Pablo Llarena

Aamer Anwar, abogado de la exconsellera, expresa en un comunicado que Ponsatí comparecerá ante la policía de Edimburgo el jueves 14 de noviembre.

Llarena envió la euroorden también directamente a la justicia escocesa, que tendrá que pronunciarse.

El Ministerio Público exige que las detenciones se efectúen por delitos de sedición, malversación y desobediencia.

El expresident catalán se ha personado voluntariamente este viernes en dependencias judiciales y "se ha opuesto" a su entrega a España.

También se ha dictado orden internacional de detención, por lo que puede ser arrestado en el caso de abandonar territorio belga.

Así se ha pronunciado sobre la criptomoneda, aunque consdidera que puede ser utilizada como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio.

El presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, considera que el referéndum supuso el "ejercicio de desobediencia civil más importante hecho en Europa".

JxCat considera que Torrent y la Mesa vulneraron los derechos políticos del expresident.

La querella también se dirigía contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. La magistrada considera que los delitos atribuidos a ellos no pueden configurar "ni remotamente" los tipos penales.

El magistrado, que imparte clase en la UOC, indica a infoLibre que dedica a la docencia un máximo de 75 horas por año de forma que no tiene que pedir la compatibilidad. La UOC evita pronunciarse sobre un caso concreto, pero calcula que un profesor invierte "un mínimo" de 120 horas anuales en un trabajo como el de Llarena.

La organización juvenil de la izquierda independentista dice que han llevado a cabo la acción "por petición popular" y señala al magistrado como símbolo del régimen del 78.

Donde el Alto Tribunal ve el componente esencial del delito de rebelión, la Audiencia reconoce que los hechos tuvieron lugar “sin emplear la violencia” y por tanto sólo encuentra motivos para acusar de sedición.

El Alto Tribunal rechaza tramitar las más de 300 diligencias solicitadas por las defensas con el argumento de que no corresponde realizarlas en esta fase del procedimiento.

El Alto Tribunal envía a juicio a Junqueras, los consejeros en prisión y al resto de procesados por rebelión en el procés.

La juez ve en el tuit un ejercicio de libertad de expresión dado que fue publicado en un contexto de debate político y crítica social, algo tenido en cuenta por el Tribunal de Estrasburgo

El Código Penal establece para el delito de rebelión de 15 a 25 años de prisión, e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

El Supremo se apoyó en febrero en el “contexto político” para negar la libertad provisional al exconseller Joaquim Forn y ahora dice que no puede tenerlo en cuenta para concedérsela a la exconsellera Dolors Bassa.

La decisión salió adelante con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Catalunya en Comú.

Conocían el "ineludible estallido social que resultaba inherente a los hechos y persistieron en realizar aportaciones esenciales" para que el referéndum tuviese lugar, asegura el juez instructor para justificar su acusación de rebelión.