Los servicios informativos de TVE renuevan a partir del 1 de enero de 2025 sus corresponsalías en Berlín, Rabat y Buenos Aires, que estarán cubiertas por los periodistas Alberto Freile, Arantxa Marculeta y Ana Jiménez, respectivamente, según ha informado este lunes RTVE y ha recogido EFE. Todos ellos cuentan con una amplia experiencia periodística.

Alberto Freile, nuevo corresponsal en Berlín en sustitución de Raquel González, es licenciado en periodismo por la universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fijo por oposición en RTVE desde 2007, ha trabajado en el Centro Territorial de Castilla y León, en las áreas de Magacines de Actualidad y Culturales y en varios espacios de los Servicios Informativos como Enfoque, La 2 Noticias y Los Desayunos de TVE antes de ser editor adjunto del Telediario en la Edición de Fin de Semana.

Arantxa Marculeta, nueva corresponsal en Rabat en sustitución de Ana Jiménez, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona, y ha desarrollado durante 25 años su carrera periodística en los Servicios Informativos de TVE, donde también ha presentado espacios relacionados con la actualidad informativa, el género de la entrevista y el documental. Entre ellos, El ojo en la noticia o programas de RTVE Cataluña como Sol d’estiu, El pèndol, Descobrint Zhejiang o Catalunya avui.

Ana Jiménez, que pasa de Rabat a Buenos Aires, donde se hace cargo de la oficina que hasta ahora ocupa Sagrario G. Mascaraque, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y está vinculada a RTVE desde hace más de 30 años, primero como redactora de El Ojo Crítico de RNE y desde hace más de 20 años en los Telediarios. Allí ha trabajado en el área de Nacional como redactora parlamentaria y ha cubierto numerosas campañas electorales, atentados terroristas, incluido el 11M en Madrid o manifestaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que España y Marruecos se han comprometido en el marco de la nueva relación que han entablado a evitar aquello que pueda ofender a las "esferas de soberanía" del otro y a recurrir siempre "al diálogo y no a los hechos consumados", según informa Europa Press. "Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía", ha afirmado durante el inicio de la sesión plenaria de la Reunión de Alto Nivel (RAN) en la que han participado los ministros de ambos gobiernos.

Sánchez ha sostenido que este encuentro con Marruecos consolida la nueva etapa en las relaciones que se inauguró con su encuentro con Mohamed VI el pasado mes de abril y ha defendido que los dos países lo hacen "con un gran sentido de la responsabilidad y conciencia histórica y, sobre todo, con la convicción profunda del enorme potencial que queda aún por explorar" y de que es beneficiosa para ambos pueblos.

Posteriormente, en una declaración sin preguntas al final de la RAN, se ha felicitado por el éxito de la reunión destacando que los dos países han iniciado una nueva etapa en la relación sustentada en una "genuina cooperación como nunca antes había existido". También ha destacado que se han sentado las bases para una nueva relación en la que lo que prima es el "clima de confianza mutua y genuina cooperación como nunca antes había existido". "Somos mucho más que vecinos", ha reivindicado.

Asimismo, ha agradecido el gesto de la llamada telefónica del rey Mohamed VI de la víspera, y su invitación para realizar una visita oficial "en próximas fechas".

Esta cita ha permitido reafirmar "la vigencia y la integridad de todos los acuerdos entre ambas partes", incluidos "los que fijan nuestras fronteras y los que establecen mecanismos de cooperación avanzada" y ha adelantado que los dos países procederán ahora a actualizar el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, tal y como quedó recogido en la declaración del 7 de abril.

El presidente se ha felicitado del cumplimiento de la hoja de ruta que marcó dicha declaración, resultado del encuentro que mantuvo con Mohamed VI tras el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, y ha indicado que de esta cita también sale una "agenda de trabajo" para los próximos meses.

Esto pasa, ha dicho, por "un diálogo reforzado político y de seguridad, con un mecanismo para dar seguimiento sistemático al cumplimiento de los acuerdos". En segundo lugar, ha añadido, por "una asociación económica avanzada, que desarrolle nuevos proyectos de inversión que acompañen el extraordinario proceso de desarrollo" de Marruecos.

En este punto, Sánchez se ha mostrado "muy satisfecho del éxito de la primera expedición comercial que tuvo lugar el pasado viernes a través de las aduanas de Ceuta y Melilla", uno de los principales puntos de la declaración del 7 de abril, puesto que la de Melilla estaba cerrada por Marruecos desde 2018 y en Ceuta nunca había existido. Según ha indicado, los dos gobiernos van a "garantizar juntos que estas aduanas sigan abriéndose de manera ordenada y progresiva hasta llegar a la plena normalización del paso de personas y mercancías". Para el Gobierno este es un punto importante, ya que ven en ello un reconocimiento por parte de Marruecos de Ceuta y Melilla, aunque el propio Sánchez ha sostenido en todo momento que su españolidad no está en tela de juicio.

Sánchez ha mantenido un encuentro bilateral con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, en la sede del Gobierno, mientras que los once ministros que le han acompañado se han reunido por separado con sus contrapartes para ultimar los más de 20 acuerdos que se han firmado en esta RAN, cuatro veces más que los suscritos en la última de 2015.

A primera hora de la mañana, y como es tradición entre los dignatarios que visitan Rabat, Sánchez ha acudido al Mausoleo de Mohamed V, abuelo del actual monarca y donde también está enterrado su padre Hasán II, para presentar sus respetos.

Tras un largo período de tensiones, las relaciones entre España y Marruecos entran oficialmente en una nueva fase. La delegación española encabezada por el presidente del Gobierno que este jueves acudió a Rabat para celebrar una cumbre al máximo nivel con Mohamed VI como anfitrión, no ocultaba su satisfacción a la salida del encuentro. “Es una buena noche”, describían fuentes diplomáticas. 

Varios meses de conversaciones entre el departamento del ministro José Manuel Albares y el gobierno marroquí desembocaron en la cumbre de Rabat, en la que se pudo concretar un comunicado conjunto de ambos países que incluye hasta dieciséis compromisos adquiridos. “Es una hoja de ruta duradera y ambiciosa”, dijo Pedro Sánchez durante su comparecencia ante la prensa, llegando a hablar incluso de “un momento histórico en la definición de nuestras relaciones bilaterales”. 

Desde el Ministerio de Exteriores también se recurrió al mismo término para definir lo que a juicio del Ejecutivo supone uno de los grandes avances de esa nueva hoja de ruta: “Lo que se dice hoy aquí de Ceuta y Melilla es histórico”, aseguran. En realidad, en ese comunicado conjunto no se menciona expresamente a las dos ciudades autónomas ni a la “integridad territorial” a la que el propio Sánchez aludió en su carta al rey de Marruecos. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo resaltan la trascendencia del punto 3 del acuerdo: “La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”.

En el Gobierno subrayan que la mención a los controles aduaneros terrestres son referencias obvias a Ceuta y Melilla, y valoran la aceptación de esos controles por parte de Marruecos como un salto cualitativo jamás dado anteriormente: “Por primera vez nos ponemos de acuerdo para implementar esos controles aduaneros en Ceuta y en Melilla”, sostienen fuentes diplomáticas que concluyen que el país vecino está llevando a cabo una aceptación de facto de la soberanía española de ambas ciudades. 

Los pasos fronterizos de ambas ciudades llevan más de dos años cerrados. La pandemia fue la causa oficial de una decisión que luego se ha mantenido el tiempo por la crisis diplomática vivida entre ambos países, con episodios muy sonados como el traslado del líder del Frente Polisario a un hospital español o la actitud de las autoridades marroquíes facilitando la entrada de cientos de personas a Ceuta en mayo del año pasado. Los problemas en la frontera, sin embargo, venían de mucho tiempo atrás y siempre relacionados con la concepción marroquí de ambas ciudades como territorios ocupados. En Ceuta, de hecho, no ha existido hasta ahora un reconocimiento de un control aduanero por parte de Marruecos. Y en Melilla, donde sí existía, se ha llegado a cerrar unilateralmente por parte de Marruecos en diferentes momentos de tensión política, con el consecuente colapso en el traslado de personas y mercancías. 

Ahora, los gobiernos español y marroquí se comprometen a desarrollar un grupo de trabajo que en el plazo máximo de tres meses vaya rehabilitando de manera escalonada la normalidad fronteriza. “Las propias autoridades de Ceuta y Melilla quieren que sea ordenado. No es tan sencillo como abrir una barrera y no queremos que se produzca un colapso. A lo mejor incluso podemos mejorar las cosas respecto a lo que se hacía antes, como en el caso de las personas porteadoras”, explican desde Exteriores. 

En el Gobierno también valoran como un avance trascendental lo pactado en el punto 2 del comunicado: “Los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados”. Ese destierro de la unilateralidad, otorga a España la certeza de que “la tranquilidad de nuestras fronteras está garantizada”, y de hecho el Gobierno asegura que el descenso de los flujos migratorios irregulares tanto en Canarias como en Ceuta y en Melilla es “drástico” desde que la colaboración con Marruecos quedó restablecida hace algunas semanas. 

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno se centró en las relaciones de España y Marruecos y no hizo mención alguna al cambio en la política exterior española respecto al conflicto del Sáhara. Antes, en conversación informal con los periodistas, Sánchez aseguró que el “paso adelante” dado por España en relación a ese conflicto apoyando explícitamente los planes de autonomía propuestos por Marruecos tienen el amparo de Naciones Unidas y suponen “la mejor salida para encontrar una solución diplomática” al conflicto. El presidente también reseñó que el enviado especial de la ONU será en todo caso garantía de que la solución final esté basada en un acuerdo entre todas las partes y destacó que la mayoría de países de nuestro entorno defienden una postura que, en su opinión, “es también la mejor para el interés general de España”. 

A pesar de que en el documento consensuado entre ambos países se evitan menciones explícitas a asuntos especialmente espinosos para Marruecos, sí aparece detallada la nueva postura española sobre el Sáhara que al Ejecutivo de Sánchez le ha supuesto una crítica unánime del conjunto de fuerzas parlamentarias. Sin ir más lejos, esa postura queda reflejada en el punto número 1: “España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”. 

Fuentes diplomáticas consultadas por infoLibre sostienen que lo que hace España es “ponerse al servicio del enviado especial de la ONU” en la búsqueda de una salida que sea mutuamente aceptable, volviendo a ser nuestro país “un activo en la búsqueda de un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario”. Esas mismas fuentes sostienen que un apoyo incondicional a la autodeterminación del pueblo saharaui se ha demostrado una postura que solo contribuye a un bloqueo de consecuencias indeseables para todas las partes. “Y 46 años son demasiados”, concluyen. 

La nueva etapa emprendida oficialmente este jueves en Rabat quedará sellada con una Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países antes de final de año. Según fuentes del Ejecutivo español el objetivo es llevar a cabo una actualización del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado en 1991, que pueda dotar de estabilidad “los próximos 40 años” de relaciones bilaterales. 

Estos son los puntos acordados este jueves por España y Marruecos como hoja de ruta para la relación entre ambos países:

1. España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo.

2. Los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados.

3. La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo.

4. Las conexiones marítimas de pasajeros entre los dos países se restablecerán de manera inmediata y gradual hasta la apertura de todas las frecuencias. 

5. Con este mismo enfoque se iniciarán los preparativos para la operación Paso del Estrecho/Marhaba. 

6. Se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos. 

7. Se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos. 

8. Se relanzará y reforzará la cooperación en el ámbito de la migración. El Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones se reunirá próximamente. 

9. La coordinación en el marco de las respectivas presidencias del proceso de Rabat, durante el período 2022-2023, se realizará de forma que se ponga de relieve la cooperación ejemplar que mantienen los dos países en este ámbito, en beneficio de un enfoque global y equilibrado del fenómeno migratorio. 

10. Se reactivará la cooperación sectorial en todos los ámbitos de interés común: económico, comercial, energético, industrial y cultural, entre otros. 

11. La facilitación de los intercambios económicos y las conexiones entre los dos países será objeto de una próxima reunión. 

12. El ámbito de la educación, la formación profesional y la educación superior será prioritario en esta nueva etapa. Se establecerá un grupo de trabajo específico con este objeto. 

13. Se fortalecerá la cooperación cultural. Se constituirá un grupo de trabajo sectorial en el ámbito de la Cultura y el Deporte. Se dará un nuevo impulso al Patronato de la Fundación Tres Culturas. 

14. Los informes de actividad de las reuniones y Grupos de Trabajo establecidos o reactivados se presentarán a la Reunión de Alto Nivel. 

15. Los dos países iniciarán conversaciones sobre la actualización del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991, sobre la base de los principios, parámetros y prioridades que deben guiar sus relaciones bilaterales en los años venideros. 

16. Su Majestad el Rey Mohamed VI y el Presidente del Gobierno de España, Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez, designarán un comité encargado de la puesta en práctica de la presente declaración en un plazo de tres meses.

La crisis humanitaria en Ceuta ha sacado a relucir no sólo los problemas en política migratoria de España y la UE con Marruecos, sino otros contenciosos que están enquistados y que afectan no sólo a cuestiones económicas, sino también diplomáticas. En el centro, la eterna disputa del reino alauí por el Sáhara Occidental. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente de sentencia el acuerdo de pesca que Rabat y Bruselas firmaron a principios de 2019 y que ha sido impugnado por el Frente Polisario, ya que el convenio incluye caladeros en la antigua colonia española. El valor total de las oportunidades pesqueras asciende a 208,7 millones de euros para cuatro años.

El acuerdo de pesca fue anunciado apenas un año después de una sentencia del TJUE que dictaminó que el convenio anterior no podría aplicarse en el Sáhara Occidental por estar pendiente de descolonización. La Comisión Europea, sin embargo, justificó en 2019 los términos del nuevo acuerdo afirmando que sí se podía incluir ese territorio y sus caladeros si se consultaba de manera "adecuada" a la población saharaui y se confirmaba que el acuerdo beneficia a esa zona. Así, aseguró entonces que se habían realizado "amplias consultas" tanto en el Sáhara Occidental como en Marruecos en las que quedó patente que "los agentes socioeconómicos y políticos que participaron en ellas se mostraron claramente a favor". El Frente Polisario y "otras partes" se negaron a participar en las mismas. Un mes después, el Parlamento Europeo ratificó las nuevas condiciones por 415 votos a favor, 189 en contra y 49 abstenciones.

Según los términos del acuerdo, la UE pagará a Marruecos por el acceso a sus aguas una media anual de 52 millones de euros, de los que 12 millones aproximadamente deberán ser abonados por los armadores europeos. A cambio, el país africano permitirá faenar en sus aguas a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles. En concreto, podrán pescar en aguas marroquíes 22 cerqueros españoles de pesca artesanal pelágica en el norte, 25 palangreros de fondo de pesca artesanal en el norte, 10 embarcaciones de pesca artesanal en el sur, 12 buques de pesca demersal y 23 cañeros para las capturas de atún. Además, la flota pelágica industrial europea aumentará sus posibilidades de pesca desde las 85.000 toneladas del primer año de aplicación del acuerdo hasta las 90.000 del segundo año y las 100.000 del tercero y del cuarto.

Según el Parlamento Europeo, el valor total de las oportunidades pesqueras, fijado en un protocolo anexo al acuerdo, asciende a 208.7 millones de euros para cuatro años (48,1 millones para el primer año, 50,4 millones para el segundo y 55,1 millones para cada uno de los dos últimos años).

El Polisario, relegado a "población afectada"

Las consecuencias no se hicieron esperar. El Frente Polisario demandó al Consejo Europeo, ya que considera que el movimiento es el "representante legítimo del pueblo saharaui" y el "único que puede dar el consentimiento" para el acuerdo Rabat-Bruselas, algo que no ha hecho. La UE, afirma, tampoco se lo pidió, negociando sólo con Marruecos. "La Unión y el Reino de Marruecos no tienen competencia para celebrar un acuerdo internacional aplicable al Sáhara Occidental, en lugar del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario", explica el recurso, que considera que la UE ha "vulnerado los principios y los valores esenciales que guían la actuación" comunitaria en el ámbito internacional.

Por un lado, argumenta, porque considera que la UE ha "violado el derecho de los pueblos al respeto de su unidad nacional", ya que el acuerdo "niega la existencia del pueblo saharaui sustituyéndolo por la expresión poblaciones afectadas"poblaciones afectadas. Por otro, porque ha "violado el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales", firmando un "acuerdo internacional que organiza, sin el consentimiento del pueblo saharaui, la explotación de sus recursos". Y además, porque el acuerdo impugnado es contrario a "las declaraciones de la Unión que, de manera reiterada, no ha dejado de afirmar la necesidad de respetar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados".

El Consejo de la UE, por su parte, argumenta que para firmar el acuerdo de 2019 se tuvieron en cuenta los resultados delproceso de consulta a la población local efectuado por el Servicio de Acción Exterior de la Unión para evaluar la repercusión de los cambios sobre el Sáhara Occidental y que hubo una opinión mayoritaria favorable al respecto. En respuesta a que el Frente Polisario se considera único representante del pueblo saharaui, el Consejo añade que Bruselas lo reconoce sólo como parte del proceso del estatuto final del Sáhara Occidental, al no tener ni la calidad de movimiento de liberación nacional reconocida por la ONU ni la condición de observador. En este sentido, alega que el Polisario no tiene la capacidad jurídica ni los recursos administrativos y aduaneros para firmar un acuerdo de pesca y que sólo Marruecos tiene la capacidad y los medios. 

Tanto España, Francia y la Comisión Europea como las cámaras de pesca marítima del Mediterráneo, del Atlántico norte, del Atlántico central y del Atlántico sur apoyan al Consejo de la UE en este contencioso.

La vista por el recurso del Frente Polisario se celebró el pasado mes de marzo y los magistrados están en fase de deliberación. Fuentes del TJUE consultadas por infoLibre explican que aún no hay fecha para la comunicación de la sentencia, si bien no se espera que sea en el corto plazo. La media estadística del tiempo que se demoran las sentencias en el tribunal es de algo más de dieciséis meses. La vista se celebró en el Tribunal General. La resolución puede ser recurrida ante una instancia superior, pero los efectos de la misma son ejecutivos.

Tal y como comentó a este periódico Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y experto en geopolítica del Magreb y política exterior española, la actitud de Marruecos en Ceuta tiene que ver en parte con la sentencia que se espera del TJUE, la cual, en su opinión, con toda probabilidad anulará el acuerdo de pesca de 2019.

Brahim Ghali, la excusa de Rabatexcusa

El otro frente judicial abierto que contamina estos días las relaciones con Marruecos está en España. Concretamente, en la Audiencia Nacional. Allí el juez Santiago Pedraz investiga dos querellas presentadas contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali, quien se encuentra ingresado desde hace unoas semanas en un hospital de Logroño por diversas afecciones agravadas por el coronavirus. Su presencia en España suscitó la indignación de Rabat y así se manifestó la embajadora marroquí Karima Benyaich al ser convocada por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, tras la crisis de Ceuta: "Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir".

La figura de Ghali, que tiene una larga experiencia militar, y su peso internacional no son cualquier cosa. Fue ministro de Defensa saharaui, ejerció como embajador del Polisario en España durante casi una década y después también en Argelia (2008-2015). Asumió el liderazgo de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tras el fallecimiento en 2016 de Mohamed Abdelaziz. Su presencia en España, desvelada por la prensa, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo había anunciado, es considerada por los expertos consultados por infoLibre como la excusa de Marruecos para provocar la llegada masiva de migrantes a Ceuta, pero no la motivación de fondo.

Los autores de las dos querellas contra Ghali son el activista saharaui Fadel Breica y la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH): el primero le acusa de delitos de detención ilegal y torturas que dice haber sufrido en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf; la segunda denuncia el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 citó a declarar a Ghali para el próximo 1 de junio, pero ahora los querellantes le han pedido que ordene su detención inmediata ante el temor de que Ghali pueda eludir la citación en caso de que se recupere pronto de sus dolencias.

El líder del Polisario enfrenta desde hace tiempo la acusación de ASADEDH. Ya en 2016, el anterior magistrado titular de ese juzgado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, le citó a declarar una vez supo que tenía previsto viajar a España para participar en una conferencia en Barcelona. Finalmente, Ghali no se desplazó.

Más de 1.500 migrantes han sido enviados a la península en traslados puntuales y discretos bajo control policial desde que se inició la crisis en Canarias por la llegada de pateras y el hacinamiento en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según los datos del Ministerio del Interior, desde septiembre han llegado a Canarias más de 12.800 migrantes en un contexto de crisis que ha llevado al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, a viajar este viernes a Rabat para entrevistarse con su homólogo marroquí.

Se trata de traslados puntuales a la península priorizando entre los migrantes a aquellos que tienen perfiles de protección internacional y de colectivos vulnerables, según las citadas fuentes.

Diferentes colectivos sociales llevan semanas pidiendo que se aceleren estos traslados a la península para aliviar la situación de insalubridad que sufren las 2.000 personas que aguardan en el muelle de Arguineguín. El Gobierno ya ha autorizado el traslado de unos 400 migrantes desde aquí al campamento militar levantado en Barranco Seco.

Este jueves, el Ministerio del Interior ordenó el envío a la zona de dos grupos de antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como refuerzo para hacer frente a la presión migratoria en Canarias.

Autoridades locales y también partidos de la oposición han solicitado la dimisión de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, José Luis Escrivá —que ha viajado a Canarias este viernes con el titular de Transportes, José Luis Ábalos—, por la deficiente asistencia a los migrantes, que han llegado a deambular durante horas por las islas al estar colapsados los sistemas de acogida.

La empresa de transportes Alsa, que forma parte del grupo británico National Express, también recurrió a los servicios de la trama liderada por los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna para tratar de conseguir la adjudicación del contrato del transporte público urbano de Rabat, la capital de Marruecos.

Un informe de la unidad de auxilio a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria, que fue registrado en la Audiencia Nacional el 25 de abril pasado, especifica que la sociedad de la trama Dial Trading, que es propiedad del denunciante José Faya López, percibió 95.580 euros del Grupo Alsa.

Pero en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de diciembre de 2015, el propio Faya reconoce que el dinero que recibió de la compañía de transportes de origen asturiano lo repartió con el exdiputado De la Serna y el exembajador en IndiaDe la Serna: "Dial Trading facturó por ese contrato con Alsa 80.000 euros, de los cuales Gómez de la Serna (Scardovi) cobró el 35% de lo facturado a Alsa y el señor Arístegui (Kamaroc) percibió el 35%". El 30% restante se lo quedó Faya.

Vicepresidente de Alsa

En el sumario consta también un contrato de asesoramiento y prestación de servicios profesionales, fechado en Madrid el 1 de agosto de 2011, entre la empresa de Faya y Francisco Javier Carbajo de la Fuente, que desde marzo pasado es el vicepresidente de la compañía de autobuses, según el periódico La Nueva España.

El motivo del acuerdo entre Faya y Alsa, según consta en el sumario, "era participar en una licitación en Rabat para la gestión del transporte urbano". Y en el documento se especifica la contraprestación que abonará la empresa de autobuses: "Alsa hará efectiva a Dial Trading la cantidad de 12.500 euros [al mes]. En el caso de que Alsa decidiera presentar oferta a la licitación en los 12 meses siguientes a contar desde la convocatoria por parte de las autoridades marroquíes competentes resultando adjudicataria de la misma, Dial Trading percibirá de Alsa la cantidad de 200.000 euros como prima de éxito".

En un auto de 7 de junio pasado, el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, anuncia la citación, en calidad de testigo, de las personas que firmaron acuerdos con la trama, entre los que se encuentra el representante de Alsa en la operación de Marruecos Francisco Javier Carbajo de la Fuente.

La familia de Arístegui

Un segundo contrato del sumario, de fecha 1 de septiembre de 2011, también está relacionado con el contrato de Rabat. Los firmantes del documento son el propio Faya y el ciudadano de nacionalidad francesa Same Thierry Baghdadi, vinculado con la familia política de Arístegui.

Y la justificación del acuerdo es la "representación o asesoramiento a empresas del sector del transporte de pasajeros por carretera". Además, Dial Trading reconoce a Same Thierry como su "único interlocutor en Marruecos" para mantener los contactos con Alsa en relación al procedimiento de licitación. La retribución acordada en el acuerdo suscrito entre Alsa y Dial Trading, de 15.000 euros mensuales entre el 15 de enero de 2012 y el 15 de abril de 2012, "serán abonadas a Same Thierry Baghdadi o las sociedades que este indique", completa el documento.

El denunciante del caso, José Faya López, aseguró en este caso que al final la compañía de autobuses no logró hacerse con el servicio de transporte urbano de la capital marroquí.

Intermediación

Faya aportó en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción una factura, por un valor de 10.254 euros, que emitió la empresa a Scardovi, de Gómez de la Serna, a la sociedad Dial Trading por "honorarios profesionales por la intermediación en la apertura de mercados internacionales para Alsa Grupo durante noviembre y diciembre de 2011", según un informe al que ha tenido acceso infoLibre. Karistia Maroc, que pertenecía a la suegra de ArísteguiArístegui, que es de nacionalidad marroquí, también recibió otros 10.254 euros del dinero que abonó Alsa.

Faya explicó además en su declaración en Anticorrupción que Arístegui "tuvo conocimiento de que se iba a licitar el transporte público de la ciudad de Rabat", y como no podía incluir a la empresa de su suegra en la operación, necesitaba otra firma que actuase como agente de la misma, ya que ellos "no podían participar porque las gestiones en el Ministerio de Transporte marroquí las realizó Same Bahdadi, quien es un familiar de la mujer de Arístegui".

Preguntado sobre la posibilidad de que la trama abonara una mordida a las autoridades marroquíes, Faya aseguró desconocer si se pagaron sobornos a las autoridades del país africano, aunque especificó que la adjudicación "no llegó a celebrarse".

Reparto al 50%

Los documentos que obran en el sumario explican que las cantidades de dinero que recibían las dos sociedades, Scardovi y Karistia, se repartían a partes iguales. De hecho, el documento de Hacienda especifica que es Scardovi la que ingresa la mayor parte del dinero, que percibían al 50% los exdiputados del PP.

La compañía de autobuses Alsa está presente en Marruecos desde 1999 y opera en Marrakech, Agadir, Khouribga y Tetuán. La propia firma creada en Luarca (Asturias) asegura que una buena parte de los 98,5 millones de euros que ganó en 2015 se deben a la recuperación del tráfico de viajeros en España y al "fuerte" crecimiento de la actividad que desarrolla en Marruecos.

infoLibre ha solicitado a la empresa Alsa que explique su versión de los hechos, pero no ha contestado a la reclamación de este diario.

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Lanzarote denunció este domingo los "abusos" de Marruecos hacia activistas saharauis en el aeropuerto de Casablanca, según informó la federación en una nota de prensa.

La formación se refirió así a una delegación de activistas saharauis de las zonas ocupadas que ha formado parte en los trabajos de la universidad de verano de la Universidad Egdeim Izik, celebrada en la ciudad argelina de Bumerdas, que supuestamente ha sido retenida a su llegada al aeropuerto de Casablanca por la policía marroquí.

IUC señaló que la delegación de activistas saharauis protestó de forma pacífica por el trato recibido y que les fueron confiscados sus certificados que les acreditan como participantes en estas jornadas universitarias, además de otros enseres personales y propiedades, como libros.

Agregó que "al cabo de una hora y media de protesta pacífica, la policía presentó un destacamento de Intervención Rápida que desplegó alrededor de los manifestantes sentados en el suelo del aeropuerto".

"Según las últimas informaciones recibidas se les ha prohibido hasta ir al baño y también cargar las baterías de sus teléfonos, están completamente bloqueados", concluyó IUC.

Decenas de manifestantes resultaron heridos por la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la manifestación celebrada ayer sábado en El Aaiún, capital histórica del Sáhara Occidental, para protestar contra la firma de un acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea que incluye los caladeros saharauis.

La concentración se celebró en la tarde del sábado, 7 de diciembre, en la calle Esmara de la capital saharaui y estaba convocada por la Coordinadora de Gdeim Izik, según han informado tanto la agencia de noticias saharaui SPS como la ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW).

Los manifestantes corearon consignas pidiendo la liberación de los presos saharauis y denunciando el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental. La marcha pudo celebrarse durante apenas diez minutos hasta que las fuerzas de seguridad marroquíes, con agentes vestidos tanto de uniforme como de civiles, cargaron para dispersar la protesta. WSRW denunció que "la Policía intervino de forma brutal". Entre los heridos, al menos una docena, según WSRW, habría al menos un adolescente de 13 años.

"Un anciano de unos sesenta años, una manzana más abajo de donde yo estaba, fue golpeado en la cabeza con una porra", relató la activista noruega Hodad Gulaid. "Aquí la gente parece muy frustrada por los planes de la UE y porque la UE no les ha consultado y requerido su consentimiento a la negociación de este acuerdo", añadió.

Cláusula de suspensión

El Parlamento Europeo votará el próximo martes el polémico acuerdo de pesca con Marruecos, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, antigua colonia española ocupada militarmente y no reconocida por la comunidad internacional como de soberanía marroquí. Los buques europeos obtendrán con el acuerdo 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiarán a 700 tripulantes aproximadamente. Además supone un incremento del 33% de las posibilidades de pesca de la flota comunitaria –once Estados miembros faenan en la zona– con respecto al régimen anterior. A cambio, Marruecos recibirá un pago anual de 40 millones de euros durante cuatro años.

Los saharauis reclaman que sus aguas sean excluidas del acuerdo porque no reconocen el derecho de Rabat a gestionar sus recursos, pero Bruselas y los 28 dan por bueno que se mantengan, a cambio de una cláusula que prevé la suspensión del convenio si se vulneran derechos fundamentales. La Unión Europea también exigirá a Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui se beneficia de la ayuda y del empleo que proporciona el nuevo acuerdo.

Casi 200 personas han sido rescatadas en los últimos tres días cuando intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar. Ayer lunes, efectivos de Salvamento Marítimo tuvieron que asistir a 59 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas, que viajaban en nueve pequeñas barcas hinchables. Todos los inmigrantes eran de origen subsahariano y han sido trasladados al puerto de Tarifa (Cádiz).

Este grupo se une a las 92 personas rescatadas el sábado a bordo de 14 pateras y a las 45 que fueron avistadas el domingo cuando intentaban llegar a España haciendo uso de otras seis embarcaciones. En total, 196 personas. Según los datos facilitados por Salvamento Marítimo, en lo que llevamos de año 1.428 personas han tenido que ser rescatadas, un 22% más que en los seis primeros meses de 2012. Si se observan los datos en el área de Tarifa, el aumento es aún mayor: 1.172 personas asistidas frente a las apenas 340 entre enero y junio de 2012.

Organizaciones como Cruz Roja destacan las malas condiciones en las que los migrantes alcanzan la costa española. "Llegan agotados, después de muchísimas horas de viaje a remo, calados y, en ocasiones, con síntomas de hipotermia severa. Cruzar el Estrecho supone un gran esfuerzo", señala Miguel Domingo, técnico de la organización en Cádiz. Domingo subraya además la precariedad de las embarcaciones que emplean: "Son lanchas de juguete como las que se utilizan en la playa. Son inflables impulsadas a remo que no están preparadas para cruzar largas distancias ni para las corrientes del Estrecho".

¿Pero qué factores explican el aumento de los últimos días? Salvamento Marítimo asegura que durante este fin de semana se ha registrado un temporal de fuerza 8 –sobre un máximo de 12 niveles–, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora, grandes olas y mar gruesa. Mal tiempo, en definitiva, poco adecuado para intentar atravesar los escasos 15 kilómetros que separan la costa de Marruecos de las playas andaluzas.

Desde Red Acoge afirman que, mientras sigan existiendo conflictos bélicos y pobreza en África, Europa seguirá viéndose como una puerta de entrada a una "vida mejor" y creen que la escasez de noticias en verano hace que los medios presten más atención.

Comparecencia de Fernández Díaz

Por su parte, Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, denuncia que la represión de la policía marroquí es lo que ha provocado una huída hacia delante de los migrantes, pese a las malas condiciones de las aguas del Estrecho. Maleno denuncia "redadas arbitrarias en el norte de Marruecos" en los últimos días y detalla algunas prácticas que contravienen "la ley marroquí de inmigración y las convenciones internacionales": "La Policía quema sus pertenencias, les rompen las tiendas y los deporta a la frontera con Argelia", afirma.

Maleno también dice que se producen robos por parte de los oficiales marroquíes e incluso da cuenta de una violación a una menor de Costa de Marfil que demandaba asilo y que, según los datos de los que dispone la ONG, habría sido atacada sexualmente por tres policías en Tánger. Además, asegura que los inmigrantes han contado que Marruecos, al tiempo que ha incrementado la presión policial, ha relajado la vigilancia que ejerce sobre los intentos de salida hacia costas españolas.

Ante los acontecimientos de los últimos días, el PSOE ha pedido este lunes la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre el aumento de la llegada de inmigrantes irregulares.

El secretario federal de Organización del PSOE, Óscar López, pidió este jueves –como lleva haciendo su partido toda esta semana– "explicaciones urgentes" sobre la lista de presos indultados por Marruecos y cargó contra la "mala gestión" que, a su juicio, se ha llevado en este caso.

"Hacen falta explicaciones urgentes ya por parte del Gobierno de España", advirtió López, quien insistió en la necesidad de conocer cuanto antes la lista elaborada desde la Embajada de España en Marruecos con su propuesta para indultos y traslados de presos y los casos concretos para saber quiénes son esos condenados y por qué estaban en prisión. A su juicio, es preciso que el Gobierno central explique con urgencia qué ha pasado en este asunto en el que ha habido "una mala gestión".

Por su parte, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, insistió en que en este caso ha habido "una enorme confusión" y una "sucesión de errores", en los que la parte marroquí ha "intentando enmendar" parte, pero sobre los que el Gobierno no da "explicaciones".

En declaraciones a La Sexta, en el programa Al rojo vivo, recogidas por Europa Press, la exministra de Asuntos Exteriores insistió en que el PSOE quiere que el Gobierno "aclare dónde están" los presos "indultados por error" y si estaban en la cárcel por "delitos graves o preocupantes".

Los demás, por narcotráfico

Así, recordó que los socialistas registraron ya preguntas sobre este asunto en el Congreso y avisó de que si el Gobierno "deja de cumplir con sus obligaciones", el PSOE pedirá que comparezcan los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La cadena Ser ha tenido acceso a la tabla completa de los 48 indultados por el rey (Liste de detenus espagnols) y asegura que, salvo el caso del pederasta Daniel Galván, los demás –dos mujeres y 46 hombres– fueron detenidos por narcotráfico de hachís. Sin embargo, eso no libra al estadillo de polémica porque, como han indicado El País y el marroquí Lakome, uno de los perdonados por el soberano alauí, Mohamed Mounir Molina, ni siquiera había sido juzgado y, al tener la doble nacionalidad, no podía ser trasladado a España. 

Uno de los presos españoles que fueron indultados el pasado 30 de julio por el rey de Marruecos, Mohamed VI, es un hispano-marroquí que ni siquiera llegó a ser juzgado y que además ni cumplía los requisitos para ser perdonado ni para terminar de cumplir su condena en España, según el portal de noticias marroquí Lakome. Como recuerda la web, tras el caso del pederasta Daniel Galván Viña y el de Antonio García Ancio –camionero condenado a diez años de prisión por narcotráfico–, se trata de otro nuevo "escándalo" que corre el riesgo de "causar estragos en el seno de la diplomacia española". 

Mohamed Mounir Molina, que había sido acusado de tráfico internacional de drogas, transporte internacional de drogas y constitución de banda organizada, opuso resistencia en el momento de su detención, hace aproximadamente un mes, utilizando un arma de fuego contra los policías que acababan de pillarle. Estaba previsto que el juicio comenzara el pasado jueves, 1 de agosto, en el Tribunal de Apelación de Alhucemas, pero ese día el juez constató que el acusado no estaba allí, no se hallaba en la sala, dispuesto para afrontar la vista oral. Había sido liberado 48 horas antes de que se iniciase el proceso judicial, tal y como cuenta Lakome, uno de los primeros medios que informó sobre el caso del pederasta Galván, cuyo indulto acabó siendo revocado el pasado domingo, en una decisión insólita. Según explicaron a Efe fuentes de la Asociación Rif de Derechos Humanos, fue el único que fue excarcelado de la prisión de Alhucemas el mismo día 30, cuando el soberano anunció la amplia medida de gracia. 

Mounir Molina, hijo de padre marroquí y madre española, figuraba en el número 19 de la famosa lista de 48 presos españoles que perdonó el soberano alauí. Y su liberación fue pedida por la Embajada española en Rabat, la responsable de elaborar los dos estadillos –uno, con los 18 reos indultables; la otra, con los 30 de los que requería la repatriación– que las autoridades marroquíes fusionaron, sin que se haya explicado aún cómo ni por qué. Pero no había ninguna razón para que Mounir Molina figurara en esa relación: las personas que tengan doble nacionalidad no pueden ser elegibles para su traslado, pero es que ni siquiera estaba condenado ni juzgado. Sólo era un preso preventivo. 

Exteriores se ha visto obligado a salir al paso. Fuentes diplomáticas explicaron este jueves a Efe que el peso Mounir Molina se encontraba en una cárcel marroquí, lo que le hacía "asimilable" al resto de reos españoles. Su nombre, tal y como habían adelantadoLakome y El País, fue incluido en la lista de reclusos indultables elaborada por el Consulado de España en Nador, cuyo titular era entonces Jorge Cabezas. Después, esa relación que salió de Nador se sumó a las otras que remitieron los otros seis consulados a la Embajada y este la envió al palacio real junto con la table de 30 presos para los que la legación diplomática solicitaba el traslado. Cabezas acaba de ser nombrado ministro consejero en la Embajada de España en Caracas (Venezuela), y ninguno de los dos diarios ha podido confirmar si abandonó su puesto antes incluso de que la lista se rebotara a Rabat. "¿Quién puso el nombre de Mohamed Mounir Molina en el listado? ¿Y por qué?", se pregunta el medio marroquí.  

Otra vez la Ley de Protección de Datos

Desde Exteriores justificaron a Efe que las autoridades marroquíes, cuando pidieron la lista de posibles liberados, no pusieron "ninguna condición previa". Los indultos en el país vecino, dijero, son "muy amplios", ya que el monarca tiene "mucha más prerrogativas" que en España, donde la medida de gracia –privativa del Consejo de Ministros, no del rey– está "tasada, limitada y muy restringida". A ese respecto, el Gobierno se remite al artículo 58 de la actual Constitución marroquí, que dice simplemente, sin más precisiones, que "el rey ejerce el derecho de gracia". 

El Gobierno de Mariano Rajoy se niega, en cambio, pese a las sucesivas revelaciones, a facilitar la lista de los 48 presos agraciados por Mohamed VI, y para ello esgrime una razón, cuanto menos, chocante: la Ley de Protección de Datos. Misma razón que Exteriores dio hoy a Efe para no aclarar qué "circunstancias personales" de Mounir Molina llevaron a incluirlo en el estadillo. Sin embargo, el nombre de los reclusos indultados en España aparece publicado siempre en el Boletín Oficial del Estado. El PSOE ya ha reclamado al Ejecutivo que aclare quiénes componían el listado, especialmente los otros 29 para los que España reclamó sólo el traslado, no el perdón. 

La lista la componen 48 nombres y sólo se conocen dos nombres: Daniel Galván Viña, pederasta, condenado a 30 años de prisión por abuso de menores, y Antonio García Ancio, que carga con una pena de diez años por tráfico de hachís. Pero a partir de ahí se acaba la información. No se sabe la identidad de los otros 46 indultados por Mohamed VI –el soberano alauí revocó después el perdón a Galván–, y el Gobierno no está dispuesto a facilitarla y para ello invoca la Ley Orgánica de Protección de Datos, una norma pensada para regular el tratamiento de los datos personales y la creación de ficheros de carácter personal y que nada tiene que ver con las medidas de gracia. 

El pasado lunes, este diario reclamó al Ministerio de Exteriores el listado de los 48 reclusos a los que Marruecos concedió la medida de gracia. No hubo forma. Es información "reservada", alegaron fuentes del departamento. Para entonces, el Gobierno ya había explicado que la Embajada de España en Rabat había sido la responsable de la confección de los dos estadillos que se presentaron a las autoridades del país magrebí: uno, con la propuesta de 18 reos indultables; el otro, con los nombres y apellidos de 30 internos para los que se solicitaba la repatriación. En esta segunda relación figuraba Galván. Marruecos, por "error", fusionó ambas listas y el soberano indultó directamente, sin discriminación, a los 48 españoles. 

infoLibre volvió a dirigirse ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel García-Margallo –que hasta ahora no ha dado ningún tipo de explicaciones públicas–, para reclamar el listado completo de los 48 indultados. "Esa lista no es pública. Y tenemos previsión de hacerla pública, pese a que lo haya pedido la oposición. No lo hacemos por la Ley Orgánica de Protección de Datos", justificaban fuentes diplomáticas. El Gobierno se escuda en los artículos 6 y 7 de la norma aprobada en 1999.

El primero de esos artículos invocados por Exteriores alude genéricamente al "consentimiento del afectado" para la recogida de datos suyos de carácter personal, y el segundo, a los datos "especialmente protegidos", como la ideología, la religión o las creencias. En el punto 7. 5 –epígrafe expresamente citado por las mencionadas fuentes– se estipula que "los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras". Pero en este caso no se habla de ficheros, sino de que el Gabinete de Mariano Rajoy divulgue los nombres que él mismo recogió en una doble tabla entregada a Marruecos. 

Justicia no sabe la situación de los 29 perdonados por "error"

La justificación gubernamental choca más aún si se tiene en cuenta que el Consejo de Ministros lleva al Boletín Oficial del Estado cada indulto que aprueba, ofreciendo en cada caso el nombre del agraciado, el delito cometido y la pena recibida. ¿Por qué entonces la discriminación? Fuentes diplomáticas ofrecieron como único argumento que el pasado 30 de julio quien perdonó fue el rey Mohamed VI –y no el Ejecutivo español–, y los beneficiarios, reos condenados en Marruecos (y no en España). Sin embargo, fue la propia Embajada la que elaboró la relación de reclusos que se entregó a las autoridades del país vecino, como han recalcado el Gobierno y el PP.

El Gobierno alega hasta desconocimiento de la situación de los otros 29 indultados por "error": ayer, el director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, dijo ignorar qué había pasado con ellos. En una charla informal con periodistas, reconoció que no sabía las penas concretas por las que habían sido sentenciadas esas personas, aunque "en más de un 90%" lo son por tráfico de drogas, informa Europa Press. 

La oposición exige saber qué ha pasado con Galván y con los demás. El PSOE, a través de su vicesecretaria general, Elena Valenciano, y su secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, presionó al Gobierno para que facilitase la tabla completa porque, aparte del pederasta, hay "29 errores más". "También nos gustaría saber quiénes son esas 29 personas indultadas por error", aseguró la número dos en la Ser. Horas más tarde, Valenciano exigió de nuevo "toda la información" de los presos indultados en su muro de Facebook. "La lista debe ser pública". Tal y como adelantó la dirigente socialista a este periódico, si el Gobierno no ofrece las identidades de los otros indultados, reclamará la lista a través de una pregunta en el Congreso.

Ricardo Sixto, portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y secretario de Comunicación de IU, "no descarta en absoluto" demandar todo el listado. "No es de recibo que Exteriores se ampare en la Ley de Protección de Datos, porque no es una cuestión de datos personales, sino de claridad y de transparencia. ¿Por qué no lo hace el Gobierno? Porque ya van muchas meteduras de pata. Si se pidió el traslado de 30 reclusos, es porque sus delitos eran de cierta entidad. ¿Por qué se les incluyó a ellos y no otros? ¿Con qué criterios se hizo el listado?". 

Sixto reiteró que no tiene "ninguna lógica" que el Gabinete del PP se niegue a dar nombres, cuando en España para pedir indultos "hasta se hacen campañas". Es el caso de Antonio García Vidriel, un camionero preso y enfermo detenido en 2012 y condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas. La plataforma Presos Marruecos impulsó la recogida de firmas en Change.org para empujar a favor de su traslado. Él fue el único recluso al que el rey Juan Carlos citó en su viaje a Marruecos del mes pasado, y sin embargo no fue perdonado. Sí obtuvo la gracia real su hijo, Antonio García Ancio. A ambos los arrestaron con casi nueve toneladas de hachís. 

Figura regulada en España por una ley de 1870

La fundación ciudadana Civio, a través de su proyecto El indultómetro, ha venido denunciando la "arbitrariedad" que pesa sobre la figura del indulto. Y no es una cuestión privativa del soberano alauí, claro. "En Marruecos y en España funciona de forma parecida. Quitado el detalle de que en España el indulto no es revocable y en Marruecos parece que sí, no hay muchas diferencias", asegura el cofundador y director de la plataforma, David Cabo. Aquí, el Ejecutivo tiene la obligación de publicar en el BOE el nombre del perdonado, el delito, la pena que recibió y el tipo de indulto, pero ahí se acaban las explicaciones, porque "no tiene que decir por qué concede una medida de gracia al reo, ni hacer caso al informe del juez. Es una medida, por tanto, discrecional, y regulada por una ley de 1870. La diferencia es que ahora el Ejecutivo del PP se niega siquiera a proporcionar esos mínimos detalles. "La Ley de Protección de Datos es la que se usa para todo, la que siempre se invoca para no dar información, o directamente no se contesta. Y no hay forma de obligar a la Administración, menos aún cuando todavía no existe una Ley de Transparencia". 

En números absolutos, tampoco es tan excepcional la cifra de agraciados por el último perdón real de Mohamed VI, el pasado 30, con motivo de la Fiesta del Trono: 1.044 reclusos en total, 48 de ellos españoles. Como recogió Civio, el 1 de diciembre de 2000 recibieron la medida de gracia 1.328 presos de una tacada –entre ellos, el exjuez Javier Gómez de Liaño, hoy abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas–, un indultazo indultazoque el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó por la cercanía del fin del milenio y porque aquel era un año jubilar.

10.158 indultos desde 1996, unos 600 al año

Desde 1996, según los cálculos de la fundación, se han decretado en España 10.158 indultos, unos 600 por año (1,64 al día). En todos estos años, se ha perdonado todo tipo de delitos: contra el medio ambiente, prevaricación, malversación o delitos cometidos contra la libertad individual. Y a veces el Gobierno ha indultado contra el criterio de los jueces, como ocurrió con cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturar, amenazar, golpear y meter una pistola en la boca a un hombre detenido por error. Tras un primer perdón, las penas se redujeron a dos años y así, se evitaba teóricamente la cárcel, pero la Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decidió su ingreso en prisión. El Gobierno de Rajoy volvió entonces a perdonarles. 

El indulto es una prerrogativa tan exclusiva del Gobierno que ni siquiera los tribunales pueden oponerse a ella más que por cuestiones formales, por que el Ejecutivo se haya saltado algún paso, como ocurrió con el perdón que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander hasta el pasado abril. Como resume Cabo, "hay casos de sobra por los que indignarse: terroristas de estado, corruptos, policías torturadores, kamikazes, funcionarios prevaricadores, más de 1.000 indultos de una vez...".

Quien confeccionó la lista en la que se incluyó el nombre del pederasta Daniel Galván Viña fue la Embajada de España en Rabat. El Gobierno de Mariano Rajoy responde así cuando se le pregunta quién se encargó de dar el nombre del reo a las autoridades marroquíes. Y se encargó la legación diplomática porque es ella "la que tiene conocimiento sobre el terreno", la que tiene un "conocimiento directo" de la situación de todos los presos españoles en cárceles del país magrebí. Son las explicaciones que ofrecieron fuentes conocedoras del proceso consultadas por infoLibre ayer lunes, día en que se produjo la detención de Galván en Murcia.

Según el relato hilado por las citadas fuentes, tras el buen clima que presidió la visita del rey Juan Carlos a Mohamed VI el mes pasado, Rabat se dirigió a la embajada y le pidió una "propuesta" de personas a las que quería que se indultase o trasladase a España. Fue entonces cuando se presentaron al Gobierno marroquí dos listas. En una se contenían las peticiones de indulto para 18 presos, y en la otra las solicitudes de traslado de otros 30 reos, tal y como confirmó a Efe el mismo embajador en Rabat, Alberto Navarro. En el segundo listado aparecía el nombre de Galván Viña, de 63 años, condenado a 30 años de cárcel por abusos a 11 menores de edad. El monarca alauí, sin embargo, ordenó la liberación de los 48 reclusos el pasado 30 de julio. De modo que fue una "metedura de pata" de Marruecos que el pedófilo fuera puesto en libertad. 

La excarcelación generó polémica y protestas en las calles de varias ciudades del país, hasta el punto de que Mohamed VI se vio obligado a aclarar que "jamás" fue "informado" de la "gravedad de los crímenes abyectos" de Galván y, después, a revocar su propia decisión y anular el perdón. Dos decisiones sin precedentes. Ayer, 5 de agosto, la orden internacional de detención cursada por Rabat a través de Interpol hizo posible que la Policía española pudiera arrestar al pederasta en un hotel de Murcia, para ponerlo hoy a disposición de la Audiencia Nacional.

El ministerio confirma que obedeció a "criterios consulares"

¿Con qué criterio se elaboraron las listas? Según dijo a Efe Navarro, el Ministerio de Asuntos Exteriores español verificó que "no hubiera ninguna persona con delito de sangre". En Madrid, las fuentes conocedoras del proceso señalaban que "normalmente" se piden medidas de gracia o traslados para "personas de avanzada edad o que estén enfermas, que vayan a cumplir su pena próximamente o que estén en prisión por delitos menores", como el tráfico de drogas. Galván, en cambio, fue condenado en 2011, por lo que aún le restaban 28 años de pena. El mismo reo ni pidió su indulto, aunque sí su repatriación.

Las citadas fuentes insistieron en que, quien conoce "el terreno", la realidad de los más de 200 reclusos españoles en Marruecos, es la propia Embajada. El secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito, confirmó en Hora 25, en la Ser, que la elaboración de los estadillos partió de la Embajada, según "criterios consulares", técnicos, en virtud de los cuales se incluyó en los listados a aquellos que cumplían los requisitos que exige "el convenio de traslado de personas condenadas". Desde la Moncloa, fuentes oficiales consultadas por este diario se aferraban asimismo a la versión de Exteriores: fue la legación la directamente responsable de la confección de las listas, porque ese es el "procedimiento habitual". Este periódico no pudo contactar con la representación diplomática en el país magrebí.

No obstante, esta versión no fue ni mucho menos la que emergió en un primer momento. El pasado 1 de agosto, cuando ya se había desatado la indignación entre los marroquíes, fuentes de Exteriores subrayaron a Efe y Europa Press que correspondió a Rabat la elaboración de la lista de indultados y añadieron que España no propuso ningún nombre. La intervención del ministerio, reseñaron, se limita a la atención consular a los liberados para agilizar los trámites que les permitan volver a España.

Reunión en Madrid de las dos delegaciones

Así operó, de hecho, el Consulado General en Rabat con Galván. Este se dirigió allí en cuanto fue liberado y, como su pasaporte "estaba caducado", se le concedió "un salvoconducto" para que pudiera salir de Marruecos y regresar a nuestro país. "No se le dio un pasaporte exprés, como dice el PSOE, sino un salvoconducto", precisaron las fuentes consultadas.

Quienes también se descargaron de toda responsabilidad fueron el Ministerio de Justicia y la Casa del Rey. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, según fuentes oficiales, no hizo "ninguna gestión": ni elaboró ninguna lista ni facilitó ningún documento al pederasta excarcelado. Su intervención arranca a partir de que Mohamed VI revocara el indulto, pues el rey alauí dio órdenes a su ministro de Justicia, Mustafá Ramid, para que examinara con su homólogo los pasos a seguir tras la retirada del perdón real. Ramid y Gallardón acordaron que hoy martes se vieran en Madrid dos altos funcionarios marroquíes –el jefe de Gabinete del ministro y el director general de Asuntos Penales– y el director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ejecutivo de Rajoy, Ángel Llorente. Las dos delegaciones estudiarán qué opción es la óptima: la devolución de Galván a Marruecos, que cumpla su condena en España...

La Zarzuela, por su parte, insistió en que el rey, durante su visita al reino alauí, simplemente "se interesó" por la situación de los presos españoles en Marruecos, sin hacer ninguna petición de indulto colectivo. Sí solicitó expresamente el traslado del recluso Antonio García Vidriel, un camionero mayor condenado a seis años de cárcel por un delito de tráfico de drogas en Tánger. Los familiares de García Vidriel se habían dirigido a la Jefatura del Estado para buscar la mediación del monarca y que este demandase su repatriación por razones humanitarias, por sus problemas de salud. El departamento de Gallardón ya había enviado a Rabat la comunicación para el inicio del expediente de traslado en abril. El monarca recordó la situación de García Vidriel al primer ministro marroquí, Abdelilah Benkirán, y este respondió enseguida. Al término del viaje oficial, el Ministerio de Justicia remitió toda la documentación a Madrid, así que lo único que falta es que Rabat lo entregue a España. El reo no se encontraba en la relación de 48 indultados de Mohamed VI. 

Destitución del director de Prisiones marroquí

En el Gobierno y en la Zarzuela recalcaron ayer que Juan Carlos no tuvo nada que ver en todo el proceso. Sin embargo, el comunicado difundido por la agencia oficial MAP el pasado 30 de julio se indicaba que Mohamed VI había concedido el perdón a 48 reclusos "en respuesta a la petición" del rey español. El jefe del Estado correspondió llamando al soberano marroquí agradeciéndole "profundamente" su gesto. En ese momento, según un portavoz, la Casa Real y el rey "no tenían ni idea" de quiénes eran los 48 indultados. "Se entendió que era un gesto de buena voluntad, como también lo tenía Mohamed VI. Él tampoco sabía era consciente del error. Pero al final se revocó el indulto e incluso se ha cesado a un responsable". Ayer, el soberano alauí destituyó al delegado general de la Administración Penitenciaria marroquí, Hafez Benhachem, a quien atribuyó la "total responsabilidad" de la liberación de Galván. Desde el Ejecutivo, no pudieron precisar en qué momento se trasladó a la Zarzuela la identidad de los indultados.

Fuentes gubernamentales añadieron, no obstante, que el amplio perdón otorgado a una cincuentena de reclusos españoles es otra prueba de la "fabulosa relación" entre los dos países. Pero no es esta la primera vez en la que Mohamed VI indulta a reos de nuestro país. En 2009, en el décimo aniversario de su coronación, el soberano liberó a 178 presos españoles. Dos años antes, en 2007, esta vez por el nacimiento de su segundo vástago, la princesa Lalla Jadiya, excarceló a 52 internos. En abril de 2005, cinco de los 7.179 beneficiados de las medidas de gracia anunciadas por el rey para celebrar la circuncisión de su hijo eran españoles. Ese año también concedió medidas de gracia a 456 condenados (ninguno extranjero) con ocasión de los festejos religiosos del Mulud.

La oposición pide cuentas

Mohamed VI concede tradicionalmente indultos o reducciones de pena en fiestas nacionales o religiosas –el pasado 30 de julio tocaba la Fiesta del Trono– o coincidiendo con acontecimientos familiares. De hecho, el mayor perdón de su reinado se produjo con el nacimiento de su primogénito y heredero, el príncipe Mulay Hasán, el 8 de mayo de 2003. Entonces, 47.988 presos se beneficiaron del indulto total o parcial. Las medidas de gracia sirven además para descongestionar las prisiones del país, que suelen estar bastante saturadas. 

La oposición ya ha demandado explicaciones al Ejecutivo sobre lo ocurrido. El PSOE, aunque se felicitó de la detención de Galván ayer en un hotel de Murcia, siguió pidiendo cuentas y recordó que ya ha registrado una pregunta oral para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. IU extendió su solicitud al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, ya que ve "evidente" que los servicios secretos españoles, en connivencia con los marroquíes, fueron los que empujaron a la puesta en libertad del pedófilo, según denunció el diputado Gaspar Llamazares. De Benito, sin embargo, negó en la Ser que la inclusión del delincuente obedeciera a la intervención del CNI, la agencia en la que, según se ha publicado, trabajó Galván como espía. Alfred Bosch, de ERC, también registró una batería de preguntas en el Congreso en la que pide saber las conexiones del CNI o cómo se le concedió la nacionalidad a Galván, dado que este nació en Irak. Rosa Díez, de UPyD, reclamó asimismo explicaciones al Gobierno.