el lunes 15 de agosto de 2022, dos periodistas y dos abogados cercanos a Julian Assange presentaron una denuncia contra la CIA y su antiguo director, Mike Pompeo, por espiarles cuando visitaron al fundador de WikiLeaks en la embajada de Ecuador en Londres.

Traducción de Miguel López

El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo CarvajalEl Pollo, irá directamente a prisión para que pueda ejecutarse su entrega a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, tras su detención a última hora del jueves en Madrid después de pasarse casi dos años prófugo de la Justicia. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, dado que su extradición a Estados Unidos ya estaba autorizada tanto por el Gobierno como por la Audiencia Nacional, no será necesario celebrar una vista judicial, pasando directamente a la fase de ejecución de las resoluciones ya dictadas.

El Pollo Carvajal tenía vigente una orden de detención e ingreso en prisión para materializar la extradición acordada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019, que revocó así una decisión anterior de la Sección Tercera de este mismo tribunal que denegó su entrega al entender que en la petición estadounidense subyacía "una motivación política".

Estando entonces en libertad provisional, se fugó cuando se enteró de que iba a ser extraditado. A pesar de estar huido, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2020 la entrega del ex general venezolano para que sea juzgado por tráfico de drogas y de armas. El pasado mes de mayo, Carvajal rompió su silencio para denunciar que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional habrían cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos.

Finalmente, fue detenido a las 21.15 horas del jueves por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid. Según ha informado la Policía Nacional, Carvajal vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". La entrada en el inmueble donde se ocultaba Hugo Armando Carvajal Barrios se llevó a cabo mediante autorización judicial, con la colaboración de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para proceder al mandamiento.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido por las autoridades estadounidenses por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, "cuando presuntamente pertenecía al llamado 'Cártel de los Soles'", supuestamente gestionado por cargos chavistas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de México ha solicitado este martes de manera formal la extradición de Emilio Lozoya Austin, quien fuera director general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para ser juzgado en el país por delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

La Fiscalía General ha aportado la información necesaria para llevar a cabo la petición formal de extradición, que ya ha sido presentada por Exteriores al Gobierno español, de acuerdo con varios medios mexicanos que citan a funcionarios del Ejecutivo que preside Andrés Manuel López Obrador.

Director general de la petrolera estatal (2012-2016) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y hombre de confianza del presidente, Lozoya Austin fue detenido el mes pasado en Málaga, después de que la Fiscalía de México expidiera en mayo del año pasado una orden internacional de búsqueda y captura.

Lozoya Austin ha sido acusado de haber recibido supuestamente unos 10 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, presente en múltiples casos de corrupción en toda América Latina, a cambio de contratos públicos, por lo que se enfrenta a penas de prisión de hasta 15 años.

Se le imputan además delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. México le acusa de proporcionar información falsa sobre su declaración patrimonial, al haber omitido, en más de una ocasión, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

Según la Fiscalía Mexicana se estiman en 280 millones de dólares el total de dinero defraudado (más de 257,58 millones de euros).

Carlos García Juliá, uno de los asesinos de la matanza de los abogados de Atocha en 1977, ha llegado este viernes a primera hora a Madrid después de que tres agentes de la Policía Nacional se trasladaran a Brasil para custodiar su extradición. Tras aterrizar en el Aeropuerto de Barajas, ha sido trasladado a la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

Reclamado por la Audiencia Nacional, García Juliá (1955) fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal a 193 años de prisión como autor material de cinco delitos de asesinatos consumados y cuatro frustrados en la noche del 24 de enero de 1977.

Ese día, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, abriendo fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum.

A García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el Tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay, debiéndose presentar mensualmente en la Embajada española en aquel país. Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996.

Detención en Bolivia y huida: 20 años desaparecido

Posteriormente, fue detenido en Bolivia el día 17 de junio de 1996, donde se le condenó a una pena de prisión de seis años por un delito de tráfico de estupefacientes. Cuando el día 29 de noviembre de 2000 llegó la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional a Bolivia, el preso ya se había fugado aprovechando un beneficio penitenciario un año antes para no presentarse ante un juzgado de vigilancia penitenciaria de La Paz.

A partir de esa fecha, y durante los siguientes veinte años, se le perdió la pista. Fue en agosto de 2018 cuando las pesquisas llevaron a la Policía Federal Brasileña a localizar a García Juliá. Unos meses después, en diciembre, el asesino fue detenido en Sao Paulo, donde vivía trabajando como conductor en una empresa de VTC.

Localizado en Brasil, donde trabajaba como conductor de VTC

Al oponerse a la extradición, el procedimiento se dilató trece meses por los sucesivos recursos y apelaciones que ha ido ejerciendo la defensa ante las autoridades judiciales brasileñas, alegando la prescripción del delito, defectos en la doble incriminación y el tiempo de cumplimiento de prisión en Bolivia.

Después de cumplimentar los trámites, tres agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la OCN Interpol, han custodiado la extradición desde Brasil de García Juliá, que ha aterrizado a primera hora de este viernes en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez

Triunfo de "la Democracia y la Justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes la García Juliá. "Hoy la Democracia y la Justicia vuelven a triunfar", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, que ha recordado que la "matanza no pudo frenar el deseo de libertad de toda una sociedad".

"Hace 43 años mató a 5 personas en el atentado de Atocha. Hoy llega a Madrid uno de sus asesinos, Carlos García Juliá, tras ser extraditado por Brasil", ha escrito Sánchez.

En la llamada Semana Negra de Madrid, que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de enero de 1977, fueron asesinados cinco abogados en la calle Atocha y el estudiante Arturo Ruiz a manos de grupos de ultraderecha. A su vez, la estudiante Mari Luz Nájera murió a causa de un bote de humo lanzado por los antidisturbios durante una protesta precisamente por el asesinato de Ruiz.

Esta semana, 43 años después de los hechos, se suceden en Madrid los actos en memoria de las víctimas. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, participó este martes en el Homenaje a las Víctimas de la Semana Negra de Madrid, celebrado en el Teatro del Barrio de Lavapiés y el primer acto en el que participa Iglesias desde que llegó al Ejecutivo. El secretario general de Podemos ha hecho hincapié a través de su perfil de Twitter en que “España está en deuda con quienes lucharon para que hoy disfrutemos de derechos democráticos”, además de señalar que “honrar la memoria de quienes dieron su vida es un acto de justicia irrenunciable”.

El pasado 2 de enero, Brasil notificó que extraditaría en un plazo de 60 días a Carlos García Juliá, condenado en 1980 a 193 años de cárcel por haber sido uno de los autores materiales de la matanza de Atocha. García Juliá, antiguo militante ultraderechista, se encuentra prófugo desde 1994, cuando obtuvo la libertad condicional y escapó a América Latina. Se le perdió la pista hasta que fue arrestado en diciembre de 2018 y ha agotado todos sus recursos judiciales en Brasil para evitar ser extraditado.

Otras localidades madrileñas, entre las que se encuentran Getafe, Leganés y Parla, se han sumado a los actos de homenaje. La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ha anunciado que el municipio homenajeará este miércoles a los abogados de Atocha en el parque anexo al Teatro Buero Vallejo. A partir de ahora, el espacio será conocido como 'Parque de los Abogados de Atocha', gracias a la propuesta impulsada por Unidas Podemos Ganar Alcorcón –hoy en el Gobierno junto al PSOE–, que fue apoyada por todos los grupos del Ayuntamiento, a excepción del PP.

Al acto, que arrancará a las 12 horas en el Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica (IMEPE), acudirán, entre otros, Cristina Almeida, abogada del proceso, Enrique Santiago (diputado de Unidas Podemos y Secretario General del PCE), Jaime Cedrún (Secretario General de CCOO Madrid) y Francisco Naranjo (Vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha).

El acto central, no obstante, tendrá lugar el viernes 24 de enero a las 11 horas en el Auditorio Marcelino Camacho. A él asistirá Alejandro Ruiz-Huerta, superviviente de la matanza de Atocha y actual presidente de la Fundación Abogados de Atocha, que este mismo viernes otorga sus premios y reconocimientos anuales a Lula da Silva, expresidente de Brasil, "por su trayectoria sindical y política", y a la Abogacía democrática "por su apuesta por la democracia, la justicia y las libertades".

Los galardones se concederán después de que a las 10 horas se realice una ofrenda floral en la plaza de Antón Martín, donde se erige el monumento dedicado a los abogados laboralistas asesinados en 1977: Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira.

En el homenaje se recordará también a Miguel Sarabia, Luis Ramos y Dolores González, supervivientes de la masacre y fallecidos entre 2005 y 2015. El cartel de la convocatoria del acto recoge, además, unas palabras del poeta francés Paul Éluard: "Si el eco de su voz se debilita, pereceremos".

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha destacado este miércoles que supone una "gran vergüenza" para España la desaparición del general venezolano Hugo Carvajal, exjefe de la Inteligencia en el Gobierno de Hugo Chávez, a quien busca la Policía Nacional tras comunicarle la Audiencia Nacional la orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

"La huida de Carvajal es una gran vergüenza, por supuesto, para el Gobierno de España", ha dicho durante un acto de la Alianza Americana-Venezolana celebrado en Washington.

Abrams ha matizado que Carvajal se encontraba "en teoría bajo arresto domiciliario" y que "uno de los tribunales tomó una decisión incomprensible en contra la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos".

"Después otro tribunal dijo que tenía que ser extraditado, así que fueron a su casa y oh, qué sorpresa, no está aquí. Es una vergüenza y esperamos que la Policía lo encuentre, lo arreste y lo extradite a Estados Unidos", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que "el caso de Carvajal muestra un principio estadounidense: si hay sanciones contra ti, pueden ser reversibles (...) pero las acusaciones criminales no son lo mismo".

"Si traficas con drogas a Estados Unidos vamos a ir detrás de ti. Si te han acusado, ve y contrata un abogado y habla con el Departamento de Justicia y mira a ver si consigues un acuerdo. No tiene nada que ver con el Tesoro o el Departamento de Estado. Ese es el mensaje. Si traficas con drogas iremos a por ti", ha sostenido.

En relación con la posición española, ha aseverado que cree que "España está más familiarizada con la situación en Venezuela que muchos países europeos". "Mantenemos una buena colaboración con España en muchas cuestiones", ha expresado.

Carvajal, que fue jefe de la Inteligencia militar de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, está reclamado por Estados Unidos por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes y de armas en el contexto de sus relaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 16 de septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Carvajal a Estados Unidos alegando que, aunque la orden de extradición se basaba en cargos por narcotráfico, "cabría entender" que subyacía "una motivación política", coincidiendo así con los argumentos que esgrimió la propia defensa del exgeneral chavista.

El tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara también atribuyó su decisión a la falta de concreción de los hechos que se le imputan y el hecho de que los habría cometido en el marco de su desempeño como general y, por tanto, serían delitos militares, lo que conlleva obligatoriamente la denegación de la entrega.

Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal revocó la decisión de la Sección Tercera en su reunión del pasado viernes, por lo que la Policía Nacional recibió comunicación oficial de la Audiencia Nacional para proceder a la detención de Carvajal.

El abogado de la exconsellera Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha informado este viernes de que la Agencia Nacional Contra la Delincuencia de Reino Unido ha aceptado tramitar la euroorden contra la dirigente independentista tras recibir las aclaraciones del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, por lo que la solicitud de extradición llegará a la justicia escocesa para ser resuelta.

En un comunicado, el letrado ha explicado que Ponsatí –que se marchó de España tras la declaración de independencia– comparecerá ante la policía de Edimburgo (Reino Unido) el jueves 14 de noviembre para ser puesta a disposición del juez. "Defenderemos firmemente a Clara del abuso de España del proceso de extradición y de cualquier intento de perseguirla por ejercer el mandato democrático del pueblo catalán", ha manifestado su abogado. El letrado también ha considerado que parece que el juez Llarena esté "acusando a Clara de 'desobediencia' en lugar de 'sedición' en sus aclaraciones remitidas a las autoridades británicas".

Llarena, instructor de la causa sobre el proceso soberanista, ha enviado este viernes a la Agencia británica contra la delincuencia información complementaria sobre la exconsellera de Educación, de la que pide la extradición. Ha indicado que Ponsatí conocía la ilegalidad de las conductas por las que se la reclama por un delito de sedición, e incluye todas las resoluciones del Tribunal Constitucional que fueron desobedecidas por la dirigente independentista pese a tener "pleno conocimiento" de las mismas.

El juez, que envía el documento también traducido al inglés, contesta de este modo a los requerimientos que se le realizaron el pasado miércoles desde este organismo, integrado en la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea). La agencia británica le pidió más información pese a rechazar en principio dar trámite a la euroorden cursada por el juez contra Ponsatí por lo "desproporcionado" de la petición, si bien horas después rectificó dicho término.

La Policía de Hong Kong ha intervenido este sábado para disolver los altercados que se estaban produciendo entre manifestantes a favor de China y quienes denuncian la injerencia de Pekín en la antigua colonia británica en torno de un centro comercial al inicio de nuevas manifestaciones en la ciudad, informa Europa Press. Los manifestantes a favor de China han coreado "apoyad a la Policía". "Hong Kong es China", ha gritado a una mujer a un viandante que le ha respondido de forma acalorada desencadenando empujones. Los altercados se han extendido a las calles aledañas y la Policía ha procedido a detener a varias personas.

Durante la jornada del viernes, los manifestantes se han reunido pacíficamente en toda la ciudad y han acudido al Festival de Otoño, en contraste con la violencia que ha estado presente en la región durante las últimas semanas, en donde la Policía reprimió las protestas con gas lacrimógeno, balas de goma y cañones de agua.

La semana pasada, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunció una serie de concesiones a los manifestantes en un intento por poner fin a las movilizaciones, incluida la retirada definitiva de la ley de extradición, la norma que provocó el inicio de las movilizaciones. Los manifestantes han asegurado que la rectificación del Gobierno hongkonés llega demasiado tarde.

Hong Kong volvió bajo soberanía china en 1997 gracias a un acuerdo con Reino Unido por el cual China se comprometía a mantener el régimen de derechos y libertades del que había disfrutado el territorio durante el dominio colonial, lo que dio lugar al principio de 'un país, dos sistemas'. Sin embargo, muchos ciudadanos de Hong Kong temen que Pekín esté destruyendo esa autonomía.

China, por su parte, niega la acusación de intromisión e insiste en que Hong Kong es un "asunto interno". Además ha denunciado las protestas, acusando a Estados Unidos y Reino Unido de fomentar esta situación de inestabilidad, y ha advertido de los daños que está provocando en la economía. En este sentido, Reino Unido considera que tiene la responsabilidad legal de asegurar que China cumpla con sus obligaciones bajo la Declaración Conjunta.

En los últimos años, los hongkoneses han tomado las calles de forma masiva para preservar este estatus especial. Ya lo hicieron en 2014, con la llamada Revolución de los Paraguas, en la que muchos vieron la Primavera China aunque finalmente fue desactivada. Las actuales protestas amenazaban con resucitar dicho movimiento en vísperas de los festejos por el 70º aniversario del Partido Comunista Chino (PCCh).

Además de pedir la retirada del proyecto de ley de extradición y la liberación de los detenidos por violencia, los manifestantes quieren una investigación independiente sobre la percepción de la brutalidad policial, la retirada de la palabra "motín" para describir las manifestaciones y el derecho del pueblo de Hong Kong a elegir a sus propios líderes. Las protestas han hecho que el presidente chino Xi Jinping se enfrente a su mayor desafío popular desde que llegó al poder en 2012.